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Reportan la captura de “El Chapo Isidro”, uno de los 10 más buscados por el FBI

El operativo para la captura del líder criminal desató una intensa reacción del crimen organizado, que atacó a fuerzas federales y bloqueó carreteras en Guasave

El líder criminal Fausto Isidro Meza Flores “El Chapo Isidro” fue detenido este viernes 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa, confirmaron fuentes federales.

El operativo para la captura del líder del Cártel de Guasave y de la organización criminal Meza-Flores desató una intensa reacción del crimen organizado, que atacó a fuerzas federales y bloqueó carreteras en el municipio de Guasave.

Un video difundido en redes sociales, cuya autenticidad no ha sido corroborada, supuestamente muestra a Meza Flores llamando a la calma a sus subalternos.

“Tranquilicen todo por favor ya, está mi madre, están niños, mujeres, gente inocente. Nos tocó, ya, ya se acabó esto”, dice el hombre en el video en el que se le censuran los ojos.

Apenas en 2025, el FBI incluyó a Fausto Isidro Meza Flores en su lista de los 10 fugitivos más buscados por su presunta responsabilidad en el tráfico de “grandes cantidades” de heroína, metanfetamina, cocaína, fentanilo y mariguana, y ofrecía 5 millones de dólares por información que llevara a su captura.

Fue detenido cuatro veces en México

De acuerdo con los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) hackeados por el colectivo Guacamaya, “Chapo Isidro” nació en 1982 en Navojoa, Sinaloa, y encabezó el Cártel de los Beltrán Leyva en esa entidad.

Según un oficio del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), el delincuente fue detenido en cuatro ocasiones entre 2011 y 2015, y su nombre apareció en 19 averiguaciones previas.

Inició en el Cártel de los Beltrán Leyva

De acuerdo con los informes militares, Fausto Isidro Meza Flores se integró al clan de los Beltrán Leyva cuando formaba parte de la Federación encabezada por Joaquín “El Chapo” Guzmán. Incluso llegó a convertirse en mano derecha de Héctor Beltrán Leyva “El H”, detenido en 2014.

Dentro de la organización formó el grupo Los Mazatlecos, también conocidos como el Cártel de Guasave, con el que comenzó a disputar poder al Cártel de Sinaloa principalmente en los municipios de Guasave, Ahome, El Fuerte, Choix y Mazatlán, en Sinaloa, así como en parte de Nayarit.


FUENTE/MEDIO: PROCESO.

Tras sainete en el INE... la mayoría gandalla

"La apariencia de un grave tropiezo sirve de coartada ideal para ocultar una jugada mayor... y definitiva".

Estamos ante una puesta en escena en la que predominan la corrupción, la simulación y el cinismo. A primera vista, el escándalo administrativo que precipitó la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) el pasado 26 de octubre parecería un golpe severo para la narrativa oficial. Durante años, el obradorismo y la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo levantaron la bandera del combate a la corrupción; sin embargo, las revelaciones periodísticas sobre contrataciones y redes de proveedores en el instituto —con señalamientos por montos millonarios ahora bajo revisión de la Auditoría Superior de la Federación y órganos de control— detonaron en el órgano electoral una crisis que acumula alrededor de 60 salidas entre mandos y personal, y sigue cobrando bajas en áreas clave semanas después.

Vaya ironía: el templo de la pulcritud y la austeridad republicanas resultó tener más goteras que presupuesto administrado sin contrapesos.

Y es que, en política, la apariencia de un tropiezo sirve de coartada ideal para ocultar una jugada mayor... y definitiva. Mientras se calcula el desgaste reputacional que el caso le cobra a Morena —partido que impulsó a Taddei Zavala en 2023 y aprobó reformas para concentrar en su presidencia facultades administrativas—, la partida decisiva del proceso 2026-2027, ya en marcha rumbo a las urnas de junio, se juega en otro tablero, lejos de los reflectores de San Lázaro.

Resulta muy elocuente lo ocurrido tras la dimisión de la exconsejera presidenta. Desde el Ejecutivo Federal y la mayoría en la Cámara de Diputados se despacha el tema con la rutina de siempre: descalificaciones a la oposición, juramentos de que no se protege a nadie, supuestas investigaciones que nunca llegan a ninguna parte y el previsible afán de pedir auditorías a administraciones pasadas del INE para diluir el problema en el espejo retrovisor.

Qué recurso tan cómodo: cuando estalla la podredumbre en casa, lo urgente es escarbar en el pasado ajeno. En los hechos, pasan las semanas sin que exista una denuncia penal pública contra Taddei Zavala y ni siquiera información oficial sobre su paradero actual. Para críticos y opositores, ese silencio parece un pacto de impunidad muy bien administrado tras los servicios prestados en 2024 y en el arranque de la elección judicial.

A la vez, la discusión en San Lázaro sobre la convocatoria para sustituirla opera como distracción. El llamado el miércoles pasado de los cuatro expresidentes del IFE y el INE —José Woldenberg Karakowsky, Luis Carlos Ugalde Ramírez, Leonardo Valdés Zurita y Lorenzo Córdova Vianello— exigiendo consenso, pronta designación y hasta cambios en el Consejo General para rescatar la credibilidad del organismo choca con el cálculo oficial: seguramente Sheinbaum Pardo calificará ese pronunciamiento de cínico y carente de autoridad moral, y en los hechos resulta prédica en el desierto frente a un bloque gobernante sin prisa alguna.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, y los diputados de la autollamada 4T dicen ahora que no corren prisa, que buscan acuerdos con la oposición y que el instituto funciona muy bien con 10 consejerías y la presidencia provisional de Blanca Yassahara Cruz García... pero todos actúan bajo las decisiones y órdenes de la mandataria, a lo que ella disponga. Saben que estirar los tiempos del relevo no mueve un milímetro el tablero del Consejo General: con su composición actual, el bloque afín a la autollamada Cuatroté conserva mayoría operativa para sacar acuerdos, vigilar la fiscalización y validar cómputos sin desgastarse en negociaciones.

Lo que luce como crisis del régimen funciona así como cortina de humo: entretiene a la clase política con el relevo en el INE y el destino de Taddei Zavala mientras se aceita el engranaje de 2027. Ese engranaje es en realidad la arquitectura legal y jurisdiccional montada para que Morena y sus cómplices —el Partido Verde y el Partido del Trabajo— vuelvan a fabricar una falsa mayoría calificada en Diputados mediante la sobrerrepresentación, sin necesidad de ganar dos terceras partes de los votos.

Vale recordar el precedente de 2024. Mediante el diseño de convenios de coalición y la posterior adscripción de diputados electos bajo siglas aliadas, la coalición oficialista convirtió una mayoría simple de sufragios en mayoría calificada en San Lázaro, eludiendo el tope del artículo 54 constitucional en lo que denomino una mayoría gandalla: una ruta que ya se dejaba ver la noche misma de la elección, cuando Guadalupe Taddei Zavala --por cierto-- dio a conocer las estimaciones del Conteo Rápido, lo que se consumó después en el reparto de curules, a través de forzar el espíritu de la Ley.

Aquella asignación —avalada por la mayoría del Consejo General del INE y confirmada por la Sala Superior del Tribunal Electoral bajo la literalidad de la norma— permitió aprobar la reforma judicial, extinguir órganos autónomos y consolidar la presencia militar en seguridad sin ceder una coma a las minorías.

Y aguas: todo indica que el guion para 2027 repetirá la fórmula. Basta ver la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al desechar las impugnaciones de partidos opositores contra los lineamientos de coaliciones del INE para el proceso 2026-2027. Aunque la Ley prohíbe la transferencia directa de votos entre partidos coaligados, los magistrados confirmaron el instructivo —con apenas un ajuste puntual— y patearon la revisión de la "afiliación efectiva" de las candidaturas hasta el registro y la asignación final de plurinominales: exactamente la misma ventana que en 2024 permitió postular perfiles bajo emblemas aliados para luego reacomodar las bancadas.

Qué casualidad tan oportuna.

Es aquí donde pesa la reforma constitucional promulgada en junio de este año, que aplazó la segunda elección judicial hasta el 4 de junio de 2028. Mientras el Ejecutivo y magistraturas de la Sala Superior defendieron el cambio con el argumento técnico de evitar la saturación de boletas en 2027 y ahorrar recursos, legisladores de oposición advirtieron que el decreto congeló la integración de la Sala Superior del TEPJF —donde se renovarán cuatro magistraturas en 2028— y de los tribunales electorales locales durante todo el proceso de 2027.

El incentivo institucional es claro: los mismos magistrados federales y locales que resolverán sobre convenios de coalición, afiliación efectiva, validez de comicios estatales y reparto final de plurinominales saben que su futuro en las urnas de 2028 dependerá de pasar los filtros de comités de evaluación controlados por los poderes que hoy domina la autollamada 4T. No hace falta girar consignas diarias cuando el diseño mismo premia la sintonía política.

Al final, el costo reputacional del caso Taddei Zavala importa poco frente al objetivo de Claudia Sheinbaum Pardo y la cúpula gobernante: mantener su hegemonía en el Congreso y en las gubernaturas en disputa para seguir desmantelando contrapesos institucionales sin resistencia. Mientras el debate público se entretiene con las cuitas del INE, la sobrerrepresentación y los tribunales ya están listos para 2027. Válgame.

FUENTE/MEDIO: SINEMBARGO.

Matan a mando policiaco de Pueblo Nuevo, Guanajuato; suman cuatro elementos asesinados en una semana

Los agentes fueron asesinados en distintos hechos registrados en Pueblo Nuevo, Santiago Maravatío e Irapuato, mientras dos policías permanecen hospitalizados

La violencia contra integrantes de las corporaciones de seguridad pública en Guanajuato alcanzó a policías municipales, mandos y hasta a una cadete en formación.  

En menos de una semana, cuatro elementos fueron asesinados en distintos hechos registrados en Pueblo Nuevo, Santiago Maravatío e Irapuato, mientras dos policías permanecen hospitalizados. 

El caso más reciente ocurrió la noche del jueves, cuando Rafael Galván Navarro, director de la Policía Municipal de Pueblo Nuevo, fue atacado a balazos mientras realizaba labores de vigilancia sobre el acceso principal al municipio. 

El mando policiaco viajaba a bordo de una patrulla acompañado de su escolta, Eduardo Casiano, cuando ambos fueron emboscados por hombres armados minutos después de las 9:00 de la noche.

Tras la agresión, otros elementos de la corporación acudieron para auxiliarlos y trasladarlos a un hospital. Sin embargo, Galván Navarro falleció mientras recibía atención médica, mientras que su escolta resultó lesionado y permanece hospitalizado. 

El gobierno municipal, encabezado por el panista Leonardo Solórzano Villanueva, confirmó el asesinato del director de la policía y condenó el ataque.

Ataques contra elementos policiacos

La agresión contra el mando policiaco y su escolta se suma a otros hechos violentos registrados durante la semana contra integrantes de las corporaciones de seguridad. 

La mañana del 16 de noviembre, tres policías municipales de Santiago Maravatío fueron atacados a balazos sobre la carretera Salvatierra-Yuriria cuando regresaban a sus domicilios después de concluir su turno de trabajo. 

En el lugar murieron Alejandro Carrillo y Salvador Santoyo, mientras que un tercer elemento resultó herido y permanece hospitalizado. 

Ese mismo día también se confirmó la identidad de Jessica Abril Rocha, de 19 años, quien era cadete de la Policía Municipal de Irapuato y cuyo cuerpo fue localizado sin vida en el Libramiento Norte de ese municipio. 

La joven había sido reportada como desaparecida por sus familiares desde el 6 de noviembre. Aunque el hallazgo ocurrió ese mismo día, fue 11 días después que la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó, mediante pruebas genéticas, que los restos correspondían a la estudiante de la academia policial.

INM trasladó a más de 483 mil personas migrantes dentro de México: informe

Una investigación documentó más de 483 mil traslados entre 2017 y 2024. Los registros incluyen a más de 60 mil personas menores de edad —cuya movilidad forzada aumentó 759 % tras prohibirse su detención en 2020— y muestran cómo la dispersión separa familias, interrumpe procesos de refugio y desplaza a las personas migrantes hacia rutas más peligrosas

El Instituto Nacional de Migración (INM) registró 483 mil 190 traslados de personas migrantes entre distintos puntos del país de enero de 2017 a junio de 2024. Los movimientos, documentados en 437 rutas terrestres, forman parte de una red de control migratorio que se extendió más allá de las fronteras y que, de acuerdo con una investigación independiente, aleja a los migrantes de sus redes de apoyo, separa familias y obstaculiza sus intentos por regularizar su estancia o solicitar refugio en México.

El informe La dispersión como una política migratoria de desgaste, elaborado por Liliana Frankel, Santiago Narváez Herrasti y Daniel Gómez Hernández, analiza los registros que el instituto entregó mediante acceso a la información. La base de datos contabiliza traslados que involucraron a más de 60 mil niñas, niños y adolescentes; en los años posteriores a 2020 —cuando se prohibió su alojamiento en estaciones migratorias—, la movilidad forzada de esta población aumentó 759 %.

Casi nueve de cada diez traslados documentados —el 89.8 por ciento— terminó en municipios donde había al menos un sitio de detención migratoria, ya fuera una estación o una estancia provisional. Aunque esto no significa que todas las personas ingresaran a esos recintos, muestra la relación territorial entre los movimientos del INM y la infraestructura destinada a retener a la población migrante, que hacia 2024 sumaba más de 50 espacios oficialmente habilitados según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Más que un mecanismo de transporte entre ciudades, esta red conecta estaciones migratorias, estancias provisionales, retenes carreteros, redadas y centros de recepción del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Su funcionamiento abarca distintos objetivos de control: desde interceptar caravanas y desplazar a quienes van en tránsito hasta recibir a personas deportadas desde Estados Unidos o detener a extranjeras que ya viven y trabajan en México.

Una red de control que se extiende por el territorio

¿Cómo incorporó México mecanismos de control migratorio más allá de sus fronteras? A partir de esa pregunta surgió el proyecto. Liliana Frankel, periodista e investigadora de Filadelfia, Estados Unidos, explicó que durante años los retenes y revisiones se concentraron en puntos de tránsito conocidos, como las rutas del ferrocarril, pero con el tiempo se extendieron a carreteras y otros espacios con la participación del INM y corporaciones de seguridad.

Para reconstruir esa expansión, el equipo reunió y homologó ocho años de registros provenientes de más de 30 oficinas regionales del Instituto. Como las tablas tenían formatos y criterios distintos, fue necesario revisar, estandarizar y documentar cada decisión para que otros investigadores o ciudadanos pudieran consultar y reproducir el análisis. Santiago Narváez Herrasti, investigador vinculado a la organización R3D, y Daniel Gómez Hernández, físico especializado en sistemas complejos y visualización de datos, colaboraron en el procesamiento y la revisión de la información.

Con el fin de contrastar los trayectos oficiales con los movimientos reales, los autores elaboraron un mapa de rutas migratorias históricas tomando como referencia puntos documentados en investigaciones y testimonios, además de la red ferroviaria y las carreteras federales. La mayoría de los traslados coincidió con esas rutas, aunque hubo excepciones que llamaron su atención, entre ellas Villahermosa y Tapachula.

Como hipótesis, Frankel señala que la presencia de estaciones migratorias importantes en esas ciudades las convirtió en puntos de contención y traslado, aunque advierte que los datos no permiten establecer esa relación como una causa comprobada.

Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, la contención migratoria también funcionó como herramienta de negociación con Estados Unidos, según plantea Frankel a partir de las memorias de Ken Salazar, exembajador estadounidense en México. En su libro Borderlands, Salazar relata que la pausa temporal en los traslados del INM a finales de 2023 sirvió como palanca para concretar una reunión bilateral con el entonces secretario de Estado, Antony Blinken, en un contexto en el que el gobierno mexicano buscaba vincular la cooperación migratoria con el respaldo financiero de Washington a sus proyectos de infraestructura, como el Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Salazar describe que la administración de Joe Biden ofreció apoyar el proyecto, aunque los recursos finalmente no se concretaron. Hacia el cierre del sexenio, relata el exdiplomático, México dejó de financiar autobuses y vuelos para trasladar al sur del país a migrantes rechazados en la frontera estadounidense, en un contexto de restricciones presupuestales y de prioridad al gasto destinado a las obras emblemáticas de López Obrador.

A juicio de Frankel, los registros permiten observar la continuidad de una infraestructura que se ha mantenido a través de distintas administraciones. Su argumento evidencia cómo los mecanismos de control se consolidaron durante años, extendiendo las prácticas de contención a lo largo del territorio nacional.

Familias separadas y procesos de refugio en riesgo

Las consecuencias de los traslados se reflejan en los testimonios que acompañan la investigación. Uno de ellos es el de Reyna —nombre utilizado para proteger su identidad—, quien contó que en 2023 fue detenida junto con su pareja y su hijo durante una redada en las vías del tren en Coahuila. Mientras la familia era trasladada a Villahermosa, su hija adolescente permaneció escondida en el desierto; la distancia dificultó su reencuentro y las mantuvo separadas durante varios meses.

Otro caso es el de Anahí, una mujer migrante que residía en la Ciudad de México y fue detenida este año junto con su hijo y su nieto mientras compraban la despensa en Tepito. Los tres fueron trasladados hasta el puente fronterizo con Guatemala, en Chiapas. Aunque su nieto había nacido en la capital y tenía nacionalidad mexicana, las autoridades migratorias no se detuvieron.

Estos testimonios muestran que los operativos afectan no solo a quienes atraviesan el país, sino también a personas radicadas en México que trabajan o buscan regularizar su situación, incluso con un procedimiento de refugio en curso.

Durante la presentación del informe en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Rodrigo Yedra, defensor independiente que acompaña a familias migrantes en sus procesos de integración, cuestionó la brecha entre el discurso de la capital como “ciudad santuario” y las prácticas que enfrentan en sus calles. Desde su experiencia, describió una ciudad donde las redadas, detenciones y desalojos en espacios públicos, mercados y campamentos terminan con el traslado de migrantes hacia otros estados, particularmente al sur del país.

De acuerdo con Yedra, una persona solicitante debe presentarse cada diez días ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) en la sede donde inició su trámite; si el INM la traslada a otra entidad, pierde citas y pone en riesgo meses de avance.

Aunque la COMAR entrega una constancia de solicitud, los tiempos reales para obtener una resolución se prolongan mucho más allá de los plazos previstos, periodo en el que los solicitantes enfrentan obstáculos para acceder a empleo, vivienda y otros trámites. Un traslado forzoso los aleja tanto de las oficinas donde dan seguimiento a su expediente como de las organizaciones o representantes legales que los acompañan.

Esta dinámica deja a las familias sin información sobre el paradero de sus integrantes, pues tras una detención no se notifica en qué instalación se encuentran ni a qué autoridad acudir. Frankel añadió que no existe un protocolo que garantice la comunicación del destino del detenido por parte del INM; esa incertidumbre obliga a las familias a destinar recursos para localizarlo o intentar reunirse, exponiéndolas a abusos, explotación o a recurrir a redes de tráfico de personas para regresar a sus puntos de origen.

Pese a los avances legales como la prohibición de alojar a menores en estaciones migratorias (2020) y el límite judicial de 36 horas a la detención (2023), los más de 60 mil niños, niñas y adolescentes en los registros evidencian que el traslado opera como una práctica sistemática. Frankel califica esta política como una “dispersión desde arriba” que genera una respuesta inversa: personas migrantes que abandonan trayectos conocidos y buscan rutas cada vez más clandestinas para evitar nuevas detenciones.

El informe y su base de datos abierta y auditable están disponibles para consulta pública en la plataforma Tirando Código. Sus autores buscan que periodistas, investigadores, organizaciones e incluso las propias personas en movilidad revisen qué ocurre en los municipios donde existen estaciones migratorias o estancias provisionales —qué poblaciones llegan, cuántos menores aparecen en los registros y cómo responden los DIF locales— para abrir nuevas líneas de investigación y exigir transparencia sobre una política cuyos efectos suelen quedar fuera de la mirada pública.

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO.

Morena decidirá el miércoles si avanza con convocatoria del INE sin esperar al Tribunal

Luego de que Monreal previó el relevo hasta finales de enero de 2027, el coordinador abrió la posibilidad de emitir la convocatoria antes del fallo y dejó la decisión a su bancada

Los diputados de Morena se reunirán el próximo miércoles para decidir si avanzan con la convocatoria para renovar la presidencia del INE sin esperar la resolución del Tribunal Electoral, informó su coordinador, Ricardo Monreal, después de que ayer sostuvo que esperaría el fallo y que el relevo podría concretarse hasta finales de enero de 2027.

“Eso lo va a definir la mayoría, la mayoría de mi grupo parlamentario. El próximo miércoles tengo reunión con ellos en la plenaria de los miércoles de la sesión próxima”, respondió el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, cuando se le preguntó si emitir la convocatoria antes del fallo seguía siendo una posibilidad.

La apertura a discutir esa opción matiza la postura que Monreal sostuvo el jueves, cuando dio por perdida la posibilidad de un consenso con la oposición y advirtió que el oficialismo podría utilizar su mayoría para sacar adelante el procedimiento si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenaba emitir la convocatoria.

Sin embargo, el coordinador no comprometió este viernes la emisión de la convocatoria antes de la sentencia, pues reconoció que dentro de Morena hay diputados que consideran necesario esperar el fallo sobre la demanda presentada por el Partido Acción Nacional (PAN) contra la falta de convocatoria.

“Siempre hay que mantener la mesa abierta, pero obviamente el que hayan interpuesto el recurso, dentro de mi grupo parlamentario hay quien sostiene que debe de esperarse la resolución”, expresó Monreal, quien agregó que pondrán en marcha los mecanismos que establezcan la ley y la Constitución en función de lo que determine el Tribunal.

El coordinador panista, Elías Lixa, había sostenido el jueves que acudir al Tribunal no impide continuar las negociaciones ni emitir la convocatoria, pues hacerlo dejaría sin materia el juicio, y ofreció mantener el diálogo para acordar el proceso de renovación de la presidencia del INE.

“Lo importante para México es que tengamos capacidad de celebrar acuerdos. Y que lo que ellos hicieron es su derecho y que no hay ningún problema conmigo. Que tengo respeto por todos y que intentaremos mantener el diálogo y mantener una buena relación de tolerancia, de respeto y de concordia en estos próximos meses que nos quedan en la legislatura”, respondió Monreal al ser consultado sobre el ofrecimiento del PAN.

Al preguntarle si esa disposición permitiría emitir la convocatoria antes de la sentencia, el legislador mantuvo abiertas ambas rutas: “Eso significa seguir dialogando, no lo sé todavía, pero evidentemente vamos a esperar el resultado del tribunal, pero todo ocurre, todo puede realizarse, en el diálogo todo se puede hacer”.

Monreal aseguró que la comunicación con los otros grupos parlamentarios continúa, que el jueves se reunió con Lixa y habló por teléfono con la coordinadora de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, además de mantener conversaciones con Carlos Puente, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y Reginaldo Sandoval, del Partido del Trabajo (PT).

La definición de Morena sigue pendiente mientras la consejera Blanca Yassahara Cruz García permanece como presidenta provisional del INE, tras la renuncia de Guadalupe Taddei el pasado 26 de octubre, y quien el jueves se dijo preparada para continuar al frente del organismo durante el proceso de relevo.

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: EDGAR LEDESMA.
ENLACE: https://grupoanimal.mx/politica/morena-convocatoria-ine-sin-esperar-tribunal

Detienen a Lili Campos, fiscal antinarcomenudeo de CDMX, por presunto desfalco millonario

La exalcaldesa de Playa del Carmen fue detenida en la Ciudad de México por una investigación relacionada con pagos superiores a 62 millones de pesos durante su administración, entre 2022 y 2024

La exacaldesa panista de Playa del Carmen, Lili Campos, con el cargo de fiscal antinarcomenudeo de la Ciudad de México, fue detenida la tarde del jueves en la Delegación Venustiano Carranza, relacionada con un desfalco de más de 62 millones en la Riviera Maya, justo cuando acababa de reafirmar su cercanía con Morena. 

La exmunícipe fue capturada tras denuncias interpuestas por el gobierno de la alcaldesa playense extraída de Morena, Estefanía Mercado Asencio, hoy de Morena, aunque antes PAN, quien todavía en agosto pasado declaró a Proceso sus nulas intenciones de iniciar un procedimiento legal contra su antecesora. 

De acuerdo con datos del Registro Nacional de Detenciones, Lili Campos fue llevada de la base de la Fiscalía General de la República en Tacubaya al note de Quintana Roo. Reportes indican que durante la mañana de este viernes fue ingresada al penal de Cancún a la espera del juez de control que la requiere.

Según el documento, Campos Miranda fue detenida vistiendo prendas oscuras y luego trasladada a las instalaciones de Tacubaya, en la Ciudad de México.  

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo señaló a la exmunícipe por un presunto perjuicio económico superior a los 62 millones de pesos al erario de Playa del Carmen. 

De acuerdo con la autoridad ministerial, el quebranto estaría relacionado con tres licitaciones públicas otorgadas entre 2022 y 2024 para el servicio de lavado especializado de vehículos de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales. 

La investigación refiere que el Ayuntamiento contaba con un parque vehicular de 123 unidades y que la empresa contratada reportaba hasta 865 lavados mensuales, incluso sin días de descanso, pese a que disponía.

Además, la Fiscalía señaló que el prestador del servicio carecía de comprobantes fiscales digitales por internet correspondientes a los primeros contratos y que, pese a ello, continuaron los pagos por más de 62 millones de pesos. 

Lili Campos fiscal antinarcomenudeo en la CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México nombró a Lili Campos Miranda, exalcaldesa panista de Playa del Carmen, fiscal de investigación contra el narcomenudeo.

Además, su caso ya había sido turnado desde semanas atrás al Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción de Quintana Roo; no obstante, la exmunícipe se había negado a comparecer al alegar también problemas médicos, para lo cual solicitó amparos, algunos desechados, mientras que, en al menos uno, logró una suspensión relacionada con su comparecencia.  

De acuerdo con una respuesta de transparencia emitida por el órgano ministerial el pasado 12 de agosto, asentada bajo el número de folio 092453826001402, la Fiscalía capitalina resalta el nombramiento de Lili Campos como fiscal de investigación del delito de narcomenudeo, al responder sobre la inexistencia de narcóticos incautados en la Ciudad de México entre 2014 al 2025, información requerida por un ciudadano.

PAN exige investigar a López Obrador y López-Gatell por crisis de sarampión en México

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba atribuyó la pérdida del reconocimiento sanitario del país a recortes presupuestarios y fallas en la vacunación

El diputado federal del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba, exigió investigar las posibles responsabilidades administrativas y penales del expresidente Andrés Manuel López Obrador, del exsubsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López-Gatell y de otros exfuncionarios por el presunto abandono de la política nacional de vacunación, al que atribuyó la pérdida del reconocimiento de México como país libre de transmisión endémica del sarampión.

En conferencia de prensa, el también secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados sostuvo que el resurgimiento de la enfermedad no era inevitable, sino resultado de recortes presupuestarios, deficiencias en las campañas de vacunación y fallas en la vigilancia epidemiológica durante las administraciones federales recientes.

Sus señalamientos se produjeron después de que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) confirmó, el pasado 17 de noviembre, que México perdió su reconocimiento como país libre de transmisión endémica del sarampión, luego de que el virus circulara de manera continua durante al menos 12 meses.
“Morena recibió un país que había logrado eliminar la transmisión endémica del sarampión. Ocho años después, México ha perdido ese reconocimiento internacional”, afirmó el legislador panista.
Ramírez Barba señaló que entre los principales afectados se encuentran los niños que nacieron o debieron completar sus esquemas de vacunación durante los gobiernos de López Obrador y Claudia Sheinbaum, y acusó que las decisiones adoptadas en materia de salud pública contribuyeron al deterioro de la protección contra enfermedades prevenibles.

En particular, responsabilizó políticamente a López-Gatell por lo que consideró una actuación negligente en la conducción de las campañas de vacunación y advirtió que sus consecuencias continúan reflejándose en los contagios y fallecimientos asociados con estas enfermedades.

El diputado también exigió la comparecencia de funcionarios de las secretarías de Salud y de Hacienda para explicar el ejercicio de los recursos destinados a la vacunación, así como esclarecer los más de 44 mil millones de pesos que, según denunció, dejaron de ejercerse en ese rubro.
“La Cámara de Diputados aprobó los recursos para vacunar a los mexicanos. El Gobierno federal decidió reducirlos. Siete de cada diez pesos aprobados para vacunación no se ejercieron en dicho programa”, declaró.
Asimismo, pidió verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) e investigar cada fallecimiento relacionado con sarampión y tosferina, con el propósito de determinar si existieron omisiones atribuibles a funcionarios responsables de la política sanitaria.

El legislador insistió en que deben esclarecerse las decisiones presupuestarias y administrativas que, a su juicio, contribuyeron al resurgimiento del sarampión, así como determinar si existen elementos para iniciar procedimientos contra los servidores públicos involucrados.

La corrupción son todos

Por estos días de tanta violencia e inseguridad, de ataques a policías, narcomantas y en el preámbulo de las elecciones de 2027 en las que en Baja California se renovarán las alcaldías, el gobierno estatal y los 25 escaños en el Congreso del Estado, aparecen cada vez más actos de corrupción atribuibles a quienes ostentan el poder, en cualquiera de sus tres órdenes autónomos.

Esta semana, apenas estaba Baja California siendo testigo de la cruel violencia de los cárteles de la droga que, en Tecate y con suma impunidad, un convoy criminal con más de una docena de hombres armados tomó por la fuerza a cinco hombres, maniató a tres y los dejó abandonados a la vista de todos, mató a dos (un agente de la FGE y un capitán del Ejército Mexicano), para enterrar sus cuerpos, desenterrarlos, envolverlos en plástico, pasearlos unos 60 kilómetros y tirarlos sobre un paraje, cuando otro miembro del Poder Judicial se convirtió en noticia, y no por sus buenas y legales formas.

Es decir, no se sale del asombro de la violencia sangrienta y la impunidad que permite que el grupo criminal del Cártel de Sinaloa tome una ciudad, causando terror y horror con sangre y plomo, cuando ya la mirada estaba fija en otro orden: una jueza de distrito, Cristina Martínez Aguilar, señalada de liberar a varias personas en por lo menos siete causas penales, todos por narcotráfico o posesión de armas; delincuentes que fueron detenidos en la comisión de un delito, pero que obtuvieron su libertad al llegar sus casos al juzgado de la jueza.

Lo más grave del caso es que esta información no se hizo pública por las víctimas, los afectados, sino por la fiscal general de Baja California, la licenciada Elena Andrade, quien tenía conocimiento de la actitud sospechosa de la jueza, pero no proporcionó información pública hasta en tanto debió justificar otro irregular actuar: ya antes había sucedido. En mayo de 2026 fue aprehendido, después de una persecución sonora y vistosa que vulneró a ciudadanos y oficiales, Sergio Serrano, el Checo, líder de célula del Cártel Jalisco Nueva Generación en Tecate. Pero tres meses después —y esto sólo se sabría luego del asesinato de un recluso recién liberado de la penitenciaría de Tijuana— el Checo estaba libre.

Al señalado narcotraficante le cambió la medida cautelar el juez de distrito René Octavio Cardona González, para dejarlo en libertad… hasta el miércoles 18 de noviembre de 2026, cuando fue detenido de nueva cuenta, ahora en Ensenada, Baja California. Lo único deseable es que su caso no llegue otra vez con el juez Cardona, o no caiga con la jueza Martínez, para que no lo dejen en libertad de nueva cuenta.

Los dos jueces condescendientes con los criminales a los que dejan en libertad, el juez Cardona y la jueza Martínez, señalada por la fiscal Elena Andrade, ya han sido denunciados por los ministerios públicos ante el Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación, pero ¿qué ha pasado? Nada. Ahí siguen los dos al frente de los juzgados de distritos, posiciones que ganaron en la elección judicial que promovió la Presidencia de la República para que también los integrantes del Poder Judicial fuesen electos por el pueblo, aun con la ayudadita de los gobiernos oficialistas.

Días antes, aquí mismo se dio a conocer que el propio titular del Poder Judicial de Baja California, el magistrado Alejandro Fragozo, había sido sujeto de revocación de su visa de turista para entrar a los Estados Unidos, por parte del gobierno del vecino país, al considerarlo parte de un grupo que tiene ligas con otro de orden criminal, o que ha participado de actividades ilícitas. Eso mismo ya había sucedió con el esposo de la gobernadora, alcaldesas, alcaldes, diputados y la propia mandataria estatal; a ninguno le tienen confianza… en el vecino del norte.

Y entonces vienen, o, mejor dicho, se incrementan las amenazas del narcotráfico contra los policías. En un mundo al revés, los criminales acusan a los agentes de robarles droga, de vender droga, de favorecer a otros criminales en la comisión de delitos, de atentar contra la sociedad a la que juraron proteger. Y ¿qué sucede? Nada. Los elementos de la FESC que han sido denunciados por criminales de cometer ilícitos, siguen laborando con la venia del general Laureano Carrillo; los agentes y mandos de la FGE que han sido denunciados por relaciones mafiosas, siguen en la nómina que encabeza la fiscal Elena Andrade, y los municipales no son la excepción.

¿Cuándo fue la última ocasión que en Baja California hubo una limpia en las corporaciones policiacas? Difícil recordarlo. El intento más cercano es el que emprendió el general Leopoldo Aguilar Durán cuando fue secretario de Seguridad del Estado, al desarmar a las policías para practicarles nuevos exámenes de control, evaluación y confianza, para depurar las corporaciones, pero sus esfuerzos sólo llegaron a una parte de la policía de Mexicali, la de Tecate y la de Rosarito, luego que fue relevado en el cargo por el general Laureano Carrillo, quien no sólo no continuó con los esfuerzos de depuración, sino que mantiene una corporación señalada por sus ligas con los grupos criminales, y sólo los suspende cuando la evidencia ya es demasiada.

Claro que una depuración policíaca no bastaría; a estas alturas se requiere una depuración en el Poder Judicial, no sólo en el Ejecutivo, y acaso en las esferas gubernamentales que manejan áreas sensibles y propensas a actos de corrupción en detrimento de la sociedad. Como los directores e inspectores que extorsionan a mujeres y hombres de negocios que solicitan permisos, o a quienes manejan un negocio, sea cual sea el tamaño del mismo, en los tres órdenes de gobierno las dependencias reguladoras se han convertido en sucursales para el cobro de piso y la extorsión.

Ahora sí que ni a quién irle. El problema es que los ciudadanos de bien, los que están en la legalidad, o lo intentan, son los más afectados. No sólo pueden perder la vida, acaso también ser llevados a la quiebra ante los insanos cobros extraoficiales de los gobiernos; porque a estas alturas, la corrupción son todos. Así se ve.

FUENTE/MEDIO: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.
ENLACE: https://zetatijuana.com/2026/11/la-corrupcion-son-todos/