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Guardia Nacional ahora agentes de vialidad

A pesar que la Guardia Nacional fue constituida para sustituir a la Policía Federal, combatir la inseguridad, se convirtió en policía de aproximación; si no combatieron el crimen, ahora son agentes de vialidad

En respuesta a los reclamos de la ausencia de apoyo de la Federación en el combate a los integrantes de los cárteles de las drogas en los estados, el gobierno del morenista Andrés Manuel López Obrador que originalmente había rechazado el Ejército, se inventó una policía militarizada, la Guardia Nacional (GN).

Creada según los anuncios para “combatir la delincuencia y mitigar la incidencia delictiva, en particular los delitos de alto impacto y la delincuencia organizada”, se supone que iban por los capos y los asesinos; hasta facultades investigadoras les asignaron.

Teniendo a la Guardia como “parte central de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la cual busca disminuir homicidios dolosos, extorsiones y otros delitos de alto impacto mediante inteligencia, investigación y proximidad social”, los elementos fueron repartidos en los estados, de acuerdo a la incidencia de muertes violentas.

Siete años después, se la han pasado en patrullajes y guardias perimetrales, porque las detenciones de traficantes, capos y asesinos las han ejecutado los elementos de la Secretaría de Marina, los agentes de la Unidad Estratégica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a cargo de Omar García Harfuch y las policías estatales.

No existe reportes del 2026, pero de acuerdo a los informes oficiales del año pasado, en todo el país, la Guardia detuvo a 23 mil 206 personas, que representó apenas el 5.6 por ciento de estos delincuentes medianos y menores, mientras las policías estatales y municipales aprehendieron al otro 94.4 por ciento.

Con estos deficientes resultados, sin haber cumplido el objetivo para el que fueron creados, ahora los convirtieron en policías viales. En marzo del presente 2026, el Gobierno Federal publicó la reforma al reglamento de tránsito federal, facultando a la Guardia Nacional para: multar; solicitar documentos; revisar y determinar —como si tuvieran la formación necesaria— las condiciones físico-mecánicas de los vehículos; realizar operativos de alcoholímetro o pruebas toxicológicas. Y a partir de un decreto publicado en agosto pasado, utilizar dispositivos electrónicos y radares para medir el exceso de velocidad, tema que actualmente están socializado a través de páginas en redes sociales.

En Baja California, en múltiples ocasiones, durante años, este Semanario ha dado cuenta de las denuncias de trabajadores del volante que operan transporte de carga, acusando las extorsiones cometidas por diversas corporaciones policíacas que los detienen, en carreteras o intersecciones de caminos federales y vialidades locales, sin justificar el acto de molestia, para terminar pidiéndoles miles y miles de pesos, a cambio de evitar que se lleven sus camiones de trabajo o les retengan los documentos, usando multas inventadas.

Que si una de las 18 llantas le falta aire, o a las luces no tienen suficiente intensidad y reflejar, que invadieron un carril, o iban a exceso de velocidad, que circulan fuera de horario o en zonas restringidas, o realizan maniobras prohibidas, que si tardaron mucho tiempo estacionados frente a parques industriales para registrarse e ingresar a descargar, que los engomados no son válidos, que si las guías no coinciden con la mercancía, o que a “ojo de buen cubero” la carga excede el peso y las medidas permitidas.

Ahora, este negocio extorsivo, en carreteras y puentes de jurisdicción federal, se hizo exclusivo de la Guardia Nacional, y la zona costa bajacaliforniana es todo un botín, considerando que los municipios están conurbados y las vialidades federales son caminos comunes en el atrofiado y embotellado tráfico local.

Además, la corporación ya tuvo la oportunidad de medir los beneficios, entre el 11 y el 27 de abril, en el operativo de Semana Santa del 2025, cuando con 100 elementos y 50 vehículos, la Guardia Nacional aplicó 1 mil 842 multas en las carreteras federales bajacalifornianas, con importes que iban desde los mil 131 pesos hasta los 22 mil 628 pesos, dependiendo del tipo de infracción.

Según el Gobierno Federal, esta controvertida reforma fue para “evitar la corrupción”, pero otra vez, respecto a la honestidad y ética laboral de los guardias nacionales, los ciudadanos en Baja Californian tienen memoria y otros datos.

Considerando sólo los delitos en los que han sido videograbados en Tijuana, están: los robos a casas en colonias de alto poder adquisitivo en diciembre del 2025 y febrero del 2026, incluso acompañados a Ulises Rayas, traficante del Cártel Arellano. En junio del 2024, el homicidio de Adán Morales en Tijuana. En junio del 2023, el robo de una caja fuerte en la casa de un comerciante y adulto mayor; en abril del mismo año, el intento de extorsión en un hotel de la Zona Centro de Tijuana y otros negocios; en el mismo periodo fueron captados protegiendo a traficantes de personas en la zona de la Libertad y Otay; también en abril, en Mexicali, y noviembre del mismo año, pero en Tijuana, los grabaron robando droga. Igual que en noviembre de 2022, cuando sacaron el cargamento de una recicladora en la Carretera Libre Tijuana-Tecate.

Aún no existen estadísticas del 2026, pero según el Informe Anual de la corporación, recibido por el Senado de la República, en 2025 se presentaron 103 denuncias “penales” contra 320 elementos. El informe del Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal realizado por el INEGI, indica que, en 2025, la GN “registró haber cometido 19 mil 707 presuntos delitos, durante las puestas a disposición ante del Ministerio Público.

Y el informe de Asuntos Internos de la GN del 2024 expuso que 749 agentes habían sido denunciados “penalmente”, incluidos en 286 carpetas. Mismo período en el que la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió 409 quejas en contra de elementos de la corporación, e invalidó el 42 por ciento, asegurando que los agentes no tuvieron responsabilidad. También informaron que, en los primeros cinco años, se había iniciado 1899 expedientes contra la Guardia.

Los antecedentes evidencian que, tratándose de la GN, ya habían puesto “al lobo a cuidar las ovejas”, y ahora que los convierten en policías de tránsito, les están ampliando el rebaño del que pueden abusar.

Los guardias nacionales no usan cámaras corporales, y sólo un número mínimo de patrullas están equipados con sistemas de videos, así que, como siempre, tocará a los ciudadanos buscar la manera de protegerse.

FUENTE/MEDIO: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ROSARIO MOSSO CASTRO.
ENLACE: https://zetatijuana.com/2026/11/guardia-nacional-ahora-agentes-de-vialidad/

La GN promete colaborar en investigación de presunto feminicidio cometido por agente

La corporación aseguró que está dispuesta a colaborar en las indagatorias contra el agente acusado de asesinar a su pareja

La Guardia Nacional (GN) difundió un comunicado relacionado con la detención de uno de sus elementos que está acusado por el feminicidio de su pareja, quien también era una agente de la corporación, en el que aseguró que habrá cero tolerancia en este caso y se comprometió a colaborar con la investigación.

La Comandancia de la GN confirmó en su escrito, publicado el viernes, que un elemento de la corporación, identificado como Erick "N", fue detenido el 6 de noviembre por agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, debido a su probable responsabilidad por el delito de feminicidio.

Dicha acusación está relacionada con el asesinato de una integrante de la institución, ocurrido el 2 de noviembre en un domicilio de la colonia Alturas del Sur en la ciudad de Culiacán, en el estado de Sinaloa.


De acuerdo con la Guardia Nacional, desde que tuvo conocimiento del feminicidio de una de sus integrantes colaboró con las autoridades correspondientes, a quienes les proporcionó la información y el apoyo necesarios para lograr la detención del presunto responsable de este crimen.

En su comunicado, la GN aseguró que tendrá cero tolerancia en el caso del feminicidio de una de sus agentes, presuntamente cometido por otro de sus integrantes, y expresó sus disposición para seguir colaborando con la autoridad correspondiente en las indagatorias para el esclarecimiento de estos hechos.
"La Guardia Nacional condena enérgicamente cualquier acto de violencia contra las mujeres y reitera su política de cero tolerancia frente a estas conductas; asimismo, manifiesta su plena disposición para continuar colaborando con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos, respetando el debido proceso, la presunción de inocencia y las atribuciones que les correspondan a cada una de ellas", se lee en el documento.
Agente de la GN es detenido por el feminicidio de su pareja

La Fiscalía de Sinaloa informó el viernes que agentes de la institución detuvieron en Culiacán a Erick "N", elemento de la Guardia Nacional acusado de cometer el feminicidio de Christian Ziboney, quien era su pareja sentimental e integrante de la misma corporación de seguridad.

En un comunicado, la FGE detalló que la orden de aprehensión en contra de dicho sujeto fue cumplimentada por personal adscrito a la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA).

Luego de su arresto, Erick "N" fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, instancia que estará a cargo de determinar su situación jurídica.

Erick "N" cae por el presunto feminicidio de su pareja en Sinaloa; ambos de la GN

La víctima era la madre de una niña de ocho y la menor de cinco hermanos que crecieron en Teacapán, una comunidad pesquera en Escuinapa, en el sur de la entidad

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) detuvo este viernes al agente de la Guardia Nacional (GN), Erick “N”, en Culiacán, por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio de Christian Ziboney, quien sería su pareja y también oficial de la corporación federal.
"La Fiscalía General del Estado de Sinaloa, a través de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA), ejecutó una orden de aprehensión contra Erick 'N', de 29 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio", señaló el organismo estatal en un comunicado.
De acuerdo con la investigación, los hechos están relacionados con el hallazgo del cuerpo sin vida de la mujer, quien fue localizada el pasado 2 de noviembre en un domicilio ubicado en la colonia Alturas del Sur, en Culiacán.


Elementos de la UNESA lograron ubicar y detener al hombre, quien fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, instancia judicial que determinará su situación jurídica.

Organización feminista exige justicia para Christian

La organización feminista Orquídeas Moradas, asentada en Escuinapa, se pronunció este viernes en sus redes sociales por el feminicidio de Christian y exigió una investigación transparente, con perspectiva de género, para evitar que el crimen no quede impune.
"La detención es un paso, pero la justicia para Christian Ziboney aún no está completa", señaló en su cuenta de Facebook.


La agrupación en defensa de los derechos de las mujeres pidió que se investiguen todos los antecedentes y que el feminicida reciba una sentencia proporcional a la gravedad del delito.
"¿Quién va a garantizar la reparación integral del daño y los derechos de sus hijos? ¿Quién va a acompañarlos en este proceso? ¿Qué apoyo económico, psicológico, educativo y social recibirán? ", cuestionó.
En ese sentido, demandó que las instituciones deberán garantizar que las hijas e hijos de Christian no queden desprotegidos después de su feminicidio. "Ellos también son víctimas de las consecuencias de esta violencia y tienen derecho a una vida digna y a recibir acompañamiento", subrayó.

Asimismo, señaló que quienes forman parte de las fuerzas armadas y de las corporaciones de seguridad tienen responsabilidades especiales frente a la sociedad.
"Su autoridad, conocimientos y recursos deben estar al servicio de la protección de la vida, nunca convertirse en herramientas para violentar, intimidar o asesinar mujeres", manifestó.
Por su parte, la familia de la víctima contó que se había enlistado en la GN con la convicción de que serviría a su país y de darle una mejor vida a su hija. “Queremos justicia para ella, esto no debe quedarse así. Su hija ha quedado desamparada”, dijeron a través de un mensaje de texto para el diario español El País.

Sheinbaum propone recortar recursos para buscar desaparecidos y aumentar 29% el presupuesto de la Guardia Nacional

El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 contempla una reducción de 39 millones de pesos a la Comisión Nacional de Búsqueda, principalmente en los subsidios destinados a las comisiones estatales. En contraste, la Guardia Nacional recibiría siete mil 54 millones adicionales, de acuerdo con un análisis de Fundar, que advierte inconsistencias en la distribución de recursos para atender la crisis de desapariciones y de identificación forense

Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado la atención a las desapariciones como una prioridad de su gobierno, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 contempla un recorte de 39 millones de pesos a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), mientras propone incrementar en siete mil 54 millones los recursos de la Guardia Nacional.

La reducción presupuestal para la búsqueda de personas se plantea en un país que supera las 135 mil víctimas de desaparición, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), y enfrenta una crisis forense de al menos 79 mil cuerpos sin identificar bajo resguardo de las fiscalías, según estimaciones de organizaciones civiles ante la falta de información oficial consolidada.

De acuerdo con el análisis Crisis de Justicia, Forense y Seguridad: Recortes y Apuestas (demasiado tímidas), elaborado por el Centro de Análisis e Investigación Fundar, la CNB dispondría de mil 223 millones de pesos en 2027, una disminución de 3.2% respecto de 2026, mientras que el presupuesto de la Guardia Nacional aumentaría 28.9%, hasta alcanzar 31 mil 487 millones de pesos.

La mayor parte del recorte a la CNB, aproximadamente 36 millones de pesos, corresponde a los subsidios destinados a las comisiones locales de búsqueda, responsables de realizar acciones de localización de personas e identificación forense en las entidades federativas.

Fundar advierte que la distribución de recursos revela contradicciones entre las prioridades anunciadas por el gobierno federal y las asignaciones presupuestales para enfrentar las crisis de desaparición, justicia y atención a víctimas.
“Por un lado, existe un cambio positivo en las tendencias históricas de la asignación presupuestal para la investigación penal en materia de violaciones graves a derechos humanos, mientras que por otro persisten inercias y se agravan retrocesos presupuestales en materia de búsqueda de personas desaparecidas, crisis forense y atención a las víctimas, al tiempo que se consolida una política centralizada con un enfoque altamente militarizado”, señala el documento.
Menos recursos para las comisiones de búsqueda

La Comisión Nacional de Búsqueda, encargada de coordinar el Sistema Nacional de Búsqueda conforme a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, tendría en 2027 una asignación de mil 223 millones de pesos, 39 millones menos que en el ejercicio anterior.

Según Fundar, la disminución prolonga una tendencia de reducción de recursos que únicamente se interrumpió en dos ocasiones: en 2020, cuando el presupuesto aumentó 71.8% respecto de 2019, después de la creación de la Comisión, y en 2023, cuando creció 40.2% tras una reforma relevante a la Ley General.

Del recorte proyectado para 2027, aproximadamente 36 millones de pesos corresponden a la partida de Subsidios para las Comisiones Locales de Búsqueda, que tendría una disminución de 3.8%, para quedar en 889 millones de pesos.

La reducción afectaría los recursos federales que reciben las comisiones estatales para desarrollar sus tareas de búsqueda de personas con vida, localización de restos humanos, identificación forense y notificación a las familias.

La otra parte del ajuste corresponde a las actividades de búsqueda en casos federales a cargo de la CNB, que perderían alrededor de cuatro millones de pesos. En 2026, esta partida contó con 339 millones.
“Estos descensos presupuestarios son preocupantes por varias razones. Por un lado, porque contrasta con la narrativa de la asociación de las desapariciones a fenómenos criminales locales. Por otro lado, porque las Comisiones Locales de Búsqueda funcionan con base a esos subsidios, con los cuales deben operar la búsqueda en vida y forense, así como estrategias de identificación y notificación digna”, advierte Fundar.
La crisis forense y los recursos para identificar cuerpos

La reducción de los subsidios para las comisiones locales también tendría consecuencias en las actividades de identificación forense, en un contexto en el que organizaciones como Fundar y Documenta han estimado que existen al menos 79 mil cuerpos sin identificar bajo resguardo de fiscalías.

Parte de los recursos destinados a esas tareas proviene de los subsidios para las comisiones locales y del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (FASP), cuyo presupuesto para 2027 tendría un incremento de apenas 1%, equivalente a poco más de 99 millones de pesos.

Fundar considera que ese aumento resulta insuficiente para sostener una política nacional de identificación, debido a que el fondo financia distintas actividades de seguridad pública y no exclusivamente acciones forenses.

Los recursos programados “son claramente insuficientes para hablar de una apuesta por una política forense sostenida, puesto que dicho fondo no sólo atiende la materia forense y no es posible afirmar que la totalidad de esos recursos redundarán en estrategias de identificación”, sostiene el análisis.

En el ámbito federal, el documento identifica diferencias presupuestales entre las instituciones que participan en las tareas periciales.

El Centro Federal Pericial Forense (CFPF), dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR), tendría un incremento de 13.2% en sus recursos para 2027.

En contraste, la Unidad Médico-Forense (UMF), también adscrita a la FGR, enfrentaría una disminución presupuestal y contaría con ocho millones de pesos para operar, de acuerdo con las cifras presentadas por Fundar.

El análisis también señala falta de claridad sobre los recursos que se destinarán a la Plataforma Única de Identidad (PUI), una herramienta contemplada dentro de la política gubernamental para la búsqueda de personas.

La plataforma depende de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), encabezada por José Antonio Peña Merino, cuyo presupuesto aumentaría 322 millones de pesos en 2027, equivalentes a 8% respecto del año anterior.

Sin embargo, Fundar advierte que las asignaciones no permiten identificar cuánto dinero será utilizado específicamente para el funcionamiento de la plataforma.

Los recursos, señala la organización, “carecen de trazabilidad suficiente de los recursos para saber cuánto de este presupuesto será utilizado para el PUI”.

Aumentan fondos para investigar delitos, pero persisten diferencias

El análisis presupuestal también identifica incrementos para las fiscalías especializadas en la investigación de violaciones graves a derechos humanos.

La Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (FEMDH) de la FGR tendría un aumento de 9%, para alcanzar 546 millones de pesos.

En tanto, la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada (FEIDDF) recibiría un incremento de 64.4%, con una asignación de 45 millones de pesos.

Los recursos para la investigación de delitos de tortura aumentarían 53.6%, hasta alcanzar 34 millones de pesos.

No obstante, Fundar señala que esos incrementos deben analizarse frente a las asignaciones de otras áreas de investigación penal.

La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) tendría un presupuesto de 761.9 millones de pesos, tras recibir un aumento de 12.6%, equivalente a 85.3 millones.

De esta manera, los 45 millones de pesos destinados a la fiscalía especializada en desaparición forzada representarían únicamente 5.9% del presupuesto de la FEMDO.

Para Fundar, esta diferencia refleja inconsistencias con el carácter prioritario que debería tener la investigación de las desapariciones, particularmente cuando el propio gobierno federal ha vinculado estos delitos con la actuación de organizaciones criminales.

En esas condiciones, sostiene el organismo, las capacidades y los recursos destinados a investigar desapariciones y delincuencia organizada deberían guardar una mayor correspondencia.

Atención a víctimas, con un incremento limitado

Las diferencias entre las prioridades anunciadas por el gobierno federal y las asignaciones presupuestales también se observan en los recursos previstos para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Para 2027, la institución contaría con mil 230 millones de pesos, apenas 12 millones más que en 2026.

Del presupuesto total, 726 millones de pesos estarían destinados a medidas de ayuda, asistencia y atención a víctimas, un incremento de 8% respecto del ejercicio anterior.

Fundar contrasta este crecimiento con las últimas mediciones disponibles sobre el número de víctimas en México, que en noviembre de 2025 registraban un aumento anual de 22%.

La organización considera que la diferencia entre el crecimiento de la población que requiere atención y los recursos previstos para las instituciones encargadas de asistirla constituye otro de los problemas del proyecto presupuestal.

Guardia Nacional recibirá siete mil millones adicionales

Mientras las instituciones encargadas de la búsqueda de personas y la atención a víctimas enfrentarían reducciones o incrementos limitados, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 contempla aumentos para las dependencias federales de seguridad.

La Guardia Nacional recibiría siete mil 54 millones de pesos adicionales, equivalentes a un incremento de 28.9% respecto de 2026, para alcanzar un presupuesto total de 31 mil 487 millones de pesos.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, también registraría un aumento presupuestal de mil 972 millones de pesos, equivalente a 3.2%.

Según Fundar, este incremento revertiría la tendencia de reducción de recursos que la dependencia había registrado desde 2023.

En contraste, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados tendría un aumento de apenas 99 millones de pesos, equivalente a 1% respecto de 2026.

Para la organización, esta distribución consolida una política de seguridad centralizada y con un importante componente militar, al mismo tiempo que mantiene limitados los recursos para fortalecer las capacidades estatales de búsqueda e investigación.

El presupuesto, ante el escrutinio internacional

La revisión de los recursos destinados a enfrentar la crisis de desapariciones ocurre en vísperas del informe anual que el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de Naciones Unidas presentará el martes 20 de octubre en Nueva York.

En ese contexto se encuentra la solicitud del Comité al secretario general de la ONU, António Guterres, para que se examine la posibilidad de establecer mecanismos internacionales de asistencia frente a la situación de desapariciones en México.

El gobierno de Claudia Sheinbaum ha rechazado que en el país exista una política estatal de desapariciones forzadas y ha manifestado su oposición a una intervención internacional en los términos planteados por el Comité.

La posición del gobierno mexicano se desarrolla mientras el organismo internacional mantiene bajo examen la magnitud de la crisis y las medidas adoptadas por las autoridades para enfrentarla.

En su análisis del proyecto presupuestal, Fundar sostiene que las asignaciones previstas para 2027 deben evaluarse a partir de las necesidades de las instituciones responsables de investigar desapariciones, localizar personas, identificar cuerpos y atender a sus familiares.
“Una apuesta decidida por la verdad, la justicia y reparación sólo puede existir si la política pública en materia de seguridad, acceso a la justicia, búsqueda y crisis forense, así como la atención victimal son coherentes política y presupuestariamente”, señala la organización.
“El Paquete Económico 2027 muestra un divorcio entre la investigación en materia de derechos humanos, búsqueda de personas, crisis forense y políticas de seguridad local”, concluye Fundar.

Guardia Nacional, el cocinero chino de la seguridad

La policía militar de Morena es un boquete financiero irrelevante para el combate a la inseguridad en el país; sus objetivos y resultados representan nada para Baja California

“Ahí vienen los edecanes”, “ahí vienen para las fotos”, “ya llegaron los cazagoles”, son algunas de las frases con tinte despectivo que realizan algunos elementos de las diversas corporaciones, al concluir un operativo importante que se lleva a cabo en Baja California, ya sea de drogas o captura de algún objetivo medianamente relevante.

La tropa policial, bajo las sombras, se atreve a comentar lo que sus jefes y funcionarios de primer nivel no se atinan a declarar: la policía militar creada en el sexenio morenista anterior, no es relevante en el combate a la inseguridad.

La Guardia Nacional, el brazo armado ejecutor del Gobierno de México, pero sobre todo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es el símil de la Estela de Luz o el Cocinero Chino, un costoso ornato convertido en corporación de seguridad, puesto que pese a la gran cantidad de recursos que se le invierten (alrededor de 33 mil millones de pesos en 2025), sus resultados son altamente cuestionables y no soportan ningún análisis superficial.

El pasado mes de octubre, el Senado de la República avaló el informe de actividades 2024 de la Guardia Nacional, un documento de 100 hojas donde se desglosa la actividad general de la corporación, donde refieren todas las actividades de seguridad que llevan a cabo, desde el combate a la inseguridad hasta la custodia de personas y la vigilancia a patrimonios culturales y de la biósfera.

Durante el 2024, los 137 mil 716 elementos de la Guardia Nacional desplegados en todo México, han generado un total de 10 mil 069 detenciones por diversas faltas, de los cuales dos mil 704 fueron turnados al Ministerio Público Federal, dos mil 746 al fuero común y cuatro mil 619 se concretaron en faltas administrativas, es decir, no se identificaron como delitos; de los sujetos detenidos, un total de 174 se vincularon a actividades ligadas al robo de hidrocarburos.

Sin una referencia, la cifra podría considerarse destacada o relevante, pero para dimensionar cualquier dato es necesario hacer una comparación, y qué mejor que identificar las cifras de las corporaciones de seguridad de Baja California, una de las entidades con mayor incidencia delictiva del país.

El pasado mes de agosto, la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) capturó a 316 personas en Baja California por diversos delitos (ojo, delitos), por lo que, usando sólo este dato como referencia, habría detenido a tres mil 804 individuos. Es decir, una corporación que apenas ronda en los mil elementos capturó por delitos casi a la misma cantidad de individuos que la Guardia Nacional en todo el país, y contando con un estado de fuerza de 137 mil policías.

La Policía Municipal de Mexicali aprehende un promedio de 750 individuos por diversos delitos al mes, lo que representa un monto de nueve mil asegurados en el periodo de un año, contando con un estado de fuerza de mil 790 agentes.

La Fiscalía General del Estado, de enero a noviembre de este 2025, ha capturado a ocho mil 358 individuos con mandamientos judiciales, además de mil 974 cateos en toda la entidad, lo que quiere decir que sólo la corporación investigadora ha procesado a más personas que la Guardia Nacional en todo México.

Bien o mal, con carencias y limitantes; con resultados destacados y otros desastrosos, pero las corporaciones locales son las que sacan adelante el combate a la inseguridad, son los que han concretado los resultados tangibles para poder presumir la reducción de la incidencia delictiva que presume el Poder Ejecutivo Estatal.

Con datos cuestionables y que pueden ser altamente debatibles, pero las policías municipales, la estatal y la agencia investigadora, siguen siendo las instituciones que obtienen los resultados y, a diferencia de la Guardia Nacional, no se le invierten más de 30 mil millones de pesos al año.

¿De qué nos ha servido la Guardia Nacional en México y Baja California? Mientras que funcionarios de seguridad presumirán su coordinación con la Guardia Nacional y agradecerán su presencia en la mesa de seguridad, la realidad es que son los espantapájaros de la seguridad. Son adornos policiales, monumentos huecos como el Cocinero Chino o la Estela de Luz: grandes, costosos, pero absolutamente inoperantes.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: EDUARDO VILLA.

Exigen justicia por militar fallecida en cuartel de la GN; había denunciado acoso sexual

Stephany Carmona Rojas, elemento de la Guardia Nacional en Acapulco, falleció dentro del cuartel donde trabajaba. Denunció acoso y amenazas por parte de sus propios compañeros.

Stephany Carmona Rojas, originaria de Ajalpan, Puebla, fue encontrada muerta dentro del 51 Batallón de la Guardia Nacional en Acapulco, Guerrero.

La joven de 19 años había denunciado acoso y amenazas por parte de compañeros de la misma corporación, incluso advirtiendo que podría ser arrestada si persistía en su denuncia.

Según la versión oficial, la causa de la muerte ocurrió durante una práctica de tiro, pero sus padres desmienten esta afirmación y denuncian un posible encubrimiento. La familia clama justicia y que el caso no quede impune.

Stephany relató a una amiga, en conversaciones por Messenger, el hostigamiento que vivía dentro de la Guardia Nacional. Poco después, fue presuntamente asesinada con dos disparos en la cabeza dentro del cuartel.

El presunto homicida es Yair Manuel “N”, segundo sargento de la misma corporación, quien hasta ahora se encuentra prófugo.

En una conversación compartida entre elementos de la Guardia Nacional señala:
“Hay que localizar a esta persona y detenerla. Está prófugo, acaba de lesionar a alguien, búsquenlo y donde lo vean, deténganlo e informen de inmediato, por ser presunto responsable del delito de lesiones.”
Hasta el momento, la Guardia Nacional no ha emitido algún pronunciamiento oficial. Por su parte, el Ayuntamiento de Ajalpan exigió justicia, respaldando la exigencia de la familia para que se investigue el caso a fondo.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Aprueban reforma para que Senado ratifique a mandos de la Guardia Nacional

La oposición acusó que este dictamen es resultado de una omisión en la reforma que constitucionalizó la militarización de la Guardia Nacional.

En sesión vespertina, los diputados oficialistas aprobaron la reforma que establece que la Cámara alta ratifique los nombramientos de las personas con la jerarquía de coronel y demás con categoría de jefes superiores de la Guardia Nacional (GN) propuestos por el o la titular del Ejecutivo. 

Los diputados aprobaron en lo general y en lo particular por 348 votos a favor y 98 en contra la iniciativa que reforma los artículos 76 y 78 de la Constitución en materia de ratificación de grados superiores de la Guardia Nacional, la cual busca la armonización con la reforma Constitucional en materia de GN aprobada el 30 de septiembre del 2024.

La reforma también establece lenguaje inclusivo en su redacción de los artículos 76 y 78 de la Constitución en materia de ratificación de grados superiores de la Guardia Nacional. La reforma será enviada a los estados y se busca sea aprobada en al menos 17 de estos para que sea constitucional. 

Oposición acusa pifias legales y ratificación de la militarización

La diputada del PAN, Noemí Luna, afirmó que, con esta reforma, los diputados oficialistas solucionan pifias legislativas, sin embargo, no así con las instituciones como la Guardia Nacional, por ello, afirmó que votaran en contra.    

“Las pifias legislativas se pueden solucionar. Lo que lamentablemente no tiene solución, y por eso en el Partido Acción Nacional vamos a votar en contra, es el gravísimo daño que ustedes le están haciendo a todas las instituciones, incluyendo al Ejército Mexicano y la confianza ciudadana. Dicen que introducen los contrapesos y que la ratificación es un mecanismo de control. Control, contrapesos y rendición de cuentas son mecanismos que ustedes no conocen”, detalló.  

Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Claudia Ruiz Massieu, resaltó que este dictamen es resultado de una omisión en la reforma que constitucionalizó la militarización de la Guardia Nacional, así que afirmó que respaldarlo implicaría respaldar la esencia misma de aquella reforma. 

“No es un simple acto de armonización, es el reconocimiento constitucional expreso de la existencia de una nueva corporación de las Fuerzas Armadas. Con mando con integrantes, con formación, con fuero y con un sistema de ascensos militar. 

“Sí hay una omisión, producto de las prisas y el desaseo, sí falta armonizar, porque en su prisa dejaron descobijados a los mandos de la Guardia Nacional. Pero no nos dejemos engañar, esta propuesta no fortalece el control parlamentario del Senado sobre la Guardia Nacional. Lo que hace es seguir legitimando la militarización de la seguridad pública”, enfatizó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CORTÉS.

Detienen a “El Pantera” por estar vinculado con la desaparición de dos agentes de la GN en Tijuana

La FGE informó que está detenido e investigado a “El Pantera”; los agentes tienen 15 días desaparecidos.

Dos agentes de la Guardia Nacional cumplieron 15 días de desaparecidos en el municipio de Tijuana, luego de haber sido vistos por última vez en el interior de un bar donde sostuvieron una discusión con un presunto generador de violencia apodado “El Pantera” y otros individuos.  

La fiscalía general del Estado de Baja California (FGE), Ma. Elena Andrade Ramírez, informó este lunes en rueda de prensa que tienen detenido a un sospechoso, pero no refirió que hayan encontrado los cuerpos.

Conforme a la ficha de búsqueda, se trata de José Luis Villaseca Rodríguez, de 40 años de edad, y Omar Eliseo Alonso Padilla, de 35 años de edad, quienes se mantienen en calidad de desaparecidos desde el pasado 30 de agosto. 

Según los datos, acudieron al bar “Los dos amigos”, en la colonia Nueva Tijuana, en donde estaban con otros civiles. 

Ambos miden 1.73 metros de altura y estaban adscritos a la base ubicada en Otay, en dicha ciudad fronteriza; José Luis llevaba pantalón de mezclilla y camiseta beige clara, mientras que Omar Eliseo vestía pantalón de mezclilla azul y camiseta negra, esta última con franjas blancas en los hombros.  

La fiscal general del Estado de Baja California (FGE), Ma. Elena Andrade Ramírez, informó este lunes 15 de septiembre en rueda de prensa que comenzaron a indagar el paradero de los elementos al no presentarse a sus labores tras pasar su día franco. 

Para esto abrieron una carpeta de investigación por desaparición forzada cometida por particulares, además de que han recabado evidencias al interior del bar, recopilando testimonios, seguimiento a las cámaras de C5, e indagando un lugar al que podrían haberlos llevado y donde han hecho varios operativos con las fuerzas armadas.  

“Seguimos todavía en la búsqueda… estableciendo además que, en dicho bar, llevaron a cabo una discusión con el de nombre Felipe ‘N’, alias El Pantera, persona que está considerada como un generador de violencia de la cual ya tenía búsqueda por diversas autoridades”, detalló Andrade Ramírez.  

Agregó que El Pantera pudo haber participado en otros hechos delictivos de alto impacto, además de estar relacionado a casos de armas y droga. 
“Lamentablemente estos agentes tienen una convivencia con él, y otros acompañantes. Hay evidencias de que sostuvieron una discusión con ellos. Finalmente, al parecer, fingieron haber limado asperezas, invitándolos a acudir, a seguir el convivio, en otro lugar. Al parecer un domicilio particular, a lo que ellos acceden”, detalló.  
La fiscal general refirió que cuentan con evidencia de que los guardias abordaron un vehículo por su cuenta, junto con El Pantera y sus acompañantes.

Tras toda la evidencia recabada, testimonios e inspecciones, prosiguió, lograron establecer la participación de Felipe ‘N’ en la desaparición de dichos elementos.  
“A la fecha esta persona se encuentra tras las rejas. Está relacionado con el control de narcomenudeo y delitos de trasiego de drogas en la zona de Otay y otros puntos en Tijuana. Seguimos en la búsqueda de los elementos de la Guardia Nacional”, puntualizó la fiscal general.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: BENJAMÍN PACHECO.

FGE: discusión con el “Pantera” en un bar sería el móvil de la desaparición de agentes de la GN

La principal línea de investigación tras la desaparición de dos agentes de la Guardia Nacional en la colonia Nueva Tijuana sería una discusión con el hoy detenido Felipe N, alias “El Pantera”, al interior del billar “Los dos amigos”, por lo que habrían sido privados de la libertad como represalia.
“Estaban en un convivio, al parecer no se conocían antes. Según la información preliminar, coincidieron en el centro de convivio donde hubo una discusión y posteriormente las personas que se los llevaron o que los invitaron trataron de limar asperezas y parecía que iba a ser una convivencia amigable; sin embargo, dado la discusión que tuvieron, era para tomar represalias”, narró la fiscal general del Estado, Ma. Elena Andrade Ramírez.
Fue el pasado 30 de agosto de 2025 cuando los agentes José Luis Villaseca Rodríguez, de 40 años de edad, y Omar Eliseo Alonso Padilla, de 35 años de edad, fueron vistos por última vez en el lugar mencionado, ubicado en Otay. Pero, tras la falta de asistencia a sus servicios y de comunicación con su familia, la ficha de búsqueda fue emitida el 3 de septiembre.

Tras fingir “limar asperezas”, los agentes de la Guardia Nacional fueron invitados a continuar la conversación, al parecer en un domicilio particular, por lo que abordaron un vehículo, del cual se logró identificar la ruta tras el seguimiento de las cámaras de C5, abundó la fiscal.

En el desarrollo de las investigaciones, que incluyó testimonios y el seguimiento de diversas cámaras de C5, de comercios y domicilios, se estableció la participación de Felipe N, alias “El Pantera”, en el hecho, quien ya era buscado por el delito de narcomenudeo y el trasiego de drogas en la zona de Otay por diversas autoridades.

Al contar con la información suficiente, se desplegó un operativo en la zona, realizando diversos cateos en puntos estratégicos, en donde, aunque no se había logrado dar con el responsable, se localizaron armas y droga que lo vinculaban nuevamente a otros delitos.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: MARA YAÑEZ.

Guanajuato: Investigan presunta participación de GN en asesinato de niño

La presunta agresión de guardias nacionales contra una familia ocurrió tras una persecución al no frenar en un retén.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que abrió una carpeta de investigación por los hechos ocurridos en la comunidad de San Antonio de Morales, en el municipio de Juventino Rosas, donde fue localizado el cuerpo de un masculino, sin especificar su edad.

De acuerdo con la institución, hasta el momento no existen elementos que permitan confirmar la intervención de agentes federales en el caso.

“Con base en las primeras diligencias, así como en el análisis de imágenes y demás indicios recabados hasta el momento, no se puede afirmar la participación de elementos de la Guardia Nacional en estos hechos”, precisó en un comunicado.

Las autoridades estatales señalaron además que se mantiene la búsqueda de personas lesionadas, ya que los primeros reportes apuntan a que habrían sido trasladadas por civiles después de lo ocurrido.

“La Fiscalía trabaja de forma coordinada con las autoridades correspondientes para esclarecer lo sucedido y dar con el paradero de los lesionados y posibles responsables”, indicó la dependencia.

Finalmente, el organismo aseguró que cualquier avance en la investigación será dado a conocer “con oportunidad, en estricto apego a la ley y al respeto de los derechos de las víctimas”.

Sobre el suceso, reportes preliminares refieren que un niño de 13 años murió; además, su hermano, también menor de edad, y su padre resultaron lesionados tras una persecución registrada en la comunidad de San Antonio de Morales, en Juventino Rosas.

Según estos primeros reportes, elementos de la Guardia Nacional marcaron el alto a la camioneta en la que circulaba la familia por el acceso principal de la comunidad, pero el conductor no detuvo la marcha y aceleró, lo que aparentemente provocó la persecución.

Testigos refirieron que los federales abrieron fuego hacia la camioneta donde viajaban y que tras el suceso falleció el niño, mientras que las otras dos personas fueron movilizadas del lugar sin que sepa de su paradero.

Medios locales refieren que al lugar acudió el alcalde de Juventino Rosas, Fidel Ruíz Ramírez, alertado por vecinos y refirió que no es la primera vez que se involucra a la Guardia Nacional En este tipo de asuntos contra la población.

“No es la primera vez que me reportan estos hechos y precisamente ya hablé con la Fiscalía General del Estado y me decían que el conductor de la unidad y padre de los menores se encontraba retenido y vengo a ver con la Fiscalía el porqué, o por qué fue la agresión que cobró la vida de un menor y que ya tiene harto tanto a mí como autoridad y a las autoridades”.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Aumentan 18.3 % enfrentamientos con Guardia Nacional y policías estatales en 2024; Tamaulipas y Veracruz lideran en casos

El Inegi destacó que en particular para la Guardia Nacional la mayor cantidad de agresiones y enfrentamientos se presentó en Michoacán -estado gobernado por el morenista Alfredo Ramírez Bedolla- con 42 casos.

En 2024 se registraron mil 39 enfrentamientos y agresiones en los que participaron elementos de la Guardia Nacional y personal de las instituciones de seguridad pública estatales, lo que representó un aumento de 18.3 % respecto al año anterior, cuando hubo 878 casos, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Veracruz y Tamaulipas, estados gobernados por los morenistas Rocío Nahle y Américo Villarreal, respectivamente, fueron las entidades con el mayor número de enfrentamientos y agresiones reportadas, con 388. De ese total, en 19 hechos participó la Guardia Nacional, mientras que en 369 estuvieron involucrados elementos estatales en ambos estados.

Los estados que siguieron en la lista con mayores enfrentamientos y agresiones registradas contra elementos de seguridad son Chiapas con 136, Zacatecas con 85, Nuevo León con 57, Michoacán con 55, Guerrero con 54, además de Jalisco y San Luis Potosí con 33 casos, cada uno.

En su informe sobre el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal (CNSPFE), el organismo destacó que en particular para la Guardia Nacional la mayor cantidad de agresiones se presentó en Michoacán -estado gobernado por Alfredo Ramírez Bedolla- con 42 casos.


De acuerdo con el censo, en 2024 se registraron 430 mil 196 puestas a disposición de personas ante autoridades, de estas 9 mil 777 fueron llevadas a cabo por la Guardia Nacional y 420 por las policías estatales. Esta cifra representó una disminución de 8.5 % frente al año previo.

En cuanto a la autoridad ante la cual se realizaron las puestas a disposición, 65.9 % fue ante la autoridad de Justicia Cívica y 34.1 %, ante el Ministerio Público, detalló el Inegi,

Gastan más

El Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal mostró que en 2024, la Guardia Nacional y las policías estatales ejercieron un presupuesto de 133 mil 168 millones 727 mil pesos, de los cuales el 26 % correspondió a la corporación creada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y 74 % a las instituciones estatales.

Respecto a 2023, el presupuesto de la Guardia Nacional se incrementó 35.2 %, en tanto, el gasto de las instituciones de seguridad pública estatales -sin considerar a la Ciudad de México- creció 11.7 %. A nivel estatal, el Estado de México concentró un 17.2 % del presupuesto total con 16 mil 966 millones de pesos.

En junio pasado, la Cámara de Diputados aprobó una reforma en materia de Guardia Nacional para autorizar que esta institución tenga una estructura similar a la del Ejército, para que sus integrantes puedan competir por cargos públicos, y puedan realizar operaciones encubiertas y de usuarios simulados.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: CARLOS E. MARTÍNEZ.

Denuncian penalmente a un promedio de dos integrantes de la Guardia Nacional diariamente en 2024

En 2024, 749 integrantes de la principal corporación encargada de la seguridad pública en México fueron denunciados penalmente, de acuerdo con un informe de la propia Guardia Nacional.

Durante 2024, en promedio se presentaron dos denuncias diarias contra elementos de la Guardia Nacional por presuntos delitos relacionados con sus funciones de seguridad pública.

La Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Nacional presentó 286 denuncias penales en contra de 749 integrantes de esta fuerza de seguridad, por la probable comisión de algún delito en el ejercicio de sus funciones.

Las denuncias contra los elementos de la Guardia Nacional están contenidas en el Informe Anual de Actividades de la fuerza de seguridad, entregado al Senado de la República como parte de las obligaciones. La fuerza subordinada a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no precisa de qué delitos se trata. Tampoco cuenta con información sobre cuántos de estos agentes han sido sancionados penalmente por delitos realizados durante sus funciones.

Las denuncias penales contrastan con lo que reporta la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que en ese año emitió una sola recomendación por violaciones graves a derechos humanos, pero derivada de hechos ocurridos en 2023.

La CNDH determinó que elementos de la GN y del Ejército cometieron violaciones graves a los derechos humanos por tortura y por no garantizar el interés superior de la niñez en contra de dos menores de edad en San Luis Río Colorado, Sonora. 

Respecto a las acciones realizadas en 2024, el organismo de derechos humanos no emitió ninguna recomendación en contra de la Guardia Nacional. No obstante recibió 409 quejas por violación de derechos humanos. La Comisión determinó que la corporación no tuvo responsabilidad en 171 de los casos, mientras que 238 todavía están en proceso de investigación.

Las pocas recomendaciones de la CNDH hacia la Guardia Nacional han sido una de las principales críticas desde la primera gestión de la titular del organismo, reelegida en esta Legislatura por la mayoría del Senado.

Piedra Ibarra defendió en noviembre pasado que desde 2019, de los mil 899 expedientes que involucran a la Guardia Nacional, se han resuelto mil 624, es decir el 85 %. Los derechos más frecuentes vulnerados, añadió la funcionaria, no son por violaciones graves sino a la seguridad jurídica, la legalidad a la integridad y al trato digno.

La Constitución y la nueva ley recientemente aprobada por el Congreso señalan que los elementos de la Guardia Nacional tienen fuero de guerra para delitos y faltas concernientes a la disciplina militar. Sin embargo, si cometen un delito dentro de sus funciones de seguridad pública, como los reportados en las denuncias penales, se les juzgará bajo la justicia civil.

Guardia Nacional remueve a 22 elementos por indisciplina

En el último año, la Guardia Nacional removió a 22 elementos por indisciplina. Sin dar detalles, la corporación señala que 13 de ellos consumieron dentro o fuera de servicio drogas o sustancias ilegales, y dos de ellos consumieron bebidas embriagantes dentro de las instalaciones de seguridad o se presentaron bajo efectos etílicos a sus funciones.

Además, dos elementos no se condujeron con apego al orden jurídico y respeto a los derechos humanos; dos más realizaron actos relacionados con corrupción; dos fueron removidos por no fomentar la disciplina y profesionalismo en sí mismo o en el personal bajo su mando, y  uno incumplió  órdenes específicas.

La Guardia Nacional reporta también la suspensión temporal de 24 elementos. Tres de ellos incumplieron la ley y no respetaron los derechos humanos; nueve no fomentaron la disciplina y profesionalismo en sí mismos o en el personal bajo su mando; seis por consumo de bebidas alcohólicas en las instalaciones o presentarse a trabajar bajo efectos etílicos; tres consumieron drogas ilegales; uno utilizó fuerza desproporcionada en sus labores; otro por conductas que desacreditan la imagen de la Guardia Nacional y un elemento más fue suspendido por sustraer, ocultar, alterar o dañar información.

Bajas por indisciplina en la Guardia Nacional

La Guardia Nacional reporta que en el último año, respondieron a 262 ataques en los que murieron 126 personas civiles y 26 elementos de la corporación. 

El informe señala que en 2024, la Guardia Nacional detuvo a 10 mil 69 personas, de las cuales 2 mil 704 fueron puestas a disposición del ministerio público federal, 2 mil 746 al ministerio público del fuero común y 4 mil 619 que cometieron faltas administrativas.

Además del aseguramiento de vehículos, hidrocarburos, armas, sustancias ilícitas, divisas y equipo táctico.

Guardia Nacional: derechos humanos y estructura militar

El informe destaca que la Guardia Nacional capacitó y profesionalizó a 78 mil 15 de sus integrantes, con 2 mil 613 actividades académicas de formación inicial, formación continua, educación formal y certificación de competencias profesionales.

De forma complementaria, la Guardia Nacional colaboró con dependencias y organizaciones nacionales defensoras de los derechos humanos a través de 704 cursos para 18 mil 583 elementos, con la finalidad “de fomentar el respeto, la protección, la promoción y difusión de los derechos humanos”.

La Guardia mantiene un nivel de confianza ciudadano de 76.6 % entre la población mayor de 18 años en México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, por arriba de las policías estatales y debajo del Ejército, la Fuerza Armada y la Marina.

La Guardia Nacional fue creada en 2019 como una fuerza de mando civil para realizar labores de seguridad pública ante la extinción de la Policía Federal. Sin embargo, en septiembre de 2024, el Congreso incorporó a la propia corporación bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, derivado de una iniciativa del expresidente Andrés Manuel López Obrador.


El pasado 30 de junio, en el sexto aniversario de la creación de la Guardia Nacional, el Congreso formalizó su estructura militarizada y le otorgó nuevas facultades, entre ellas su participación en labores de inteligencia, operaciones encubiertas y como usuarios simulados, para la investigación preventiva del delito. Una de las principales críticas de activistas y legisladores opositores ante esas medidas es la participación de un cuerpo de la Sedena como principal ejecutor de las tareas de seguridad pública en todo el país.

En este lapso, 26 elementos de la Guardia Nacional murieron mientras realizaban tareas de seguridad pública.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ANDRO AQUILAR.

Más homicidios, más desapariciones, menos detenciones... un fracaso llamado Guardia Nacional

Los índices de capturas, decomisos de droga y contención de la violencia de la GN (creada por AMLO en 2019) exhiben una corporación ineficiente; pese a ello, el gobierno de la 4T amplía sus atribuciones y permitirá a sus mandos militares actuar en política.

El coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, Ernesto López Portillo, asegura que, “sin lugar a duda”, ha sido “un fracaso” la Guardia Nacional, creada en 2019 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador “para recuperar la seguridad del pueblo mexicano”.

Esa corporación militarizada, explica, no sólo falló en su propósito de recuperar la seguridad de los mexicanos, sino que en sus seis años de funcionamiento México se convirtió en un país más inseguro en el cual la violencia, el portafolio de negocios lícitos e ilícitos de los cárteles y los vínculos entre políticos y el crimen organizado se incrementaron como nunca.

Y eso ocurrió, destaca el académico, porque la Guardia Nacional (GN) es el eje “de un modelo de seguridad pública obsoleto”, que pone énfasis en el uso de la fuerza y cuya premisa es la militarización de la función policiaca.

Pese a ello, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley de la Guardia Nacional que faculta a esa corporación militarizada a intervenir comunicaciones privadas y realizar operaciones encubiertas. Además, habilita a los militares de ese cuerpo a postulares a cargos de elección popular y a desempeñar cargos públicos civiles. 

Esta ampliación de facultades parece un premio por buen desempeño, pero los datos duros muestran todo lo contrario. El estudio “México: Seguridad Ciudadana y Democracia” del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero, presentado hace unos días por Ernesto López Portillo, concluye que los resultados de la GN han sido “limitados y opacos”.

En promedio, cada uno de sus 130 mil elementos realiza únicamente 0.071 detenciones al año, una cifra 22 veces menor a las 1.6 captura de presuntos delincuentes que, en promedio, registran las policías estatales anualmente, revela la investigación.

Si se compara el raquítico índice de capturas de la GN con el de corporaciones de otros países con estructura, objetivos y funciones similares, como la Policía Nacional de Colombia, también se advierte un contraste abismal: los policías colombianos, que tienen jurisdicción en todo el territorio, detienen cada año en promedio a 1.2 presuntos delincuentes, 16 veces más que los guardias nacionales mexicanos.

Una explicación a estos datos tan contrastantes es que, en Colombia, pese a que el gobierno del presidente Gustavo Petro desarrolla diálogos de paz con la guerrilla del ELN, las disidencias de las FARC y grupos criminales, como el Clan del Golfo y La Oficina, no hay política de “abrazos, no balazos”. Y en México sí la hubo durante el sexenio de López Obrador.

En ese contexto, dice López Portillo, la Guardia Nacional se convirtió en una imagen y un “espejismo de seguridad” y en parte de la narrativa triunfalista del exmandatario, pero nunca ha sido una solución operativa al problema de inseguridad.

En enero de 2024 el entonces presidente López Obrador llegó a decir que México era “un país pacífico”, aunque se trató de un año en el que se padeció el proceso electoral más violento desde que se tiene registro, con 189 candidatos, políticos y funcionarios públicos asesinados. 

En contraste, el Índice de Conflictos 2024 de la iniciativa global de Datos y Ubicación de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés) ubicó a México como el país sin una guerra regular más peligroso y violento del mundo.

De acuerdo con López Portillo, la GN es incapaz de responder al desafío de abatir los altos niveles de violencia en México porque tiene “una falla estructural enorme”: sus integrantes no han desarrollado competencias adecuadas en dos grandes niveles: la prevención, que es sobre todo trabajar con las comunidades, con el barrio; y el control, que es la parte de investigación de los delitos.

Más evidencias del descalabro

Otro dato sobre el desempeño de la GN es el de los homicidios, el principal indicador de violencia en un país. El 30 de junio de 2019, hace justamente seis años, al dar el banderazo de salida a esa institución policiaca militarizada, López Obrador dijo: “Vamos a entregar pronto buenas cuentas al pueblo de México”. Pero eso no ocurrió. Los asesinatos aumentaron 23% ese sexenio respecto del anterior, el de Enrique Peña.

Durante el gobierno de López Obrador, entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de septiembre de 2024, se registraron 193 mil 377 homicidios en México, 36 mil 219 más que en el sexenio de Peña (2012-2018) y un 59% más que en la administración de Felipe Calderón (2006-2012), quien comenzó el proceso de militarización de los organismos de seguridad pública.

Hasta 2006 la tasa de homicidios mostraba una tendencia a la baja. Ese año cerró con 9.6 homicidios por cada 100 mil habitantes. En 2023, el último año completo del gobierno de López Obrador, la tasa fue de 23.9 homicidios por cada 100 mil habitantes. 

De acuerdo con el estudio “México: Seguridad Ciudadana y Democracia”, del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero, esa cifra no refleja plenamente la dimensión de la violencia que vive México, ya que excluye un número indeterminado de desaparecidos, cuyos restos han sido hallados en fosas clandestinas. 

Con López Obrador y su modelo de seguridad hipermilitarizado, y basado en la Guardia Nacional, se registraron 51 mil 387 desapariciones en México, 57% más que en el sexenio de Peña Nieto y tres veces más que en el gobierno de Calderón, según cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda.

Para López Portillo, los mismos datos oficiales demuestran que la apuesta de la Guardia Nacional –integrada por efectivos del Ejército en 77% de los casos y de la Marina en 10%– no logó reducir, como prometió López Obrador, los niveles de violencia en México.

Resultados magros; aprobación alta

El estudio “México: Seguridad Ciudadana y Democracia” señala que, pese a sus deficiencias, la GN mantiene altos niveles de aprobación ciudadana (77.2%), lo que puede relacionarse con la confianza en las Fuerzas Armadas (86.7% en la Marina y 84.3% en el Ejército), aunque ese respaldo contrasta con su historial en materia de derechos humanos. 

De acuerdo con el trabajo, entre diciembre de 2018 y julio de 2024 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió mil 934 quejas contra la GN, incluyendo 183 por detenciones arbitrarias. 

Eso indica que la militarización en el país “ha estado marcada por la violación de los derechos humanos, la falta de controles civiles y el debilitamiento de las capacidades civiles de seguridad”, indica el estudio del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero.

Y sostiene que “la militarización, lejos de ser una solución, se ha convertido en parte del problema”.

Otro dato que ilustra la baja efectividad de la Guardia Nacional es su limitada participación en los decomisos de drogas. En 2023, por ejemplo, incautó dos toneladas de cocaína y 1.6 toneladas de metanfetaminas, mientras que la Armada aseguró 48 toneladas de cocaína y 367 toneladas de metanfetaminas. 

Ese mismo año la GN decomisó 211 kilogramos de fentanilo y el Ejército incautó mil 499 kilogramos de ese opioide sintético.

Cultura de la opacidad

Ernesto López Portillo advierte que un problema recurrente de la Guardia Nacional es que, al igual que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a la cual está adscrita desde septiembre del año pasado, no rinde cuentas a nadie.

El Congreso, expone, debería ser un contrapeso y fiscalizar sus actuaciones, pero la mayoría de Morena y sus aliados en el Legislativo impide que eso ocurra. 
Nadie –alerta– se atreve a cuestionar nada a los generales y a los almirantes que dirigen la Guardia Nacional.  
Y considera que esa opacidad se acentuará con la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia (INAI), que en el pasado permitió que se transparentara información que los militares nunca habían querido revelar, como la tasa de letalidad de las Fuerzas Armadas.

Sin fiscalización del Congreso y sin el INAI “nos vamos a quedar sin respuestas a muchas preguntas, ustedes como periodistas y nosotros como academia y sociedad civil”, agrega.

Tan relevante es el tema de la opacidad militar, indica el abogado, que el Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero considera “indispensable” incluir la figura de supervisión externa en la nueva ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública que se procesa en el Legislativo.

La supervisión externa a los organismos de seguridad es “clave y estratégica porque necesitamos control y fiscalización” sobre lo que hacen estas corporaciones militarizadas que se caracterizan por su falta de transparencia, plantea López Portillo.

Una pregunta que se ha hecho en estos días el experto en seguridad es por qué el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum quiere dar más facultades a la Guardia Nacional, pese a sus pobres resultados operativos, y al mismo tiempo busca ampliar las facultades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Según el Reglamento Interior de la SSPC que expidió la presidenta el 24 de junio último, la secretaría a cargo de Omar García Harfuch coordinará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y tendrá funciones operativas en áreas en las que las que la Guardia Nacional se ha caracterizado por su ineficacia.

El nuevo reglamento, por ejemplo, prevé la creación de tres subsecretarías en la SSPC: la de Inteligencia e Investigación Policial, Política Criminal, Vinculación y Protección Civil y la de Prevención de las Violencias, además de 14 unidades especializadas y 53 direcciones generales enfocadas en delincuencia organizada, extorsión y secuestro, delitos transnacionales e investigaciones cibernéticas.

Una capacidad de esa envergadura haría de la SSPC, en los hechos, una policía nacional, aunque de carácter civil, no militar, como la Guardia Nacional, y parece ser la fórmula de Sheinbaum para enfrentar la inseguridad pública sin tocar a la ineficaz corporación militarizada que le heredó López Obrador.

Las preguntas, entonces, son: qué va a hacer la Guardia Nacional, qué va a hacer la SSPC del civil García Harfuch (el hombre de confianza de Sheinbaum para enfrentar la inseguridad), quién coordinará en el terreno las operaciones contra el crimen organizado, y qué tan profundas serán las fricciones entre civiles y militares a la hora de tomar decisiones.

López Portillo señala que “las preguntas que no podemos responder son muchas, pero lo que sí podemos saber es que no hay ningún medio institucional de contrapeso para la rendición de cuentas de la Guardia Nacional y eso es precisamente lo que no nos permite verificar y tener respuestas a esas preguntas”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: RAFAEL CRODA.

Organizaciones rechazan paquete legislativo que legaliza vigilancia del Estado

Diversas organizaciones rechazaron el paquete legislativo aprobado el 24 y 25 de junio por la Cámara de Diputados, que amplía las facultades de vigilancia del Estado mexicano sin controles ni transparencia.

Las reformas permiten a las Fuerzas Armadas y al Centro Nacional de Inteligencia acceder a datos personales, geolocalización y bases de datos públicas y privadas sin autorización judicial ni mecanismos efectivos de rendición de cuentas.

Las organizaciones advierten que estas medidas consolidan un sistema de monitoreo estatal que vulnera derechos fundamentales como la privacidad, la libertad de expresión y el debido proceso.

En su posicionamiento, las organizaciones hicieron un llamado urgente al Senado de la República y al Congreso en su conjunto a frenar el avance de estas reformas, que calificaron como una amenaza directa al Estado democrático de derecho.

COMUNICADO:



FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Senadores “4t” avalan la militarización de la Guardia Nacional y la seguridad pública

El Pleno del Senado aprobó, en lo general, el 24 de junio de 2025 -con 75 votos a favor, los grupos legislativos de los partidos Morena, Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT)-, el dictamen que creó una nueva Ley de la Guardia Nacional (GN), y modificó ocho ordenamientos, siete de ellos militares, para que sus integrantes asumieran tareas de seguridad pública y defensa exterior en el país, además de que transfirió el mando operativo y administrativo a la Secretaria de la Defensa Nacional (DEFENSA).

Los 34 sufragios en contra fueron emitidos por los senadores de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC). Además, hubo cero abstenciones. Tras ello, los legisladores comenzaron la discusión de reservas al proyecto, en el que se perfilaba la aprobación de tres cambios, uno que presentaría el PVEM y dos de Morena.

Después, con 75 votos a favor y 32 sufragios en contra, el Pleno del Senado de la República aprobó en lo particular y los artículos reservados en los términos del dictamen que crearon la Ley de la Guardia Nacional y reforma diversas leyes, en materia de seguridad.

El 27 de junio de 2025, la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU-DH) en México, alertó que ls facultades de inteligencia que serían otorgadas a la Guardia Nacional para procesar información, ponían en riesgo la privacidad de los ciudadanos.

“Preocupan las facultades que se darían al Ejército para procesar información de inteligencia, así como otras disposiciones que, sin las salvaguardas adecuadas, pondrían en riesgo el derecho a la privacidad”, publicó la ONU-DH México, en su cuenta de la red social X.

“Manifestamos preocupación ante las propuestas de nueva Ley de la #GuardiaNacional y de reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública que aborda el Congreso”, agregó la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en México.

La ONU-DH expuso que la seguridad pública debía ser una responsabilidad de las autoridades civiles, estar sujeta a controles democráticos, ser objeto de una amplia deliberación pública, además de realizarse con pleno respeto y observancia de los derechos humanos.

Tras una discusión de cuatro horas con 35 minutos, el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprobó en lo general, el 24 de junio de 2025 -con 349 votos a favor, los grupos legislativos de los partidos Morena, PVEM y del PT-, el dictamen que creó una nueva Ley de la Guardia Nacional, y modificó ocho ordenamientos, siete de ellos militares, para que sus integrantes asumieran tareas de seguridad pública y defensa exterior en el país, además de que transfirió el mando operativo y administrativo a la DEFENSA.

Los 132 sufragios en contra fueron emitidos por los diputados federales de los partidos PAN, PRI y MC. Además, hubo cero abstenciones. Tras ello, los legisladores comenzaron la discusión de reservas al proyecto, en el que se perfilaba la aprobación de tres cambios, uno que presentaría el PVEM y dos de Morena.

La propuesta fue enviada, el 9 de junio de 2025, por la titular del Poder Ejecutivo Federal a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y fue turnada a San Lázaro, dos días después. La Comisión de Justicia de la Cámara Baja la dictaminó el día 18 del mismo mes y año.

En su fundamentación del dictamen, el presidente de la Comisión de Justicia de San Lázaro, Julio César Moreno Rivera, aseguró que con la iniciativa que envió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, “los ciudadanos tendremos una corporación de seguridad pública transexenal, fuerte, profesional y permanente”.

“La formación y el desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional se regirán por una doctrina policial civil fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos y al imperio de la ley”, destacó el diputado federal de Morena.

La iniciativa planteó, por ejemplo, que la Guardia Nacional estaría integrada por personal militar con formación policial, mientras que su titular, quien ostentaría la jerarquía de General de División, sería nombrado por el presidente de la República en turno, a propuesta del titular de la DEFENSA y los grados de sus integrantes serían homólogos a los del Ejército.

El proyecto agregó que el personal de dicha institución se sujetaría a la jurisdicción penal militar y al fuero de guerra, además de que actuaría en todos los lugares, zonas o espacios del territorio nacional sujetos a la jurisdicción federal y en instalaciones estratégicas.

La reforma también autorizó que, bajo la conducción del Ministerio Público, la Guardia Nacional realizara operaciones encubiertas y de usuarios simulados para prevenir delitos, así como verificaciones para la prevención de infracciones.

Además, la iniciativa facultó a la Guardia Nacional, solicitar a concesionarios y permisionarios de telefonía móvil información de usuarios, incluida la georreferenciación de los equipos en tiempo real y para realizar intervenciones telefónicas privadas, previa autorización de un juez.

“Solicitar por escrito y bajo el mando y conducción del Ministerio Público, en los términos del artículo 16 Constitucional, a los concesionarios, permisionarios, operadoras telefónicas y todas aquellas comercializadoras de servicios en materia de telecomunicaciones o de sistemas de comunicación vía satélite, la información con que cuenten, así como la georreferenciación de los equipos de comunicación móvil en tiempo real, para el cumplimiento de sus fines de prevención de los delitos”, planteó el dictamen.

Asimismo, según el artículo 44 de la nueva Ley, se permitiría que los integrantes de la Guardia Nacional pudieran solicitar una “licencia especial”, para contender por cargos de elección popular.

“La licencia especial es la que concede o en la que se coloca al personal militar con formación policial integrante de la Guardia Nacional para desempeñar cargos de elección popular”, indicó la iniciativa presidencial.

Además, dicho artículo permitiría a los integrantes de la GN desempeñar actividades o empleos civiles en instituciones del Poder Ejecutivo Federal, en los gobiernos de los estados, municipios, organismos descentralizados o empresas de participación estatal.

Con la nueva Ley, a la Guardia Nacional también se le dotó de facultades para que revisara los documentos para corroborar el estatus migratorio de extranjeros.

“En coordinación con el Instituto Nacional de Migración, la inspección de los documentos migratorios de personas extranjeras, a fin de verificar su estancia regular, con excepción de las instalaciones destinadas al tránsito internacional de personas y, en su caso, proceder a presentar a quienes se encuentren en situación irregular para los efectos previstos en la ley de la materia”, señaló el proyecto.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.