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Asesinan a Eduardo Valdovinos, aspirante de Morena en Lázaro Cárdenas, Michoacán

El también empresario de paquetería fue agredido con disparos de arma de fuego mientras participaba en una cabalgata en dicha localidad.

Eduardo Valdovinos, aspirante de Morena a la coordinación municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán, fue asesinado a balazos este miércoles en un acto público.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el también empresario de paquetería fue agredido con disparos de arma de fuego mientras participaba en una cabalgata en dicha localidad.

Tras recibir el reporte, elementos de la Guardia Civil acudieron a la zona, donde localizaron al empresario sin vida a bordo de un vehículo, por lo que procedieron a resguardar el área y solicitar la intervención del personal ministerial.

Agentes de la Policía de Investigación y especialistas de Servicios Periciales realizan las diligencias correspondientes, entre ellas el procesamiento del lugar de los hechos y la recolección de indicios que serán analizados para establecer las circunstancias de la agresión.

Dentro de las primeras entrevistas se establece la participación de una persona como probable responsable.

La Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones encaminadas al esclarecimiento de los hechos y la identificación de quien o quienes resulten responsables, con apego al debido proceso.

"El Bolillo", jefe de sicarios del "Cártel de Los Reyes", es detenido en Michoacán

El presunto criminal también es investigado por el asesinato de la activista y mujer transgénero Miriam Noemí Ríos Ríos en el Municipio de Zamora

La Guardia Civil de Michoacán detuvo ayer a Fausto Alejandro “N”, alias "El Bolillo", presunto lider del grupo criminal "La Birotiza", uno de los brazos operativos del Cártel de Los Reyes, señalado por extorsión  productores y empresarios.
"Detuvimos a 'El Bolillo', presunto líder criminal en Michoacán. La Guardia Civil junto a fuerzas federales y la Fiscalía del Estado de Michoacán, capturó en Los Reyes a Fausto Alejandro 'N', señalado por presuntas extorsiones contra productores y empresarios de Los Reyes, Zamora y Jacona", señaló la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán en su cuenta oficial de X.
"El Bolillo" fue capturado luego de ser denunciado por su posible participación en la extorsión contra aguacateros, agricultores, empacadores de berries y ganaderos de la región, a quienes presuntamente exigía el pago de cuotas para permitirles desarrollar sus actividades.


El hombre fue detenido en flagrancia por posesión de un arma de fuego, un cargador, 26 cartuchos útiles de distintos calibres, 19 envoltorios con una sustancia con características de metanfetamina, un teléfono celular y una bolsa personal.

La aprehensión se realizó en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

"El Bolillo", vinculado al asesinato de activista transgénero

El presunto extorsionador también es investigado por el asesinato de la activista y mujer transgénero Miriam Noemí Ríos Ríos, ocurrido el 10 de enero del 2024 en el Municipio de Zamora.

La mujer también era líderesa del partido político Movimiento Ciudadano (MC) en Jacona, y de acuerdo con las investigaciones oficiales, la víctima se habría negado a pagarle una cuota exigida por "El Bolillo", razón por la que el criminal atentó contra su vida.

La víctima fue atacada a balazos mientras atendía un puesto de venta de ropa ubicado sobre la avenida Juárez, en la colonia Libertad, en dicha demarcación.

Ríos Ríos también encabezaba el colectivo Respeto e Igualdad de Género A.C., dedicado a la defensa de los derechos de la comunidad LGBTIQ+.

Padre e hija mueren tras ataque armado en El Guayabo; militares tardaron horas en auxiliar a la niña, dice su abuela

María relató que su hijo Jorge Luis murió en el lugar y que Alexa, de ocho años, permaneció herida hasta que fue trasladada en un helicóptero militar a un hospital de Morelia, donde murió dos días después

María, madre de Jorge Luis y abuela de Alexa, quienes murieron después de un ataque armado contra viviendas de la comunidad El Guayabo, en Apatzingán, Michoacán, pidió ayuda para salir de México ante el temor por la violencia que se vive en la zona y cuestionó la respuesta de las autoridades durante la agresión.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, la mujer -cuyo nombre fue cambiado para preservar su identidad por razones de seguridad- relató que la noche del martes 13 de octubre escuchó detonaciones cerca de la vivienda de su hijo. Tras intentar comunicarse con él sin obtener respuesta, llamó al teléfono de su nieta Alexa.

“Alexa nos dice, le dispararon a mi papá y lo mataron”, relató.

De acuerdo con su testimonio, la niña, de ocho años, permaneció con su padre, Jorge Luis, quien murió en el lugar, mientras su hermano de seis años logró salir de la vivienda y correr hasta la casa de sus abuelos para pedir ayuda. El menor les informó que Alexa había recibido un disparo en el abdomen.

María explicó que, después de escuchar las detonaciones, acudieron a un destacamento militar ubicado a aproximadamente una cuadra y media o dos cuadras del sitio del ataque para pedir ayuda. Sin embargo, aseguró que los militares les dijeron que necesitaban autorización para intervenir.

“Les dije: por favor la niña está herida, la niña está herida, hay que salvar la vida de la niña, mi hijo está muerto, está bien, pero la niña”, contó.

Según su relato, permanecieron más de una hora solicitando ayuda hasta que algunos vecinos decidieron acompañarlos para ingresar a la vivienda y sacar a Alexa. La niña fue trasladada hacia donde se encontraban los soldados y recibió atención en la carretera.

María afirmó que un joven de aproximadamente 19 o 20 años entró a la vivienda para auxiliarla. Dijo que el cuerpo de Jorge Luis quedó atravesado hacia la puerta y que el niño de seis años tuvo que salir de la casa pasando por encima de su padre para buscar ayuda.


La familia solicitó posteriormente apoyo a personas de una comunidad cercana, desde donde les informaron que la única opción era pedir un helicóptero para trasladar a la menor. El helicóptero militar llegó cerca de las dos de la madrugada, aproximadamente dos horas y media después de que Alexa recibió el disparo.

La niña fue trasladada al Hospital Infantil de Morelia, en Charo, donde permaneció en terapia intensiva. Murió la mañana del 15 de octubre.

María cuestionó también la actuación de los militares durante las primeras horas posteriores al ataque. Dijo que existe un video grabado por su hija en el que se observa a un soldado darles la espalda y regresar al lugar donde se encontraban, mientras les decía que el comandante estaba dormido y no podían molestarlo.

“Hay un video que mi hija está en desesperación, tomó un video donde el soldado que hizo nos dio la espalda y se metió y nos dijo que el comandante estaba dormido, o sea, no lo podían molestar”, relató.

La mujer señaló que los militares no ingresaron a la vivienda donde se encontraba su hijo y su nieta ni esa noche ni al día siguiente. Aseguró que el cuerpo de Jorge Luis permaneció en el lugar desde aproximadamente las 23:30 horas del martes hasta las dos de la tarde del miércoles.

También narró que, cuando Alexa era atendida en la carretera, preguntaba por su padre, quien había muerto durante el ataque. “Ellos vieron todo”, dijo María al referirse a los menores que se encontraban en la vivienda.

La abuela de Alexa consideró que su nieta pudo haber sido atacada mientras hablaba por teléfono con la familia. Explicó que encontró posteriormente el teléfono de la niña completamente dañado y con impactos de bala.

“Yo lo creo así, porque el teléfono está completamente destruido. No podía haber estado así para que ella pudiera hablar con nosotros”, afirmó.

María relató además que, cuando regresó al lugar de los hechos para recoger algunas pertenencias, encontró la camiseta que llevaba puesta su hijo tendida en el sitio donde había quedado su cuerpo. Dijo que la prenda tenía las marcas correspondientes a los impactos de bala y planteó que quienes participaron en el ataque pudieron haber regresado posteriormente a la vivienda.

“Quiere decir que esa gente nos fue a buscar, o no sé qué puedo entender ahí, y cómo cree que nos sentimos”, expresó.

Jorge Luis había regresado de EE.UU. semanas antes

Jorge Luis había vivido cinco años en Estados Unidos y regresó a Michoacán el 31 de agosto, apenas unas semanas antes del ataque.

María aseguró que su hijo todavía estaba retomando sus relaciones personales y que su intención era establecerse nuevamente en la comunidad y llevar una vida tranquila. Había comenzado a acondicionar una pequeña tienda de abarrotes, aunque todavía no la tenía completamente surtida.

“Él tenía cinco años y él había llegado el 31 de agosto. Él todavía ni siquiera recuperaba sus amistades; desde hace tiempo para acá, él apenas empezaba a convivir con la gente”, explicó.

La mujer señaló que Jorge Luis quería reencontrarse con su familia y convivía con sus hijos mientras preparaba el establecimiento.

Minas en los caminos y ataques con drones

María describió también las condiciones de seguridad que, según su testimonio, enfrentan los habitantes de El Guayabo y comunidades cercanas. Afirmó que los pobladores tienen dificultades para trasladarse a Apatzingán para conseguir alimentos y otros productos debido a la presencia de minas en los caminos.

Dijo que actualmente tienen dificultades incluso para conseguir pañales para los niños pequeños de la familia y que temen salir de la comunidad. “Tenemos miedo de ir a Apatzingán porque todo el camino encuentran minas”, señaló.

Contó que un hombre de la comunidad resultó herido cuando una mina explotó al paso de su motocicleta cuando se dirigía a trabajar. Según su testimonio, el hombre sufrió lesiones en las manos, aunque sobrevivió.

También mencionó otro incidente en el que una mina explotó cuando una pareja, familiares suyos, se trasladaba en automóvil hacia su trabajo. En ese caso, dijo, el vehículo quedó destruido, pero las personas no resultaron heridas.

María sostuvo que los habitantes también han reportado ataques mediante drones y daños a viviendas en distintas comunidades de la zona. “Destruyendo viviendas, destruyendo todo con los drones. ¿A quién? A toda la gente, atacan”, afirmó.

Según su relato, en algunas ocasiones los militares acompañaron a pobladores que regresaban a sus viviendas para recuperar pertenencias. María dijo que los habitantes les señalaron los lugares desde donde, según ellos, provenían los disparos y les pidieron intervenir.

Sin embargo, aseguró que un soldado les respondió que no podían actuar porque temían tener problemas con organismos de derechos humanos. “Ellos dijeron que no podían hacer nada porque Derechos Humanos estaba sobre de ellos para que no, pues no sé qué les protegen o por qué”, relató.

María cuestionó esa explicación y preguntó qué ocurriría con los habitantes de las comunidades afectadas: “Y entonces ahorita nosotros como estamos, Derechos Humanos, ¿qué va a hacer por nosotros?”

Pide salir de México

Tras la muerte de su hijo y su nieta, y ante el temor de regresar a su comunidad, María dijo que su familia ya no se siente segura y pidió apoyo para abandonar el país.

“Queremos ayuda para salir del país”, afirmó.  “Sí, porque ya le tengo miedo a este gobierno, porque no hizo nada”, agregó.

Un iPhone, una troca y una promesa: el reclutamiento forzado de menores de edad en Michoacán

La captura de niños y adolescentes por el crimen organizado en Michoacán se ha sostenido durante las últimas dos décadas. En 2025 se registraron mil 746 hombres y mil 748 mujeres menores de edad como víctimas, con Zamora, Morelia, Uruapan y Jacona como municipios de alta incidencia

El sonido de las balas irrumpió en la localidad Rodeo del Pinal, en el municipio de Tocumbo, el 30 de agosto último. A Jesús Chuchito Nini la vida se le escapó por la carne herida cuando, en la refriega, fue alcanzado por los disparos. El operativo de las fuerzas de seguridad federales y estatales para capturar a su tío, Enrique Barragán Chávez, El R5, uno de los cabecillas del cártel de Los Reyes, cobró la vida de ambos.

A sus 15 años, Chuchito Nini ya fungía como lugarteniente y jefe de escoltas del R5. Su caso es uno más en la participación de niñas, niños y adolescentes dentro de los grupos del crimen organizado en Michoacán, y es evidencia de cómo el reclutamiento forzado de menores ha prevalecido durante las dos últimas décadas en el estado.

Para 2025, la Secretaría de Gobernación, en su Informe Anual del Mecanismo Estratégico del Reclutamiento y Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes por Grupos Delictivos y la Delincuencia Organizada en Zonas de Alta Incidencia Delictiva en México, consignó mil 746 hombres y mil 748 mujeres menores de edad como víctimas de este fenómeno en Michoacán, con Zamora, Morelia, Uruapan y Jacona como municipios de alta incidencia.

Frente al caso de Chuchito Nini, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla reconoció que en Michoacán “existen casos” de reclutamiento forzado, aunque buscó minimizarlos al señalar que algunos menores se incorporan voluntariamente a los grupos delictivos.

Julio César Franco Gutiérrez, del Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán (OSHRA), recuerda que todo reclutamiento de niñas, niños y adolescentes es forzado, “porque recordemos que no existe consentimiento aceptable en el caso de menores de edad para su participación con grupos delictivos”.

En este rango poblacional el crimen organizado ha encontrado “una cantera muy útil para sus intereses”, refiere Franco, esto debido en parte a las reformas implementadas en 2008 al sistema penal, que dieron pie a la Ley Federal de Justicia para Adolescentes en 2012, y posteriormente, en 2016, a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

El activista lamenta: “Si bien se establece una serie de principios garantistas hacia este sector poblacional que en teoría son muy buenos, en la práctica la delincuencia ha echado mano de ellos”. Subraya que esto demuestra la sofisticación del crimen organizado para analizar los marcos legales y hacer uso, a su conveniencia, de los mismos.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 40 de la revista Proceso correspondiente a octubre de 2026. LINK PARA OBTENER EL EJEMPLAR DIGITAL: https://proceso.pressreader.com/

FUENTE/MEDIO: PROCESO.

Exigen atención específica para defensores y periodistas ante violencia en Michoacán

Organizaciones civiles y de derechos humanos señalaron que las estrategias del gobierno federal para combatir la violencia en Michoacán deben reconocer y atender a los defensores y periodistas en la entidad «como poblaciones con necesidades específicas de protección, dada la gravedad y naturaleza de los ataques que enfrentan, así como su rol fundamental en la defensa de derechos, la información pública y la construcción de paz».

En un comunicado, las organizaciones que integran el Espacio OSC enfatizaron que los defensores del medio ambiente y del territorio, así como las periodistas que cubren temas relacionados con política y seguridad, son quienes enfrentan «los mayores niveles de riesgo en Michoacán», los cuales se agravan por las disputas territoriales entre grupos del crimen organizado, «frecuentemente coludidos con actores estatales o municipales».

«La violencia afecta de manera diferenciada y desproporcionada a pueblos y comunidades indígenas, así como a mujeres, cuyos territorios, formas de organización y procesos colectivos se ven amenazados por intereses económicos, criminales y políticos», agregaron. Tan sólo en 2024, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) documentó 16 agresiones en Michoacán contra defensores del medio ambiente.

Las organizaciones manifestaron su «profunda preocupación» frente a las formas de violencia que enfrentan los defensores y periodistas en la entidad, donde al menos nueve defensores fueron asesinados de 2016 a 2025 y ocho periodistas ultimados de 2006 al presente año. Además de asesinatos, precisaron que el entorno de agresiones a los que se enfrentan los defensores y periodistas incluye desplazamiento forzado, ataques físicos, amenazas, hostigamiento, violencia digital y violencia de género.

De acuerdo con el Espacio OSC, los recientes asesinatos del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y del comerciante Bernardo Bravo evidencian «la gravedad de la crisis de violencia que enfrentan múltiples comunidades en Michoacán», la cual «ha sido denunciada durante años».

Frente a la violencia, se pronunciaron por que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que anunció el gobierno federal, y que ha sido criticado por las comunidades indígenas del estado como «discriminatorio, unilateral y engañoso», atienda a los defensores y periodistas como poblaciones con necesidades específicas de protección, para lo cual «es indispensable» fortalecer la coordinación y diálogo entre el gobierno estatal y federal, particularmente a través del Mecanismo Federal de Protección, y avanzar hacia una ruta integral de prevención, fortalecimiento institucional y presencia territorial, construido en conjunto con la sociedad civil.

Finalmente, el Espacio OSC urgió a la Fiscalía de Michoacán y al Poder Judicial a que establezcan un plan de investigación y judicialización de delitos contra defensores y periodistas, «garantizando verdad, justicia y reparación», así como exigió la instalación de un diálogo permanente entre las autoridades federales y las estatales con los defensores y periodistas, con el fin de monitorear las acciones de protección y robustecer las medidas de prevención, entre otras medidas.

COMUNICADO:

Las organizaciones que integramos el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC) expresamos nuestra profunda preocupación ante la persistente violencia que enfrentan personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, así como periodistas en el estado de Michoacán. Entre 2016 y 2025, al menos nueve personas defensoras han sido asesinadas —una contaba con medidas del Mecanismo Federal de Protección y dos con medidas de la Fiscalía estatal—. Asimismo, entre 2006 y 2025 se han registrado ocho periodistas asesinados, tres de ellos ocurridos entre 2022 y la fecha, en presunta relación con su labor informativa. A ello se suma un entorno de agresiones que comprende desplazamiento forzado, ataques físicos, amenazas, hostigamiento, violencia digital y violencia de género.

Las personas defensoras del medio ambiente y del territorio, así como las periodistas que cubren temas relacionados con política y seguridad, enfrentan los mayores niveles de riesgo en Michoacán. Este riesgo se agrava por las disputas territoriales entre grupos del crimen organizado, frecuentemente coludidos con actores estatales o municipales. La violencia afecta de manera diferenciada y desproporcionada a pueblos y comunidades indígenas, así como a mujeres, cuyos territorios, formas de organización y procesos colectivos se ven amenazados por intereses económicos, criminales y políticos.

En 2024, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) documentó 16 agresiones en Michoacán contra personas defensoras del medio ambiente. A ello se suman los ataques ocurridos recientemente el 6 de noviembre en el municipio de Madero, dirigidos contra personas defensoras ambientales, que reflejan la gravedad de la situación y la necesidad urgente de acciones efectivas de protección.

En cuanto a mujeres periodistas, Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) ha documentado al menos 78 agresiones entre 2023 y 2025, destacando bloqueo informativo, uso desproporcionado de la fuerza pública, intimidación, amenazas, detenciones arbitrarias y campañas de desprestigio. Las principales personas agresoras han sido funcionarios estatales de la Secretaría de Seguridad Pública y autoridades municipales.

Los recientes asesinatos del alcalde Carlos Manzo y del comerciante Bernardo Bravo evidencian la gravedad de la crisis de violencia que enfrentan múltiples comunidades en Michoacán, una situación que ha sido denunciada durante años. A estos hechos se suman nuevas agresiones: Article 19 documentó tres ataques adicionales contra periodistas en Uruapan y Morelia entre el 1 y el 3 de noviembre de 2025, que incluyen hostigamiento digital y actos de censura que vulneran la libertad de expresión y el derecho a la información.

En este contexto, Michoacán es además la tercera entidad federativa con el mayor número de personas defensoras y periodistas en situación de riesgo que cuentan con medidas de protección del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Actualmente, 158 personas están incorporadas: 75 mujeres, 124 personas defensoras y 34 periodistas.

Ante este panorama de violencia, el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia anunciado por el gobierno federal en cabeza de la Presidenta Claudia Sheinbaum debe reconocer y atender a personas defensoras de derechos humanos y periodistas como poblaciones con necesidades específicas de protección, dada la gravedad y naturaleza de los ataques que enfrentan, así como su rol fundamental en la defensa de derechos, la información pública y la construcción de paz.

Para eso es indispensable fortalecer la coordinación y diálogo entre el gobierno estatal y federal, particularmente a través del Mecanismo Federal de Protección, y avanzar hacia una ruta integral de prevención, fortalecimiento institucional y presencia territorial, construido en conjunto con la sociedad civil, que permita respuestas oportunas y efectivas ante situaciones de riesgo.

Asimismo, es urgente que la Fiscalía Estatal y el Poder Judicial establezcan un plan de investigación y judicialización de delitos contra personas defensoras y periodistas, garantizando verdad, justicia y reparación.

Finalmente, exigimos la instalación de un diálogo permanente entre las autoridades federales —particularmente de la Secretaría de Gobernación— y las autoridades estatales, así como con personas defensoras y periodistas. Este espacio debe permitir el monitoreo de las acciones emprendidas, fortalecer la capacidad de reacción ante situaciones de riesgo, garantizar transparencia y robustecer las medidas de prevención y protección para quienes trabajan cada día por la justicia, la verdad y los derechos humanos en Michoacán.

Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC). Las organizaciones que integran el Espacio OSC: ARTICLE 19 México y Centroamérica; Casa del Migrante Saltillo; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca (Consorcio Oaxaca); Instituto de Derecho Ambiental (IDEA), Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y todes (RedTDT); SMR: Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales  (PRODESC). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

"Plan Michoacán" deja 4 detenidos. Desde el 10 de noviembre, se registran 87 capturas

El "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia" ha dejado hasta este momento 87 personas detenidas, así como aseguramiento de armas, artefactos explosivos y más de 300 kilogramos de metanfetamina.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó el jueves que, en el marco del "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia", cuatro personas fueron detenidas, además de que se aseguraron cinco armas, 28 cartuchos, ocho artefactos explosivos y un vehículo.

Por medio de una publicación en redes sociales, el Gabinete de Seguridad explicó que este operativo se dio en coordinación con las autoridades locales de Michoacán, luego de realizar acciones de seguridad y proximidad en la entidad que derivaron en los anteriores resultados.

En este sentido, las autoridades federales recordaron que el "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia" tiene como objetivo proteger a los productores de la región, por lo que se realizaron visitas de supervisión en empacadoras, industrias y tianguis limoneros de Apatzingán y Múgica.
El Gabinete de Seguridad puntualizó que, del 10 al 19 de noviembre, han sido detenidas 87 personas y se han asegurado 43 armas, más de 6 mil 300 cartuchos, 348 cargadores, 60 artefactos explosivos, más de 300 kilogramos (kg) de metanfetamina, 13 kg de marihuana, 9 mil 200 litros y 2 mil 300 kg de sustancias químicas, además de 75 vehículos y se han atendido 59 denuncias. Lo anterior luego del asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el pasado 1 de noviembre.

Apenas el 16 de noviembre, el Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, designó a José Antonio Cruz Medina como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), con el propósito de fortalecer la estrategia de seguridad que presentó la Presidenta Claudia Sheinbaum presentó el 4 de noviembre pasado.
"Hoy damos un paso firme en el fortalecimiento de nuestra estrategia de seguridad: José Antonio Cruz Medina asume la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado", compartió el mandatario estatal en su cuenta oficial de X.
En un comunicado, el Gobierno de Michoacán informó que Cruz Medina asume el cargo tras desempeñarse como Vicefiscal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, donde encabezó áreas de análisis, inteligencia y operación policial. También tuvo responsabilidades en la Guardia Nacional (GN) y en la extinta Policía Federal.


Por su parte, la Presidenta aseguró el 4 de noviembre que su Gobierno no regresará jamás a la estrategia de la guerra contra el narco que implementó Felipe Calderón Hinojosa.
"Guerra quiere decir permiso para matar. Guerra quiere decir que están permitidas las ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué quiere decir una ejecución extrajudicial? Que un elemento de una Fuerza Armada de México puede disparar contra una persona con el solo hecho de presumir que es un delincuente, no en defensa propia, sino teniendo la orden de ejecutar. Eso fue la guerra contra el narco: ejecuciones extrajudiciales. Y todavía se atrevían a decir que si había daños colaterales, es decir, personas que fallecían en ese proceso, pues era parte de la guerra y estaba justificada. Nosotros jamás vamos a tener esa estrategia. Jamás. Primero, porque somos humanistas y nosotros no creemos que la ejecución extrajudicial sea una salida. [...] Eso no lleva a nada porque eso es injusticia y no construye una sociedad humanista, y nosotros sí somos necios en construir una sociedad humanista y dentro de la Ley", dijo.
"No es llenar solamente de soldados, de Guardia Nacional el estado, y menos, aunque con presencia, es importante, menos con permiso para matar. Eso no. La guerra contra el narco no. Eso no puede regresar a nuestro país y por eso es este planteamiento del 'Plan Michoacán por la Paz y la Justicia'", añadió Sheinbaum Pardo.

FUENTE: SIN EMBARGO
AUTOR: REDACCIÓN.

Policía de Ramírez Bedolla: cada vez más cara, pero con menos arrestos

En 2025 se destinaron 6 mil millones de pesos a la policía estatal, pero los arrestos han ido a la baja año con año en el periodo de Alfredo Ramírez Bedolla.

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, ha gastado cada vez más en la policía de su estado, pero cada vez hay menos arrestos, según revela una investigación realizada por EMEEQUIS. 

Según información conseguida a través de transparencia, el presupuesto para la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán sufrió varios cambios a lo largo de la administración Bedolla, que inició en octubre de 2021. 

Ese año, se invirtieron 4 mil millones 76 mil pesos aproximadamente en esa Secretaría. Para el siguiente año, el gobernador morenista decidió bajar el presupuesto para seguridad. 

En 2022, el presupuesto para la institución fue de 3 mil millones 545 mil pesos, es decir, bajó casi 500 millones de pesos el total del dinero asignado a la policía estatal. En 2023, el presupuesto fue de 3 mil millones 931 mil pesos, mayor que el año anterior, pero sin llegar a alcanzar la cantidad del primer año en que entró Bedolla al gobierno michoacano. 

En 2024, el presupuesto fue de 5 mil 192 millones de pesos, es decir, un aumento importante para la institución. Meses más tarde, según información oficial, en 2025, se destinaron 6 mil 4 millones de pesos a la policía estatal.

En noviembre de 2024, Bedolla dijo: “Estamos haciendo una gran inversión en seguridad pública para seguir reforzando este tema en el estado, con tecnología, con más armamento, con uniformes, con inteligencia, con patrullas para seguir consolidando la seguridad en el estado de Michoacán”.


Sin embargo, esta inversión, lejos de fortalecer la imagen del gobernador, pone en duda su eficiencia como funcionario público.

SUBIÓ EL PRESUPUESTO, PERO BAJARON LAS DETENCIONES

Michoacán vivió un aumento de presupuesto que no se vio reflejado en algunos de los indicadores de seguridad, por ejemplo, la cantidad de arrestos que ha hecho la administración de Bedolla, como así lo muestra información de transparencia obtenida por EMEEQUIS. 

Según datos de 2018 a 2025, fue decreciendo el número de personas detenidas, siendo 2021 donde hubo una caída drástica que se sostuvo en años siguientes, como muestra el siguiente desglose:

En 2018 ocurrieron 4,234 detenciones, el número más alto.
  • En 2019 ocurrieron 3,529 detenciones.
  • En 2020 ocurrieron 3,213 detenciones.
  • En 2021 ocurrieron 2,768 detenciones.
  • En 2022 ocurrieron 2,475 detenciones.
  • En 2023 ocurrieron 2,132 detenciones.
  • En 2024 ocurrieron 1,569 detenciones.
  • En 2025 han ocurrido 648 detenciones, reportándose hasta mayo de este año.

Por si fuera poco, durante los años que ha gobernado Bedolla, ha destacado la gran cantidad de policías sancionados en la entidad, como así lo muestra esta casa editorial luego de un análisis de los casos en transparencia. 

En total, se han sancionado a cerca de 348 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, de 2021 a 2025. 

De esos, dos fueron absueltos; otros cinco fueron “amonestados”; hubo dos arrestos, además de 156 remociones del cargo y otros 119 casos de “remolque” del cargo; y 64 más fueron suspendidos temporalmente, lo que dibuja parte de la dinámica de la corporación.

Estos números son preocupantes debido al avance de la delincuencia en el estado. El 1 de noviembre fue asesinado Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, frente a su familia. Su esposa, Grecia Quiroz, ahora ocupa el cargo, pese a las amenazas de muerte que ha recibido junto con su equipo. 

Por si fuera poco, luego de las manifestaciones en memoria del político, se han suscitado momentos de represión en lugares como Morelia, aunque también destaca la Ciudad de México, dirigida de igual forma por un gobierno morenista. 

El 9 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el “Plan Michoacán”, que busca pacificar el estado ante incidentes violentos y el avance del crimen organizado. Aún está en el aire la moneda, ¿esta nueva estrategia servirá o será otra política de seguridad que no logrará acabar con la violencia en Michoacán

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: NATHALIA ORTIZ, MARICARMEN GUTIÉRREZ ROMERO, MIGUEL ÁNGEL TEPOSTECO RODRÍGUEZ.

Sheinbaum confirma ataques del CJNG contra el Ejército en Michoacán

Los actos violentos se dan después del anuncio del Plan Michoacán en el que la Defensa Nacional informó una estrategia de contención o encapsulamiento de grupos criminales en la misma entidad.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que los ataques contra miembros del Ejército en puntos carreteros de Michoacán son del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)  

El grupo delictivo reaccionó a los operativos del Plan Michoacán en la entidad para las detener a Ángel Chávez Ponce, “El Camaleón”, líder de una célula de esa organización criminal.

Esta mañana el gabinete de Seguridad dio detalle a la mandataria federal sobre los hechos: 
Hubo una agresión de parte de este grupo delictivo a miembros del Ejército, y derivado de eso se dio toda esta circunstancia. Pero ya lo puede informar con más detalle el gabinete de seguridad”. 
Los actos violentos se dan después del anuncio del Plan Michoacán en el que la Defensa Nacional informó una estrategia de contención o encapsulamiento de grupos criminales en la misma entidad.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DALILA SARABIA.