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La violencia ya no es “caso aislado”: Morelos, primer lugar nacional en homicidios de jóvenes

Entre enero y agosto de 2026 Morelos registró 179 homicidios dolosos de adolescentes y jóvenes de 13 a 29 años, la tasa más alta del país. Nueve estudiantes de la UAEM han sido asesinados en menos de dos años; expertos alertan por falta de transparencia y policía debilitada. La violencia aún sigue

En Morelos la violencia que mata a adolescentes y jóvenes dejó de ser desde hace tiempo lo que las autoridades suelen argumentar, “casos aislados”.

Entre enero y agosto de 2026 la entidad acumuló 18 homicidios dolosos de adolescentes de 13 a 17 años y 161 de jóvenes de 18 a 29, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) analizadas por Morelos Rinde Cuentas.

Al considerar la población de cada grupo, Morelos registró las tasas más altas del país: 0.91 homicidios por cada 100 mil habitantes entre adolescentes de 8 a 10 años y jóvenes de 18 a 29 años.

“Lo que vemos es que Morelos, además de estar en segundo lugar a nivel nacional, ya separándolo por rango de edad, sería primer lugar en el caso de jóvenes de 13 a 17, 18 a 19, lo que nos coloca, creo yo, como un foco rojo”, señaló.

En la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) nueve estudiantes han sido asesinados en menos de dos años: dos en 2025 y siete durante los primeros nueve meses de 2026. Son cuatro casos investigados como feminicidio y cinco homicidios ocurridos en circunstancias distintas. No existe información pública que permita afirmar que estén relacionados.

Nueve estudiantes. Nueve familias esperando justicia.

Nueve estudiantes

En 2025 Aylin Rodríguez Fernández, de 20 años, estudiante de Psicología, fue reportada desaparecida el 3 de abril tras salir de su domicilio en Cuernavaca. Al día siguiente fue localizada sin vida en la colonia El Porvenir, Jiutepec. La UAEM confirmó que se trató de un feminicidio y exigió una investigación con perspectiva de género.

El 17 de septiembre fue asesinado David Adrián Gómez, alumno de la Preparatoria Número 1. Salió de clases rumbo a su domicilio, pero no llegó. Su madre confirmó ante la Fiscalía que había sido localizado sin vida en Temixco. Familiares señalaron que recibió un disparo en la cabeza; la investigación permanece abierta.

Abril Gómez, hermana del joven, denunció que la UAEM fue indolente y que en su momento sólo se limitó a enviar una corona de flores. “Que no se olviden de ese caso, que no lo entierren, que busquen a los culpables y que se haga justicia”, expresó.

En 2026 Kimberly Joselín Ramos Beltrán, de 18 años, estudiante de Contaduría, Administración e Informática, fue vista por última vez el 20 de febrero en Campus Chamilpa y localizada sin vida el 2 de marzo en sus inmediaciones. Su caso detonó la toma del campus y la exigencia de medidas de seguridad dentro y fuera de los espacios universitarios.

Ese mes fue asesinada Karol Toledo Gómez, de 18 años, estudiante de Derecho de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec. Desapareció el 2 de marzo y fue localizada sin vida tres días después en Coatetelco. Ambos casos provocaron movilizaciones y un paro prolongado en la UAEM, extendido a otras unidades académicas.

El 24 de mayo desapareció Michelle Itzayana Fuentes Calderón, de 15 años, alumna del Sistema Universitario de Educación Mixta. Familiares y estudiantes participaron en su búsqueda. El 2 de junio fue localizada sin vida en las inmediaciones de Tepoztlán. Su caso se integra al recuento de asesinatos, pero no al de feminicidios.

El 12 de septiembre Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años, estudiante española de intercambio entre la Universidad de Barcelona y la UAEM, fue atacada con un arma blanca en la Casa de la Cultura de Cuautla y murió esa noche.

La Fiscalía informó que investigaba el caso bajo el protocolo de feminicidio. Había llegado a Morelos el 17 de agosto y tenía prevista su estancia hasta diciembre.

El 26 de septiembre Christian Shamed Arce Díaz y Gael Rojas Pérez, ambos de 17 años y alumnos de la Preparatoria Número 2, fueron asesinados a balazos en Chulavista, Cuernavaca, tras salir de una celebración. Un tercer menor resultó herido. Hasta las primeras investigaciones, la Fiscalía no había informado sobre detenidos ni móvil.

Ángel Miguel Hernández Flores, de 17 años, alumno de quinto semestre de la Preparatoria Número 1 y repartidor de una pollería, fue asesinado el 5 de septiembre mientras trabajaba en la colonia Satélite de Cuernavaca.

Su caso tardó semanas en hacerse visible, hasta que Resistencia Estudiantil UAEM comenzó a difundirlo y exigir justicia. Autoridades de la UAEM corroboraron que era alumno de la Preparatoria Número 1. De acuerdo con su credencial, tenía 17 años y pertenecía al bachillerato en Ciencias Sociales.

A más de tres semanas del homicidio, la familia continuaba a la espera de información sobre los avances de la investigación.

Resistencia Estudiantil declaró septiembre el mes más violento para la comunidad universitaria y difundió fotografías de Ángel Miguel, Claudia, Christian y Gael. “Pronunciaremos sus nombres para no olvidar las vidas que nunca se nos debieron arrebatar”, escribió el colectivo.

Jóvenes en la mira

Entre enero y agosto, 179 adolescentes y jóvenes de 13 a 29 años fueron víctimas de homicidio doloso.

Salinas plantea revisar las capacidades de seguridad: policías capacitados, certificados de control de confianza y acciones para aumentar el estado de fuerza. Morelos Rinde Cuentas documentó una reducción de elementos municipales; como ejemplo señaló que Cuernavaca disminuyó su estado de fuerza en más de 40% durante los últimos 10 años.
También cuestiona la falta de transparencia en un proyecto de 800 millones de pesos para cámaras de videovigilancia, previsto para cuatro años. Morelos Rinde Cuentas solicitó información, pero, según Salinas, no fue entregada porque el proyecto está en modificación o fue clasificado como reservado.
“Es un proyecto de 800 millones para cámaras, pero no hay transparencia y tampoco sabemos o creemos que eso vaya a resolver el problema de invertir solamente en cámaras de videovigilancia”, afirmó.

Proceso solicitó una entrevista a Rodrigo Heredia del Orbe, director general del Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes (Impajoven), directamente y a través de Comunicación Social, para conocer su postura sobre la violencia que enfrentan adolescentes y jóvenes en Morelos. Hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

También se buscó a autoridades de la UAEM, mediante su área de Comunicación Social, para conocer su postura sobre los asesinatos y desapariciones de estudiantes y las medidas implementadas ante esta situación. Tampoco hubo respuesta.

¿Por qué están matando a los jóvenes?

Los nueve expedientes relativos a los asesinatos de los estudiantes ya mencionados muestran circunstancias distintas y corresponden a investigaciones ministeriales. Salinas plantea analizar la vulnerabilidad juvenil junto con las desapariciones y la posibilidad de reclutamiento o captación por grupos vinculados con la violencia, sin afirmar que todos los jóvenes asesinados estén relacionados con organizaciones criminales.

“Es un grupo vulnerable y a lo mejor podrían estar siendo víctimas, es un forzarlos”, explicó.

La estadística no explica quién mata ni por qué, pero muestra la magnitud: Morelos ocupa el primer lugar nacional por tasa de homicidio doloso entre adolescentes de 13 a 17 años y jóvenes de 18 a 29.

Para Iván Martínez Dunker, profesor investigador del Centro de Investigación en Dinámica Celular de la Universidad Autónoma Metropolitana, la violencia contra adolescentes y jóvenes tampoco puede entenderse sólo como un problema de seguridad.

“Esto es resultado de una falla profunda de nuestra estrategia, no sólo de seguridad, sino una estrategia social de recomposición”, sostuvo.

El investigador señala la falta de articulación entre los tres niveles de gobierno y el debilitamiento de los municipios, tanto en capacidades como en recursos, además de problemas históricos de corrupción y colusión entre autoridades y grupos criminales.

“A falta de Estado (el espacio) es ocupado por la criminalidad”, sostuvo.

Martínez Dunker considera que la respuesta también debe involucrar a la sociedad y las universidades.

“Creo que hay que partir del punto de que todos estamos fallando y es ahí en donde tenemos que cuestionarnos primero a nosotros mismos y ver qué es lo que nos toca hacer”, afirmó.

La violencia también llegó a la universidad

Aunque varios estudiantes fueron atacados mientras realizaban actividades cotidianas fuera de instalaciones universitarias, para Martínez Dunker las universidades no pueden permanecer al margen.

“Por más silencio que se tenga, por más que se deje de hablar, el tema es que ha crecido y esto, al final, está tocando la puerta”, expresó.

Considera que las instituciones educativas deben participar en la construcción de propuestas y espacios de diálogo.

“Las universidades, sus académicos, deben dar una guía a la sociedad a la que sirven, de hacia dónde ir”, sostuvo.

La violencia contra las estudiantes también pone bajo la lupa las medidas institucionales para prevenir y atender la violencia de género.

En un informe publicado en agosto de 2026, Intersecta señaló que, aunque existen avances legales, persisten obstáculos para hacerlos efectivos. Un análisis de 2023 encontró que 38 de 40 universidades revisadas contaban con unidades de igualdad de género, pero la mitad operaba sin presupuesto propio. Entre ellas estaba la UAEM.

Para la organización, la falta de recursos dificulta atender casos, realizar diagnósticos y capacitar al personal.

Los que faltan

A los nueve asesinatos se suman dos estudiantes desaparecidos.

Viridiana Anaid Morales Rodríguez, estudiante de la Facultad de Psicología de la UAEM, tenía 21 años cuando desapareció el 12 de agosto de 2012. Viajó al Estado de México con su entonces esposo, Roberto Altamirano López. Dos días después él fue localizado sin vida. Ella nunca volvió.

Dorian Alí Olivo Rodríguez, de 20 años, había cursado estudios en la Facultad de Nutrición de la UAEM. Desapareció el 2 de junio de 2026, después de trasladarse hacia Tres Marías, en Huitzilac. Su última ubicación conocida quedó registrada entre Cuernavaca y Huitzilac, donde se perdió la comunicación.

La UAEM confirmó su desaparición y expresó su respaldo a la familia. Hasta septiembre de 2026, continuaba desaparecido.

El 2 de octubre, otra vez las calles

Para este 2 de octubre integrantes de Resistencia Estudiantil, la Red de Estudiantes de Posgrado, Mujeres Revolucionarias y el Ensamble de Percusiones Femenil WUAMAZO 8 de Marzo, entre otros colectivos, convocaron a una movilización en Cuernavaca, que estuvo encabezada por la familia de Miguel Ángel, estudiante de la Preparatoria 1 de la UAEM.

La marcha partió cerca de las 2 de la tarde de la Glorieta de Tlaltenango hacia el Tribunal Superior de Justicia, donde se exigió justicia por los nueve estudiantes asesinados y la aparición con vida de Dorian y Viridiana.

Los colectivos también reclamaron seguridad para las y los estudiantes dentro y fuera de las aulas.

Durante la movilización, Víctor Manuel Hernández, padre de Miguel Ángel, relató que su hijo fue atacado a balazos el 5 de septiembre en la colonia Satélite y que, a casi un mes de la agresión, no hay avances en la investigación. La familia exige justicia.

Indagan presunto 'centro de exterminio' en Nayarit

En el lugar han sido localizadas prendas y una hornilla artesanal que podría haber sido utilizada para incinerar cuerpos

La Fiscalía de Nayarit anunció este martes que investiga el hallazgo de un presunto “centro de exterminio por incineración” en el municipio de Xalisco, donde fueron localizadas prendas de vestir, restos óseos y una fosa con cuerpos humanos, en medio de la crisis de desaparecidos que vive el país norteamericano.

La fiscal general del estado, Ludmila Heredia, informó en conferencia de prensa que el sitio es procesado desde el 3 de octubre, junto con grupos de madres buscadoras de desaparecidos.

“Estamos procesando un centro de exterminio por incineración”, señaló la fiscal, y agregó que los colectivos de búsqueda se incorporaron a los trabajos este fin de semana.

En el lugar han sido localizadas prendas y una hornilla artesanal que, según Heredia, podría haber sido utilizada para incinerar cuerpos.


“Ahí (en la hornilla) se coloca un tambo (recipiente cilíndrico). Se llena de diésel, de gasolina y de jabón para que se adhiera a la piel y a las telas. Se queman los cuerpos, los huesos se carbonizan y se arrojan a un riachuelo”, detalló la fiscal.

Añadió, asimismo, que las autoridades también procesan una posible fosa, sin ofrecer detalles sobre número de cuerpos, y que esperan obtener correspondencias genéticas de los restos localizados.

Heredia incluso comparó el sitio con el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, al mencionar que se trata de otra “versión” de ese predio utilizado por el crimen organizado y localizado en marzo de 2025.

Hasta ahora, las autoridades de Nayarit no han precisado cuántas víctimas estarían relacionadas con el “centro de exterminio” de Xalisco.

Según las autoridades federales, el rancho de Teuchitlán operaba como centro de reclutamiento y adiestramiento del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aunque las autoridades han dicho que no tienen evidencias para confirmarlo como crematorio o “campo de exterminio”.

Los hallazgos ocurren en medio de una crisis nacional que supera las 130.000 personas aún desaparecidas en México, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno), que contabiliza las desapariciones desde 1950.

Siete funcionarios de Edomex, condenados por ayudar a exedil de Santo Tomás a escapar

Dos expolicías municipales recibieron las penas más altas; entre los sentenciados también hay una exregidora, una exsecretaria del Ayuntamiento y tres civiles

Dos policías de Santo Tomás, dos exfuncionarias locales y tres civiles fueron sentenciados por intervenir en la fuga del expresidente municipal Pedro Luis “N”, alias “Wicho”, cuando las autoridades intentaban arrestarlo en el Estado de México (Edomex) en diciembre de 2024.

Las sentencias que se dictaron van desde los cuatro años y ocho meses hasta los 14 años de prisión, siendo la condena más alta para el policía municipal Ángel Díaz Zarco tras ser hallado culpable de evasión, abuso de autoridad y robo con violencia.

Martín Santana Martínez, también policía municipal al momento de los hechos, fue condenado a 12 años y ocho meses de prisión por evasión y robo con violencia.

Litzy Mariana Domínguez Vilchis recibió una pena de ocho años y ocho meses por evasión y daño en los bienes, mientras que María Raquel Rubio Rodríguez, quien entonces era primera Regidora del Ayuntamiento, fue sentenciada a seis años por evasión y abuso de autoridad. Nélida Ávila Chamorro, quien se desempeñaba como Secretaria del Ayuntamiento, así como Araceli Domínguez Vilchis y Violeta Hernández Paniagua, fueron condenadas a cuatro años y ocho meses de prisión cada una.

La investigación inició el 17 de diciembre de 2024 a las 8:04 horas, cuando elementos de la Policía de Investigación (PdI) arribaron al jardín central de Santo Tomás para arrestar a "Wicho", quien se disponía a rendir protesta.

De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), un grupo de personas intervino para impedir la detención y permitió que el entonces expresidente municipal escapara. Durante esos hechos también fueron agredidos servidores públicos de la Fiscalía mexiquense y resultaron dañados tanto vehículos oficiales como particulares en los que se trasladaban los elementos que acudieron a detenerlo.

Las autoridades identificaron entre los participantes a Rubio Rodríguez y Ávila Chamorro, quienes ocupaban cargos en el Ayuntamiento, así como a Díaz Zarco y Santana Martínez, entonces policías municipales. Las otras tres personas fueron señaladas como civiles que intervinieron en la agresión.

La indagatoria continuó hasta que permitieron establecer la participación de las siete persona, quienes, una vez arrestadas, fueron ingresadas a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social (Cereso) para quedar a disposición de un Juez.


Las sanciones se determinaron mediante un procedimiento abreviado, una vez que el Ministerio Público (MP) exhibió los elementos de prueba necesarios para demostrar la culpabilidad de las y los implicados.

El exalcalde mexiquense fue detenido hasta el 8 de febrero de 2025, en el municipio de Valle de Bravo, como parte de las acciones de la Operación Enjambre, y actualmente permanece interno en un penal estatal.
Con estos siete fallos, la Fiscalía mexiquense suma ya 27 sentencias dentro de la "Operación Enjambre", una estrategia coordinada entre mandos federales y del Estado de México para desarticular a funcionarios y civiles vinculados al crimen organizado en la entidad.

“El Tanque”, operador del CJNG, cae en Zapopan; lo ligan a ataque al Ejército en 2015

El sujeto será puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde se determinará su situación jurídica

Iván “N”, alias “El Tanque”, identificado como presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido en flagrancia en Zapopan, Jalisco. Las autoridades le aseguraron un vehículo, un arma de fuego y diversas drogas.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que la aprehensión se realizó ayer como resultado de una operación conjunta de la dependencia a su cargo, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional (GN).

A través de su cuenta de X, antes Twitter, detalló que la acción fue ejecutada por las fuerzas especiales del Ejército y el Grupo de Operaciones de la SSPC, con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y el trabajo de agentes de investigación de la Secretaría de Seguridad y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), "quienes identificaron sus movimientos y lo localizaron".


García Harfuch anunció que el sujeto será puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde se determinará su situación jurídica conforme a derecho.

¿De qué se le acusa a “El Tanque”?

De acuerdo con Harfuch, las investigaciones vinculan a “El Tanque” con homicidios, extorsión, privación ilegal de la libertad, robo de hidrocarburos, lavado de dinero y tráfico de drogas.
"También se le señala por su presunta participación en el ataque contra un helicóptero del Ejército mexicano en Jalisco, en 2015, en el que perdieron la vida integrantes del Ejército y de la Policía Federal", agregó en su mensaje.


Asimismo, el Secretario de Seguridad precisó que Iván “N” desarrollaba actividades delictivas en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla.
"En septiembre de 2024, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó por sus vínculos con el CJNG y lo señaló como parte del círculo cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', por lo cual hubo intercambio de información con la DEA [Administración de Control de Drogas]", reveló.
Más delante, el funcionario federal reconoció el profesionalismo y la valentía de las fuerzas especiales del Ejército, del Grupo de Operaciones y de los agentes de investigación de la SSPC, de los agentes de la AIC de la FGR, y del personal del CNI.
"Agradecemos a los gobiernos de Veracruz y Jalisco, y a sus gobernadores, @rocionahle y @PabloLemusN, por su apoyo. Cada acción tiene un objetivo claro: que las familias de México puedan vivir, trabajar, y transitar con seguridad y tranquilidad", concluyó.
FUENTE/MEDIO: SINEMBARGO.

El IMSS anuncia arranque de auditoría independiente para esclarecer muertes de bebés

La revisión buscará fallos en los procesos de operación de los hospitales en los que se presentaron los decesos de bebés

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, anunció este martes que ya comenzaron los trabajos de la Auditoría Clínica Colegiada Independiente para identificar las causas y determinar qué factores estuvieron relacionados con la muerte de al menos ocho bebés en Durango y Jalisco.

Asimismo, explicó que se integró un Comando Operativo del Sector, encargado de recorrer las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) para realizar una revisión bajo una metodología unificada enfocada en la prevención y el control de infecciones.
“Seguimos en diálogo y atendiendo los casos con las familias para explicar y tener la respuesta de lo que pasó”, declaró el titular del IMSS durante la "mañanera" del 6 de octubre.
IMSS aplicará 4 acciones para esclarecer muertes de bebés


El Instituto emitió un comunicado en el que expresó sus condolencias a las madres y los padres que perdieron a sus hijos, y reiteró su responsabilidad en proporcionar  respuestas claras a las familias. Para esclarecer los hechos, Robledo Aburto anunció las siguientes acciones:

Auditoría Clínica Colegiada e Independiente: se integrará a partir de especialistas externos en Neonatología, Infectología y Epidemiología provenientes de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de los Institutos Nacionales de Salud. Este análisis determinará si existieron infecciones asociadas a la atención médica, si éstas incidieron en los fallecimientos y si ocurrieron fallas evitables, asegurando que los resultados se entregarán directamente a las familias antes que a nadie más.

Separación temporal del director del hospital y del jefe de la UCIN: esta disposición se mantendrá mientras transcurra el proceso de auditoría con el objetivo de garantizar la plena transparencia, libertad e imparcialidad de las investigaciones.

Profundizar la investigación epidemiológica: las muestras identificadas van al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos para rastrear el origen de los brotes. Asimismo, se asignará un enlace del IMSS para dar seguimiento cercano a cada familia y se garantizará la reparación del daño en los casos donde se confirmen fallas.

Creación de un Comando Operativo del Sector Salud para la Seguridad de los Recién Nacidos: este organismo homologará la vigilancia epidemiológica con alertas tempranas, supervisará controles de infección y establecerá protocolos estandarizados de atención.

Las investigaciones buscarán fallas, no culpables

El titular del IMSS informó que las revisiones iniciarán en Jalisco, y contemplarán el análisis de las infecciones identificadas, los microorganismos detectados y el uso de antibióticos. También se evaluarán aspectos relacionados con el lavado de manos, el manejo de catéteres, las condiciones de limpieza, el suministro de agua, los sistemas de drenaje y la cantidad de personal disponible por cada bebé.


“La revisión, lo que busca es fallas en procesos. No es una revisión que busque culpables, porque también se ha politizado en la lógica, es decir, se está criminalizando al personal. No, se busca dónde identificar fallas en los procesos”, agregó Robledo Aburto en la conferencia de prensa matutina.
La unidad bajo investigación cuenta con 32 cunas, lo que la convierte en la segunda UCIN más grande del IMSS. Durante 2026, en ese hospital han nacido dos mil 695 bebés, de los cuales 552 han necesitado atención en cuidados intensivos.

Tribunal revoca vinculación a proceso contra el Kado

El Tribunal Colegiado de Apelación del Decimoquinto Circuito, con residencia en Tijuana, revocó el auto de vinculación a proceso dictado en contra de Héctor Manuel Gil García, alias el Kado, y decretó el sobreseimiento de la causa penal 118/2016 al haber operado la prescripción de la acción penal.

La resolución judicial, emitida el 1 de octubre de 2026 dentro del toca penal 477/2026, dejó sin efecto el procesamiento ordenado por una jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en Baja California por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Notificada la sentencia de segunda instancia, la juzgadora de origen giró el oficio correspondiente a la dirección del Centro de Reinserción Social de Mérida, en Yucatán, instruyendo que se deje en inmediata libertad al imputado de manera exclusiva por lo que concierne a esta causa penal, requiriendo informar la fecha de egreso o el impedimento legal existente.

Sin embargo, el procesado continuará privado de la libertad en el reclusorio yucateco debido a que enfrenta otras indagatorias e imputaciones vigentes tramitadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

El expediente penal extinguido se remonta a agosto de 2016, cuando elementos policiales interceptaron a Gil García en las inmediaciones del fraccionamiento Chapultepec, en Tijuana, asegurándole un arma de fuego corta, un cargador y dos cartuchos útiles.

En esa ocasión, el Ministerio Público decretó un acuerdo de libertad a su favor debido a que el ilícito imputado no ameritaba prisión preventiva oficiosa bajo el marco legal vigente y el detenido acreditó su arraigo domiciliario en la localidad.

La averiguación previa continuó su curso procesal y la Fiscalía General de la República solicitó fecha para la audiencia de imputación formal.

Ante la inasistencia del requerido a los citatorios formulados por el órgano jurisdiccional, la autoridad judicial lo declaró sustraído de la acción de la justicia y libró la orden de aprehensión correspondiente en su contra.

El mandamiento judicial fue ejecutado en reclusión por agentes de la Policía Federal Ministerial dentro del centro penitenciario de Mérida, donde Gil García permanecía internado tras su detención efectuada en julio de 2026 durante un operativo coordinado entre la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, elaborado con información de agencias de Estados Unidos.

En la continuación de la audiencia inicial celebrada en agosto de 2026, la representación social obtuvo la vinculación a proceso, la medida de prisión preventiva justificada y un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

La defensa del imputado promovió el recurso de apelación argumentando el transcurso del tiempo fijado por la ley para la persecución del delito. El tribunal colegiado determinó la extinción de la potestad punitiva del Estado.

Gil García, catalogado por las autoridades como presunto operador de células del Cártel Arellano Félix en Tijuana, Ensenada y Playas de Rosarito, continuará privado de la libertad por delincuencia organizada.

FUENTE/MEDIO: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: LUIS CARLOS SÁINZ.
ENLACE: https://zetatijuana.com/2026/10/tribunal-revoca-vinculacion-a-proceso-contra-el-kado/

Querétaro sí informó sobre visita de Johnson, pero academia debe pasar por Grupo de Alto Nivel de Seguridad: SRE

La Cancillería informó que el secretario Roberto Velasco ofreció al gobernador Mauricio Kuri acompañamiento para realizar las gestiones correspondientes y señaló que la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad debe conducirse por los canales institucionales del Gobierno de México

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señaló que la Academia Internacional de Capacitación Policial, cuya primera piedra fue colocada el pasado 2 de octubre en Querétaro por el gobernador Mauricio Kuri y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, es un proyecto que prevé cooperación en materia de seguridad con un gobierno extranjero, por lo que debió contar con el “visto bueno previo” del Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG).

En una nota informativa difundida la noche del lunes, la Cancillería reiteró que, conforme a la Ley de Seguridad Nacional, cualquier capacitación o proyecto de cooperación en materia de seguridad con un gobierno extranjero requiere el aval del GANSEG, órgano auxiliar del Consejo de Seguridad Nacional. La SRE agregó que acompaña a los gobiernos estatales y municipales en este tipo de gestiones.

La dependencia informó que el pasado 25 de septiembre recibió un oficio del Gobierno de Querétaro en el que se comunicaba la visita de Johnson, programada para el 2 de octubre, con el propósito de abordar “diversos temas de interés común”. En ese documento, el gobierno estatal precisó que la visita “no implica de ninguna forma el establecimiento de mecanismos directos de cooperación internacional en materia de seguridad o procuración de justicia […]”.

Sin embargo, la SRE sostuvo que la Academia Internacional de Capacitación Policial, cuya primera piedra fue colocada durante la visita, sí corresponde a un proyecto de cooperación en materia de seguridad con un gobierno extranjero y, por ello, debe presentarse ante el GANSEG.

“Por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario Roberto Velasco Álvarez conversó directamente con el gobernador Mauricio Kuri González y le dirigió un oficio en el que ofrece el acompañamiento de la Cancillería en estas gestiones, en un ánimo de coordinación institucional”, señaló.


La SRE subrayó que la colaboración entre México y Estados Unidos en materia de seguridad se mantiene y debe conducirse por los canales institucionales del Gobierno de México.

“México y los Estados Unidos mantienen una sólida colaboración en materia de seguridad, basada en el respeto a la soberanía y la integridad territorial, el respeto y la confianza mutuos, la responsabilidad compartida y diferenciada, y la cooperación sin subordinación”, sostuvo la Cancillería.

Puntualizó que esta colaboración se conduce “a través de los canales institucionales del Gobierno de México, en coordinación con las entidades federativas”.

La postura de la SRE se difundió después de que Sheinbaum cuestionó durante su conferencia matutina que Kuri y Johnson hubieran colocado la primera piedra de la academia sin la participación de la Cancillería ni del Gabinete de Seguridad federal.

La presidenta sostuvo que el proyecto involucra capacitación en materia de seguridad y combate a delitos federales, por lo que la cooperación con instituciones estadounidenses debe conducirse mediante los canales establecidos por el Gobierno de México. “Nos preguntamos por qué no es a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores como debe ser, como está la ley planteada”, dijo la mandataria.

Sheinbaum aclaró que no consideraba que el acto constituyera por sí mismo un delito, aunque cuestionó que se hubiera realizado sin la intervención de las autoridades federales. “No creo que incurra en un delito como tal, pero sí es muy importante exhibirlo y decirlo”, señaló.

La presidenta explicó que cualquier agencia o institución de Estados Unidos que busque realizar capacitación en México por razones de seguridad debe pasar por la SRE y sujetarse a la legislación nacional, incluida la Ley de Seguridad Nacional.

“En el caso de motivaciones de seguridad tiene que pasar necesariamente por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y por la Ley de Seguridad Nacional”, afirmó.

Sheinbaum también cuestionó que el gobernador Mauricio Kuri hubiera invitado al embajador estadounidense al acto y no al Gabinete de Seguridad federal, al señalar que los asuntos relacionados con la delincuencia organizada corresponden al ámbito federal. Añadió que existe una relación institucional tanto con Kuri como con Johnson y que la Cancillería abordaría el tema con ambos.

La tarde del lunes circuló en redes sociales y medios de comunicación el oficio al que hace alusión la nota de la Cancillería, por el que el Gobierno de Querétaro informó previamente a la SRE sobre la visita del embajador.

El oficio, firmado por el gobernador Mauricio Kuri, está fechado el 23 de septiembre y tiene sello de recibido por la Cancillería el 25 de ese mes. “El próximo 2 de octubre de la presente anualidad, el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro contará con la visita del Embajador de los Estados Unidos de América en México, Ronald D. Johnson, con quien se abordarán diversos temas de interés común”, se lee en el documento.


“Es importante señalar que la interacción de los servidores públicos locales y el agente diplomático en el marco de dicha visita tendrá efectos protocolarios y no implica de ninguna forma el establecimiento de mecanismos directos de cooperación internacional en materia de seguridad o procuración de justicia, ni la participación o intervención de agentes o gobiernos extranjeros en actividades de investigación, persecución de delitos o funciones reservadas al Estado Mexicano o que corresponden a las autoridades mexicanas”, añade.

La colocación de la primera piedra ocurrió el 2 de octubre en el complejo Rhino, sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro. La nueva academia estará dedicada a la capacitación de autoridades encargadas de hacer cumplir la ley para detectar e interceptar drogas, armas, grandes cantidades de dinero ilícito en efectivo y otros tipos de contrabando.

El acto contó con la presencia de representantes de instituciones federales. Entre ellos estuvieron Aldo Raúl Gómez Quintero, comandante interino de Zona Militar de la región; Darío Valadez Arenas, capitán primero, en representación del general brigadier Ricardo Melendrez de la Guardia Nacional, y Javier Rodríguez Uribe, delegado de la Fiscalía General de la República en Querétaro.

De acuerdo con la información difundida por la Embajada de Estados Unidos, los agentes capacitados en la academia podrán trasladar los conocimientos y capacidades adquiridos a sus respectivas unidades, estados y comunidades en distintas partes de México.

Durante el acto, Johnson afirmó que México y Estados Unidos mantienen una estrecha colaboración en materia de seguridad. “Esta instalación demuestra que enfrentar a los cárteles y a los grupos terroristas requiere acciones, recursos e instituciones sólidas, como lo está demostrando Querétaro al invertir en esta academia”, señaló.

El embajador agregó que “los cárteles y los grupos terroristas se adaptan constantemente, y debemos mantenernos un paso adelante mediante una mejor capacitación, tecnología, inteligencia y una cooperación más sólida”.

La Embajada de EE.UU. informó que durante la última década ha destinado más de 10 millones de dólares a capacitación y equipamiento en Querétaro como parte de la cooperación bilateral en materia de seguridad. Desde 2015, señaló, autoridades estadounidenses han proporcionado capacitación y equipo a instituciones de seguridad y justicia del estado.

Señaló que en ese periodo han sido capacitados 4 mil 732 participantes, entre ellos mil 714 integrantes de la Fiscalía General del Estado de Querétaro. La cooperación también ha incluido capacitación especializada, laboratorios forenses con acreditación internacional, unidades caninas, tecnología y equipo forense.

El gobierno estatal informó que la nueva instalación se integrará al complejo Rhino y tendrá una inversión superior a 30 millones de pesos. El proyecto está planteado como un espacio de capacitación policial con alcance internacional.

Kuri señaló en una publicación en X que la cooperación entre EE.UU. y Querétaro en materia de formación policial especializada tendrá ahora un espacio propio en el estado.

“Hoy colocamos la primera piedra de este espacio donde continuaremos con el esfuerzo que hemos estado realizando por años: invertir en la preparación de nuestros policías, elevar sus estándares y buscar experiencias que nos permitan defender y servir cada vez mejor a las familias queretanas”, escribió.

El gobernador agradeció al gobierno estadounidense y a Johnson por la colaboración y la confianza para establecer la academia en Querétaro, a la que calificó como “única en su tipo en América Latina”.

FGR aún investiga presencia de la CIA en Chihuahua: Sheinbaum

La mandataria recordó que cualquier vínculo de Chihuahua con agencias extranjeras en seguridad debe ser autorizado por SRE y el Grupo de Alto Nivel

La investigación sobre la participación de agentes estadounidenses en un operativo de seguridad en Chihuahua, en el que murieron dos de ellos, continúa abierta y la Fiscalía General de la República (FGR) deberá informar sobre sus avances, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria señaló que corresponde a la Fiscalía, mediante el mecanismo que determine, comunicar el estado que guarda la carpeta de investigación relacionada con el caso.

“La Fiscalía General de la República tiene todavía abierta esa investigación; la Fiscalía, a través del mecanismo que ellos decidan, con un boletín debería informar”, dijo Sheinbaum durante su conferencia matutina.

El caso ocurrió en abril pasado, cuando dos agentes estadounidenses murieron junto con dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua durante un accidente ocurrido después de un operativo contra laboratorios clandestinos en la entidad.

La Fiscalía de Chihuahua informó entonces que los dos estadounidenses eran oficiales instructores de la Embajada de Estados Unidos que participaban en labores de entrenamiento dentro del intercambio con autoridades mexicanas.

Posteriormente, medios estadounidenses señalaron que los dos agentes pertenecían presuntamente a la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

La participación de personal estadounidense en actividades de seguridad en Chihuahua quedó bajo investigación federal.

Sheinbaum señaló que los agentes extranjeros estaban realizando una operación en territorio mexicano cuando ocurrió el accidente.
Particularmente en el caso de Chihuahua, donde lamentablemente fallecieron dos agentes extranjeros, los agentes de Estados Unidos, siempre hay que lamentar la pérdida de vidas, pero estaban haciendo una operación en tierra.
La presidenta sostuvo que la investigación debe determinar las circunstancias en las que se encontraban los agentes y qué actividades realizaban.

El caso también provocó diferencias entre el gobierno federal y la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, a quien la FGR citó como parte de las diligencias relacionadas con la presencia de agentes estadounidenses en operaciones de seguridad en el estado.

La mandataria estatal entregó un escrito en lugar de proporcionar información durante el citatorio.

Ante este antecedente, Sheinbaum reiteró que los gobiernos estatales deben seguir un procedimiento específico cuando pretenden establecer cooperación en materia de seguridad con gobiernos extranjeros o sus agencias.

“Para poder hacer cualquier entidad de la República, cualquier gobierno de los estados, para poder tener relación con el gobierno de Estados Unidos, alguna de sus agencias o algún otro gobierno, no necesariamente Estados Unidos, que tenga que ver principalmente con la materia de seguridad, tiene que pasar por este Grupo de Alto Nivel”, explicó.

Además, señaló que el gobierno estatal debe solicitar la autorización correspondiente mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“Y tiene que solicitar la autorización a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en el Grupo de Alto Nivel se evalúa si es factible hacerlo o no, bajo los criterios de nuestras leyes y de los principios de política exterior”, sostuvo.

La presidenta insistió así en que la cooperación internacional en materia de seguridad no corresponde únicamente a los gobiernos estatales, sino que debe sujetarse a los mecanismos establecidos por el gobierno federal.

La investigación sobre lo ocurrido en Chihuahua permanece abierta mientras las autoridades federales determinan qué actividades realizaban los agentes estadounidenses y bajo qué condiciones se desarrolló su participación en territorio mexicano.