El derecho a buscar y recibir información enfrenta una paradoja. Nunca habíamos tenido tantas posibilidades de acceder, producir y compartir información y, al mismo tiempo, nunca había sido tan complejo distinguir qué fuerzas determinan aquello que vemos, conocemos y discutimos.

La reciente conmemoración del Día Internacional del Acceso Universal a la Información permitió recordar avances importantes. Hoy, 139 Estados miembros de Naciones Unidas cuentan con garantías constitucionales, legales o de política pública para acceder a información. Reconocer un derecho en una Ley es apenas el principio. Su efectividad depende de órganos independientes, recursos suficientes, mecanismos de revisión, archivos adecuados y divulgación proactiva de información de interés público. Es precisamente en esto último que fallan la mayoría de Estados.

A estos desafíos se suman otros que están transformando nuestros ecosistemas informativos. Hablamos de la desinformación, la concentración de poder privado en las plataformas digitales y sistemas algorítmicos que determinan la visibilidad y alcance de los contenidos. Enfrentarlos requiere transparencia, rendición de cuentas y debida diligencia en derechos humanos. Pero también demanda cautela ante leyes vagas contra las llamadas “noticias falsas” o la desinformación , mismas que han sido utilizadas en distintos países contra periodistas, personas defensoras y voces críticas.

Esta discusión adquiere una dimensión particular cuando miramos a los partidos políticos. Los partidos no son únicamente organizaciones que compiten por votos. Son una de las principales vías mediante las cuales las personas participan en los asuntos públicos, construyen agendas y acceden al poder. Buena parte de quienes después gobernarán nuestras sociedades aprenden y ejercen ahí sus primeras prácticas democráticas. Si en los partidos se incentiva la estigmatización, la discriminación de género, la intolerancia al disenso, ataques coordinados a voces críticas o la desinformación, difícilmente sus militantes se comportarán de otra manera al arribar al poder.

Por eso importa lo que sucede dentro de ellos. Esta semana, junto con Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, presentamos una Declaración Conjunta acompañada de un Anexo de Adopción Voluntaria para el Fortalecimiento Democrático de los Partidos Políticos. La propuesta parte de una idea, en principio, sencilla: no podemos exigir instituciones democráticas hacia afuera si toleramos prácticas contrarias a los derechos humanos dentro de las organizaciones que aspiran a gobernarlas.

Esto supone, primero, proteger la libertad de expresión y el disenso dentro de los propios partidos. La crítica, la sátira, los juicios de valor y la información de interés público deben permanecer, como regla general, protegidos. También supone respetar a la prensa y el trabajo periodístico, garantizar espacios de participación para las militancias y fortalecer mecanismos internos de rendición de cuentas.

Pero la libertad de expresión no impide que los partidos asuman responsabilidades frente a fenómenos que deterioran la conversación democrática. Es necesario desarrollar respuestas frente a la desinformación y frente a la incitación a la discriminación, el odio, la hostilidad o la violencia, así como prevenir la violencia política y digital de género. También son necesarias reglas de transparencia sobre comunicación electoral y criterios responsables para el uso de inteligencia artificial.

La cuestión decisiva es cómo hacerlo. La respuesta no puede consistir en crear categorías tan amplias que terminen castigando aquello que precisa una democracia; me refiero a la crítica, el desacuerdo y la expresión política. Cualquier restricción debe estar acompañada de salvaguardas de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Esto implica que las restricciones no pueden generar un efecto inhibitorio a la libertad de disentir.

Existe además una dimensión que merece especial atención. La violencia y el acoso, particularmente contra las mujeres que participan en política, pueden terminar expulsando voces del espacio público. Proteger la libertad de expresión implica también crear condiciones para que todas las personas puedan ejercerla efectivamente.

Los partidos también pueden contribuir a la alfabetización mediática, transparentar sus estrategias de comunicación, rendir cuentas sobre el uso de tecnologías y construir mecanismos internos que protejan tanto el debate vigoroso como la dignidad y seguridad de quienes participan en él.

El Anexo que presentamos es voluntario y no crea obligaciones para los Estados. Más bien busca ofrecer una referencia para que partidos y movimientos políticos incorporen estas prácticas en sus estatutos, códigos de ética y reglamentos internos. También debo precisar que se pensó para las Américas, pero tiene la vocación de replicarse en diversas regiones del mundo.

La democracia comienza dentro de los institutos políticos como semilleros de cuadros. Es ahí que quienes aspiran a ejercer el poder aprenden a convivir con la crítica, la diferencia y los derechos de las demás. Si dentro de los partidos perdemos la lucha contra la censura, la violencia, la desinformación y la violencia política contra las mujeres, difícilmente la ganaremos con y frente a los gobiernos.

El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, pidió este lunes a México que no tome medidas que pongan en riesgo la seguridad de los periodistas y no quiso detallar si ha habido conversaciones diplomáticas tras la polémica con The New York Times.

“No nos gustaría que se tomara ninguna medida que pusiera en peligro la seguridad de ningún individuo o de cualquier periodista”, apuntó el portavoz, en referencia a la difusión del número de teléfono de la periodista Natalie Kitroeff, corresponsal del periódico estadounidense, por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) impulsaron una reforma para castigar con cárcel a personas que, sin autorización previa, accedan, conozcan, posean o manipulen información catalogada como de seguridad nacional.

Según correos electrónicos obtenidos por el grupo hacktivista Guacamaya, el 9 de septiembre de 2020 un representante del CNI envió al área jurídica de la Sedena una propuesta para reformar el Código Penal Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales.

La reportera Emmanuelle Steels, autora del libro El teatro del engaño: Buscando a los Zodiaco, la banda de secuestradores que nunca existió, sobre lo que ocurrió con Florence Cassez, acusó a la editorial Penguin Random House de “haber desaparecido” el libro que edito Grijalbo en 2015 y de promover el del reportero Pablo Reinah sobre los mismos hechos.

“Después de haber desaparecido mi libro de los estantes de las librerías, @penguinlibrosmx publicó esa basura que vierte mentiras sobre mí, donde me llama ‘mala periodista’”, escribió la reportera belga radicada en México en su cuenta de Twitter.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) exhortó a las autoridades de Puebla, Guerrero y Jalisco a respetar la actividad periodística y la libertad de expresión, debido a que los gobiernos de los tres estados “han incurrido en conductas contrarias al libre ejercicio periodístico y el derecho de acceso a la información”.

En un pronunciamiento difundido este martes, la CNDH hizo esta solicitud al gobernador Luis Miguel Barbosa de Puebla (Morena); al mandatario de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez (Movimiento Ciudadano), así como a la alcaldesa de Acapulco, Guerrero, Abelina López Rodríguez (Morena).

Artículo 19 pidió al Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras y Periodistas analizar la situación de seguridad de Claudia Martínez Sánchez, quien ha denunciado intimidaciones por acompañar la movilización de pobladores de Coyomeapan. 

La organización hizo referencia al procedimiento administrativo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla para quitar la plaza de maestra a Martínez Sánchez, donde se mencionan supuestas faltas injustificadas y la utilización de un grupo de WhatsApp para compartir artículos escritos por la periodista, “mostrando oposición” al gobernador Miguel Barbosa.

La posibilidad de obtener justicia en nuestro país en caso de ser víctimas de un delito se ha complicado en el último año. La debilidad de las instituciones responsables de ello sumado a las decisiones adoptadas por la pandemia sanitaria dificultaron a las personas la posibilidad de presentar una denuncia o que avance con agilidad su proceso.

Y junto con ello se ha continuado deteriorando la posibilidad de ejercer el periodismo de forma libre y sin temor a censura o represalias.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra entre los mandatarios latinoamericanos que más hostigan a los medios de comunicación, reportó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

“El presidente está posicionando al gobierno mexicano en una luz progresista con el fin de marcar el comienzo de una nueva era, pero al mismo tiempo está utilizando técnicas autoritarias. En lugar de dialogar con sus críticos, intenta desacreditarlos y demonizar a la prensa”, dice McKew a Proceso.

Ejercer la libertad de expresión no ha sido una tarea fácil en México. Con ningún presidente de la República. Sin excepción. Defender la libertad de expresión y los derechos humanos, tampoco.

Con el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha sido la excepción. Hace unos días, a cuenta de un informe –como los que suele realizar el gobierno de los Estados Unidos-, en este caso, sobre libertad de expresión y derechos humanos, signado por el departamento de Estado del vecino país, el presidente mexicano aprovechó para intentar desprestigiar a uno de los organismos de protección y defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión como lo es Artículo 19 capítulo México.

A dos años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador las conferencias matutinas dejaron de ser “un verdadero espacio informativo, de transparencia y de rendición de cuentas”, para convertirse en el momento en que el Ejecutivo federal impone su agenda “a cualquier costo, incluso sacrificando la verdad” sobre la situación gubernamental, alertó Artículo 19 en su informe anual titulado “Distorsión: el discursos contra la  realidad”.

Del análisis de las conferencias matutinas llevadas a cabo durante 2020, la organización consideró que, con las mañaneras, “se persigue que en la arena pública la única voz que se escuche sea la del primer mandatario, y la información que contrasta y desestima sus dichos es negada mediante artilugios legales”.

La Ley sobre Delitos de Imprenta -aprobada el 17 de abril de 1917- será abrogada por la Cámara de Diputados. El dictamen que será sometido a aprobación en el pleno de San Lázaro esta tarde, refiere el anacronismo de esa norma porque “no tutela efectivamente el derecho a la información y a la libre expresión, ni el derecho a informar, tanto así que contempla conceptos abiertamente inconstitucionales, como arrestos por 36 horas”.

Con esa legislación centenaria se propiciaba la criminalización de la actividad periodística. Por esa circunstancia, derogar la citada ley, implica garantizar la libertad de imprenta como supuesto esencial e indispensable para la vigencia democrática y el ejercicio pleno de la libertad de expresión; “era necesario abandonar la visión punitiva y de criminalización que establecía dicha ley, para reservar al ámbito civil la protección a la reputación o al propio honor”.

La organización civil Article 19 rechazó la decisión del juez Sexagésimo Segundo en materia civil de la Ciudad de México, quien prohibió a la revista Proceso publicar información sobre una demanda de daño moral que el empresario Ricardo Salinas Pliego entabló recientemente en contra de este medio.

“Article 19 rechaza esta decisión por considerarla censura previa según los estándares internacionales aplicables”, dice en un comunicado.