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¿Certificar a las buscadoras?

"Exigir o incentivar que las buscadoras se vuelvan 'técnicas certificadas' puede servir como coartada burocrática para diluir responsabilidades del Estado"

El 7 de octubre pasado Ceci Patricia Flores Armenta y su hija Milagros de Jesús Valenzuela Flores, fundadoras del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, publicaron en X que obtuvieron del Gobierno mexicano un documento oficial que avala su labor para la búsqueda de personas desaparecidas. En su tweet, que comienza anunciando que “hoy puede comenzar a cambiar la historia de la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en México”, y se muestran dos constancias que las acreditan como personas con las competencias necesarias para llevar a cabo la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en México. Los certificados fueron expeditos por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el cual reconoce y otorga validez oficial a una serie de habilidades y competencias, destrezas y conocimientos tras la aprobación de cursos y procesos de capacitación.

En redes sociales las buscadoras explicaron lo siguiente: “Por primera vez, una madre buscadora y una hermana buscadora han logrado certificarse bajo el Estándar de Competencia EC1542. Esto significa mucho más que recibir un documento. Significa reconocer que las familias también hemos construido conocimiento, experiencia y capacidades en la búsqueda de nuestros desaparecidos. Significa transformar años de caminar, aprender y luchar en competencias que pueden ser evaluadas y reconocidas formalmente”.

La mencionada certificación incluye los protocolos de búsqueda inmediata, búsqueda individualizada y búsqueda generalizada en campo y vida. Según la página oficial garantiza “el respeto a la dignidad humana y el Protocolo Homologado de Búsqueda” y va dirigida a funcionarios de comisiones de búsqueda de personas, a personas buscadoras independientes e integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, pero también a personas en general, peritos, criminólogos, policías y personal de fiscalías del país.

El curso y certificado acreditan conocimientos sobre temáticas como el análisis de contexto y la integración inicial de carpetas, fichas de búsqueda, la prospección de terreno, la seguridad y búsqueda en campo y en vida, búsqueda administrativa, el manejo de hallazgos forenses y el acompañamiento a víctimas con apego a los principios de no revictimización. Fue el Instituto Estatal de Capacitación (IECA) del estado de Guanajuato la institución encargada de la capacitación y evaluación en materia de búsqueda, y también capacitó y acreditó a ocho buscadoras de tres colectivos de Guanajuato.

Aunque esta formación, como varias otras, desde luego, aporta herramientas técnicas útiles para las familias y mayor conciencia acerca de leyes, protocolos y estándares, considero importante hacer hincapié en el trasfondo político y las críticas de un proceso en el que, sin querer estar en el lugar de víctimas indirectas de la desaparición, a lo largo de los años, han sido las personas buscadoras y los colectivos quienes, por inoperancia de las instituciones estatales, han tenido que salir a buscar y desarrollar conocimientos y habilidades desde su comunidad en búsqueda.

Han tenido que protestar y sufrir el peso de amenazas, represión policiaca y criminal, y hasta asesinatos, para ser reconocidas y escuchadas, para que comenzaran a moverse tantito del escritorio y trabajar los ministerios públicos, las policías y las fiscalías, las comisiones y mecanismos extraordinarios de búsqueda ante más de 130 mil desaparecidos.

En mi opinión, no deben de confundirse, entonces, el derecho, duramente conquistado y revindicado, a la participación conjunta y a la coadyuvancia en búsqueda e investigación que tienen las familias, o el hecho de que ya hayan constituido brigadas independientes para prospectar, buscar, exhumar e identificar a personas, con el mantenimiento de la exigencia de búsqueda, verdad y justicia para la no repetición y bajo la consigna de que “el Estado no busca porque se encuentra”.

Las familias se han organizado y movilizado a pesar de las autoridades para llevar a cabo tareas y funciones, labores desgastantes, legales, forenses y técnicas incluso, que deben de estar garantizadas plenamente por el Estado, el cual, al no cumplir, viola derechos humanos continuadamente y se torna cómplice de desapariciones forzadas mediante la ineficiencia burocrática y la falta de voluntad y acción.

Ahora, es un poco paradójico que se fijen estándares y reconocimientos a partir de una certificación estatal, equivalente a una suerte de microcredencial y curso formativo de unas 50 horas, avalada por la Federación y, en este caso, el Instituto Estatal de Capacitación de Guanajuato.

No me malentiendan: es positivo que existan formaciones a disposición de cualquiera, y particularmente frente a la realidad tremenda de la desaparición, pero en este caso surgen de una insuficiencia crónica y una complicidad endémica de instituciones públicas que generan las condiciones y la necesidad de su existencia. Este aspecto ha sido borrado de la narrativa dominante en estos días.

Como autoridad estatal no busco, pero te capacito para que lo hagas.

No ofrezco protección adecuada, sin embargo, te paso un número de teléfono de emergencia y delego en ti la responsabilidad.

No quiero encontrar recursos para herramientas de avanzada ni personal suficiente para identificar cuerpos, pero creo un programa municipal para regalar palas, hacer eventos de “sensibilización” y tomar fotografías todas juntas.

En general las familias, de hecho, han tenido que formarse de manera independiente durante años y años, cuentan con muchas más horas, jornadas, semanas y experiencias de capacitación, otorgadas por la práctica y los saberes compartidos de forma comunitaria y solidaria, pero también, y mucho, por universidades, organizaciones de la sociedad civil, e instituciones educativas de todo tipo, nacionales y foráneas. Muchas de ellas literalmente vienen a darnos clases a las y los “académicos”.

Es decir, ha sido un proceso obligado de capacitación en la marcha para la gran parte de ellas en todos los asuntos y materias posibles: antropología, historia, derecho, criminalística, arqueología, comunicación, informática, tecnología, cartografía, solo por mencionar algunos ejemplos.

Serían, más bien, las buscadoras quienes deberían certificar si las autoridades saben, pueden, quieren y van a hacer su trabajo decentemente. Muchos servidores e instituciones reprobarían.

Cabe distinguir, entonces, entre la formación técnica reconocida por las instituciones y los conocimientos que las familias buscadoras han construido durante años de trabajo en campo, mediante el intercambio de experiencias, metodologías y prácticas comunitarias, es decir, saberes y prácticas forenses ciudadanas y comunitarias que el Estado típicamente ha encasillado, menospreciado o normalizado para mantener cierto control y dar la ilusión de que se está respondiendo de alguna forma a la problemática.

Todos estos saberes, formados y compartidos por brigadas y colectivos, no siempre están documentados formalmente y menos certificados como tales, pero son los que han sido fundamentales para las labores de búsqueda y en la misma evolución histórica de los movimientos desde abajo contra la desaparición y para la justicia y la paz. En este sentido, si bien tiene su valor formativo como otras capacitaciones, una certificación institucional como la de CONOCER-IECA represente por sí misma un cambio histórico en la búsqueda de personas desaparecidas, al contrario, tiene el riesgo de crear jerarquías artificiales entre buscadoras y colectivos, los puede dividir, si es que el Estado la promueve como discriminante entre personas más o menos competentes.

En efecto, el contar con una certificación de este tipo habilita más un discurso que un cambio substancial: los derechos concretos y prerrogativas legales son las mismas para cualquier persona buscadora, no dependen de un título, pero sí es posible que desde ciertas instituciones se establezca una narrativa sobre quiénes son “las mejores” o “las buenas” buscadoras y su posibilidad e acceso a ciertos espacios. Aunque puede mejorar la capacidad de negociación o la exigibilidad ante autoridades, una certificación de competencia laboral (como la EC1542 de CONOCER) no otorga, crea ni amplía facultades públicas ni atribuciones legales administrativas. En otras palabras, la ley no hace distinciones. El derecho a la coadyuvancia, a presentar propuestas de investigación, a exigir la preservación de la escena, a revisar el plan de búsqueda y a promover amparos o recursos de impugnación pertenece a todas las víctimas indirectas por el solo hecho de serlo.

De hecho, hay muchas familiares con formación universitaria, diplomados, títulos de educación superior, doctorados y capacitaciones técnicas en todo tipo de temas, así como buscadoras que han adquirido conocimientos altamente especializados a partir de su experiencia en campo y el diálogo interno con su colectividad y con especialistas externos.

Hay un riesgo implícito de que el Estado utilice estas certificaciones como una simulación de atención y profesionalización, mientras las deficiencias estructurales, la impunidad y la falta de capacidad operativa en las fiscalías permanecen intactas y no se reforman o sancionan.

Por otro lado, se asimilan las herramientas y aprendizajes que las familias crearon empíricamente, se empaquetan bajo una norma oficial y luego se reserva el derecho de decidir quién es competente y quién no. El corolario de lo anterior es que tampoco se reconoce la construcción colectiva del conocimiento ni la fortaleza del grupo o la comunidad en ello.

Otra criticidad sería la de convertir la búsqueda, entendida como acción de resistencia y reconstrucción social, memoria y exigencia de justicia, en una suerte de proceso técnico-operativo o un checklist de habilidades laborales.

Repito, la capacitación es hasta cierto punto necesaria y útil, si se usa estratégica y críticamente, incluso para subvertir jerarquías, formar nuevos saberes y dinámicas horizontales o contestar errores. Pero ciertos riesgos que señalo existen.

Difícilmente un título oficial va a poder subsumir la enorme experiencia social, colectiva, productora de conocimientos y relaciones necesarias para la búsqueda, su humanización y efectividad, así como para el desarrollo de cuidados entre compañeras y comunidad incluso con las personas muertas encontradas.

El reconocimiento institucional puede tener dos vertientes, ya que ofrece herramientas técnicas a las familias, pero también se utiliza para legitimar una intervención estatal que normalmente no incluye y no puede incluir los conocimientos generados desde las propias comunidades, sino que puede reforzar lógicas verticales y crear más disparidades.

Por ejemplo, en Guanajuato, podrían acceder al curso sin tener que pagar miles de pesos de colegiatura sólo las buscadoras que cuenten con el respaldo de un colectivo constituido como Asociación Civil. La forma legal de la AC no siempre ni convenientemente es la mejor para un colectivo o grupo social, depende. A veces puede reforzarlo, permite recolectar recursos externos más fácilmente o “darse una estructura”, pero a la vez puede descafeinar ciertas luchas, desviar la atención y los escasos tiempos disponibles del grupo, además de eventualmente enfrascarlo en dinámicas políticas y afiliaciones aprovechadas o manipuladas por la autoridad.

Los saberes de las familias buscadoras han sido históricamente menospreciados o excluidos frente a “la ciencia forense”, al “derecho” y los “protocolos” legales, pese a que estos mismos procedimientos en buena parte existen o han sido modificados en el tiempo por la propia intervención política de las familias.

Exigir o incentivar que las buscadoras se vuelvan “técnicas certificadas” puede servir como coartada burocrática para diluir responsabilidades del Estado. Sucede que cuando las búsquedas fallan o no hay hallazgos, la autoridad puede achacarlo a la falta de información fehaciente, recolectada por las familias bajo su propio riesgo con mensajes anónimos e inteligencia comunitaria sobre los posibles puntos positivos, o a su conducta “indisciplinada”. Esto ha pasado. Así se llega a desviar la responsabilidad, insinuando fallas en la metodología o en la capacitación de un colectivo, en lugar de asumir la propia negligencia o complicidad estructural.

Una formación técnica de alto nivel puede ser positiva, siempre y cuando no se pierda de vista que su participación responde, en buena medida, a la falta de cumplimiento de las autoridades, además de que puede provocar rencillas y separar más los movimientos de colectivos y buscadoras, si el Estado establece “becas” o “prioridades” para algunas y no otras. O si su discurso refuerza esas divisiones y presuntas ficticias jerarquías.

Un ejemplo concreto y consistente de progresivo y deliberado alejamiento de las lógicas y las certificaciones o apoyos “desde arriba” lo ha confirmado con coherencia y dignidad el zapatismo, su construcción de autonomía, dialogante con instituciones y sectores sociales diversos, pero firme, por fuera de partidos políticos y autoridades estatales.

También por eso es importante seguir y apoyar la iniciativa del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que va preparando para diciembre y enero el “Viaje-Abrazo a Buscador@s”, que no es otra cosa que un diálogo para la paz y la resistencia, el intercambio y la articulación: una movilización en la que una delegación de mil 509 zapatistas viajará desde Chiapas hacia la Ciudad de México para encontrarse y solidarizarse con colectivos de madres y familiares de personas desaparecidas.

FUENTE/MEDIO: SINEMBARGO.
AUTOR: FABRIZIO LORUSSO.
ENLACE: https://www.sinembargo.mx/4888513/certificar-a-las-buscadoras/

Cecilia Flores y su hija ya son las primeras buscadoras con certificación en México

El reconocimiento oficial avala años de experiencia adquirida en campo y abre nuevas oportunidades de capacitación para familiares de víctimas de desaparición

Ceci Patricia Flores, madre buscadora y activista, informó este miércoles que ella y su hija, Milagros de Jesús Valenzuela Flores, obtuvieron una certificación oficial que avala sus conocimientos y habilidades para localizar a personas desaparecidas en México, otorgada por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), organismo adscrito a la Secretaría de Educación Pública (SEP).
"Hoy damos un paso que puede marcar un antes y un después. Por primera vez, una madre buscadora y una hermana buscadora /familiares en México han logrado certificarse bajo el Estándar de Competencia EC1542 'Búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas' del CONOCER", afirmó la madre buscadora en redes sociales.
Flores destacó que este reconocimiento va más allá de la entrega de un documento, pues representa la oportunidad de validar formalmente la experiencia adquirida por las familias durante años de recorridos, investigaciones y labores de campo para encontrar a sus seres queridos, así como de convertir ese aprendizaje en competencias que puedan ser evaluadas por instituciones especializadas.


Ceci Flores busca que más familias obtengan certificaciones
Las fundadora del colectivo, Madres Buscadoras de Sonora, expresó su intención de que este primer reconocimiento abra la puerta a la capacitación de otros familiares que participan en labores de localización en distintas regiones del país.

En su mensaje, subrayó la importancia de contar con preparación técnica, metodologías y herramientas especializadas que fortalezcan el trabajo realizado por quienes buscan a sus seres queridos.
"Queremos que más madres, padres, hermanas, hermanos, esposas, hijos y familiares buscadores de todo México tengan la oportunidad de capacitarse, profesionalizar sus conocimientos y, cuando cumplan con los requisitos correspondientes, certificarse", señaló.


Asimismo, agradeció a Salomón Ceballos Ochoa, Director general del Instituto Estatal de Capacitación (IECA) de Guanajuato, y a Fernando Ramírez Mendoza, Director ejecutivo de Forensic and Legal, por su respaldo durante el proceso de formación, evaluación y acreditación.

La activista aclaró que esta iniciativa no pretende reemplazar las obligaciones de las autoridades, sino fortalecer las capacidades de los colectivos para continuar con sus actividades.
"No queremos sustituir a las autoridades ni asumir una responsabilidad que corresponda al Estado. Queremos tener más herramientas para hacer aquello que ninguna madre debería tener que aprender a hacer: buscar a sus hijos", concluyó.
Ceci Flores halló a uno de sus hijos tras seis años de búsqueda; aún espera encontrar al otro

En marzo de este año, Ceci Flores confirmó que los restos humanos localizados en un predio cercano a la Carretera 100, en Hermosillo, Sonora, correspondían a su hijo Marco Antonio Sauceda Rocha, desaparecido en 2019 en Bahía de Kino, luego de que una prueba de ADN permitió establecer su identidad.
"Hijo, nunca dejé de buscarte... nunca perdí la esperanza de encontrarte, de abrazarte otra vez. Cada día sin ti fue un dolor que no se puede explicar con palabras", expresó entonces la activista al dar a conocer los resultados de los estudios genéticos.
La fundadora de Madres Buscadoras de Sonora inició su lucha en 2015, cuando Alejandro Guadalupe, otro de sus hijos, fue privado de la libertad a los 21 años mientras se dirigía a su trabajo en Los Mochis, Sinaloa. Cuatro años después, un grupo armado se llevó a Marco Antonio, lo que llevó a Flores a intensificar sus recorridos por distintas regiones del país.

Aunque logró recuperar los restos de Marco Antonio, la madre buscadora continúa sin conocer el paradero de Alejandro Guadalupe, por quien mantiene sus labores de localización desde hace más de una década.

Madres Buscadoras exigen seguridad para continuar rastreos en Sonora

Madres, padres y familiares de personas desaparecidas exigieron condiciones de seguridad para continuar las jornadas de rastreo en Sonora. Durante una reciente búsqueda realizada por el colectivo Madres Buscadoras, encabezado por Ceci Patricia Flores Armenta, la presencia de un solo agente de seguridad fue señalada como insuficiente y alarmante.

“¿Cuántas familias estamos aquí para solamente un elemento de seguridad?”, cuestionó Flores Armenta en un video difundido durante la jornada. Denunció la vulnerabilidad con la que enfrentan estas tareas, que corresponden al Estado. A pesar de reconocer la sensibilidad del gobernador Alfonso Durazo, insistió en que la situación requiere respuestas inmediatas. “Necesitamos que en esta ocasión apoye muchísimo más”, expresó.

El colectivo alertó que la inseguridad en los puntos de búsqueda y la falta de recursos han sido obstáculos constantes. “El miedo nos está matando. No podemos salir sin seguridad”, dijo la activista. Señaló que no es justo que las familias hagan un trabajo que corresponde al gobierno, sin contar con las herramientas básicas para realizarlo.

Desde su fundación, el colectivo ha localizado cientos de restos humanos y fosas clandestinas en distintos puntos del estado. Sin embargo, advirtió que sin protección ni recursos, esta labor se vuelve insostenible. “Queremos caminar sin miedo y con la seguridad de que vamos a estar seguras. Lo hacemos por amor a nuestros desaparecidos, pero necesitamos las condiciones para seguir”, concluyó.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Madres buscadoras apoyan protesta de trabajadores judiciales; su lucha es la misma

Familiares de desaparecidos señalan que las carencias materiales, organizativas y de personal afectan la eficacia de las investigaciones y la atención a las víctimas indirectas de desaparición, configurando un problema sistémico.

A pesar de que las protestas incrementan los rezagos en la búsqueda de justicia, familias buscadoras de la capital mexicana no sólo respaldaron las movilizaciones de los trabajadores del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (Incifo) y de la Coordinación de Investigación Forense y Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), sino que también consideraron que era necesario que se pronunciaran.

Las familias buscadoras consideran que estas movilizaciones exponen deficiencias estructurales profundas en las instituciones encargadas de la investigación forense y la impartición de justicia. Señalan que las carencias materiales, organizativas y de personal afectan directamente la eficacia de las investigaciones y la atención a las víctimas indirectas de desaparición, configurando un problema sistémico que requiere respuestas institucionales profundas y sostenidas.

Para Jaqueline Palmeros, madre buscadora de larga data, es injusto considerar que las protestas promovidas por los expertos en materia forense y criminalística implican un retraso en la impartición de la justicia, pues desde “bastante tiempo antes” las familias buscadoras han identificado una serie de fallas estructurales de ambas instituciones. Habla de temas que obstruyen las investigaciones, como falta de recursos materiales, fallas en la identificación de cuerpos, así como con su conservación, resguardo y una ineficiente, “por no decir inexistente”, recolección de perfiles genéticos.

En entrevista con Proceso, la integrante del colectivo Una Luz en el Camino, reconoce que las protestas y la suspensión de labores ocasionarán afectaciones en el desarrollo de los casos de personas desaparecidas, aun así sentencia: “Ya era justo y necesario que no solamente el reclamo viniera de las familias, sino de los propios trabajadores. Estoy de acuerdo en que se sumen al paro, estoy de acuerdo en que alcen la voz porque humanamente no es posible que ellos sigan trabajando así”.

Habla en nombre de las familias que integran el colectivo, con las que ha compartido la experiencia de buscar un desaparecido, cuando dice es “humanamente válido” que los profesionales exijan que se hagan valer sus derechos laborales, pues encuentra una relación directa y clara entre las condiciones que enfrentan al interior de las instituciones con su desempeño y la atención que brindan a las víctimas: “Nosotros hemos trabajado muy cerca con ellos, les faltan muchos recursos”.

Al mismo tiempo, lamenta: “Las condiciones del Incifo están en el aire y al igual que las condiciones de las carpetas judicializadas, que no se han podido llevar a cabo inclusive diligencias, oficios de órdenes de aprehensión, notificaciones y ese tipo de cosas que dependen de un juez, justamente por el paro”.

Fallas estructurales

Jael Montserrat Uribe Palmeros fue vista por última vez el 24 de julio de 2020 y sus restos fueron encontrados en el paraje Llano de Vidrio, durante la Cuarta Brigada Regional Ajusco 2024.

Por más de cuatro años, su madre Jaqueline Palmeros no perdió la esperanza de encontrarla y en el camino acumuló experiencia en la búsqueda de personas desaparecidas. También aprendió a manejarse ante las instituciones y a observar su funcionamiento.

Habla con la certeza de la experiencia cuando apunta las grandes fallas estructurales que los buscadores de la capital mexicana enfrentan en el Incifo y la Coordinación de Investigación Forense y Servicios Periciales de la Fiscalía local: falta de recursos materiales, una ineficiente recolección de perfiles genéticos y fallas en la identificación de cuerpos, su conservación y resguardo.

Cuando lanza las acusaciones, inmediatamente las respalda con hechos concretos, comienza refiriéndose al caso de su propia hija: “No pudieron darle un perfil genético en el Incifo, por eso el día de la entrega tardaron tanto”.

Después menciona el caso de Margarita Cuevas Suárez, que fue vista por última vez el 4 de junio de 2022 en la colonia Ampliación Tepepan, de la alcaldía Xochimilco. Su cuerpo fue encontrado 13 días después en los límites del estado de Morelos, pero las autoridades no notificaron a la familia de la víctima y no fue reconocido hasta diciembre de 2024.

Como un caso polémico y representativo, agrega el de Julio César Cervantes Cabañas, quien padecía una discapacidad mental y desapareció a los 47 años, el 20 de septiembre de 2021, en la alcaldía Álvaro Obregón. Su cuerpo fue encontrado en enero de 2024, pero su familia fue notificada diez meses después, porque el Incifo no cotejó la información genética y los restos fueron donados sin consentimiento a la escuela de medicina del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

“Ellos no pudieron ser perfilados debido a la falta de recursos. Julio César solamente fue identificado por dactiloscopia, en el caso de Margarita Cuevas, pues no había personal que pudiera hacer un colegiado, entonces nosotros hemos estado apuntando mucho a la falta de interés por parte del Poder Judicial y de verdad sí ha afectado todo esto que a ellos les hacen internamente, a la familia buscadoras”, agrega Palmeros.

Estas fallas estructurales en los servicios forenses no son recientes ni fortuitas. En la tercera entrega de la serie documental “Metrópoli de los desaparecidos”, Proceso documentó fallas en los servicios forenses de la capital que se remontan a la administración como jefa de Gobierno de la ahora presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su gestión, en la ciudad se registró una baja en el registro de homicidios, sin embargo, académicos identificaron que en el servicio forense no se estaban llenando todos los requisitos en las actas de defunción para que las muertes violentas sean contadas como homicidio.

Lo anterior representó un aumento en el número de reportes de personas desaparecidas, cuyos cuerpos fueron enviados a las fosas comunes sin los requerimientos establecidos por la ley.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: XIMENA AROCHI.

“Diez de mayo no es día de fiesta, es de lucha y protesta”: madres buscadoras de Veracruz

Una lluvia anormal marcó el sábado 10 de mayo en esta ciudad. Un frente frío golpeó el Golfo de México, desde el puerto de Veracruz hacia el centro, pero la lluvia no fue suficiente para detener a quienes buscan a sus seres queridos. En la capital del estado hay dos marchas simultáneas. Frente al panteón, la carretera es cuesta abajo, o cuesta arriba -depende del punto de vista-, y la lluvia se convierte en un pequeño río que está justo debajo de la acera. La gente que cruza la calle se moja los pies.

La más concurrida es la que parte del panteón y llega frente al edificio de gobierno. Son poco más de cien, la mayoría familiares de los que ya no están. Una madre al final de la manifestación dice «recuerdo cuando, antes de 2010, podía volver a casa por la noche, sola». Otra, más joven, aún no ha cumplido los 40, dice: «Mi único miedo hasta hace unos quince años era quedarme embarazada si no quería. Hoy todo ha cambiado». La rabia es fuerte, rabia no sólo por la ausencia de un familiar o un ser querido. Hay rabia porque no hay ningún cambio a la vista. La confianza que madres, padres, hijas e hijos de desaparecidos habían depositado en Andrés Manuel López Obrador se ha acabado. «El ninguneo no lo voy a decir, porque no se lo merece, sólo nos recibió una vez. Éramos casi cien madres buscadoras de todo México. Se paró a 10 metros de nosotras. Los que se sentaron en la presidencia después de él niegan el problema, la ONU está al ataque, ¿cómo se nos ocurre tener un interludio con ustedes? Sí, hablamos entre nosotros, porque parece que los políticos no saben lo que pasa, ni siquiera conocen las leyes y las instituciones encargadas de la investigación. Tenemos que contárselo todo». Llora mientras habla, y toca la foto de su hijo en la camisa blanca que muestra a pesar de la lluvia.

En Veracruz hay más de 7 mil desaparecidos de los que no se sabe nada, y por eso, a pesar de su cercanía con Ciudad de México, a diferencia de otros colectivos de otros rincones de el país, han decidido manifestarse en las calles de la ciudad y no cubrirse en la capital federal. ¿Por qué? “Porque muchas veces la responsabilidad y los responsables de las desapariciones no están en los palacios federales, sino en las calles de las ciudades. La pobreza, la ausencia del Estado, la ausencia de instituciones, acerca a los criminales a personas que no creen tener futuro. Los intereses de los gobernantes hacen el resto», me dice una hija que busca a su papá. «La culpa, sin embargo, es de todos y de todas», añade una de las hijas que busca a su mamà, «es culpa de todos y de todas porque no sólo son los que están en el poder, no sólo son los que se acercan a los grupos criminales, no sólo son los que lo hacen por interés para hacer desaparecer o matar. También es culpa nuestra haber permitido, día tras día, todo esto, Sólo después de que nos golpea, sólo después de que desaparece alguien a quien queremos, sólo en ese momento nos damos cuenta del sistema de control del territorio. El silencio, el desinterés, son parte del problema».

Después de más de una hora bajo el edificio del gobierno, suena la música bajo la lluvia. El primer momento de distensión tras una marcha llena de estribillos. El más coreado es «El 10 de mayo no es un día de fiesta, es un día de lucha y protesta», seguido de «¿Dónde están, dónde están nuestros hijos donde estan?». Poco después de que sonara la música, la policía de tránsito reabrió la carretera que pasa por delante del edificio gubernamental; los manifestantes no se marcharon, sino que se apartaron a un lado de la carretera. Saludos, abrazos, besos, lágrimas son el esbozo de un día de lucha importante y agotador para los que esperan, hora tras hora, poder reír y bromear con los que un día no han vuelto a casa y no saben a qué atenerse.

VIDEO: 


FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: ANDREA CEGNA.

Madres buscadoras de Chiapas exigen creación de Consejo Ciudadano

En Chiapas, 1546 familias no celebraron el día de la madre porque les falta algún ser querido. Así lo señaló el Grupo de Trabajo contra la Desaparición en Chiapas, conformado por buscadoras y organizaciones acompañantes, durante el acto que se celebró en San Cristóbal de Las Casas este 10 de mayo. En su comunicado, el grupo de trabajo también criticó la ulterior militarización de la vida pública que ha sido impulsada por el nuevo gobierno estatal: “Los operativos policiacos no cambiarán el rumbo de la región si no se atiende a las Madres Buscadoras y no se revisan las causas históricas de la desaparición”, indica.

Durante el mitin en el parque central de la ciudad chiapaneca, las buscadoras pusieron un altar construido con picos y palas en memoria de las madres que murieron antes de encontrar a sus hijos, y de las once buscadoras que han sido asesinadas en México.

“Es importante recordarlas y alzar la voz, pues matar a alguien que busca a su hijo es algo que no podemos entender”, dijo Reina Guadalupe Morales Cruz, de Junax Ko’tantik – Comité de familiares de migrantes chiapanecos desaparecidos, que busca a su hermano Abraham Morales Cruz, desaparecido en Sonora el 19 de agosto del 2015.

Una las demandas principales de Junax Ko’tantik es la conformación del Consejo Ciudadano, uno de los órganos que de acuerdo con la ley tendría que conformar el Sistema Estatal de Búsqueda de Personas. “En el Consejo Ciudadano participan familiares de desaparecidos y organizaciones acompañantes para que nuestra voz sea escuchada y tenga más peso. Es muy necesario para presionar al Estado”, añadió Patricia del Carmen Ton Méndez, de Junax Ko’tantik, que busca a su hijo Hugo Francisco Ton Méndez, su nuera Karina del Carmen Ruiz Guillén y el hermano de ella, Carlos Alfredo Ruiz Guillén, que desaparecieron el 16 de abril del 2019 en un Wal-Mart de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Por su parte, Griselda Pineda Herrera, de Voces Mesoamericanas, organización que acompaña a Junax Ko’tantik, explicó que el Consejo Ciudadano, de acuerdo con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de 2017, tuvo que ser nombrado por los Congresos de los Estados a los 90 días de la entrada en vigor de las leyes estatales que regulan la materia. En el caso de Chiapas esta ley entró en vigor en octubre de 2019, sin embargo el Consejo Ciudadano todavía no ha sido instalado.

Las buscadoras chiapanecas y las organizaciones que las acompañan dudan que el nuevo gobierno signifique un cambio real en las políticas públicas relacionadas con la búsqueda de las personas desaparecidas, y temen que la creación del Consejo Ciudadano aún sea una promesa sin cumplir. “Este órgano tiene que ver con la participación de las víctimas y creo que lo que menos desea el Estado es que participen. Lo que quiere, al contrario, es que se desgasten y dejen de buscar”, concluyó Griselda.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: ORSETTA BELLANI.

“10 de mayo no es de fiesta, es de lucha y de protesta”: mamás reclaman omisiones y falta de reconocimiento del Estado

Cientos de mamás, familiares y personas solidarias marcharon en la capital del país y otras entidades para reclamar al Estado por sus desaparecidos y recordar que las madres encontrarán la verdad.

Socorro Gil Guzmán es mamá de Jhonatan Guadalupe Romero Gil, desaparecido por policías municipales de Acapulco el 5 de diciembre de 2018 cuando tenía 26 años, en un país donde el gobierno insiste en rechazar la existencia de desapariciones forzadas. 

Junto a cientos de madres que lo han hecho desde hace 13 años, Socorro salió este 10 de mayo a las calles de la capital mexicana para resignificar la palabra dignidad y la palabra madre.

Así lo dijeron desde las escalinatas del Ángel de la Independencia las mamás que marcharon desde el Monumento a la Madre entre consignas como “Las madres no se rinden, las madres no se van, nos hace falta un hijo y lo venimos a buscar” o “No, no, no, no es un hecho aislado, las desapariciones son crímenes de Estado”. 

Desde la colectiva Memoria, Verdad y Justicia de Acapulco, Socorro recuerda cómo el día que desapareció su hijo iba acompañado de otro joven para jugar en una cancha ubicada muy cerca del zócalo de Acapulco. Se los llevaron a los dos, y al día siguiente el cuerpo del amigo fue hallado con signos de tortura. 

“Mi hijo sigue sin aparecer. En la fiscalía cometieron muchas omisiones, como desaparecer las pruebas de un video donde fueron a tirar a Carlos, que es el amigo de mi hijo. Me amenazaron, me persiguieron, me desplazaron, sufrí persecución y desplazamiento del estado de Guerrero, por la misma fiscalía, que fue la que se encargó de cubrir a todos los perpetradores”, relata.

Jornadas de memoria

Las jornadas de memoria por hijas e hijos desaparecidos comenzaron desde la tarde del viernes, cuando el Frente de familias de personas desaparecidas de la CDMX Luxiérnagas instaló un Árbol de la Memoria junto a la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas (Fipede) de la capital, con fotos de sus seres queridos desaparecidos.

Más tarde, veladas en el Monumento a la Madre y el Zócalo capitalino recordaron a las 27 mamás que han sido asesinadas en la búsqueda de sus hijos, así como tres que permanecen desaparecidas, con velas, imágenes y flores que encendieron las causas de la lucha mientras caía la noche.

Frente a las puertas de Palacio Nacional, durante la madrugada del 10 de mayo, un grupo de madres de víctimas de feminicidio encabezó la velada y protestó para que sus hijas, que no han encontrado justicia, sean nombradas.

Irinea Buendía, madre de Mariana Lima Buendia, víctima de feminicidio en 2010, estuvo al frente del acto de memoria haciendo un llamado a las autoridades recordándoles que “no llegaron todas, faltan nuestras hijas”. Clara Yañez Lopez, Antonia Alemán Andrade y Lidia Florencio también se acompañaron durante la madrugada de memoria por sus hijas Karla, Kari y Diana. 

Compartieron el sentir de un 10 de mayo doloroso, en el que sus hijas no están. El día, como para tantas otras, se ha resignificado mediante la protesta, acompañamiento y conmemoración. “No tenemos nada que festejar”, señaló Clara Yañez, mamá de Karla Marisol Valencia Yañez.
Ya en las primeras horas del 10 de mayo, el Monumento a la Madre fue escenario de un evento de memoria y oración, con elementos de diferentes espiritualidades y creencias religiosas, en el que a las mamás las acompañó la exigencia y la rabia, pero también el canto y la oración. 

“Marchamos juntas, hasta llegar a la justicia”

“Marchamos juntas, hoy, como signo de esperanza, hasta llegar a la justicia”, dijeron las mamás antes de enfilarse hacia Paseo de la Reforma para tomar el trayecto al Ángel de la Independencia. Una vez ahí, desde las escalinatas recordaron que al país le faltan más de 126 mil personas, no solo a sus familias.

“Decidimos este día que se conmemora en nuestra cultura, el 10 de mayo, salir al centro del país a demandar, a exigir la búsqueda y localización de nuestros hijos, de nuestros seres queridos, que aún no los hemos encontrado. El Estado mexicano ha fallado, y sigue estando en deuda con nosotras. Por eso, hoy estamos aquí congregadas”, se escuchó desde las escalinatas. 

Las madres recordaron que entre otras omisiones, no se ha querido fortalecer a las fiscalías y a las comisiones de búsqueda para que de verdad hagan su trabajo. Además, acusaron que las han desgastado en reuniones que no las acercan a encontrar a sus seres desaparecidos. 

“Ya basta de tanta farsa, señora presidenta Claudia Sheinbaum, debe saber que no nos engaña con falsas promesas, con falsas reformas que no son la solución, que no nos dan la verdad y justicia, que no se dan estrategias para frenar, para prevenir, la escalada de desapariciones. La solución va más allá.

“No somos ignorantes, somos personas sujetas de derechos; tenga respeto por nuestra lucha y nuestro dolor; en la medida que opte por romper con los pactos de impunidad, podremos empezar a confiar en usted. Un signo de voluntad política implica iniciar una reestructuración de la Fiscalía General de la República y procesos contra quienes han llevado al país a esta grave crisis de derechos humanos”, sostuvieron.

Adicionalmente, apoyaron y saludaron la decisión del Comité contra la desaparición forzada de la Organización de las Naciones Unidas de invocar el artículo 34 de la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que implica la apertura —por primera vez en la historia— de un procedimiento especial a México ante la posibilidad de que estén ocurriendo desapariciones forzadas de manera generalizada y sistemática. 

“El Comité ha seguido la situación en México por más de 10 años. Su decisión no es contra un proyecto de gobierno, es para proteger a las víctimas actuales y potenciales. Señora presidenta, Claudia Sheinbaum, se trata de que como representantes del Estado mexicano, con un poco de humildad y de responsabilidad, miren sus debilidades y limitaciones, y acuerden con el secretario general de Naciones Unidas un mecanismo independiente de investigación y de impulso a la verdad y la justicia con un componente de búsqueda e identificación”, pidieron.

“No nos escuchan, nos minimizan y nos revictimizan”

A Socorro, en lo personal, le da muchísimo coraje que el gobierno de México no reconozca plenamente la existencia de desapariciones forzadas: “Quisiera poder tener enfrente a este gobierno y decírselo en su cara, que se supone que era un gobierno para el pueblo, y este gobierno nos traicionó, porque no tenemos apoyo ni del gobierno municipal ni del gobierno estatal, y menos del gobierno federal. No nos escuchan, nos minimizan, nos revictimizan y desaparecen a nuestros hijos por dos, tres, cuatro ocasiones”, reclamó al pie del Ángel de la Independencia.

En el caso de su hijo, cuenta, hay incluso una carpeta de investigación abierta por desaparición forzada, gracias a testigos que declararon que fueron policías municipales quienes se lo llevaron, cuando solo estaba apoyando a su amigo a poner una denuncia contra su empleador en un bar. Socorro acusa que en la investigación no hay avances porque desaparecieron todas las pruebas de la carpeta. “Actualmente, la carpeta la tiene la ONU y está exigiendo que se llame a citar al fiscal porque él fue el que detuvo la diligencia con los nueve policías que ya habían citado”, agrega.
Como dicen las madres que buscan, que marchan y que toman el altavoz en el Ángel de la Independencia, quizá el gobierno no ordena las desapariciones, pero las solapa, las sigue permitiendo a sabiendas de la estadística y las consecuencias, y ha perpetrado y mentido a la comunidad internacional. 

“Las madres no se rinden, las madres no se van, nos hacen falta nuestros hijos y los tenemos que buscar”, se escuchó durante diferentes momentos de la protesta. La jornada también tuvo como objetivo recordar, a cada paso y en cada consigna, a las mamás que ya no están. 

“Este 10 de mayo, en el cual nada tenemos que celebrar, también marchamos y gritamos los nombres de las madres que ya no están en vida, para tenerlas presentes y recordar a las autoridades que para ellas no hubo verdad y justicia, y también para exigir que cesen los feminicidios, los ataques y las violaciones a los derechos humanos hacia las madres que, día a día, salen de sus hogares en busca de sus seres amados, haciendo el trabajo de la autoridad, y por ello han sido víctimas de estos hechos tan lamentables”, denunciaron en las escalinatas del Ángel. 

“10 de mayo no es de fiesta”

“10 de mayo no es de fiesta, es de lucha y de protesta” y “dónde están, nuestros hijos, dónde están”, se escuchó durante el avance de la marcha por Paseo de la Reforma, pero también en sus puntos de salida y destino. Madres del colectivo Una luz en el camino, de la Ciudad de México, se sumaron a esas voces e hicieron énfasis en que se reconozcan las desapariciones en todas las entidades. Pidieron que se haga justicia para sus desaparecidos; este 10 de mayo, dijeron, no pueden celebrar porque les hacen falta sus hijos.

“Que busquen, que realmente hagan su trabajo, que se pongan en los zapatos de las madres, de los padres, de los hijos, de los esposos en busca de nuestros seres queridos que están desaparecidos”, pidió Verónica Apodaca, quien busca a su hijo Bryan Quintero Apodaca, desaparecido el 15 de julio de 2016 en la alcaldía Gustavo A. Madero. 

Ella marchó bajo la misma convicción que muchas otras, y desde el reconocimiento de que la colectividad que encontró hace cinco años ha hecho la diferencia. “No nos rindamos, las madres nunca nos vamos a rendir, y no vamos a permitir que nos apaguen las voces ni las exigencias”, se escuchó desde esa colectividad antes de que las escalinatas del Ángel comenzaran a vaciarse.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MARCELA NOCHEBUENA.

'Estamos muertos en vida': Buscadoras protestan por sus desaparecidos este Día de las Madres

En la marcha, participaron familias que llevan más de cuatro sexenios presidenciales -desde el exmandatario Felipe Calderón (2006-2012) hasta el actual- esperando una respuesta por parte del Estado mexicano, y reconocen que “el tema de los derechos humanos es muy lento”.

Miles de madres marcharon este sábado, Día de las Madres, para exigir verdad, justicia y reparación por lo más de 127 mil desaparecidos en el país y que no se desaparezca ni se asesine a las personas que se dedican a la búsqueda de sus seres queridos.

“Estamos muertos en vida, no nos sabe la comida, no nos sabe la vida”, confiesan Teresa y Héctor Águila, una pareja que busca desde hace dos años a su hijo, un joven de 27 años que desapareció en Jalisco, donde se ubica el Rancho Izaguirre, el presunto “campo de adiestramiento” del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ambos recorrieron el país para llegar a la ‘XIII Marcha nacional de madres buscadoras’, que arrancó en el Monumento a la Madre y finalizó en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México.

Entre cientos de pancartas y nombres de desaparecidos, la familia de Héctor Águila pidió a grito abierto que “las autoridades federales hagan algo en materia de la desaparición forzada, porque dicen que no existe”.

“Quisiera que (las autoridades) nos acompañen un día a Jalisco (…) y vean cómo están matando a las madres buscadoras; en el mes de abril nos mataron a dos, tenemos miedo”, afirma Héctor, refiriéndose a asesinatos como el de la buscadora María del Carmen Morales y su hijo Jaime Daniel Ramírez.

El miedo de buscar y ser asesinado

Gloria Carmona, madre buscadora del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas y que no localiza a su hijo, Bernardo Iván Pérez, desde 2021, dijo a EFE que el miedo a ser asesinada es latente.

“He trabajado en campo con mis manos. Hemos tenido que sacar a muchas personas que, hasta el momento, no sé quiénes son. Tengo una frustración muy grande, porque, a pesar de todo lo que hemos sacado en dos años, no tengo una respuesta”, confirma con un nudo en la garganta al saber que ya van más de 29 personas buscadoras asesinadas en México.

Carmona, al igual que muchos familiares, es responsable del hallazgo de restos de desaparecidos en fosas clandestinas.

Sobre esta labor relata que ha encontrado “osamentas, piezas dentales y kilos de huesitos calcinados”, los cuales muchas veces le hacen “perder la fe” de ver de nuevo a su hijo con vida.

Son las madres las que están buscando “con sus manos, picos y palas”, porque en este país, explica la directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) México, Edith Olivares Ferreto, “el Estado no busca a las personas desaparecidas”.

Por eso, continúa, “esperaría que cuando lleguemos al Ángel de la Independencia esté la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para recibirlas y para decirles cómo les va a reparar el daño por toda la violencia”.

Búsqueda “multigeneracional”

En la marcha, había familias que llevan más de cuatro sexenios presidenciales -desde el exmandatario Felipe Calderón (2006-2012) hasta el actual- esperando una respuesta por parte del Estado mexicano, y reconocen que “el tema de los derechos humanos es muy lento”.

Ese es el caso de Dan Fernández, hijo de una madre buscadora y hermano de Dan Jeremeel, quien desapareció hace 17 años en Coahuila y, después de casi dos décadas de búsqueda, advierte que sus hijos ya se están involucrando en las pesquisas al ser un “tema multigeneracional”.

“Empezaron las madres, seguimos los hijos y ahora van los nietos. Desgraciadamente muchas madres y padres fallecieron sin saber la suerte de su hija o hijo y nos toca a nosotros tomar esa estafeta”, sostiene.

Araceli Rodríguez, quien egresó como maestra en derecho penal tras la desaparición de su hijo Luis Ángel hace 13 años en Michoacán, señala que mientras las personas que buscan siguen vivas“ jamás” dejan de buscar ni de prepararse para encontrarles.

Y es que, afirma, después de tanto tiempo “conviertes tu dolor en causa. Cuando mi hijo desapareció yo solo tenía (había estudiado) la primaria”, concluye.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.