Las acciones presentadas por la Semarnat y Conagua en el segundo informe de gobierno del sector ambiental, «además de performativas y onerosas, van en sentido contrario de los principios humanistas que, según su propia afirmación, “son su brújula de acción”», aseguraron 41 organizaciones, colectivos y centros de la Cuenca del Alto Atoyac (CAA), una de las zonas más afectadas por la contaminación con tóxicos en el país.

En un comunicado, los colectivos y organizaciones denunciaron que las acciones del informe presentado el pasado 30 de septiembre por la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, y el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, no conducen a una «verdadera justicia socioambiental que cambie el paradigma neoliberal del manejo de los recursos naturales, la relación con las comunidades y los territorios», sino que «profundizan los agravios de las hoy reconocidas como Regiones de Emergencia Sanitaria y Ambiental».

De acuerdo con los habitantes de la Cuenca, las acciones de la Semarnat, entre las que se incluyó la «inversión histórica» para el sector ambiental, jornadas de limpieza que ponen en riesgo a la población y «el pago por servicios ambientales», agravan la violación a los derechos a un medio ambiente sano, a la salud, al agua y su saneamiento, a la información y a la justicia, entre otros, «en tanto que no atienden las causas que han producido la crisis socioambiental» que ha provocado muerte y daños a la salud de quienes viven, trabajan y transitan por los territorios de la CAA, en Puebla, Tlaxcala y el Estado de México.

Las organizaciones criticaron que el gobierno afirmó que cuenta con una «inversión histórica» para el cuidado ambiental, incluidos más de 20 mil millones de pesos para el saneamiento de los ríos Lerma-Santiago, Tula y Atoyac, así como más de 80 mil millones de pesos en 17 proyectos estratégicos, cuando dichos montos no están acompañados de un trabajo conjunto con la sociedad y no atacan las causas de fondo que han producido la devastación ambiental. Además, señalaron que la «apuesta por la calidad de vida» que destacó Bárcena como parte de su política ambiental incluye más de mil 300 jornadas de limpieza en ríos, mares y costas que implican un riesgo sanitario por la exposición a sustancias tóxicas.

«Si en eso consiste la participación social en su política ambiental, lo mejor es que se detengan para no poner en riesgo la salud de quien, sin tener información, acude de buena fe a esas jornadas. Por ejemplo, durante la visita a Tlaxcala del relator Orellana, se midieron en tiempo real las condiciones de un tramo del río Atoyac. Ahí, se encontró que la presencia de benceno, cloruro de vinilo y clorobenceno exceden los niveles de seguridad de riesgo para humanos en 80, 45 y 401 por ciento respectivamente, comprobando así que los niveles de contaminación en las zonas ribereñas de la CAA y su exposición persistente representan un riesgo sanitario para la población», recordaron.

Finalmente, frente a la afirmación por parte del titular de Conagua sobre el «cambio de paradigma neoliberal» a través de la implementación de un «pago por servicios ambientales», las organizaciones y colectivos aseguraron que lo que se implementa «de facto» es la transacción de dinero por los recursos naturales.

«Tenemos más de 30 años afirmando que “no hay justicia social sin justicia ambiental”, una exigencia que para nosotras no es nueva y, aunque hoy es la consigna de la política ambiental del actual gobierno, nuevamente nos excluye, no ataja las causas de fondo de la crisis socioambiental y se autojustifica por el millonario monto presupuestario del que goza», puntualizaron.

Por ello, exigieron que las autoridades ambientales garanticen que se implementarán las medidas necesarias que disminuyan y eliminen la presencia de tóxicos industriales en la CAA; que se detenga la remoción y movimiento tanto de sedimentos como de vegetación en ríos, arroyos y lagos sin la realización de estudios que permitan un manejo seguro ante la presencia de contaminantes tóxicos; que se garantice la salud de los habitantes de la CAA, entre otras medidas que permitan «una verdadera justicia socioambiental».