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INE: 227 millones a incondicionales de García Luna por “Centro de Seguridad Integral”

El contrato fue asignado por el INE de Taddei a la empresa AMPS, fundada por Marco Antonio Novella Juárez, que fue director de Desarrollo Penitenciario de la Secretaría de la SSP en el primer círculo de García Luna, y Jorge Tello Peón, asesor de Felipe Calderón en materia de seguridad y mentor de Genaro García Luna

La administración de Guadalupe Taddei en el Instituto Nacional Electoral (INE) transfirió, “en una sola exhibición”, 227 millones de pesos a la empresa AMPS, creada por Jorge Tello Peón y Marco Antonio Novella Juárez, dos personajes del círculo de confianza del extitular de la Secretaría de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, hoy convicto en una prisión de los Estados Unidos por crimen organizado.

Tello Peón fue asesor presidencial de Felipe Calderón en materia de seguridad pública, y se le atribuye el fichaje, en aquella administración, de García Luna, quien fue condenado a casi 40 años de prisión en los Estados Unidos por narcotráfico. Marco Antonio Novella Juárez , por su parte, fue director de Desarrollo Penitenciario de la SSP en el primer círculo del ahora convicto.

De acuerdo con una investigación desarrollada por EMEEQUIS con base en la consulta de registro notariales y corporativos, recursos de transparencia y consultas al INE, la transferencia del dinero se efectuó para cubrir el costo de un contrato asignado de manera directa y con vigencia de diciembre de 2025 a diciembre de 2026, por “la prestación del servicio para el proyecto” denominado “Centro Estratégico de Seguridad Integral”. 

No sabemos si AMPS fue contratada por el INE, por un proyecto escrito, por la ejecución de una obra o por un servicio operativo, ya que la versión pública del contrato no incluyó el anexo técnico. 

EMEEQUIS solicitó con oportunidad al INE el documento faltante o en su defecto especificación sucinta sobre los bienes o servicios adquiridos con la contratación señalada,  así como una exposición sucinta sobre el criterio preciso por el que decidió omitir la licitación para asignar el contrato.

Como respuesta, el organismo remitió a este medio de información la copia de una respuesta a una solicitud de información sobre el contrato en cuestión, en la que se informa que los detalles relacionados con el anexo único del contrato fueron clasificados por cinco años, por cuestiones de seguridad nacional y para la preservación de la democracia; y en la que se alude al surtido de cámaras de vigilancia y torniquetes colocados en dos edificios del mismo instituto.

Por otro lado, pedimos a la IA de Google que, con base en el precio por metro cuadrado para el ciclo 2025 – 2026 del Centro de Ingeniería de Costos de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), estimara qué obra podría ejecutarse con los recursos transferidos por el INE a la caja de la empresa fundada por Novello y Tello Peón. 

Según la IA, con dichos recursos podría financiarse un hospital privado completo, de tamaño mediano, con aproximadamente 9,500 metros de construcción; un edificio corporativo moderno de diseño estándar de unos 7,500 metros cuadrados; una nave industrial de manufactura o centro de distribución logística de poco más de 21 mil metros cuadrados; o 261 viviendas de interés social (incluidos costos de terrenos y urbanización).

Sobre la naturaleza de los propietarios de la empresa beneficiaria del contrato, el INE no hizo comentarios.



AL CHAS – CHAS

El dinero salió del INE directo a la cuenta de la compañía creada por los amigos de García Luna en un solo depósito.  

Y es que el contrato, con número INE/050/2025, se decidió a dedo: “el instituto aprobó la excepción a la licitación pública para la adquisición de bienes objeto del presente contrato, mediante Acuerdo No. 1, tomado en Décima Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones , Arrendamientos y Servicios” del 5 de diciembre de 2025”. Le notificaron al proveedor en la misma fecha.

El objeto del contrato consistía en “la prestación del servicio para el proyecto integral ‘Centro Estratégico de Seguridad integral’ para los inmuebles del Instituto Nacional Electoral (Tlalpan, Tláhuac, orum, Zafiro, Insurgentes, Quantum, Centro de Cómputo y Resguardo Documental, y Moneda) y las 32 juntas locales ejecutivas”.

El monto que la institución destinó por este servicio para la empresa de Novella y Tello Peón fue de 227 millones de pesos cerrados, con el IVA incluido, que fue liquidado en una sola exhibición. 

El INE establece que la firma del contrato “se realizó a petición de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios (a cargo de Mario Alfonso Burciaga Esparza) de la Dirección Ejecutiva de Administración”, y designó como administradora del contrato a Ofelia Sánchez Frías, coordinadora de Seguridad y Protección Civil del organismo, y a Guadalupe Durán para recibir la documentación del beneficiario.

La vigencia del contrato es de la fecha del 5 de diciembre de 2025 al 5 de diciembre de 2026. Es decir, inició su vigencia en cuanto se asignó y continúa al menos durante este año.

El INE justificó la “excepción” para asignar el contrato sin licitación ni concurso de ningún orden, “con fundamento en los artículos; 134, párrafo cuarto, de la Constitución”; “21, fracción II; 23, 24, 26; 31, párrafos primero, fracción I; segundo y décimo primero, fracción I; y 35, fracción I, del Reglamento de INE en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios”.

Sólo el último de los artículos invocados alude a excepciones a la licitación, y de hecho remite a los criterios establecidos por la Secretaría de Economía, a saber, cuando no existan bienes o servicios alternativos, o si se trata de patentes exclusivas, por ejemplo medicamentos de patente o tecnologías únicas.

EMEEQUIS consultó con oportunidad al INE para conocer los criterios que sustentaron la asignación del contrato sin licitación, así como los detalles del anexo técnico. El organismo remitió a este medio informativo una copia de una respuesta a una solicitud de información sobre la asignación en cuestión.

En el documento se explica que la información relacionada con el anexo único fue clasificada por cinco años para salvaguardar la seguridad nacional, pues de lo contrario, “se pone en franco riesgo la capacidad del INE para ejercer su función estatal de organizar elecciones”, y que tiene como propósito último salvaguardar  ”la correcta ejecución de todo proceso electoral a su cargo y, por lo mismo, al orden constitucional y a la democracia y sus instituciones” 

La respuesta también explica que “el contrato derivó de un procedimiento de contratación aprobado por el Comité de Adquisiciones, mediante adjudicación directa, sustentada en una investigación de mercado”.


EL ARMAZÓN CORPORATIVO

AMPS para la Integración y la Articulación S.A.P.I de C.V. fue constituida el 25 de enero de 2017, ante la Correduría Pública No. 59 de la Ciudad de México, con sede en la Alcaldía Miguel Hidalgo, por tres socios: Marco Antonio Novella Juárez, Jorge Enrique Tello Luna y Madison Intelligence Holding.

Esta última compañía fue formada ante el mismo fedatario el 13 de abril de 2016, por Jorge Enrique Tello Peón, Jorge Enrique Tello Luna y Laura Gabriela Tello Luna.

AMPS se planteó como propósitos, de acuerdo con la documentación constitutiva, “prestar servicios de consultoría relacionados con la seguridad de las empresas, incluyendo: (i) consultoría en análisis de seguridad física: análisis de contexto, análisis de vulnerabilidad física y evaluación de infraestructura; (ii) consultoría en diseño de procesos, consignas y protocolos para los planes maestros de seguridad; (iii) integración de soluciones de seguridad a través de la coordinación de proveedores”, entre otros.


Por lo que toca Madison Intelligence Holding, se propuso como principal objetivo “participar en el capital social de toda clase de sociedades mercantiles, civiles, asociaciones o empresas industriales, comerciales, de servicio, mexicanas o extranjeras, públicas o privadas, incluyendo la compra y venta de acciones, partes sociales o derechos y en general intervenir en todo tipo de inversiones en sociedades de cualquier índole tanto nacional como extranjera, así como participar en su administración o liquidación”, entre otros varios.


Y AMPS, la sociedad formada por Novella y Tello Peón en 2017, en 2024 modificó su catálogo de servicios, para incluir seguridad personal, “custodia, vigilancia, cuidado y protección de bienes muebles o valores, incluyendo su traslado”, “instalación de sistemas de alarma”, custodia y preservación de “ información, a través de sistemas de administración de seguridad, de bases de datos, redes locales, corporativas y globales, sistemas de cómputo, transacciones electrónicas, así como respaldo y recuperación de dicha información, sea ésta documental, electrónica o multimedia”; ”informes de antecedentes, solvencia, localización o actividades de personas”; y servicios de consultoría en seguridad.

NOVELLA, AL SECTOR DEL ENTRETENIMIENTO

La “vena empresarial” de Marco Antonio Novella había surgido muchos años atrás. En 2002, a sus 50 años, fundó la compañía Consultoría en Gestión de Riesgos, S.A. de C.V., en sociedad con José Patricio Patiño Arias.

Muy poco después incursionó en el servicio público, durante el gobierno del panista Marcelo de los Santos Fraga (2003-09) en San Luis Potosí. En ese periodo, Novella Juárez se desempeñó como titular del Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) de esa entidad. 

La maestra en asuntos públicos por el Colegio de San Luis Potosí, Elia Edith Arguelles Barrientos, escribió una tesis sobre la política potosina de seguridad en ese periodo. En su documento académico, apunta:

“Un informante clave asegura que la decisión sobre de quién recaería la responsabilidad de la seguridad en al entidad (…) fue determinada bajo el consejo de la federación, así fue como Marco Antonio Novela Juárez, oriundo de otro estado de la República, y ajeno a la problemática de San Luis Potosí, llegaría a la titularidad del CESP”.

Es decir, Novela Juárez fue enviado por la SSP del gobierno federal, que hasta 2004 estuvo a cargo de Alejandro Gertz Manero, y en donde Jorge Tello Peón era subsecretario de Seguridad Pública.

Ya en el sexenio de Felipe Calderón, en marzo de 2008, el socio de negocios de Novella Juárez, José Patricio Patiño Arias, llegó al organigrama de García Luna como subsecretario del Sistema Penitenciario Federal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Y es entonces cuando Novella Juárez se convierte en comisario de la dependencia y director general de Desarrollo Penitenciario, cargo que desempeñó hasta el cierre de sexenio calderonista. 

Muchos años después, cuando Genaro García Luna ya era perseguido por los gobiernos de México y Estados Unidos, Novella apareció en los expedientes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), relacionados con la estructura de lavado de dinero creada por el extitular de la SSP.

Genaro García Luna.

Concretamente, Novella Juárez apareció entre los funcionarios de la SPP que, de manera simultánea al desempeño de sus cargos públicos, figuraban en los directorios de la entidad privada International Consulting on intelligence and Terrorism (ICIT), que operaba en el centro de un esquema corporativo creado por García Luna para ocultar más de 50 millones de dólares en paraísos fiscales.

En mayo de 2020, una filtración a la prensa de las indagatorias de la UIF detalló que Marco Antonio Novella figuraba, en 2011, como “consejero externo de la División ICIT Análisis” y desempeñaba a un tiempo sus cargos en la SSP.

Seis años más tarde se asoció con Tello Peón para fundar AMPS, la empresa contratada por el INE. En 2022, Marco Antonio Novella Juárez salió de esta empresa, y todo quedó en manos de Tello.  

Novella incursionó entonces en el sector del entretenimiento, pues fundó Latinsports & Showbiz, una SAPI dedicada a “la industria del entretenimiento en todas sus formas”.


UNIDOS POR EL CISEN

Así, en septiembre de 2022 AMPS quedó totalmente en manos de Jorge Tello Peón; Jorge Antonio Tello Luna le donó sus acciones, el 0.03%; el resto, es decir, el 99.7%, pasó a manos de Madison Intelligence Holding, que, como quedó señalado en líneas precedentes, también pertenece a Tello Peón.

Así, quien fuera el gurú en seguridad pública de la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa, consolidó su empresa libre de nexos con más personal de García Luna en su empresa

Aunque, de hecho, García Luna fue uno de los muchachos adelantados de Tello Peón en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). El extitular de la SPP ingresó a ese organismo de inteligencia en 1990, cuando Tello se hallaba en transición del cargo de coordinador de asesores de la Coordinación para la Atención de los Delitos contra la Salud (1990-1991) al del Centro de Atención para el Control de Drogas (1991-93). Fue entonces cuando el ahora contratista del INE se convirtió en director (1993-99) del CISEN, con García Luna en su equipo.

En la recta final del sexenio de Ernesto Zedillo, Jorge Tello Peón asumió la subsecretaría de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación (Segob), y con Vicente Fox fue subsecretario de la SSP, mientras que García Luna se convertía en director de la Agencia Federal de Investigación (AFI).

Y en el sexenio calderonista, Tello se convirtió en asesor presidencial en materia de seguridad nacional, y poco después en secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), al tiempo que su antiguo pupilo era titular de la SSP.

Durante años, el columnismo atribuyó el nombramiento de García Luna a la recomendación de Tello Peón. Pero fue hasta 2021 cuando, como invitado a la presentación del  libro “Las cinco vidas de Genaro de García Luna”, de Guadalupe Correa Cabrera, Jorge Enrique Tello Peón comentó sobre el exdirector de la AFI:

“Es un muchacho muy inteligente. Yo creo que no les gustaría que dijera que es el mejor policía que he conocido. Era un espléndido técnico de seguridad y fue un espléndido profesional de inteligencia, y yo creo que fue muy buen policía”.

También relató, en esa oportunidad, que recién llegado al poder, llegó a oídos del presidente Felipe Calderón la idea de que Tello se oponía al nombramiento de García Luna como titular de Seguridad Pública. El presidente entonces consultó a Tello el por qué se negaba, y este respondió:

“Yo nunca  he dicho que no quiera. A mi no se me ocurriría nombrarlo… (…). No se me ocurría, pero a alguien se le ocurrió”.

EL CASO COLOSIO

En noviembre del año pasado, durante una audiencia del entonces recién re capturado José Antonio Sánchez Ortega, presunto segundo tirador contra Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI, asesinado en 1994 en Tijuana, fue revelado que, supuestamente, Tello Peón pidió al delegado de procuraduría General de la República (PGR) en Baja California, la liberación de Sánchez Ortega. Y que García Luna estaba presente en las instalaciones de la delegación de la PGR en Tijuana como operador del entonces director del CISEN.

FUENTE/MEDIO: EMEEQUIS.
AUTOR: ESTEBAN DAVID RODRÍGUEZ.
ENLACE: 
https://emeequis.com/investigaciones/ine-227-millones-a-incondicionales-de-garcia-luna-por-centro-de-seguridad-integral/

IFT cesa operaciones tras 12 años de regulación en México

Tras el cierre de funciones quedan pendientes los reclamos de los trabajadores quienes exigen respeto a sus derechos laborales y que las autoridades aclaren cuál será el proceso de liquidación.

Este viernes, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) cesó oficialmente sus operaciones tras su extinción aprobada por una reforma constitucional el año pasado, tras 12 años de regular al sector en México.

A partir de esta fecha, las cuentas oficiales del IFT en redes sociales quedaron inactivas y concluyó la atención a la ciudadanía a través de estos medios.

Mediante un comunicado de despedida, el IFT destacó el trabajo que realizó durante el tiempo en el que desempeñó sus funciones.

“Durante más de una década, el Instituto trabajó con firmeza, independencia y compromiso para impulsar el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión, promoviendo la competencia, la conectividad y la protección de los derechos de las audiencias y usuarios en beneficio de todo el país”.

Asimismo, agradeció a la sociedad por la confianza hacia este órgano regulador y deseó éxito a las autoridades que asumirán la responsabilidad de regular los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, así como de garantizar la competencia económica en México.

Con este cierre también se refuerzan las manifestaciones de trabajadores del instituto quienes exigen claridad a las autoridades, sobre el proceso de liquidación y demandan el respeto a sus derechos laborales.

En diciembre de 2024, el Congreso de la Unión aprobó una reforma constitucional impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que contempló la extinción de siete organismos autónomos, entre ellos el IFT y el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) entre otros.

Esta reforma fue impulsada bajo el argumento de reducir la burocracia y centralizar funciones en el gobierno federal.

Las funciones del extinto IFT han sido asumidas por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), un nuevo órgano administrativo desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).

La CRT, según la reforma, cuenta con autonomía técnica, operativa y de gestión, conforme a las disposiciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La reforma también implicó modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que incluyeron la transferencia de responsabilidades como la regulación del espectro radioeléctrico, la supervisión de concesiones y la promoción de la competencia en el sector de las telecomunicaciones en México.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) fue creado oficialmente en 2013 como un organismo autónomo encargado de regular y supervisar las telecomunicaciones y la radiodifusión en México.

Su creación surgió tras la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto en junio de ese año, con el objetivo de reemplazar a la antigua Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y dotar al sector de un órgano con autonomía técnica, operativa y de gestión.

Desde su conformación, el IFT tuvo la responsabilidad de otorgar y supervisar concesiones para medios de comunicación, garantizar la competencia entre los operadores, regular las tarifas y supervisar el cumplimiento de la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

Durante más de una década, el instituto intervino en la resolución de controversias entre concesionarios, fijó estándares técnicos y de calidad para los prestadores de servicios y promovió la conectividad y la competencia en todo el país.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Proceso administrativo contra consejeros del INE pone en riesgo autonomía: Ravel

La consejera deberá comparecer el próximo 8 de octubre en una audiencia para presentar sus alegatos. El caso, posteriormente, podría pasar al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Dania Ravel Cuevas, calificó como un “precedente gravísimo” el inicio de un procedimiento administrativo en su contra por la decisión que tomó junto con otros consejeros en 2021 de posponer temporalmente la consulta de revocación de mandato.

Advirtió que la medida atenta contra la independencia del instituto y pone en riesgo la vida democrática del país.

“Lo que se está haciendo con esto es sancionar la valoración jurídica que hicieron integrantes de un órgano colegiado, jamás lo había visto desde que empecé a trabajar en el Instituto en 2008”, declaró en entrevista con Aristegui en Vivo.

El procedimiento fue notificado el jueves pasado por el Órgano Interno de Control (OIC) del INE, instancia cuyo titular fue designado por la Cámara de Diputados en diciembre de 2024.
Eso no es una sanción del INE. El órgano interno de control fue designado por la Cámara de Diputados, nosotros no tenemos ninguna injerencia en sus decisiones.

La queja que dio origen al proceso fue presentada en diciembre de 2021 por Sergio Gutiérrez Luna, entonces representante de Morena ante el Consejo General, tras la decisión de una mayoría de consejeros de posponer actividades de la consulta por falta de recursos.

“El 17 de diciembre de 2021, una mayoría de consejeros y consejeras aprobamos posponer temporalmente la consulta hasta que la Suprema Corte resolviera una controversia constitucional o cuando la autoridad competente generara las suficiencias presupuestales”, recordó Ravel.

Tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmaron en su momento que el INE actuó dentro de la legalidad.

“La Corte determinó que el INE actuó de manera eficaz y eficiente, y que quien puso en riesgo los derechos políticos de la ciudadanía fue la Cámara de Diputados al recortar el presupuesto”, enfatizó la consejera.

El proceso alcanza a las seis consejerías que votaron a favor de la posposición, entre ellas Claudia Zavala, Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Jaime Rivera y José Roberto Ruiz.

De prosperar la acusación, dijo, las sanciones podrían ser severas.
El artículo 78 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas prevé suspensión, destitución, sanción económica o inhabilitación temporal para desempeñar cargos públicos.
La consejera deberá comparecer el próximo 8 de octubre en una audiencia para presentar sus alegatos y el caso, posteriormente, podría pasar al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

“Más allá de la cuestión personal, a mí me preocupa mucho como precedente para nuestro sistema democrático, porque se abre una puerta que nunca se había abierto para castigar las valoraciones jurídicas de quienes integran el máximo órgano de dirección del INE cuando estas no gusten”, concluyó.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTRO: REDACCIÓN.

Entre renuncias y críticas de Sheinbaum, el INE de Taddei se cimbra tras la elección judicial

Tres renuncias de funcionarios con amplia experiencia en la organización de procesos electorales obligan a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, a reestructurar su equipo. Esto, tras quejas de la presidenta y el amago de una reforma electoral.

Tras la conclusión de la elección judicial, las críticas de la presidenta Claudia Sheinbaum a consejeras y funcionarios electorales y el amago de una reforma electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE) cruje por dentro.

La inesperada salida de tres funcionarios con amplia experiencia en procesos electorales deja a la Junta General Ejecutiva -el cuerpo operativo del INE- con nuevos huecos y ocho encargadurías de despacho en áreas clave para la operación del instituto.

En los últimos días, presentaron su renuncia dos titulares de área: María Elena Cornejo, directora ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, y Miguel Ángel Patiño, director ejecutivo de Organización Electoral. Ambos, funcionarios con décadas de trabajo en el INE y experiencia en elecciones federales, intermedias y presidenciales.

También renunció Hugo Patlán Matehuala, quien era encargado de despacho de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, el área que procesa las quejas y denuncias y sustancia los procesos sancionadores contra actores políticos. La salida de Patlán se da luego de que voces del oficialismo, y la propia presidenta, se quejaran por la contratación de “funcionarios ligados al PRI de Sonora” en la estructura del INE.

A estas salidas se suma una cuarta, la de Roberto Carlos Félix López, quien era el encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, y que ahora ocupará provisionalmente la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, que dejó vacante Miguel Ángel Patiño.

Ayer, la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, quiso minimizar la crisis en el instituto, afirmando que es normal que los funcionarios tomen decisiones personales después de un proceso electoral intenso.

Sin embargo, las renuncias presentadas en días recientes la obligaron a reestructurar su equipo y echar mano de la nueva facultad que le dio la reforma constitucional de 2024 para hacer nombramientos sin la aprobación del Consejo General.


Los cambios dejan al INE de Taddei con sólo cinco titulares de área: la secretaria ejecutiva, Claudia Arlett Espino; el director del Registro Federal de Electores, Alejandro Sosa; el titular de la Unidad de Vinculación con Organismos Públicos Locales, Giancarlo Giordano. Además de sus dos nuevos nombramientos: Roberto Carlos Félix en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, y Jorge Egrén Moreno en la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional.

Con estos movimientos, a partir de ahora el INE de Taddei operará con encargados de despacho en ocho áreas:
  • Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
  • Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
  • Dirección Ejecutiva de Administración
  • Unidad Técnica de Fiscalización
  • Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral
  • Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos
  • Coordinación Nacional de Comunicación Social
  • Unidad Técnica de Servicios de Informática
Y tendrá titulares en cinco oficinas:
  • Secretaría Ejecutiva
  • Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
  • Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
  • Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional
  • Unidad Técnica de Vinculación con OPLE
“Nunca me he guiado por amiguismos”: Taddei

Los nombramientos de encargadurías de despacho en las áreas operativas han sido una constante en el INE desde que Guadalupe Taddei llegó a la presidencia del Consejo General, en abril de 2023.

Debido a la falta de consenso con las diez consejeras y consejeros restantes, Taddei ha tenido que nombrar secretarios ejecutivos, directores y jefes de unidad provisionales en los últimos años, incluso durante el proceso electoral federal de 2024 y la elección judicial de 2025.

A principios de 2024, el conflicto estalló en el Consejo General, cuando un grupo de consejeras y consejeros aprobaron por mayoría un acuerdo para obligar a Taddei a proponer a titulares de área para ocupar las oficinas vacantes.

Dicho acuerdo fue revocado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y meses más tarde, en el marco de la aprobación del plan C y la reforma judicial, la mayoría legislativa de Morena y aliados aprobó una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) para facultar a Taddei a nombrar titulares de área sin pasar por el Consejo General, donde antes tenía que reunir ocho votos para aprobar sus nombramientos.

Ayer, al cumplirse el plazo para las renuncias de María Elena Cornejo, Miguel Ángel Patiño y Jugo Patlán, la consejera presidenta aseguró que se trata de decisiones personales que ella respeta, y rechazó que en la conformación de su equipo haya privilegiado amiguismos o lealtades personales.

“En ningún momento he hecho propuestas cuando se trataba de hacer propuestas al Consejo General, y hoy que tengo la facultad de hacerlo sin hacer la propuesta ante el Consejo General, nunca me he guiado por amiguismos, siempre han sido personas que tienen trayectoria; tal es el caso del propio Miguel Ángel Patiño, de la propia María Elena Cornejo y de todos los que están ocupando las áreas directivas de este instituto. No hay uno, falsea información quien asevere lo contrario, no hay nadie que no tenga experiencia en esta materia, todos han sido así”, dijo.

Taddei aseguró que compartirá “algunos criterios” con sus colegas consejeras y consejeros para el nombramiento de nuevos funcionarios en la estructura operativa del INE.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ERNESTO NÚÑEZ ALBARRÁN.

Taddei entregó a Beltrones y Madrazo oficina poderosa que antes conspiró contra AMLO

Un priista de larga trayectoria fue el responsable de sancionar a periodistas en el pasado proceso electoral judicial. Se trata de Hugo Patlán Matehuala, encargado del despacho de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, un personaje ligado al sonorense Manlio Fabio Beltrones y a Roberto Madrazo.

La Consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, encomendó a un priista que ha sido operador electoral y jurídico de Manlio Fabio Beltrones y Roberto Madrazo Pintado, Hugo Patlán Matehuala, la tarea de integrar los expedientes para censurar y generar sanciones contra periodistas, medios de comunicación y hasta redes sociales.

El priista Patlán Matehuala, designado por Taddei Zavala como encargado de despacho de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, tiene entre otras funciones sustanciar infracciones electorales de los partidos políticos, pero también tiene el poder de censurar el trabajo de los periodistas, medios de comunicación y redes sociales mediante la figura de medidas cautelares, con las que ordena suprimir publicaciones, a menudo sin notificar a las personas e instituciones afectadas.

Patlán Matehuala, quien tiene una carrera de al menos un cuarto de siglo en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), llegó al cargo en octubre de 2023, cuando Taddei lo designó como sustituto de Manuel Alberto Cruz Martínez, suspendido después de que distorsionó frases textuales del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por las cuales le impuso medidas cautelares por supuesta violencia política en razón de género contra la presidenciable Xóchitl Gálvez.

Desde entonces, este operador electoral y abogado priista, quien fue funcionario en el gobierno de Enrique Peña Nieto y en los primeros meses del gobierno de López Obrador, ha emitido medidas cautelares para eliminar publicaciones de periodistas, con el pretexto de que incurren en violencia política en razón de género.

A Taddei y a Beltrones, jefe de Patlán, los une el paisanaje. Ambos son de Sonora, donde el primero fue Gobernador y ahora Senador, y ella presidió el órgano electoral del estado.

La trayectoria de Patlán Matehuala no es ajena a los procesos electorales. En 2000, representó legalmente al PRI ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Dos años después, se desempeñó como Secretario técnico de la Comisión para el Desarrollo del Proceso Interno (CDPI) y subsecretario de Elecciones del CEN del PRI, en un proceso en el que resultó ganador el tabasqueño Roberto Madrazo Pintado, como dirigente nacional, y Elba Esther Gordillo Morales, como secretaria ejecutiva.

En junio de 2005, formó parte del grupo de trabajo para la fiscalización de la rendición de cuentas y la transparencia de las precampañas presidenciales del Revolucionario Institucional, justo cuando nació la corriente Unidad Democrática (UD), que también fue conocida como Todos unidos contra Madrazo (Tucom).

En ese entonces, la prensa destacó cómo este grupo fiscalizador integrado por Patlán Matehuala así como por Mariano Palacios Alcocer, Héctor Hugo Olivares, César Augusto Santiago, Raúl Cervantes, Morelos Canseco, Carlos Flores Rico, José Luis Stein, Carlos Armando Biebrich y Rafael Ortiz, en realidad obedecía a los intereses de la dirigencia de Madrazo.

De hecho, medio año después, en enero de 2006, Hugo Patlán Matehuala formó parte de la llamada “Nomenklatura” de Roberto Madrazo al igual que lo hicieron Mariano Palacios Alcocer, Héctor Hugo Olivares y César Augusto Santiago, que también habían integrado el grupo fiscalizador del proceso presidencial del PRI. Esa “Nomenklatura” también la conformó Manlio Fabio Beltrones, uno de los principales operadores de Madrazo y jefe político de Hugo Patlán.

A Patlán Matehuala se le comisionó en ese proceso como uno de los enlaces Regionales de Giras de la campaña en la que Madrazo quedaría en un tercer lugar con un 22.26 por ciento del total de los votos, detrás de Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón, quien se impuso en una elección que a la fecha es considerada fraudulenta.

Durante el Gobierno de Calderón, Hugo Patlán Matehuala fue asesor de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados en la LXI Legislatura, que corrió de 2009-2012, cuando el coordinador era Manlio Fabio Beltrones. Posteriormente en 2013, ya con el regreso del PRI al poder de mano de Enrique Peña Nieto, Patlán Matehuala fue coordinador de asesores del subsecretario de Enlace Legislativo, Felipe Solís Acero, uno de los principales operadores políticos de Beltrones, quien en 2011 respaldó las aspiraciones presidenciales del sonorense.

De la Secretaría de Gobernación, encabezada en esos años por Miguel Ángel Osorio Chong, Patlán Matehuala pasaría a desempeñarse como director general adjunto de la Subsecretaría de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes —de junio de 2013 a enero de 2015— que administró el hoy fallecido Gerardo Ruiz Esparza, uno de los colaboradores más cercanos de Peña Nieto y en cuya gestión frente a esta dependencia tuvieron lugar dos de las principales tramas de corrupción que involucraron a OHL y a Grupo Higa de Juan Armando Hinojosa, el empresario constructor de la Casa Blanca de Peña Nieto.

Posteriormente, regresaría por un breve periodo —de septiembre de 2015 a febrero de 2016— a la Subsecretaría de Enlace Legislativo encabezada por Felipe Solís Acero, para después regresar al Comité Ejecutivo Nacional del PRI entonces encabezado por Manlio Fabio Beltrones; lo haría como Subsecretario en la Secretaría de Acción Electoral, el órgano partidista encargado, entre otras cosas, de coordinar el proceso de registro de candidaturas y de los representantes ante la autoridad electoral, así como de planear y organizar el empadronamiento del partido.
La dirigencia de Beltrones generó expectativas dentro del priismo, lo cierto es que la pérdida de siete estados en las elecciones de 2016 propiciaron la dimisión de Manlio Fabio. “Los electores dieron un mensaje a políticas equivocadas y a políticos que incurrieron en excesos porque no tuvieron conductas transparentes. Ante la sanción de la sociedad es oportuno parafrasear a Luis Donaldo Colosio ‘Lo que los gobiernos hacen, sus partidos lo resienten’”, fue parte del mensaje de Beltrones el 21 de junio de 2016 cuando dejó la dirigencia.
Fue el 5 de junio de ese año cuando el PRI perdió siete de las 12 gubernaturas en juego, cuatro de ellas que no habían conocido otro gobierno que no fuera de este partido: Durango, Quintana Roo, Veracruz y Tamaulipas. Las otras tres entidades fueron Aguascalientes, Chihuahua y Puebla.

Ante el fracaso de la dirigencia de Beltrones en el PRI, Hugo Patlán Matehuala se sumó en 2016 como Gerente Senior de lo contencioso y consultivo fiscal de la Coordinación General de Recaudación fiscal del Infonavit, entonces presidido por David Penchyna, a quien su antecesor, el exgobernador Alejandro Murat, expriista afiliado a Morena, ha acusado de realizar pagos indebidos a una empresa la cual no entregó el servicio contratado y sin embargo fue indemnizada por cinco mil millones de pesos.

Patlán se mantuvo en su puesto hasta abril de 2019, es decir ya en la gestión de Carlos Martínez Velázquez, quien durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador denunció los esquemas de corrupción que imperaron en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Ese mismo mes de su salida se incorporó como coordinador de operación y evaluación estratégica del IMSS, ya entonces encabezado por Zoé Robledo, cuyo padre el exgobernador priista Eduardo Robledo es cercano a Manlio Fabio Beltrones y a Roberto Madrazo Pintado desde el sexenio de Carlos Salinas.

Hugo Patlán Matehuala dejó en julio de 2019 el IMSS para sumarse al Instituto Nacional Electoral de la sonorense Guadalupe Taddei, de quien fue su asesor para luego ser nombrado encargado de despacho de la Dirección Jurídica en junio de 2023, luego de que los consejeros no llegaron a un acuerdo para nombrar a un titular. Meses después, ya en octubre, ocuparía la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE desde donde se han emitido sanciones a periodistas en el pasado proceso electoral.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: OBED ROSAS.

Senado aprueba creación de Comisión Nacional Antimonopolio y sustituye a Cofece

El Senado aprueba la creación de un órgano antimonopolio con más facultades pero sectorizado a la Secretaría de Economía y al Poder Ejecutivo.

El Senado aprobó la creación de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), un organismo público descentralizado, que estará sectorizado a la Secretaría de Economía, en sustitución de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), uno de los órganos autónomos eliminados por iniciativa del gobierno federal en diciembre pasado.

Pese a que en el artículo 10 de la Ley Federal de Competencia Económica se establece que la nueva Comisión tendrá “independencia técnica y operativa en sus decisiones”, las principales advertencias de legisladores de la oposición fueron precisamente en ese sentido, debido a que sus integrantes serán nombrados por la propia presidenta Claudia Sheinbaum y que será un órgano sectorizado de la Economía.

Una de las modificaciones respecto a la Cofece es que el nuevo órgano estará integrado por cinco comisionados y no siete, nombrados ahora por la Presidencia de la República y ratificados por el Senado. Los funcionarios serán nombrados de manera escalonada por la mandataria y permanecerán en el cargo siete años.

La iniciativa, presentada por el senador Emmanuel Reyes señala que la nueva CNA conservará su propia personalidad jurídica y su patrimonio.

Fueron 103 votos: 68 de la coalición conformada por Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, y 35 de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.

Nuevas atribuciones

La Comisión Nacional Antimonopolio tendrá mayores alcances en su labor, con la facultad de realizar diligencias de inspección o recolectar datos a través de cualquier herramienta para sus funciones.

Entre los cambios destaca el incremento en las multas, de hasta 200 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) por obstruir verificaciones de la autoridad.

La ley incorpora la facultad al nuevo órgano de inhabilitar de forma temporal a empresas en procesos de contratación pública por un periodo de seis meses hasta cinco años por haber incurrido en una práctica monopólica absoluta, al margen de las responsabilidades administrativa, civil o penal en que se incurra.

El documento también propone que empresas inmiscuidas en prácticas monopólicas podrán obtener una reducción de las multas si colaboran en las investigaciones.

La reforma facilita que los consumidores presenten “acciones colectivas” desde que la resolución administrativa de la Comisión quede firme,  sin necesidad de esperar a que se agote un juicio en tribunales.

Entre las nuevas facultades que tendrá la CNA están la de establecer, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, mecanismos de cooperación y coordinación con autoridades de competencia económica en el extranjero en materia de investigaciones e intercambiar todo tipo de información.

En el terreno de las telecomunicaciones, la nueva Comisión podrá imponer límites a la concentración nacional y regional de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada que controle varios medios de comunicación en un mismo mercado o zona geográfica.

Además, tendrá la facultad de declarar la existencia o inexistencia de condiciones de competencia efectiva en los mercados de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, así como determinar la existencia de agentes económicos preponderantes en esos sectores y emitir opinión respecto del impacto en materia de competencia económica de las medidas específicas impuestas por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. 

La senadora Blanca Judith Díaz, de Morena, defendió el proyecto al señalar que busca romper con una visión elitista y tecnocrática de la competencia económica. 

“México requiere una política de competencia económica que no sólo atienda criterios formales sino que sea sensible a las realidades del país, capaz de reconocer que no existe una competencia auténtica cuando persisten asimetrías estructurales, concentraciones excesivas o condiciones históricas de desventaja para actores productivos, especialmente en regiones marginadas o sectores estratégicos”, dijo. 

El órgano tendría facultades ampliadas para combatir prácticas monopólicas en todos los sectores económicos del país.

Oposición acusa “retroceso”

Senadores de oposición calificaron como un retroceso preocupante la reforma, al señalar que centraliza funciones clave y debilita a los órganos autónomos.

El legislador Daniel Barreda, de Movimiento Ciudadano, afirmó que la reforma afecta la transparencia y la competitividad del país.

“Representa en realidad un grave retroceso para la autonomía, para la transparencia y la eficacia en el combate a las prácticas monopólicas en México. Desde Movimiento Ciudadano enfatizamos claramente nuestra posición, estamos en contra de esta reforma porque creemos firmemente que debilita nuestras instituciones, perjudica a los ciudadanos que representamos y deteriora la competitividad y productividad económica del país”, dijo.

El senador Miguel Ángel Riquelme, del PRI, calificó la reforma como un retroceso con el pretexto de implementar la simplificación administrativa. 

“La propuesta de centralizar estas funciones y crear una Comisión Nacional Antimonopolio subordinada al Ejecutivo representa un riesgo para la democracia económica, diluye su capacidad técnica, abre la puerta a presiones de intereses y reduce su incidencia independiente en las regulaciones y las leyes”, dijo.

En tanto, el panista Marko Cortés acusó a la coalición mayoritaria de concentrar el poder la Presidencia: “Le quitan atribuciones exclusivas al Poder Legislativo y le están dando más poder a la titular del Ejecutivo Federal, quitan los órganos autónomos con autonomía de gestión y crean brazos operadores dependientes del Ejecutivo Federal”

Algo que enfatizó el senador Emmanuel Reyes es la ampliación de los mecanismos de colaboración con autoridades extranjeras, en cumplimiento de acuerdos como el T-MEC, lo cual facilitará investigaciones transnacionales sobre concentración o colusión empresarial.

También se extiende de uno a tres años el periodo para investigar concentraciones entre empresas y se promueve la transparencia, al establecer la publicación obligatoria de versiones estenográficas de las sesiones del pleno de la Comisión.

La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados para su discusión y votación. Por lo pronto, la Cofece continuaría en funciones de manera transitoria en tanto se conforma el pleno del nuevo organismo.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ANDRO AGUILAR.

Senado aprueba reforma que desaparece al Coneval y transfiere funciones al Inegi

En un debate álgido, senadores opositores señalaron que enfrentar la desigualdad y la pobreza “no es un asunto de buena voluntad”, por lo que es necesario el Coneval e indicaron que no desaparece por la austeridad republicana, sino porque al gobierno actual le incomoda lo que se evalúa.

Con 73 votos a favor y 34 en contra, el Senado aprobó la reforma para que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) desaparezca y transfiera sus funciones al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Y así, dicho desarrollo sea un conjunto de programas y acciones “destinados a reducir desigualdad, pobreza y exclusión social”.

Por lo que se reforman la Ley General de Desarrollo Social, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En sesión extraordinaria, la morenista Andrea Chávez Treviño, presidenta de la Comisión del Bienestar, dijo que “hay un elemento fundamental de naturaleza metodológica y científica” que les convence para entregar al Inegi “el magnífico trabajo del Coneval” y así desaparecer al órgano.

“El Coneval no levanta en territorio los datos primarios, es decir no produce la información de campo, analiza lo que produce el Inegi y procesa esa producción para emitir análisis y recomendaciones. Eso nos lleva a pensar que la mejor manera de cuidar, proteger y hacer más eficiente esta labor tan necesaria es que trabajen de la mano quienes producen los dos, quienes levantan la información y quienes la procesan bajo el paraguas del Inegi”, declaró Chávez Treviño.

Aseguró que el Inegi tiene a personas variables y que la plantilla de trabajadores ronda entre los 15 mil empleados mientras que el Coneval tiene cerca de 50 plazas fijas y eventuales.

“Por el gasto de duplicidad (…) cada producto científico generado por el Coneval tiene un costo presupuestal cinco veces mayor a lo que nos costaría todas y todos los mexicanos producirlo desde el Inegi. Por eso decimos, en lugar de oficinas, programas, en lugar de nómina, becas, en lugar de burocracia, resultados”, dijo la legisladora.

Se requiere evaluación del Coneval para enfrentar desigualdad

En tanto, la senadora de Movimiento Ciudadano, Amalia García, indicó que enfrentar la desigualdad y la pobreza “no es un asunto de buena voluntad”, sino que requiere de medición y evaluación, de una visión de Estado, con políticas públicas consistentes y con instituciones capacitadas, por lo que lamentó la extinción del Coneval.

En ese sentido, aclaró que el Inegi es una buena institución, pero “no tiene las condiciones” para realizar la tarea del organismo que es “desmantelado”.

Recordó que la actual jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, impulsó el desarrollo de Coneval.

“Impulsamos la creación de estas instituciones autónomas como parte de un México democrático que impulsara condiciones para un buen gobierno. Un gobierno que no pudiera solamente medir como lo hace el Inegi, una gran institución, sino también evaluar y poder marcar el rumbo de a dónde debíamos ir”, comentó la emecista.

Retroceso para México la eliminación del Coneval

El priista Ángel García Yáñez, sostuvo que el dictamen a discusión es un “grave retroceso” institucional, pues la extinción del Coneval es con la intención de “silenciar” la identificación y medición de la pobreza, pues la información que evaluaba era objetiva, “y no como los otros datos que siempre tienen el oficialismo”.

En resumen, su desaparición obedece a “ocurrencias y caprichos políticos”, pues la política social no es un botón electoral, es un compromiso de Estado.

“Representa un grave retroceso institucional, no se cansan de desaparecer organismos públicos y ya nos dejaron sin el Inai, Cofece y ahora van por el Coneval”, recordó.

Por su parte, el panista Agustín Dorantes Lámbarri, aseveró que lo que no se mide no se puede mejorar, por lo que esta reforma es un acto “descarado” de opacidad, pues pretenden extinguir al Coneval, no por una supuesta austeridad republicana, sino porque les incomoda lo que se evalúa.

“Lo que no se mide, no se puede mejorar. Hoy Morena nos presenta una reforma que no es sino un acto descarado de opacidad. Pretenden extinguir el Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, no por una supuesta austeridad republicana, sino porque les incomoda lo que se evalúa, porque mide la pobreza con rigor, porque evalúa programas con transparencia, no se presta a su propaganda. Y este gobierno ha tratado a las instituciones autónomas como obstáculos”, declaró.

Extinción de organismos

Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos en el Senado aprobaron en lo general y lo particular la desaparición del INAI, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).

Sus funciones serán absorbidas por instituciones del gobierno: las del INAI pasarán a la nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno; las del Coneval, al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); las de la CRE y la CNH, a la Secretaría de Energía, y las de Mejoredu a la SEP.

En el caso de la Cofece y el IFT, los diputados morenistas preparan un organismo descentralizado que los pueda sustituir, debido a que el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos exige que haya una institución independiente que realice las actividades de esas dos dependencias.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Trabajadores del IFT protestan en el Senado para exigir garantías laborales

Son alrededor de mil 200 trabajadores que están en la incertidumbre laboral porque no se les define cómo será la transición al nuevo instituto o quién los liquidará en caso de ser despedidos.

En el marco del último conversatorio de la Ley Telecom, decenas de trabajadores el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se manifestaron en el Senado de la República para exigir reunirse con un senador para que les dé certeza sobre una reserva a la iniciativa que garantice sus derechos laborales.  

Las decenas de trabajadores que buscaban reunirse con un senador se manifestaron en la puerta cuatro del Senado con el grito: “Diez años de trabajo no se mandan al carajo” y “Respeto tu decreto, respeta mis derechos”.

También de manera simbólica, los trabajadores instalaron una mesa de información para que se conozca lo que les corresponde por su indemnización laboral. 

Arturo Dávila Ramírez, inspector verificador del IFT, quien también se manifestó en la Cámara Alta, explicó a Proceso que lo único que buscan es reunirse con un senador para tener la certeza que en la reforma propongan y aprueben la reserva que garantice sus derechos laborales. 

"Aunque desde la reforma constitucional se dice que se van a respetar nuestros derechos laborales y vamos a pasar al nuevo órgano regulatorio, en esta nueva iniciativa que todavía no se vota no se aclara la forma, el cómo y qué instancia sería la que atendiera eso. 

“Nos sentamos ya a trabajar con secretarios técnicos de las Comisiones Unidas que dictaminaron esta iniciativa y también con el equipo del senador Mier, con su secretario y algunos de sus asesores. Entonces, ya conocen nuestras demandas, me parece que ya son conscientes. Ahora lo que buscamos es cerrar o dar ese siguiente paso que es acordarlo con un senador que vaya eso para adelante.”, detalló. 

Resaltó que son alrededor de mil 200 trabajadores que están en la incertidumbre laboral sin que se les defina cómo se realizará la transición al nuevo instituto y si son despedidos qué organismo pagará sus liquidaciones. 

"En esta iniciativa hay un artículo transitorio octavo, donde habla exactamente de los derechos laborales de los trabajadores del Instituto. Ahí menciona que se respetarán los derechos de los trabajadores, pero no menciona el cómo o en qué instancia. Y de tal manera que la misma ley extinga el Instituto, pues entonces no sabemos quién realmente va a ser frente, quién nos va a responder una vez que salga esta ley para atender nuestros derechos laborales”, detalló. 

Para finalizar, Arturo Dávila reiteró que los trabajadores no están en contra de la reforma ni en contra de esta transición, solo piden claridad respecto a nuestros derechos y la certeza en la transición de la mejor manera de ellos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CORTÉS.