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Estamos matando a nuestros jóvenes

El reclutamiento forzado por parte del crimen organizado se ha convertido en una tragedia silenciosa en México, donde miles de jóvenes son engañados y trasladados desde diversos estados para alimentar enfrentamientos en zonas como Sinaloa, una problemática agravada por más de 20,480 homicidios anuales en población de 15 a 44 años y por la falta de una coordinación interestatal efectiva entre fiscalías para rescatar a las víctimas, investigar las rutas de explotación y desmantelar las redes financieras que sostienen esta red criminal

En México estamos perdiendo a miles de jóvenes a manos de la violencia y el crimen organizado. El reclutamiento forzado muestra hasta dónde llega ese abandono. Hoy, grupos armados se los llevan de otros estados para alimentar la guerra en lugares como Sinaloa.

Lo peor es que esto no provoca un escándalo. El gobierno tampoco trata esta tragedia como una prioridad nacional ni persigue a quienes sostienen esas redes. Lo mínimo sería que la Federación y los estados se coordinaran para rescatar a las víctimas antes de que las maten.

LOS ESTAMOS PERDIENDO

El INEGI registró 20 mil 480 homicidios de personas de 15 a 44 años durante 2025. Son 56 víctimas diarias y casi siete de cada diez asesinatos. Entre los 25 y 44 años, el homicidio encabezó las causas de muerte. Entre los 15 y 24 ocupó el segundo lugar.

En 2017 ya era la principal causa entre los 15 y 44 años. Han pasado tres presidentes y seguimos enterrando a miles de personas, sobre todo jóvenes. Ni siquiera esa cantidad de muertos lleva a las autoridades a revisar qué está fallando y actuar para detenerlo.

Y es que las redes de reclutamiento forzado alimentan parte de esta violencia. Los grupos criminales necesitan reemplazar a quienes mueren en los enfrentamientos y buscan gente fuera de los territorios que disputan. Así se llevan a jóvenes cuyas familias viven lejos de la guerra en la que los obligan a pelear.

LOS LLEVAN A MATAR

Miriam Ramírez reconstruyó para El Universal rutas de reclutamiento hacia Sinaloa. Una empieza en Jalisco y pasa por campamentos de entrenamiento en Zacatecas. Después trasladan a las víctimas al territorio donde se enfrentan Los Chapitos y La Mayiza.

El reportaje recoge el caso de Gerardo, albañil de Tlajomulco, engañado con un empleo en Colima. Terminó en la sierra de Sinaloa. Su hermana denunció la desaparición e insistió durante meses para que lo rescataran. La familia recibió después la noticia de su muerte en un ataque con dron.

Esa historia muestra el costo de no hacer nada, porque el joven siguió comunicándose desde el cautiverio. Su familia sabía que estaba vivo y pedía ayuda. Pasaron los meses sin que lo rescataran.

El 10 de noviembre, Sheinbaum atribuyó a sus programas una reducción del ingreso de jóvenes a grupos criminales. Harfuch informó sobre detenciones de reclutadores. Pero esas respuestas dejan fuera a quienes son llevados por la fuerza y siguen esperando un rescate.

QUITARLE GENTE AL CRIMEN

La Cámara de Diputados aprobó el 20 de octubre castigar el reclutamiento forzado con penas de quince a veinticinco años. La reforma sigue pendiente en el Senado. Aumentar las penas exige también investigar y detener a los responsables. Estas redes atraviesan varios estados y las autoridades siguen sin coordinarse para perseguirlas.

La FGR y las fiscalías estatales necesitan investigar las rutas completas de reclutamiento. Una denuncia de desaparición debe servir para localizar a la víctima y llegar a quienes la trasladaron, sin que la investigación se detenga en la frontera entre estados.

También hay que perseguir a quienes financian los campamentos. Mantener armados y alimentados a los reclutados cuesta dinero y requiere complicidad de autoridades locales. Dejar intactos esos recursos y alianzas permite que los criminales vuelvan a llenar sus filas con vidas inocentes.

FUENTE/MEDIO: EMEEQUIS (ESPECIAL)
AUTOR: JUAN ORTIZ (LUPA LEGISLATIVA)
ENLACE: https://emeequis.com/analisis/estamos-matando-a-nuestros-jovenes/

Aprueban sancionar el reclutamiento forzado con hasta 25 años de cárcel

El dictamen fue aprobado en la Cámara de Diputados con apoyo de todos los grupos parlamentarios

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 419 votos un dictamen que sanciona el reclutamiento forzado de personas con penas de hasta 25 años de prisión.

El proyecto adiciona el Capítulo II Bis a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y fue enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

La nueva legislación establece sanciones de diez a veinte años de cárcel para quien induzca o incorpore a personas a grupos delictivos por medios impresos o electrónicos. Asimismo, el dictamen incrementó la pena de quince a veinticinco años de prisión cuando exista intimidación, coacción o abuso de poder, clasificando cualquier captación de menores de edad directamente como reclutamiento forzado.


El Pleno contempló aumentos de la sanción de hasta una mitad cuando los responsables sean servidores públicos, exintegrantes de fuerzas armadas o empleen capacitación de seguridad privada.

De igual forma, el texto legislativo incluyó ese mismo agravante para agresiones contra personas indígenas, afromexicanas o en movilidad humana, además de ordenar la destitución e inhabilitación de funcionarios públicos involucrados.

La diputada Elena Edith Segura Trejo, de Morena, afirmó que la reforma resuelve un vacío jurídico histórico que dificultaba investigar la captación criminal.


Por su parte, representantes del PAN, PVEM y PT destacaron que la norma cerrará espacios a la impunidad y evitará que la infancia sea utilizada como instrumento de las organizaciones delictivas.


Los representantes de las bancadas del PRI y Movimiento Ciudadano respaldaron el acuerdo unánime al señalar que la ley brindará herramientas claras a las fiscalías para perseguir este delito. Finalmente, la Cámara de Diputados fijó un plazo de ciento ochenta días naturales para que las legislaturas de las entidades federativas armonicen sus leyes locales con el nuevo decreto federal.


FUENTE/MEDIO: ARISTEGUI NOTICIAS.

Un iPhone, una troca y una promesa: el reclutamiento forzado de menores de edad en Michoacán

La captura de niños y adolescentes por el crimen organizado en Michoacán se ha sostenido durante las últimas dos décadas. En 2025 se registraron mil 746 hombres y mil 748 mujeres menores de edad como víctimas, con Zamora, Morelia, Uruapan y Jacona como municipios de alta incidencia

El sonido de las balas irrumpió en la localidad Rodeo del Pinal, en el municipio de Tocumbo, el 30 de agosto último. A Jesús Chuchito Nini la vida se le escapó por la carne herida cuando, en la refriega, fue alcanzado por los disparos. El operativo de las fuerzas de seguridad federales y estatales para capturar a su tío, Enrique Barragán Chávez, El R5, uno de los cabecillas del cártel de Los Reyes, cobró la vida de ambos.

A sus 15 años, Chuchito Nini ya fungía como lugarteniente y jefe de escoltas del R5. Su caso es uno más en la participación de niñas, niños y adolescentes dentro de los grupos del crimen organizado en Michoacán, y es evidencia de cómo el reclutamiento forzado de menores ha prevalecido durante las dos últimas décadas en el estado.

Para 2025, la Secretaría de Gobernación, en su Informe Anual del Mecanismo Estratégico del Reclutamiento y Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes por Grupos Delictivos y la Delincuencia Organizada en Zonas de Alta Incidencia Delictiva en México, consignó mil 746 hombres y mil 748 mujeres menores de edad como víctimas de este fenómeno en Michoacán, con Zamora, Morelia, Uruapan y Jacona como municipios de alta incidencia.

Frente al caso de Chuchito Nini, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla reconoció que en Michoacán “existen casos” de reclutamiento forzado, aunque buscó minimizarlos al señalar que algunos menores se incorporan voluntariamente a los grupos delictivos.

Julio César Franco Gutiérrez, del Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán (OSHRA), recuerda que todo reclutamiento de niñas, niños y adolescentes es forzado, “porque recordemos que no existe consentimiento aceptable en el caso de menores de edad para su participación con grupos delictivos”.

En este rango poblacional el crimen organizado ha encontrado “una cantera muy útil para sus intereses”, refiere Franco, esto debido en parte a las reformas implementadas en 2008 al sistema penal, que dieron pie a la Ley Federal de Justicia para Adolescentes en 2012, y posteriormente, en 2016, a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

El activista lamenta: “Si bien se establece una serie de principios garantistas hacia este sector poblacional que en teoría son muy buenos, en la práctica la delincuencia ha echado mano de ellos”. Subraya que esto demuestra la sofisticación del crimen organizado para analizar los marcos legales y hacer uso, a su conveniencia, de los mismos.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 40 de la revista Proceso correspondiente a octubre de 2026. LINK PARA OBTENER EL EJEMPLAR DIGITAL: https://proceso.pressreader.com/

FUENTE/MEDIO: PROCESO.

Homicidio de alcalde de Uruapan impulsa tipificación del reclutamiento infantil: Redim

Las niñas, niños y adolescentes aunque deben responder ante la ley, su situación debe considerarse desde la protección de derechos.

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) pidió a las autoridades del país avanzar en la tipificación específica del delito de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de organizaciones criminales.

Esto, luego del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, en el que un joven de 17 años aparece como presunto implicado.

La organización manifestó su preocupación por el caso y afirmó que constituye un ejemplo de la crisis de violencia que afecta a la niñez y adolescencia en México.

“El presunto perpetrador fue un adolescente de 17 años de edad”, expresó, y advirtió que este hecho revela fallas profundas en las políticas públicas de prevención y atención dirigidas a este grupo de la población.

Redim insistió en que el uso de adolescentes como sicarios pone en evidencia la vulnerabilidad en la que viven miles de menores en el país.

De acuerdo con su análisis, hasta 250 mil niñas, niños y adolescentes enfrentarían riesgos de ser reclutados por la delincuencia organizada, con especial incidencia en entidades como Michoacán.

Además, subraya que estos jóvenes no solo se ven inmersos en actividades ilícitas, sino que también provienen de contextos marcados por desigualdad, discriminación y falta de oportunidades.

“Las y los adolescentes que cometen delitos son, ante todo y como lo ha señalado el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, víctimas: de la violencia estructural que los utiliza como una herramienta desechable”, indicó la Red.

En su comunicado recalcó que, aunque deben responder ante la ley, su situación debe considerarse desde la protección de derechos.

Además, la organización lamentó la divulgación del nombre, la imagen y otros datos personales del adolescente detenido en este caso, tanto por algunos medios como por autoridades de Michoacán.

Señaló que estas acciones constituyen una violación a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a estándares internacionales de justicia para personas menores de edad.

Difundir esta información, señaló, revictimiza y fomenta la estigmatización, en lugar de un enfoque de justicia restaurativa que contribuya a su reintegración social.

Redim reiteró que la prevención del reclutamiento forzado debe colocarse como una prioridad en la agenda pública.

“Urgimos (…) a tipificar de manera específica el delito de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, sin caer en tentaciones de disminuir la edad de imputabilidad y reconociéndoles como víctimas y como sujetos de derechos”, apuntó.

También llamó a fortalecer la protección integral de la niñez y adolescencia como vía para disminuir la incidencia del crimen organizado en sus comunidades.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Redim alerta por trata y reclutamiento de menores de edad en Veracruz

En los últimos 10 años se registraron oficialmente 22 casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de utilización por agrupaciones delictivas en Veracruz.

Veracruz se ha convertido en “territorio estratégico y de alto riesgo” para la trata y el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes (NNA) por parte del crimen organizado, indicó este martes la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

La Redim -que integra a 75 organizaciones que desarrollan programas en favor de menores en situaciones de vulnerabilidad, junto con el Centro de Estudios Sociales Antonio Montesinos (CAM) y con apoyo de la Unión Europea- presentó el análisis de contexto ‘Infancia cuenta en Veracruz’, un estudio que documenta la magnitud, riesgos y dinámicas de la trata y el reclutamiento de NNA en el estado.

La investigación muestra que la ubicación geográfica de Veracruz lo convierte en un “corredor clave para el tráfico de drogas, armas y personas”, lo cual ha derivado en la disputa territorial de al menos quince grupos criminales que operan en el estado y municipios como Minatitlán, Acayucan, Coatzacoalcos y Poza Rica y que han sido identificados como focos de violencia y de reclutamiento forzado de adolescentes.

El informe reveló que, entre los años 2015 y 2025, “se registraron oficialmente 22 casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de utilización por agrupaciones delictivas” en Veracruz.

Además, el documento registró 32 víctimas de trata de personas menores de 18 años, que fueron utilizadas en actividades como explotación sexual, trabajo forzado, halconeo, transporte de drogas, sicariato y mendicidad forzada.

Sin embargo, la Redim señaló que estas cifras “son apenas un reflejo de una problemática mucho mayor, pues no existen registros oficiales específicos sobre reclutamiento, lo que limita las posibilidades de prevención y atención”.

“En muchos casos, los adolescentes son privados de la libertad tras ser obligados a participar en delitos graves, mientras que las niñas enfrentan mayor riesgo de trata con fines de explotación sexual“, apuntó el texto.

El informe también señala que la pobreza estructural, la desigualdad, la violencia familiar, la falta de oportunidades educativas y la negligencia institucional aumentan la vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes veracruzanos.

“A ello se suma la influencia de la ‘narco-cultura’ que romantiza la criminalidad y la construcción de masculinidades violentas que refuerzan estas dinámicas”, señaló el documento.

El estudio apuntó “graves deficiencias” en la respuesta institucional: exceso de burocracia, ausencia de un programa estatal específico, falta de coordinación interinstitucional y tendencia a criminalizar a las víctimas. Estas limitaciones dificultan garantizar justicia y protección a la infancia veracruzana, añade el informe.

Ante este escenario, la Redim y el CAM llamaron a las autoridades estatales y federales, entre otros actores, a establecer un protocolo especial para la detección y atención de víctimas de reclutamiento y trata, así como fortalecer la prevención desde la escuela y la comunidad, con programas que atiendan factores estructurales y culturales.

Las entidades hacen un llamado para capacitar a autoridades en la identificación de casos, que eviten la revictimización, se cree un programa estatal específico para prevenir, sancionar y erradicar estos delitos y se garantice la participación de niñas, niños y adolescentes en el diseño de políticas públicas que los afectan.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Madre recupera a hijo desaparecido en hallazgo de campo de adiestramiento

Una madre localizó a su hijo entre los detenidos en un operativo federal contra el CJNG en el municipio Rincón de Romos. El joven, desaparecido meses atrás tras aceptar un trabajo, apareció con signos de tortura. Colectivos de búsqueda denuncian reclutamiento forzado.

Las revelaciones hechas durante la audiencia de vinculación a proceso de 18 jóvenes detenidos en un operativo federal, realizado el 26 de julio último en la sierra de Pabellón de Hidalgo, municipio de Rincón de Romos, apuntaron por primera vez a la existencia de un “campamento de adiestramiento” atribuido al crimen organizado en Aguascalientes, un hecho sin precedentes en el estado. 

La noticia del caso (y la ola de violencia que originó) han cimbrado a la entidad, que presume ser una de las más seguras del país.

El lugar fue nombrado expresamente como campo de adiestramiento por el Ministerio Público Federal y la defensa de los acusados durante la audiencia judicial celebrada el 1 de agosto último. Hasta entonces, las autoridades no habían detallado de qué tipo de espacio se trataba, aunque el fiscal estatal, Manuel Alonso García, dijo, vagamente, que en el campamento se realizaban labores de vigilancia por parte de un grupo criminal.

El hallazgo incluyó un arsenal de armas largas, cartuchos, cargadores, un lanzagranadas, chalecos antibalas con las siglas “CJNG” y una bolsa de plástico con un bloque de 742.5 gramos de clorhidrato de cocaína; así como objetos personales, alimentos, utensilios de cocina y mochilas. Entre los detenidos hay dos colombianos, uno de ellos, de acuerdo con su esposa, también tiene nacionalidad venezolana, así como personas originarias de municipios de Michoacán, Guanajuato y Coahuila. 

Entre los detenidos también hay dos menores de edad y al menos cuatro que tenían ficha de desaparición reciente: Felipe de Jesús Hernández Valdivia, de 39 años, y Emanuel Núñez, de 28, desaparecidos el 28 de mayo de este año en circunstancias aún desconocidas; Arturo Sebastián García Yáñez, de 22 años, desaparecido el pasado 29 de mayo, y Carlos Antonio Esparza Medina, de 18 años, desaparecido el 23 de junio.

Carlos Antonio había aceptado un trabajo como staff en una clínica de rehabilitación en Guadalajara cuando su familia perdió contacto con él, según lo señalado por Cynthia Medina, su madre, que forma parte del Colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia.
El sábado, cuando vi la foto de los detenidos, vi que era mi hijo –cuenta la señora Medina llorando. Tenía el ojo hinchado. Sentí felicidad por saber que estaba vivo, que está completo, no sabía todo lo que se venía, no visualicé todo el problema en el que está él ahora, que lo están tratando como un criminal. El domingo en la noche lo pude ver menos de cinco minutos, estaba muy golpeado, irreconocible de su rostro hinchado, muy sucio, muy mal, estaba llorando. Verlo así me acabó. Él me dijo que en el momento de la detención estaba desarmado.
Las versiones oficiales sobre cómo se detectó el campamento difieren: mientras el fiscal estatal asegura que se debió a “denuncias anónimas” recibidas semanas atrás, el Ministerio Público Federal expuso que el operativo se activó después de que un helicóptero de seguridad fue atacado desde el campamento.

Fuentes federales aseguraron a Proceso que el despliegue fue motivado por la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Zacatecas ese mismo día.

La respuesta al hallazgo fue una ola de violencia en todo el estado que tomó por sorpresa a las autoridades. Incluyó la quema de cinco tiendas de conveniencia y un depósito de cerveza, así como una decena de automotores incendiados, entre ellos tráileres, camiones, una combi del transporte público foráneo y un camión del transporte público urbano. 

Los incendios bloquearon tres carreteras federales y otras estatales. También se reportó el hallazgo de dos cuerpos calcinados en los límites entre los municipios de Tepezalá y Pabellón de Arteaga, al norte de la entidad.

Y aunque la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y la fiscalía local anunciaron la detención de nueve personas por los hechos violentos, sólo dos están presuntamente implicadas con los incendios. Las siete restantes fueron detenidas por la posesión de diversas cantidades de droga.

Esa violencia, sin embargo, no es nueva. Desde 2023 (el primer año de la administración de la panista Teresa Jiménez Esquivel) la población ha vivido el recrudecimiento de la delincuencia con el crecimiento en 72.1% de la tasa de incidencia delictiva y de 28.4% en la de prevalencia delictiva, indican datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe). 

Los porcentajes colocaron a Aguascalientes, por primera vez, entre los tres estados del país con mayores incrementos en tasas de inseguridad. 

Las desapariciones también han aumentado en el estado, así como las extorsiones y el cobro de piso.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, los casos aumentaron en 2024, cuando pasaron de 39 en 2023 a 135. En lo que va de 2025 se han reportado 73 casos. La mayoría son hombres entre 15 y 49 años.

 Los municipios con mayores cifras son la capital del estado, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo y Pabellón de Arteaga.

Tortura y desamparo

Yuridia Bello Camacho, jueza de distrito encargada de la vinculación a proceso, solicitó abrir una carpeta de investigación por las lesiones que presentaron los detenidos, como quemaduras y golpes en el rostro y cuerpo. Uno de ellos será examinado por posibles daños graves en el riñón y otro recibió un disparo en la pierna.

De acuerdo con familiares de los jóvenes, durante la primera parte de la audiencia, realizada a inicios de la semana pasada, se denunció que estuvieron privados de su libertad de dos a cuatro horas desde su detención y hasta que fueron presentados ante las autoridades judiciales.

Pese a la solicitud del abogado de uno de los detenidos para que comparecieran nueve policías estatales, nueve militares y un miembro de la Guardia Nacional que, dijo, fueron los responsables de las aprehensiones, ninguno asistió a declarar. 

Los detenidos fueron vinculados a proceso por los delitos de acopio de armas, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, posesión de cartuchos y cargadores, asociación delictuosa y delitos contra la salud; cinco de ellos tienen agravantes por, presuntamente, haber disparado a elementos federales.

Durante la audiencia, el Ministerio Público Federal solicitó distribuir a los jóvenes detenidos entre los penales federales de Guanajuato, Michoacán y Chiapas “atendiendo a las circunstancias de los hechos y su probable relación con un grupo delictivo, para prevenir que puedan tomar control carcelario del penal estatal”. La solicitud fue aceptada por la jueza. El plazo para el traslado vence el 18 de agosto próximo.

Esa decisión generó angustia entre las familias de los detenidos, quienes enfrentan condiciones económicas precarias. Algunas madres denunciaron que sus hijos habían sido reportados como desaparecidos desde meses antes, otras que fueron engañados con ofertas de empleo como soldadores o balconeros.

“¿Cómo voy a ir hasta Chiapas? No sé ni siquiera dónde está. Apenas tenemos dinero para mantener la casa”, dijo Verónica Torres, tía de Javier Zapata Solís, de 22 años, que antes de ser detenido se dedicaba a recoger plástico y otros artículos de los contenedores de basura para luego venderlos. Ella dejó de saber de él desde mayo de este año. 

Entre los argumentos para permitir el traslado a penales federales, la jueza detalló las calificaciones reprobatorias que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha dado al centro de reclusión de Aguascalientes en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, sobre todo desde 2022. 

Entre los puntos por los cuales se han dado tales calificaciones están la falta de prevención de violaciones a los derechos humanos y de atención en caso de detección, hacinamiento, insuficiencia de programas para la prevención y de atención a incidentes violentos, entre otras.

Esas deficiencias fueron palpables en 2023, cuando se registró el presunto suicidio de seis internos del penal. A inicios de ese año, la CNDH emitió la recomendación 252/2023 a la entidad por “deficiencias en la atención médica de personas privadas de la libertad, revisiones indignas a visitantes y falta de personal de seguridad en los tres centros penitenciarios”. Pero las autoridades estatales la tildaron de golpeteo político.

“Hasta ustedes van a estar más seguros en un centro federal, hay cámaras en todos lados”, dijo la jueza.

Reclutamiento, una realidad negada: Colectivo de Búsqueda

Desde que las madres buscadoras identificaron a sus hijos desaparecidos en las fotografías filtradas del operativo y la lista de los nombres de los detenidos, que también se filtró, el Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSGA), que acompaña las labores del Colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia, denunció que en años recientes han recibido reportes de jóvenes desaparecidos tras haber aceptado una oferta de empleo.

“En los inicios de año reportamos el reclutamiento forzado, cobro de piso y cuota por seguridad que ha sido confirmado en lugares como el Agropecuario. Hoy las madres ya no solamente están buscando en los servicios médicos forenses, en los campos o en los anexos, también tienen que estar buscando en el Poder Judicial o en los Ministerios Públicos porque sus hijos o familiares desaparecidos, además de ser víctimas de este tipo de violencias que son responsabilidad de las autoridades, están siendo tratados como victimarios. Necesitamos una sociedad responsable y empática que proteja a las juventudes”, dijo Mariana Ávila Montejano, coordinadora del OVSGA, durante una rueda de prensa en la que participaron madres buscadoras.
A mi hijo lo sacaron de mi casa –agrega–, la destrozaron, se lo llevaron a rastras, golpeado. El señor fiscal no puede decir que no hay desaparición forzada, el señor fiscal no puede decir que no existe, las autoridades lo saben perfectamente porque nosotras hemos ido a ponerle la carpeta frente a su escritorio, lo saben. No podemos cerrar los ojos ante una situación que está más que vista. 
Olivia Muñoz Campos, madre de Edgar Alfredo Quezada Muñoz, desaparecido el 27 de septiembre de 2022, asegura a que la desaparición de su hijo no fue por decisión propia.

Lorena Guerrero Márquez, suegra de Víctor Manuel Ocón Ramírez, desaparecido el 13 de diciembre de 2023, también denunció que hombres no identificados entraron a su casa y se lo llevaron.

“Compañeras de Michoacán, de Jalisco, hasta de Oaxaca, estuvieron preguntando los nombres de las personas que fueron detenidas. La desaparición es un problema grave en Zacatecas y en Jalisco, pero en Aguascalientes poco se habla del tema, no se reconoce. Todas las personas que llegan a ser reclutadas también son víctimas de un problema muy grave que le ocurre a México”, dijo en entrevista Javier Espinosa, vocero del Colectivo Maverick en Aguascalientes y coordinador de la Unión y Red Nacional de Búsqueda de Personas.

Pese a ello, el fiscal estatal negó la problemática argumentando que los jóvenes deciden trabajar con los cárteles y desaparecen por decisión propia, o que deciden irse de sus hogares sin que nadie los obligue. 

Sin embargo, la propia fiscalía estatal había reconocido anteriormente la problemática. 

En abril último, Vicente Junior Acevedo Navarro, titular de la fiscalía Especializada en Materia de Desaparición y Localización de Personas de Aguascalientes, reveló que dos jóvenes originarios del estado aceptaron una falsa oferta de empleo y los trasladaron a Nayarit, donde fueron privados de su libertad.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MÓNICA CERBÓN.

Narco mexicano alimenta filas de "pollitos de colores" con niños cada vez más jóvenes

Reuters habló con 10 "pollitos" en activo, seis "expollitos", así como cuatro miembros de cárteles, quienes confirmaron que reclutan a jóvenes cada vez más pequeños, incluso niños.

Cuando tenía 12 años, Sol, junto con otros seis menores de edad, cometió su primer asesinato para un cartel mexicano. Unos meses antes había sido reclutada para engrosar las filas de los “pollitos de colores” y ascender rápidamente en una red criminal.

Adicta a la metanfetamina desde los nueve años, la ahora estudiante de 20 años contó que fue enrolada en la organización por un conocido mientras vendía rosas a las afueras de un bar. Comenzó como “halcona” (espía), pero pasó velozmente a secuestrar, torturar y matar por encargo.

Al cártel le gustaba su entusiasmo infantil por aprender nuevas habilidades, su lealtad incondicional y, quizás lo más importante, que su condición de menor de edad la protegía de un castigo severo si la policía la atrapaba, pero además aprovechó su vulnerabilidad como una niña marginada, pobre y abandonada.

“Obedecía al jefe ciegamente”, dijo Sol a Reuters en un centro de ayuda a jóvenes en riesgo en el centro de México, donde intenta rehacer su vida para luego irse a vivir junto con su madre. “Pensé que me querían”.

La joven se negó a revelar cuántas personas mató durante su tiempo en el cártel, pero narró que cuando tenía 16 años fue arrestada por secuestro agravado —su único cargo penal— y puesta en un centro de detención juvenil por tres años y medio.

Abogados consultados por Reuters dijeron que este es un delito con una pena de entre 50 y 100 años cuando es cometido por un adulto.

Reuters mantiene en reserva el nombre completo de Sol así como el del cartel para el que trabajó por varios años, incluso liderando una pequeña célula, y también su ubicación.

La agencia de noticias no pudo verificar de forma independiente los detalles narrados por ella, pero representantes del centro de apoyo donde habita respaldaron su relato.

Expertos en seguridad dijeron que los niños, como en su momento Sol, son víctimas de una estrategia deliberada de los grupos del crimen organizado mexicano para reclutar a menores en sus filas, aprovechándose de su necesidad de pertenecer a algo similar a una familia, de protección, amor y reconocimiento social.

Entre miembros de los cárteles se les conoce como “pollitos de colores”, en referencia a los pollitos coloridos que hasta hace pocos años eran vendidos en ferias y mercados populares del país. Eran baratos, brillantes y vivían poco por la toxicidad de los productos con que los pigmentaban. Desde hace un tiempo en muchos estados del país quedó prohibido colorear las aves.

Reuters habló con 10 “pollitos” en activo, seis “expollitos”, así como cuatro miembros de cárteles, quienes confirmaron que reclutan a jóvenes cada vez más pequeños, incluso niños. Los preparan principalmente para ser sicarios, “halcones”, o ir al frente, pues “si no sirven para matar, servirán para que los maten”, dijo uno de ellos.

Sus experiencias revelan la creciente brutalización de la sociedad mexicana y el fracaso de las autoridades del país para abordar no solo la creciente influencia territorial de los cárteles, sino también su amplio arraigo cultural y la facilidad para atraer generaciones cada vez más jóvenes.

La presidencia de México, la Secretaría de Gobernación y la institución encargada de programas en apoyo a niñas, niños y adolescentes, DIF, de México no respondieron a las solicitudes de comentarios de Reuters sobre lo dicho por expertos.

La agencia de noticias contactó a miembros activos de los cárteles a través de Facebook y TikTok. Muchos compartieron fotos de ellos mismos sosteniendo rifles; uno tenía una gorra con un pollo de dibujos animados disparando armas automáticas, en referencia a los “pollitos de colores”. Tenían entre 14 y 17 años.

La mayoría de ellos dijo haber sido reclutados por familiares o amigos, uniéndose principalmente por el deseo de pertenecer a algo. Muchos ya luchaban contra sus propias adicciones a las drogas como la metanfetamina, sobre todo a la letal y adictiva droga conocida como “cristal”.

“Te unes con tu sentencia de muerte firmada”, dijo un adolescente de 14 años que ha trabajado para un cártel durante ocho meses y quien pidió el anonimato para protegerse. “Pero vale la pena”, agregó. Ahora, aseguró, no pasa hambre y tiene un sentido de familia.

Políticas fallidas

Aunque 15 expertos en seguridad y miembros de los cárteles afirman que el reclutamiento infantil es cada vez más común, la falta de datos concretos dificulta el seguimiento del problema.

La Oficina de Asuntos Laborales Internacionales del Gobierno estadounidense estima que unos 30,000 niños se han unido a grupos criminales en México. Grupos de defensa afirman que el número de niños vulnerables propensos a ser reclutados llega a 200,000.

No está claro cómo han cambiado las cifras con el tiempo, no obstante expertos afirman que los niños reclutados son cada vez más jóvenes.

Un informe gubernamental sobre el reclutamiento de niños por parte de cárteles, publicado el año pasado, reveló que menores de tan solo seis años se han unido al crimen organizado y también destacó el creciente uso de la tecnología, como los videojuegos y las redes sociales, para atraerlos.

El informe indicó que el 70% de los adolescentes reclutados por los cárteles crecieron rodeados de altos niveles de violencia extrema.

En 2021, autoridades mexicanas interceptaron a tres niños de entre 11 y 14 años en el estado de Oaxaca, quienes, según dijeron, estaban a punto de unirse a un cártel.

Desde entonces, la Guardia Nacional de México ha emitido directrices sobre el uso seguro de videojuegos, mientras que una propuesta legislativa se encuentra actualmente en la Cámara de Diputados para criminalizar la glorificación cultural del crimen en la música, la televisión y los videojuegos.

“Vemos que cada vez más (grupos criminales) cooptan desde edades más tempranas (…) ha crecido -este fenómeno- junto con las tecnologías”, dijo a Reuters Dulce Leal, directora de Incidencia y Política Pública de la organización Reinserta, dedicada a ayudar a menores que han sido víctima de grupos delictivos, al referirse a los videojuegos con sistemas de mensajería de chat integrados, aunque no dio más detalles.

En el mismo centro de rehabilitación del centro de México, Isabel, ahora de 19 años, recibe tratamiento por trauma extremo y depresión tras haber sido detenida varias veces y liberada por varios delitos menores luego de su paso por los “pollitos“.

Ella contó que su tío la reclutó cuando tenía 14 años. Él, siendo 20 años mayor que ella, se convirtió en su pareja sentimental y la ayudó a asesinar a un exprofesor que la violó cuando apenas tenía 11 años.

A los 16 años su tío la embarazó pero ella tuvo un aborto espontáneo, cree que debido a su alto consumo de drogas que la llevó casi a la muerte.

Reuters no pudo corroborar toda la versión de Isabel, pero su arresto como miembro anónimo de un cártel infantil se publicó en los medios de comunicación de la época.

Niños desechables

Si bien los niños más pequeños pueden ser útiles solo para tareas más sencillas, como entregar mensajes o trabajar como “halcones” (espías), su lealtad y maleabilidad rápidamente los convierten en un deseado activo.

También son baratos y fáciles de reemplazar. Para cuando cumplen ocho años, generalmente pueden “maniobrar” un arma y matar, dijo un miembro de un cártel.

Existen algunos paralelismos con los niños soldados que luchan en lugares como Sudán y Siria, pero los cárteles mexicanos difieren en su naturaleza lucrativa y posiblemente en la influencia cultural que ejercen.

También han surgido casos de asesinos de niños en otros lugares, como Suecia.

“Son niños desechables que pueden ser utilizados (…) pero que al final lo que esperan es la muerte”, dijo Gabriela Ruiz, especialista en temas de juventud de la Universidad Nacional Autónoma de México.

En 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó a México a combatir el reclutamiento forzado de menores tras los informes de niños en el estado sureño Guerrero que se unieron a una fuerza de defensa comunitaria para combatir a los grupos criminales en la zona.

A pesar del enfoque gubernamental, bajo el expresidente Andrés Manuel López Obrador y ahora bajo la dirección de Claudia Sheinbaum, en combatir las raíces sociales de la violencia de los cárteles —incluyendo programas destinados a mantener a los niños alejados de las drogas y la delincuencia—, parece que se han logrado pocos avances mensurables, según los 15 expertos que hablaron con Reuters.

No existen programas gubernamentales específicos para rescatar de forma permanente a estos niños reclutados, añadieron, al referirse a campañas publicitarias que ha emprendido el gobierno con este fin.

Un problema es la falta de una legislación penal clara que sancione el reclutamiento de menores por parte del crimen organizado. Otro es el problema más amplio del trabajo infantil en México.

En 2022, según los datos oficiales más recientes disponibles, 3.7 millones de niños de entre 5 y 17 años ya trabajaban, aproximadamente el 13% de ese grupo de edad en México. Por ley, los niños en México pueden trabajar a partir de los 15 años si cumplen ciertos criterios, incluyendo la autorización firmada de sus padres.

Huyendo de la muerte

Daniel tenía 16 años cuando se unió a un cártel en un estado de la costa del Pacífico mexicano en 2021. El grupo se presentó en una fiesta a la que asistía y obligó a los jóvenes a unirse a punta de pistola.

Durante los tres años siguientes, Daniel trabajó para el cártel, se inició como “halcón” hasta convertirse en un sicario, e incluso llegó a cobrar dinero por protección. Muchos de sus amigos murieron en el camino, algunos a manos de rivales, otros a manos del propio grupo criminal; asesinados para dar ejemplo, porque se negaron a seguir órdenes o porque estaban maniobrando para ascender en la jerarquía.

En noviembre pasado huyó al norte de México para solicitar una cita de asilo en Estados Unidos, a través de la aplicación gubernamental CBP One, pero el programa fue desmantelado cuando Donald Trump asumió el cargo. Daniel lamenta haberse alejado de su pareja y su hijo de tres años.

Ahora se esconde cerca de la frontera. Teme por su vida y aún más de que su antiguo cártel vaya tras su pareja y su hijo por lo que planea ahorrar lo suficiente para pagarle a un traficante de personas que lo lleve a Estados Unidos.

“No tengo otra opción, tengo miedo de morir”, declaró a Reuters en el albergue para migrantes donde se alojaba.

Para Sol, su objetivo es empezar de nuevo. Estudia derecho y quiere construir una carrera y una vida estable lejos de la muerte y la violencia que causó y sufrió de niña.

Espera especializarse en derecho juvenil y ser mentora de niños más pequeños que se ven tentados por una vida delictiva.

“Nunca pensé que llegaría a los 20 años, siempre pensé que moriría antes”, dijo, conteniendo las lágrimas.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Emite SSP Nayarit recomendaciones para prevenir reclutamiento forzado

Estas advertencias se dan luego de se revivieron las denuncias sobre la existencia de sitios de entrenamiento criminal en distintas regiones del país, a partir de lo ocurrido en el rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Nayarit advirtió sobre el riesgo de reclutamiento forzado a través de ofertas de trabajo falsas difundidas principalmente en redes sociales.

A través de un mensaje público, emitió recomendaciones para prevenir engaños y fortalecer la seguridad.
¡Cuidado con el reclutamiento falso en redes! Verifica ofertas de trabajo: investiga la empresa y sus canales oficiales. Protege tu información personal: no compartas datos con desconocidos.
Además de esas recomendaciones, también pidió a la ciudadanía que desconfíe “de sueldos irreales y empleos sin requisitos“.

Llamó a denunciar perfiles sospechosos para prevenir fraudes y recordó la necesidad de proteger a los jóvenes mediante la educación digital o el uso seguro de dispositivos móviles y conectados a Internet.

Estas advertencias se dan luego de se revivieron las denuncias sobre la existencia de sitios de entrenamiento criminal en distintas regiones del país, a partir de lo ocurrido en el rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco.

Aunque esta problemática ha sido documentada desde hace años, las investigaciones sobre el asesinato masivo de personas en esos sitios, despertó nuevamente las alertas entre la población.

Autoridades y especialistas han referido que a estos lugares llegan algunas de las víctimas de desaparición en el país, y son forzadas a realizar trabajos o formarse dentro de prácticas criminales.

Ante ello, la Secretaría de Seguridad en Nayarit insistió en la importancia de la prevención y la denuncia ciudadana para reducir estos riesgos.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.