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Hacienda informa que no hay investigaciones contra López Beltrán y Amílcar Olán

Ante cuestionamientos de la oposición, el titular de Hacienda confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera no tiene investigaciones abiertas contra Andrés Manuel López Beltrán o Amílcar Olán

Durante su comparecencia ante el Senado, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Abraham Amador Zamora, descartó que existan investigaciones abiertas o solicitudes por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre presuntos actos de corrupción o cuentas irregulares vinculadas a Amílcar Olán o a Andrés Manuel López Beltrán.

Legisladores de oposición cuestionaron al funcionario sobre posibles expedientes en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y le demandaron explicaciones sobre las acciones para combatir el contrabando de combustible o “huachicol fiscal”.

Durante la primera ronda de preguntas, la senadora Mayuli Latifa Martínez, del PAN, acusó a López Beltrán de encabezar una red de negocios de corrupción con el huachicol fiscal y con el balastro del Tren Maya; además de tráfico de influencias y delincuencia organizada. Enumeró a una decena de personajes entre los que están Amílcar Olán, Alex Tonatiuh Márquez, Daniel Asaf, Luis Alberto Olán, entre otros.

México fortalece sus instituciones de género, pero no logra frenar la violencia contra las mujeres

Los hallazgos de un informe regional sobre acceso a la justicia muestran que hay avances formales y que se diseñan de políticas públicas, pero persisten fallas estructurales que ponen en riesgo la protección de las mujeres ante virajes en los gobiernos

Ante la crecida de las derechas en América Latina, que en muchos casos ha  implicado retrocesos en el acceso de las mujeres a la justicia, México mantiene un enfoque distinto en la región, aunque sigue entre los países con mayores niveles de violencia de género.

Esto puede deberse a varias causas, anticipa en entrevista Maïssa Hubert, de la organización Equis Justicia, una de las participantes en el informe “Acceso a la justicia y cumplimiento de la Convención Belém Do Pará en contextos regresivos”. Una de las principales causas es que el enfoque de atención no ha virado hacia un mayor énfasis preventivo, y en cambio se mantiene como reactivo y punitivo, asegura. 

El informe, elaborado por la Articulación Regional Feminista —alianza de organizaciones de siete países de América Latina— evalúa la respuesta estatal ante la violencia de género entre 2022 y 2024 según los indicadores del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi). En ese contexto, México mantiene la intención de fortalecer la arquitectura pública de género.

Algunos de los cambios recientes a destacar son la creación, a nivel federal, de la Secretaría de las Mujeres (Semujeres), y algunas asignaciones presupuestarias dedicadas a esa agenda: “México va totalmente a contracorriente de América Latina en lo institucional, es decir que en los últimos años ha apostado mucho para fortalecer la institucionalidad”, señala Hubert. 

A pesar de esa reestructuración, el informe hace énfasis en que nuestro país registra la prevalencia más elevada de violencia en la región. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 70.1 % de las mujeres de 15 años o más ha experimentado violencia a lo largo de su vida, cifra que supera a Chile (33.4 %), Argentina (45 %), Perú (52 %), Ecuador (65 %) y al promedio mundial de ONU Mujeres (30 %).

Además, el país concentró la estadística absoluta de feminicidio más alta de la región: 983 casos en 2022, 851 en 2023 y 853 en 2024, lo que implica tasas de 1.48, 1.25 y 1.27 por cada 100 mil mujeres. A diferencia de otros países, donde las agresiones mortales ocurren predominantemente en el hogar, en México ocurren con frecuencia en el espacio público.

“Sí hay una tendencia un poco a la baja en el feminicidio en México desde esa fecha, pero seguimos siendo uno de los países con números de feminicidio más altos de la región latinoamericana”, puntualiza la especialista.

Disparidad nacional y punitivismo

Respecto al por qué de la persistencia de estos indicadores, Hubert explica que el fortalecimiento federal, además de ser reciente, no se reproduce de forma homogénea en las 32 entidades del país. Las secretarías e institutos locales de las mujeres operan habitualmente con menores recursos e infraestructura.

A esto se suma la fragmentación normativa entre estados, pues cada código penal tipifica distintas modalidades de violencia, lo que genera una protección desigual dependiendo del lugar de residencia de las mujeres. Apenas en febrero de 2024 se estableció que un Registro Nacional de Medidas y Órdenes de Protección buscará una homogeneidad, para empezar, en los registros.

Además, se agrega la insistencia en un modelo centrado en elevar penas y crear tipos penales: “la visión que se tiene de cómo atender la violencia en México y en muchos otros países sigue siendo paliativa y reactiva”. Ese esquema traslada a las víctimas la responsabilidad de activar al Estado mediante la denuncia formal. 

En México, menos de una de cada diez mujeres que viven violencia denuncia o pide apoyo. En las órdenes de protección expedidas, si bien el 95 % incluye medidas de ejecución, solo el 49 % contempla acciones institucionales de seguimiento.

“Solamente vamos a tener intervención cuando se cometen los delitos, y cuando se cometen los delitos muchas veces es demasiado tarde para intervenir y para salvar vidas”, agrega. 

En materia judicial, el reporte resalta el Amparo Directo 7/2024 (“caso Rita”) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un antecedente importante en torno de la necesidad de juzgar con perspectiva de género. Sin embargo, persisten trabas en fiscalías y tribunales, como deficiencias en la formación del personal, falta de patrocinio jurídico y dilaciones en los procesos.

Panorama regional: normas sin efectividad y retrocesos

El estudio abarca el acceso a la justicia por violencia de género en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú. Entre 2022 y 2024 destaca avances legales, como la Ley Integral de Violencia en Chile (2024), la incorporación de violencia vicaria en México (2024), la inclusión de violencia política y digital en Argentina, así como normas sobre acoso laboral en Chile y Ecuador.

No obstante, la investigación concluye que la aprobación de leyes no asegura su aplicación efectiva. “Los hallazgos ponen en evidencia una paradoja regional: si bien se registran avances formales en la incorporación de estándares internacionales, en el diseño de planes nacionales y en el reconocimiento normativo de la diversidad de las mujeres, estos progresos conviven con fallas estructurales que impiden una intervención estatal efectiva y eficiente”, señala el documento.

En los mecanismos se observan dinámicas contradictorias. Mientras Colombia creó el Ministerio de Igualdad y Equidad en 2023 y México constituyó Semujeres en 2024, Argentina disolvió el Ministerio de las Mujeres en diciembre de 2023, con un recorte presupuestario del 62 %. Ecuador anunció en 2024 la supresión de su Ministerio de la Mujer, con reducciones del 23 % y deudas en fondos para casas de acogida. 

Hubert explica que en estos últimos años se ha observado cómo en Latinoamérica coexiste un fortalecimiento de leyes y políticas públicas, pero hay poca institucionalidad en los países. Por lo tanto, cuando ocurren “volantazos” hacia la derecha, es más fácil debilitar la aplicación de las leyes. 

“La falta de institucionalidad hace que sea muy fácil recortar el presupuesto, eliminar ciertas instituciones, no reconocer ciertos datos… Algo que nos compartían las compañeras de Argentina, que están viendo en su contexto, es que no es necesario que se desmantelen las leyes o se retiren de ciertas convenciones, porque el discurso político ha sido suficiente para desincentivar que muchas mujeres puedan tener accesos a ciertos servicios”, señala.

Considera lo anterior una gran lección —a considerar también en la situación actual de Brasil— acerca de lo que es necesario fortalecer en los países para estar listos en caso de retrocesos, y no perder avances en materia de género.

Entre la impunidad y la opacidad de datos

El informe evidencia también altas tasas de impunidad en la región. En Bolivia, los juzgados especializados resolvieron el 16.72 % de sus causas en 2024 y acumulan un 34.91 % de sentencias por feminicidios desde 2013. En Colombia, solo el 32 % de los feminicidios concluye con condena y el 78 % de los casos por delitos sexuales permanecen en investigación.

En tanto, en Ecuador las sentencias por feminicidio cayeron al 2.24 % en 2024, mientras que el 75.29 % de las muertes violentas se queda en la etapa investigación previa. La fragilidad presupuestaria de las instituciones es una realidad en todos los países de la región, incluido México.

“Los avances normativos conviven con institucionalidades frágiles y financiamiento insuficiente, lo que deriva en una implementación débil y una gran ineficiencia de la política para garantizar el acceso a la justicia”, apunta el documento.

A ello se suman problemas en los sistemas de información pública. Por ejemplo, Bolivia carece de encuestas periódicas; Chile mantiene su registro en fase piloto; Ecuador presenta retrasos en el Registro Único de Violencias, mientras que Argentina suspendió su sistema unificado tras eliminar el ministerio rector.

Estas omisiones afectan particularmente a grupos históricamente excluidos. En Argentina, la tasa de travesticidios/transfeminicidios en 2024 fue 12 veces mayor a la general. En Colombia, el 86 % de las mujeres indígenas no denuncia. En Ecuador, 7 de cada 10 mujeres indígenas han vivido violencia, mientras que en Perú persisten barreras para mujeres rurales e indígenas quechuahablantes.

“Las barreras identificadas se agudizan para aquellos grupos que enfrentan discriminaciones múltiples, como mujeres indígenas, migrantes, adolescentes, con discapacidad y LGBTIQ+, cuya desprotección es a menudo invisible para el sistema”, señala respecto de la falta de indicadores en torno a estas intersecciones.

Paradigma preventivo y pendientes presupuestales

Maïssa Hubert también advierte sobre iniciativas en Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú para sancionar las llamadas “falsas denuncias”, que buscan desincentivar las acusaciones formales por violencia de género, y están particularmente dirigidas hacia las mujeres.

En ese panorama de uso del derecho penal contra las mujeres y políticas de mano dura, la especialista sostiene que México puede constituir un contramodelo de respuesta, si migra de un enfoque penal a uno de protección y prevención oportuna. Eso requiere una institucionalización fuerte, presupuestos claros dedicados a esos temas y mayor coordinación. 

“No podemos seguirnos esperando a las denuncias. Creo que sería muy bello, la verdad, que en este contexto político México se pueda posicionar como un país que logre bajar el número de feminicidios porque cambió su paradigma de política pública, y descargue a las mujeres de esta necesidad de estar denunciando y asegurando su propio acceso a la justicia, y que el Estado pueda, proactivamente, acercarse a las mujeres que estén viviendo esas violencias para protegerlas antes de que escalen”, afirma.

El informe de Articulación Regional Feminista reitera que el cumplimiento de la Convención de Belém do Pará exige presupuestos adecuados, formación de servidores públicos, servicios territoriales y datos transparentes. Recuerda también que la coordinación interinstitucional sigue siendo un desafío en muchos países, lo que limita la eficacia de los planes de política pública.

Además, existe una insuficiencia de información sobre su implementación, impacto y resultados, lo que impide análisis profundos y comparables. Por otro lado, si bien se han expandido los servicios integrales, persisten brechas de cobertura territorial, recursos insuficientes y déficits en la atención a grupos en vulnerabilidad, especialmente en zonas rurales, lo que afecta de manera directa el acceso efectivo a la justicia y el cumplimiento de la debida diligencia estatal.

En el periodo 2022–2024 se han profundizado esos obstáculos, advierte el documento. Aun cuando la mayoría de los países cuenta con planes nacionales en ejecución, su alcance y efectividad siguen siendo limitados. Bolivia, Chile y México evidencian avances formales en el diseño de planes con enfoque interseccional, pero con escasos resultados en su implementación. 

Respecto de los presupuestos con perspectiva de género, la respuesta estatal continúa siendo fragmentada y con bajo financiamiento: Bolivia enfrenta dificultades para traducir la normativa presupuestaria obligatoria en mejoras sostenidas y Chile se rehúsa a avanzar en un pacto fiscal para políticas de prevención, mientras que en Argentina, Ecuador y México los programas se han visto afectados por retrasos, retenciones presupuestarias o eliminaciones, concluye.

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MARCELA NOCHEBUENA.
ENLACE: 
https://grupoanimal.mx/sociedad/mexico-violencia-mujeres-politicas-genero

La mansión de 40 millones de Carolina Viggiano

La senadora del PRI Carolina Viggiano habría adquirido una mansión de 40 millones en Las Lomas de CDMX, en una operación que involucra empresas factureras. La casa también es domicilio fiscal de su hijo

La senadora del PRI, Carolina Viggiano Austria, habría adquirido una mansión de más de 40 millones de pesos en Lomas de Chapultepec, una de las zonas de más alto valor comercial en la Ciudad de México.

El inmueble está ubicado en Sierra Nevada 319, Lomas de Chapultepec, y la operación fue realizada mediante empresas señaladas por el SAT como posibles factureras, de acuerdo con un reportaje de El Universal.

Fue el 18 de septiembre de 2019 cuando se emitió el primer aviso de “compra-venta a plazos”, ante el notario 147 Luis Carlos Treviño Berchelmann, de Nuevo León, a favor de Alma Carolina Viggiano Austria.

El Corporativo Awiki estuvo en suspensión de actividades y se volvió a activar en 2023, con el fin de realizar la supuesta compra de la casa.

El Universal señala que Corporativo Awiki fue una empresa proveedora del estado de Coahuila durante el sexenio de Rubén Moreira (2011-2017), esposo de Viggiano Austria.

La legisladora del PRI no incluyó ese inmueble en su declaración patrimonial, de acuerdo con el medio. La casa también es domicilio fiscal de su hijo, Diego Beltrán Viggiano.

Las empresas que, de acuerdo con el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México, intervinieron en la compra venta, estarían señaladas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) como posibles factureras.

Viggiano Austria no ha publicado en sus redes sociales alguna aclaración o desmentido. Días antes aclaró otra operación, pero referente a un terreno en Zempoala, Hidalgo.

Pío López Obrador anuncia que va por el Distrito 9 de Chiapas

Pío López Obrador, el hermano de AMLO involucrado en el escándalo de los sobres de dinero en 2020, anuncia que se registró en el proceso interno de Morena para aspirar a una diputación federal por Chiapas rumbo a 2027

Pío López Obrador, hermano del expresidente AMLO, anunció este 6 de octubre que se registró en el proceso interno de Morena para aspirar a una diputación federal por Chiapas rumbo a 2027.

Desde una terraza con vista a la ciudad (Tuxtla Gutiérrez), López Obrador dice en un video que se inscribió como aspirante a la coordinación distrital de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional por el distrito 9 de Chiapas, con cabecera en Tuxtla Gutiérrez. 

El protagonista de un escándalo de sobres con dinero en 2020 calificó el paso como un “compromiso moral” y señaló que esa figura se convertirá, en los meses siguientes, en la candidatura a ocupar un escaño en la Cámara de Diputados por voto popular en los comicios de 2027.


En el mensaje resaltó que “se ha llevado a cabo una lucha incansable cuyo objetivo superior ha sido la construcción del movimiento más importante de México y de nuestro querido Chiapas: la Cuarta Transformación de la vida pública de nuestro país”. 

También aludió a su cercanía con su hermano, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y a su militancia en el partido que este fundó.

El texto de redes sociales que acompaña el video refuerza el llamado: invita de forma “respetuosa y fraterna” a mujeres y hombres “libres y de buena voluntad” a seguir organizándose “desde abajo y entre todos” para continuar el Movimiento de Transformación, defender la soberanía del país y hacer de México un país “más humano, empático y fraterno”, sobre todo con los más necesitados.

EL ESCÁNDALO DE LOS SOBRES

En agosto de 2020, el medio Latinus, con el periodista Carlos Loret de Mola, difundió videos grabados en 2015 en los que se ve a Pío recibiendo fajos de billetes de David León Romero (entonces asesor del gobierno de Chiapas de Manuel Velasco y, más tarde, funcionario federal). 

En una de las entregas se menciona un sobre con unos 400 mil pesos y en otra una bolsa con alrededor de un millón. En las grabaciones se habla de aportaciones para apoyar el movimiento político de su hermano en Chiapas. El entonces presidente AMLO explicó en su momento que se trataba de aportaciones ciudadanas para el movimiento, no de dinero ilícito de partido, y pidió que se investigara.

LA EXONERACIÓN

Pío ha sostenido que los videos fueron manipulados o descontextualizados y demandó a Loret por difamación.

En octubre de 2022, tras dos años de investigación, finalmente el agente del Ministerio Público de la Federación de la Fiscalía de Delitos Electorales (FISEL) resolvió el no ejercicio de la acción penal contra los involucrados.

En agosto de 2025, el INE declaró infundado el procedimiento por falta de pruebas suficientes de que ese dinero se hubiera usado como financiamiento ilegal de Morena. En marzo de 2026 el Tribunal Electoral confirmó esa exoneración.

FUENTE/MEDIO: EMEEQUIS.

La violencia ya no es “caso aislado”: Morelos, primer lugar nacional en homicidios de jóvenes

Entre enero y agosto de 2026 Morelos registró 179 homicidios dolosos de adolescentes y jóvenes de 13 a 29 años, la tasa más alta del país. Nueve estudiantes de la UAEM han sido asesinados en menos de dos años; expertos alertan por falta de transparencia y policía debilitada. La violencia aún sigue

En Morelos la violencia que mata a adolescentes y jóvenes dejó de ser desde hace tiempo lo que las autoridades suelen argumentar, “casos aislados”.

Entre enero y agosto de 2026 la entidad acumuló 18 homicidios dolosos de adolescentes de 13 a 17 años y 161 de jóvenes de 18 a 29, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) analizadas por Morelos Rinde Cuentas.

Al considerar la población de cada grupo, Morelos registró las tasas más altas del país: 0.91 homicidios por cada 100 mil habitantes entre adolescentes de 8 a 10 años y jóvenes de 18 a 29 años.

“Lo que vemos es que Morelos, además de estar en segundo lugar a nivel nacional, ya separándolo por rango de edad, sería primer lugar en el caso de jóvenes de 13 a 17, 18 a 19, lo que nos coloca, creo yo, como un foco rojo”, señaló.

En la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) nueve estudiantes han sido asesinados en menos de dos años: dos en 2025 y siete durante los primeros nueve meses de 2026. Son cuatro casos investigados como feminicidio y cinco homicidios ocurridos en circunstancias distintas. No existe información pública que permita afirmar que estén relacionados.

Nueve estudiantes. Nueve familias esperando justicia.

Nueve estudiantes

En 2025 Aylin Rodríguez Fernández, de 20 años, estudiante de Psicología, fue reportada desaparecida el 3 de abril tras salir de su domicilio en Cuernavaca. Al día siguiente fue localizada sin vida en la colonia El Porvenir, Jiutepec. La UAEM confirmó que se trató de un feminicidio y exigió una investigación con perspectiva de género.

El 17 de septiembre fue asesinado David Adrián Gómez, alumno de la Preparatoria Número 1. Salió de clases rumbo a su domicilio, pero no llegó. Su madre confirmó ante la Fiscalía que había sido localizado sin vida en Temixco. Familiares señalaron que recibió un disparo en la cabeza; la investigación permanece abierta.

Abril Gómez, hermana del joven, denunció que la UAEM fue indolente y que en su momento sólo se limitó a enviar una corona de flores. “Que no se olviden de ese caso, que no lo entierren, que busquen a los culpables y que se haga justicia”, expresó.

En 2026 Kimberly Joselín Ramos Beltrán, de 18 años, estudiante de Contaduría, Administración e Informática, fue vista por última vez el 20 de febrero en Campus Chamilpa y localizada sin vida el 2 de marzo en sus inmediaciones. Su caso detonó la toma del campus y la exigencia de medidas de seguridad dentro y fuera de los espacios universitarios.

Ese mes fue asesinada Karol Toledo Gómez, de 18 años, estudiante de Derecho de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec. Desapareció el 2 de marzo y fue localizada sin vida tres días después en Coatetelco. Ambos casos provocaron movilizaciones y un paro prolongado en la UAEM, extendido a otras unidades académicas.

El 24 de mayo desapareció Michelle Itzayana Fuentes Calderón, de 15 años, alumna del Sistema Universitario de Educación Mixta. Familiares y estudiantes participaron en su búsqueda. El 2 de junio fue localizada sin vida en las inmediaciones de Tepoztlán. Su caso se integra al recuento de asesinatos, pero no al de feminicidios.

El 12 de septiembre Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años, estudiante española de intercambio entre la Universidad de Barcelona y la UAEM, fue atacada con un arma blanca en la Casa de la Cultura de Cuautla y murió esa noche.

La Fiscalía informó que investigaba el caso bajo el protocolo de feminicidio. Había llegado a Morelos el 17 de agosto y tenía prevista su estancia hasta diciembre.

El 26 de septiembre Christian Shamed Arce Díaz y Gael Rojas Pérez, ambos de 17 años y alumnos de la Preparatoria Número 2, fueron asesinados a balazos en Chulavista, Cuernavaca, tras salir de una celebración. Un tercer menor resultó herido. Hasta las primeras investigaciones, la Fiscalía no había informado sobre detenidos ni móvil.

Ángel Miguel Hernández Flores, de 17 años, alumno de quinto semestre de la Preparatoria Número 1 y repartidor de una pollería, fue asesinado el 5 de septiembre mientras trabajaba en la colonia Satélite de Cuernavaca.

Su caso tardó semanas en hacerse visible, hasta que Resistencia Estudiantil UAEM comenzó a difundirlo y exigir justicia. Autoridades de la UAEM corroboraron que era alumno de la Preparatoria Número 1. De acuerdo con su credencial, tenía 17 años y pertenecía al bachillerato en Ciencias Sociales.

A más de tres semanas del homicidio, la familia continuaba a la espera de información sobre los avances de la investigación.

Resistencia Estudiantil declaró septiembre el mes más violento para la comunidad universitaria y difundió fotografías de Ángel Miguel, Claudia, Christian y Gael. “Pronunciaremos sus nombres para no olvidar las vidas que nunca se nos debieron arrebatar”, escribió el colectivo.

Jóvenes en la mira

Entre enero y agosto, 179 adolescentes y jóvenes de 13 a 29 años fueron víctimas de homicidio doloso.

Salinas plantea revisar las capacidades de seguridad: policías capacitados, certificados de control de confianza y acciones para aumentar el estado de fuerza. Morelos Rinde Cuentas documentó una reducción de elementos municipales; como ejemplo señaló que Cuernavaca disminuyó su estado de fuerza en más de 40% durante los últimos 10 años.
También cuestiona la falta de transparencia en un proyecto de 800 millones de pesos para cámaras de videovigilancia, previsto para cuatro años. Morelos Rinde Cuentas solicitó información, pero, según Salinas, no fue entregada porque el proyecto está en modificación o fue clasificado como reservado.
“Es un proyecto de 800 millones para cámaras, pero no hay transparencia y tampoco sabemos o creemos que eso vaya a resolver el problema de invertir solamente en cámaras de videovigilancia”, afirmó.

Proceso solicitó una entrevista a Rodrigo Heredia del Orbe, director general del Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes (Impajoven), directamente y a través de Comunicación Social, para conocer su postura sobre la violencia que enfrentan adolescentes y jóvenes en Morelos. Hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

También se buscó a autoridades de la UAEM, mediante su área de Comunicación Social, para conocer su postura sobre los asesinatos y desapariciones de estudiantes y las medidas implementadas ante esta situación. Tampoco hubo respuesta.

¿Por qué están matando a los jóvenes?

Los nueve expedientes relativos a los asesinatos de los estudiantes ya mencionados muestran circunstancias distintas y corresponden a investigaciones ministeriales. Salinas plantea analizar la vulnerabilidad juvenil junto con las desapariciones y la posibilidad de reclutamiento o captación por grupos vinculados con la violencia, sin afirmar que todos los jóvenes asesinados estén relacionados con organizaciones criminales.

“Es un grupo vulnerable y a lo mejor podrían estar siendo víctimas, es un forzarlos”, explicó.

La estadística no explica quién mata ni por qué, pero muestra la magnitud: Morelos ocupa el primer lugar nacional por tasa de homicidio doloso entre adolescentes de 13 a 17 años y jóvenes de 18 a 29.

Para Iván Martínez Dunker, profesor investigador del Centro de Investigación en Dinámica Celular de la Universidad Autónoma Metropolitana, la violencia contra adolescentes y jóvenes tampoco puede entenderse sólo como un problema de seguridad.

“Esto es resultado de una falla profunda de nuestra estrategia, no sólo de seguridad, sino una estrategia social de recomposición”, sostuvo.

El investigador señala la falta de articulación entre los tres niveles de gobierno y el debilitamiento de los municipios, tanto en capacidades como en recursos, además de problemas históricos de corrupción y colusión entre autoridades y grupos criminales.

“A falta de Estado (el espacio) es ocupado por la criminalidad”, sostuvo.

Martínez Dunker considera que la respuesta también debe involucrar a la sociedad y las universidades.

“Creo que hay que partir del punto de que todos estamos fallando y es ahí en donde tenemos que cuestionarnos primero a nosotros mismos y ver qué es lo que nos toca hacer”, afirmó.

La violencia también llegó a la universidad

Aunque varios estudiantes fueron atacados mientras realizaban actividades cotidianas fuera de instalaciones universitarias, para Martínez Dunker las universidades no pueden permanecer al margen.

“Por más silencio que se tenga, por más que se deje de hablar, el tema es que ha crecido y esto, al final, está tocando la puerta”, expresó.

Considera que las instituciones educativas deben participar en la construcción de propuestas y espacios de diálogo.

“Las universidades, sus académicos, deben dar una guía a la sociedad a la que sirven, de hacia dónde ir”, sostuvo.

La violencia contra las estudiantes también pone bajo la lupa las medidas institucionales para prevenir y atender la violencia de género.

En un informe publicado en agosto de 2026, Intersecta señaló que, aunque existen avances legales, persisten obstáculos para hacerlos efectivos. Un análisis de 2023 encontró que 38 de 40 universidades revisadas contaban con unidades de igualdad de género, pero la mitad operaba sin presupuesto propio. Entre ellas estaba la UAEM.

Para la organización, la falta de recursos dificulta atender casos, realizar diagnósticos y capacitar al personal.

Los que faltan

A los nueve asesinatos se suman dos estudiantes desaparecidos.

Viridiana Anaid Morales Rodríguez, estudiante de la Facultad de Psicología de la UAEM, tenía 21 años cuando desapareció el 12 de agosto de 2012. Viajó al Estado de México con su entonces esposo, Roberto Altamirano López. Dos días después él fue localizado sin vida. Ella nunca volvió.

Dorian Alí Olivo Rodríguez, de 20 años, había cursado estudios en la Facultad de Nutrición de la UAEM. Desapareció el 2 de junio de 2026, después de trasladarse hacia Tres Marías, en Huitzilac. Su última ubicación conocida quedó registrada entre Cuernavaca y Huitzilac, donde se perdió la comunicación.

La UAEM confirmó su desaparición y expresó su respaldo a la familia. Hasta septiembre de 2026, continuaba desaparecido.

El 2 de octubre, otra vez las calles

Para este 2 de octubre integrantes de Resistencia Estudiantil, la Red de Estudiantes de Posgrado, Mujeres Revolucionarias y el Ensamble de Percusiones Femenil WUAMAZO 8 de Marzo, entre otros colectivos, convocaron a una movilización en Cuernavaca, que estuvo encabezada por la familia de Miguel Ángel, estudiante de la Preparatoria 1 de la UAEM.

La marcha partió cerca de las 2 de la tarde de la Glorieta de Tlaltenango hacia el Tribunal Superior de Justicia, donde se exigió justicia por los nueve estudiantes asesinados y la aparición con vida de Dorian y Viridiana.

Los colectivos también reclamaron seguridad para las y los estudiantes dentro y fuera de las aulas.

Durante la movilización, Víctor Manuel Hernández, padre de Miguel Ángel, relató que su hijo fue atacado a balazos el 5 de septiembre en la colonia Satélite y que, a casi un mes de la agresión, no hay avances en la investigación. La familia exige justicia.

PAN exige descongelar iniciativas contra la desaparición forzada en el Senado

De acuerdo con Genoveva Huerta, existen al menos 10 iniciativas de ley "atoradas" en el Senado de la República, proyectos que fueron diseñados para tipificar el reclutamiento infantil

Pocos días después de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó sobre los graves riesgos que enfrentan las mujeres buscadoras en México, diputados federales y locales del PAN exigieron al gobierno federal tomar acciones contra la desaparición forzada, y aprobar iniciativas "congeladas".  

De acuerdo con Genoveva Huerta, diputada federal del PAN, existen al menos 10 iniciativas de ley "atoradas" en el Senado de la República, proyectos que fueron diseñados para tipificar el reclutamiento infantil.

La legisladora criticó los anuncios de que los homicidios dolosos van a la baja, "un dato absolutamente incongruente e inexacto" frente al incremento en las desapariciones forzadas. Asimismo, Huerta alertó que el problema se agrava al involucrar a menores de edad.

“La infancia en México enfrenta su peor crisis de vulnerabilidad. Cifras oficiales y de organizaciones civiles revelan una realidad escalofriante: 120 niñas y niños son reclutados cada día por las filas del crimen organizado en nuestro país", afirmó.

Los menores de edad están expuestos a la explotación y violencia extrema; además, en muchas ocasiones, son utilizados como halcones y mensajeros de las organizaciones delictivas. "El crimen los está convirtiendo en escudos y herramientas, arrebatándoles el futuro ante la mirada inerte del Estado", advirtió.

Por estas razones, la diputada urge a implementar castigos contra reclutadores y crear protocoles de protección y prevención. “Hacemos un llamado directo e impostergable a la mayoría de Morena en el Senado, la niñez no puede estar sujeta cálculos ni a tiempos políticos”, afirmó en un comunicado.

Héctor Barrera, secretario general del PAN CDMX y exdiputado federal del mismo partido, precisó que el secuestro y el reclutamiento de jóvenes por la delincuencia organizada ha caracterizado a este gobierno, al que acusó de intentar normalizar e invisibilizar la problemática.  

Añadió que muchos casos terminan en homicidios. “Debemos de apelar a que la autoridad y las instituciones de seguridad erradiquen el delito de desaparición forzada”, exhortó. 

América Rangel Lorenzana, diputada del PAN por la alcaldía Miguel Hidalgo, agregó que aprobar estas iniciativas contra la desaparición forzada es una obligación constitucional con las familias mexicanas y que la protección de la niñez debe ser la máxima prioridad nacional. “Lo dice también la ONU, ese organismo internacional que no quiere Morena", agregó. 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) alertó a finales de septiembre sobre la violencia extrema que sufren las mujeres buscadoras, quienes han asumido las labores de búsqueda e investigación ante la crisis de desapariciones en el país.   

"La situación adquiere especial gravedad porque las mujeres no sólo enfrentan la incertidumbre y el dolor provocado por la desaparición de sus familiares, sino también riesgos directamente relacionados con su actividad como buscadoras", afirmó el documento.  

En respuesta, el gobierno de Claudia Sheinbaum respondió en un comunicado conjunto de las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación (Segob) que “la información disponible no acredita la existencia de un patrón estatal ni recurrente de desaparición forzada de personas buscadoras”.  

Asimismo, afirmaron que los expertos "ejercen su mandato a título personal y de manera independiente, por lo que sus opiniones no reflejan la posición de la ONU”.  

En su última edición impresa, publicada en octubre de 2026, Proceso, documentó que más del 60% de los desaparecidos en México tienen entre 10 y 25 años, y la falta de un delito de reclutamiento forzado dificulta sancionar la conducta y dar seguimiento a los casos.

Indagan presunto 'centro de exterminio' en Nayarit

En el lugar han sido localizadas prendas y una hornilla artesanal que podría haber sido utilizada para incinerar cuerpos

La Fiscalía de Nayarit anunció este martes que investiga el hallazgo de un presunto “centro de exterminio por incineración” en el municipio de Xalisco, donde fueron localizadas prendas de vestir, restos óseos y una fosa con cuerpos humanos, en medio de la crisis de desaparecidos que vive el país norteamericano.

La fiscal general del estado, Ludmila Heredia, informó en conferencia de prensa que el sitio es procesado desde el 3 de octubre, junto con grupos de madres buscadoras de desaparecidos.

“Estamos procesando un centro de exterminio por incineración”, señaló la fiscal, y agregó que los colectivos de búsqueda se incorporaron a los trabajos este fin de semana.

En el lugar han sido localizadas prendas y una hornilla artesanal que, según Heredia, podría haber sido utilizada para incinerar cuerpos.


“Ahí (en la hornilla) se coloca un tambo (recipiente cilíndrico). Se llena de diésel, de gasolina y de jabón para que se adhiera a la piel y a las telas. Se queman los cuerpos, los huesos se carbonizan y se arrojan a un riachuelo”, detalló la fiscal.

Añadió, asimismo, que las autoridades también procesan una posible fosa, sin ofrecer detalles sobre número de cuerpos, y que esperan obtener correspondencias genéticas de los restos localizados.

Heredia incluso comparó el sitio con el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, al mencionar que se trata de otra “versión” de ese predio utilizado por el crimen organizado y localizado en marzo de 2025.

Hasta ahora, las autoridades de Nayarit no han precisado cuántas víctimas estarían relacionadas con el “centro de exterminio” de Xalisco.

Según las autoridades federales, el rancho de Teuchitlán operaba como centro de reclutamiento y adiestramiento del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aunque las autoridades han dicho que no tienen evidencias para confirmarlo como crematorio o “campo de exterminio”.

Los hallazgos ocurren en medio de una crisis nacional que supera las 130.000 personas aún desaparecidas en México, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno), que contabiliza las desapariciones desde 1950.

Siete funcionarios de Edomex, condenados por ayudar a exedil de Santo Tomás a escapar

Dos expolicías municipales recibieron las penas más altas; entre los sentenciados también hay una exregidora, una exsecretaria del Ayuntamiento y tres civiles

Dos policías de Santo Tomás, dos exfuncionarias locales y tres civiles fueron sentenciados por intervenir en la fuga del expresidente municipal Pedro Luis “N”, alias “Wicho”, cuando las autoridades intentaban arrestarlo en el Estado de México (Edomex) en diciembre de 2024.

Las sentencias que se dictaron van desde los cuatro años y ocho meses hasta los 14 años de prisión, siendo la condena más alta para el policía municipal Ángel Díaz Zarco tras ser hallado culpable de evasión, abuso de autoridad y robo con violencia.

Martín Santana Martínez, también policía municipal al momento de los hechos, fue condenado a 12 años y ocho meses de prisión por evasión y robo con violencia.

Litzy Mariana Domínguez Vilchis recibió una pena de ocho años y ocho meses por evasión y daño en los bienes, mientras que María Raquel Rubio Rodríguez, quien entonces era primera Regidora del Ayuntamiento, fue sentenciada a seis años por evasión y abuso de autoridad. Nélida Ávila Chamorro, quien se desempeñaba como Secretaria del Ayuntamiento, así como Araceli Domínguez Vilchis y Violeta Hernández Paniagua, fueron condenadas a cuatro años y ocho meses de prisión cada una.

La investigación inició el 17 de diciembre de 2024 a las 8:04 horas, cuando elementos de la Policía de Investigación (PdI) arribaron al jardín central de Santo Tomás para arrestar a "Wicho", quien se disponía a rendir protesta.

De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), un grupo de personas intervino para impedir la detención y permitió que el entonces expresidente municipal escapara. Durante esos hechos también fueron agredidos servidores públicos de la Fiscalía mexiquense y resultaron dañados tanto vehículos oficiales como particulares en los que se trasladaban los elementos que acudieron a detenerlo.

Las autoridades identificaron entre los participantes a Rubio Rodríguez y Ávila Chamorro, quienes ocupaban cargos en el Ayuntamiento, así como a Díaz Zarco y Santana Martínez, entonces policías municipales. Las otras tres personas fueron señaladas como civiles que intervinieron en la agresión.

La indagatoria continuó hasta que permitieron establecer la participación de las siete persona, quienes, una vez arrestadas, fueron ingresadas a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social (Cereso) para quedar a disposición de un Juez.


Las sanciones se determinaron mediante un procedimiento abreviado, una vez que el Ministerio Público (MP) exhibió los elementos de prueba necesarios para demostrar la culpabilidad de las y los implicados.

El exalcalde mexiquense fue detenido hasta el 8 de febrero de 2025, en el municipio de Valle de Bravo, como parte de las acciones de la Operación Enjambre, y actualmente permanece interno en un penal estatal.
Con estos siete fallos, la Fiscalía mexiquense suma ya 27 sentencias dentro de la "Operación Enjambre", una estrategia coordinada entre mandos federales y del Estado de México para desarticular a funcionarios y civiles vinculados al crimen organizado en la entidad.