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Unión Internacional de Magistrados expulsa a representación de México por su respaldo a la reforma judicial

La UIM concluyó que el respaldo de la organización mexicana a la elección popular de jueces era contrario a los principios de independencia y apoliticidad exigidos a sus integrantes

La Unión Internacional de Magistrados (UIM) expulsó a la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), al considerar que dejó de cumplir las condiciones de independencia y apoliticidad exigidas a las asociaciones integrantes de esa organización internacional, debido a su respaldo a la reforma judicial que estableció la elección popular de jueces y magistrados

La decisión fue adoptada el pasado 17 de octubre durante la 68 reunión anual de la UIM, mediante una votación secreta en la que participaron 70 delegaciones. El resultado fue de 53 votos a favor de la expulsión, 13 en contra y cuatro abstenciones. Debido a que las abstenciones no se contabilizan, la exclusión obtuvo 53 de los 66 votos emitidos, cerca de 80 por ciento. 

La UIM, fundada en 1953, agrupa asociaciones nacionales de jueces y no a gobiernos o tribunales. Entre sus objetivos está la protección de la independencia judicial, que considera una condición esencial de la función jurisdiccional y una garantía de los derechos humanos. Sus estatutos establecen que las asociaciones integrantes deben ser apolíticas e independientes de los poderes Ejecutivo y Legislativo de sus respectivos países, además de promover la independencia judicial.

Durante la asamblea de la UIM, la CONATRIB estuvo representada por su presidente, el magistrado Rafael Guerra Álvarez, titular del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México; la magistrada María Belinda Aguilar Díaz, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, y el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Chiapas. La CONATRIB agrupa a las y los titulares de los 32 poderes judiciales de los estados.

La revisión de la membresía de la CONATRIB comenzó después de que, el 28 de junio de 2024, la organización se pronunciara a favor de la reforma judicial impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. En ese posicionamiento respaldó la elección de jueces y magistrados mediante voto popular, aunque planteó que su implementación fuera gradual, que se garantizara la participación de los jueces en funciones y que se respetara la independencia judicial. La reforma fue aprobada en septiembre de ese año.

En agosto de 2024, el Comité de Presidencia de la UIM cuestionó la reforma mexicana al advertir que dejar en manos del voto popular la decisión final sobre el nombramiento de jueces contradecía el principio de designación por mérito y criterios objetivos. También señaló posibles afectaciones a la inamovilidad judicial y pidió a López Obrador reconsiderar la reforma.

Por tanto, la UIM abrió un procedimiento para revisar la membresía de la CONATRIB y solicitó a la organización mexicana un informe, que fue entregado el 30 de junio de 2025. En su respuesta, la CONATRIB sostuvo que la reforma era resultado del ejercicio de la soberanía popular y que estaba obligada constitucionalmente a acatarla. También defendió su carácter estrictamente apolítico y afirmó que su interlocución con los poderes Ejecutivo y Legislativo permitió que la reforma se aplicara de manera gradual.

La CONATRIB agregó que había defendido la independencia judicial mediante pronunciamientos, gestiones presupuestales y otras acciones.

Los dos relatores designados por la UIM, provenientes de Argentina y España, concluyeron que la respuesta de la CONATRIB no atendió la preocupación central planteada durante la revisión. En su informe señalaron que, al respaldar la elección popular de jueces, la organización mexicana avaló un mecanismo que consideraron contrario a los principios de independencia y apoliticidad establecidos en los estatutos de la UIM.

Los relatores determinaron que la CONATRIB ya no reunía las condiciones bajo las cuales había sido admitida como integrante y recomendaron al Consejo Central someter a votación su exclusión.

Durante la discusión previa a la votación, representantes de asociaciones judiciales de Francia, Argentina, Chile y Costa Rica cuestionaron al presidente de la CONATRIB sobre las acciones emprendidas por la organización durante la aprobación de la reforma para defender la independencia judicial.

El magistrado argentino Marcelo Gallo Tagle, quien presidía la Federación Latinoamericana de Magistrados cuando se aprobó la reforma judicial mexicana, cuestionó la actuación de la CONATRIB y sostuvo que “la defensa de la independencia judicial no admite negociaciones: o se la defiende o no se la defiende”.

También afirmó que la CONATRIB debió rechazar la destitución de jueces y actuar de manera enérgica, en lugar de emitir un comunicado que “acompañaba” la modificación constitucional y posteriormente presentar ese respaldo como parte de una negociación.

Gallo Tagle concluyó que “no hay posibilidades intermedias” y que “la CONATRIB no salió en defensa del Poder Judicial”. 

En un video difundido antes de la asamblea, el presidente de la CONATRIB, Rafael Guerra, sostuvo que la reforma judicial no se originó por la actuación de los jueces locales ni por una animadversión del Ejecutivo contra la judicatura, sino por un conflicto presupuestario provocado por jueces federales. También afirmó que el impacto sobre los jueces locales había sido limitado y que solo disponía de cifras sobre jueces federales cesados, pero no sobre los correspondientes a las entidades federativas.

Ante ese argumento, la presidenta del Grupo Iberoamericano de la UIM, la jueza costarricense Adriana Orocú, citó cifras que atribuyó al Instituto Nacional Electoral (INE), según las cuáles fueron destituidos 386 jueces federales, 464 magistrados federales de circuito, 31 personas en otros cargos judiciales, incluidos integrantes de la Suprema Corte, y mil 800 jueces, magistrados y titulares de otros cargos judiciales locales en 19 estados.

De acuerdo con esas cifras, el total de personas juzgadoras destituidas ascendió a 2 mil 681. La intervención contradijo la afirmación del presidente de la CONATRIB de que la judicatura local había sido afectada de manera limitada por la reforma.

Después de las intervenciones de las delegaciones, el Consejo Central de la UIM sometió a votación la permanencia de la CONATRIB y resolvió que la asociación mexicana había dejado de cumplir las condiciones de membresía y debía ser expulsada.

JUFED respalda expulsión

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) respaldó la decisión de la UIM y consideró congruente la expulsión de la CONATRIB.

En un comunicado difundido el lunes, la JUFED señaló que el Consejo Central de la UIM concluyó que la organización mexicana había vulnerado los estándares internacionales en materia de independencia judicial y apoliticidad exigidos a sus integrantes.

La JUFED sostuvo que el modelo de elección popular de jueces y magistrados, impulsado desde el poder político, “vulnera la esencia de la función jurisdiccional, que debe basarse estrictamente en el mérito, la capacidad y la carrera judicial”.

Para la asociación de juzgadores federales, la resolución de la UIM confirma los señalamientos que había realizado desde el inicio del proceso de reforma judicial. Afirmó que las organizaciones y liderazgos que respaldaron la reforma dejaron de defender los principios de independencia judicial.

Recordó que en su momento denunció a actores y agrupaciones que frente a la “cooptación del Estado”, optaron por validar un mecanismo de sometimiento “disfrazado de transición gradual”. Según la asociación, la sanción de la comunidad internacional de jueces evidencia “la gravedad de haber entregado los principios de la autonomía judicial”.

La JUFED reiteró que “la independencia judicial no es un privilegio de quienes juzgan, sino la única garantía efectiva para que las y los ciudadanos cuenten con tribunales imparciales y libres de consignas del poder”.


FUENTE/MEDIO: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Presentan paquete de leyes secundarias para consolidar reforma judicial

Godoy destacó que todas las reformas a las leyes contarán con un lenguaje incluyente y una referencia expresa a pueblos y comunidades indígenas.

Durante la conferencia de prensa matutina de este viernes, la consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy Ramos, presentó la “armonización” de leyes secundarias en materia de la reforma judicial, las cuales ya se encuentran como iniciativas de ley en el Senado para su dictaminación.

Godoy destacó que en esta reforma constitucional, se establecen plazos procesales para emitir resoluciones en dos materias:

Materia tributaria: Los juzgadores deberán resolver en un plazo máximo de 6 meses.
Materia penal: El plazo es de 4 meses si se trata de delitos que no excedan de 2 años de prisión, y antes de 1 año si la pena excede este tiempo.

Este segundo paquete de reformas busca “garantizar el acceso a la justicia estableciendo plazos y términos claros en todos los procesos”, apuntó Godoy.

Asimismo señaló que se fortalece el juicio de amparo para hacerlo “más ágil y con reglas muy precisas y claras”, se protege el orden público y el interés social, se incorporan nuevas herramientas tecnológicas para modernizar la justicia, se ajustan recursos fiscales y se homologan los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Las leyes que están en el Senado incluyen:

Código Nacional de Procedimientos Penales

Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo

Ley de Amparo

Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativo

Código Fiscal de la Federación


Godoy destacó que todas las reformas a las leyes contarán con un lenguaje incluyente, la referencia expresa a pueblos y comunidades indígenas y afro-mexicanas, y se actualizan las denominaciones de los nuevos órganos judiciales.


Reforma a la Ley de Amparo

De acuerdo con lo informado por Godoy, actualmente, el juicio de amparo está lleno de tecnicismos y vacíos legales, y no está a la vanguardia tecnológica, lo que dificulta su acceso y efectividad.

Por ello, calificó como fundamental una reforma que “dé paso a una justicia efectiva que devuelva las bondades de dicho juicio de amparo”.

La reforma “no debilita el amparo, lo fortalece, lo mantiene como un escudo de la ciudad pero ya no como un refugio para quienes buscan evitar la justicia.
Ampararse para defender derechos es justicia, ampararse para ocultar delitos es impunidad


Por su parte, Arturo Zaldívar, coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia abordó la reforma a la ley de amparo, desmintiendo la narrativa de que es regresiva y busca limitar la defensa de los mexicanos.

Afirmó que la reforma busca un juicio de amparo “más ágil, más eficaz, tecnológico donde haya una justicia digital”.

Zaldívar aclaró que “la iniciativa lo único que hace es describir los elementos de esta figura, el interés legítimo, tomando la jurisprudencia obligatoria del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, aclarar la figura para que sea más fácil su aplicación”.

En relación al tema de bloqueo de cuentas bancarias por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Zaldívar ejemplificó que tradicionalmente las leyes de amparo se han modificado cuando hay abusos, citando ejemplos como los “centros de vicio”, “centros de apuestas” y “deudores alimentarios” donde se tuvo que establecer que “no procede la suspensión”.

Zaldívar concluyó que “no hay limitación al amparo”, sino una modernización para que sea más ágil, reiterando que no hay retrocesos en la defensa de los derechos de las y los mexicanos.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Sheinbaum traza prioridades legislativas: aduanas, Reforma Judicial y Paquete 2026

Las leyes secundarias de la Reforma Judicial que se enviarán al Congreso en septiembre estarán encaminadas a agilizar los juicios fiscales, explicó Claudia Sheinbaum.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este jueves que las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial, una nueva Ley de Aduanas y el Paquete Económico de 2026 son las prioridades presidenciales para el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, el cual arranca en septiembre.
"Lo primero que nos interesa, porque además es parte de la reforma al Poder Judicial, es que concluya el paquete de reformas al Poder Judicial [...] y luego Ley de Aduanas", apuntó desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo adelantó que se reunirá con los coordinadores parlamentarios de Morena; Adán Augusto López Hernández en el Senado y Ricardo Monreal Ávila en la Cámara de Diputados, para trazar la agenda legislativa.

Frente a los medios de comunicación, precisó que la Reforma Electoral no tendrá prioridad al arranque de los trabajos legislativos, ya que para su elaboración habrá un periodo de consulta y discusión a cargo de la Comisión Presidencial encabezada por Pablo Gómez Álvarez.


"En septiembre hay varias iniciativas que ya se enviaron, quizá las más importantes son cuatro leyes que tienen que ver con la reforma al Poder Judicial, que lo hemos platicado aquí, con la agilización de los procesos. No solamente es que los ministros, magistrados y jueces sean electos por el pueblo, sino también un proceso de agilización que viene desde la reforma al Poder Judicial", detalló Sheinbaum.
En ese sentido, aclaró que el paquete de leyes secundarias de la Reforma Judicial servirá para que la resolución de juicios fiscales pueda ser expedita y sin que pasen años sin resolverse los asuntos en la materia.
"Hay una nueva Ley de Aduanas que estamos por enviar. Entonces normalmente nos sentamos a trabajar cuáles son las iniciativas que va a enviar el Ejecutivo a la Cámara de Diputados o a la de Senadores [...]. Viene todo el paquete económico que tiene que enviarse el 8 de septiembre", adelantó la Presidenta.
Ante una pregunta de la prensa, apuntó que no se ha reunido con los coordinadores parlamentarios de Morena en ambas cámaras porque están de vacaciones y negó que el motivo estuviera ligado a los escándalos en los que se han visto implicados tanto Adán Augusto López como Ricardo Monreal.


FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

La CIDH advierte riesgos en reformas judiciales y transparencia en México

La vicepresidenta de la CIDH, Andrea Pochak, cuestiona que la reforma judicial no considera la eficiencia en la impartición de justicia ni aborda la crisis de impunidad. En entrevista, también critica la eliminación del INAI, un organismo que México había promovido como ejemplo en transparencia.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó al gobierno de México su preocupación por los cambios en la vida pública del país emprendida por los gobiernos de Morena, incluidos la reforma judicial y la desaparición del instituto que favorecía la transparencia de los asuntos públicos. También dio a conocer su inquietud por la subsistencia de la violencia contra la prensa.

La Comisión “está siguiendo con mucha preocupación algunas reformas constitucionales que tuvieron lugar en México, como por ejemplo la reforma Judicial. También la reforma del Instituto Nacional de Acceso a la Información, que es un tema que nos generó mucha preocupación”, dice la vicepresidenta de la CIDH y relatora para México, Andrea Pochak, en entrevista con Proceso.

“No solamente nos preocupa lo que hace o no hace el gobierno o lo que se controla o no se controla en relación con el gobierno, porque el sistema Interamericano, el sistema internacional habla de todos los poderes. Nos preocupa mucho la situación del gobierno, pero también la situación de los poderes judiciales y de los poderes legislativos”, que pueden causar responsabilidad. 

En el caso de la reforma al Poder Judicial en México, advierte que no se tomó en cuenta la eficiencia de la impartición de justicia al momento de reformar este poder. En su informe anual 2024, la CIDH registró sus observaciones sobre la reforma que permitirá la elección de jueces, magistrados y ministros, así como de los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial.

La también relatora para Memoria, Verdad y Justicia; y Movilidad Humana de la Comisión Interamericana expresó:
La reforma tiene que incluir al Ministerio Público, a la Fiscalía. Por eso, teniendo en cuenta la impunidad que impera en México, nos preocupa que la reforma no haya incluido, por ejemplo, a la Fiscalía y que tampoco haya incorporado como un dato principal la impunidad de los casos, que eso es un tema que la Comisión Interamericana viene siguiendo hace mucho tiempo.
Abogada argentina, Pochak es la primera vicepresidenta de la CIDH, electa para el periodo del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2027. Además de ser relatora para México, lo es para Bahamas, Guatemala, Honduras y Uruguay.

Considera que “todas estas medidas han sido objeto de grave preocupación por parte de diversos actores que han cuestionado, sobre todo, la elección popular como método para la selección de autoridades judiciales idóneas e independientes, las posibles afectaciones a la garantía de inamovilidad del cargo y los derechos laborales de las autoridades judiciales salientes. 

“En esta línea también se puso de relieve ante la Comisión la relación entre la posible elección de autoridades judiciales inidóneas y el derecho de acceso a la justicia de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Algunos de estos temas fueron tema de pronunciamiento público de la CIDH”. 

En ese punto refirieren al comunicado de la Comisión de septiembre del año pasado: 

“La Relatora Especial sobre la independencia de personas magistradas y abogadas de Naciones Unidas señaló su preocupación por la incompatibilidad de las propuestas con las obligaciones de derecho internacional de los derechos humanos. 

“Por ejemplo, indicó que las consideraciones políticas podrían superponerse a los méritos objetivos en la selección de personas juzgadoras, y advirtió los riesgos en la estabilidad del cargo, así como afectaciones a la autonomía administrativa y disciplinaria de la judicatura”.

A un año de la elección que dio triunfo a la presidenta Claudia Sheinbaum, la Comisión presentó un informe en el que agrega la preocupación sobre la elección judicial, “en la audiencia pública convocada por la CIDH, el Estado reconoció no contar con un diagnóstico que haya determinado el modelo de reconfiguración de sus tribunales a través del voto popular”. 

Incongruencia mexicana

Otra de las preocupaciones es la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 

Para Pochak, “por un lado, en 2024 nosotros advertimos con preocupación la disolución de este organismo, no me puedo adelantar a cómo se va a implementar la política en 2025. 
Es algo que estamos monitoreando y que eventualmente va a ser motivo del informe”.

Sin embargo, hay un elemento que llama la atención en el informe de 2024, “es que nos preocupaba la disolución, la modificación abrupta de la institucionalidad en materia de acceso a la información, porque había sido el propio Estado mexicano el que en varias ocasiones había levantado el INAI como un modelo para garantizar el acceso a la información y
la transparencia. 
El propio Estado mexicano había mostrado el INAI como un modelo exitoso, de defensa del acceso a la información y la transparencia. 
Expuso que “en muchas otras oportunidades en que la Comisión Interamericana consultó sobre el acceso a la información y la transparencia, México reconocía como importante la estructura, la institucionalidad del INAI y tampoco nosotros conocemos y México no nos ha informado al respecto, de cuál fue el diagnóstico por el cual modificaron abruptamente la institucionalidad en materia de acceso a la información”.

La relatora Pochak reconoce que los Estados tienen la posibilidad de definir cómo garantizar el derecho de acceso a la información pública y los parámetros que deben seguir, lo cual, también, debe ser un trámite gratuito. 

Ataques desde el poder

El tercer elemento de preocupación para la CIDH son las desapariciones, la violencia en general. En lo específico habló de la violencia contra periodistas como “un fenómeno que lamentablemente se mantiene en los años, que no se ha reducido, ni se ha modificado; es una práctica que se está manteniendo”.

Además, recientemente los asesinatos se dieron en un entorno de estigmatización que en muchas ocasiones se propicia desde quienes ostentan el poder. De acuerdo con el informe Anual 2024 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, México se ubica como el país de la región con las cifras más altas de esta violencia durante el año pasado.

El Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión indica que “continuó registrando con preocupación la violencia letal contra periodistas en México, con al menos ocho asesinatos, además de reportes de ataques armados, desapariciones forzadas, secuestros, detenciones arbitrarias y obstrucción de la labor periodística”. 

Agrega que “estos hechos se producen en un contexto de estigmatización hacia la prensa y una elevada tasa de impunidad, lo que contribuye a un ambiente de temor, autocensura y desprotección. Aunque el Estado ha informado sobre avances en el fortalecimiento del mecanismo de protección, persisten denuncias sobre las deficiencias y la falta de efectividad en las medidas de prevención y protección de dicha entidad”. 

La comisionada Andrea Pochak abordó el tema de manera general entre quienes son gobernantes: “Una cosa es criticar o revertir información, contradecir con nueva información y otra cosa es hostigar o tener discursos amenazantes o estigmatizantes contra las personas periodistas o defensoras. Eso no está protegido por la libertad de expresión”.

Impunidad en la filtración de datos personales

Dice a Proceso que este tipo de discursos “vulnera la libertad de expresión, porque puede generar por lo propio una situación de miedo o de autocensura por parte del comunicador. Entonces, la Comisión Interamericana también releva la situación de discursos estigmatizantes por parte de autoridades públicas”.

La Relatoría Especial “enfatiza que el asesinato de periodistas es la forma más extrema de censura, y vulnera el derecho a la libertad de expresión tanto en su dimensión individual como colectiva, pues genera un efecto amedrentador y de silenciamiento en sus pares, y afecta además el derecho de las personas y las sociedades a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo”.

La Relatoría también denuncia la filtración de datos personales, contenida en las credenciales de elector del INE de reporteros registrados en la Presidencia de la República, para su ingreso a las conferencias matutinas del sexenio pasado. 

Recuerda que el Relator Especial para la Libertad de Expresión “señaló que las autoridades deben tomar contacto con afectados y ponderar el riesgo que esto pueda representar, así como dar cuenta sobre lo sucedido, indicar medidas para evitar repetición, e investigar y sancionar a los responsables”.

De manera contraria, la Fiscalía General de la República no ha mostrado seguimiento a quienes presentaron una denuncia y el gobierno mexicano no dio mayor información sobre las sanciones a los responsables de esta filtración que vulneró la seguridad de representantes de medios de comunicación. Algunos de los responsables, incluso, continúan en los más altos niveles de gobierno.

También registró más informes sobre la estigmatización a la prensa, la cual reconoce como “impulsada por el Poder Ejecutivo a través de la sección diaria previamente conocida como “Quién es quién en las mentiras de la semana”, implementada desde junio de 2021 con el alegado fin de “analizar, verificar y aclarar las noticias imprecisas de interés general para la población”.

La relatora reconoce como positivo que en el informe se dé cuenta del fortalecimiento del mecanismo de protección de personas defensoras y periodistas; aunque “lamentablemente no es suficiente para prevenir estos hechos y también llamamos la atención no solamente en el caso de la violencia contra periodistas, sino en general en el caso de violencia en México, la impunidad, un hecho que favorece y que hace que se perpetúe la violencia”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DALILA ESCOBAR.

Diputados corrigen error que cometieron al aprobar la reforma judicial

Los legisladores no verificaron que existieran contradicciones entre los artículos de la Constitución en cuanto a la forma de elegir al presidente de la SCJN y la duración del cargo.

Diputados oficialistas avalaron en comisiones un dictamen que deroga el párrafo sexto del artículo 97 de la Constitución, que estaba en conflicto con el artículo 97 y que habla sobre el procedimiento de elección y duración de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

El error se dio durante la aprobación de la reforma al Poder Judicial, al no verificar que existieran contradicciones entre los artículos de la Carta Magna. 

El párrafo sexto del artículo 97, que busca ser eliminado, establece que la elección de la presidencia de la SCJN se realizará por los miembros del Pleno cada cuatro años, mientras que el artículo 94, aprobado en la reciente reforma del Poder Judicial por Morena y sus aliados, establece que la presidencia se renovará cada dos años mediante un sistema rotatorio basado en el número de votos obtenidos.  

La oposición ve contracciones y trampas legislativas

La diputada del PRI, Nadia Navarro, resaltó que votarán en contra porque el dictamen representa un seguimiento a contradicciones y trampas legislativas que se realizaron al aprobar la reforma Judicial.  

“Ha sido una reforma que se costó sin consenso, sin debate real, y lo más grave, pues, sin una legitimidad democrática. Es por eso que hoy lo que se nos propone no es una simple corrección que abone a la solución de una antinomia que prevé para la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que es el resultado de una reforma que fue plagada de inconsistencias, de contradicciones, de trampas normativas como las que hoy se intenta resolver”, explicó.  

Por su parte, la diputada del PAN, Paulina Rubio, también detalló que votarán en contra del dictamen porque representa una contradicción y no sólo una corrección técnica.  

“No podríamos tratar de avalar una contradicción con otra contradicción mucho más grande, con una contradicción del verdadero fondo que tiene esto, que fue la destrucción del Poder Judicial.  

“Me parece increíble, de verdad, que a estas alturas ustedes hablen de que con esto se enmienda algo, como si el daño a nuestras instituciones no hubiera sido tan profundo, que modificar hoy esto es de verdad irrelevante, lo que sí sería realmente relevante, lo que sí abonaría a enmendar, a remediar, a solucionar, a componer, sería que tuvieran el valor de reconocer hoy aquí y ahora que la elección para jueces, ministros y magistrados ha sido un verdadero fracaso, por el solo hecho de ser un verdadero fraude”, resaltó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CORTÉS.

Exjuez responde a Morena: “Me utilizan para justificar la reforma judicial”

En entrevista con Proceso, el exjuez de Distrito Faustino Gutiérrez se defiende de legisladores morenistas que lo señalan de proteger mediante una red de jueces al exgobernador Francisco Cabeza de Vaca, quien es investigado por delincuencia organizada.

El exjuez de Distrito Faustino Gutiérrez Pérez afirmó que los legisladores de Morena no sólo mienten al acusarlo de favorecer y tener vínculos con el exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, sino que lo están utilizando para justificar la reforma judicial.

En entrevista con Proceso, el exjuez respondió a los legisladores de Morena que el pasado 7 de mayo, en conferencia de prensa, afirmaron que dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF) existe una red de juzgadores que supuestamente protegen al exmandatario estatal para que no sea procesado penalmente por lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal.

De acuerdo con la información difundida por integrantes de las bancadas morenistas en las cámaras de Diputados y Senadores, en el año 2021 Faustino Gutiérrez Pérez era juez Octavo de Distrito en Reynosa y recibió el expediente 669/2021 del amparo tramitado por García Cabeza de Vaca contra cualquier orden de aprehensión.

La orden había sido solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR) por lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal equiparada, pese a que en ese momento García Cabeza de Vaca aún se encontraba en el cargo y contaba con fuero.

“Se resolvió que la orden de aprehensión girada contra el gobernador en funciones era ilegal porque tenía fuero, así de simple, y eso fue ratificado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en las controversias constitucionales 50/2021 y 70/2021; pretendían ejecutar una orden de captura contra un funcionario sin antes quitarle el fuero”, precisó el exjuez.

Luego de este amparo, al final de su mandato García Cabeza de Vaca tramitó otro juicio con número 2477/2022 que también conoció el juez Faustino Gutiérrez Pérez quien, de inicio, le concedió una suspensión para que no pudiera ser detenido mientras se resolvía el amparo.

Al respecto, el ahora juez retirado explicó que en ese expediente el exgobernador ya no contaba con fuero, pero al analizar el fondo del asunto determinó que la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/000039/2020 y las pruebas aportadas por la FGR eran insuficientes para sustentar la orden de aprehensión.

“Las pruebas eran insuficientes y los argumentos del fiscal eran inverosímiles, por ejemplo, decía que había una operación por una cantidad de dinero y que, como era un monto alto, me parece que como 60 millones de pesos, su origen era ilícito. En el amparo se dijo que el hecho de que fuera una cantidad grande, esa sola circunstancia no la hacía ilícita, porque incluso había una declaración ante el SAT aportada como prueba por una cantidad similar”, refirió Gutiérrez Pérez.

Los legisladores morenistas afirmaron que en este amparo el juez fue más allá de lo planteado en el juicio y ordenó que no fuera vinculado a proceso; sin embargo, el exjuez indicó que su resolución permitía a la FGR perfeccionar su investigación contra el exgobernador y, por tanto, sustentar la legalidad de la orden de captura.

“Nunca dije ni que fuera inocente, ni que ya la carpeta la cerraran, o sea, yo nada más dije que así como estaba la carpeta no sustentaba una orden de aprehensión. En ningún momento se dijo que ya no podían seguir investigando y recabar más pruebas, al contrario, la Fiscalía en todo momento podía seguir haciéndolo.

“La sentencia fue revisada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno de Circuito, quien repuso el procedimiento porque consideró que no se había emplazado a un ministerio público, por ello, una vez que se realizó esto se dictó una nueva sentencia por la jueza que me sustituyó en ese juzgado, es decir, la resolución final de ese amparo ni siquiera la dicté yo, porque ya no estaba en ese juzgado”, aclaró.

“La sentencia de esa jueza está pendiente de revisión en el Primer Tribunal Colegiado porque resolvió en el mismo sentido que yo resolví, es decir, no fui el único que advirtió la ineficiencia de la Fiscalía y el recurso es el 54/2024”.

El asunto de los escoltas

En el año 2023 Faustino Gutiérrez recibió el expediente de amparo 1431/2023 en el que García Cabeza de Vaca, ya como exgobernador, impugnó la orden de rotar o sustituir los escoltas que tenía asignados.

Morena acusó que en su resolución el juez ordenó no sustituir a los escoltas para evitar que la Secretaría de Seguridad Pública o cualquier otro ente de gobierno dispusiera de ellos.

“La orden no estaba fundada ni motivada, sólo eso, nunca se dijo otra cosa. Desde mi punto de vista le faltó al gobierno del estado, particularmente al Secretario de Seguridad Pública, explicar cuáles eran las necesidades del servicio para justificar que iba a rotarle los escoltas. Eso fue todo lo que yo dije, No dije que no se los podían quitar, jamás dije eso en mi sentencia”, enfatizó el exjuez.

“En todo momento mi actuación como juez ha sido y fue siempre apegada a la Constitución, eso es precisamente lo que les molesta, por cierto, porque ellos quisieran que los jueces resolvamos como ellos quieren, que es lo que va a pasar con su reforma ilegal”.

Rechazó que luego de estar al frente del juzgado Octavo de Distrito en Reynosa hubiera sido removido a Matamoros por acusaciones públicas de coludirse con funcionarios para beneficiar a García Cabeza de Vaca, como indicaron los legisladores de Morena.

“Desde hace cuatro años han sido los mismos señalamientos, no hay nada nuevo. Ese asunto del exgobernador ya lo he explicado un montonal de veces. Y los diputados siguen con lo mismo, lo mismo. Nunca jamás han dicho un solo nombre de un funcionario con el cual me haya coludido”, indicó.
 
Señalamientos de legisladores

Los legisladores de Morena acusaron que una vez que Gutiérrez Pérez solicitó su jubilación se convirtió en abogado de García Cabeza de Vaca y que cometió tráfico de influencias con jueces y magistrados de Tamaulipas a favor del exgobernador.

“Yo me acabo de jubilar el 30 de diciembre y yo nunca, jamás en la vida ni me he ostentado, ni soy apoderado ni nunca he entablado una conversación con el exgobernador. Es más, lo conozco y sé quién es, pero jamás he platicado con él y menos he sido su apoderado.

“No sé de dónde sacaron que yo me ostento apoderado legal de él, yo jamás en la vida. Yo hacía mi función como juez y hasta ahí. Para empezar no puedo ser representante legal de ninguna persona ni de ninguna empresa en Tamaulipas porque la Constitución me lo prohíbe aquí”, enfatizó.
Reprochó que públicamente integrantes de Morena lo han acusado de lucrar con los supuestos vínculos que tiene con García Cabeza de Vaca y afirmó que si revisan sus declaraciones de impuestos no habrá ninguna irregularidad.
Destacó que en sus acusaciones Morena señaló que el Tribunal Colegiado que ha conocido de las impugnaciones en los amparos de García Cabeza de Vaca tiene entre sus integrantes a Piedad Carmen Hernández, secretaria en funciones de magistrada, a quien identificaron como su esposa.

“Yo tengo 12 años que me divorcié, entonces la licenciada que mencionan ahí tiene 12 años que no es mi esposa. Ella trabaja en un tribunal, yo no tengo nada que ver en su trabajo ni mucho menos”, señaló.
Es puro amarillismo por parte de los diputados. Ésa es la realidad, esto es nada más porque quieren justificar la ilegal reforma judicial, por eso están golpeando a los jueces para decirle a la sociedad ‘miren cómo estaba el Poder Judicial de podrido’. Son unos mentirosos, unos cínicos, eso es lo que son.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.

Jueces y magistrados denunciarán ante la ONU violaciones a la independencia judicial por elección de personas juzgadoras

La directora de la asociación de jueces y magistrados, la jueza Juana Fuentes Velázquez, informó que también denunciarán ante la ONU al gobierno federal y a Morena en el Congreso por violar las resoluciones que ordenan detener la reforma al Poder Judicial.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) denunciará ante las Naciones Unidas la anulación de la división de poderes en el país y las “graves violaciones” a la independencia judicial por la implementación de la reforma al Poder Judicial.

Mediante un comunicado, la directora nacional de la asociación, la jueza Juana Fuentes Velázquez, dio a conocer que se encuentra en una gira de trabajo en Ginebra, Suiza, en el marco del 58º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde buscará reunirse con representantes de la ONU, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como con integrantes del Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH) y el Centro para los Derechos Civiles y Políticos.

Dichos encuentros, dijo, tienen el objetivo de informarles acerca de “las graves violaciones a la independencia judicial” que ocurren en México por la reforma judicial, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“El objetivo central de la visita es sostener reuniones con representantes del sistema de Naciones Unidas para actualizarlos sobre las graves violaciones a la independencia judicial que están ocurriendo en México al implementar la regresiva reforma judicial impuesta desde el Poder Ejecutivo y su partido”, sentenció en el comunicado.

Añadió que planteará el despido masivo de personas juzgadoras a causa de la reforma judicial y que la elección mediante el voto popular que se llevará a cabo el 1 de junio próximo carece de garantías y gira en torno a “irregularidades, intromisiones y manipulación” por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) y el gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Asimismo, la jueza Fuentes Velázquez, quien refutó que la elección judicial se trate de una “modernización”, dijo que denunciará ante la ONU y otras instancias que el gobierno federal y la mayoría de Morena en el Congreso han violado las resoluciones que ordenan detener la reforma judicial.

“Venimos a Ginebra a encender las alarmas internacionales. La comunidad internacional debe saber que la democracia mexicana está siendo socavada desde adentro. Hoy más que nunca necesitamos una solidaridad activa con quienes defendemos la justicia desde los tribunales”, dijo Fuentes Velázquez.

Elección judicial, en medio de crisis de derechos humanos: Jufed

En su mensaje, la directora nacional de la Jufed agregó que la implementación de la reforma judicial ocurre en el contexto del descubrimiento del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, donde localizaron un campo de adiestramiento del crimen organizado.

De esta manera, la jueza advirtió que la reforma al Poder Judicial se produce en medio de una crisis de derechos humanos en México y señaló que una elección de jueces, magistrados y ministros que ocurre en el “en el contexto del crimen organizado posibilita su infiltración” en los procesos de selección.

“Lo que está en juego no es solo la carrera 3 judicial, sino la seguridad, la justicia y la libertad de millones de mexicanas y mexicanos”, señaló.

Jueces y magistrados denuncian actos contrarios en elección judicial

Esta no es la primera vez que la asociación de jueces y magistrados denuncian ante un organismo internacional hechos relacionados con la elección de personas juzgadoras.

El pasado mes de enero, la Jufed denunció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que en México se producen actos contrarios a la Constitución para “cooptar al Poder Judicial” a través de unas “elecciones viciadas”.

Desde Costa Rica, donde se ubica la sede del organismo, la directora de la Jufed, Juana Fuentes Velázquez, dio a conocer que sostuvo reuniones con integrantes de la Corte y de otras instituciones para fortalecer alianzas y defender la independencia del Poder Judicial.

“Día con día se acumulan violaciones a la ley de amparo y se producen actos contrarios a nuestra Constitución y a las convenciones internacionales, dirigidas a llevar a cabo el golpe de la independencia del Poder Judicial y su cooptación mediante elecciones no seguras y viciadas”, sostuvo la juzgadora a través de un mensaje.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Con la reforma judicial, el caso de la tesis de Esquivel no podrá investigarse: magistrado

Conforme a la reforma judicial, el caso del plagio de la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel Mossa no podría ser investigado por el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) por no tratarse de un tema vinculado directamente con su actividad jurisdiccional.

Así lo consideró en entrevista para Proceso el magistrado Jaime Santana Turral, actual candidato a ocupar un lugar en el TDJ y quien durante la administración del ministro en retiro Arturo Zaldívar, al frente del Poder Judicial de la Federación (PJF), fue secretario Ejecutivo de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

El TDJ, junto con el órgano de administración judicial, será uno de los que sustituirá al CJF a partir de septiembre próximo, conforme a la implementación de la reforma judicial.

Por primera vez, dicho órgano tendrá facultades para investigar y sancionar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes actualmente sólo pueden ser sancionados por algunas causales por la Contraloría del Máximo Tribunal.

Para Santana Turral, si las acusaciones contra Esquivel Mossa hubieran surgido después del inicio de funciones del TDJ, no sería procedente iniciar una investigación en su contra.

“Con la reforma judicial lo que se va a proteger es la impartición de justicia, eso es lo que se tiene que ventilar. Entonces en una opinión inicial o de manera muy preliminar considero que si la circunstancia (del supuesto plagio) no hubiese estado vinculada directamente con su ejercicio profesional, pudiera ser que hubiera estado en entredicho la admisibilidad de una denuncia de esas características”, comentó.

Denuncia empantanada

La denuncia contra Esquivel Mossa se encuentra empantanada en una consulta sometida por la ministra presidenta Norma Piña a sus compañeros en la SCJN debido a que nunca había sucedido que un integrante del Pleno fuera denunciado por hechos ocurridos más de 30 años antes de ser designado ministro.

En dicho expediente también se encuentra la denuncia presentada contra el ministro en retiro Arturo Zaldívar y sus excolaboradores acusados de presionar a juzgadores para emitir sentencias “a modo” y otra denuncia presentada contra Norma Piña por reunirse con magistrados electorales y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en diciembre de 2023.

Jaime Santana Turral detalló que en el CJF la Comisión que encabezó recibió diversas denuncias contra la administración del ahora ministro en retiro, Luis María Aguilar Morales, en el Poder Judicial, muy parecidas a la que fueron presentadas contra Zaldívar y sus excolaboradores.

Dichas denuncias eran anónimas y aunque relataban conductas escandalosas no acompañaban ninguna prueba, razón por la que dijo que, a diferencia de lo que ocurrió con la de Zaldívar, nunca se les dio trámite.

“Durante toda mi gestión, los cuatro años exactos en los cuales estuve al frente de esa responsabilidad nunca se pudo generar, nunca se inventó, ni se generó documento o denuncia falsa. Eso nunca existió. Todo está transparente, todo se puede ser revisable”, enfatizó.

“Este tipo de denuncias no son extrañas. En mi época como secretario ejecutivo en la Comisión de Disciplina hubo denuncias anónimas en contra de la administración del ministro Luis María Aguilar, en contra de mi antecesor también, pero tenían las mismas características: eran denuncias genéricas, anónimas, sin pruebas. De no haber sido anónimas el estándar de prueba es más bajo y el presidente del CJF podía ordenar las investigaciones, pero si no era así no se podía investigar, y así pasó con estas denuncias”.

El nombre Jaime Santana Turral fue mencionado en la denuncia contra Zaldívar porque supuestamente desde la Comisión que encabezaba se presionaba a jueces y magistrados para resolver casos conforme a los intereses del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, con quien el entonces ministro presidente de la Corte siempre se mantuvo cercano.

La ministra presidenta Norma Piña ordenó admitirla a trámite e iniciar investigaciones en el CJF contra los excolaboradores de quien fue su antecesor en la presidencia del Poder Judicial.

Sin pruebas

Zaldívar no podía ser investigado porque no existe, hasta ahora, ningún mecanismo que permita sancionar a los ministros o ministros en retiro de la Corte por parte del CJF.

“Fue una denuncia anónima y en términos de la Ley General de Responsabilidades , aunque sí se permiten estas denuncias, y de la normativa que regula este tema en el PJF, requiere una condicionante que es que debe estar sustentada en pruebas y no cualquier prueba, sino pruebas de carácter documental, de lo que adolecía esa denuncia”, explicó Santana Turral.

“De manera irregular no se señalaron circunstancias de tiempo, modo y lugar de las múltiples conductas que se señalaron, ponía a todos en ciertos cajones como que todos extorsionaron, presionaron, se aliaron a cierto bufete o a algún personaje político, de tal manera que en cada uno de esos cajones hacían imputaciones de carácter genérico”.

El magistrado fue señalado por “hacerle la vida imposible” a la magistrada Isabel Porras, quien supuestamente se habría negado a resolver conforme a las exigencias de Carlos Alpízar, excolaborador de Zaldívar, un amparo tramitado por el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, procesado penalmente en la administración de López Obrador por los casos Odebrecht y Agronitrogenados.

Sin embargo, Santana Turral afirma que esto nunca ocurrió e incluso se dijo amigo de la magistrada Porras.

“En el área en la cual yo me encontraba ella tenía algunos temas de procedimientos de responsabilidad, sin embargo, aunque en la normativa del Consejo no existe la figura del impedimento de los secretarios ejecutivos, yo solicité al entonces presidente que en todos los temas relacionados con la magistrada Porras se me excusara derivado de la amistad que tengo con ella. El presidente estuvo de acuerdo y lo sometió al Pleno del Consejo y me excusaron”, relató.

“Yo no tenía bajo ninguna circunstancia la posibilidad ni de favorecer, pero menos aún, de coaccionar, de presionar a mi amiga la magistrada Porras”.

Reconoció que al llegar a la Comisión de Disciplina advirtió a Zaldívar que dentro del PJF existían conductas graves que debían ser atendidas de manera urgente, como el acoso sexual, abusos, violaciones, sentencias irregulares, que permanecían ocultos en la institución o cuyos procedimientos disciplinarios llevaban años estancados.

Mal cálculo político

Para Santana Turral, la filtración de la denuncia contra Zaldívar a medios de comunicación pudo venir directamente de la ministra presidenta, Norma Piña.

“Si vemos el resultado de las cosas y cómo fue evolucionando este tema, pues yo tampoco podría dudar que ella (la ministra Piña) fue la que estuvo detrás de esta situación. Yo considero que eso pudo haber sido un tema de un mal cálculo político de la señora ministra de poder utilizar esta denuncia para tratar de perjudicar a Arturo Zaldívar quien ya estaba colaborando con Claudia Sheinbaum”, refirió.

“Yo creo que esto estaba más orientado a tratar de desprestigiar la campaña de la presidenta, ésa fue la lectura que yo le di en ese momento porque no encontraba justificación de por qué, esa denuncia refiere hechos de 2019 a 2022, cuatro años de conductas irregulares, donde nadie dijo nada”.

Recordó que en diciembre de 2023 la ministra Piña se reunió con los magistrados electorales Felipe de la Mata, Mónica Soto y Felipe Fuentes, así como con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno.

El 16 de mayo de 2024, Proceso informó que dicha reunión tenía como objetivo realizar una transición tranquila en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) luego de la renuncia de su presidente Reyes Rodríguez Mondragón y la elección exprés de Mónica Soto en su lugar, pero que la presencia de Alito Moreno no fue requerida por Piña Hernández.

Sin embargo, para Santana Turral la presencia del priista en dicha reunión confirma la teoría de que Piña filtró la denuncia contra Zaldívar para evitar que Claudia Sheinbaum llegara a la Presidencia de la República.

“Yo no veo otra finalidad distinta. En diciembre previo a este año se realizaron reuniones entre la ministra presidenta y otros actores políticos que no eran acordes al partido de la presidenta Sheinbaum”, apuntó.

La denuncia contra Zaldívar y sus excolaboradores fue desechada el pasado 4 de diciembre de 2024 por mayoría de votos de los consejeros de la Judicatura afines al gobierno federal: Celia Maya, Bernardo Bátiz, Sergio Javier Molina Martínez y Eva Verónica de Gyvés Zárate.

Esto, al resolver un recurso presentado por Carlos Alpízar, exsecretario técnico del CJF, en el que consideraron que la ministra Piña no debió admitir a trámite la denuncia por ser anónima y no traer pruebas.

Simpatizante de la 4T

El candidato a magistrado del TDJ se considera partidario de la 4T, aunque no está afiliado a ningún partido político, pero reconoció que comparte muchos de los ideales morenistas.

“El tema de los excesos, el tema de la prepotencia del servidor público, me parece que es inconcebible, es inaceptable”, indicó.

“Toda mi mi vida ha estado dedicada a que el servicio público se transforme y sea un servicio público cercano a la gente. No es un discurso, es la vida que yo he desarrollado durante ya 30 años en el Poder Judicial”.

Por ello, aunque él viene de la carrera judicial y reconoce que tiene beneficios, afirma que este mecanismo de designación de juzgadores no resolvió los problemas internos del PJF que lo tienen hoy en plena implementación de la reforma judicial impulsada por Morena.

“La soberbia que manejó al Poder Judicial durante décadas fue lo que nos puso un estado de desventaja donde la sociedad no estaba empatizada con nosotros. En cuanto se propuso a esta reforma al Poder Judicial de la Federación pues no había sociedad que pudiera respaldarnos, porque el Poder Judicial siempre estuvo alejado de la gente”, sentenció.

“Soy de carrera judicial, pero la carrera judicial no lo resolvió todo. La carrera judicial sí nos dotó de ciertas capacidades técnicas, pero no nos dotó de ninguna capacidad operativa ni ninguna capacidad de acercamiento con la sociedad. Nos deslegitimamos y por eso creo que el tema de la elección a través del voto popular nos puede dar la posibilidad de poder recuperar esa legitimación”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.

La reforma judicial es un primer intento y es perfectible: Yasmín Esquivel

En el contexto de una próxima campaña y elecciones judiciales, la ministra Yasmín Esquivel estuvo presente este viernes 21 de febrero en Mexicali como parte de su agenda de trabajo, donde fue cuestionada sobre la reforma al Poder Judicial Federal que pretende someter a votación popular la elección de jueces, magistrados y ministros. La ministra consideró que este ejercicio es perfectible y que debe incluirse a los sectores prioritarios.

Tras una conferencia privada en la que habló sobre las necesidades del nuevo Poder Judicial que se pretende instaurar con la elección judicial, la ministra ofreció una atención a los medios de comunicación, donde fue cuestionada sobre diversos temas, entre ellos, la integración de las boletas, la forma de votar y las carencias del planteamiento inicial del primer ejercicio electoral en la materia.

Consideró que dentro de la reforma judicial no se contemplaron las cuotas electorales derivadas de acciones afirmativas, salvo el tema de paridad. Sin embargo, a diferencia de los comicios de diputados, senadores, alcaldes, dirigentes de partidos e incluso gobernadores, en este proceso no se contempla la inclusión de personas de la comunidad LGBT, personas con discapacidad, juventudes, comunidades indígenas, entre otros elementos a considerar.

Aseguró que este es un primer ejercicio y que este tipo de elementos deben considerarse en los próximos procesos de votación. También destacó que el plan es realizar procesos de selección cada tres años.

Comentó que, de los más de 260 aspirantes a cargos en el Décimo Quinto Circuito, que corresponde a Baja California, hay jueces y magistrados con experiencia dentro del Poder Judicial, y la ciudadanía tendrá el derecho de decidir si los respalda o prefiere nuevos perfiles.

“Los trabajadores del Poder Judicial deben confiar en que el segundo transitorio respetará todos los derechos y prestaciones de las condiciones generales de trabajo. Inclusive, eleva las condiciones laborales. Las condiciones generales de trabajo están en el transitorio”, refirió ante las inquietudes de trabajadores de la institución que temen perder sus cargos y la carrera judicial.

Respecto a la posibilidad de que funcionarios de administraciones estatales puedan competir sin experiencia en el cargo, aseveró que hay una serie de evaluaciones que deberán cumplir. Si logran pasar y concluyen en la lista final, y son designados, tendrán el derecho de ocupar el cargo, siempre y cuando sean respaldados por el voto popular.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: EDUARDO VILLA.

Ricardo Monreal respalda denuncia a jueces que otorgaron suspensiones a reforma al Poder Judicial

“Es importante destacar que con esta resolución simplemente se deja a la organización electoral fluir de manera correcta y que no habrá obstáculos", señaló Monreal.

Luego de que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) autorizó denunciar ante la Fiscalía General de la República (FGR) a los dos jueces que autorizaron las suspensiones para frenar la reforma al Poder Judicial, Ricardo Monreal respaldó la denuncia ya que afirmó que la Corte actuó de forma indebida.

En conferencia de prensa, el legislador morenista explicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ni los juzgados, ni tribunales debieron conceder suspensiones a la reforma electoral, ya que sólo le compete al Tribunal Electoral.

“Para nosotros en el Poder Legislativo, la mayoría legislativa interpreta la Constitución que esta le concede al Tribunal Electoral facultad exclusiva para resolver temas electorales. Toda la materia electoral tiene que resolverla como única instancia el Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral tiene toda nuestra confianza y respaldo institucional.

“La Corte no debió haberse involucrado en este tipo de resoluciones. Ni juzgados de distrito, ni tribunales colegiados de circuito o unitarios debieron haber concedido suspensiones sobre la reforma en materia electoral; al único que le compete, al único que la Constitución le faculta, es al Tribunal Electoral… Creo que la Corte actuó de manera indebida, se entrometió, actuó de manera injerencista y desobedeció a la Constitución”, explicó.  

El diputado morenista resaltó que lo importante es que se deja a salvo que la elección para elegir juzgadores, funcionarios judiciales y está en proceso para que el Instituto Nacional Electoral (INE) organice y el Tribunal dirima cualquier diferencia que se suscite sobre el particular.

“Es importante destacar que con esta resolución simplemente se deja a la organización electoral fluir de manera correcta y que no habrá obstáculos, ni por jueces, ni por magistrados, ni por ninguna autoridad para obstaculizar. No habrá pues obstáculos para llevar a cabo la elección de juzgadores”, finalizó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CORTÉS.

El Consejo de la Judicatura Federal denunciará ante la FGR a jueces que han frenado la reforma judicial

Magistrados federales acusaron que los consejeros Bernardo Bátiz, Verónica de Gyvés, Celia Maya y Sergio Javier Molina, quienes integran la “mayoría oficialista”, acordaron dar vista a la FGR contra los jueces de Michoacán y Jalisco que dictaron esos fallos.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) denunciará ante la Fiscalía General de la República (FGR) a los jueces que han otorgado suspensiones y amparos para frenar la reforma judicial. 

Durante la conferencia matutina del Poder Judicial de la Federación (PJF), magistrados federales acusaron que los consejeros Bernardo Bátiz, Verónica de Gyvés, Celia Maya y Sergio Javier Molina, quienes integran la “mayoría oficialista”, acordaron dar vista a la FGR contra los jueces de Michoacán y Jalisco que dictaron esos fallos.

“Es increíble que el propio Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano que está llamado a garantizar nuestra independencia, a generar las condiciones propicias tanto materiales como de recursos humanos para que la justicia se cristalice y se materialice todos los días en este país, ahora resulta que va a ser también quien persiga a los jueces y a las juezas por tomar estas decisiones que además adoptan en ese libre albedrío”, señaló la magistrada Julia María del Carmen García González. 

La conferencia de este viernes fue la última que realizarán los juzgadores pues consideraron que el fallo emitido ayer por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) implicó la muerte de la República porque dio vía libre a la implementación de la reforma judicial.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.

“Lo que entiendo es que la reforma al Poder Judicial va”, dice Sheinbaum tras resolución de SCJN

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó, el 14 de febrero de 2025, que tras resolución tomada por mayoría de votos en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya no habría ningún obstáculo para llevar a cabo la reforma judicial, en la que se tiene contemplada la elección de jueces, magistrados y ministros.

“Lo que yo entiendo es que la reforma al Poder Judicial va. Esa es la resolución de la Corte. Es decir, o más bien, la reforma ya pasó”, comentó la ex titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, durante la conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

La titular del Poder Ejecutivo Federal dijo que fue “muy interesante” la resolución del Pleno de la SCJN, que aprobó, el 13 de febrero de 2025, el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, para restablecer el orden constitucional y declaró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no tenía competencia para invalidar suspensiones concedidas en juicios de amparo contra la reforma judicial y su implementación.

Además, la mandataria nacional afirmó que la reforma judicial “no tiene barrera de ningún tipo”, que sólo era un tema electoral. “En esencia, [el] primero de junio [de 2025], vamos a hacer historia”. Asimismo, comentó que la siguiente semana asistirían a la “mañanera del Pueblo”, para explicar el caso, Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea y Ernestina Godoy Ramos, titulares de la Coordinación General de Política y Gobierno de la Presidencia de la República, y, de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, respectivamente.

“Es decir, ya, la Corte reconoció que es un tema electoral, que las sanciones incluso que habían impuesto a algunos servidores públicos, no son procedentes, hasta donde yo entiendo verdad, porque les da creó 24, 48 horas, no sé, pero en esencia, el primero de junio, vamos a hacer historia, el pueblo de México va a hacer historia, porque por primera vez en México y quizá en el mundo, vamos a elegir a jueces, magistrados, ministros”, manifestó Sheinbaum Pardo.

La noche del 13 de febrero de 2025, tras la revocación de la SCJN a las suspensiones que jueces de amparo concedieron para detener la elección judicial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación indicó que la determinación del máximo tribunal constitucional fue coincidente con una sentencia previa, por lo que le dio la razón.

La Sala Superior del TEPJF explicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a los jueces de distrito corregir sus sentencias, lo que las dejó improcedentes en materia electoral. También indicó que debido a que las sentencias que emitía eran definitivas e inatacables, nunca se suspendió el proceso de elección judicial y siguió su curso, como lo preveía la Constitución.

“El TEPJF es la máxima autoridad en materia electoral y así fue reconocido por la SCJN. Asimismo, confirma que el amparo no procede en materia electoral, tal como ha sostenido este órgano jurisdiccional”, dijo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en un comunicado.

“Es necesario señalar que la SCJN ordenó a los jueces de distrito corregir sus propias sentencias, tomando en cuenta lo razonado en la sesión de su Pleno; es decir, que las suspensiones no proceden en materia electoral”, expuso el TEPJF.

Asimismo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aclaró que, como erróneamente habían considerado otras instancias, incluida la SCJN, no revocó las suspensiones de los jueces, sino que aplicó lo previsto en el artículo 41 constitucional, donde se establece que en materia electoral no proceden los amparos.

Por último, la Sala Superior del TEPJF reiteró que continuaría actuando como la máxima instancia en materia electoral y no admitiría intervenciones de otra autoridad judicial.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

“Elección judicial va y llegará a buen puerto”: presidenta del TEPJF presume que la SCJN le dio la razón

A modo de advertencia ante posibles conflictos con el Poder Judicial de la Federación (PJF) en el futuro, la presidenta del TEPJF aseveró que "cualquier intento de debilitarnos o someternos, implica un ataque a nuestro orden legal y a nuestra democracia: no lo permitiremos".

La presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Aralí Soto Fregoso, presumió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le dio la razón, al reconocer que los amparos no aplican en materia electoral, y sostuvo que la elección judicial "va y llegará a buen puerto". 

En la ceremonia de informe de labores de la Sala Ciudad de México, la magistrada reiteró que el TEPJF tiene "el mismo rango constitucional que la Suprema Corte" y que no está subordinado a "ninguna autoridad jurisdiccional".

"Esto no significa tampoco que busquemos asumirnos como entes superiores jerárquicos de ninguna otra autoridad jurisdiccional", dijo Soto, cuyo grupo de magistrados en la Sala Superior se enfrentó con jueces de distrito que emitieron suspensiones contra el proceso electoral de jueces, magistrados y ministros de la SCJN, que culminará con las elecciones del próximo 1 de junio. 

A modo de advertencia ante posibles conflictos con el Poder Judicial de la Federación (PJF) en el futuro, la presidenta del TEPJF aseveró que "cualquier intento de debilitarnos o someternos, implica un ataque a nuestro orden legal y a nuestra democracia: no lo permitiremos".

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.

SCJN: Sentencias del TEPJF deben ser consideradas como 'opiniones'; no tienen facultad constitucional y legal

La SCJN recordó que el 15 de septiembre de 2024, durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se publicó el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución mexicana en materia de reforma del Poder Judicial.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México ordenó este jueves, que en un plazo de 24 horas, se revoquen todas las suspensiones definitivas emitidas contra la reforma judicial para frenar el proceso electoral extraordinario previsto para el 1 de junio

Además, sobre las suspensiones concedidas dentro de diversos juicios de amparo por jueces y juezas de distrito en contra de la implementación de la reforma judicial, determinó que dichas suspensiones “sólo pueden ser confirmadas, modificadas o revocadas por los Tribunales Colegiados de Circuito o la propia Suprema Corte, al ser quienes cuentan con esa facultad constitucional y legal“.

Por lo tanto, dijo, “las sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) –en las que determinó como inválidas las referidas suspensiones–, deben ser consideradas como opiniones, que no tienen la capacidad de invalidar órdenes de suspensión en juicios de amparo”.

La SCJN recordó que el 15 de septiembre de 2024, durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se publicó el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución mexicana en materia de reforma del Poder Judicial.

Apuntó que dicha reforma fue impugnada a través de diversos juicios de amparo, en varios de los cuales se ha ordenado la suspensión de los efectos de algunas partes de la reforma judicial.

Pero debido a ello, distintas autoridades, entre ellas, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Senado mexicano, promovieron diversas instancias ante la Sala Superior del TEPJF, la que definió que las suspensiones de amparo eran inválidas y dictadas por autoridad incompetente.

Al respecto, la SCJN resolvió que en el Estado de Derecho “no tienen cabida este tipo de autoafirmaciones competenciales por parte de autoridad alguna“. La Sala Superior “no puede erigirse como órgano supervisor de los jueces de amparo y menos aún para negarle fuerza de derecho a sus determinaciones, aunado a que, con sus sentencias, interfirió en la independencia judicial de los jueces de amparo”.

La Sala Superior del TEPJF “no tiene facultad constitucional ni legal alguna para supervisar a los jueces de amparo y menos aún para negarle fuerza de derecho a sus determinaciones”, señaló la SCJN.

Ante ello, la SCJN ordenó a las personas juzgadoras de distrito que hayan emitido suspensiones en contra de la implementación de la reforma judicial que revisen de oficio sus autos de suspensión.

México se encamina este año a su primera elección en las urnas de los jueces, magistrados, la Suprema Corte, el Tribunal Electoral y el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial tras promulgarse la reforma constitucional al Poder Judicial el 15 de septiembre pasado.

COMUNICADO DE LA SCJN:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.