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Reportan la captura de “El Chapo Isidro”, uno de los 10 más buscados por el FBI

El operativo para la captura del líder criminal desató una intensa reacción del crimen organizado, que atacó a fuerzas federales y bloqueó carreteras en Guasave

El líder criminal Fausto Isidro Meza Flores “El Chapo Isidro” fue detenido este viernes 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa, confirmaron fuentes federales.

El operativo para la captura del líder del Cártel de Guasave y de la organización criminal Meza-Flores desató una intensa reacción del crimen organizado, que atacó a fuerzas federales y bloqueó carreteras en el municipio de Guasave.

Un video difundido en redes sociales, cuya autenticidad no ha sido corroborada, supuestamente muestra a Meza Flores llamando a la calma a sus subalternos.

“Tranquilicen todo por favor ya, está mi madre, están niños, mujeres, gente inocente. Nos tocó, ya, ya se acabó esto”, dice el hombre en el video en el que se le censuran los ojos.

Apenas en 2025, el FBI incluyó a Fausto Isidro Meza Flores en su lista de los 10 fugitivos más buscados por su presunta responsabilidad en el tráfico de “grandes cantidades” de heroína, metanfetamina, cocaína, fentanilo y mariguana, y ofrecía 5 millones de dólares por información que llevara a su captura.

Fue detenido cuatro veces en México

De acuerdo con los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) hackeados por el colectivo Guacamaya, “Chapo Isidro” nació en 1982 en Navojoa, Sinaloa, y encabezó el Cártel de los Beltrán Leyva en esa entidad.

Según un oficio del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), el delincuente fue detenido en cuatro ocasiones entre 2011 y 2015, y su nombre apareció en 19 averiguaciones previas.

Inició en el Cártel de los Beltrán Leyva

De acuerdo con los informes militares, Fausto Isidro Meza Flores se integró al clan de los Beltrán Leyva cuando formaba parte de la Federación encabezada por Joaquín “El Chapo” Guzmán. Incluso llegó a convertirse en mano derecha de Héctor Beltrán Leyva “El H”, detenido en 2014.

Dentro de la organización formó el grupo Los Mazatlecos, también conocidos como el Cártel de Guasave, con el que comenzó a disputar poder al Cártel de Sinaloa principalmente en los municipios de Guasave, Ahome, El Fuerte, Choix y Mazatlán, en Sinaloa, así como en parte de Nayarit.


FUENTE/MEDIO: PROCESO.

Matan a mando policiaco de Pueblo Nuevo, Guanajuato; suman cuatro elementos asesinados en una semana

Los agentes fueron asesinados en distintos hechos registrados en Pueblo Nuevo, Santiago Maravatío e Irapuato, mientras dos policías permanecen hospitalizados

La violencia contra integrantes de las corporaciones de seguridad pública en Guanajuato alcanzó a policías municipales, mandos y hasta a una cadete en formación.  

En menos de una semana, cuatro elementos fueron asesinados en distintos hechos registrados en Pueblo Nuevo, Santiago Maravatío e Irapuato, mientras dos policías permanecen hospitalizados. 

El caso más reciente ocurrió la noche del jueves, cuando Rafael Galván Navarro, director de la Policía Municipal de Pueblo Nuevo, fue atacado a balazos mientras realizaba labores de vigilancia sobre el acceso principal al municipio. 

El mando policiaco viajaba a bordo de una patrulla acompañado de su escolta, Eduardo Casiano, cuando ambos fueron emboscados por hombres armados minutos después de las 9:00 de la noche.

Tras la agresión, otros elementos de la corporación acudieron para auxiliarlos y trasladarlos a un hospital. Sin embargo, Galván Navarro falleció mientras recibía atención médica, mientras que su escolta resultó lesionado y permanece hospitalizado. 

El gobierno municipal, encabezado por el panista Leonardo Solórzano Villanueva, confirmó el asesinato del director de la policía y condenó el ataque.

Ataques contra elementos policiacos

La agresión contra el mando policiaco y su escolta se suma a otros hechos violentos registrados durante la semana contra integrantes de las corporaciones de seguridad. 

La mañana del 16 de noviembre, tres policías municipales de Santiago Maravatío fueron atacados a balazos sobre la carretera Salvatierra-Yuriria cuando regresaban a sus domicilios después de concluir su turno de trabajo. 

En el lugar murieron Alejandro Carrillo y Salvador Santoyo, mientras que un tercer elemento resultó herido y permanece hospitalizado. 

Ese mismo día también se confirmó la identidad de Jessica Abril Rocha, de 19 años, quien era cadete de la Policía Municipal de Irapuato y cuyo cuerpo fue localizado sin vida en el Libramiento Norte de ese municipio. 

La joven había sido reportada como desaparecida por sus familiares desde el 6 de noviembre. Aunque el hallazgo ocurrió ese mismo día, fue 11 días después que la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó, mediante pruebas genéticas, que los restos correspondían a la estudiante de la academia policial.

La corrupción son todos

Por estos días de tanta violencia e inseguridad, de ataques a policías, narcomantas y en el preámbulo de las elecciones de 2027 en las que en Baja California se renovarán las alcaldías, el gobierno estatal y los 25 escaños en el Congreso del Estado, aparecen cada vez más actos de corrupción atribuibles a quienes ostentan el poder, en cualquiera de sus tres órdenes autónomos.

Esta semana, apenas estaba Baja California siendo testigo de la cruel violencia de los cárteles de la droga que, en Tecate y con suma impunidad, un convoy criminal con más de una docena de hombres armados tomó por la fuerza a cinco hombres, maniató a tres y los dejó abandonados a la vista de todos, mató a dos (un agente de la FGE y un capitán del Ejército Mexicano), para enterrar sus cuerpos, desenterrarlos, envolverlos en plástico, pasearlos unos 60 kilómetros y tirarlos sobre un paraje, cuando otro miembro del Poder Judicial se convirtió en noticia, y no por sus buenas y legales formas.

Es decir, no se sale del asombro de la violencia sangrienta y la impunidad que permite que el grupo criminal del Cártel de Sinaloa tome una ciudad, causando terror y horror con sangre y plomo, cuando ya la mirada estaba fija en otro orden: una jueza de distrito, Cristina Martínez Aguilar, señalada de liberar a varias personas en por lo menos siete causas penales, todos por narcotráfico o posesión de armas; delincuentes que fueron detenidos en la comisión de un delito, pero que obtuvieron su libertad al llegar sus casos al juzgado de la jueza.

Lo más grave del caso es que esta información no se hizo pública por las víctimas, los afectados, sino por la fiscal general de Baja California, la licenciada Elena Andrade, quien tenía conocimiento de la actitud sospechosa de la jueza, pero no proporcionó información pública hasta en tanto debió justificar otro irregular actuar: ya antes había sucedido. En mayo de 2026 fue aprehendido, después de una persecución sonora y vistosa que vulneró a ciudadanos y oficiales, Sergio Serrano, el Checo, líder de célula del Cártel Jalisco Nueva Generación en Tecate. Pero tres meses después —y esto sólo se sabría luego del asesinato de un recluso recién liberado de la penitenciaría de Tijuana— el Checo estaba libre.

Al señalado narcotraficante le cambió la medida cautelar el juez de distrito René Octavio Cardona González, para dejarlo en libertad… hasta el miércoles 18 de noviembre de 2026, cuando fue detenido de nueva cuenta, ahora en Ensenada, Baja California. Lo único deseable es que su caso no llegue otra vez con el juez Cardona, o no caiga con la jueza Martínez, para que no lo dejen en libertad de nueva cuenta.

Los dos jueces condescendientes con los criminales a los que dejan en libertad, el juez Cardona y la jueza Martínez, señalada por la fiscal Elena Andrade, ya han sido denunciados por los ministerios públicos ante el Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación, pero ¿qué ha pasado? Nada. Ahí siguen los dos al frente de los juzgados de distritos, posiciones que ganaron en la elección judicial que promovió la Presidencia de la República para que también los integrantes del Poder Judicial fuesen electos por el pueblo, aun con la ayudadita de los gobiernos oficialistas.

Días antes, aquí mismo se dio a conocer que el propio titular del Poder Judicial de Baja California, el magistrado Alejandro Fragozo, había sido sujeto de revocación de su visa de turista para entrar a los Estados Unidos, por parte del gobierno del vecino país, al considerarlo parte de un grupo que tiene ligas con otro de orden criminal, o que ha participado de actividades ilícitas. Eso mismo ya había sucedió con el esposo de la gobernadora, alcaldesas, alcaldes, diputados y la propia mandataria estatal; a ninguno le tienen confianza… en el vecino del norte.

Y entonces vienen, o, mejor dicho, se incrementan las amenazas del narcotráfico contra los policías. En un mundo al revés, los criminales acusan a los agentes de robarles droga, de vender droga, de favorecer a otros criminales en la comisión de delitos, de atentar contra la sociedad a la que juraron proteger. Y ¿qué sucede? Nada. Los elementos de la FESC que han sido denunciados por criminales de cometer ilícitos, siguen laborando con la venia del general Laureano Carrillo; los agentes y mandos de la FGE que han sido denunciados por relaciones mafiosas, siguen en la nómina que encabeza la fiscal Elena Andrade, y los municipales no son la excepción.

¿Cuándo fue la última ocasión que en Baja California hubo una limpia en las corporaciones policiacas? Difícil recordarlo. El intento más cercano es el que emprendió el general Leopoldo Aguilar Durán cuando fue secretario de Seguridad del Estado, al desarmar a las policías para practicarles nuevos exámenes de control, evaluación y confianza, para depurar las corporaciones, pero sus esfuerzos sólo llegaron a una parte de la policía de Mexicali, la de Tecate y la de Rosarito, luego que fue relevado en el cargo por el general Laureano Carrillo, quien no sólo no continuó con los esfuerzos de depuración, sino que mantiene una corporación señalada por sus ligas con los grupos criminales, y sólo los suspende cuando la evidencia ya es demasiada.

Claro que una depuración policíaca no bastaría; a estas alturas se requiere una depuración en el Poder Judicial, no sólo en el Ejecutivo, y acaso en las esferas gubernamentales que manejan áreas sensibles y propensas a actos de corrupción en detrimento de la sociedad. Como los directores e inspectores que extorsionan a mujeres y hombres de negocios que solicitan permisos, o a quienes manejan un negocio, sea cual sea el tamaño del mismo, en los tres órdenes de gobierno las dependencias reguladoras se han convertido en sucursales para el cobro de piso y la extorsión.

Ahora sí que ni a quién irle. El problema es que los ciudadanos de bien, los que están en la legalidad, o lo intentan, son los más afectados. No sólo pueden perder la vida, acaso también ser llevados a la quiebra ante los insanos cobros extraoficiales de los gobiernos; porque a estas alturas, la corrupción son todos. Así se ve.

FUENTE/MEDIO: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.
ENLACE: https://zetatijuana.com/2026/11/la-corrupcion-son-todos/

Confirma RGC captura de sacristán en Reynosa; planeaba huir a EU

El gobernador confirmó que enfrentará cargos por delitos sexuales en contra de menores

José Pompeyo "N", el sacristán investigado por presuntos delitos sexuales contra menores en San Luis Potosí fue detenido en Reynosa y será trasladado a la entidad para enfrentar el proceso correspondiente, confirmó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

El mandatario estatal explicó que las autoridades activaron una alerta para localizar al señalado, luego de que las investigaciones apuntaran a que presuntamente intentaba escapar hacia Estados Unidos.

La búsqueda incluyó labores de seguimiento y revisión de información telefónica para establecer su paradero.

Gallardo Cardona indicó que el detenido ya se encuentra en camino a San Luis Potosí, donde será puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

El hombre se desempeñaba como sacristán en una capilla de la colonia Prados de San Vicente, segunda sección, donde presuntamente ocurrieron los hechos denunciados.

Tras la detención, el gobernador sostuvo que la Fiscalía General del Estado debe mantener el mismo nivel de actuación en todos los casos, independientemente de su repercusión pública, y pidió que las familias de las víctimas tengan confianza en las investigaciones.

Por otra parte, insistió en que el Congreso del Estado debe retomar la discusión de la iniciativa para establecer la castración química contra agresores sexuales reincidentes.

Consideró que esta medida debería aplicarse a personas que vuelvan a cometer este tipo de delitos y reprochó que los legisladores no hayan avanzado en el análisis de la propuesta.

Dos décadas de guerra contra las drogas sin frenar la violencia: analistas

Tras cuatro gobiernos, la estrategia mantiene el despliegue militar y deja pendientes la justicia, la verdad y las causas de la violencia hoy

A 20 años del inicio de la guerra contra las drogas, México enfrenta más violencia, desapariciones y militarización, sin que el Estado haya fortalecido la justicia ni atendido las causas de la inseguridad, advirtieron los analistas Jacobo Dayán y Lisa Sánchez en la mesa de análisis de Aristegui en Vivo.

En la mesa de análisis, Dayán sostuvo que la violencia no comenzó en diciembre de 2006, pues desde años anteriores había regiones del norte del país con altos niveles de violencia y desapariciones.

El problema, explicó, fue la respuesta del Estado ante ese escenario que en lugar de fortalecer las instituciones de justicia y ampliar su presencia social, optó por recurrir a su componente más violento.
Lo que hemos hecho en 20 años es tratar de combatir la violencia con la parte más violenta del Estado, no con la fuerza del Estado.
Se refirió a la ausencia de políticas integrales de verdad, justicia, salud, educación, empleo y oportunidades, así como al debilitamiento de las policías y a la penetración de grupos criminales en estructuras locales de poder.


Dayán señaló que durante el gobierno de Felipe Calderón se profundizó la militarización de la seguridad pública y se incorporaron figuras como el arraigo, que posteriormente derivó en la prisión preventiva oficiosa.

También cuestionó que las policías fueran desatendidas y que muchas terminaran cooptadas por organizaciones criminales; con Enrique Peña Nieto, agregó, el modelo continuó y se intentó darle sustento legal mediante la Ley de Seguridad Interior.

En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pese al discurso de “abrazos, no balazos”, la participación militar no se revirtió; según Dayán, la estrategia de Claudia Sheinbaum tampoco representa un cambio sustancial y la consideró “prima hermana” de la de Calderón y cuestionó la continuidad de operadores de seguridad, entre ellos Omar García Harfuch, a quien vinculó con el periodo de aquella administración.

Por su parte, Lisa Sánchez, recordó que la declaración formal de la guerra contra el narcotráfico ocurrió el 11 de diciembre de 2006 y que el despliegue militar iniciado entonces se extendió progresivamente a distintas entidades.

Advirtió que nunca contó con controles suficientes sobre su duración, objetivos, indicadores o evaluaciones para determinar si estaba cumpliendo su propósito.

La especialista sostuvo que la militarización no solo se mantuvo, sino que se normalizó y adquirió respaldo constitucional.

Como ejemplo, señaló que nueve de cada diez integrantes de la Guardia Nacional pertenecen a las Fuerzas Armadas.

Dayán, a su vez, planteó que el fenómeno ya no se limita a las tareas de seguridad, sino que alcanza distintas áreas de la administración y de la vida pública, con una arquitectura institucional que, dijo, se aproxima a una “república cívico-militar”.

El saldo de estas dos décadas, expuso Dayán, no se limita a los homicidios y las desapariciones; también incluye tortura, desplazamiento forzado, trata de personas con fines de explotación sexual, reclutamiento forzado, trabajo forzado, despojo de territorios, secuestro, extorsión y cobro de piso.

Sobre el desplazamiento, mencionó una medición reciente que estima que una de cada 100 familias tiene al menos una persona desplazada por la violencia.

El especialista cuestionó que, después de 20 años, se mantenga una estrategia centrada en el uso de la fuerza sin atender las causas y las consecuencias de la violencia.

Recordó que Calderón advirtió al inicio de su administración que la guerra sería larga y que no duraría menos de una década; sin embargo, dos décadas después, consideró que el país se encuentra en una situación peor.

Ante este balance, el colectivo Seguridad sin Guerra convocó a una jornada de reflexión y memoria el próximo 11 de diciembre, a las 17:00 horas, en la Estela de Luz, en Ciudad de México.

La convocatoria incluye a colectivos de víctimas, familias de personas desaparecidas y organizaciones civiles, e invita a llevar una flor blanca; el encuentro también marcará diez años de trabajo del colectivo, surgido en 2015 durante la discusión de la Ley de Seguridad Interior.

Ratifican traslado de Gildardo López Astudillo a penal coahuilense

El Tribunal Colegiado de Apelación confirmó la legalidad del traslado del “Gil”, jefe de plaza de Guerreros Unidos, implicado en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Dictámenes penitenciarios lo clasificaron como un interno de alta capacidad criminal

El Tribunal Colegiado de Apelación del Decimosexto Circuito confirmó la legalidad del traslado involuntario de urgencia de Gildardo López Astudillo, alias El Gil, procesado por delincuencia organizada y vinculado a las investigaciones sobre la desaparición de los cuarenta y tres estudiantes de Ayotzinapa.

La resolución dictada dejó firme el fallo del Juez de Ejecución que avaló el traslado del recluso desde el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 12 CPS Guanajuato hacia el Cefereso 18 CPS Coahuila, en Ramos Arizpe.

La alzada resolvió que la medida respetó lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP), al tratarse de un procesado de alto riesgo cuya permanencia en el penal de origen vulneraba la seguridad y gobernabilidad institucional.

La determinación judicial se sustentó en los dictámenes elaborados por el Comité Técnico del recinto carcelario de Guanajuato.

RIESGO DE VIOLENCIA

La oficina de Criminología clasificó a López Astudillo como autor de alto riesgo, registrando capacidad criminal alta, adaptabilidad social baja, estado peligroso elevado e índice de riesgo intrainstitucional alto.

El reporte documentó su trayectoria como jefe de sicarios de Guerreros Unidos en Guerrero y consignó que en la entrevista inicial aceptó funciones de jefe de plaza, aunque posteriormente pretendió negar dicha vinculación.

Por su parte, la oficina de Psicología emitió opinión favorable para la reubicación tras evaluar su perfil de personalidad, mientras que la dirección de Seguridad justificó la urgencia por la falta de custodios para mantener la vigilancia especial requerida por internos de alta peligrosidad.

En su recurso, la defensa argumentó que los hechos imputados corresponden a los años 2014 y 2015, sosteniendo que la aplicación de la ley violaba la irretroactividad. Asimismo, adujo suspensiones definitivas en juicios de amparo y cuestionó los informes técnicos.

No obstante, el Tribunal Colegiado desestimó los agravios al resolver que los traslados urgentes constituyen medidas de seguridad independientes del proceso penal principal.

DELINCUENCIA ORGANIZADA

Los magistrados precisaron que las personas procesadas por delincuencia organizada se encuentran sujetas al régimen de excepción del artículo dieciocho constitucional, precepto que faculta a las autoridades a destinar centros especiales e implementar reubicaciones preventivas para preservar la estabilidad de los centros penitenciarios.

Respecto a su contexto en los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, las pesquisas ministeriales ubican a Gildardo López Astudillo como el jefe de plaza de Guerreros Unidos que coordinó la intercepción, privación de la libertad y posterior desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.

Informes oficiales señalan que El Gil giró instrucciones directas para recibir a los jóvenes entregados por corporaciones municipales.

Tras su detención en 2015, permaneció recluido hasta septiembre de 2019, cuando fue absuelto al anularse pruebas obtenidas bajo tortura.

Tras salir libre, colaboró como testigo protegido clave con el nombre Juan en las investigaciones, hasta que el 5 de septiembre de 2024 fue reaprehendido en la Ciudad de México por delincuencia organizada en la causa penal del Juzgado Noveno de Distrito en Guerrero.

FUENTE/MEDIO: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: LUIS CARLOS SÁINZ.
ENLACE: https://zetatijuana.com/2026/11/ratifican-traslado-de-gildardo-lopez-astudillo-a-penal-coahuilense/

Localizan colectivos de búsqueda cinco cuerpos en Tecate

El colectivo de búsqueda de personas desaparecidas en el municipio de Tecate localizó, poco después del mediodía de este jueves, un área plagada de restos humanos y osamentas, además de dos cuerpos que habrían sido abandonados recientemente.

Integrantes del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas “Madres Hasta Encontrarte” Tecate localizaron este jueves 19 de noviembre cinco cuerpos en una zona rural del municipio; tres de ellos ya se encontraban en estado de osamenta y dos más habrían sido abandonados recientemente.

El colectivo, presidido por Mónica Mariscal, informó que uno de los cuerpos fue identificado como Sergio García Chávez, de 66 años, reportado como desaparecido el pasado 6 de noviembre y visto por última vez en la colonia El Paraíso, cuando fue privado de la libertad por sujetos armados que minutos antes habían asesinado al vecino del señor Sergio, quien atestiguó los hechos. Familiares presumen que esto habría derivado en su privación de la libertad.


En su página oficial de redes sociales, el colectivo detalló que la localización del lugar fue producto de una denuncia anónima y confirmó que, por las características de uno de los cuerpos, este correspondía a don Sergio:

“Lamentamos mucho y nos unimos al dolor que embarga ala familia del Sr. Sergio García Chávez el cual se encontraba en calidad de desaparecido y el día de hoy en búsqueda gracias a un anónimo que llegó ala página dimos con un hallazgo de cinco entre ellos el sr. García”, expresaron.

Los otros tres cuerpos se encuentran ya en estado de osamenta, mientras que el cuarto cuerpo vestía pantalón de mezclilla azul, chamarra gris oscura y tenis gris oscuro.

Durante el mes de noviembre, el colectivo de búsqueda ha hecho públicas dos localizaciones de fosas clandestinas, donde han sido encontrados tres cuerpos.

Por otra parte, el colectivo local “Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos” registra, en lo que va de noviembre, la localización de otros cinco cuerpos en distintos puntos del municipio de Tecate.

FUENTE/MEDIO: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: REDACCIÓN.

Acribillan a familia en carretera límite de Nayarit y Sinaloa

El automóvil Nissan Sentra azul recibió múltiples disparos en el tramo Palmillas-La Concha; aún no hay identificación de las víctimas

Dos personas murieron, entre ellas un niño de 6 años y una joven de 19 años, embarazada, y dos personas resultaron lesionadas tras un ataque a balazos contra un automóvil en el que viajaba desde Nayarit, una familia, sobre la carretera federal 15 libre, en el tramo Palmillas-La Concha, en Sinaloa.

De acuerdo con reportes preliminares de medios locales, las víctimas fueron trasladadas al hospital del IMSS en Acaponeta, Nayarit, donde posteriormente se confirmó la muerte.

La joven tenía alrededor de ocho meses de embarazo, confirmó el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Manasés Langariva.

De acuerdo con la información difundida, tampoco sobrevivió el feto.

Según el funcionario, personas armadas bloquearon el tránsito del vehículo familiar en un intento de asalto, luego el conductor intentó huir, pero inició un tiroteo que alcanzó a la familia por la parte trasera.

La agresión ocurrió cuando la familia viajaba en un automóvil Nissan Sentra azul por el tramo carretero que conecta Palmillas y La Concha, en territorio de Sinaloa, en los límites con Nayarit.

En el mismo ataque, una cuarta persona resultó lesionada; un hombre que fue trasladado a Tepic para recibir atención médica especializada y quien, según los reportes, era pareja de la adolescente fallecida y padre del bebé que esperaba.

Tras el ingreso de las víctimas al hospital de Acaponeta, el establecimiento quedó bajo resguardo de elementos de fuerzas federales y estatales.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las personas.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Nayarit (FGE) inició las diligencias correspondientes para investigar la agresión y esclarecer las circunstancias del ataque.

FUENTE/MEDIO: ARISTEGUI NOTICIAS.