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Miles de indígenas denuncian presencia criminal en San Cristóbal de las Casas

Exigen justicia por el asesinato del sacerdote tsotsil Marcelo Pérez Pérez

Miles de indígenas católicos de siete regiones de Chiapas marcharon este lunes 19 de octubre por San Cristóbal de Las Casas, a dos años del asesinato del sacerdote tsotsil Marcelo Pérez Pérez. Se concentraron en tres puntos de la ciudad y recorrieron sus calles hasta un costado de la Catedral. Ahí, el Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal leyó un pronunciamiento público. En él denunció que en sus municipios persisten la inseguridad, la violencia y la presencia del crimen organizado. Su diagnóstico es casi el mismo que hace un año.

“Los jóvenes están siendo cooptados por el crimen organizado, para halconeo, venta al menudeo de drogas”, dice el pronunciamiento, dirigido a la sociedad civil, a los medios de comunicación y “a los tres niveles de gobierno”. En la misma lista aparece la siguiente afectación: “Consumo de drogas en jóvenes y niños”.

En octubre de 2025, en el primer aniversario, la organización ya había denunciado el “reclutamiento de los jóvenes”. Aquel comunicado no mencionaba a la niñez. Este año sí.

“El contexto en Chiapas no ha cambiado mucho, aún persiste la inseguridad y la violencia en varios municipios de Chiapas”, afirma el documento. Enumera la venta de alcohol y drogas, las amenazas de autoridades locales y de consumidores contra quienes denuncian, y las “detonaciones de armas de fuego, en algunas comunidades sobre todo en las noches”. También los feminicidios, la trata de personas, las desapariciones forzadas y el cobro de piso o de paso de mercancías en carreteras y caminos.

Los “levantones” y asesinatos, añade, “han aumentado en los últimos meses por la lucha de los grupos de poder ante las próximas elecciones en 2027, incluyendo la capital de nuestro Estado”. La organización agrega el “miedo de denunciar por la falta de confianza a las autoridades y al sistema de justicia de nuestro país”. Y advierte: “Pueblos en resistencia temen ser atacados”.

“¡No más autoridades involucradas con el crimen organizado!”, exigieron los manifestantes. Pidieron también a la Fiscalía General de la República (FGR) que continúe las investigaciones “para el esclarecimiento de los hechos y dar con los autores intelectuales del asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez”.

El documento cerró con un llamado: “Invitamos a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a seguir juntando nuestras palabras y nuestra fuerza para detener los sufrimientos y los asesinatos a las defensoras y los defensores de los derechos humanos, a las y los que defienden la Madre Tierra”.

Le siguió una lista de exigencias leídas en voz alta: “¡No más intimidaciones y asesinatos a sacerdotes, servidores de la Iglesia y defensores de la Vida!”, “¡Alto al desplazamiento forzado interno!”, “¡Alto a la desaparición forzada!”, “¡Alto a la persecución de los sacerdotes, laicas y laicos en nuestra Diócesis y del mundo!”.

En el mismo sitio, a un costado de la Catedral, los peregrinos celebraron una ceremonia maya. Ahí también se ofició una misa presidida por el obispo de San Cristóbal de Las Casas, Rodrigo Aguilar Martínez.

“No es un caso cerrado” el proceso por el asesinato

Marcelo Pérez Pérez, sacerdote tsotsil de San Andrés Larráinzar, fue asesinado a tiros el 20 de octubre de 2024 en el barrio de Cuxtitali, en San Cristóbal, al terminar de oficiar misa. Antes, como párroco en Simojovel, había encabezado marchas contra la violencia y la venta de alcohol y drogas.

Dos años después, el caso tiene un sentenciado y un acusado en proceso. Los autores intelectuales siguen sin identificarse. Así lo expuso en conferencia de prensa el sacerdote José Filiberto Velázquez Florencio, director del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, que lleva la defensa jurídica del caso junto con la familia y la Diócesis. En la conferencia también participaron el obispo Rodrigo Aguilar Martínez, el padre Miguel Montoya, de la Vicaría de Justicia y Paz, y Gilberto Hernández García, responsable de la Pastoral Social de Tuxtla.

Edgar Rolando Mares Banda fue sentenciado a 20 años de prisión, “identificado como correspondiente a uno de los ejecutores materiales del crimen”, dijo Velázquez Florencio. Según informó la organización SweFOR, la sentencia la dictó en agosto de 2025 un juez federal, en un caso que atrajo la Fiscalía General de la República (FGR).

El segundo proceso, la causa penal 73/2024, se sigue contra Héctor “N”. En octubre de 2025, Proceso lo identificó como “El Chesman”, presunto líder del grupo Los Motonetos. La causa está en etapa intermedia, en la que se determinan las pruebas que se desahogarán en el juicio oral. Esa etapa inició formalmente el 30 de septiembre de 2026. Una diligencia prevista se reprogramó para el 17 de noviembre, en Cintalapa.

“El avance de los procedimientos penales constituye un aspecto importante, pero no puede confundirse el esclarecimiento con el esclarecimiento integral de los hechos. Esto todavía va a dar para más”, dijo el sacerdote.

El caso enfrentó un tropiezo, explicó, cuando la titular de la fiscalía de la FGR que lo llevaba, Sara Irene Herrerías Guerra, se convirtió en ministra de la Suprema Corte y “se llevó al equipo de fiscales”.
“Aún así, las líneas que se han seguido, siguen las investigaciones abiertas. No es un caso cerrado”.
“Seguimos exigiendo al Estado investigar a todos los autores intelectuales y las otras responsabilidades penales”, dijo Velázquez Florencio. Pidió que el caso no se separe “del contexto de violencia que se vive en el Estado y del contexto en que el padre recibió amenazas por su labor como defensor de derechos humanos”.

“Silenciar la voz de un defensor, de un periodista, de un sacerdote, de un líder comunitario, afecta a toda la comunidad”, sostuvo. El asesinato, dijo, “afectó y retrasó muchos procesos de paz en los pueblos donde él trabajó”. En el contexto “criminal o macrocriminal que impera” en Chiapas, añadió, “sigue todavía el riesgo para muchos defensores, para muchos periodistas, para muchos sacerdotes”.
“Nos unimos a la exigencia del Pueblo Creyente”.
Palmas, velos blancos y estandartes de santos

La peregrinación avanzó con ramas de palma en alto y banderas blancas pintadas con la palabra “PAZ”. Muchas mujeres llevaban la cabeza cubierta con velos blancos de encaje. Al frente de cada contingente iban los estandartes de sus santos patronos: el de la Comunidad Católica San Pablo Apóstol, de Chalchihuitán, bordado en rojo y oro y adornado con listones de colores, y una manta con la imagen de la Virgen y la leyenda “La paz es un grito que debe ser escuchado”.

“Paz para Chiapas, paz para Simojovel, justicia para el padre Marcelo”, decía la manta que encabezaba a un grupo de hombres y mujeres con túnicas y chales rosas bordados con flores. La de la zona tseltal alto, de la parroquia de Santo Tomás Apóstol, en Oxchuc, decía: “Queremos justicia para el padre Marcelo. Padre Marcelo vive en corazones de los pueblos. Fuera el crimen organizado en el estado de Chiapas”.

Desde la parroquia de Tila llegó un cartel escrito a mano: “La muerte del padre Marcelo: el pueblo indígena queremos la paz y la justicia. Que no se quede impune”.

“¡Alto al crimen organizado!”, “¡Alto a la narcopolítica!”, “¡Alto a los desplazamientos forzados!”.

“¡Alto a la persecución y asesinato de todos los defensores que dicen la verdad!”, coreaban los asistentes al paso por las calles del centro, entre motocicletas estacionadas y fachadas coloniales. Un hombre marcaba el paso con un tambor.

En el parque central, el papel picado del Día de Muertos ya colgaba del kiosco. A un costado de la Catedral, para la ceremonia maya, los peregrinos tendieron sobre el piso un altar de flores blancas y rojas, mazorcas, naranjas, plátanos, pan, velas y sonajas adornadas con estambre rojo. Al centro colocaron un retrato enmarcado: “Totik Marcelo Pérez, profeta y mártir por la paz de nuestro pueblo”. Sentado en la banqueta, frente a las flores, un anciano con el sombrero a un lado mantenía la cabeza inclinada sobre los brazos.

“Los mártires de la paz son semilla para ser más. Marcelo vive, la lucha sigue”, decía una de las cartulinas verdes que se alzaron en la plaza.

Simón Pedro, Nueva Morelia, Acteal, la lista que suma

“Exigimos al Estado garantías de reparación y no repetición”, señala el pronunciamiento, que junta el caso de Marcelo con otros asesinatos de integrantes de la feligresía de la diócesis. En la masacre de Acteal, en Chenalhó, fueron asesinadas 45 personas tsotsiles del grupo Las Abejas el 22 de diciembre de 1997. Simón Pedro Pérez López, catequista y expresidente de Las Abejas, fue asesinado el 5 de julio de 2021 en Simojovel. Y en el ejido Nueva Morelia, en Chicomuselo, un grupo armado mató a 11 personas el 12 de mayo de 2024.

A dos años de la masacre de Nueva Morelia, las familias denuncian que nadie ha sido procesado, según publicó Infovaticana el pasado mayo.
“A pesar de que hayan matado al padre Marcelo y otros hermanos y hermanas, para nosotros no están muertos ni muertas, ahora ellas y ellos se han multiplicado en muchos corazones”.
Niñez sin registro oficial

La denuncia sobre niños y jóvenes no tiene cifras oficiales que la dimensionen. En junio de 2026, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) concluyó que en Chiapas no existen datos oficiales sobre el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por grupos criminales, delito que la ley mexicana no tipifica de forma específica. En el país, la REDIM estima unos 30 mil menores reclutados cada año.

El Pueblo Creyente incluyó entre las manifestaciones de la violencia la “imposición de la carretera San Cristóbal Palenque” y del libramiento Teopisca-San Cristóbal. Expresó su “rechazo total” a esa autopista.

Calificó como “consulta a modo” la de la llamada “Ley indígena”. Dijo que en algunos lugares se suspendió o solo se convocó “a cierto grupo de personas”, y que lo que esa ley oculta es “el despojo territorial de los pueblos originarios”.

Denunció además la división por partidos políticos y los servicios de salud “sin ofrecer medicinas”. También señaló la migración hacia el norte del país y Estados Unidos, que deja a las familias con “una gran deuda económica”.

A los grupos de poder les pidió que “dejen de fabricar guerras contra los pueblos originarios y contra nuestros pastores”. Y cerró con una advertencia que se repitió en la plaza: “¡La voz del pueblo y de la Diócesis no se puede callar!”.

Pueblos indígenas de 220 comunidades reclaman a Sheinbaum autonomía y presupuesto directo

Las organizaciones denuncian que no se respetaron sus mecanismos de participación y exigen que la legislación garantice autonomía, presupuesto directo y protección de sus territorios

Organizaciones y colectivos de 220 municipios y comunidades indígenas se pronunciaron en contra del proceso de consulta de la iniciativa de la Ley General de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, de la presidenta Claudia Sheinbaum, que omitió la voz de los pueblos a los que estaba dirigida la auscultación.  

En el contexto del 12 de octubre, al que denominan “Día de la Resistencia Indígena”, los pueblos y comunidades organizadas en la Alianza por la Libre Determinación y Autonomía (Aldea) acusaron que el llamado “Proceso de Diálogo y Consulta Previa, Libre e Informada” sobre la iniciativa presidencial “se limitó a espacios en los que se informó en lo que consiste la iniciativa de Ley sin escuchar la voz de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en gran parte de los territorios”.  

Tras reivindicar su historia, territorios y derecho a decidir, las comunidades y pueblos indígenas firmantes advirtieron que no son “pueblos del pasado ni simples destinatarios de políticas públicas”, sino que son “comunidades y pueblos vivos, con instituciones, sistemas normativos, conocimientos y formas propias de organización que han persistido frente a siglos de despojo y exclusión”.  

Los firmantes rechazaron “categóricamente que la definición de áreas estratégicas, las decisiones estatales sobre política industrial y proyectos enmarcados, entre otros, en los llamados Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (Prodecobi), se utilicen como excepciones en el ejercicio pleno e nuestros derechos al territorio y bienes naturales”.

En el documento se describen las condiciones que debió tomar un auténtico proceso de participación de los pueblos, “con información clara, oportuna y suficiente, previa y durante la consulta; con tiempos adecuaos para el análisis interno previo y durante la consulta; respeto a lo externado en las mesas de trabajo; con oportunidad de que al menos una persona por comunidad/ejido pueda participar en cada mesa”, discusiones que sean llevadas en las lenguas originarias y en las que se respetaran los sistemas de decisión.  

“Desde nuestras comunidades, consideramos fundamental que la ley reconozca la autonomía como un derecho; respete nuestros sistemas normativos y nuestras formas de gobierno; garantice el ejercicio de la jurisdicción indígena en condiciones de coordinación y no de subordinación; y proteja nuestros territorios frente a decisiones y proyectos que puedan afectarlos. 
“Asimismo, no puede existir autonomía efectiva sin presupuesto directo, suficiente, oportuno y definido mediante reglas claras consensadas que permitan a las comunidades ejercer sus derechos y decidir sus prioridades”, resaltaron las comunidades y pueblos al exigir una reforma a la ley de coordinación fiscal. 
Al exigir que “se transparente las propuestas recibidas en el actual proceso de consulta y que se integren todas aquellas propuestas que garanticen el ejercicio pleno de nuestros derechos”, las comunidades indígenas y afromexicanas que integran Aldea exigieron que “las decisiones estatales no vacíen de contenido nuestros derechos territoriales y colectivos”.

Las comunidades y pueblos recordaron que las demandas históricas de los pueblos originarios y afromexicanos están plasmadas en los Acuerdos de San Andrés y en diez puntos definidos para para el respeto de la autonomía y libre determinación, por lo que reconocieron los avances concentrados en la reforma al artículo 2 constitucional publicada el 30 de septiembre de 2024.  
“Sin embargo, el reconocimiento constitucional debe traducirse en condiciones reales para ejercer la libre determinación y la autonomía. Para ello, la Ley General de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos debe garantizar que nuestros derechos no dependan de la voluntad o autorización de las institucionales del Estado”, puntualizaron los firmantes.  
Las 220 comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos afiliados a Aldea firmantes consideraron que la Ley General sólo sería aceptable si se reconoce sus “realidades, demandas y decisiones colectivas”, respetando la diversidad de los pueblos y la libre determinación.
“La transformación del Estado mexicano hacia una relación intercultural, exige algo más que reconocer nuestra diversidad en las normas, requiere redistribuir el poder, garantizar recursos, respetar nuestros territorios y establecer relaciones de coordinación con nuestros pueblos y comunidades”, puntualizaron los integrantes de Aldea. 
Los firmantes exigieron a que la Ley General “esté a la altura de la reforma constitucional; que el reconocimiento se convierta en autonomía efectiva; que la autonomía respete plenamente nuestros derechos al territorio, jurisdicción y presupuesto; y que nuestros pueblos sean reconocidos como sujetos colectivos de derechos, con capacidad para gobernarse y decidir su futuro”.

Las 220 comunidades y pueblos indígenas y afromexicanas firmantes son originarias de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Yucatán, San Luis Potosí, Sonora, Quintana Roo y Veracruz.

Reconocimiento a pueblos indígenas y afromexicanos sólo en la letra, no en el presupuesto

De los recursos federales previstos en el presupuesto del próximo año para esta población, siete de cada diez pesos están concentrados en las secretarías de Bienestar y de Educación, sin que las propias comunidades puedan decidir sobre los recursos, al tiempo que se reducen las aportaciones de la Secretaría de Cultura, responsable de preservar la identidad y culturas indígenas. Éstas son algunas de las conclusiones de Fundar en su revisión de la propuesta de presupuesto federal para estas poblaciones en 2027

El reconocimiento como “sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio” de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, plasmado desde 2024 en la Constitución, ha carecido de una correspondencia clara en el ejercicio de los recursos públicos, como se advierte en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), propuesto para 2027.

Con la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que reglamenta el Artículo 2 Constitucional, en espera de ser discutida por el Congreso de la Unión, el Centro de Investigación y Análisis Fundar alerta sobre las inconsistencias presupuestales para esa población y el ejercicio real de sus derechos.

“A pesar de la reforma constitucional de 2024, la cual supone que las comunidades pueden ejercer capacidades jurídicas y administrativas propias, hoy en día existe una distancia entre dicho reconocimiento de los pueblos como sujetos de derecho público y la forma en la que el presupuesto se organiza”, se lee en el reporte “El presupuesto como condición de la libre determinación”, que forma parte de un análisis global del proyecto de presupuesto 2027, como cada año realiza la organización.

El documento explica que los fondos públicos destinados a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas están contemplados en el PEF, en el “Anexo Transversal 10. Erogaciones para la implementación del Desarrollo Integral, Intercultural y Sostenible de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, así como en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afromexicanos (Faispiam).

“Lo que planteamos en este análisis del paquete económico, en este tema en particular, es justo esta brecha entre el reconocimiento constitucional y la forma en la que actualmente se organiza el gasto público, es decir, reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público también implica reconocer su capacidad para decidir sobre los recursos públicos”, abunda Paulina Castaño, investigadora del programa de Justicia Fiscal de Fundar.

Añade que en el Anexo 10 participan 21 dependencias con recursos federales para la aplicación de 95 programas dirigidos a poblaciones indígenas y afromexicanas. Para 2027 se prevén 254 mil 961 millones de pesos, lo que significa un aumento de 4.4% de lo asignado en 2026.

Castaño advierte que el incremento “no significa automáticamente que aumente la capacidad de los pueblos para decidir sobre ese presupuesto”, siendo las secretarías de Bienestar y Educación Pública las dependencias que concentran el 69% de los recursos públicos destinados al Anexo 10.

“Bienestar aporta casi 96 mil millones y Educación Pública 80 mil millones. Entonces, el Anexo 10 lo que nos dice es cuánto se etiqueta para pueblos indígenas, pero también tenemos que preguntar quién decide cómo se ejerce ese dinero”, dice la investigadora.

La característica común de los programas de ambas dependencias es que se trata de transferencias directas a través de distintos programas sociales y becas a estudiantes de niveles básico y medio superior.

En el caso de Bienestar, por ejemplo, del total de recursos, casi de la mitad esta dirigido a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, del orden de más de 46 mil 905 millones de pesos.

Tras recordar que, desde la desaparición del Coneval en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, “no son unos programas que tengan como que mucha evidencia de los beneficios para la población”.

A pesar de esos incrementos, en el proyecto de PEF para 2027 se advierten decrementos importantes en los recursos que aportan al Anexo 14 de las 21 dependencias.

El informe de Fundar destaca reducciones importantes en Cultura, con 37% menos recursos que en 2026; Medio Ambiente aportará 62% menos que el año pasado y Relaciones Exteriores con un recorte de 99.6%.

“La reducción el presupuesto de Cultura en más de un tercio es contradictoria, porque el Anexo promete un desarrollo intercultural. El patrimonio cultural, la lengua y la identidad forman parte del corazón de los derechos que la reforma constitucional busca proteger”, resalta el documento.

Entre las caídas importantes destacan los recursos que destinaban las Entidades no sectorizadas, del orden de 40.4%, y que estaban dirigidas a tres programas como la Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia Pueblos Indígenas, el Programa de Apoyo a la Educación Indígena y Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas. Este último tiene como objetivo “apoyar el desarrollo de identidad comercial y de marca de productos y servicios de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas que revitalicen sus prácticas y procesos de producción tradicional”.

Para 2027 la propuesta del PEF también refleja reducciones importantes de los aportes al Anexo 10 de la Secretaría de Salud, del orden de 29.1%, dependencia que contempla fondos para la partería tradicional; y de100% en los recursos de la Secretaría de Economía que estaban destinados a “fortalecer la vinculación con entidades del sector público, privado, académico y social prioritariamente, con los pueblos indígenas y afromexicanos, mediante instrumentos de colaboración para aumentar las solicitudes de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas”.

Paulina Castaño resalta que en el Anexo 10 ocurre lo mismo que en otros anexos, que los presupuestos se “inflan” con programas de transferencias económicas.

“De manera opaca y sin conocer realmente los criterios por los cuales se meten estos programas a estos anexos transversales que inflan los anexos, para que en el discurso oficial se diga que sí se le está destinando recursos a atender a las poblaciones, pero cuando uno se mete de fondo qué programas presupuestarios son los que están dando recursos, pues nos damos cuenta de que sí son las pensiones, sin que se tenga claridad qué me va a beneficiar a las poblaciones o para que las poblaciones y comunidades indígenas puedan llevar a cabo lo que necesitan”, señala Castaño.

En cuanto al FAISPIAM, el informe de Fundar recuerda que ha sido “la principal vía para que actualmente pueblos y las comunidades administren y ejerzan de manera directa su presupuesto”, mismo que se deriva del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), que forma parte del Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. Para este año se estableció de manera obligada destinar el 10% del FAIS al FAISPAIM.

“Para 2027 el total del FAIS va a ser de 144 mil 752 millones de pesos, el 10% de este monto que va para pueblos y comunidades indígenas va a ser de 14 mil 475 millones, lo que representa un incremento del 3.1 en comparación con lo que se le dio para 2026.

“Sin embargo, al dividir estos 14 mil 475 millones entre las 16 mil 728 comunidades indígenas y afromexicanas que están reconocidas en el actual catálogo nacional del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), resulta que a cada comunidad le van a tocar 865 mil 323 pesos al año, para infraestructura que necesiten las poblaciones indígenas, que puede ser mejorar carreteras, mejorar servicios de agua, que realmente es muy poco”, resalta la investigadora de Fundar.

El informe de Fundar advierte que el 10% del FAIS de los recursos que se destinan a pueblos indígenas y afromexicanos “no está incluido en la Ley de Coordinación Fiscal, sino que depende del Decreto de Presupuesto de Egresos de cada año”.

Paulina Castaño resalta que desde hace un par de años Fundar ha propuesto “modificar la Ley de Coordinación Fiscal para crear un fondo específico para pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas y que tenga una base legal permanente y vinculada a la recaudación federal participable, porque estamos seguros que un derecho no debe depender cada año de una negociación fiscal o presupuestaria”.

“Si las poblaciones indígenas tienen derecho a decidir sobre sus recursos, porque para eso se modificó también el Artículo 2 Constitucional, para garantizar sus derechos, pues ese piso presupuestario necesita estar en una ley, porque si no cada año se va a discutir y ese monto puede cambiar”, apunta.

En el contexto de la consulta de la iniciativa de Ley General entre las comunidades dentro el catálogo del INPI, que arrancó en junio de este año con miras a que la legislación se aprobara el 12 de octubre, Día de la Nación Pluricultural, la investigadora alienta a que el tema presupuestal haya sido un tema de discusión entre las comunidades y que lo siga siendo cuando se ponga sobre la mesa en el Congreso de la Unión.

“Ojalá este tema presupuestario que se está discutiendo ahora en las consultas se considere para modificar y que se modifique la Ley de Coordinación Fiscal, porque si no va a ser un gran problema.

“Se requiere un fondo específico para estas poblaciones para que el presupuesto pueda bajar directamente; lo que vemos es que modificar la arquitectura del gasto para que los pueblos puedan participar en la definición de sus prioridades, acceder directamente a recursos y administrarlos conforme a sus propias instituciones, eso es lo que tiene que cambiar, lo que tiene que estar en esta ley”, sentencia Paulina Castaño.

FUENTE/MEDIO: PROCESO.

Familias de Chenalhó piden auxilio: denuncian que grupo armado las obliga a pagar balas y a sus niños a consumir droga

En un video y un comunicado fechados el 5 de octubre, familias tsotsiles de una comunidad de Los Altos de Chiapas que lleva años bajo control armado, dicen estar "encapsuladas" por líderes que señalan como integrantes del CJNG. Acusan multas, cobros para municiones y homicidios no denunciados

Familias tsotsiles de Fracción Tzanembolom, una comunidad del municipio de Chenalhó, en Los Altos de Chiapas, pidieron la intervención urgente de los tres niveles de gobierno. Denuncian que los líderes de un grupo armado de su comunidad, a quienes señalan como integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), las obligan a pagar “cooperaciones” para comprar balas y les impiden salir. También acusan que obligan a niñas, niños y jóvenes a consumir droga.

“Estamos secuestrados, amenazados por los líderes y obligados a cooperar para mantener activa esta guerrilla”, dice el comunicado que un hombre lee en un video fechado el 5 de octubre de 2026, frente a un grupo de mujeres, niñas y niños que forman parte de las familias acosadas por el grupo armado.

Chenalhó es un municipio indígena tsotsil de las montañas de Los Altos de Chiapas, al norte de San Cristóbal de Las Casas. Es el mismo municipio donde, el 22 de diciembre de 1997, un grupo paramilitar asesinó a 45 tsotsiles en la comunidad de Acteal; y colinda con Pantelhó, otro municipio tsotsil marcado en los últimos años por la violencia armada y el desplazamiento.

Quienes se han negado a sostener a ese grupo armado han terminado desplazados o muertos; se trata de las familias que habitaron el poblado colindante, llamado Centro Tzanembolom, y quienes ahora mismo están en condición de desplazamiento forzado en la cabecera municipal de Chenlhó. Esta vez, la denuncia llega desde dentro de la comunidad donde se refugian los agresores.

Multas por salir y cobros para municiones

Según el video, quien sale de la comunidad paga una multa de 1,500 pesos, “misma que en la actualidad ya no podemos cubrir porque no podemos trabajar”, dicen en un comunicado escrito que lograron enviar. En el documento las familias agregan:
“Seguimos encapsulados (sin poder salir), no tenemos libertad de salir a comprar”.
Denuncian que los líderes del grupo armado, a quienes identifican por nombre y apellido, las han obligado a vender los bienes de las familias desplazadas en Centro Tzanembolom, y que a quien no está de acuerdo “te amenazan o te matan”.

En el documento y video denuncian que el 20 de octubre de 2025 fue asesinado Eleuterio Arias Pérez. De esto, dicen, tenían conocimiento el presidente municipal y el juez municipal de Chenalhó, y no hicieron nada. Mencionan también a un adolescente de 15 años “asesinado y enterrado en la misma comunidad sin hacerlo público”.

El comunicado acusa a las propias autoridades rurales de la localidad. “Llegan con armas de fuego a amenazarnos [el agente rural] mandó a su gente”. Si los encuentran en una vereda, “nos la pueden disparar”, acusan.

Sobre los menores, escriben: “Obligan a consumir droga a los niños y jóvenes; aquí ya no tenemos futuro”.

Los documentos nombran a cuatro “líderes” que, según las familias, “son parte del Cártel Jalisco Nueva Generación”. También nombran a cinco “comandantes” que, afirman, “reciben un pago mensual”, mientras a ellas (las familias denunciantes) “nos siguen pidiendo cooperaciones para comprar balas”.

Aseguran que en un canje de armas realizado hace unos días el grupo no entregó ninguna. Se refieren a programas gubernamentales donde elementos de la SEDENA canjean armas por electrodomésticos.

La denuncia está dirigida al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, al fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, al secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Aparicio Avendaño, y a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. “Sabemos que después de esto nos amenazarán”, advierten.

Si el gobierno no actúa de inmediato, dicen, esperan disparos “como medidas de intimidación” contra sus familias. Según la persona que hizo llegar el material a Chiapas Paralelo, en esa situación hay 15 familias, unas 145 personas.

Desde 2024, Fracción Tzanembolom es la base del grupo que expulsó a sus vecinos

Los habitantes de Fracción Tzanembolom llevan años en esta situación. En el video dicen que su comunidad “ha estado sumergida en la violencia” desde hace años. En febrero de 2024, jóvenes de la comunidad ya exhibían públicamente fotos con armas, dinero y camionetas, según se pudo documentar el 18 de marzo de ese año con fotografías donde los mismos jóvenes exhibían las armas y dinero.

Fracción Tzanembolom colinda con Centro Tzanembolom, también tsotsil. De ahí salieron desplazadas 67 familias, 267 personas, entre febrero y julio de 2024, durante el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas. El detonante fue el asesinato del comunero Prudencio Pérez Pérez el 13 de febrero de 2024. Según sus vecinos, lo emboscaron por negarse a tomar las armas.

Las familias desplazadas relataron en agosto de 2026 que en Fracción Tzanembolom opera el llamado Ejército Civil Indígena, aliado de Los Herrera, al que señalan como parte del CJNG. Relataron también que el grupo recluta a “niños, de once, doce años” con pagos de 6 mil pesos quincenales, y que vende “los cafetales, los lotes y hasta el terreno de la escuela” de quienes expulsó.

En diciembre de 2024, ya con Ramírez Aguilar en el gobierno, ese grupo atacó comunidades de Pantelhó y quemó la escuela y las oficinas del gobierno autónomo zapatista en San José Buenavista Tercero.

A más de dos años del desplazamiento, las familias de Centro Tzanembolom siguen sin poder volver, y viven en refugios y casas rentadas. A la denuncia de las agresiones del grupo armado presuntamente ligado al CJNG se suman ahora afectados de Fracción Tzanembolom.


FUENTE/MEDIO: ARISTEGUI NOTICIAS.

Pueblo coca desmiente a empresas que buscan organizar eventos en islas de Mezcala

La comunidad coca de Mezcala, Jalisco, desmintió que las islas Tlaltequepetquelt y Pechilinque son privadas y están abandonadas, como las empresas Omnia Experience y Techno Hours Sessions anunciaron para organizar un «rave» en noviembre y diciembre de este año.

«Esa isla que anuncian es nuestra isla, que como siempre lo hemos mencionado, es un sitio sagrado, ya que ahí, está el corazón de nuestro pueblo», aseguró la comunidad, que precisó que en las islas de Mezcala viven alrededor de 51 familias de chayoteros, lancheros y pescadores.

«Estas empresas nuevamente golpean nuestra historia, identidad y territorio. Para ellos es un negocio, ofrecen paquetes de entre 499 hasta 4,799 pesos. Es indignante ver con qué facilidad pueden entrar a nuestra casa», criticó la comunidad.

Los habitantes de Mezcala recordaron que en 1997 el Estado mexicano reconoció que las islas son posesión de la comunidad, junto a las 3 mil 600 hectáreas de tierra comunal. Señalaron que no es la primera vez que empresas y gobiernos han buscado privatizar el territorio, pues en 2010 diversas autoridades estatales intentaron privatizar la isla a través de un fideicomiso, pero no lo lograron. «En ese entonces, la Secretaría de Cultura y el INAH-Jalisco declararon a la isla como “Museo de sitio”. Lo irónico es que esa declaración que intentó despojarnos ahora tampoco sirve para resguardar, ya que estas empresas pueden entrar fácilmente a un espacio histórico», agregaron.

En los últimos años, los pobladores de las islas de Mezcala son quienes han impulsado el turismo. Son los jóvenes, niños y adultos los que prestan servicios de guía turística, «por lo que decir que es una isla abandonada y privada es una total ignorancia», puntualizó la comunidad.

COMUNICADO COMPLETO:

Tlaltequepetquelt y Pechilinque, ambas, islas y corazón del pueblo coca de Mezcala, Jalisco, no son privadas, ni están abandonadas, sino, todo lo contrario.

Las empresas Omnia Experience y Techno Hours Sessions, anuncia descaradamente una RAVE en noviembre y diciembre de este año, en una isla PRIVADA y ABANDONADA. Esa Isla que anuncian, es nuestra isla, que como siempre lo hemos mencionado, es un sitio sagrado, ya que ahí, está el corazón de nuestro pueblo.

Territorio ancestral

Desde tiempo inmemorial, nuestras islas han sostenido la vida, la cultura y la espiritualidad de nuestro pueblo. En el siglo XVI, los escribanos coloniales mencionaban de cómo la gente coca asistía con frecuencia a dejar ofrendas a sus ídolos, por lo que tuvieron que poner a un monje en la isla para impedir que la gente siguiera usando ese espacio. Después, en el periodo independentista, la isla fue el bastión de resistencia de los insurgentes no solo de Mezcala, sino de una amplia región de Jalisco. Esa resistencia, nuestro pueblo la conmemora año con año, porque sabemos que nuestras tierras, son gracias a las luchas del pasado, por ejemplo, de nuestros insurgentes. En 1997, el estado mexicano reconoció que las islas son posesión de la comunidad de Mezcala, además de las 3,600 hectáreas de tierra comunal. En 2010 varias autoridades estatales (SC, INAH, Ayuntamiento de Poncitlán y ST), intentaron privatizar nuestra isla haciendo un fideicomiso, pero no lo lograron. En ese entonces, secretaria de Cultura y el INAH-Jalisco, declararon a la isla como “Museo de sitio”. Lo irónico es que esa declaración que intento despojarnos, ahora tampoco sirve para resguardar, ya que estas empresas, pueden entrar fácilmente a un espacio histórico.

Las islas de nuestro pueblo son habitadas por alrededor de 51 familias de chayoteros, lancheros y pescadores. También en los últimos años, el turismo se ha ido practicando por miembros del pueblo: jóvenes, niños y adultos que prestan servicios de guía turística, por lo que decir que es una isla abandonada y privada, es una total ignorancia.

Ahora, estas empresas nuevamente golpean nuestra historia, identidad y territorio. Para ellos es un negocio, ofrecen paquetes de entre 499 hasta 4,799 pesos. Es indignante ver con que facilidad pueden entrar a nuestra casa.

Llamamos a la sociedad en general a que nos ayuden a señalar este atropello que hacen estos agentes externos en nuestro territorio, que como siempre, solo buscan confundir a nuestra gente (con la promesa de que va a llegar dinero) y pisotear nuestra historia y cultura.

Nunca más un México sin Nosotros

Pobladores de la comunidad coca de Mezcala, Jalisco

FUENTE: DESINFORMEMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Asedio armado en comunidades nahuas de Michoacán

Desde la tarde del 20 de octubre, comunidades nahuas de Coahuayula, El Ranchual y La Laguna de Calvillo, en Michoacán, viven bajo ataque armado. Habitantes reportan el uso de drones con explosivos, armas de alto calibre, bazucas y la colocación de minas terrestres. Las familias permanecen resguardadas sin condiciones de seguridad ni presencia efectiva de autoridades.

De acuerdo con la Red Solidaria de Derechos Humanos, los ataques siguen un patrón repetido que ha sido documentado desde al menos enero de 2025, cuando ya se habían denunciado asedios, agresiones armadas y desplazamientos forzados en Coahuayula. En julio de 2024 también se había alertado sobre el uso de drones con explosivos contra población civil en Santa María Ostula.

El comunicado advierte que hay un riesgo masivo para la población civil, incluyendo niñez, personas mayores y enfermas, por la presencia de artefactos explosivos improvisados. Además, señala que no ha habido una respuesta estatal efectiva, pese a los reiterados llamados previos por parte de organizaciones y habitantes de la región.

Las organizaciones firmantes exigen el cese inmediato del ataque, el despliegue de fuerzas de seguridad con enfoque en protección civil, la creación de corredores humanitarios y la intervención de organismos internacionales como la OACNUDH y la CIDH. También piden atención humanitaria integral y una investigación inmediata por parte de la Fiscalía General de la República.

COMUNICADO:

Ataques armados y riesgo de desplazamiento forzado en Coahuayula, El Ranchual y La Laguna de Calvillo, Michoacán

Ciudad de México, 21 de octubre de 2025
Acción Urgente 008

Hechos

Desde las 18:00 horas del 20 de octubre de 2025, habitantes nahuas de los poblados de Coahuayula, El Ranchual y La Laguna de Calvillo reportan ataques continuos por grupos armados identificados por la población como grupos del crimen organizado, con disparos de armas de alto calibre, explosivos lanzados desde drones y uso de bazucas contra viviendas y puntos de resguardo. La población también reporta minas terrestres colocadas en caminos de acceso, impidiendo la entrada y salida segura. No hay presencia efectiva de fuerzas de seguridad. Familias enteras —incluyendo niñas y niños, personas mayores y enfermas— permanecen resguardadas bajo extrema vulnerabilidad. Estos patrones repiten ataques previos documentados en la zona.

Antecedentes inmediatos y patrón de violencia
  • 24 enero de 2025.- Documentación por la Red Solidaria de Derechos Humanos sobre asedio, agresiones armadas y diversos llamados a las autoridades por ataques directos y desplazamiento forzado en Coahuayula, Michoacán. https://redtdt.org.mx/archivos/19240
  • Julio de 2024.- La Red TDT emitió Acción Urgente por ataques armados en Santa María de Ostula en el que se reportó el uso de drones con explosivos contra población civil. https://redtdt.org.mx/archivos/19005
  • Pronunciamientos en redes sociales sobre Coahuayula, Laguna de Calvillo, el Ranchual y comunidades vecinas confirman el uso de drones, minas y asedio prolongado. Redes sociales de la comunidad
Riesgos y afectaciones a la población
  • Desplazamiento forzado interno, ejecuciones y lesiones a civiles, riesgo masivo por artefactos explosivos improvisados y minas.
  • Falta de protección estatal pese a la reiteración del patrón de ataques y llamados previos de la sociedad civil.
Exigencias urgentes
  1. Cese inmediato del ataque, despliegue de fuerzas de seguridad con enfoque de protección de civiles y creación de corredores humanitarios.
  2. Desactivación y limpieza de minas por unidades especializadas.
  3. Medidas de protección colectivas del Mecanismo Federal para autoridades comunitarias, defensoras y comunicadores locales.
  4. Investigación inmediata por parte de la Fiscalía General de la República y rendición pública de cuentas.
  5. Atención humanitaria integral que incluya requerimientos de salud, albergue y alimentación, así como atención especial a las niñeces, mujeres, mayores y personas con problemas de salud.
Llamado a organismos internacionales

Se solicita la intervención urgente de la OACNUDH-México, la CIDH, la Delegación de la Unión Europea y las Relatorías de la ONU sobre defensores, desplazamiento interno y ejecuciones. Se pide el envío de comunicaciones formales al Estado mexicano, dada la recurrencia de ataques y el uso de drones y minas contra población civil.

Destinatarios

Gobierno de Michoacán 

Contacto: spgmichoacan@gmail.com

Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP)

Contacto: oficialia.ssp@michoacan.gob.mx

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

Contacto: contacto@sspc.gob.mx

Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas

Contacto: mecanismo@segob.gob.mx

Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE)

Contacto: fiscalgeneral@fiscaliamichoacan.gob.mx

Fiscalía General de la República (FGR)

Contacto: atencionfgr@fgr.org.mx

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán (CEDH)

Contacto: contacto@cedhmichoacan.org

A las autoridades arriba enlistadas:

Solicitamos acciones inmediatas para detener los ataques, desplegar protección a civiles, habilitar corredores humanitarios, desactivar minas y abrir investigaciones. Estos ataques repiten un patrón documentado por la Red TDT y medios nacionales. Se requieren medidas colectivas de protección y atención humanitaria urgente.

Red Solidaria de Derechos Humanos

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes» (Red TDT)

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Pueblos indígenas exhiben el despojo del agua en 17 estados de México

La Asamblea Nacional por el Agua y la Vida reunió a pueblos indígenas, barrios y comunidades de México en el territorio Yaqui para intercambiar los mecanismos de despojo del agua que sufren y sobre todo, las estrategias de lucha que llevan a cabo para defenderla y cuidarla.

La asamblea inició con el pronunciamiento de María de Jesús Patricio, vocera del Congreso Nacional Indígena. Marichuy aseguró que «Cada una de las comunidades que formamos parte del Congreso Nacional Indígena tienen sus formas de como han resistido a este saqueo».

«Un desarrollo que destruye y mata a las comunidades, no es desarrollo de las comunidades, es un desarrollo del capital. De las empresas que solo ven un signo de pesos en la tierra, en los bosques, en el agua», asegura la vocera. Los agentes principales señalados por el despojo del agua son el gobierno mexicano y las empresas.

Las formas de despojo van desde extracción ilegal, favorecimiento se concesiones, megaproyectos como hidroeléctricas, termoeléctricas, gasoductos, Planes de Justicia, Áreas Naturales por imposición, parques industriales, Acueductos, cerveceras, basureros, contaminación industrial, presas, urbanización en cuerpos de agua, entre otros.

«Para ellos es ganancia, para nosotros es la muerte», dijo Marichuy.

Higinio Ochoa, integrante yaqui del Consejo del Agua del Pueblo de Loma de Bacum, dio la bienvenida a más de 127 personas que llegaron de 17 estados de México y de un país, Argentina.

Higinio describió cómo el Plan de Justicia llegó a dividir a los ocho pueblos yaquis y a darles quincenas a las autoridades con las cuales «son manipulados abiertamente».

«Se ha cacaraqueado mucho en el famoso plan de justicia Yaqui sobre el agua. Esta un grupo supuestamente de los 8 pueblos yaquis denominado La comisión Jiaki. Pero estan callendo en el despojo en contra de nuestros hermanos yaquis. Todo esto por un cheque», dijo Higinio con voz pausada y fuerte. Aseguró que estan traicionandose y perjudicandose entre mismos parientes, despojando el agua y con ello evitando las siembras.

Menciona lo que han vivido en Loma de Bacum para mantener al margen del pueblo al gobierno y tomar conteol del agua de la presa del Oviachic. Así mismo crearon el Consejo del agua Es el único de los 8 pueblos que no participó en el Plan del gobierno mexicano.

«El agua no es de la Conagua», aseveró Higinio.

El pueblo de Loma de Bacum frenó un gasoducto de la empresa Ienova en el año 2018. Ahora con el Plan del Justicia, crearon un Consejo del Agua para asegurar el manejo del agua para la siembra agroecológica y la distribución a la comunidad.

Al inicio de la asamblea realizaron un ritual para agradecer y ofrendar la palabra a la acción. Se registraron personas provenientes de 16 pueblos p’urépecha, maya peninsulular, popoluca, nahua, yaqui, mayo, ñu savi, mixe, tsotsil, tseltal, otomí, raramuri, naayeri, masateca, chol y uno internacional: mapuche.

«Cada uno de los pueblos han sabido cuidar su territorio, claro que saben cómo ir manejando el agua, ir cuidando los recursos naturales, las plantas, por eso todavía estan viviendo, por eso hay pueblos, por eso hay tierras, agua, por eso quieren quitar a los pueblos para quedarse con las riquezas que se tienen ahí», dijo Marichuy.

Los 17 estados que participaron son Zacatecas, Sonora, CDMX, Querétaro, Jalisco, Aguascalientes, Chihuahua, Sinaloa, Estado de Mexico, Puebla, Veracruz, Chiapas, Michoacan, Baja California, Morelos, Oaxaca, Campeche; y un país: Argentina.

«Juntos podemos defender esta vida. Ni si quiera es para nosotros sino una vida para todos los que vienen atras y para nuestro territorio. Aqui estamos dispuestos a continuar esta articulación de diferentes fuerzas para poner un alto ante tanto despojo», aseguró Marichuy.

En el primer día de trabajo de la asamblea, las personas participantes realizaron mesas de trabajo para dialogar con las preguntas ¿Quienes despojan el agua, como es el despojo? Y respondieron ¿Cuáles son las estrategias de defensa del agua que llevan a cabo en sus geografías?

Para el segundo día de trabajo realizaran la asamblea plenaria y pronunciamiento final con la declaratoria y acuerdos tomados.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: DALIRI OROPEZA.

Yaquis de Sonora resisten contra divisiones del gobierno y un Plan de Justicia fallido creado por AMLO

El Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui impulsado por AMLO prometía saldar una deuda, pero abrió nuevas heridas en una lucha que no conoce descanso. Aun así, los yaquis están dispuestos a llegar “hasta donde tope” por su dignidad y el derecho al agua.

“En la danza del venado, vibra la sangre y su raza. Esa historia es tu pasado, pasado que nunca pasa”. Rodrigo Gotogopicio canta con nostalgia los versos de “Yaqui de Oro”, una melodía que un integrante de la tribu yaqui de Sonora compuso y compartió con sus compañeros cuando era más joven.

El capitán del pueblo de Vícam camina al lado de lo que queda de uno de los brazos del Río Yaqui. El agua está estancada, con algas, y cada año disminuye su volumen, pues en 2010 empezó la construcción y operación del mega proyecto Acueducto Independencia que extrae el recurso hídrico para entregarlo a la ciudad de Hermosillo.

“[El río] Da agua a los animales, para el riego, para el mar. Los animalitos beben del agua, lo necesitamos mucho”, comparte Gotogopicio.

“Se miraba muy bonito cuando corría el agua”, recuerda mientras señala donde pasaba el río. “Mucha gente antes lavaba en los ríos, antes no había llaves, y tenían que venir al río”.

Desde su resistencia, los yaquis han resaltado que son ellos y ellas quienes deben hablar por el agua, las montañas, las piedras y el mar que no tienen voz para defenderse a sí mismos de la explotación humana.

El cuerpo de agua es vital para los ocho pueblos que conforman la tribu yaqui. Ha sido un eje central de la lucha por el territorio que han desempeñado desde los tiempos del porfiriato, y más recientemente contra los embates del Gobierno mexicano.

Aunque la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador propuso un Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, quienes dieron el beneficio de la duda a la iniciativa, hoy señalan que la política gubernamental no ha atendido sus demandas y necesidades, pero sí ha generado divisiones. En 2021 registró el asesinato de uno de sus miembros más activos, Tomás Rojo.

Los yaquis, bajo acecho desde el porfiriato

La bandera yaqui se compone por tres franjas verticales de color azul, blanco y rojo. El rojo representa la sangre que derramaron los indígenas cuando se levantaron en armas contra el gobierno de Porfirio Díaz, a finales del siglo XIX, tras abusos e intentos de colonización. Durante ese periodo, el Estado lanzó una embestida del Ejército contra los yaquis: los vendió como esclavos y los deportó a la Península de Yucatán.

Después llegó un periodo de relativa paz, representado en el símbolo de su nación con el color blanco. Con el gobierno de Lázaro Cárdenas, la tribu pudo recuperar parte del territorio sonorense que había perdido y empezar a reconstruir su comunidad, que para ese momento ya había fundado asentamientos en otros estados de la República, como Veracruz y Yucatán, mismos que aún se mantienen.

“La política, de cualquier partido, a los indígenas nos ha tratado mal. Nos han pisoteado los derechos, y parece que nos quieren acabar los usos y costumbres”, acusa César Cota, miembro de la tropa yoreme.

“Hemos andado en muchas partes, todos siempre defendiendo nuestro territorio: el agua, las montañas, el mar. Esas no hablan, por eso dicen los viejos, ‘pero nosotros hablamos por ellos’. Ellos están ahí: el agua corre, las piedras no se mueven. El mar ahí está, pero no habla. Por eso, nosotros debemos hablar por ellos”.

El Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui provoca divisiones

En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se propuso un Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, con el cual el presidente prometió restituir tierras y aguas a la tribu, además de pedir perdón por los crímenes cometidos en su contra por gobiernos anteriores. La estrategia consistía en rehabilitar y entregar el Distrito de Riego 018 para que los yaquis tuvieran derecho a agua para sus hogares, el ganado y la siembra, además de la construcción de una universidad, rehabilitación de escuelas, modernizar la infraestructura, mejorar las instalaciones de servicios de salud, entre otras acciones, para atender la deuda con los pueblos.

La noticia fue recibida por los pueblos con opiniones divididas: algunos se acercaron al oficialismo, otros se limitaron a aceptar la iniciativa con críticas y recelo. Entre quienes vieron buena voluntad del exmandatario, hay quienes se sienten decepcionados y traicionados.

Recuerdan cuando López Obrador los visitó en el pueblo de Pótam, durante su tercera campaña presidencial en el 2018, y prometió hacer justicia a la tribu yaqui.

“Sí, llegó a ser presidente. Sí, hizo el Plan de Justicia para los Yaquis, y todo estaba bien, pero debajo de ese plan había un propósito: un nuevo decreto que nos iban a imponer”, rememora Cota a inicios de octubre de 2025, en el marco de la Caravana por el Clima y la Vida, una iniciativa de organizaciones y colectivas para reunir exigencias de pueblos que defienden la autonomía y el territorio.

La serie de decretos presidenciales y políticas implementadas por López Obrador entregaron tierra, agua y vivienda a los yaquis, pero en el 2021 y 2022, explica Cota, el Gobierno mexicano impulsó acuerdos con algunas autoridades yaquis para la asignación de agua a la comunidad, lo cual provocó divisiones en la tribu.

El nuevo Ministro Presidente fue operador del Plan de Justicia Yaqui

Además del despojo de territorio, con la construcción del Acueducto Independencia se violó el derecho de la tribu yaqui al agua.

El hecho fue escalado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que en 2013 emitió un fallo histórico en contra de la Autorización de Impacto Ambiental con la que se había permitido la magna obra y señaló que no se había llevado a cabo una consulta informada a la tribu para su realización.

Las y los magistrados de la entonces Primera Sala ordenaron al Estado realizar la consulta y detener las operaciones del acueducto, lo cual no fue acatado.

Divididos, los yaquis que se mantienen críticos contra el Estado no confían en que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pueda resolver a favor de sus pueblos. Además, la Suprema Corte ahora está presidida por el ministro Hugo Aguilar Ortiz, quien fungió como abogado del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en el sexenio de López Obrador.

Aguilar, quien resultó electo a inicios de junio en las elecciones judiciales, fue fundamental para la creación y posterior implementación del Plan de Justicia Yaqui.

“Ese personaje es el que hizo daño a nosotros, la tribu”, remarca Cota. “Dice que es indígena, pero trabaja a favor del Gobierno. (…) Ahora, nuestros amparos [contra el plan], es lo que estamos diciendo: ‘¿dónde van a quedar, con esa nueva Suprema Corte?’ Si la misma persona que nos hizo daño, como a otros indígenas del sur, ahora está allá adentro. ¿Dónde vamos a quedar nosotros?”.

La lucha por el agua y el territorio

Así como los yaquis llevan más de cien años en lucha por el respeto a sus usos y costumbres, su territorio y el agua, el Estado mexicano ha continuado con la criminalización de sus representantes.

El 27 de mayo de 2021, el líder yaqui Tomás Rojo fue reportado como desaparecido. El activista fue uno de los principales voceros en la lucha contra el Acueducto Independencia en 2010, por lo que incluso fue falsamente acusado de varios delitos. Dos semanas después de su desaparición fue localizado sin vida en una fosa.
Fernando Jiménez fue detenido arbitrariamente en septiembre de 2014, bajo los cargos de robo de vehículo y privación ilegal de la libertad. Fue encarcelado injustamente durante 11 meses. A más de 10 años de los hechos, el asesinato de Rojo es un recordatorio de que la lucha continúa.

“Sigo en el mismo lugar, con la misma gente, se podría decir, ya que algunos ya no se encuentran con nosotros”, dice Jiménez. “Sigo al pie de la letra todo lo que aprendí de mi compañero, que en paz descanse, Tomás Rojo Valencia”.

Para él, el Plan de Justicia Yaqui ha sido un instrumento para ensartar “un golpe mortal” a la tribu y su movimiento, por lo que ha hecho un llamado a que se revisen los acuerdos oficiales hechos por el Gobierno federal que contemplen el respeto al territorio y derechos del agua de los yaquis.

En ese sentido, Agustín Molina, Capitán del Pueblo de Pótam, resaltó que la tribu yaqui continuará peleando por sus derechos.

“Vamos a seguir hasta donde debamos para defender nuestros derechos. Esos niños que andan ahí, jugando”, dice señalando a los miembros más pequeños de la tribu, “mañana o pasado no van a tener un futuro, como nosotros lo tuvimos cuando nuestros antepasados nos heredaron este pedazo de territorio”.

“Por eso vamos a seguir adelante, hasta donde tope y hasta donde tengamos que llegar”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TAMARA MARES.

«No puede haber justicia sin los pueblos indígenas»: comunidades en plantón frente a SCJN

«En esta nueva etapa del sistema judicial mexicano, no puede haber justicia sin los pueblos indígenas», aseguraron las comunidades indígenas de distintos estados del país que este jueves instalaron un plantón frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la Ciudad de México.

«No venimos a pedir favores, venimos a exigir lo que por derecho nos corresponde», señalaron integrantes de los pueblos mazateco de Eloxochitlán de Flores Magón; chontal de El Coyul; zapoteco de Puente Madera; yaqui de Sonora y purépecha de Michoacán, que denunciaron las problemáticas en sus territorios derivadas de «un sistema judicial históricamente corrupto y racista».

Acusaron que en lugar de proteger a los pueblos, el sistema judicial actual criminaliza a quienes defienden el territorio, la autonomía y los derechos colectivos. «Por décadas, nuestras comunidades han sido víctimas de violencia estructural, despojo, desplazamiento forzado, desapariciones, criminalización, y otros crímenes de lesa humanidad», apuntaron.

Los pueblos en plantón exigen una mesa de diálogo «urgente e inmediata» con el ministro presidente de la SCJN Hugo Aguilar, de quien señalaron «que puede y debe marcar un nuevo rumbo en la justicia» para las comunidades, así como con la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra.

COMUNICADO:

Por la justicia de los pueblos originarios: Plantón frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Ciudad de México, 9 de octubre del 2025.

Integrantes de diversas comunidades originarias del país —entre ellas la comunidad chontal de El Coyul, — hemos instalado un plantón pacífico frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El motivo de esta acción es la exigencia de una mesa de diálogo urgente e inmediata con el Ministro Presidente Hugo Aguilar, quien ha manifestado públicamente su compromiso con los derechos de los pueblos originarios y por lo tanto creemos que puede y debe marcar un nuevo rumbo en la justicia para nuestras comunidades.

Nuestras voces vienen desde territorios profundamente golpeados por un sistema judicial históricamente corrupto y racista, que en lugar de protegernos, criminaliza a quienes defendemos la vida, el territorio, la autonomía y los derechos colectivos. Por décadas, nuestras comunidades han sido víctimas de violencia estructural, despojo, desplazamiento forzado, desapariciones, criminalización, y otros crímenes de lesa humanidad.

Este es el momento de romper con esa historia de impunidad.

Demandamos:

• Una reunión directa e inmediata con el Ministro Presidente Hugo Aguilar y con la Presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra.

Reiteramos: no venimos a pedir favores, venimos a exigir lo que por derecho nos corresponde. En esta nueva etapa del sistema judicial mexicano, no puede haber justicia sin los pueblos indígenas.

¡Alto a la criminalización!

¡Justicia para nuestros pueblos!

¡La Suprema Corte debe escuchar a las comunidades originarias!

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Plan de Justicia del Pueblo Yaqui no ha servido para nada, denuncian

La Caravana Mesoamericana por el Clima y la Vida, capítulo México, inició el fin de semana en la comunidad de Pótam, donde autoridades tradicionales afirmaron que el Plan de Justicia del Pueblo Yaqui “no ha servido para nada” y, en cambio, ha fracturado a las comunidades y a la organización autónoma.

César Cota, autoridad tradicional, denunció que el Decreto de Creación del Distrito de Riego 18, que forma parte del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui, ha sido una forma de robarle agua y territorio al pueblo yaqui.

En los testimonios vertidos en el encuentro, señalaron que el Decreto 18 fue impuesto con engaños y forzando a autoridades a firmarlo. Responsabilizaron al titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino, y al actual Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, de imponer el Plan de Justicia hace cuatro años.

La Nación Yaqui interpuso un amparo al Decreto 18 alegando la violación al derecho a la consulta previa, libre e informada. Narraron que el INPI forzó la consulta en menos de dos días, ignorando las formas de organización tradicional y el derecho a la libre autodeterminación.

Otros testimonios de asistentes a la caravana enfatizaron en el hecho de la imposición de megaproyectos a través de consultas simuladas. Integrantes de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) denunció que así fue impuesto el Corredor Interoceánico.

“Nos enfrentamos a la instrumentalización de nuestro derecho a la consulta; nos enfrentamos a un gobierno que utiliza el derecho que hemos ganado en nuestra contra (…) Utilizan estos mecanismos de generar autoridades paralelas, que van rompiendo el tejido comunitario y generando conflictos que van a tardar generaciones en recuperarse”, señala un comunicado de la APIIDTT.

Por su parte, Román Sosa, de la comunidad chontal del Coyul, denunció la criminalización que él y su comunidad padecen a partir del despojo de más de mil 452 ha de su territorio. Durante la jornada de denuncias estuvieron presentes representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como su homóloga comisión estatal de Sonora.

La caravana sigue su recorrido a territorio purépecha, en Huáncito, Michoacán, luego se traslada a la ciudad de Oaxaca, posteriormente llegará a la CDMX, donde se tiene contemplado un plantón ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exigir respeto a la libre determinación. Después recorrerá comunidades de Centroamérica del 12 de octubre al 12 de noviembre.

FUENTE: LA COPERACHA.
AUTOR: REDACCIÓN.

Denuncian censura y criminalización de la BUAP contra pueblos cholultecas

Pueblos de la región cholulteca denunciaron la censura, criminalización y amenazas a estudiantes por parte de las autoridades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y su Facultad de Filosofía y Letras, luego de que éstas suspendieron un conversatorio sobre la defensa del agua tras asegurar que las personas y organizaciones que asistirían «andan incitando a la violencia» y realizan «actos vandálicos y amenazas de muerte».

En un comunicado, los pueblos y colectivos cholultecas informaron que el conversatorio «La Autonomía de los Pueblos contra el despojo y la contaminación del capital. La lucha de los Pueblos de la región Cholulteca en defensa del Agua», programado para el 13 de octubre en el Colegio de Antropología Social, fue suspendido con una solicitud en la la institución se deslinda «de cualquier tipo de responsabilidad presente o futura hacia los estudiantes», pues con el evento se les exponía «tanto en su integridad física, psicológica, legal».

El documento oficial de la BUAP añade que «en caso de que los estudiantes quisieran apoyar este tipo de movimientos, hacerles saber que actuarán bajo su más estricta responsabilidad deslindando a esta casa de estudios», párrafo que, aseguraron los pueblos, «da cuenta clara de que la solicitud proviene de representantes académicos de la BUAP, del Estado y sujetos que han promovido la división en los pueblos, como es Héctor Flores Santamaría», quien firmó la solicitud.

«Denunciamos que estas posturas favorecen, promueven, legitiman y justifican la represión a los pueblos y abonan al ambiente de criminalización que padecemos como comunidades. […] Peligrosos son quienes, desde un lugar de poder como es la dirección de la BUAP, nos señalan como violentos; somos pueblos que defendemos nuestros derechos, que ejercemos nuestra autonomía y que luchamos por la vida», reclamaron las comunidades y colectivos cholultecas.

Agregaron que las prácticas de las autoridades de la BUAP no les extrañan debido a la institución «ha sido cómplice del ecocidio» en la región, pues fue utilizada por el ahora gobernador, Alejandro Armenta Mier, para avalar «científicamente» que el basurero intermunicipal Calpan-Cholula no contaminaba el medio ambiente.

«De la misma forma, la actual rectora, Lilia Cedillo, se alquiló para hacer proselitismo en el municipio de Juan C. Bonilla. No nos extrañan estas actitudes de parte de la BUAP hacia los pueblos, pues en septiembre de 2024, en el Coloquio Internacional e Interdisciplinario de Género y Feminismo, realizado en la Facultad de Filosofía y Letras, la voz de las compañeras fue censurada en sus plataformas virtuales», denunciaron en el comunicado.

Frente a la criminalización y censura por parte de la institución, los pueblos anunciaron que el conversatorio se realizará en el campamento contra el basurero y en defensa del agua y la vida en Cholula, este 11 de octubre a las 12:00 horas, pues aseguran que es un espacio «más crítico, libre y rebelde».

«No necesitamos al gobierno y sus instituciones, no necesitamos una educación que amenaza, adormece y corrompe la voluntad y el pensamiento; nos necesitamos a nosotros, la gente sencilla y humilde que en la práctica y los hechos derrumbará esa pirámide y sobre sus ruinas construirá un mundo para el bien común», finalizaron los pueblos cholultecas.

COMUNICADO:

A Los estudiantes

A los medios de comunicación

A los pueblos de la región Cholulteca y de los volcanes

A los compañeros y compañeras que luchan por la vida

En el marco de la lucha y defensa del agua y de las jornadas contra la Guerra hacia los pueblos zapatistas y la defensa del común, los pueblos de la región Cholulteca y estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (#BUAP) organizamos un conversatorio en el Colegio de Antropología Social que forma parte de la Facultad de Filosofía y Letras. Esta actividad, que lleva por título: «La Autonomía de los Pueblos contra el despojo y la contaminación del capital; La lucha de los Pueblos de la región Cholulteca en defensa del Agua», se programó para el día lunes 13 de octubre a las 12:00 horas en el Colegio de Antropología Social con la finalidad de compartir entre los estudiantes la resistencia, la organización comunitaria y la preservación y cuidado de la tierra y la vida.

Sin embargo, el día 7 de octubre, la Dra. Josefina Manjarrez Rosas, Directora de la Facultad de Filosofía y Letras de la BUAP, y el Dr. Porfirio Sánchez Méndez, Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, enviaron y difundieron el oficio CGUTAI-852/2025 con la solicitud 610/2025. Dicho documento, proveniente de la Plataforma Nacional de Transparencia con fecha 2/10/2025 a nombre de Héctor Flores Santamaría, folio: 210447925000610, indica la solicitud de la suspensión de dicho evento. La «solicitud» que en documento se plantea como tal, pero que en los hechos es dirigida y difundida por la directora y el titular de la Unidad de Transparencia como orden, señala, entre otras cuestiones, que las personas y organizaciones que asistirán a dicho evento «andan incitando a la violencia», además de realizar «actos vandálicos y amenazas de muerte». Más adelante, el documento indica: «en caso de llevarse a cabo una plática o conversatorio o reunión nos deslindamos de cualquier tipo de responsabilidad presente o futura hacia los estudiantes […] Ya que se busca que no se vaya a exponer a los estudiantes tanto en su integridad física, psicológica, legal y además en caso de que los estudiantes quisieran apoyar este tipo de movimientos hacerles saber que actuarán bajo su más estricta responsabilidad deslindando a esta casa de estudios». Este último párrafo, además de las graves amenazas y la violencia implícita hacia los estudiantes, da cuenta clara de que la solicitud proviene de representantes académicos de la BUAP, del Estado y sujetos que han promovido la división en los pueblos como es Héctor Flores Santamaría.

Como pueblos organizados en defensa de la autonomía, la tierra y la vida, analizamos la terrible y preocupante situación de violencia generada, promovida y difundida por la institución de la BUAP ante sus estudiantes y planta académica, que se sigue dando en el marco de unas elecciones de rectoría muy cuestionables donde la Dra. Lilia Cedillo Ramírez se impuso nuevamente a través de estas mismas prácticas de represión y criminalización.

A los pueblos de la región Cholulteca y de los volcanes no nos extrañan estas prácticas, pues sabemos que la institución de la BUAP ha sido cómplice del ecocidio en nuestra región, pues fue utilizada por el criminal priísta que hoy es gobernador por MORENA, Alejandro Armenta Mier, para decir que la Universidad avalaba científicamente que el basurero intermunicipal Calpan-Cholula no contaminaba el medio ambiente. De la misma forma, la actual rectora, Lilia Cedillo, se alquiló para hacer proselitismo en el municipio de Juan C. Bonilla. No nos extrañan estas actitudes de parte de la BUAP hacia los pueblos, pues en septiembre de 2024, en el Coloquio Internacional e Interdisciplinario de Género y Feminismo, realizado en la Facultad de Filosofía y Letras, la voz de las compañeras fue censurada en sus plataformas virtuales.

Denunciamos que estas posturas favorecen, promueven, legitiman y justifican la represión a los pueblos y abonan al ambiente de criminalización que padecemos como comunidades. Sabemos de la postura con tendencia fascista que se está generalizando en los gobiernos del mundo y que permiten que la guerra sea contra los pueblos; lo vemos de manera clara en el genocidio en Palestina y no vamos a permitir que crezca y se fortalezca ese discurso en contra de nosotros. Peligrosos son quienes, desde un lugar de poder como es la dirección de la BUAP, nos señalan como violentos; somos pueblos que defendemos nuestros derechos, que ejercemos nuestra autonomía y que luchamos por la vida.

¿Qué tipo de egresados de la BUAP esperamos si institucionalmente se promueve el racismo y el autoritarismo?

Los pueblos, desde hace siglos, hemos construido y defendido nuestra autonomía, algo de lo que carece esta institución. Las comunidades, como quiera, vamos a seguir luchando y resistiendo el embate del gobierno y sus estructuras de poder.

Lo que sí debería indignar a toda la sociedad es el trato inhumano y represor que esta institución promueve y reproduce entre sus estudiantes y planta docente.

Los pueblos de la región Cholulteca y de los volcanes les hacemos un llamado a todos los estudiantes a organizarse, a seguir defendiendo el pensamiento crítico y la lucha por la libertad porque el día de mañana serán ustedes los que, junto con nosotros, transformen la realidad para el bien común.

En este sentido, los invitamos al conversatorio: «La autonomía de los pueblos contra el despojo y la contaminación del capital; La lucha de los pueblos de la región Cholulteca en defensa del agua». Pero ya no en el auditorio Néstor García Canclini del Colegio de Antropología Social de la BUP (ya le quitamos la A), sino en un espacio más crítico, libre y rebelde: en el campamento contra el Basurero y en defensa del agua y la vida. Y ya no será el día 13 de octubre del año en curso, sino el sábado 11 de octubre a las 12:00 hrs.

No necesitamos al gobierno y sus instituciones, no necesitamos una educación que amenaza, adormece y corrompe la voluntad y el pensamiento; nos necesitamos a nosotros, la gente sencilla y humilde que en la práctica y los hechos derrumbará esa pirámide y sobre sus ruinas construirá un mundo para el bien común.

Sin más por el momento…

AUTONOMÍA, TIERRA Y LIBERTAD

A 8 de octubre de 2025

PUEBLOS UNIDOS DE LA REGIÓN CHOLULTECA Y DE LOS VOLCANES

UNIÓN DE PUEBLOS CONTRA EL BASURERO Y EN DEFENSA DEL AGUA

CONSEJO CIUDADANO DE XOXTLA Y SUS ALREDEDORES

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Oaxaca: Alertan por violencia en comunidades ñuu savi tras retiro GN

El Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió acción urgente AU núms. 1456/2021 a 1460/2021 por la desaparición de personas, presuntamente por autoridades municipales de San Esteban Atatlahuca.

El pasado 23 de septiembre, elementos de la Guardia Nacional que brindaban seguridad y protección a los habitantes de las comunidades ñuu savi de Guerrero Grande y Mier y Terán, en San Esteban Atatlahuca, Oaxaca se fueron.

Quedaron a la deriva sin importar que son sobrevivientes de violencia extrema y desplazamiento forzado tras conflictos internos.

Por tal razón, el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas alertó de un nuevo riesgo para los habitantes, debido a que el pasado 26 de agosto, en la página de Facebook “H.Ayuntamiento Atatlahuca” informaron de una nueva agresión a estos pobladores.

La situación, ya fue denunciada ante la Fiscalía General de la República (FGR) para su vigilancia y existe una carpeta de investigación; sin embargo, sin la presencia de uniformados, es latente una nueva agresión.

En octubre del 2021, los días 21, 22 y 23 de octubre, un grupo armado encabezado por autoridades municipales de San Esteban Atatlahuca quemaron más de cien casas en las comunidades de Guerrero Grande y Ndoyonuyuji.

El día 23 de octubre de ese mismo año, este mismo grupo armado integrado por autoridades de la cabecera municipal de San Esteban Atatlahuca, atacó a vecinos de la comunidad de Guerrero Grande, San Esteban Atatlahuca.

Fueron desaparecidos los señores Marco Quiroz Riaño, Miguel Bautista Avendaño y Donato Bautista Avendaño y asesinado el señor Isidoro Hernández.

Los ataques y agresiones hacia los habitantes de la comunidad de Guerrero Grande y Ndoyonoyuji, fueron constantes, empezaron desde el día 1 de octubre del 2021, y el día 3 de octubre del 2021, se encontró el cuerpo sin vida del señor Jacinto Hernández Quiroz con disparos de arma de fuego.

Una de las defensoras que alertó este conflicto y la disputa del territorio por la madera, fue Irma Galindo Barrios, quien también desapareció el 27 de octubre en la ciudad de México, cuando acudió a una reunión con el Mecanismo de Protección para personas defensoras y periodistas.

Dos meses después de estos sucesos, el 31 de diciembre, el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió acción urgente AU núms. 1456/2021 a 1460/2021.

EL CED-ONU solicita al Estado Mexicano la búsqueda inmediata de los señores Miguel Bautista Avendaño, Donato Bautista Avendaño, Marco Quiroz Riaño, Mayolo Quiroz Barrios y de la señora Irma Galindo Barrios e investigación de su desaparición forzada, sin que a la fecha se haya localizado a alguno de ellos.

Maurilio Santiago dijo que ante esta situación de riesgo, los beneficiarios de Medidas Cautelares y el Centro de derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C responsabilizan al Estado Mexicano de cualquier agresión violenta que se pueda dar en contra de los beneficiarios de medidas cautelares.

Es importante mencionar, que las y los habitantes de Guerero Grande y Mier y Terán así como sus autoridades exigen al Estado garantizar su seguridad que hoy más que nunca está en riesgo.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: DIANA MANZO.