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IEEG pide a periodista revelar fuentes y materiales de trabajo

Le advirtieron multas de hasta 586 mil pesos por no entregar información que el organismo electoral le solicitó para investigar denuncias contra políticos

El periodista Alex Ramblas denunció que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) le exige información sobre sus fuentes y materiales de trabajo para integrar dos procedimientos por presuntas irregularidades electorales.

Además dijo que recibió advertencias de multas de hasta 586 mil pesos por cada caso.

En un video publicado en sus redes sociales, informó que acudió al instituto para responder ambos requerimientos de los que las sanciones advertidas equivalen a cinco mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) por expediente, alrededor de un millón 172 mil pesos en conjunto.

Los procedimientos involucran a un senador y una presidenta municipal, cuyos nombres Ramblas decidió reservar; las publicaciones que originaron los requerimientos corresponden a una rueda de prensa y una entrevista periodística.

El comunicador explicó que el IEEG lo considera un tercero obligado a aportar información; entre los materiales que le solicitaron mencionó datos de otros periodistas, fuentes, fotografías, videos y convocatorias.

“Yo entiendo que tienen que desahogar su investigación; yo entiendo que tienen que hacer un análisis profundo y que tienen que llevar a cabo sus diligencias, pero una cosa es esa y otra cosa es que nos amedrenten a quienes desempeñamos un ejercicio periodístico o un ejercicio de comunicación”, expresó.

Ramblas dijo que no respondió las primeras solicitudes porque consideró que la información era innecesaria y desproporcionada, aunque ya contestó ambos requerimientos, aseguró que no entregó materiales que comprometieran su ejercicio periodístico.

Por esa omisión, recibió dos amonestaciones públicas que anunció que impugnará.

Asimismo, el periodista señaló que no es la primera vez que el IEEG interviene en contenidos relacionados con su trabajo, como antecedente mencionó el acuerdo CQyD/004/2023, emitido dentro del expediente 78/2023-PES-CG.

El procedimiento comenzó con una denuncia presentada el 21 de noviembre de 2023 por Alma Edwviges Alcaraz Hernández, por presunta violencia política en razón de género contra el entonces presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN y quienes resultaran responsables.

La denuncia incluyó una publicación de Alex Ramblas en X, así como tres notas de El Sol de León, AM y Nuestras Noticias Bajío.


En ese caso, la Comisión de Quejas y Denuncias ordenó retirar la publicación de X y los contenidos de los tres medios en un plazo de 48 horas; la instrucción se dirigió a la plataforma y a los medios de comunicación.

Ramblas afirmó que impugnó la determinación ante el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato y que obtuvo una resolución favorable. Explicó que su publicación reproducía declaraciones de los políticos señalados en la denuncia.

El periodista considera que los requerimientos actuales constituyen un nuevo episodio de intervención del organismo electoral en su trabajo.


FUENTE/MEDIO: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Cuando una caricatura termina ante los tribunales

El caso del caricaturista Paco Navarrete vuelve a poner sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿dónde termina una expresión satírica y dónde comienza una conducta que debe ser sancionada por las autoridades?

En estos tiempos, algunas decisiones judiciales, más allá de las personas involucradas, nos obligan a reflexionar sobre los límites del poder y la fortaleza de nuestros derechos. La sanción impuesta al caricaturista Paco Navarrete, a quien se ordenó ofrecer disculpas públicas durante 15 días a la diputada local de Morena en Jalisco, Itzul Barrera, es uno de esos casos.

No es el primero que genera este debate. En 2025, Karla María Estrella Murrieta, ciudadana de Hermosillo, Sonora, también fue obligada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a ofrecer disculpas públicas durante 30 días a la diputada federal Diana Karina Barreras Samaniego, en un caso que se hizo conocido en redes sociales como “Dato Protegido”.

Ahora, el caso de Paco Navarrete vuelve a poner sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿dónde termina una expresión satírica y dónde comienza una conducta que debe ser sancionada por las autoridades?

Los hechos se remontan a febrero de 2025, cuando el caricaturista publicó un cartón relacionado con una declaración de la legisladora sobre los aranceles al aguacate. Las autoridades electorales determinaron que la publicación constituía violencia política contra las mujeres en razón de género. La Sala Regional Guadalajara del TEPJF confirmó la resolución y, en octubre de 2026, la Sala Superior desechó la impugnación posterior, con lo que la sanción quedó firme.

La diputada consideró que el uso de su fotografía y el tratamiento gráfico de la publicación sexualizaban su imagen y la desacreditaban. Reconozco que la violencia contra las mujeres en la política existe y no debe minimizarse. Ninguna persona debería ser objeto de ataques por razón de su sexo ni enfrentar expresiones destinadas a obstaculizar el ejercicio de sus derechos políticos.

Sin embargo, reconocer este problema no significa que toda expresión ofensiva deba convertirse automáticamente en un asunto sancionador. La libertad de expresión también protege el humor, la ironía, la caricatura y la crítica, incluso cuando resultan incómodos o molestan a quienes ejercen el poder. El desafío consiste en determinar, a partir del contexto y de los elementos de cada caso, cuándo una expresión cruza los límites establecidos por la ley.


Uno de los elementos de esta controversia es que la fotografía utilizada por Paco Navarrete había sido publicada por la propia legisladora en sus redes sociales. Esto no significa que una imagen compartida públicamente pueda utilizarse de cualquier manera ni que desaparezcan los derechos de quien aparece en ella. Sin embargo, sí nos recuerda que las redes sociales forman parte de un espacio de conversación pública en el que las imágenes y las declaraciones pueden adquirir nuevos contextos y provocar reacciones que no siempre podemos controlar. De ahí la importancia de actuar con responsabilidad tanto al publicar contenidos como al utilizarlos para hacer una crítica.

Quienes ocupan cargos públicos deben tener presente que sus declaraciones y actuaciones estarán sujetas al escrutinio ciudadano. La vida pública implica exposición, crítica y memoria. Por supuesto, esto no elimina el derecho a la dignidad, a la privacidad ni a una vida libre de violencia; exige, más bien, que esos derechos se ponderen cuidadosamente frente a la libertad de expresión.

Lo que me preocupa de este caso es el alcance de la respuesta institucional: una amonestación pública, la inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género y la obligación de ofrecer disculpas públicas durante 15 días. ¿Era indispensable una medida de esta naturaleza? ¿Se ponderaron suficientemente la libertad de expresión y el ejercicio periodístico? ¿La sanción guarda proporción con la conducta y con el daño que las autoridades consideraron acreditado?

Estas preguntas adquieren mayor relevancia en un contexto en el que el Poder Judicial y sus decisiones están bajo un intenso escrutinio público, particularmente después de la elección judicial de 2025. Las resoluciones que involucran derechos fundamentales deben estar debidamente fundamentadas y explicar con claridad por qué una conducta merece determinada consecuencia. La legitimidad de la justicia no depende únicamente de quiénes imparten las sentencias, sino también de la solidez de sus argumentos, su imparcialidad y la confianza que generan.

Cuestionar una resolución no equivale a desconocer la violencia política de género. Es ejercer el derecho a examinar las decisiones de las autoridades y discutir sus consecuencias para la vida democrática.

La caricatura política cumple una función democrática precisamente porque incomoda. Su lenguaje se basa en la exageración, la ironía y la crítica. Si quienes dibujan, escriben o investigan comienzan a autocensurarse por temor a que una expresión incómoda termine en un procedimiento sancionador, el daño puede ir más allá de una persona: puede empobrecer el debate público y reducir los espacios para cuestionar a quienes gobiernan.

Por eso, las autoridades deben aplicar criterios claros, analizar cada caso en su contexto y justificar por qué una restricción resulta necesaria y proporcional. La protección de los derechos de las mujeres y la libertad de expresión no son objetivos incompatibles. Ambos son indispensables para una democracia y corresponde a las instituciones encontrar el equilibrio que exige la Constitución.

No se trata de afirmar que un periodista tiene derecho a publicar cualquier cosa sin consecuencias, ni de sostener que una figura pública debe tolerar cualquier agresión. Se trata de impedir que herramientas jurídicas creadas para proteger derechos terminen aplicándose de manera que desalienten la crítica legítima. También es necesario que las autoridades actúen con criterios consistentes, sin distinciones arbitrarias por la identidad, la posición política o la influencia de las personas involucradas.

En México desaparecieron instituciones autónomas, entre ellas el INAI, responsable de garantizar el acceso a la información pública y la protección de los datos personales en el ámbito federal. Pero la desaparición de un organismo no extingue los derechos que protegía. La ciudadanía conserva su derecho a preguntar, investigar, cuestionar y debatir, así como a exigir que se respete su vida privada. Son derechos que deben seguir garantizándose. En un país que enfrenta problemas de impunidad, corrupción y arbitrariedad, también es necesario vigilar que los mecanismos sancionadores no se conviertan en instrumentos que inhiban la crítica.

Estoy a favor de proteger a las mujeres frente a cualquier forma de violencia, pero también de defender la libertad de expresión. Me preocupa que la aplicación de las normas contra la violencia política de género pueda generar un efecto inhibidor cuando no se distinguen con suficiente claridad las agresiones de la crítica política, la sátira y el ejercicio periodístico. Por eso, debemos cuidar que la protección de un derecho no se traduzca en una restricción injustificada de otro.

Al final, la discusión no termina con una sentencia. También importa el mensaje que reciben periodistas, caricaturistas y ciudadanos que participan en la conversación pública: ¿pueden cuestionar a quienes ejercen el poder sin temor a que una crítica termine en un expediente sancionador?

Quienes deciden participar en la vida pública deben asumir que sus actuaciones serán cuestionadas. Ojalá la justicia se aplicara con la misma eficacia en tantos casos de impunidad que aquejan al país. Hay asuntos de mayor trascendencia para la ciudadanía que merecen la atención de los magistrados. La justicia debe ser pareja, no selectiva.

La democracia necesita proteger a las mujeres de la violencia y garantizar que el poder pueda ser cuestionado. Pero también proteger la libertad de expresión y contar con equilibrios. El verdadero desafío es lograr ambas cosas sin arbitrariedad, sin privilegios y sin convertir la justicia en una advertencia para quienes se atreven a criticar.

FUENTE/MEDIO: EMEEQUIS (ESPECIAL).
AUTOR: JULIETA DEL RÍO.
ENLACE: https://emeequis.com/analisis/cuando-una-caricatura-termina-ante-los-tribunales/

El oficialismo aprueba la "ley anti memes", que obliga a cortar el internet a "infractores"

La oposición criticó la redacción ambigua de la reforma, que no aclara quién ordenará el corte de internet, cómo se puede defender el usuario ni a las cuántas infracciones se le considera "reincidente"

Los diputados oficialistas aprobaron la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, conocida como "Ley anti memes", que establece que los proveedores de internet serán responsables de los daños y perjuicios a los titulares de derechos de autor cuando sus usuarios publiquen contenido infractor. 

La reforma fue aprobada en lo general por 325 votos a favor, 114 en contra y una abstención por parte de la diputada y ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero. La reforma será enviada el Senado para su posterior discusión.

La reforma obliga a los proveedores a tener una política para terminar el servicio a usuarios considerados “infractores reincidentes”.

Además, la norma establece que las multas serán impuestas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), las cuales dependerán de la fracción que se viole y contempla sanciones de hasta 4.6 millones de pesos a proveedores de internet que no retiren contenidos sin autorización. 

Entre ellos, contenidos como obras, imágenes, voces, videogramas o fonogramas modificados o alterados sin autorización mediante inteligencia artificial (IA).  

La oposición acusa censura

El diputado del PRI, Mario Zamora Gastélum, afirmó que, según los morenistas, se va a discutir la Ley de Derechos de Autor, pero en el fondo lo que realmente están discutiendo es quién decide qué se queda en el Internet y qué desaparece. 

El legislador tricolor criticó la redacción ambigua de la reforma y expuso que el dictamen obliga a los proveedores a tener una política para quitarle el servicio a los infractores reincidentes, sin embargo, afirmó que llama la atención que el texto no dice qué es un infractor reincidente.  

“No está, no existe. No dice cuántas infracciones se necesitan, no dice quién las acredita, si es un juez, si es el IMPI, o si basta con que alguien mande dos avisos. No dice cómo se defiende el usuario ni ante quién. Avisarle a alguien que le van a cortar el Internet no es darle un derecho de audiencia… 

“Es decir, no hay claridad de una autoridad para decir qué transita por las redes y qué no. Hay cobros de hasta casi 5 millones de pesos, háganme el favor, 5 millones de pesos. Oye, qué pasa con una pequeña empresa, yo que vivo en Sinaloa, que da el servicio de Internet en la sierra, pues el temor que va a tener de subir algo, que además es muy ambiguo, pues mejor no lo sube porque jamás va a poder pagar una multa de esa naturaleza. 

“Nos están quitando la parodia, nos están quitando la crítica, nos están quitando algo tan nuestro, que es de todos los mexicanos, que conocemos como la picardía mexicana. ¿Por qué tenerle miedo a ello? Por algo la gente le llama 'ley anti memes', ¿y quién termina pagando este coso? Todos los ciudadanos”, detalló. 

Por su parte, el diputado del PAN, Marcelo de Jesús Torres Cofiño, resaltó que presentan la Ley Federal del Derecho de Autor fingiendo defender a los creadores, pero enfatizó que eso no es un derecho de autor, es la ley mordaza del régimen para censurar, vigilar y apagar la última trinchera de libertad que les queda a los mexicanos, el Internet. 

“Quieren obligar a las empresas de Internet a tumbar cuentas, a suspender servicios y censurar usuarios sin el debido proceso ni la orden de un juez porque no leen y ni siquiera saben lo que están votando. Quieren convertir a las plataformas en los verdugos digitales del régimen. 

“El Estado que no busca a los desaparecidos, el Estado que ampara a los compadres, el Estado que solapa a los alcaldes narcos y que señala a la prensa que asesinan en las calles, ese mismo Estado viene hoy a querer apagar el Internet a los mexicanos”, enfatizó.

Corrección

"La corrección política poco ha servido para combatir crímenes y mucho para convertir a las personas o en hipócritas alienados o en ollas de presión"

Prácticamente desde que apareció en el horizonte hace unos años la cultura de la cancelación se ha vuelto cada vez más popular y nociva. Yo no sé, querido lector, a dónde vaya a llevarnos el impulso censurante o la mecánica, salvo a la cancelación de la cancelación misma. No veo otro futuro posible (y deseable) para los linchamientos sociales virtuales, de tintas medievales en la que ha caído mucha gente. No sé en qué momento personas sensatas e inteligentes y que debieran ser tolerantes, se convirtieron en inquisidores. Si no es una cosa es la otra, pero siempre encuentran a alguien que no piense “correctamente” es decir, como ellos y ellas, a quien usar como ejemplo social del castigo.

No me refiero exclusivamente a la censura que sufrió la escritora Ariana Harwicz (que se convirtió en un tema muy polémico y que comenté en esta columna la semana pasada) sino a al impulso que lleva a las personas al linchamiento y, sobre todo, a la nula consciencia crítica de su proceder. Las redes sociales se han convertido en patíbulos para quien tenga una opinión propia y no se ciña a las opiniones dictadas por ideologías o causas. Por ejemplo, el caso de Harwicz suscitó diversos desplegados en sentidos contrarios: los que la defendían, los que defendían la censura y no faltó quienes además de cancelar a la escritora, también pedían cancelar a los abajo firmantes de ambos desplegados, extendiendo así una ola de abusos y arbitrariedades sobre los demás. Lo verdaderamente asombroso es que a nadie de estos furiosos fanáticos les cauce ningún tipo de vergüenza asociar su nombre con nociones como censura y abuso, sino todo lo contrario: se miran en un espejo deformado que les regresa la imagen de la bondad. Así como le digo, querido lector. Se piensan “buenos y decentes” porque están convencidos de que, por alguna razón, tienen más derechos que los demás o desconocen y desprecian el verdadero estado de derecho que consiste en que exista un aparato judicial para sancionar las conductas indeseables de todos (no la moralidad o las ideas al uso).

En parte porque la cultura de la cancelación proviene de la noción de víctima, de aquellos para los cuales el sistema judicial no ha funcionado y necesitan ser reivindicados a través de mecanismos extra judiciales, es que se ha dado esta involución civilizatoria. Naturalmente, las mujeres ocupan un lugar central en esta ecuación. Por eso, el feminismo se ha visto colonizado por esta cultura como una herramienta de “justicia” y también por intereses no precisamente feministas. Porque está de moda cancelar mujeres, incluso, por lo que piensan u opinan.

Últimamente me he preguntado si el wokismo no es, en realidad, una secta, con sus ídolos y sus anatemas. La manera en que sus fieles proceden se parece mucho a los grupos religiosos que exigen sumisión absoluta y fe incondicional y como ellos, imaginan un futuro utópico donde la equidad y la bondad reinen, no en el cielo sino en una sociedad futura que ellos han comenzado a construir (eliminando claro, la complejidad humana). Eso justificaría, ante sus ojos, destruir a cuanta persona no se alinee con sus ensoñadas virtudes, ya sea del pasado, o del presente (esos “detalles morales” que van descubriendo en los personajes y personajas del pasado que resulta que no tuvieron vidas ejemplares; poetas, pintores, y todo tipo de personas famosas a las que debe de castigarse con el olvido).

El problema, como siempre, querido lector, es la realidad. La realidad que siempre es más compleja que una consigna, y no es maniquea, aunque así la presenten los modernos torquemadas. La corrección política poco ha servido para combatir crímenes o inequidades, y mucho ha servido para convertir a las personas o en hipócritas alienados o en ollas de presión. Porque las imposiciones autoritarias sobre el lenguaje no modifican la realidad, son meros instrumentos de coerción. Una estrategia ideológica de tortura que imaginó hace mucho Orwell.

Afortunadamente, las personas aún pueden pensar libremente y deberían ejercer, a plenitud, su derecho a la libre expresión a pesar de las turbas censoras. Porque es precisamente este ejercicio el que puede poner un límite a los abusos de quienes creen que las personas deben de perder derechos por pensar distinto a ellas.

Y no estoy hablando aquí ni de la izquierda, ni de la derecha, sino de todos aquellos que creen que los demás debieran perder el derecho a la libre expresión, por la razón que sea, y que deben ser castigados por sus opiniones. Una sociedad que está dispuesta a ejercer castigos discrecionales, a deshacerse de quienes no piensan como ellos, a condenarlos a la muerte social y laboral, no es una sociedad democrática y libre, sino una secta de fanáticos abusivos. Mejor la tolerancia y la discrepancia, la complejidad y la libertad ¿no cree?

FUENTE/MEDIO: SINEMBARGO.
AUTOR: MARÍA RIVERA.
ENLACE: https://www.sinembargo.mx/4879775/correccion/

Senado aprueba “ley antimemes”; oposición acusa censura

La bancada de Morena aseguró que la reforma no persigue la sátira humorística, sino combatir el plagio masivo y la desinformación generada mediante manipulaciones digitales

El Pleno del Senado aprobó en lo general la reforma conocida como “ley antimemes” que castiga con cárcel de hasta cinco años a quien promueva parodias con la identidad gráfica del gobierno.

La votación se definió con 72 votos a favor, 34 en contra y cero abstenciones. De esta manera se aprobó en lo general las reformas legales para combatir y sancionar la piratería y el uso de logotipos de cualquier institución de gobierno con fines comerciales.

Legisladores de la oposición bautizaron el dictamen como la “ley antimemes”, advirtiendo que la ambigüedad en la redacción atenta contra figuras clave de la cultura digital como la parodia, la sátira política y la libre recreación de imágenes.

Para la oposición, esta reforma abre la puerta para criminalizar la libertad de expresión.

Mayulli Martínez, del PAN, consideró que se trata de una nueva “ley censura”, porque si un ciudadano o un periodista hace un cartón con logotipos del gobierno, será sancionado con cárcel.

Por Movimiento Ciudadano (MC), la senadora Alejandra Barrales afirmó que, en un régimen democrático, “el poder tiene que aprender a convivir con la crítica. Una sociedad libre no se construye protegiendo al gobierno de memes y de parodias”.

Mientras que la bancada de Morena defendió que la reforma no persigue la sátira humorística, sino combatir el plagio masivo, la desinformación generada mediante manipulaciones digitales, la suplantación de identidad gráfica y la explotación comercial no autorizada del trabajo de creadores en México.

Reforma busca combatir la piratería y la falsificación física y digital
La propuesta tiene por objetivo combatir la piratería y la falsificación física y digital, así como también sancionar a quien copie, imite o use sin autorización logotipos, escudos, símbolos o sitios web gubernamentales de cualquier nivel, para engañar o confundir a las personas a gran escala.

Durante la sesión, se suavizó la propuesta original que planteaba hasta siete años de prisión y se bajó a cinco años. El dictamen fue modificado después de las advertencias vertidas por la posible censura que podría ocurrir en la publicación de memes y parodias, para delimitar las sanciones al uso comercial de elementos institucionales y cuando hay una intención de inducir al error o engaño.

La propuesta fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum a finales de mayo de 2026 y contempla modificaciones al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI).

Esta iniciativa forma parte de un conjunto de reformas, las cuales, de acuerdo con lo que ha señalado el gobierno federal, tienen como propósito fortalecer el marco penal en materia de propiedad intelectual y que se encuentre en sincronía con compromisos internacionales como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ANIMAL POLÍTICO.
ENLACE: 
https://grupoanimal.mx/politica/senado-ley-antimemes-oposicion-acusa-censura

Denuncian uso de violencia política de género para censurar medios comunitarios

Organizaciones y medios de comunicación expresaron su preocupación por el uso indebido de la figura de violencia política en razón de género para criminalizar y censurar a medios indígenas, comunitarios y afrodescendientes. Señalaron que este mecanismo, creado para frenar abusos de poder, está siendo empleado por autoridades electorales para sancionar voces críticas y limitar la libertad de expresión.

De acuerdo con el pronunciamiento, la figura ha sido distorsionada y utilizada contra quienes ejercen su derecho a comunicar desde los territorios, lo que banaliza una lucha legítima por los derechos de las mujeres. “Esta figura, por la cual las mujeres, especialmente las comunicadoras indígenas, han luchado durante años, está siendo desvirtuada y empleada para silenciar voces críticas”, señalaron las organizaciones.

Los medios recordaron que en Veracruz más de 50 comunicadoras, periodistas y organizaciones enfrentan procesos sancionadores impuestos por el Tribunal Electoral del estado, lo que representa un acto de criminalización en detrimento de su labor informativa. En lugar de proteger el debate democrático, afirmaron, las autoridades lo inhiben mediante sanciones que vulneran el derecho a la información y la autonomía de los pueblos.

Las organizaciones llamaron al Tribunal Electoral de Veracruz y a las autoridades competentes a revisar con perspectiva de derechos humanos estos procedimientos y garantizar la libertad de expresión de los medios comunitarios. Convocaron también a la sociedad, universidades, organismos internacionales y medios a defender la palabra libre y colectiva. “Sembrar la palabra, cosechar autonomía”, concluye el comunicado.

COMUNICADO:

PREOCUPA USO DE LA VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO COMO MECANISMO DE CENSURA Y CRIMINALIZACIÓN CONTRA MEDIOS COMUNITARIOS E INDÍGENAS

Las organizaciones y medios de comunicación firmantes, expresamos nuestra profunda preocupación ante el uso indebido de mecanismos electorales diseñados originalmente para frenar abusos de poder de los partidos políticos, como es la figura de violencia política en razón de género, para censurar y criminalizar a organizaciones sociales y medios de comunicación indígena, comunitaria y afrodescendiente en nuestro ejercicio de la libre expresión.

Nos preocupa profundamente que esta figura, por la cual las mujeres, especialmente las comunicadoras indígenas, han luchado durante años, está siendo desvirtuada y empleada para silenciar voces críticas y medios comunitarios. Este uso distorsionado de la figura no solo banaliza una lucha legítima contra las violencias estructurales que enfrentan las mujeres en la política, sino que además se convierte en una nueva forma de censura institucionalizada.

De esta manera, los órganos electorales, en lugar de garantizar el debate democrático, lo inhiben a través de procesos de sanción en contra de medios que desempeñan una función social fundamental: la de garantizar el derecho a la información desde los territorios, la diversidad cultural y la autonomía de los pueblos. Solamente en el Estado de Veracruz somos más de 50 organizaciones, medios de comunicación y periodistas que estamos atravesando un proceso especial sancionador impuesto por el Tribunal Electoral de Veracruz, siendo criminalizadas en el ejercicio de nuestra labor de informar y en detrimento de nuestra libertad de  expresión.

México es el cuarto lugar en el mundo en asesinatos a personas defensoras del medio ambiente. Recordamos a las autoridades que en muchos territorios del país persisten graves situaciones de violencia, hostigamiento y amenazas contra mujeres, comunidades y medios que defienden sus derechos y su palabra. En este contexto, la intervención de partidos políticos en el asedio comunicativo y en las denuncias arbitrarias agrava aún más el riesgo para quienes sostienen, desde la colectividad y la autonomía, el ejercicio del derecho a comunicar.

Por ello, hacemos un llamado al Tribunal Electoral de Veracruz y a las autoridades pertinentes a:
  • Garantizar el ejercicio pleno de la libertad de expresión, en especial para los medios comunitarios e indígenas.
  • Revisar con perspectiva de derechos humanos el uso de figuras y procedimientos que están siendo distorsionados para censurar a la ciudadanía.
  • Reconocer el papel esencial de los medios comunitarios e indígenas en la vida democrática del país y su derecho a existir y expresarse sin miedo.
Hacemos un llamado a la sociedad, a las universidades, a los organismos internacionales y a los medios de comunicación para sumarse en la defensa de la palabra libre y colectiva, y para detener las prácticas de censura que amenazan la pluralidad y la democracia en México.

“Sembrar la palabra, cosechar autonomía.”

21 de octubre de 2025.

FIRMAN:

Organizaciones, colectivos y medios de comunicación

Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad A.C.

Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA

Ojo de Agua Comunicación

Asociación Veracruzana de Comunicadores Populares, A.C. (Radio Teocelo)

Canto de Cenzontles

Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen A.C.

La Coperacha

La Voz Campesina, Radio Huaya

Radio Tsinaka

Clínica Jurídica La Salle Pachuca

Radio Atlapulco

Radio Cuenca de la Independencia

Yoltlajtoli Radio

Democracia Cultural Xalapa

Guerreras de Salina Cruz

Xaltokaj Radio

Radio Tosepan Limakxtum 

Grupo Multisectorial en VIH/SIDA e ITS del Estado de Veracruz

Colectivo El grito
Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa

Periodismo de lo Posible

Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias A.C.

Observatorio de Libertad de Expresion. Universidad de Guadalajara

El MuroMx

Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña (IDEMO)

Proyecto Videoastas Indígenas de la Frontera Sur (PVIFS, Chiapas)
XHSIBX-FM , Radio Nanj nï’ïn, san Andrés Chicahuaxtla, Oaxaca. Marcos Sandoval Cruz
Comunicación Integral Comunitaria
Arsani A. C.
AIPIN
Somos Viento AC
Ojo de Tigre/Comunicación Comunitaria.
Colectivo de Cooperativas de la Nueva Central de las y los Trabajadores
RADIO ARO A. C.
Tekuan radio la voz de los guardianes de los cerros
Radio comunitaria indigena Zacatepec
Grupo de estudios sobre la mujer Rosario Castellanos
Consorcio para el diálogo parlamentario y la equidad Oaxaca
ProMedios de Comunicación Comunitaria
Voces Urbanas, Movimiento Alternativo de Información Social, A.C. (En Neza Radio 97.3 F.M.)
Red por la Libertad de Expresión Contra la Violencia a Comunicadores
ARTICLE 19 México y Centroamérica
KOXUB Comunidad Trans por nuestros Derechos Humanos en Oaxaca.
Colectiva Feminista MAPAS
RADIO NAHNDIA’A 107.9 FM.
Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes
Backhome
Red Centroaméricana de Radios Comunitarias Indígenas
Observatorio Ciudadano Comunitario del Agua y Medio Ambiente de los Valles Centrales de Oaxaca
Frente Nacional Feminista Abolicionista
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes» (Red TDT)
ZonaDocs
Luna del Sur A.C
Centro de Apoyo para la Educación y Creatividad Calpulli A.C.
RADIALISTAS APASIONADAS Y APASIONADOS
Fondo Defensores
Casa Tequiana A.C.
Frontera con Justicia AC [Casa del Migrante Saltillo]
La Otra en el Sur de Morelos
Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos A. C.
Fundación Kelluwün- Miembro Red Clacpi (Wallmapu )
Consejo Maya del Poniente «Chik’ín Já

Radio comunitaria 105.7fm La patrona

Personas

​​María Fernanda Tapia Canovi, Directora de Radio Educación

Adriana Solórzano Fuentes

Marcela Turati, Periodista

Celia del Palacio Montiel, Observatorio de Libertad de Expresión. Universidad de Guadalajara

Melissa Martínez Chimal
Jessica Trejo, Radio UNAM
María de los Ángeles Muñoz González
Mely Arellano, LADO B

Aranzazú Ayala Martínez, Quinto Elemento Lab

Gialuanna Ayora, Bunko Papalote A.C.
Severo Emilio Panes Cabrera
Cristal Martínez Chimal

Alan Sánchez, Quinto Elemento Lab

Socorro Apreza Salgado, UNAM
José Carlos López Hernández
Marcos Velasco Santillán

Genoveba López Velázquez
Teresita Lemus
Venicio Arvizu Oliván

Francisco Chapela
Concepcion Vasquez

Pamela Spinoso Martínez, CineMapache
Edgar Reyes
Arturo Narváez Aguilera

Arcelia Isbet Suárez Sarmiento
Rafael Rios Bonilla
Selene Galindo, CCASO

Eloísa Diez, comunicadora

Estela Quintero

Mireya Bonilla Fernandez

Beu Ribe Yantlanesi Hernández Hernández, Red Muvieri

Celia del Palacio Montiel
Anayeli Martínez Chimal

Ximena Guadalupe Ramírez Padilla

Gabriela Gómez
Omar Guillermo García Santiago, Canal 44 y Radio UdeG
Rosa Eugenia García Gómez, Observatorio de Libertad de Expresión. Universidad de Guadalajara
Karen Rojas Kauffmann
Maria Fernanda Suarez Olvera

Guillermo Monteforte

Marcela Ibarra Mateos
Ignacio López
Piña Palmera

Margarita Sosa Suárez
Xochitl Leyva Solano
Martina Fernández
Claudia Magallanes Blanco, Universidad Iberoamericana Puebla
Araceli Burguete
Pita Cortés
Maribel Vázquez Urcid
Carlos Guadalupe Heiras Rodríguez
Marisol Adaya ALCONA
María de los Ángeles Tufiño Hernández
Jaime Martínez Luna
Alfred del Moral
David Lavin Tierra
IRMA ALEJANDRA MADERO GUERRERO
Héctor Valdés Trejo
Avril Castrillo Sanchún, Identisades Indígenas
Liliana Alemán Mejía
Roberto Martínez Sánchez
María Del Carmen Pantitlán Aguirre, Tekuan radio «La voz de los guardianes de los cerros
Saúl Fuentes Olivares
Esperanza González, Comunicadora
Humberto Vandenbulcke
Erika Piña Romero
Guadalupe Meza Lavaniegos
Damián López Castillo
Francisco Vazquez
María Gabriela López Suárez, Docente universitaria, periodista cultural y radialista
Berenice Montiel Gallegos, FCPyS UNAM
Matilde Dzib Dzul
Luna Marán
Efraín Rojas Bruschetta
Celina Yunuen Manuel Piñón
María Guadalupe Blanco Méndez, Comunicadora indígena.
Cuauhtémoc Cruz Isidoro
Margarita Zires, UAM Xochimilco
Maira Jiménez Desales
Juan M. Galvis
Paulina Mariana Cervantes Alonso
Primavera Téllez Girón García
Gabriela Campos
Cecilia Mingüer
Silvia Gutiérrez
Ángel Froilan Flores Martínez
AdrianaLabardini
Ximena Perujo Cano
Nina Hasin
Carlos Alberto Pedreguera García
Juana María Perujo Álvarez
Ana Miriam Valdez Barrera
José Ignacio López Vigil
Beatriz Ortiz Bárcenas
Socrates Vasquez Garcia, Comunicador Ayuujk
Avril Figueroa de Leon
Parastoo Anita Mesri Hashemi-Dilmaghani
Silvia Ramirez Nolasco
Guadalupe López García, Mujeresnet.info
Ana Acevedo Alfaro
Héctor Bautista
Elga Aguilar Gutiérrez
Lucero de Jesús Martínez Chimal
Arcelia Enríquez Rincon

Lucero de Jesús Martínez Chimal

Martha Figueroa Mier
Silmara Lima Romero
Mariana López

Julieta Cuevas Parra

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Fiscalía de Campeche pide al medio Telemar información sobre periodistas que escribieron sobre gobernadora

El oficio por el cual la Fiscalía de Campeche pide información al medio Producciones Telemar sobre sus periodistas, es un "intento de control y censura", denunció el propio medio de comunicación.

La empresa Producciones Telemar, S.A. de C.V., difundió un oficio de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) en el cual le solicita los nombres de sus trabajadores encargados de redactar diversas notas periodísticas, de quienes autorizaron su publicación así como del director o encargado de la compañía, para integrar la información a una carpeta de investigación por el delito de calumnia y lo que resulte.

De acuerdo con el oficio, recibido este 15 de octubre, si no se entrega la información en un plazo de cinco días hábiles podría haber sanciones económicas y proceso legales, lo cual según la empresa, ha sido “interpretado por analistas y periodistas como un intento de control y censura sobre el medio local”.

Cabe destacar que las notas periodísticas de las cuales pide información la Fiscalía de Campeche y que busca integrar a una indagatoria por presunta calumnia, son sobre la gobernadora, la morenista Layda Sansores, y su administración, incluidas algunas sobre los actos de censura en contra del diario Tribuna y el periodista Jorge González.

Al respecto, Producciones Telemar señala que el oficio girado en su contra se da precisamente “tras la censura previa al medio de comunicación Tribuna de Campeche, que enfrenta presiones legales y advertencias por publicaciones críticas al gobierno estatal”.


Esta acción, prosigue el comunicado, “refuerza” la percepción de que las instituciones del gobierno buscan “limitar la libertad de expresión y acallar la cobertura periodística” que cuestiona el actuar de los servidores públicos, lo cual genera “un ambiente de autocensura entre los medios locales”.

Si bien el documento hace referencia a artículos de la Constitución Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Campeche, que obligan a personas y empresas a dar información al ministerio público en caso de investigaciones, el uso de estas normas “donde se cuestiona la labor periodística podría constituir un exceso de autoridad”, señala el medio. 

“La comunidad periodística hace un llamado a garantizar que la labor informativa pueda desarrollarse sin presiones ni censura, en cumplimiento del artículo 6 de la Constitución que protege la libertad de expresión en México”, concluye el comunicado.


Otros actos de censura en Campeche

Desde el pasado 15 de julio, un censor revisa las publicaciones del medio Tribuna de Campeche y una persona acompaña al periodista Jorge Luis González Valdez en sus actividades periodísticas, como parte de las medidas cautelares ante el presunto delito de incitación al odio contra la gobernadora Sansores.

Tras la determinación de la jueza, el medio Tribuna anunció que dejaría de publicar contenido mientras estas medidas sigan vigentes. “Lo más aberrante es que la jueza afirmó que no se impide la libertad de expresión, pero hay que cuidar que no se lastime la dignidad de la gobernadora Sansores”, mencionó.

A mediados de septiembre, un juzgado de Campeche ordenó mantener por tres meses más las medidas cautelares impuestas contra el periódico Tribuna y contra el periodista Jorge González Valdéz para no hablar sobre la mandataria.

Otro caso es el de Carlos Martínez Caamal, Abraham Martínez Camal y Hubert Carrera Pali, periodistas del medio La Barra Noticias, quienes ofrecieron disculpas públicas a la gobernadora por emitir expresiones que constituyeron “violencia política en razón de género, en su vertiente de violencia digital y mediática”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Reforma a Código Fiscal permitirá al SAT vigilancia sin rendición de cuentas, alerta R3D

La reforma al Código Fiscal es una 'pieza' más en un 'rompecabezas' que el gobierno está armando para consolidar un sistema de vigilancia estatal, afirmó José Flores Sosa, director interino de R3D.

La reforma al Código Fiscal de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados y específicamente el artículo 30-B fue calificada por José Flores Sosa, director interino de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), como un intento del gobierno de “servirse con la cuchara grande”, otorgando a las autoridades fiscales un poder desproporcionado que, bajo el pretexto de la recaudación, abre la puerta a la vigilancia masiva y a la censura indirecta.

El artículo 30-B otorga al Servicio de Administración Tributaria (SAT) facultades para tener acceso permanente y en tiempo real a los datos de las plataformas digitales. Para José Flores Sosa, esto no es una simple auditoría, sino la creación forzosa de una “puerta trasera” en los sistemas de las empresas.

En entrevista para Aristegui en Vivo, el experto en seguridad digital alertó sobre la ausencia total de supervisión o control judicial para la vigilancia del gobierno hacia las plataformas digitales que abarcan desde streaming, como Netflix, hasta apps de citas e incluso redes sociales donde se lleven a cabo transacciones, por ejemplo, Facebook.


Flores Sosa advierte que esta reforma no debe analizarse de forma aislada, sino como una “pieza” más de un “rompecabezas” que el gobierno está armando para consolidar un sistema de vigilancia estatal. El verdadero peligro, argumenta, reside en la capacidad de cruzar la información fiscal con otras bases de datos gubernamentales.

“Ahora no solo es que las autoridades acceden a información o conectan bases de datos, las autoridades pueden transferirse entre sí esa información“, alertó. Explicó cómo el SAT podría obtener datos, como un número de teléfono usado para registrarse en una plataforma, y luego cruzarlo con otras bases de datos, como la CURP biométrica, para revelar la identidad real de una persona.

Peor aún, esta información podría terminar en manos de otras agencias. “La información que puede obrar en manos de las autoridades fiscales después puede ser usada por otras autoridades, por ejemplo, de seguridad, por autoridades militares”.

El “Garrote” del Bloqueo y la Censura Indirecta

La reforma establece el bloqueo temporal del servicio para quienes no cumplan con otorgar el acceso a las autoridades fiscales. Flores Sosa describe esta medida como “el garrote, el castigo”, una amenaza que podría usarse para silenciar voces y constituir una forma de censura indirecta.

Puso como ejemplo a la plataforma X (antes Twitter). Al ofrecer servicios transaccionales como las suscripciones premium, podría ser objeto de esta ley. Si las autoridades consideran que hay un incumplimiento, podrían ordenar el bloqueo total de la plataforma en el país. “La suspensión completa de todo X en este caso claramente va a generar una problemática o una lesión a nuestro derecho a la libertad de expresión, va a ejercer un momento de censura”, afirmó.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.