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SCJN mantiene reglas que permiten geolocalizar celulares y conservar datos de usuarios

La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó un amparo contra cinco disposiciones de la Ley de Telecomunicaciones que obligan a las empresas a conservar datos de usuarios, entregarlos a las autoridades y colaborar en la geolocalización de celulares en tiempo real.

Por mayoría de votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó mantener vigentes las reglas que obligan a las empresas de telefonía e internet a la conservación de datos de telefonía, entregarlos a las autoridades en un plazo máximo de 24 horas, colaborar en la geolocalización de dispositivos en tiempo real, bloquear líneas robadas y anular la señal en penales.

De esta forma, la SCJN negó un amparo (193/2026) promovido por un ciudadano contra cinco disposiciones del artículo 183 de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada el 16 de julio de 2025.

Tus llamadas y ubicación: ¿Qué información conservan las empresas y por qué dividió a la SCJN?

En la demanda original, se alegaba que el resguardo masivo de datos de telefonía y tráfico de internet vulneraba la privacidad y provocaba autocensura en la libertad de expresión.

Al desestimar ese argumento, la mayoría de los ministros señaló que la norma está dirigida a las empresas y no a las personas usuarias, que en ningún momento abarca el contenido de las conversaciones y que el manejo de la información permanece sujeto a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Durante el debate, la ministra María Estela Ríos González, ponente del asunto, expuso que “la finalidad que se persigue es combatir actos que pudieran ser susceptibles de dañar la seguridad pública, la seguridad nacional y el interés público”.

En la misma línea, el ministro Giovanni Figueroa Mejía sostuvo que “estas disposiciones no son del orden procesal penal, sino que se trata de una legislación dirigida de manera preponderante a los concesionarios de telecomunicaciones”.

De esta forma, el Pleno también concluyó que el resguardo de datos técnicos no equivale a un monitoreo directo ni restringe la libre expresión.

En sentido contrario, quienes votaron en contra objetaron el alcance del almacenamiento masivo sobre la población.

El ministro Arístides Rodrigo Guerrero García recordó que “los concesionarios de telecomunicaciones son los que están resguardando nuestros datos personales” y afirmó que “una medida que almacena datos de toda la población sin sospecha individualizada falla en la grada de necesidad”, por lo que planteó como alternativa conservar datos específicos únicamente cuando exista una investigación penal en curso.

La ministra Sara Irene Herrerías Guerra agregó que “el análisis acumulado de datos puede revelar aspectos de la vida privada que exceden al conocimiento aislado de cada comunicación”. Sin embargo, ninguno de los dos argumentos prosperó para modificar la resolución final. 

Geolocalización y Ley de Telecomunicaciones: ¿Se requiere orden judicial?

Respecto a la entrega de registros almacenados (conocidos como sábanas de llamadas), la sentencia reitera que la ley debe interpretarse en conjunto con el artículo 16 constitucional y los criterios previos del Alto Tribunal, según los cuales únicamente un juez federal puede autorizar a las autoridades investigadoras el acceso a dicha información.

La mayor discrepancia en el Pleno surgió en torno a la ubicación geográfica en tiempo real. El proyecto elaborado por la ministra Ríos González diferenció esta herramienta de una intervención de comunicaciones privadas y la clasificó como un “acto de molestia”.


La ministra María Estela explicó que “la primera únicamente permite identificar la ubicación aproximada de un equipo terminal móvil sin acceder al contenido de las comunicaciones”.

El ministro Irving Espinoza Betanzo votó en contra de cuatro de los cinco puntos analizados debido a que la ley señala que las empresas colaborarán “en los términos que establezcan las leyes”, sin hacer remisión explícita al artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual exige autorización judicial previa, ratificación en un plazo de 48 horas en casos urgentes y establece un límite de 90 días para la conservación de datos.

Durante su intervención, el ministro cuestionó “si el Código Nacional establece condiciones para utilizar esta herramienta, ¿qué garantiza que la remisión abierta de la Ley de Telecomunicaciones no se utilice para eludirlas?”.

A propuesta de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien señaló que “bastaría con precisar que la norma impugnada no deja sin efectos el artículo 303 del Código Nacional”, la ponente aceptó incorporar dicha aclaración en la resolución.

Sin embargo, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz subrayó que, a su consideración, “la norma aplicable es el artículo 303 del Código Nacional, y el 303 reformado en 2016 establece que sí se requiere control judicial previo para la geolocalización”. 

Por su parte, la ministra Sara Irene Herrerías Guerra sostuvo que “es incorrecto clasificar esa medida simplemente como un acto de molestia”.

Este juicio por la Ley de Telecomunicaciones inició el 27 de agosto de 2025; una jueza federal lo canceló en 2026, pero un tribunal colegiado revocó la resolución y remitió el asunto a la SCJN para su sentencia final.

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.
ENLACE: https://grupoanimal.mx/politica/scjn-geolocalizar-celulares-datos-usuarios

Sheinbaum niega que exista un “Estado Espía”; sólo juez permitirá intervenciones, dice

Ante las acusaciones de la oposición a su Administración de imponer un “Estado espía”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó, el 2 de julio de 2025, que su Gobierno estuviera espiando y aseguró que solamente un juez podría permitir la intervención de las comunicaciones privadas.

“Solamente puede haber una intervención, una localización de [Sistema de Posicionamiento Global] GPS, etcétera, bajo orden judicial. A menos que se trate de un desaparecido, de un secuestro en donde se pide la información directamente a la telefónica para poder atender de manera extraordinaria”, dijo la titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

“Un caso de este tipo, que no creo que nadie se pueda poner a eso exclusivamente, la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del ministerio público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada para ello”, comentó la mandataria nacional.

“Entonces, una intervención telefónica solamente la puede aprobar un juez por Constitución y por leyes. En ningún momento se está espiando a nadie, que quede claro eso”, destacó Sheinbaum Pardo, quien también aseguró que ninguna ley puede violar a la Constitución, que claramente dicta que las comunicaciones privadas son inviolables.

“Ninguna ley puede violar la Constitución. Dice la Constitución: las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ella”, destacó la presidenta.

“Ahora, el juez valorará el alcance de esta siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca exclusivamente la autoridad judicial federal, que es lo que dicen las leyes, es lo que dice el Código Penal”, indicó la mandataria nacional, quien también subrayó que fuera falso que el Gobierno fuera a espiar a los ciudadanos y contó que ella junto con los que encabezaron el autodenominado “movimiento de transformación”, fueron espiados por el Estado en el pasado.

“En el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor, ayer ya [José Antonio] Pepe [Peña Merino] mostró las otras. Es decir, es falso, es mentira, que las leyes aprobadas tengan que ver con que el Estado va a espiar. Falso, se miente deliberadamente, el Gobierno no va a espiar a nadie como nos espiaron a nosotros”, abundó la titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Entonces, no hay nada en las leyes que se aprobaron que tenga que ver con espionaje ciudadanos o que tenga que ver con censura. Por cierto, yo creo que todos los que estamos aquí, todos de una u otra manera, fuimos espiados, porque todos los compañeros y compañeros, pues son militantes del movimiento desde hace muchísimos años”, finalizó la presidenta de la República.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

Un ataúd en San Lázaro: diputados aprueban crear ley en telecomunicaciones; oposición acusa riesgo de censura

Pese a los señalamientos de la oposición por riesgo de censura, Morena y aliados aprobaron la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Una corona fúnebre y un ataúd montados en el Pleno de la Cámara de Diputados enmarcaron la aprobación de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, una legislación que los partidos de oposición han calificado como “ley censura” y que Morena defiende a capa y espada con sus aliados.

La discusión de la reforma para emitir esta ley arrancó a las 11:00 horas, con una intervención de diputados priistas que metieron al Pleno un ataúd blanco y una corona fúnebre para advertir sobre los posibles riesgos de censura que esta ley puede traer. “Murió la libertad”, decía una leyenda escrita sobre el ataúd color blanco.

Los priistas ingresaron estos objetos al recinto legislativo durante el discurso de la diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero, quien criticó la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones para crear una nueva Comisión que formará parte del gobierno y que regulará la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones en el país.

“La minuta propone eliminar al IFT y concentrar todas las funciones en la Agencia Digital, lo que equivale a entregar al Poder Ejecutivo el control total sobre el espectro radioeléctrico, la supervisión de medios y la vigilancia del contenido de internet”, mencionó Fuensanta Guadalupe Guerrero, diputada del PRI.

Pese a los señalamientos de la oposición, los diputados de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) aprobaron la minuta con 369 votos, junto con Movimiento Ciudadano (MC) que se unió a ellos. Solo el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) rechazaron el proyecto con 104 votos en contra y hubo tres abstenciones de diputados de MC.

En una segunda votación, en la que se rechazaron todas las propuestas de modificación, Morena, el PT y el PVEM aprobaron la minuta en lo particular con 343 votos. Mientras MC, el PRI y el PAN se unieron en esta ocasión para emitir 129 votos en contra.

Una vez aprobada esta reforma, la Cámara de Diputados la enviará a la presidenta Claudia Sheinbaum para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El debate de la ley de telecomunicaciones entre acusaciones por riesgo de censura

San Lázaro inició el debate de una reforma para expedir la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con lo que concluiría la lista de asuntos que enlistó para su primer periodo extraordinario de sesiones de este año.

La discusión en la Cámara de Diputados arrancó con mociones suspensivas del Partido Acción Nacional (PAN) y del Revolucionario Institucional (PRI), quienes buscaron frenar el inicio del debate con el argumento de violaciones al procedimiento legislativo, ya que Morena y sus aliados dispensaron los trámites de la reforma para que fuera discutida directamente en el pleno y así evitar una primera discusión en las comisiones.

“Podemos pasarles que sean unos puercos legislativos, pero no unos trompudos, ya basta porque son unos abusadores”, reclamó Carmen Rocío González, diputada panista.

Movimiento Ciudadano, que en esta ocasión votó a favor de la minuta promovida por Morena y sus aliados, defendió que la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión no tiene mecanismos para que el gobierno cometa actos de censura, aunque la desconfianza en las autoridades alimenta ese idea.

“Nosotros no estamos aquí para tapar errores, como la desaparición del IFT, pero tampoco para repetir mentiras. No aceptamos la manipulación y la polarización. Quien dice que esta es la misma iniciativa que se presentó en abril, miente, quien dice que esto abre la puerta a una dictadura digital, engaña”, comentó Patricia Flores Elizondo, diputada de Movimiento Ciudadano.

MC adelantó su voto a favor porque la iniciativa original propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum sufrió modificaciones, luego de que el Senado organizó un parlamento abierto en el que participaron organizaciones sociales y expertos en telecomunicaciones.

Uno de los cambios más significativos fue la eliminación del artículo 109, que permitía el bloqueo de plataformas digitales y que en su momento fue calificado como un intento de censura del gobierno a los medios de comunicación.

El PAN también ha alegado que esta nueva legislación permite, en su artículo 182, que el gobierno pueda solicitar a las empresas de telecomunicaciones la geolocalización en tiempo real de equipos telefónicos con fines de investigación de delitos, aunque este apartado ya existe en la actual Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Adrián González Naveda, diputado del Partido del Trabajo, defendió que el acceso a la geolocalización en tiempo real será regulada por el Código Nacional de Procedimientos Penales, que en su artículo 303 establece que el Ministerio Público podrá acceder a esta información luego de pedir autorización a un juez.

“En el artículo 182 queda explícito que toda solicitud tendrá que ser de autoridad competente, por escrito fundado y motivado, y en el artículo 183 nuevamente se hace alusión a la ley en la materia, es decir, el Código Nacional de Procedimientos Penales”, señaló Naveda.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALEXIS ORTIZ.

No hay censura ni espionaje en Ley de Telecomunicaciones, aseguran Sheinbaum y Merino

La Presidenta Claudia Sheinbaum consideró que la narrativa de críticas y señalamientos contra la Ley de Telecomunicaciones "es parte de la hipocresía y del engaño" que caracterizan a la oposición.

José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), aseguró este martes que la reforma a la Ley de Telecomunicaciones no implica ni espionaje ni censura por parte del Gobierno federal, y que los artículos cuestionados ya existían en la Ley vigente desde 2014, aprobada por el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
“El Gobierno ni espía ni censura”, dijo durante la conferencia de prensa matutina, donde explicó que el artículo 183 del dictamen actual es igual, en su redacción, al de la Ley vigente. Dicho artículo establece que los operadores de telecomunicaciones están obligados a colaborar con las autoridades de seguridad y procuración de justicia en los términos que marcan las leyes.
Merino detalló que ni este artículo ni el 190 de la Ley actual contemplan acceso directo del órgano regulador a la información, sino que remiten a lo dispuesto en otras leyes. En particular, al hablar de otras leyes, se refiere al artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que no ha sido reformado desde 2016, el cual regula los mecanismos para solicitar la localización geográfica en tiempo real o la entrega de datos conservados por concesionarios de telecomunicaciones.


El funcionario federal leyó el artículo, el cual refiere que el Ministerio Público puede solicitar a un juez de control, por cualquier medio, que requiera dicha información a los concesionarios cuando se trate de hechos bajo investigación. Además, especifica que los datos que no constituyan medio de prueba serán destruidos.

“Lo que hace la nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, como lo hacía la ley anterior, es simplemente referir a los operadores que deben colaborar en los términos del Código de Procedimientos Penales, que establece con claridad la necesidad de solicitar a un juez de control la autorización para estos mecanismos”, explicó.

Respecto al tema de la censura, Merino dijo que las críticas al dictamen se basan en un malentendido sobre los derechos de las audiencias. Recordó que estos derechos están previstos en el artículo 6º constitucional y que el dictamen actual los restituye, tal como estaban contemplados en la ley de 2014.

Además, el titular de de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones aclaró que el procedimiento inicia únicamente cuando una audiencia presenta una queja ante el defensor de audiencias del medio correspondiente. A partir de ahí, y sólo si procede, la autoridad puede emitir un apercibimiento para que el medio se apegue a dichos derechos, los cuales incluyen contenidos diversos, no discriminación, igualdad de género, distinción entre publicidad y contenido, y programación infantil.

“Es decir, no hay ningún acto de censura por parte de la autoridad”, dijo.

Finalmente, el funcionario desmintió que la plataforma Llave MX permita la suplantación de identidad. “Al día de hoy, Llave MX no permite suplantar la identidad de nadie”, afirmó.

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum indicó que la versiones, las críticas hacia la reforma a la Ley de Telecomunicación, con respecto a que dicen que se espía, es parte de la narrativa de la oposición que actúa con “hipocresía y del engaño”.

“Dicen que la Ley de Telecomunicaciones le llaman ahora la 'Ley Espía'. Es su propaganda y dan como argumento un artículo que es exactamente igual al artículo que ya tenía la Ley. No se modificó nada. Que es a solicitud de un Juez poder tener información de un teléfono. Que eso existe ahora y existe desde que se aprobó la Ley en su momento”, dijo la mandataria.

Sheinbaum coincidió con Merino al destacar que con la reforma no cambia nada de la Ley anterior a esta, pero que la oposición insiste en que su Gobierno lo está espiando.
“ ¿cómo vamos a espiar? Primero, ni el interés hay. Es un asunto que tiene que ver con el mejor funcionamiento del sistema de telecomunicaciones en nuestro país, y que en caso de temas de seguridad pueda haber información de las empresas telefónicas, igual que estaba antes”, dijo.

Y añadió: “Nada más que ellos creen que como le ponen un nombre, entonces la gente de va a ir con la finta. Pues no. Hay que informar. Nada cambió en la Ley de lo que ellos argumentan que ahora el Gobierno va a espiar a personas. No. No cambió nada, absolutamente nada en esa Ley que tuviera que ver con algún espionaje. Nada”.

Con respecto a los señalamientos de presunta censura en esa ley, reclamó que no se reconozca que las derechos tienen derechos:

“ las audiencias tienen derechos. ¿Quiénes son las audiencias? Todos nosotros que escuchamos la radio, la televisión, y que si nos sentimos ofendidos porque hubo algo que sabemos que es mentira o que no debería de haber salido, pues podemos ahora sí reclamarle a la televisora o radio, y ellos tienen la obligación de aceptar ese reclamo. Eso dicen que es censura. ¿Cómo va a ser censura que los que escuchamos o los que escuchan la radio y la televisión ahora sí tengan derechos de reclamar?”, dijo.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SUGEYRY ROMINA GÁNDARA.

Avanza en el Senado ley de telecomunicaciones; legisladores advierten riesgo de “vigilancia masiva”

La nueva versión de la ley de telecomunicaciones fue aprobada por comisiones en el Senado. Legisladores de la oposición reconocieron avances en los ajustes realizados pero advirtieron el riesgo de vigilancia a través de dispositivos de servicios de telecomunicación móvil

El Senado aprobó la iniciativa de reforma en Telecomunicaciones con ajustes reclamados por especialistas, integrantes de la sociedad civil y legisladores,  pero con medidas que permitirán dar seguimiento en tiempo real a usuarios de telefonía e internet, calificadas como “espionaje” por parte de legisladores de la oposición.

El documento emitido inicialmente por la presidenta Claudia Sheinbaum, y frenado por más de dos meses por indicaciones de ella misma para abrir un diálogo con especialistas, empresarios y usuarios del sector, fue aprobado por 29 votos a favor, cuatro en contra y cuatro abstenciones, en las comisiones unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos.

La ley será votada en el pleno del Senado este sábado, para ser enviada a la Cámara de diputados.

Establece que las empresas de telecomunicaciones deben entregar información geográfica en tiempo real de los usuarios y conservar un registro de las comunicaciones por dos años. Si las autoridades les requieren alguna información, tendrán un día para entregarla. 

Los servicios de telecomunicación móvil —telefonía e internet—, sólo podrán ser otorgados a personas que presenten su Clave Única de Registro de Población (CURP) que, de acuerdo con otras reformas impulsadas por el gobierno federal de forma paralela, contendrá los datos biométricos de las personas. 

Esa disposición está contenida en el artículo 103 de la ley, que establece que “los concesionarios que operen redes públicas de telecomunicaciones que presten el servicio móvil únicamente podrán activar y mantener activo el servicio de aquellas líneas que estén asociadas a usuarios finales que hayan presentado una identificación oficial conforme a los lineamientos que para tal efecto emita la Comisión. La identificación oficial deberá contener la CURP para personas físicas, y RFC para personas morales”.

Es el artículo 183 el que ordena a las empresas concesionarias colaborar con las autoridades de seguridad y fiscalías en la localización geográfica, en tiempo real, de los teléfonos celulares.

La reforma mantiene el mandato de que las líneas de telefonía móvil deben estar asociadas a un usuario final y de lo contrario serán suspendidas. De acuerdo con artículo 30 transitorio, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, a más tardar en 120 días hábiles después de que entre en vigor la reforma, emitirá los lineamientos para la identificación de líneas del servicio móvil. 

Después de otros 120 días hábiles, toda línea que no se encuentre asociada a un usuario final identificado será suspendida, y solamente podrá ser utilizada para realizar llamadas a números de emergencia y atención ciudadana.

Publicidad extranjera

La reforma establece que las comunicaciones privadas son inviolables. La ley establece que sólo la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de cada estado, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada.

En el artículo 107, se establece que la información que se transmita a través de las redes y servicios de telecomunicaciones será confidencial, salvo la que sea pública o cuando medie orden de autoridad judicial competente.

La ley mantiene la disposición que desató la reforma en abril pasado respecto a la publicidad extranjera. En el artículo 232, establece que los concesionarios que presten el servicio de radiodifusión, televisión o audio restringidos en México no podrán transmitir propaganda política, ideológica, comercial o de cualquier tipo de gobiernos extranjeros.

La misma restricción aplica a programadores y operadores de señales, así como plataformas digitales, cuyos contenidos estén disponibles en el territorio nacional.

La única información de este tipo que estará permitida es la referente a promoción turística, cultural o deportiva. 

La Secretaría de Gobernación será la encargada de vigilar y supervisar de que no se viole la disposición y si ello ocurre ordenará la suspensión de la transmisión de la publicidad, previo apercibimiento y puede multar hasta con una multa equivalente hasta del 5 por ciento. 

La nueva versión eliminó el artículo 109 que permitía a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones bloquear plataformas digitales. 

Como énfasis, en el artículo 209, entre las facultades de la Secretaría de Gobernación, se destaca que la dependencia “deberá respetar los derechos a la manifestación de las ideas, libertad de información y de expresión y no podrá realizar ninguna censura previa”.

Agencia Digital y la nueva Comisión

Luego de las críticas por la concentración de funciones en la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones (ATDT), la reforma planteó la creación de una Comisión dependiente de la propia agencia y desconcentrada.

La ATDT continuará como principal responsable de elaborar las políticas de telecomunicaciones, satelital y de radiodifusión del gobierno mexicano. 

La reforma crea la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, integrada por cinco personas nombradas por la Presidencia Claudia Sheinbaum y ratificadas por el Senado de la República. 

Se trata de un órgano administrativo desconcentrado de la propia Agencia, con independencia técnica, operativa y de gestión. 

Así, la Agencia deberá coordinarse con la Comisión para promover el acceso a las tecnologías de la información y comunicación y a los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, incluido el de banda ancha e Internet.

Es responsabilidad de la ATDT garantizar el acceso a Internet de banda ancha en edificios e instalaciones de las dependencias y entidades públicas y ayudar a las demarcaciones en ese objetivo, así como establecer programas de acceso a banda ancha en sitios públicos que identifiquen el número de sitios a conectar cada año de manera progresiva, hasta alcanzar la cobertura universal.

En coordinación con la Comisión, la Agencia emitirá el programa nacional de espectro radioeléctrico que tendrá por objeto promover el aprovechamiento, con el fin de brindar mayor cobertura y acceso a servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. Asimismo, elaborará el plan nacional de conectividad y acceso a Internet. 

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones emitirá las disposiciones administrativas generales en la regulación de las telecomunicaciones y radiodifusión. Es decir, planes técnicos fundamentales, lineamientos, Normas Oficiales, modelos de costos, procedimientos de homologación y certificación, así como ordenamientos técnicos en el sector, comunicación satelital, sostenibilidad espacial, entre otros. 

Tendrá a su cargo también las concesiones para prestar servicios de radio y telecomunicación.

En tanto se integra el Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, conforme al artículo Cuarto Transitorio del presente Decreto, el Instituto Federal de Telecomunicaciones continuará en funciones conforme a las disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Dos meses y cinco conversatorios después

La ley fue propuesta el pasado 23 de abril por la presidenta Claudia Sheinbaum. La iniciativa fue aprobada por las comisiones unidas, pese a las críticas en torno a los riesgos de censura debido al artículo 109 que permitía a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones bloquear cualquier plataforma digital bajo criterios de la Secretaría de Hacienda.

La mandataria puso énfasis en que su propuesta no buscaría limitar la libertad de expresión. Otra de las advertencias principales de especialistas y representantes de la oposición fue la concentración de funciones en la Agencia Digital, que dirige José Merino.

La iniciativa había avanzado hasta la primera lectura para ser votada en el pleno del Senado; hasta que Presidencia abrió la puerta a las modificaciones y el 28 de abril el presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López Hernández, solicitó que la votación fuese retirada del Orden del Día. El dictamen fue devuelto a Comisiones, que después de cinco conversatorios presentó una nueva versión de la iniciativa.
Reclaman geolocalización en tiempo real

Ricardo Anaya, coordinador del PAN, destacó las correcciones realizadas respecto a la primera versión de la iniciativa pero puso énfasis en la posibilidad de que exista geolocalización en tiempo real de usuarios de telefonía móvil.

“Hay avances importantes sin duda, pero si no corregimos el registro de usuarios de telefonía móvil, geolocalización en tiempo real, artículo 183, y facultad para sus suspender transmisiones con una cosa tan vaga y abierta como derecho de las audiencias, no habrá manera de acompañar este dictamen, a pesar del enorme esfuerzo que se ha hecho.

El priista Néstor Camarillo se pronunció en ese mismo sentido:

“Esto significa vigilancia masiva, es un registro detallado de nuestras llamadas ubicación duración de conversaciones, mensajes. Y esto simplemente es inaceptable, en una democracia. Esto simplemente no es seguridad, es espionaje institucionalizado”.

La priista Claudia Anaya advirtió sobre la imposibilidad de que el Senado pueda nombrar a los integrantes de la nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, por su estatus de órgano desconcentrado.

“Nosotros para poder nombrar ratificar tomar protesta o destituir, tenemos que tener en las facultades del Senado las que nos marca el 76 constitucional, nosotros no tenemos en el 76 constitucional la facultad de nombrar a estos consejeros, entonces estamos un acto anticonstitucional”.

Lo señalado por la priista requeriría una reforma antes de que la Comisión de la nueva ley entre en funciones.

Javier Corral, impulsor de la iniciativa, la calificó como “la mayor reforma de fortalecimiento en materia de medios sin fines de lucro”.

Destacó el fortalecimiento de medios sociales como a radios comunitarias, afromexicanas e indígenas.

“Estos son de uso social de los que estoy hablando, porque son medios que necesitaban un mayor fortalecimiento económico para su viabilidad económica y sobre todo porque ahora los ingresos que puedan recibir de presupuestos de comunicación social de entidades públicas, ya sea del gobierno federal, estatal o municipal, pues no se circunscriben a la venta de publicidad, sino también pueden ser destinados a infraestructura, a producción de contenidos, a mantenimiento de equipos o equipamiento.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ANDRO AGUILAR.

Demora del periodo extraordinario es por falta de consenso en Morena por Ley Telecom: Rubén Moreira

"Hay una lucha fuerte que es muy evidente", sugirió el priista sobre la situación entre los legisladores de Morena, y recalcó la necesidad del periodo extraordinario para establecer los artículos que se contraponen a la designación de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia.

El coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, afirmó que posponer el periodo extraordinario es porque dentro de Morena no han llegado a consensos en reformas como la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

El legislador tricolor también informó que es necesario el periodo extraordinario para establecer los artículos que se contraponen a la designación de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la reforma del Poder Judicial antes del 1 de septiembre.

“Entonces sí tiene que haber un extraordinario, cuando menos para eso (artículos que se contraponen a la designación de la presidencia de la SCJN), por otro lado, pues ellos van a preparar, dar el golpe final a la libertad de expresión y el golpe final a la libertad de expresión es el tema de la “Ley Censura” y pues lo están armando y la “Ley Censura” va con la Ley de Seguridad. 

“Yo creo que no tienen ahorita en sus consensos internos, hay una lucha fuerte que es muy evidente entre esta Agencia Digital contra otras secretarías, porque la Agencia Digital no solamente está en la Ley de Telecomunicaciones, está en la ley Orgánica de la Administración Pública, está en estas leyes de mejora regulatoria, está en las leyes de seguridad y está en la ley de Telecomunicaciones”, explicó. 

Rubén Moreira detalló que la Agencia Digital entra en conflicto legal en atribuciones con la Secretaría de Gobernación, con la Secretaría de Comunicaciones, con la Secretaría de Relaciones Exteriores y con la Secretaría de Economía. 

El 4 de junio, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó que el periodo extraordinario se llevará a cabo a finales de junio ya que, detalló, se deben concluir los dictámenes de las 22 iniciativas que anunció que se discutirían.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CORTÉS.

Advierten de ambigüedades en los artículos de la Ley de Telecomunicaciones

Especialistas también llamaron a evitar que se pierdan los beneficios de la publicidad extranjera con el pretexto de aumentar el control, lo que podría confundirse con censura.

El Senado de la República realizó el tercer conversatorio de la iniciativa de la Ley del Telecomunicaciones y Radiodifusión denominado “Servicios Digitales”, en el que los ponentes advirtieron sobre la ambigüedad de algunos artículos, además abordaron el tema de publicidad extranjera, tema en el que pidieron no confundir protección con censura.   

David Pizaña Rito, vicepresidente de Comercio Electrónico de Asociación de Internet MX, afirmó que reformar y discutir de forma parcial y dispersa la iniciativa va a presentar un riesgo en futuro para la interpretación y la aplicación de la norma.

“En la propuesta, nosotros, y ya obviando algunas partes que ya se han comentado, nosotros encontramos algunas definiciones vagas, mecanismos de control con garantías que no son claras, así como referencia a plataformas digitales o servicios que no quedan con un marco técnico o jurídico adecuado para poder regularlas o entenderlas. Como lo he dicho anteriormente, esto puede generar incertidumbre”, resaltó. 

Publicidad extranjera es benéfica

Por su parte, el director general de IAB México, Gabriel Richaud Falcom, habló de los beneficios que la publicada extranjera en el país y afirmó que lo importante en la reforma es evitar marcos normativos que confundan censura con protección o limiten la innovación bajo pretexto de control. 

“En 2023, la inversión publicitaria en México superó los 112 mil millones de pesos, de los cuales el 60% ya corresponde a entornos digitales. Sin embargo, esto representa apenas el 0.5% del PIB nacional, frente al 1% o más en economías como Brasil, Reino Unido, China o Estados Unidos. Esto evidencia el enorme potencial de crecimiento si se construye un entorno de certidumbre y colaboración. 

“La publicidad digital es global por naturaleza. Campañas diseñadas en un país pueden segmentarse y activarse en otro con gran precisión. Frente a propuestas que buscan limitar la publicidad extranjera, proponemos tres consideraciones clave: 

“Uno, no toda la publicidad extranjera es problemática. Muchas marcas internacionales operan en México, generan empleo y crecimiento local. Las plataformas ya cuentan con herramientas avanzadas para etiquetar contenido patrocinado, filtrar audiencias sensibles y aplicar normativas por país. Una prohibición amplia podría reducir inversión, afectar medios locales y limitar la pluralidad de contenidos, sobre todo en entornos gratuitos que dependen de la monetización publicitaria”, explicó. 

Ricardo Anaya: “No nos vayamos con la finta”

Por su parte, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, celebró que se haya retrasado la iniciativa y se prevean cambios, sin embargo, pidió estar atentos no sólo en cambio del artículo 109 sino en otros que también perjudicarían a la sociedad. 

“Sin duda hay avances y esta batalla que hemos dado desde la oposición y la sociedad está dando frutos, si no fuera por la oposición y la sociedad, este dictamen ya se habría aprobado en el Pleno. 

“Hay avances, uno, que se haya detenido y dos que se haya eliminado, el tóxico artículo 109, pero el riesgo es que nos vayamos con la finta, que no se corrijan otros asuntos que pueden ser igual o más graves de lo que se ha planteado”, explicó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CORTÉS.

Eliminan polémico artículo de la Ley Telecom; niegan concentración de atribuciones

La Agencia de Transformación Digital aseguró este miércoles que la ley promueve la "conectividad" y que más personas puedan usar datos y manifestar sus ideas.

El Gobierno de México confirmó este miércoles que eliminó el artículo 109 de la nueva Ley en Telecomunicaciones y Radiodifusión, tras la polémica surgida porque podría abrir la puerta a la posibilidad de censura en las plataformas digitales en el país.

“(Se eliminó) el artículo 109 que causó cierto malentendido, polémica […] pero bueno, para que no haya ningún espacio de duda y como lo mencionó la presidenta, aquí no hay censura”, informó José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital, durante la conferencia de prensa mañanera.

En abril, la presidenta Claudia Sheinbaum ya había prometido rectificar la iniciativa que envió con la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión “para que quede absolutamente claro que el Gobierno de México no va a censurar”.

La polémica se dio luego de que se conociera que el artículo 109 de la ley establecía que “las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de la Agencia (de Transformación Digital) para el bloqueo temporal a una Plataforma Digital en los casos en que sea procedente por incumplimiento a disposiciones u obligaciones previstas”.

Los partidos de oposición alertaron de que esto implica “autoritarismo digital” ya que abría la puerta a la “censura”, mientras que la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió “garantizar espacios de consulta y considerar estándares internacionales en libertad de expresión”.

Al respecto, Merino aseguró este miércoles que la ley promueve la “conectividad” y que más personas puedan usar datos y manifestar sus ideas.

“Es una ley que va en el sentido contrario, pero para que no haya espacio de duda o malentendido se elimina”, señaló.
No concentra ni da más atribuciones, por el contrario.
Asimismo, destacó que el objetivo principal es conectar a todos los mexicanos y dejar de excluir a 15 millones de personas que aún no tienen acceso a internet en el país.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.