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Cae en Cancún 'Pancho', líder de organización dedicada al tráfico de drogas y armas hacia EE.UU.

El sujeto identificado como Francisco Gerardo 'N' ingresó a territorio mexicano en 2021 utilizando una identidad falsa para evadir a las autoridades

Las autoridades mexicanas informaron este viernes de la detención de Francisco Gerardo, alias Pancho, en Cancún, quien había sido identificado por Estados Unidos como líder de una organización dedicada al tráfico de cocaína y otras sustancias ilícitas entre ambos países.

A través de un comunicado, el Gabinete de Seguridad mexicano explicó que Francisco Gerardo ingresó a territorio mexicano en 2021 utilizando una identidad falsa para evadir a las autoridades y que fue detenido por una orden de revisión en un domicilio ubicado en Puerto Cancún, en el municipio Benito Juárez, Quintana Roo.

Según la nota, el detenido es señalado por el Departamento de Justicia de EE.UU. como presunto líder de un grupo delictivo que fue desmantelado y que operó principalmente entre 2002 y 2006, periodo en el que se dedicó a actividades de delincuencia organizada, así como al acopio y tráfico de armas.

“En la lista de acusados relacionados con dicho caso, Francisco Gerardo N, alias Pancho, aparece identificado como líder de la estructura criminal y presunto coordinador logístico de la organización”, subrayó el documento oficial.

De acuerdo con los antecedentes de investigación, apuntó, el capturado ingresó al territorio nacional el 14 de marzo de 2021 utilizando una identidad distinta a la suya, con el propósito de evadir a las autoridades.

Por ello, cuenta con una investigación por delincuencia organizada en materia de acopio y tráfico de armas, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica.

La operación fue coordinada por la Secretaría de Marina, la Armada de México, así como por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo).

Municipio de Felipe Carrillo Puerto “desapareció” 13 mdp del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura

Una investigación basada en auditorías de la ASF reveló un posible daño al erario por 13.1 millones de pesos en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, derivado de irregularidades y traspasos indebidos en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social durante el ejercicio 2021. La responsabilidad salpica tanto al exalcalde José Esquivel Vargas "Chak Meex" —quien enfrentó prisión domiciliaria por delitos del servicio público— como a la actual edil morenista Mary Hernández, cuya administración también ha acumulado observaciones del órgano fiscalizador en el manejo de recursos destinados a zonas vulnerables

Felipe Carrillo Puerto tiene un problema crónico con el uso de su presupuesto; una falta de transparencia que ha arrastrado desde hace varias administraciones. EMEEQUIS revela un posible daño al erario de 13 millones de pesos por parte del municipio gobernado por Maricarmen Candelaria Hernández Solís de Morena, y anteriormente por José Esquivel Vargas, quienes comparten la responsabilidad por los señalamientos.

Sin embargo, la actual presidenta municipal, Hernández Solís, señaló a EMEEQUIS que al entrar al gobierno, su administración presentó una denuncia penal contra el manejo de los recursos de dicho fondo. “Gracias, efectivamente como ahí menciona, yo tome el gobierno en octubre, la administración que me antecedió fue quien cometió dichos actos que posterior a ello mi gobierno denunció y hoy está incluso el expresidente en libertad condicional”.

AUDITORÍA DE LA ASF DETECTA IRREGULARIDADES EN EL PRESUPUESTO 2021

Según la auditoría de cumplimiento 2021-D-23002-19-1565-2022 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), las irregularidades se encontraron en el uso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, aplicado en el municipio. Esto durante el ejercicio del presupuesto de 2021, cuando terminó su mandato Esquivel Vargas e inició el de Hernández Solís.

Para el análisis, la auditoría aplicó un cuestionario de control interno y se analizaron evidencias que acreditaran la existencia de los “diversos elementos del sistema de control interno y las respuestas a dicho cuestionario”.

La auditoría encontró varios problemas en el municipio para la administración del recurso. Por ejemplo, que no se contaba con un comité de administración de riesgos “debidamente formalizado, ni con una metodología de administración de riesgos que sirva para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales”.

Incluso no existía un “lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se establezca la metodología para la administración de riesgos de corrupción y fraude”.

Según la auditoría, el municipio obtuvo una calificación de 51 puntos sobre 100 en esta evaluación. La ASF consideró que era necesario que ese gobierno local rediseñara y fortaleciera “las estrategias y mecanismos de control establecidos en su sistema de control interno, a fin de brindar una seguridad razonable en la consecución de sus objetivos institucionales, en la administración y mitigación de sus riesgos”.

TRASPASOS A OTRAS CUENTAS Y 13 MILLONES DE PESOS SIN REINTEGRAR

Sin embargo, el problema más grave fue el uso interno que le dio el gobierno de Felipe Carrillo Puerto al dinero. Según la auditoría, durante el ejercicio fiscal 2021, la cuenta bancaria del fondo “no fue exclusiva para manejar dichos recursos” del Fondo, ya que se realizaron traspasos por 52 millones 122 mil 200 pesos a “otra cuenta de recursos propios en la que se administraron los ingresos de operación de dicho municipio”.

La auditoría señala que de esos recursos se “reintegraron” a la cuenta del fondo 39 millones 22 mil 200 pesos “junto con los rendimientos financieros correspondientes calculados en un monto de 58 mil 500 pesos”.

No obstante, quedaron pendientes “de reintegrar” 13 millones 100 mil pesos “sin acreditar la aplicación de recursos a los objetivos del fondo”.

AFECTACIONES EN OBRAS DESTINADAS A ZONAS CON REZAGO SOCIAL

Con el dinero del fondo, según la ASF, el municipio destinó 177 millones 721 mil pesos al pago de 47 obras y acciones que beneficiaron a la población de zonas de atención prioritaria y con rezago social. Es decir, que esos 13 millones faltantes eran para atender a zonas vulnerables.

La auditoría señala que Carrillo Puerto invirtió 93 millones 661 mil pesos en la atención a estas poblaciones vulnerables, cumpliendo apenas con el 47.7% de ocupación del recurso disponible.

Además, se explica que en el caso de 16 obras, los anticipos otorgados por un importe de 17 millones 946 mil 300 pesos no fueron “amortizados en su totalidad debido a que el municipio no terminó de realizar los pagos de las estimaciones y finiquitos de dichas obras, debido a que transfirió los recursos destinados a dicho fin a otras cuentas bancarias del municipio”.

Por esta falta, la contraloría municipal inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos a través del expediente MFCP/CM/EPRA/005/2022.


La historia política reciente de Felipe Carrillo Puerto es interesante. En primer lugar, porque José Esquivel Vargas “Chak Meex”, uno de los encargados del presupuesto desaparecido, estuvo en prisión domiciliaria varios meses durante 2024.


DETENCIÓN Y PRISIÓN DOMICILIARIA DE “CHAK MEEX”

El 13 de febrero de 2024, el ex funcionario fue detenido cuando era precandidato por el PRD para repetir el cargo al frente del municipio. Fue arrestado por cargos de uso ilícito de atribuciones y facultades del servicio público, según explicó Milenio.

Fue así que permaneció en prisión domiciliaria. El propio funcionario, en redes sociales, se quejó de la medida y contó los días de cautiverio a través de posts de Facebook. El 16 de junio de 2024 fue el último día en el que expresó que llevaba 122 días privado de su libertad.

Ese mismo año, ya sin numerar los días encerrado, subió una publicación en Facebook deseando feliz Navidad: “Gracias por la visita de mi familia, les deseamos una Feliz navidad de parte de su amigo Chak Meex!” Fue el 25 de diciembre.

Su siguiente post fue unos meses después, el 25 de abril. En publicaciones posteriores no marcó los días en prisión, y al contrario, se fotografió en varios lugares, presumiblemente fuera de su residencia. No obstante, no se conoce su situación legal actual.

El 4 de septiembre de 2025, felicitó a Mara Lezama por su administración: “Felicito a nuestra gobernadora Mara Lezama de nuestro estado de Quintana Roo por su Tercer Informe de gobierno”.


Su siguiente post fue unos meses después, el 25 de abril. En publicaciones posteriores no marcó los días en prisión, y al contrario, se fotografió en varios lugares, presumiblemente fuera de su residencia. No obstante, no se conoce su situación legal actual. “Salvo los dichos de la actual alcaldesa”.

PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DECLARACIONES PÚBLICAS

El 11 de septiembre de este año, dio una entrevista a Reporteros de Banqueta durante el informe de la actual presidenta municipal, en el que decía que aunque no se retiraba de la política, no tenía planeado regresar pronto: “Nunca se jubila uno de la política, me refiero a que la política es todo los días, inicia en casa y termina todos los días ante la sociedad”.

Sobre sus temas legales, respondió que aún siguen abiertos: “En mi caso, tratando de solucionar, al final son administrativos, no son temas penales, no hay nada en cuanto a temas de enriquecimiento ilícito, robo, peculado, como se había mencionado”.


NUEVAS OBSERVACIONES DE LA ASF A LA ADMINISTRACIÓN DE MARY HERNÁNDEZ

Por su parte, la administración de Mary Hernández, actual edil, ha sido señalada varias veces por la ASF. Tan solo este año, medios locales publicaron que, según un informe de la ASF, se observaron observaciones por 27,735,231.36 pesos sin aclarar del ejercicio de 2024.

La observación, una vez más, viene del manejo del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de Demarcaciones Territoriales.

El 2 de octubre, la alcaldesa dijo que buscaría encabezar los esfuerzos de la 4T en una parte del estado: “Les comparto que hoy me registré a la Coordinación Distrital Federal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional por el Distrito 02 de Quintana Roo”.

Esta semana visitó Palacio Nacional: “Desde el Palacio Nacional daremos seguimiento junto a CONAVI, las Viviendas para el Bienestar en Felipe Carrillo Puerto”.


EMEEQUIS buscó contactar tanto a José Esquivel Vargas “Chak Meex” como a Mary Hernández para conocer la situación de las observaciones de la ASF. Sin embargo, no se obtuvo respuesta.

Sepultado el sueño de gobernar Quintana Roo: Rafael Marín Mollinedo va por Cancún

El exdirector de Aduanas del gobierno de Claudia Sheinbaum anunció su registro como aspirante a la Coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación en el municipio de Benito Juárez, cuya cabecera es Cancún

Tras diluirse sus posibilidades de convertirse en candidato a la gubernatura de Quintana Roo por Morena, Rafael Marín Mollineno, exdirector de Aduanas del gobierno de Claudia Sheinbaum, ahora aspira a ser alcalde de Cancún.  

El domingo 11, Marín Mollinedo, acompañado de un nutrido grupo de seguidores, anunció su registro como aspirante a la Coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación en el municipio de Benito Juárez, cuya cabecera es Cancún.  

Con lo anterior, el exdirector de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), que ocupó primero el cargo durante el mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador y luego con Claudia Sheinbaum, insiste en ocupar un puesto de elección popular, el primero en su trayectoria política.

En septiembre pasado, Morena se decantó por Eugenio Segura Vázquez, como coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía en Quintana Roo, lo que lo convierte prácticamente en virtual candidato a la gubernatura de este instituto político, dejando así sepultado el anhelo de Rafael Marín.  

El exfuncionario federal había renunciado para hacerse del puesto de coordinador estatal, primero a la ANAM y luego a la Delegación del Bienestar en Yucatán. Después inició una fuerte campaña con visitas a los municipios quintanarroenses, actos que se vieron empañados por un nexo entre Alejandro Enrique Arcos Romero, un miembro de su equipo, y Florian Tudor, líder de la mafia rumana, imputado por clonar tarjetas bancarias en la Quinta Avenida de Playa del Carmen y hoteles de la Riviera Maya.  

Tras su registro como aspirante a la presidencia municipal en Cancún, Marín Mollinedo envió un mensaje vía redes sociales, con el que aseguró que no se trata de una aspiración personal su nuevo proyecto político.  

“Esta decisión no nació de una aspiración personal; nació del diálogo directo con la gente en las asambleas, en los recorridos por las colonias y del llamado de quienes construyeron este movimiento desde abajo para dar un paso al frente. En la Región 228 refrendamos que este proyecto es del pueblo y para el pueblo”, expuso Marín Mollinedo.  

Morena cerrará los registros para los aspirantes que busquen integrar los próximos ayuntamientos el 18 de octubre. En esta entidad, diversos actores políticos han efectuado su registro con miras a encabezar la planilla de Morena frente a la oposición.

Juez aplica nueva Ley de Amparo y Sedena reanuda construcción en Bacalar

El criterio del juez se basó en la reforma de la Ley de Amparo, que a través de la modificación del interés legítimo busca restringir el acceso a esta figura legal y que dotaba de medidas cautelares a la parte quejosa. El revés es para los niños que demandan un medioambiente sano.

El Juez Primero de Distrito con sede en esta entidad, Darío Alejandro Villa Arnaiz, levantó la suspensión de la construcción de la casa de descanso de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a las orillas de la Laguna de Siete Colores de Bacalar, al fallar en contra del amparo solicitado por niñas y niños de la comunidad, a quienes negó el interés legítimo para luchar por un medioambiente sano y sus derechos socioculturales, pues dijo que no les afecta directamente.

El criterio del juez está basado en la reforma de la Ley de Amparo que fue aprobada el pasado 14 de octubre, y que a través de la modificación del interés legítimo busca restringir el acceso a esta figura legal, que dotaba de medidas cautelares a la parte quejosa.

En este caso el juicio de amparo 313/2025 en un principio permitió el cese de la construcción temporalmente, pero en la audiencia incidental el juez Villa Arnaiz determinó que no había un daño directo a la vida de las niñas y niños.

“El juez no advirtió que las obras estuvieran generando este impacto en el ambiente, al menos de manera indiciaria, y por ende no actualizó tampoco el interés legítimo de la niñez quejosa para reclamar la obra y los actos en la demanda y tampoco para que se le conceda una suspensión definitiva”, dijo a Proceso el abogado Daud Rincón, del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), quien acompaña el proceso judicial de los niños.

En contra de la obra militar había tres suspensiones derivadas de juicios de amparo. Hoy sólo continúa vigente la suspensión definitiva del recurso 241, que fue promovido por ciudadanos de Bacalar.

Otra de las suspensiones que mantenía la obra detenida era el amparo promovido por la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS). Sin embargo, al igual que el de las niñas y niños, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito de Quintana Roo desechó la medida cautelar para que continúen las obras.

La construcción de ampliaciones y una residencia del Ejército comenzó en marzo pasado, cuando maquinaria y materiales comenzaron a ser ingresados en el inmueble ubicado a la orilla de la Laguna.

Pobladores y organizaciones ambientalistas realizaron desde ese momento varias protestas y posteriormente recurrieron a los juicios de amparo, con los que se logró frenar temporalmente las obras.

Proceso informó que la Semarnat otorgó a la Sedena la exención para la presentación de estudios de impacto ambiental por las obras, con lo que dicha instancia sacó las manos para determinar los posibles daños a la laguna de Bacalar.

Impactos a la vista

El 30 de octubre se realizó una inspección relacionada con el juicio de amparo, a la que acudió personal de la Sedena, además de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y del gobierno estatal y municipal de Quintana Roo.

Al recorrido también fueron tutores de los menores que se sumaron a la acción legal por la defensa de sus derechos y una persona actuaria de los juzgados.

Se constató que el área fue rellenada metro y medio de altura, que se construyó una alberca al nivel de la laguna y cinco metros de distancia de ésta, es decir, excavaron el área. Además, ya levantaron los cimientos para otras edificaciones.

“Para el juzgador no fue suficiente que se haya señalado y demostrado que las niñas y niños nacieron y habitan en la comunidad de Bacalar. Lo más grave es que el juez determinó que no existía una afectación dentro de la laguna porque las obras no estaban dentro del agua, lo cual es un entendimiento limitado en términos del tema de la afectación ambiental”, explicó el abogado Rincón.

Fueron 12 mamás y dos papás de 23 niñas y niños bacalarenses quienes iniciaron el juicio de amparo 313/2025 con apoyo del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP). Buscaban detener la obra porque los militares empezaron a drenar el agua y modificar el ecosistema lagunar.

Derechos ignorados

Otro de los actos reclamados era la militarización de la zona. Aumentó la presencia de soldados, incluso se establecieron durante meses en una cancha y las personas, particularmente los niños, dejaron de ir a jugar al espacio, por lo que se expuso que fueron afectados en sus derechos socioculturales.

“Lo preocupante no es sólo el tema del entendimiento del interés y el entendimiento tan limitado que va incluso en contra los criterios resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”, comentó Daud.

Para los papás y mamás que acompañan a sus hijos en la lucha contra la supuesta casa de descanso militar, la reanudación de las obras fue una sorpresa y una tristeza.

“Tristes porque a pesar de las denuncias de todos los bacalarenses, ya iniciaron de nuevo los trabajos. Es una lástima que no se escuche la voz de la ciudadanía en este tema que ha afectado bastante”, comentó a Proceso uno de los papás que se sumó al amparo y que pidió reservar su nombre por temor a represalias.

La casa de descanso militar será de tres niveles, por lo que se cubrirá la vista principal desde el Fuerte de San Felipe, cuya infraestructura, protegida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), también resentirá los efectos del trabajo de la maquinaria pesada, como ha informado Proceso.

“Creímos que habría alguna otra revisión por parte de un perito y no ocurrió. Sí afecta porque es una de las mejores vistas de Bacalar y los niños no alcanzarán a ver porque la obra subirá nos dijeron que dos o tres niveles”, apuntó.

El sano desarrollo de la niñez es otra de las luchas, ya que se prevé aumente la presencia militar. “El detalle es que usan espacios donde juegan los niños de tarde y eso les causa temor”, agregó.

Ante la determinación judicial que autorizó que se reanuden las obras, el IFDP presentará el recurso de revisión en contra de negar la suspensión definitiva. En tanto, las mamás y papás se organizan para protestar en los próximos días.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CLAUDIA V. ARRIAGA DURÁN.

“El Tren Maya no nos trajo desarrollo”: Fonatur incumple acuerdos con campesinos de Quintana Roo

Campesinos del ejido Felipe Carrillo Puerto denuncian que la base de mantenimiento del Tren Maya bloqueó el acceso a sus milpas y cultivos de cítricos. Aunque Fonatur firmó un convenio para construir rampas y caminos saca cosechas, sigue sin cumplir.

Para las 150 familias que tienen sus milpas y cultivos de cítricos alrededor de la base de mantenimiento del Tren Maya de Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo, se volvió casi imposible entrar a sus parcelas y sacar sus cosechas.

Las instalaciones de esta base de mantenimiento —existen otras dos en la Península de Yucatán: en Xpujil y Puerto Morelos— comprenden un taller, un edificio administrativo, un destacamento de la Guardia Nacional y un gran estacionamiento completamente vacío.

Fueron construidas por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en un terraplén de unas 14 hectáreas que es la única vía de acceso a las parcelas que las rodean, dejándolas hundidas un par de metros. Además, entre los cultivos y el terraplén Fonatur puso una malla que hay que brincar para entrar a las milpas.

“El 18 de junio de 2024, para resolver el problema Fonatur firmó un convenio durante una asamblea ejidal. Prometió construir unas rampas de acceso a nuestras parcelas y unos caminos saca cosechas”, dice Carlos Koyoc Pacab, presidente del Consejo de Vigilancia del ejido Felipe Carrillo Puerto. “Sin embargo, hasta el momento no ha construido nada”.

Información parcial durante el proceso de consulta indígena

Entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre de 2019 se realizaron 15 asambleas regionales informativas y consultivas en los cinco estados contemplados para la construcción del Tren Maya. Unos 300 pobladores del municipio Felipe Carrillo Puerto se reunieron en la comunidad de X-Hazil Sur, en representación de 71 comunidades.

“En la asamblea dijeron que el Tren Maya iba a traer muchos beneficios, pero no fue así”, afirma Elías Be Cituk, quien entonces era comisariado ejidal de Felipe Carrillo Puerto. Lamenta que el megaproyecto atrajo muchos militares, pero ningún turista y, además, les generó problemas que las autoridades no mencionaron durante la asamblea.

De hecho, de acuerdo con la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) durante la etapa informativa del proceso de consulta indígena las autoridades hicieron referencia únicamente a los posibles beneficios del proyecto y no a los impactos negativos.

“Durante las sesiones observadas, en diversas ocasiones las personas participantes preguntaron sobre los impactos sin obtener una respuesta clara y completa”, señaló la ONU. “La ausencia de estudios sobre los impactos o la falta de difusión de los mismos dificulta que las personas puedan definir su posición frente al proyecto de manera plenamente informada”.

La consulta, previa a la publicación de los estudios de impacto ambiental

Elías Be Cituk afirma también que el 15 de diciembre de 2019, durante la asamblea en X-Hazil Sur, las autoridades nunca presentaron una copia de los estudios de impacto ambiental del Tren Maya, ni de las decenas de bancos de extracción de material pétreo que la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) construyó en Felipe Carrillo Puerto.

Los “estudios [de impacto] no se han hecho, por eso esta es solo una consulta genérica sobre si va o no el tren. Después se harán consultas específicas en las comunidades sobre si hay afectación al medio ambiente y a la cultura”, afirmó en diciembre de 2019 Hugo Aguilar Ortiz, entonces coordinador del Programa de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y actual ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Sin embargo, una vez que se publicó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del tramo 6 del Tren Maya, en Felipe Carrillo Puerto no se realizó ninguna consulta específica. En los meses y años que siguieron a la asamblea de diciembre 2019, el acercamiento del gobierno a las comunidades fue más bien enfocado a tomar acuerdos conforme las necesidades que se iban dando. Entre ellos, el convenio que Fonatur firmó con el ejido de Felipe Carrillo Puerto el 18 de junio de 2024, tras los problemas que surgieron a raíz de la construcción de la base de mantenimiento del Tren Maya.

Promesas incumplidas

Desde el puente vehicular que cruza las vías del Tren Maya, la base de mantenimiento del ferrocarril se ve como una mancha gris en un gran lienzo verde, formado por las milpas y cultivos de cítricos.

Justo debajo del puente, donde empieza el camino de terracería que lleva a las parcelas y que corre al lado de la base de mantenimiento, hay unas vallas con púas. Carlos Koyoc Pacab dice que las puso Fonatur para bloquear parcialmente el paso.

“Tenemos la preocupación de que cierren totalmente el acceso a este camino, que lleva a nuestras tierras. El tren no nos trajo desarrollo, fue un chasco para nosotros”, dice el agricultor. “El gobierno no cumplió sus promesas: no sólo no construyó las rampas de acceso a las parcelas, tampoco el puente para sacar nuestras cosechas y los pozos para el riego que habíamos pactado. Y falta que pague los daños que hizo durante las obras, cuando destruyó nuestras plantas de cítricos”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ORSETTA BELLANI.

Corte perfila quitar a Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo facultades que permiten vigilancia invasiva de ciudadanos

Se trata una acción de inconstitucionalidad promovida en contra de diversos artículos de la Ley Orgánica de la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo, algunos de los cuales le permitían a la fiscalía solicitar la localización geográfica de personas en tiempo real.

La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará un proyecto de sentencia elaborado por la ponencia del ministro Arístides Rodrigo Guerrero García que perfila quitar a la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo facultades “excesivas” que permiten la vigilancia invasiva de ciudadanos a través de la “geolocalización desmedida”.  

Se trata del estudio de la acción de inconstitucionalidad 29/2025 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de diversos artículos de la Ley Orgánica de la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo, algunos de los cuales permitían a la fiscalía solicitar la localización geográfica de personas en tiempo real.

“No obstante, se trata de una habilitación desmedida, pues queda a discreción de dicha autoridad el empleo de la figura sin una regulación específica de los supuestos o casos en que ello sería permisible, lo cual confiere a la autoridad facultades discrecionales que potencialmente podrían dar lugar a actuaciones arbitrarias”, señala el proyecto.

El asunto está enlistado en el punto cuatro a ser discutido por las ministras y ministros del Pleno de la Corte en su sesión pública de este lunes 3 de noviembre, en el que solo hay ocho asuntos a resolver.

CNDH impugna “facultades indebidas” otorgadas a la Fiscalía Anticorrupción de QR

El 10 de enero de 2025, la gobernadora Mara Lezama Espinosa publicó en el Periódico Oficial de la entidad la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo, luego de su aprobación por el Congreso local. 

La ley propuesta por la gobernadora buscaba que se “democratizara” el sistema de justicia en Quintana Roo, para que “el pueblo cuente con un sistema judicial imparcial, expedito y cercano a la sociedad”, según medios locales.

Sin embargo, un mes después la presidenta de la CNDH, María del Rosario Piedra Ibarra, presentó ante la Corte una acción de inconstitucionalidad al considerar que, con la ley local, se otorgaban “facultades indebidas” a la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo, las cuales podrían violar diversos derechos humanos como el de la seguridad jurídica, privacidad e intimidad de las personas.

De esta forma, la CNDH impugnó diversos artículos de esta ley que otorga diversas facultades a la Fiscalía Anticorrupción para la intervención de comunicaciones privadas y la geolocalización en tiempo real de ciudadanos, además de un régimen local de responsabilidades administrativas y medios de apremio. 

“(Sin embargo), el ejercicio de esta atribución no busca, en ningún caso, confrontar o atacar a las instituciones ni mucho menos debilitar nuestro sistema jurídico, sino, por el contrario, su objetivo es consolidar y preservar nuestro Estado de derecho, defendiendo la Constitución y los derechos humanos por ella reconocidos”, señaló.

Ministro propone limitar facultades de investigación y vigilancia de Fiscalía Anticorrupción

Al llegar el asunto a la Corte, el asunto fue designado a la ponencia del ministro Arístides Guerrero que propone establecer que, si bien la fiscalía tiene competencia para solicitar la intervención de comunicaciones, no puede delegar esta facultad a personal de “menor jerarquía” ni requerir la geolocalización de ciudadanos sin precisar delitos graves o condiciones de urgencia, ya que esto vulneraría el derecho a la privacidad. 

“Pues (podría) ser aplicada en delitos menores o que no ponen en alto riesgo la vida, integridad y seguridad de las personas, de manera que no se justifica una invasión a la privacidad”, señala el ministro en su proyecto de sentencia.

También propone determinar que el Congreso local invadió la competencia exclusiva del Congreso de la Unión (autoridad federal) al regular medios de apremio en materia penal y que el régimen de faltas administrativas es inválido por no definir su gravedad ni las autoridades competentes para resolverlas. 

“Además, el Congreso local carece de competencia para establecer medios de apremio para que la Fiscalía haga valer sus determinaciones en el procedimiento penal, pues esas facultades corresponden al Congreso de la Unión, como lo señala la Constitución Federal”, específica.

De esta forma, la ponencia del ministro propone invalidar diversos artículos clave de la Ley local para imponer límites estrictos a las facultades de investigación y vigilancia de la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo, para lo cual necesita ser apoyado al menos por 6 votos a favor.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.

Mara Lezama y la UE impulsan cooperación para transformar sargazo en desarrollo

La Gobernadora Mara Lezama está implementando acciones para aprovechar el sargazo en una oportunidad para la transformación de la economía de la entidad en un modelo de desarrollo sustentable con oportunidades sociales y económicas.

La Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, se reunió el día de hoy con Josef Síkela, Comisario Europeo, y el Secretario de cambio climático y desarrollo de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) José Luis Samaniego Leyva, para abordar el fortalecimiento en materia de economía circular y aprovechamiento sostenible del sargazo.

La Gobernadora destacó que la entidad se consolida como un referente mundial en innovación ambiental al transformar un desafío ecológico, como lo es el problema de la acumulación de sargazo en las costas, en una oportunidad de desarrollo sustentable.
“El sargazo es un fenómeno natural que no podemos evitar, pero sí podemos decidir cómo enfrentarlo. En Quintana Roo elegimos actuar con responsabilidad, innovación y visión de futuro”, subrayó la Gobernadora.
El Secretario de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), Oscar Rebora Aguilera, indicó que el estado cuenta con la primera planta piloto de biogás en México el cual ya cuenta con certificaciones correspondientes.
El funcionario estatal explicó los múltiples beneficios ambientales, económicos y sociales de este proyecto. Entre estos se encuentran el aprovechamiento energético, la disminución de emisiones de gases contaminantes, el financiamiento por captura de carbono, la generación de empleo verde y la producción de fertilizantes orgánicos, entre otros.

Las proyecciones de este tipo de plantas estiman que dos de estas podrían procesar hasta 300 toneladas de sargazo por día, lo que permitiría consolidar un círculo virtuoso de detección, monitoreo y atención.
“Nuestro compromiso es brindar certeza y seguridad a quienes invierten en proyectos sustentables. En Quintana Roo hay reglas claras, acompañamiento técnico y voluntad política para hacer de la economía circular una realidad”, afirmó.
La Gobernadora recordó que la estrategia estatal contra el sargazo incluye la colaboración de la Secretaría de Marina, la Agencia Espacial Europea y el sector privado. Derivado de esta colaboración, Quintana Roo cuenta con el primer Centro de Monitoreo Satelital de Sargazo de América Latina que proporcionará pronósticos sobre esta alga y las afectaciones que ocasiona su acumulación.

Mara Lezama reiteró que la cooperación con la Unión Europea representa una alianza estratégica para fortalecer la economía verde y el desarrollo sustentable de la región.
“Cuando los gobiernos, las empresas y la sociedad trabajan juntos, los desafíos dejan de ser amenazas para convertirse en oportunidades. En Quintana Roo, con la fuerza de su gente y el respaldo de nuestra Presidenta, la transformación avanza”, concluyó.
En el encuentro participó el Embajador de la Unión Europea en México, Francisco André; el director para América Latina y el Caribe de la Dirección General de la Cooperación Internacional, Félix Hernández Chao; el jefe de Cooperación de la Unión Europea en México, Esteban Agne; así como autoridades federales y estatales.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 14 OCTUBRE 2025.

Le bastaron nueve meses a la Sedena para adueñarse del turismo en Tulum

Desde que la Secretaría de la Defensa Nacional administra el Parque Nacional del Jaguar el turismo disminuye. Comerciantes y empresarios aseguran que hoteles, clubes de playa y restaurantes son los más afectados; la ocupación este verano se desplomó a 30%.

El bullicio cotidiano en la entrada principal a la zona arqueológica de Tulum, una de las más concurridas del país, ha sido silenciado tras la llegada de la Secretaría de la Defensa Nacional para administrar el Parque Nacional del Jaguar, que ha extendido su control a los principales accesos a la zona y a las playas, apagando las actividades de los negocios de este destino turístico.

A partir de diciembre de 2024 la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se hizo cargo de la administración del parque, acondicionado con obra ecoturística que costó más de dos mil 700 millones de pesos al gobierno federal. Fue declarada área natural protegida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Han transcurrido menos de nueve meses y ya han quebrado varios negocios, como las tiendas de artesanías ubicadas alrededor de la zona arqueológica de Tulum, el centro económico histórico que dio origen a la actual localidad, pues para ingresar a los tramos costeros y otros puntos a donde antes el turismo accedía libremente se tienen que pagar cuotas al Parque del Jaguar, que van desde los 105 hasta más de 500 pesos.

Estas cuotas aplican para nacionales y extranjeros, por lo que muchos visitantes prefieren visitar otras localidades donde no se les cobra para acceder a las playas, como Cancún o Playa del Carmen.

Esta fuga de turismo amenaza a hoteles, clubes de playa, tiendas de buceo y restaurantes principalmente, los cuales, en el verano pasado, cuando esperaban los repuntes de más del 90% de ocupación, experimentaron desplomes de hasta 30%, cifras que sólo se habían registrado durante la pasada pandemia, según datos del propio sector.

Aunque ya hubo protestas airadas de la población local que lograron que se abriera un acceso sur a la costa, ésta no fue una solución definitiva, por lo que la inconformidad continúa y los impactos por la disminución de turismo se resienten.

Para administrar el Parque Nacional del Jaguar la Sedena fundó en 2022 Grupo Aeroportuario Ferroviario y de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca Maya Mexica (Gafsacomm), empresa pública creada para construir y operar proyectos federales iniciados durante el sexenio pasado.

Para llevar a cabo sus actividades en esta zona, el instituto armado hace uso de efectivos militares y de la Guardia Nacional, quienes ya han tenido roces con la población civil, en algunos casos hasta violentos.

Comerciantes señalan que los militares incluso realizan labores de vigilancia y control de precios de productos en establecimientos turísticos.

Mientras tanto se ha permitido la construcción de condominios de lujo alrededor del Parque del Jaguar, precisamente en la zona de influencia del área natural protegida, lo cual constató Proceso en un recorrido por el sitio.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 28 de la revista Proceso, correspondiente a octubre de 2025

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: OCTAVIO MARTÍNEZ.

Detienen a presunto líder de grupo criminal de Suecia en Cancún, Quintana Roo

El sujeto de origen europeo fue detenido junto con su presunto operador financiero. Fue llevado a una estación migratoria para ser entregado a la policía sueca.

Mikael “N”, presunto líder de un grupo criminal y generador de violencia en Suecia, fue detenido en Cancún, Quintana Roo.

En un comunicado, el Gabinete de Seguridad indicó que se realizó la búsqueda y se implementaron vigilancias fijas y móviles en diferentes puntos de los estados de Yucatán y Quintana Roo.

“En seguimiento a una solicitud de cooperación de la Policía de Suecia, se realizó la búsqueda de Mikael ‘N’, quien es requerido por Europol y cuenta con una orden de arresto y ficha roja emitida por Interpol, por su relación en delitos de tráfico de armas, drogas y lavado de dinero. Con esta información, se estableció comunicación con agencias internacionales de seguridad para el intercambio de datos y la identificación de sus posibles zonas de movilidad”, informó.

Tras confirmar la presencia del sujeto y que se desplazaba junto con uno de sus operadores financieros, se implementó un dispositivo de seguridad sobre la carretera Cancún–Mérida.

“Mikael ‘N’ fue llevado a la estación migratoria correspondiente para ser trasladado a Europa bajo custodia y posteriormente ser entregado a la Policía de Suecia. En tanto, el otro sujeto fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal y continuará con las diligencias correspondientes”, señaló.

Extranjeros capacitan a miembros del crimen organizado

El pasado 3 de septiembre, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, señaló que existe una alianza entre el crimen organizado y delincuentes extranjeros quienes participan en extorsiones, además de iniciar enfrentamientos y brindan el adiestramiento y la capacitación para que las bandas delictivas utilicen explosivos.

“Ayer lo comentaba con gobernadores y gobernadoras como se ha esparcido por todo el país un tipo de fraude que sobre todo realizan personas de nacionalidad colombiana que le llaman el gota a gota, como nosotros le llamamos, algo así como una tanda y que al final es un fraude y que es una de las expresiones delincuenciales de estos extranjeros y que es un fraude”, señaló Ramírez Bedolla.

Recordó que 55 presuntos extranjeros han sido detenidos en los últimos meses por la comisión de estos diversos delitos en su estado.

El gobernador, emanado por Morena, comentó que los presuntos delincuentes extranjeros provienen de Colombia y Venezuela, por lo que solicitó la intervención del Instituto Nacional de Migración (INM) para que se implemente estrategias de acción e inteligencia, la delincuencia organizada en el estado.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Cierra Semarnat consulta pública sobre megaproyecto Puerta al Mar; activistas piden que niegue permiso a Sedena

Defensores del medio ambiente que participaron en la consulta pública de Semarnat insisten en que se debe negar a la Sedena la autorización para que construya el megaproyecto turístico Puerta al Mar en Quintana Roo.

Defensores del medio ambiente que participaron en la consulta pública sobre el megaproyecto turístico Puerta al Mar piden a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que niegue a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la autorización para construir en la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an.

Este martes 7 de octubre terminó la consulta pública del megaproyecto que la Sedena construye en la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, Quintana Roo, a lo largo de la ruta del Tren Maya.

Durante un mes cualquier persona tuvo la posibilidad de enviar, a través del portal de la Semarnat, observaciones, sugerencias o propuestas alrededor de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto que tiene un costo estimado en 175 mil millones de pesos y que está en construcción desde agosto de 2023, a pesar de no contar con los permisos ambientales.

Las obras consisten en la ampliación y pavimentación de una brecha de terracería de 54.6 kilómetros conocida como “camino antiguo a Vigía Chico”, que une el poblado de Felipe Carrillo Puerto con el Mar Caribe, cruzando los humedales de Sian Ka’an. El megaproyecto contempla también otras infraestructuras, como un restaurante, un estacionamiento con locales comerciales, senderos peatonales y un muelle con mirador. Además, donde hay manglares el Ejército creará una playa artificial de 6 mil metros cuadrados con camastros, palapas y un restaurante.

Qué es un proceso de consulta pública

La Semarnat tendrá que leer y analizar las observaciones que recibió durante el proceso de consulta pública del proyecto que oficialmente se llama “Camino artesanal Puerta al Mar”, y tomarlas en cuenta al decidir si otorga o niega el permiso para construir la obra.

La dependencia tiene también la facultad de convocar una reunión pública informativa, donde la Sedena tendría que exponer los aspectos técnicos ambientales de la obra y sus posibles impactos, además de las medidas de prevención y mitigación que serían implementadas.

Piden que se niegue el permiso a Sedena

“Nosotras estamos solicitando a Semarnat que niegue a Sedena la autorización por incumplimiento de la ley ambiental, siendo que el proyecto se empezó a construir antes de conseguir los permisos ambientales y ya se han destruido manglares”, dice una abogada integrante de Territorios Diversos para la Vida (Terravida), una de las organizaciones que participaron en la consulta pública de la Puerta al Mar.

También, agrega, solicitamos que se clausuren las obras en caso de que estén en operación y se impongan las sanciones correspondientes. Terravida señaló a Semarnat que la MIA reconoce que el Ejército desarrolla actividades que el Plan de Manejo de Sian Ka’an prohíbe, como impulsar el turismo y construir obras dentro del área natural protegida. “La MIA reconoce la fragmentación del hábitat que el proyecto conlleva, que tiene un impacto en la conectividad de las especies”, dice la abogada.

La organización observó que no se toman en cuenta los impactos cumulativos de esta obra con otras construidas en el área, como el Tren Maya, y destacó que no se contemplan las afectaciones que pueden padecer comunidades que no se encuentran en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, como Punta Allen, localizada frente a la Puerta al Mar, del otro lado de la Bahía de la Ascensión.

Afectaciones al territorio simbólico

Las observaciones que llegaron a Semarnat no tienen que ver sólo con los impactos ambientales de la Puerta al Mar. “Participamos en el proceso de consulta pública señalando un elemento más cultural y tiene que ver con las afectaciones al territorio simbólico. Para nosotros los pueblos mayas, el camino antiguo a Vigía Chico tiene espíritu: están los yumtsilo’ob, que son los guardianes de la selva y tienen memoria”, dice Ángel Sulub Santos, del Centro Comunitario U kúuchil k Ch’i’ibalo’on de Felipe Carrillo Puerto. Recuerda que este camino tiene mucha importancia en la memoria de la población local, que lo recuperó de los soldados mandados a reprimir la población maya durante la Guerra de Castas.

“Mandamos a Semarnat una observación también sobre la justificación que tiene el proyecto, siendo que la MIA afirma que es una exigencia histórica de la gente local, de los mayas, pero en realidad una parte de la población no lo quiere”, dice Sulub Santos.

De acuerdo con él, los puestos de trabajo que el gobierno promete son un espejismo que no compensa los daños generados por el megaproyecto: “son empleos con una fragilidad alta. Lo estamos viendo ahora en Tulum, donde la falta de turistas impacta fuertemente a la economía de los trabajadores locales”, afirma.

Piden reunión para establecer medidas de protección para la Selva Maya

Desde que el camino viejo a Vigía Chico ha sido ampliado y pavimentado, los carros pasan a toda velocidad y ya se reportan atropellamientos de animales.

Carlos Samayoa, coordinador de la campaña “México al grito de selva” de Greenpeace México, recuerda que una carretera que irrumpe en un ecosistema trae varios impactos y no sólo ambientales, pues existen otros relacionados con la especulación inmobiliaria que puede traer en el futuro.

“Ya hicimos una alerta a las autoridades federales y estamos en espera de un diálogo con la Semarnat y otras dependencias para hablar de las medidas de protección para la selva, que está en riesgo a causa de proyectos como el Tren Maya o la Puerta al Mar”, dice Carlos Samayoa. “La complejidad en torno de la selva es altísima y hay que abordar el tema desde una perspectiva compleja. Por eso estamos buscando que sea una mesa de trabajo multisectorial e intersecretarial, para blindar a la selva de cualquier amenaza. Se nos prometió este diálogo y esperamos tener pronto fechas concretas”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ORSETTA BELLANI.

Semarnat anula resolución ambiental del proyecto de cuarto muelle en Cozumel; ambientalistas celebran defensa del arrecife

La Semarnat anuló la resolución ambiental del proyecto del Cuarto Muelle en Cozumel, Quintana Roo. Sin embargo, la secretaría anunció que habrá nueva evaluación de impacto ambiental conforme a la ley, priorizando la protección de los ecosistemas costeros y marinos.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anuló la resolución en materia de impacto ambiental al proyecto turístico denominado “Muelle Cozumel, Terminal de Cruceros” de la empresa Muelles del Caribe S.A. de C. V. que ponía en riesgo la salud y supervivencia del Arrecife Villa Blanca. 

Se trata de la resolución que fue emitida el 7 de diciembre de 2021 como parte del recurso de revisión que los habitantes de la isla de Cozumel interpusieron ante la secretaría para evaluar y analizar la decisión en materia de impacto ambiental.

La notificación para anular la resolución inicial se dio el 11 de septiembre de 2025 en respuesta al análisis del recurso de revisión interpuesto por miembros de la asociación Conservación Investigación y Manejo Ambiental de Cozumel, A.C. (CIMAC A.C.), quienes manifestaron su preocupación por los posibles impactos del proyecto sobre los ecosistemas marinos y costeros de la isla.

Aunque la secretaría anuló el fallo inicial, anunció que la evaluación de impacto ambiental será reiniciada conforme a la ley, priorizando la protección de los ecosistemas costeros y marinos.

Será la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) el área que se encargará de una nueva evaluación, conforme al artículo 35 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y demás disposiciones legales aplicables.

Organizaciones celebran decisión

Ante el anuncio, organizaciones ambientales como CIMAC y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) celebraron esta decisión.

En un comunicado, el CEMDA compartió que el 11 de septiembre, la Semarnat resolvió el recurso de revisión interpuesto contra la autorización del proyecto denominado “Muelle Cozumel, Terminal de Crucero”, determinando que el resolutivo SGPA/DGIRA/DG-05859-21, de fecha 7 de diciembre de 2021, quede insubsistente.

Ambas organizaciones recordaron que este resolutivo protege al Arrecife Villa Blanca y a los servicios ambientales que proveé. También recordaron que esta decisión consolida la obligación de las autoridades mexicanas de no autorizar proyectos fragmentados, deficientes o carentes de la mejor evidencia científica disponible.

El CEMDA también señaló que esta resolución es un precedente relevante para la defensa del derecho a un medio ambiente sano ya que, la Semarnat reconoce su decisión en principios ambientales como el principio precautorio, el principio de prevención y el principio in dubio pro-natura.

Además se basa en jurisprudencias y recomendaciones internacionales que colocan el derecho a un medio ambiente sano como un derecho humano autónomo, interdependiente y esencial para la vida y la dignidad de las personas.

Cozumeleños fueron escuchados

Noemí Guadalupe Martín, licenciada en Manejo de Recursos Naturales y presidenta de la asociación civil Conservación Investigación y Manejo Ambiental de Cozumel, A.C. (CIMAC) también celebró la decisión.

“Ganamos. Hicieron nula la resolución del Cuarto Muelle. Es algo increíble y es algo que esperábamos con mucha emoción. Es algo que me notifican y que no me puedo creer porque es sumamente importante y donde podemos decir que fue escuchada la voz del pueblo”, declaró Guadalupe Martín, presidenta de CIMAC, en entrevista para Animal Político.

Para Guadalupe Martín, esta notificación es una muestra de que las luchas sí se logran. Pero también es una enseñanza para no bajar la guardia cuando se denuncia el impacto ambiental que tendrá un megaproyecto en el territorio.

“Quien tiene el poder es el pueblo, no el empresario ni el político. Es el pueblo porque es la comunidad y la cantidad de gente. El gobierno son unos cuantos. El empresario son unos cuantos y si nosotros vemos en la ley de la selva, la selva misma nos dice quién tiene el poder y es la comunidad”, añadió.

Con manifestaciones pacíficas dentro de la isla y con pescadores y prestadores de servicios, habitantes de Cozumel denunciaron las afectaciones que el Cuarto Muelle traerá al Arrecife Villa Blanca si las obras seguían.

“No podemos bajar la guardia ni inclinarse ante nadie que nos esté quitando nuestro patrimonio, nuestro derecho de territorio. No podemos dárselo a nadie porque tenga dinero, porque es un empresario, porque tenga poder. El pueblo es el que manda”, reflexionó Guadalupe Martín.

El CEMDA reiteró que esta resolución se alinea con lo que ya habían establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la protección del medio ambiente como una condición necesaria para el ejercicio de otros derechos humanos, como el derecho al agua, a la salud,a la alimentación y a la cultura.

Incluso, se alinea con compromisos internacionales de los que México es Parte como lo es el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992) y la Opinión Consultiva OC-23/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Ambos acuerdos fortalecen las obligaciones de los Estados para garantizar la participación pública, el acceso a la información ambiental y la justicia ambiental en la toma de decisiones que afecten a los ecosistemas.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: VERÓNICA SANTAMARÍA.

Exoneran a sentenciado por el feminicidio de empleada del Hotel Hard Rock Riviera Maya

De acuerdo con el magistrado, la Fiscalía de Quintana Roo no logró presentar pruebas contundentes contra Carlos Alberto por el homicidio de Ana Gómez en 2020.

La Fiscalía de Quintana Roo no pudo sostener la acusación que pesaba sobre un hombre sentenciado a 25 años de prisión por el feminicidio de Ana Gómez, una mujer indígena originaria de Chiapas encontrada sin vida a finales de 2020 a las afueras del hotel Hard Rock Riviera Maya, donde se desempeñaba como guardia de seguridad. 

Carlos Alberto, sentenciado a prisión en abril de 2024 por el delito de feminicidio por un Tribunal Penal de Playa del Carmen, fue dejado en libertad tras una absolución dictada en mayo pasado porque la Fiscalía estatal no logró presentar pruebas contundentes que pudieran sostener la acusación dentro del caso de Ana Gómez, privada de la vida de manera brutal el 18 de diciembre de 2020, caso que hasta la fecha no se resuelve. 

Proceso tuvo acceso a la sentencia absolutoria 76/2025 de 47 páginas, en la que se dan detalles del feminicidio y las razones por las cuales la Fiscalía de Quintana Roo no logró acreditar acusaciones contra Carlos Alberto, quien también se desempeñaba como guardia de seguridad en el hotel Hard Rock, ubicado al sur de Playa del Carmen, frente a la alcaldía de Puerto Aventuras. 

La absolución fue dictada por el ahora exmagistrado Carlos Alberto Lima Carvajal, quien determinó que no hubo pruebas contundentes contra el sentenciado, detenido a finales de 2020 al ser señalado como el principal responsable de la muerte de Ana Gómez. 

El exmagistrado, que renunció a su puesto por la reforma judicial, en su momento fue señalado por las colectivas feministas por no juzgar con perspectiva de género. 

En la sentencia firmada por Lima Carvajal se lee incluso que la acusación de dos testigos contra el sentenciado pudo haber sido producto de su imaginación, luego de que la Fiscalía no presentó pruebas contundentes contra el imputado. 

“No es posible resolver una sentencia condenatoria con conjeturas carentes de sustento y que incluso podrían ser únicamente producto de la imaginación del testigo”, se lee en la página 34 de la sentencia. 

Este hecho desató a finales de 2020 repercusiones que hasta ahora continúan por la alerta de género que existe sobre Playa del Carmen, protestas de las colectivas feministas, principalmente de Siempre Unidas, que exigen el esclarecimiento del caso. 

Carlos Alberto fue liberado del Centro Federal de Reinserción Social Número 18 de Coahuila, a donde fue trasladado, según el expediente consultado.

Narrativa de hechos, según expedientes judiciales 

Ana Gómez abandonó el hotel Hard Rock poco después de las 15:00 horas del 18 de diciembre de 2020, según la sentencia. 

No salió de su centro de trabajo en el autobús de personal, que disponen los grandes hoteles de la Riviera Maya para ingresar y sacar trabajadores, pues se retrasó al acudir a recoger vales de despensa navideños. Faltaban seis días para la Navidad de 2020. 

En vez de eso, salió por el acceso sur del hotel, una vereda paralela a la carretera federal que va rumbo a Cancún. El caminito en aquel momento estaba lleno de maleza y apenas con una cámara de seguridad que, se lee en la sentencia, brindó una imagen borrosa de ella cuando caminaba por el lugar. 

Un hombre la alcanza y platica con ella. Se pierden ambos entre los matorrales. El sujeto vuelve a salir, pero de ella ya no se vuelve a saber nada. Se inicia así su búsqueda horas después, y hasta que el domingo 20 de diciembre de 2020 se descubre su cuerpo sin vida. 

“Un policía le dijo que ya había encontrado el cuerpo de la señorita, momentos después se realizó el levantamiento del cadáver”(sic). 

El caso generó una enérgica protesta frente al Hard Rock Riviera Maya por varios días, que se intentó politizar en su momento por la CROC ante su rivalidad con la CTM, que en aquel momento mantenía el control sindical del hotel. 

Hasta ahora los agentes de la Fiscalía de Quintana Roo no han impugnado la absolución mediante el amparo directo, según revisiones en estrados estatales y federales. 

De acuerdo con la sentencia, en determinado momento el acusado le dijo a un testigo: “Jefe, no sé qué me pasó, sólo se me metió el diablo”. 

Lima Carvajal determinó: “Como tampoco es suficiente que el testigo (...) diga que el acusado le dijo que no sabe que le pasó que se le metió el diablo, ello no implica una aceptación de los hechos acusados (sic)”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: OCTAVIO MARTÍNEZ.

Frenan en Playa del Carmen a gasera de la pipa que explotó en Iztapalapa; hizo estación sin permisos

Vecinos de Villas del Sol detuvieron tras siete meses de plantón la operación de una gasera de Holbox Gas; sin permisos, la estación fue construida por los dueños de la pipa siniestrada en Iztapalapa. Sólo tenían una licencia de construcción, otorgada por la exalcaldesa Lili Campos.

La empresa Transportadora Silza, propietaria de la pipa siniestrada en Iztapalapa, con un saldo preliminar de 19 muertos, ha intentado imponer la operación de una gasera sin contar con todos los permisos correspondientes junto al fraccionamiento Villas del Sol. Sin embargo, vecinos lograron frenar la apertura pese a haber obtenido la “licencia de construcción” en el gobierno de la exalcaldesa panista Lili Campos Miranda.

La gasera Holbox Gas, fundada por los mismos propietarios de la pipa que explotó la semana pasada en Iztapalapa, edificaron el inmueble a espaldas de unas 100 viviendas en el fraccionamiento Villas del Sol, el más poblado de Playa del Carmen, también está cerca de un jardín de niños y de una primaria altamente concurrida.

En esta localidad turística, los dueños de Transportadora Silza buscaron a toda costa operar la estación sin el visto bueno de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), que regula estos establecimientos.

Debido a un plantón permanente que vecinos montaron por casi siete meses, apenas hace unas semanas lograron detener la operación de la gasera.

Para realizar el proyecto, Holbox Gas contó con la emisión de una licencia de construcción autorizada en los últimos días de la administración de Lili Campos, quien concluyó funciones el 30 de septiembre de 2024.

La exalcaldesa, que también fue diputada local por el PAN, ha realizado recientemente apariciones públicas en compañía de personajes de la cúpula morenista, como con el senador Ricardo Monreal.

De acuerdo con una revisión realizada por Proceso, una solicitud de permisos federales para el proyecto “Estación de Carburación Villas del Sol Gas LP” fue ingresada ante la ASEA el 19 de junio de 2024.

El trámite quedó “congelado” y hasta la fecha el órgano federal no ha emitido resolutivo de impacto ambiental para el inicio de construcción y operación.

No obstante, en Playa del Carmen el proyecto se encuentra completamente concluido tras la permisión que hubo con licencias locales expedidas por la administración de Campos Miranda.

La actual administración de Playa del Carmen, que encabeza Estefanía Mercado Asencio, de extracción morenista, demandó la invalidez del documento de construcción local mediante un juicio de lesividad por las licencias entregadas en favor de Holbox Gas, según documentos judiciales consultados por Proceso.

Estefanía Mercado aseguró a los habitantes de Villas del Sol que dicha gasera no operará tras ganarse el juicio de lesividad.

Actualmente la estructura permanece abandonada en la entrada de esa demarcación.

Negocios en Playa

De acuerdo con datos registrales de la Secretaría de Economía, Holbox Gas y Transportadora Silza son empresas hermanas, pues fueron fundadas por los mismos empresarios, quienes a su vez son dueños del gigante distribuidor de gas doméstico Tomza.

Holbox Gas fue constituida en 2003 en Cancún por Tomás Zaragoza Fuentes, Tomás Zaragoza Ito y Enrique Zaragoza Ito. Los dos primeros fundaron Transportadora Silza, especializada en la distribución de gas licuado de petróleo (gas LP).

En Playa del Carmen han construido varias estaciones del combustible, algunas en medio de zonas altamente pobladas, como en 2020, cuando tras obtener la anuencia de la ASEA, el gobierno local, bajo el mando de la morenista Laura Beristáin Navarrete, le entregó un permiso para la operación de la estación Holbox Gas, también en Villas del Sol.

Pese a la fuerte protesta ciudadana, en aquella ocasión no se pudo frenar la operación de la gasera, que actualmente continúa abierta.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: OCTAVIO MARTÍNEZ.

Exigen investigación de incendio que devastó más de 670 hectáreas en Holbox

Colectivos y organizaciones ambientales exigieron a las autoridades agrarias y de los tres niveles de gobierno que realicen una investigación inmediata y se sancione a los responsables del incendio que durante nueve días devastó más de 670 hectáreas de selva en la isla del Holbox, Quintana Roo, así como que se decrete la veda que prohíba cambiar el uso de suelo en terrenos incendiados hasta acreditar regeneración.

Las organizaciones, entre las que se encuentra el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y el Grupo Ecológico del Mayab, señalaron que la cuantificación final de los daños del incendio, como la cantidad de biomasa perdida, el CO2 emitido y la mortalidad de especies, requiere de peritajes de campo y líneas de base locales, así como medidas a futuro vigilancia permanente del polígono siniestrado.

De acuerdo con los defensores, la superficie afectada por el fuego en la zona Punta Mosquito/La Ensenada equivale a 941 canchas de fútbol, a 143 zócalos o a la superficie del Bosque de Chapultepec en la Ciudad de México y provocó la fragmentación del ecosistema, destruyó manglares y el matorral costero, desplazó a la fauna e impactó en sitios de anidación y alimentación de aves playeras y costeras, así como los hábitats de tortugas marinas, jaguares, tapires y manatís.

Frente a la devastación ambiental por el fuego, que presumiblemente «se trató de un incendio provocado», las organizaciones exigieron iniciar de forma inmediata la investigación y aplicar las sanciones correspondientes a los responsables, así como decretar e inscribir la veda por 20 años, conforme a lo que establece el artículo 97 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), relativo a la prohibición de cambiar el uso de suelo en terrenos incendiados hasta acreditar regeneración.

Igualmente demandaron asentar la veda en el Registro Forestal Nacional y coordinar con Registros Públicos de la Propiedad, bitácora ambiental y autoridades agrarias, anotaciones preventivas que den oponibilidad y control de trámites; boletinar el polígono a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Medio Ambiente (SEMA) de Quintana Roo, al Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas y a las autoridades agrarias, «a fin de que no admitan ni otorguen  permisos, licencias, concesiones o trámites que contravengan la veda y el Programa de Manejo del Área Natural Protegida».

COMUNICADO:

Tras el incendio forestal que consumió más de 670 hectáreas de selva de la Isla de Holbox, organizaciones de la sociedad civil solicitan a las autoridades federales, estatales, municipales y agrarias que, de forma inmediata, se investiguen y sancionen los hechos por presumirse que se trató de un incendio provocado, así como que se decrete la veda por 20 años, de acuerdo con lo que establece la ley.

El pasado 22 de agosto del presente año, en la zona Punta Mosquito/La Ensenada, al noroeste de Holbox, dentro del Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) Yum Balam, se produjo un incendio forestal que se mantuvo activo nueve días y fue declarado liquidado a inicios de septiembre. La superficie siniestrada equivale a 941 canchas de fútbol, o a 143 zócalos, o bien, a la superficie del Bosque de Chapultepec de la CDMX. Cabe resaltar que  Protección Civil de Quintana Roo indicó que fue el único incendio fuera de temporada en el estado durante 2025.

La valoración preliminar de los daños se puede enumerar en los siguientes aspectos:
  • Pérdida de servicios ambientales clave. El incendio ocasionó la fragmentación del ecosistema, toda vez que prácticamente dividió la isla de este a oeste, desplazando a la fauna, destruyendo hábitat, zonas de resguardo y de alimentación. Asimismo, destruyó manglares, los cuales son esenciales para la protección costera y el control de la erosión, puesto que disipan energía de oleaje y protegen la línea de costa. Los manglares también prestan valiosos servicios ambientales como la captura y almacenamiento del denominado “carbono azul”, pues atrapan de dos a cuatro veces más carbono que los bosques terrestres. Su quema y degradación libera bióxido de carbono (CO2) y reduce la capacidad futura de captura. Por otro lado, el incendio ocasionó afectaciones al hábitat y a la conectividad ecológica. Recordemos que Yum Balam integra selvas, manglares, dunas y humedales que sostienen ciclos de vida (cría, alimentación, refugio) de múltiples especies.
  • Daños a la flora. Se afectaron el manglar y el matorral costero, tanto en su cobertura como en su estructura, lo que implica riesgo de mortalidad de plántulas/propágulos y retroceso de bordes, así como pérdida de funciones ecosistémicas asociadas (filtración y retención de sedimentos).
  • Daños a la fauna y a su hábitat.  Punta Mosquito y los arenales adyacentes son sitios de anidación y alimentación de aves playeras y costeras, sensibles a perturbación y pérdida de cobertura. En Yum Balam existen especies emblemáticas con hábitats conectados al mosaico selva-humedal-manglar, como son las tortugas marinas -blanca, caguama y carey-, cocodrilos (americano y de pantano), aves como Flamenco americano, la Garza rojiza y los Chorlos chiflador y nevado. Asimismo, habitan mamíferos de alto valor de conservación como el jaguar, el tapir y el manatí. Cabe destacar que la Ensenada es la playa más importante de anidación de tortuga carey en el estado de Quintana Roo. El promedio anual del número de nidos en los últimos 5 años es de 1269, y es de las pocas playas en el Caribe con una tendencia positiva de la anidación.
  • Pérdida temporal de cobertura vegetal, mayor exposición del suelo (erosión eólica en dunas) y riesgo de arrastre de cenizas hacia humedales cercanos, con efectos sobre la calidad del agua.
La cuantificación final de los daños, por ejemplo, cantidad de biomasa perdida, CO2 emitido y mortalidad de especies, entre otros, requerirá de peritajes de campo y líneas de base locales.

Dado lo expuesto anteriormente, las organizaciones firmantes de este comunicado solicitamos de forma urgente a las autoridades federales, estatales, municipales y agrarias:
  1. Iniciar de forma inmediata la investigación y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes a los responsables, en caso de que se acredite que se trató de un incendio provocado. Ello requiere iniciar peritajes sobre el origen del fuego, las trayectorias, así como los daños a los humedales. Recordemos que, en el artículo 420 Bis del Código Penal Federal, se sanciona provocar incendios en bosques, selvas, vegetación natural y terrenos forestales, con agravantes en Áreas Naturales Protegidas.
  2. Decretar e inscribir la veda por 20 años, conforme a lo que establece el artículo 97 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), relativo a la prohibición de cambiar el uso de suelo en terrenos incendiados hasta acreditar regeneración.
  3. Asentar la veda en el Registro Forestal Nacional y coordinar con Registros Públicos de la Propiedad, bitácora ambiental y autoridades agrarias, anotaciones preventivas que den oponibilidad y control de trámites; la LGDFS prevé inscripción de vedas y coordinación interregistral.
  4. Boletinar el polígono a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Medio Ambiente (SEMA) de Quintana Roo, al Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas y a las autoridades agrarias, a fin de que no admitan ni otorguen  permisos, licencias, concesiones o trámites que contravengan la veda y el Programa de Manejo del Área Natural Protegida.
  5. Realizar publicidad y vigilancia permanente, registrando el caso con un mapa oficial y coordenadas del polígono siniestrado; realizar operativos continuos por tierra, mar y, en temporada crítica, aire; y realizar una campaña de prevención de incendios forestales.
Firmantes:
  • Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA)
  • Grupo Ecológico del Mayab
  • Grupo Tortuguero del Caribe A.C.
  • Amigos de Sian Ka’an A.C.
  • Centinelas del Agua A.C.
  • Casa Wayuu A.C.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.