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Matan a mando policiaco de Pueblo Nuevo, Guanajuato; suman cuatro elementos asesinados en una semana

Los agentes fueron asesinados en distintos hechos registrados en Pueblo Nuevo, Santiago Maravatío e Irapuato, mientras dos policías permanecen hospitalizados

La violencia contra integrantes de las corporaciones de seguridad pública en Guanajuato alcanzó a policías municipales, mandos y hasta a una cadete en formación.  

En menos de una semana, cuatro elementos fueron asesinados en distintos hechos registrados en Pueblo Nuevo, Santiago Maravatío e Irapuato, mientras dos policías permanecen hospitalizados. 

El caso más reciente ocurrió la noche del jueves, cuando Rafael Galván Navarro, director de la Policía Municipal de Pueblo Nuevo, fue atacado a balazos mientras realizaba labores de vigilancia sobre el acceso principal al municipio. 

El mando policiaco viajaba a bordo de una patrulla acompañado de su escolta, Eduardo Casiano, cuando ambos fueron emboscados por hombres armados minutos después de las 9:00 de la noche.

Tras la agresión, otros elementos de la corporación acudieron para auxiliarlos y trasladarlos a un hospital. Sin embargo, Galván Navarro falleció mientras recibía atención médica, mientras que su escolta resultó lesionado y permanece hospitalizado. 

El gobierno municipal, encabezado por el panista Leonardo Solórzano Villanueva, confirmó el asesinato del director de la policía y condenó el ataque.

Ataques contra elementos policiacos

La agresión contra el mando policiaco y su escolta se suma a otros hechos violentos registrados durante la semana contra integrantes de las corporaciones de seguridad. 

La mañana del 16 de noviembre, tres policías municipales de Santiago Maravatío fueron atacados a balazos sobre la carretera Salvatierra-Yuriria cuando regresaban a sus domicilios después de concluir su turno de trabajo. 

En el lugar murieron Alejandro Carrillo y Salvador Santoyo, mientras que un tercer elemento resultó herido y permanece hospitalizado. 

Ese mismo día también se confirmó la identidad de Jessica Abril Rocha, de 19 años, quien era cadete de la Policía Municipal de Irapuato y cuyo cuerpo fue localizado sin vida en el Libramiento Norte de ese municipio. 

La joven había sido reportada como desaparecida por sus familiares desde el 6 de noviembre. Aunque el hallazgo ocurrió ese mismo día, fue 11 días después que la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó, mediante pruebas genéticas, que los restos correspondían a la estudiante de la academia policial.

IMSS e ISSSTE niegan atención inmediata a dos policías heridos en tiroteo en Temixco, Morelos

Los agentes fueron rechazados inicialmente en hospitales del IMSS y del ISSSTE. Sus compañeros denunciaron que persisten las carencias médicas, laborales y de equipo en la corporación

Una mujer policía y otro elemento de la corporación, heridos durante un enfrentamiento armado en Temixco, fueron rechazados inicialmente en hospitales del IMSS y del ISSSTE. La negativa de atención provocó una protesta de sus compañeros, quienes denunciaron las deficiencias de los servicios médicos para los policías municipales. 

La agresión ocurrió durante la madrugada de este miércoles en la colonia Campo Verde. De acuerdo con los primeros reportes, los agentes marcaron el alto a un vehículo en el que viajaban varias personas, pero sus ocupantes desobedecieron la indicación. La persecución derivó en un intercambio de disparos. 

Dos policías resultaron heridos: María Esveidy, quien recibió un impacto de bala en el abdomen, y Hugo López. La mujer fue reportada en estado grave. 

Tras el enfrentamiento, ambos fueron trasladados para recibir atención médica, pero, según sus compañeros, no fueron admitidos inicialmente en hospitales del IMSS ni del ISSSTE. Finalmente, ingresaron al Hospital General de Cuernavaca “Dr. José G. Parres”, luego de que el gobierno municipal gestionó su admisión ante las autoridades estatales de salud.

Una de las policías que participó en la protesta relató que María Esveidy fue trasladada de un hospital a otro hasta que consiguió ingresar al Hospital Parres, donde fue llevada de emergencia a quirófano. 
“La compañera estuvo rebotando hasta que por fin la aceptaron en el Parres; entró de emergencia a quirófano”, narró. 
También denunció que Hugo López tuvo que ser estabilizado y que sus compañeros incluso interceptaron la patrulla en la que era trasladado para conseguir que recibiera atención médica.

Rechazo y manifestación 
Alexandro Aquino, jefe de la Oficina de la Presidencia Municipal de Temixco, confirmó las dificultades para conseguir atención para los agentes. 

“A la hora que eran trasladados para ser atendidos en alguno de los hospitales de Cuernavaca, lamentablemente eran rechazados”, declaró. Sin embargo, no precisó por qué ambas instituciones negaron inicialmente el ingreso de los policías. 

La inconformidad llevó a sus compañeros a concentrarse durante el cambio de turno en las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva, Administrativa y de Protección Ciudadana, en la colonia Campo del Rayo. Los manifestantes advirtieron que las deficiencias en los servicios médicos no son nuevas: a finales de octubre ya habían protestado para exigir atención médica y homologación salarial. 

“Eso es lo que están peleando los compañeros desde la mañana: nuevamente la situación, la atención médica para nosotros, ¿dónde está?”, cuestionó una de las policías. 

Durante la movilización también expusieron otros dos casos. Afirmaron que un policía de apellido Martín murió presuntamente por falta de atención médica y que otro elemento, de apellido Yépez, enfrentó dificultades para conseguir una cirugía. Ambos señalamientos fueron hechos por los propios manifestantes. 

Las carencias también alcanzan al equipo de emergencia. La corporación cuenta con una sola ambulancia, por lo que fue necesaria la intervención del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), que apoyó en el traslado de uno de los policías lesionados. Los agentes también denunciaron que carecen de seguridad social, pese a los riesgos que enfrentan durante el cumplimiento de sus funciones. 

A estas deficiencias se suma el deterioro de más de una docena de patrullas, según los policías. Aquino atribuyó el desgaste al uso cotidiano de las unidades y señaló que el ayuntamiento prevé adquirir una ambulancia. 

El municipio es gobernado por Israel Piña Labra, quien llegó a la alcaldía para el periodo 2025-2027 postulado por una alianza integrada por el PAN, PRI, PRD y Redes Sociales Progresistas. Su administración enfrenta reclamos de trabajadores municipales por las condiciones laborales y la falta de recursos para atender sus demandas. 

El 22 de octubre, policías municipales ya habían suspendido labores para exigir mejores salarios, prestaciones, unidades en condiciones de operar y atención médica. Entre sus demandas estuvo la homologación salarial a 17 mil 701.95 pesos mensuales. En respuesta, Piña Labra reconoció que el ayuntamiento no tenía recursos suficientes para cubrir de inmediato el incremento y propuso aplazarlo hasta enero de 2027. 

Por su parte, el secretario de Gobierno, Edgar Antonio Maldonado Ceballos, llamó a los policías a mantener sus labores operativas y de proximidad. También sostuvo que los ayuntamientos deben garantizar condiciones dignas para sus elementos, incluido el acceso a servicios médicos. 

Ante los señalamientos, el ayuntamiento sostuvo que los policías cuentan con servicio médico y atribuyó el rechazo inicial de los dos lesionados a la saturación de las áreas de urgencias. Sin embargo, no precisó las circunstancias en que se negó la admisión de ambos elementos. 

Las protestas de octubre y noviembre evidencian que los reclamos de los policías municipales de Temixco siguen sin resolverse: mejores salarios, prestaciones, equipo operativo y garantías para recibir atención médica cuando resultan heridos en cumplimiento de sus funciones.

FUENTE/MEDIO: PROCESO.

Madre de Aranza exige justicia mientras policías estatales siguen en activo

Claudia Edith Pardo reclama justicia por su hija de siete años y denuncia que no recibe información sobre la investigación. La Fiscalía confirmó que los cuatro agentes identificados no están detenidos

La madre de Aranza, Claudia Pardo García, la niña de siete años que murió durante los hechos violentos registrados el pasado 29 de octubre en Matamoros, denunció que el helicóptero que presuntamente disparó contra su familia no solamente hirió de muerte a la pequeña, sino que también persiguió y disparó contra sus otros hijos cuando intentaban escapar.

En su testimonio, la mujer recordó que todo comenzó cuando una de sus hijas manifestó tener miedo por la presencia de la aeronave.

Poco después escuchó una fuerte detonación y su hija mayor le avisó que Aranza había sido alcanzada.

“Mi hija, la grandecita de las cuatro, me dice: ‘Mami, ya mataron a China’. Ella cae sobre mi pierna”, relató.

Desesperada, tomó a la pequeña en brazos y pidió a su esposo que abriera la puerta de la camioneta para salir.

Al intentar bajar, descubrió que también estaba herida de una rodilla y cayó al suelo.

“Entonces yo lo que hago con mi niña en brazos es arrastrarme hacia una parcela”, contó.

Sin embargo, aseguró que el helicóptero continuaba sobrevolando el lugar, mientras su esposo reclamaba a los tripulantes por lo ocurrido.

La situación se agravó cuando su hijo de 13 años recibió la instrucción de buscar ayuda con su abuelo.

Para poner a salvo a sus hermanos, el adolescente comenzó a mover la camioneta en reversa, pero, de acuerdo con la denuncia de su madre, la aeronave los siguió y volvió a disparar.

“Cuando mi niño se echa en reversa la camioneta, ya con mis otros tres hijos menores, el helicóptero los empieza a seguir y les empieza a tirar también a ellos”, denunció.

La mujer sostuvo que sus otros hijos también estuvieron en riesgo de morir, pues los disparos continuaron mientras intentaban alejarse del lugar.

El caso permanece bajo investigación de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, que busca establecer la procedencia y determinar las responsabilidades por los hechos.

Cuatro agentes identificados, sin detenidos

El fiscal Jesús Eduardo Govea Orozco informó que la investigación balística se concentra en un arma larga calibre 7.62 transportada en el helicóptero de la corporación estatal.

En la aeronave viajaban el piloto y otros tres elementos con armamento reglamentario. La Fiscalía trabaja en relacionar el proyectil recuperado con el arma utilizada y reunir los elementos para solicitar las órdenes judiciales correspondientes.

De manera paralela, la Secretaría de Seguridad Pública abrió un procedimiento mediante su área de Asuntos Internos.

Govea también rechazó describir la muerte de Aranza como un daño colateral, expresión utilizada por el secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero.

“Hablar de daño colateral es un término que no aplica en lo que a nuestra responsabilidad concierne”, sostuvo.

Sobre posibles responsabilidades de los mandos que planearon y ejecutaron el operativo, el fiscal señaló que se analizará el contexto de los hechos. Hasta este jueves no había anunciado detenciones.

Hay 17 policías identificados por abusos, dice su jefe; pena máxima: separarlos

El Secretario de Seguridad de la entidad afirmó que las acciones cometidas por dichos elementos "no son compatibles con los valores" de la dependencia

La Secretaría de Seguridad Jalisco reveló que ya han sido identificados 17 elementos de la Policía que cometieron presuntos actos de abuso durante la manifestación ocurrida el domingo en Guadalajara con el objetivo de exigir al Gobierno estatal la distribución de agua potable limpia. Los uniformados podrían ser separados del cargo.

La información fue dada a conocer hoy durante una conferencia de prensa que encabezó Juan Pablo Hernández, titular de la dependencia estatal, quien señaló que el Gobernador de la entidad, Pablo Lemus, ordenó desde el lunes llevar a cabo una "investigación exhaustiva" ante los actos represivos que se registraron en la movilización.
"Esta revisión y las comparencias de policías que ya han sido identificados nos han permitido, al día de hoy, tener 17 compañeras y compañeros identificados que presuntamente actuaron fuera de los protocolos, reaccionaron de forma desproporcionada y al parecer hicieron uso indebido de la fuerza", indicó el funcionario.
De acuerdo con lo mencionado por el Secretario de Seguridad, la Mesa de revisión que fue instalada por parte del Órgano de Asuntos Internos de Internos integró un expediente con más de 200 videos de la manifestación en la que uniformados agredieron y detuvieron a decenas de participantes.

Oficiales podrían ser separados de sus cargos

En la conferencia de prensa, Hernández apuntó que las acciones represivas cometidas por las y los policías "no son compatibles" con los valores de la institución y adelantó que los elementos en cuestión podrían ser separados de su cargo como sanción máxima.

"Lamentablemente algunos de ellos actuaron de manera irresponsable ante este uso indebido de la fuerza, y lamentablemente lastimaron la confianza de las y los ciudadanos", comentó.

Del mismo modo, explicó que los 17 oficiales identificados ya han sido citados para rendir sus respectivas declaraciones "ante personal de Asuntos internos", mismas que serán integradas al expediente que se ha elaborado sobre el caso.
"Esta investigación podría llegar o llevar a los compañeros y compañeras desde una amonestación hasta una separación del cargo, dependiendo su grado de responsabilidad", dijo, y prometió a la ciudadanía de Jalisco que "ninguna falta o exceso que se haya cometido por parte de las y los compañeros" quedará sin respuesta.


La ONU-DH pide investigar abusos en protesta

Ayer, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidió investigar de manera pronta, exhaustiva e imparcial los abusos que se registraron durante la protesta para exigir agua limpia en la capital de Jalisco y recordó que el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad debe respetar los derechos humanos.

El organismo señaló que la actuación de los elementos de seguridad necesita regirse por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas, esto después de la movilización del 11 de octubre en Guadalajara, donde policías estatales utilizaron chorros de agua a presión y gas lacrimógeno para dispersar a manifestantes que exigían agua limpia.

En un mensaje publicado en redes sociales, la ONU-DH destacó la obligación de esclarecer lo que pasó mediante una investigación que permita determinar las circunstancias de la intervención policial y establecer las responsabilidades correspondientes, en caso de que se acrediten los abusos.

La Oficina también compartió el Manual de referencia sobre el uso de la fuerza y las armas de fuego por agentes del orden público, que elaboró Naciones Unidas, y reúne estándares internacionales para regular la actuación de las fuerzas de seguridad y prevenir el uso arbitrario o excesivo de la fuerza.


FUENTE/MEDIO: SINEMBARGO.

Las víctimas acusan tortura en Jalisco; dos policías se presentan en Asuntos Internos

Las autoridades de Jalisco compartieron un video en el que se observa a los oficiales presentarse para atender el procedimiento correspondiente

En medio de las crecientes denuncias de abusos y tortura contra las personas detenidas en la protesta por el agua que se realizó el pasado domingo en Jalisco, la Secretaría de Seguridad del Estado (SSE) inició este miércoles una investigación formal en el área de Asuntos Internos contra dos elementos de la Policía que estuvieron involucrados en la represión de manifestantes.

La apertura formal de la indagatoria se dio después de que familiares de quienes fueron aprehendidos acusaran a la corporación policiaca de la entidad de cometer abuso de autoridad y ejercer un uso excesivo de la fuerza durante la movilización ciudadana en calles de Guadalajara.

En los videos de la manifestación difundidos en redes sociales, también se observa a los oficiales recurriendo a gas lacrimógeno y agua a presión para dispersar a los inconformes. Por el momento, el procedimiento administrativo no constituye una sanción definitiva, ya que las autoridades continúan recabando pruebas para esclarecer los hechos.


El proceso de investigación contempla el análisis minucioso de videos y testimonios recopilados para deslindar responsabilidades, manteniendo abierta la posibilidad de indagar a más uniformados conforme avancen las diligencias.

Familiares de las víctimas relatan la tortura que vivieron los detenidos

En las entrevistas realizadas por la periodista Claudia Jurado como contenido especial para SinEmbargo, familiares de los detenidos denunciaron que los policías ejercieron un exceso de fuerza y brutalidad al someter a los manifestantes que protestaban por la calidad del agua. 

Relataron que hasta cinco agentes arremetieron contra personas individuales, derribándolas repetidamente al suelo para patearlas y golpearlas en la cabeza, rostro, espalda y costillas, provocando en algunos casos heridas severas como la pérdida de dientes.

"Me golpearon, pero hay otro manifestante que sigue detenido al que le tumbaron tres dientes y le rompieron otros. Llegó gente para generar disturbios y generar la violencia", expresó Iván Salazar, manifestante recién liberado.


Asimismo, señalaron que agentes encapuchados los asfixiaron por la espalda a manifestantes para luego trasladarlos de forma de forma repentina a Casa Jalisco. En la residencia oficial del Gobernador permanecieron incomunicados durante horas en áreas impropias para una detención, periodo en el cual sufrieron cachetadas, golpes continuos y amenazas.

Las familias expusieron también la desinformación y el bloqueo institucional por parte de la Fiscalía, la cual ocultó detalles del paradero de los detenidos y notificó los traslados al penal de Puente Grande a último momento. Denunciaron además que se les negó el acceso a sus abogados particulares en las audiencias para imponerles defensores públicos a la fuerza.
"Nos han ocultado información [...] estuve preguntando y no me dieron información. Nos dijeron al último minuto que los trasladaron al penal de Puente Grande y ya no pudimos entrar a la audiencia", compartió la hermana de Iván Salazar.
El Artículo 27 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas establece que comete este delito el servidor público que prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar información sobre la misma, su suerte, destino o paradero.

CNDH investigará la violencia ejercida por policías de Jalisco

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este miércoles  que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) debe realizar una investigación exhaustiva para determinar si las personas detenidas durante la manifestación del domingo pasado, en la que se exigió agua limpia en Jalisco, fueron víctimas de tortura por parte de los policías.
"Por cierto, ayer me preguntaron del tema de Jalisco, de la tortura. Terminando la ‘mañanera’, le pedí a Rosa Icela [Rodríguez Velázquez] que me enviara un informe. No puede permitirse lo que ocurrió en Jalisco", declaró durante la conferencia matutina del 14 de octubre.
La mandataria señaló que, además del uso de chorros de agua y gases lacrimógenos durante la protesta, es indispensable erradicar la tortura contra los jóvenes en México, pues se trata de una práctica que no debe tener cabida en el país.

Por su parte, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, reconoció a través de un mensaje en sus redes sociales que las autoridades jaliscienses cometieron errores durante la manifestación del domingo. Asimismo, solicitó una investigación interna para determinar las responsabilidades y para aplicar las sanciones correspondientes en contra de los policías estatales.


FUENTE/MEDIO: SINEMBARGO.

Fiscalía de Nayarit analiza si policías dispararon a adolescente muerto

El tío de Diego cuestionó que la Fiscalía analizara la bala tras su muerte; mientras, la institución no ha aclarado si la comparará con las armas de los policías

La Fiscalía General del Estado de Nayarit informó que analiza si el proyectil extraído del cráneo de Diego, un adolescente de 16 años, quien murió tras ser presuntamente baleado por policías estatales en Tepic, corresponde a alguna de las armas relacionadas con el incidente ocurrido el 3 de octubre.

Por primera vez, en un comunicado sobre el caso, la instancia destacó que el “elemento balístico fue recuperado durante la necropsia” de Diego Armando.

El joven falleció el jueves 8 de octubre tras permanecer cinco días hospitalizado con dos impactos de bala en la cabeza.


La Fiscalía precisó que el proyectil se encuentra bajo análisis pericial para determinar sus características y establecer su posible correspondencia con las armas de fuego relacionadas con los hechos.

El documento no subraya si entre las armas que serán cotejadas se encuentran las asignadas a los policías estatales que participaron en el incidente.

La respuesta de la fiscalía estatal se dio tras las denuncias de la familia del adolescente fallecido, y de los otros cinco detenidos, que exigen investigar la actuación de los agentes y determinar quién disparó contra los jóvenes que viajaban en una camioneta.

Tras el sepelio, este sábado, el tío de Diego Armando, Ricardo Covarrubias, cuestionó que la Fiscalía de Nayarit informara sobre el inicio de análisis la bala extraída del cráneo del adolescente después de su muerte y reclamó que las diligencias debieron realizarse antes de que falleciera.
Eso lo hubieran hecho desde el principio, no porque hasta ahorita que ya mi sobrino ya está, va para el cielo; entonces, esa investigación deberían haberla hecho desde el principio, tal como debe hacer la Fiscalía con todas las autoridades.
Asimismo, reprochó que ninguna autoridad se acercara a la familia durante los cinco días y cinco noches que Diego permaneció hospitalizado.

“Estuvimos cinco días y cinco noches en el hospital y no se acercaron nunca, ocupábamos apoyo, nada; no se acercó ninguna parte, ni de autoridades ni por parte del gobierno”, señaló.

Sobre lo ocurrido durante el incidente, Covarrubias sostuvo que los jóvenes no agredieron a los policías y aseguró que estos últimos comenzaron los disparos, según testigos.

Covarrubias dijo que la exigencia de justicia también responde al temor de otras familias ante la posibilidad de que sus hijos enfrenten una situación similar.
Esto no se va a quedar así, vamos a hacer lo imposible y no nomás por nosotros, por la familia, por mis hermanas, mi sobrina, sino por toda la ciudadanía, porque todos estamos temerosos, porque todos tenemos hijos y nos ponemos en el lugar de otros.
Mientras tanto, Georgina Covarrubias madre de Diego Armando reclamó justicia y mencionó que “a mi hijo me lo mataron, no murió ni falleció”.

La mujer exigió justicia durante el sepelio de su hijo y acusó al gobierno de Nayarit de no darle respuestas sobre lo ocurrido.

“A mi niño me lo mataron por una negligencia del gobierno; hasta la fecha, el señor gobernador no me da la cara, la fiscal no me da la cara, no puede ser posible que a estas alturas no se hayan acercado a mí para darme una respuesta”, reclamó Georgina Covarrubias.

La mujer sostuvo que su hijo no era un delincuente, sino un adolescente sano, deportista, alegre y querido por su comunidad.

Entre muestras de afecto de familiares y amigos que acudieron a despedirlo, cuestionó que las autoridades lo mantuvieran bajo custodia mientras permanecía hospitalizado en estado crítico.

“Fue una víctima y sigue siendo una víctima hasta que se haga justicia”, expresó, al referirse a la situación de su hijo y de los otros jóvenes involucrados en el incidente del 3 de octubre.

Covarrubias también exigió que los policías señalados por la familia sean investigados y sancionados, aunque los agentes fueron separados preventivamente de sus funciones operativas, la madre reclamó que permanecen en libertad, mientras otros jóvenes relacionados con el caso están detenidos.
Ellos lo separaron del cargo, pero están libres, están libres y no se les ha dado ningún castigo; a mi hijo le quitaron la vida, los muchachos están encerrados y ellos están libres, eso para mí no es justo.
La madre cuestionó además la difusión de una fotografía que, según afirmó, se ha presentado como evidencia contra su hijo.

Sostuvo que la imagen es falsa y que la ropa, el calzado y el rostro de la persona que aparece no corresponden a Diego; también rechazó que se le vincule con un arma.
Yo quiero justicia, yo sé que eso no me va a regresar a mi bebé, yo lo sé, pero tampoco pueden ir por la calle; hoy me tocó a mí, mañana quién sabe.

Al final, dijo sentir miedo debido a que se dijo seguida por las autoridades al igual que a su familia.

“Sabes perfectamente que fue una negligencia de tus policías, no te conviene escucharme”, escribió Georgina Covarrubias, servidora pública federal, en un mensaje dirigido al gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero.
Tenemos a unos asesinos como policías, de la justicia divina no se van a salvar.
Paola Covarrubias, tía del adolescente, en video difundido antes de la muerte de Diego, sostuvo que los cinco jóvenes que viajaban en la camioneta no portaban armas ni drogas y cuestionó la actuación policial durante la persecución.

Los hechos ocurrieron la noche del sábado 3 de octubre en Tepic y de acuerdo con información preliminar, que sigue sin confirmación de las autoridades, los jóvenes circulaban por la calle Ixtlán cuando escucharon detonaciones y eran seguidos por un vehículo policial.

La camioneta recibió varios impactos de bala y se detuvo en el cruce de la calle Gómez Mendiola y la avenida Insurgentes.

Dos de los ocupantes resultaron heridos por disparos; Diego recibió dos impactos en la cabeza y permaneció hospitalizado en estado crítico hasta su fallecimiento.

Otra joven también resultó herida de bala, pero fue dada de alta y después trasladada a un centro de reclusión en Tepic.


Después del incidente, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Nayarit informó que los policías involucrados fueron separados preventivamente de sus funciones operativas mientras la Fiscalía estatal y la Dirección General de Asuntos Internos investigan lo ocurrido.

La Fiscalía sostuvo que continuará las diligencias para esclarecer el caso mediante dictámenes periciales y conforme a los protocolos aplicables.

Hasta ahora, no ha informado quién realizó los disparos ni ha confirmado que el proyectil recuperado provenga de un arma oficial.

El resultado del análisis balístico podría aportar elementos para establecer el origen del disparo que causó la muerte del adolescente y determinar las responsabilidades correspondientes.

Hasta el momento, la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Nayarit (CDDH) no se ha pronunciado sobre la situación; sin embargo emitió la Recomendación 02/2026, dirigida al Ayuntamiento de San Blas, tras acreditar violaciones a los derechos humanos de un adolescente.

Sobre el caso se sabe que en la localidad de La Libertad, policías municipales lo persiguieron sin justificación legal, lo golpearon y lo detuvieron de manera irregular.

Entre las medidas recomendadas están la reparación integral del daño a la víctima, atención médica y psicológica, procedimientos administrativos contra los agentes responsables y capacitación en derechos humanos y uso de la fuerza.

Policía de Ramírez Bedolla: cada vez más cara, pero con menos arrestos

En 2025 se destinaron 6 mil millones de pesos a la policía estatal, pero los arrestos han ido a la baja año con año en el periodo de Alfredo Ramírez Bedolla.

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, ha gastado cada vez más en la policía de su estado, pero cada vez hay menos arrestos, según revela una investigación realizada por EMEEQUIS. 

Según información conseguida a través de transparencia, el presupuesto para la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán sufrió varios cambios a lo largo de la administración Bedolla, que inició en octubre de 2021. 

Ese año, se invirtieron 4 mil millones 76 mil pesos aproximadamente en esa Secretaría. Para el siguiente año, el gobernador morenista decidió bajar el presupuesto para seguridad. 

En 2022, el presupuesto para la institución fue de 3 mil millones 545 mil pesos, es decir, bajó casi 500 millones de pesos el total del dinero asignado a la policía estatal. En 2023, el presupuesto fue de 3 mil millones 931 mil pesos, mayor que el año anterior, pero sin llegar a alcanzar la cantidad del primer año en que entró Bedolla al gobierno michoacano. 

En 2024, el presupuesto fue de 5 mil 192 millones de pesos, es decir, un aumento importante para la institución. Meses más tarde, según información oficial, en 2025, se destinaron 6 mil 4 millones de pesos a la policía estatal.

En noviembre de 2024, Bedolla dijo: “Estamos haciendo una gran inversión en seguridad pública para seguir reforzando este tema en el estado, con tecnología, con más armamento, con uniformes, con inteligencia, con patrullas para seguir consolidando la seguridad en el estado de Michoacán”.


Sin embargo, esta inversión, lejos de fortalecer la imagen del gobernador, pone en duda su eficiencia como funcionario público.

SUBIÓ EL PRESUPUESTO, PERO BAJARON LAS DETENCIONES

Michoacán vivió un aumento de presupuesto que no se vio reflejado en algunos de los indicadores de seguridad, por ejemplo, la cantidad de arrestos que ha hecho la administración de Bedolla, como así lo muestra información de transparencia obtenida por EMEEQUIS. 

Según datos de 2018 a 2025, fue decreciendo el número de personas detenidas, siendo 2021 donde hubo una caída drástica que se sostuvo en años siguientes, como muestra el siguiente desglose:

En 2018 ocurrieron 4,234 detenciones, el número más alto.
  • En 2019 ocurrieron 3,529 detenciones.
  • En 2020 ocurrieron 3,213 detenciones.
  • En 2021 ocurrieron 2,768 detenciones.
  • En 2022 ocurrieron 2,475 detenciones.
  • En 2023 ocurrieron 2,132 detenciones.
  • En 2024 ocurrieron 1,569 detenciones.
  • En 2025 han ocurrido 648 detenciones, reportándose hasta mayo de este año.

Por si fuera poco, durante los años que ha gobernado Bedolla, ha destacado la gran cantidad de policías sancionados en la entidad, como así lo muestra esta casa editorial luego de un análisis de los casos en transparencia. 

En total, se han sancionado a cerca de 348 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, de 2021 a 2025. 

De esos, dos fueron absueltos; otros cinco fueron “amonestados”; hubo dos arrestos, además de 156 remociones del cargo y otros 119 casos de “remolque” del cargo; y 64 más fueron suspendidos temporalmente, lo que dibuja parte de la dinámica de la corporación.

Estos números son preocupantes debido al avance de la delincuencia en el estado. El 1 de noviembre fue asesinado Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, frente a su familia. Su esposa, Grecia Quiroz, ahora ocupa el cargo, pese a las amenazas de muerte que ha recibido junto con su equipo. 

Por si fuera poco, luego de las manifestaciones en memoria del político, se han suscitado momentos de represión en lugares como Morelia, aunque también destaca la Ciudad de México, dirigida de igual forma por un gobierno morenista. 

El 9 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el “Plan Michoacán”, que busca pacificar el estado ante incidentes violentos y el avance del crimen organizado. Aún está en el aire la moneda, ¿esta nueva estrategia servirá o será otra política de seguridad que no logrará acabar con la violencia en Michoacán

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: NATHALIA ORTIZ, MARICARMEN GUTIÉRREZ ROMERO, MIGUEL ÁNGEL TEPOSTECO RODRÍGUEZ.

Policía CDMX identifica 18 casos de abuso y violencia contra manifestantes

Adelantó que ya están en curso investigaciones administrativas internas para realizar entrevistas con los uniformados y continuar con las indagatorias.

El jefe de la Policía de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, afirmó que durante la marcha de la Generación Z el sábado 15 de noviembre se identificaron “18 incidentes potencialmente constitutivos de violaciones al protocolo de actuación policial y otras disposiciones legales”.

En conferencia de prensa afirmó que esto incluyó episodios de posible uso excesivo de la fuerza.
En siete de estas 18 investigaciones, incluyendo casos de presuntas agresiones a miembros de la prensa, el personal involucrado será suspendido temporalmente hasta que concluyan las investigaciones.
Adelantó que ya están en curso investigaciones administrativas internas para realizar entrevistas con los uniformados y continuar con las indagatorias.

Desde el sábado se difundieron en medios y redes sociales escenas de presuntos abusos policiales, en las que elementos de la Policía golpearon a ciudadanos ya sometidos o que no representaban ningún peligro.


Según Pablo Vázquez, de acuerdo con los protocolos de actuación, personal de la Dirección General de Asuntos Internos realizó un análisis de los videos, imágenes e información disponible tanto en fuentes abiertas como en los registros de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana.

En conferencia de prensa dijo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana a su cargo mantuvo estrecha coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y los organismos garantes de derechos humanos para coadyuvar en las indagatorias derivadas de estos hechos.

“No se tolerará ningún acto contrario a los protocolos de actuación policial, así como a los principios que nos rigen como institución. Todos los casos fuera de la normatividad serán investigados y sancionados, y se buscará que la información que se recabe o derive de los mismos pueda ser analizada para generar procesos de fortalecimiento institucional”, dijo Vázquez Camacho.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Dan 47 años de prisión a siete expolicías de Nicolás Romero por "facilitar" un homicidio

A los siete sentenciados además les fueron suspendidos sus derechos civiles y políticos, y también se les investiga por su probable intervención en la privación ilegal y de la vida de 10 personas cuyos restos trataron de ocultarse en dos pozos ubicados en la misma demarcación.

Siete expolicías municipales de Nicolás Romero fueron sentenciados a 47 años y medio de prisión por homicidio, como resultado de la Operación Enjambre mediante la que fueron detenidos funcionarios y exfuncionarios de diversos municipios mexiquenses presuntamente vinculados con actividades del crimen organizado y/o de alto impacto.  

Los condenados, cinco hombres y dos mujeres, responden a los nombres de Jesús Fernando Vega Mondragón, Diego Eduardo Rodríguez Rangel, Alejandro Jacinto Herrera, Daniel Herrera Cortés, David Aguayo García, Anallely García Torres y María Isabel Alanís Rodríguez.

El delito del que fueron acusados ocurrió el 9 de febrero de 2024, en la calle Francisco Villa, colonia La Libertad, de ese municipio, donde la víctima se encontraba en un negocio destinado a la venta de alimentos.   

Al lugar arribaron ocho individuos a bordo de dos vehículos compactos, quienes descendieron de las unidades y realizaron detonaciones de arma de fuego contra esta persona, ocasionándole la muerte.  

La investigación de la Fiscalía mexiquense llevó a establecer que los detenidos intervinieron en este homicidio al obstruir con una unidad oficial la vialidad para que otros vehículos no transitaran por el lugar y con ello facilitar que los autores materiales cometieran el homicidio.  

El octavo imputado, también elemento de la corporación, identificado como Francisco Javier “N”, alias “El Javis y/o Aragón”, fue detenido el 8 de mayo pasado y es investigado por el mismo hecho.  

En tanto, a los siete sentenciados además les fueron suspendidos sus derechos civiles y políticos, y también se les investiga por su probable intervención en la privación ilegal y de la vida de 10 personas cuyos restos trataron de ocultarse en dos pozos ubicados en la misma demarcación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VENERANDA MENDOZA.

Vinculan a proceso a tres policías por lesiones y abuso de autoridad en Zacatepec

María Isabel “N” y Sandra “N” continuarán su proceso en libertad, con la obligación de firmar periódicamente y sin posibilidad de acercarse a la víctima. En el caso de Jesús “N”, el juez ordenó mantener la prisión preventiva.

Tres policías en activo —uno estatal y dos municipales de Zacatepec— fueron vinculados a proceso por su presunta participación en los delitos de lesiones agravadas y abuso de autoridad. Uno de ellos, Jesús “N”, también enfrenta cargos por violación. 

Durante la audiencia realizada en la Ciudad Judicial de Jojutla, el juez de control escuchó los datos de prueba presentados por la Fiscalía Regional Sur Poniente, que acreditó indicios suficientes para iniciar proceso penal contra los tres elementos.

María Isabel “N” y Sandra “N” continuarán su proceso en libertad, con la obligación de firmar periódicamente y sin posibilidad de acercarse a la víctima. En el caso de Jesús “N”, el juez ordenó mantener la prisión preventiva por considerar que existen elementos que justifican esa medida. El plazo para el cierre de la investigación complementaria se fijó en tres meses. 

Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron el pasado 22 de octubre, cuando una mujer denunció haber sido agredida física y verbalmente por los tres policías y, presuntamente, violentada sexualmente por uno de ellos. El caso fue informado previamente por Proceso. 

Tras la denuncia, la Unidad de Delitos contra la Mujer realizó las investigaciones que permitieron obtener y ejecutar las órdenes de aprehensión, cumplimentadas por agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). 

La institución detalló que los elementos municipales pertenecen a la Policía de Zacatepec, mientras que el tercero está adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del estado. 

El titular de la SSPC, Miguel Ángel Urrutia Lozano, confirmó —el pasado 3 de noviembre —la detención de los tres policías y señaló que podrían estar relacionados con otros hechos delictivos. 

Reiteró además que, por instrucción de la gobernadora, los delitos de violencia contra las mujeres son prioridad para el gobierno estatal y que habrá “cero impunidad” en estos casos. 

Las personas mencionadas se presumen inocentes hasta que se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ESTRELLA PEDROZA.

Tres policías de la CdMx son detenidos por la muerte de un joven bajo su custodia

Los videos de vigilancia permitieron identificar a los policías de la CdMx que participaron en la detención de un joven que posteriormente perdió la vida.

Tres policías capitalinos fueron detenidos e ingresados a un reclusorio, al ser señalados como presuntos responsables de la muerte de un joven al que detuvieron en calles de la Alcaldía Venustiano Carranza, el pasado 4 de noviembre.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) informó este viernes en un comunicado, que derivado de dicha situación el director del sector al que pertenecen los elementos será cesado de su cargo.

De acuerdo con el reporte oficial, la Dirección de Asuntos Internos de la SSC recibió una denuncia ciudadana por la desaparición de un joven de 21 años de edad.
La víctima habría sido detenida por policías de la CdMx en la calle Soledad, de la colonia Zona Centro, el martes 4 de noviembre.

Como resultado del análisis de videos captados por cámaras de vigilancia, autoridades lograron identificar a los tres agentes involucrados en el arresto del sujeto, quien fue diagnosticado por paramédicos sin signos vitales tras su detención.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Cárteles de policías

Aunque parecería imposible que un narcotraficante denunciara el robo de un cargamento de droga, dadas todas las alertas, banderas rojas, inconsistencias, surrealismo, impunidad, corrupción, irracionalidad y sinvergüenzada que eso implica… sucedió. En el México lindo y querido, en el Estado 29 y en la mismita Tijuana. El colmo: los ladrones de droga fueron elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana.

Los hechos sucedieron más o menos así: narcotraficantes “independientes”, es decir que no están afiliados a cártel con actividad criminal en la región, y que se van por la libre (o sea sin pagar piso a otros criminales como ellos), transportaron un cargamento de 180 kilogramos de cocaína hasta la frontera de Tijuana. “Alguien” -o sea, un afiliado criminal de una célula del Cártel de Arellano Félix- advirtió la llegada de la droga y compartió tal información con un “policía amigo”, que, a su vez, orquestó a media docena o más de agentes de la FESC, para robar la droga que había llegado doblemente irregular a la entidad: primero porque, pues, es ilegal el transporte de drogas; y segundo porque lo hicieron al margen de los cárteles, sin darles la tajada que les corresponde.

Al modo, los agentes se organizaron un operativo para ir y robar la droga, sabedores que podrían mantener la impunidad ante el hecho que asumían; nadie denunciaría el robo de la droga. En convoy oficial, utilizando unidades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Baja California, a las cuales les inhabilitaron los geoposicionadores y otras herramientas digitales, llegaron hasta la zona señalada y se llevaron la droga.

Pero lo impensable: sí hubo denuncia. No oficial, por supuesto (ahora sí sería el colmo), ni a través de las redes sociales que luego utilizan para el golpeteo criminal, y tampoco con una manta amenazante que es lo más usual. La denuncia llegó a las áreas de inteligencia que, en ambos lados de la frontera, cuentan con orejas criminales.

Dada la participación de solamente oficiales de la FESC en el hurto de la coca, las áreas de inteligencia dieron parte a los mandos de la Secretaría de Seguridad, y ahí, posterior al sábado 4 de octubre, día del robo de la droga, empezó una investigación que ha develado cómo la corporación de seguridad ciudadana está infestada de grupos criminales al servicio de distintos cárteles u organizaciones ilícitas.

La semana posterior al robo, varias mantas amenazantes fueron colgadas o abandonadas en sitios públicos, y en las mismas unos grupos acusan a otros: unos elementos señalan a otros más en lo que parecía ser el juego de la papa caliente entre las áreas de inteligencia, general, enlace, investigación, operación, de la Secretaría de Seguridad. Todos echándose los 180 kilos de cocaína los unos a los otros.

¿Existe alguna corporación que se salve de la corrupción y la infiltración del narco? Difícil saberlo, pero no imposible pensarlo. Lo que sucedió con el robo de la cocaína, teniendo a agentes de la FESC como los protagonistas, evidencia que más allá de servir al narco, hay policías que ya constituyen cárteles de la droga, aunque ésta sea robada.

Desafortunadamente no es la primera ocasión que agentes roban droga en Baja California. Ha sucedido con elementos de la Guardia Nacional, de la Policía Ministerial del Estado, de las Policías Municipales, pero siempre había sido su participación en apoyo a los criminales; es decir, una célula de un cártel de las drogas que tiene un su ilícita nómina a policías de las diversas corporaciones, los utiliza en distintas tareas, por ejemplo, para que les informen de operativos en su contra y estar en posibilidades de huir a tiempo, o para que les abran camino en un trayecto por zona urbana cualquiera, o para que secuestren a adversarios criminales, o para que los aprehendan. Pero en este caso los policías no iban de refuerzo de cártel o célula alguna, sino en su propio cartelito, organizados entre ellos mismos, y con las unidades oficiales que tienen asignadas.

Los hechos, finalmente, ya están siendo investigados por lo menos por la titularidad de la Secretaría de Seguridad, a cargo del General Laureano Carrillo, y de las investigaciones internas se proveerá la información a la Fiscalía General de la República, donde se radicará la indagación dado que se trata de delitos contra la salud, o sea, implican drogas, aunque éstas hayan sido robadas a una célula criminal por parte de un cartelito de policías.

Lo surrealista de todo esto es que se iniciará una investigación por el hurto de droga a una célula criminal, no para dar con el cuerpo del delito y reparar el daño a los criminales dueños de las drogas, sino para sancionar a parte de una corporación que, de manera deshonesta, falta a su compromiso de servir brindando seguridad a los ciudadanos, robando a los criminales para obtener un provecho, en lugar de investigar, confiscar, reportar, detener, perseguir a los traficantes de droga y ponerlos a disposición, acciones que habrían sido las correctas una vez que se enteraron de la ubicación de un cargamento de droga. Pero no; como vil cartelito de policías, prefirieron robársela.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.

Corrupción y fuerzas de seguridad

En BC, proceso de depuración deficiente arroja 78% de policías con exámenes de confianza aprobados, pero protocolos y resultados del C3 ignorados

El robo de 180 kilos de cocaína, ejecutado por elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) el 4 de octubre del 2025, en la Zona Este de Tijuana, y corroborado por autoridades en ambos lados de la frontera, por enésima ocasión, obliga a los integrantes de la Mesa de Coordinación por la Paz y Seguridad de Baja California a reconocer las deficiencias existentes en materia de depuración policiaca, en la utilidad del C3 y en la manera en que están ignorando protocolos y resultados.

El secretario de Seguridad de Baja California, el General Laureano Carillo, finalmente reconoció que por el tema ya tiene a 14 elementos suspendidos y están investigando “el posible mal uso de las patrullas y el equipo táctico”, aunque evidentemente el problema es más profundo.

La delincuencia organizada, la colusión de elementos estatales-federales y municipales con operadores de los cárteles en distintas actividades criminales, como “bajes” o custodia de cargamentos de enervantes, privaciones de la libertad y homicidios, durante décadas ha sido harto conocida por los bajacalifornianos y mexicanos en general. Les han cambiado el nombre a las corporaciones, pero las “mañas” permanecen y los exámenes de confianza no parecen ni contenerlos, ni detectarlos.

A largo plazo, incluso los “operativos de depuración” han servido de poco. En 2007 desarmaron a la policía de Tijuana, y entre 2008 y 2009 detuvieron a agentes municipales y estatales que liberaron años después.

Bajo el gobierno de Marina Ávila, el año pasado entre septiembre y octubre, 162 policías de la zona Sur del Valle de Mexicali fueron desarmados para ser evaluados; el 90 por ciento aprobaron y 16 agentes resultaron dudosos. Le siguieron en enero del 2025 con la policía municipal de Tecate; de los 189 agentes activos, 100 reprobaron, y en agosto informaron que 90 habían sido reinstalados después de una segunda batería de exámenes del C3, pero antes reconocieron que muchos de los no aprobados ni siquiera habían sido suspendidos.

A Rosarito le tocó entre marzo y abril. Los 264 agentes rosaritenses fueron retirados del servicio para ser examinados, y el 40 por ciento (122 elementos) resultaron reprobados y removidos, pero 33 ya están en proceso de ser reinstalados. Entre los 142 aprobados estaban Eusebio Eriberto Frausto Flores, Rosendo Valenzuela Ortega y Jorge Abel Díaz Estrada, los tres uniformados detenidos el pasado 3 de septiembre por personal de la Fiscalía General de la República (FGR) y elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Estatal (SSPC), con orden de aprehensión por su presunta participación en una desaparición del año 2024.

El plan expuesto por el secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, General Laureano Carrillo, al llegar en enero del presente año, fue que esa depuración alcanzaría a todos los municipios. En el resto de las ciudades también retirarían a los municipales y los suplirían con agentes estatales, pero dadas las circunstancias, resulta obvio que valdría empezar por reevaluar a la FESC.

El 30 de junio del 2025, el Centro de Evaluación de Control de Confianza para el personal del servicio profesional de carrera de las Instituciones de Seguridad Pública en México, presentó el informe de Seguimiento de Evaluaciones a Personal Estatal y Municipal y reportó que en Baja California, de una fuerza total de nueve mil 231 elementos, el 78 por ciento (léase siete mil 149) tenían los exámenes aprobados vigentes, 359 los habían reprobado, y el resto (mil 723) o estaban pendientes de resultados o les faltaba hacer las pruebas.

De acuerdo a estos números, en junio pasado había 52 agentes de la FESC no aprobados, de los cuales se ignora el destino, pero a la fecha el secretario de Seguridad no ha informado que ninguno de los 16 agentes suspendidos e investigados esté en los reprobados, lo que también evidenciaría la ausencia de controles.

La misma estadística detalló que nacionalmente existen nueve mil 159 mandos, de los cuales seis mil 480 reportaban los exámenes aprobados vigentes y 526 habían reprobado. Pero no sabemos si algunos de ellos son de Baja California, y también se desconocen los resultados de las pruebas de los mandos militares, dado que esas las realiza la Sedena; por ejemplo, el exdirector de la policía de Mexicali, Teniente Coronel, Julián Leyzaola, (marzo-julio 2025), se retiró del cargo sin entregar las evidencias de sus exámenes aprobados.

En junio del 2022, cuando Octavio Andrée Espino Torres, asistente del jefe de la oficina del exfiscal Ricardo Carpio, fue aprehendido al intentar cruzar la Garita de San Ysidro con 29 kilos de metanfetamina, los primeros reportes indicaron que había aprobado los Exámenes de Control, pero había sido observado por el Centro de Evaluación y Control de Confianza (C3).


Brenda Valdez Jaramillo, entonces directora del C3, confirmó que Espino había aprobado sus exámenes en noviembre de 2021, pero informó que no había sido evaluado para su promoción a la oficina del fiscal, y sus pruebas vigentes no eran suficientes para darle “acceso a información sensible o manejo de recursos” que tenía en la oficina de Carpio; y esa indicación, ignorada por los jefes, estaba considerada en el protocolo.

Valdez compartió en aquel momento que “… los criterios para aprobar se han hecho más flexibles a nivel nacional, por ejemplo, si los elementos examinados fueron sujetos a una averiguación previa años atrás, ya no lo consideran antecedente; si los viejos elementos mintieron en su escolaridad para ingresar, les permiten estudiar y acreditar la escolaridad; si tienen parientes delincuentes o los han visitado en prisión, no les afecta para ser rechazados porque no son el sujeto activo del delito, pero se incluye en expediente como contexto”, y en lugar de reconsiderar estos errores, la funcionaria fue removida del cargo.

Ahora, las denuncias de los constantes acto de corrupción de los uniformados evidencian nuevamente, la urgente necesidad, primero, de tomarse en serio los protocolos y resultados del C3 que son ignorados y evadidos constantemente; y segundo, de reevaluar y reformar, crear, idear procesos de depuración, que sí sean efectivos.

FUENTE: SEMANARRIO ZETA.
AUTOR: ROSARIO MOSSO CASTRO.

Nuevo ataque a policía estatal en Culiacán cobra la vida de un agente

El agente asesinado viajaba en una patrulla de la corporación cuando esta fue presuntamente atacada por tripulantes de un vehículo, y en el fuego cruzado resultaron heridos elementos de la Guardia Nacional que se encontraban francos.

La Policía Estatal Preventiva (PEP) sufrió un nuevo ataque armado, en el que un agente perdió la vida y además resultaron heridos dos elementos de la Guardia Nacional (GN) que se encontraban de civiles. 

El agente asesinado viajaba en una patrulla de la corporación cuando esta fue presuntamente atacada por tripulantes de un vehículo, y en el fuego cruzado resultaron heridos los guardias.

Estos agentes iban de civiles en un auto particular color blanco de la marca Mitsubishi. En un primer momento se habló de una confusión entre corporaciones, sin embargo, luego del ataque, la SSPE emitió un comunicado en el que afirmaron que los agentes de la GN fueron víctimas ajenas a la agresión.
El ataque se dio en la colonia Bachigualato, alrededor de las 3:00 horas sobre sobre la Calzada Aeropuerto, entre las calles Federico Gamboa y Victoriano Álvarez en las cercanías del Aeropuerto Internacional de Culiacán.

Apenas el martes último, un agente adscrito al escuadrón motorizado fue víctima de un atentado en un estacionamiento en una colonia al norte poniente, y luego del ataque la corporación implementó un operativo en donde resultaron “reducidos” cinco presuntos agresores al interior de un domicilio. 

Estos eventos paralizaron la zona norte poniente, que ha sido escenario de agresiones a la Policía Estatal desde finales de septiembre, y con este nuevo ataque, el sector poniente se suma a las zonas en donde se han producido estas agresiones.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: AARÓN IBARRA.

“¿A los uniformados quién los cuida?”: policías de CDMX protestan en el Zócalo tras agresiones del 2 de octubre

De acuerdo con los manifestantes, las autoridades no han ofrecido garantías suficientes para proteger al personal que se despliega en eventos de riesgo, como en marchas.

Para exigir mejores condiciones de seguridad durante protestas como la del 2 de octubre, y la destitución de algunos mandos, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México se manifestaron este lunes en la plancha del Zócalo.

Los elementos de seguridad declararon ante medios que las autoridades no les han ofrecido garantías para protegerlos en manifestaciones en donde se les pone en riesgo, en particular, por el llamado “boque negro”.

“En México está permitido agredir, golpear, lesionar y asesinar al policía”, dijo uno de los uniformados que salió a protestar.

En sus pancartas se leían mensajes como “Nadie cuida a los policías, ya basta” “¿A los uniformados quién los cuida?” “Justicia para el policía, el bloque negro es la delincuencia disfrazada” “No más abusos ni amenazas contra los policías”.  Mientras gritaban “¡Policía escucha, tu familia está en la lucha!”.
De acuerdo con los manifestantes, las autoridades no han ofrecido garantías suficientes para proteger al personal que se despliega en eventos de riesgo, por lo que demandaron cambios estructurales y atención inmediata a sus peticiones.

Policías resultaron lesionados tras marcha del 2 de octubre

Durante la marcha del 2 de octubre, elementos de seguridad fueron agredidos por manifestantes, dejando 94 policías lesionados, de los cuales cinco permanecen hospitalizados.

Autoridades capitalinas indicaron que 350 personas con el rostro cubierto participaron en las agresiones a establecimientos y comercios, así como a los uniformados.

Al respecto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la CDMX, Pablo Vázquez Camacho, dijo: “Queremos ser enfáticos, condenamos los hechos violentos ocurridos durante la manifestación. No cabe duda que hay quienes quisieran que nuestra policía actuara guiada por modelos del pasado, pero no. Es una policía que avanza con la mirada en el futuro”.

Tras los hechos, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, publicó un mensaje en el que expresó su solidaridad “con quienes resultaron heridos” en la protesta, e informó que instruyó un reconocimiento especial y la entrega inmediata de un bono de compensación para los elementos de la policía capitalina.

“Reconozco la valentía de las y los policías de la Ciudad de México que resistieron provocaciones sin caer en confrontaciones. A diferencia de 1968, en nuestra ciudad la policía no reprime, nuestra policía construye paz, protege a la ciudadanía y ha contribuido a la reducción de la inseguridad”, añadió.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Policías de Playas de Rosarito detenidos por el delito de desaparición fueron vinculados a proceso

Los elementos de la Policía Municipal de Playas de Rosarito que fueron detenidos el 3 de septiembre de 2025, por la presunta comisión del delito de desaparición forzada, fueron vinculados a proceso, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Fue a través de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), tras los datos de evidencia presentados, se obtuvo la vinculación a proceso de Eusebio “F”, Jorge “D” y Rosendo “V”, otorgada por un Juez de Control Federal con residencia en el Estado de Baja California.

Luego de la orden de aprehensión cumplimentada por el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada.

Los hechos por los que se encontraría imputados, es la desaparición de dos personas, una de ellas menor de edad durante 2020 en el municipio donde laboraban, según precisó la corporación.

Los detenidos se encuentran en prisión preventiva justificada, con un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Según información publicada por ZETA, dos de los agentes detenidos también tienen denuncias ante la Fiscalía General de Baja California (FGE), Rosendo Valenzuela por abuso de autoridad y Jorge Abel por tortura, ambos durante 2019.

Asimismo, se presume que tanto Eusebio “F”, como Jorge “D”, pertenecían al grupo del ex comandante de la Policía de Rosarito, César Pedro Silva Ibáñez, detenido el 26 de abril de 2025, por el homicidio de Dulce y Hugo “N”, encontrados asesinados en la cajuela de un carro en la carretera de cuota Rosarito-Tijuana, el 18 de enero del 2024.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: REDACCIÓN.

Comando mata a oficial y a su hijo en Celaya, epicentro de violencia contra policías

Los responsables del ataque escaparon del sitio, mientras el oficial y su hijo quedaron tendidos sobre el suelo. Es el cuarto hecho de violencia en contra de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Celaya en dos meses.

Un oficial de Tránsito y Policía Vial de Celaya, identificado como Efráin León, de 45 años de edad, y su hijo de 29 años fueron asesinados el martes en la noche por un comando en la comunidad Tenería del Santuario, localizada en la zona norte de Celaya, Guanajuato. Hasta el momento, la autoridades no reportan detenidos.

Se trata del cuarto hecho de violencia en contra de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Celaya en los últimos dos meses. El mando policial se encontraba en su día de descanso y se incorporaría a sus actividades este miércoles, indicó la prensa local.

De acuerdo con un reporte al 911, a las 20:30 horas se registró una balacera en una casa-habitación ubicada en la calle Vicente Suárez casi esquina con Niños Héroes. Los vecinos fueron quienes reportaron el hecho a la autoridades

Los responsables del ataque escaparon del sitio, mientras el oficial y su hijo quedaron tendidos sobre el suelo. Elementos de seguridad arribaron al lugar para resguardar la zona y al percatarse de que había dos heridos de bala, pidieron que acudieran paramédicos al lugar.

Al arribar lo cuerpos de emergencia encontraron a las victimas sin signos vitales, por lo que se realizó el levantamiento y traslado de sus cuerpos para realizar las autopsias correspondientes. La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Guanajuato no ha dado a conocer las posibles líneas de investigación, pero informó que nueve personas fueron asesinadas en el estado el día de ayer, incluidas el oficial y su hijo, en los municipios de León, Celaya, Salvatierra, Acámbaro y Salamanca.

Medios de comunicación locales reporta que Efraín León prestó sus servicios en la corporación durante 30 años.

Celaya, epicentro de la violencia contra policías

En Guanajuato han asesinado a 33 elementos de diferentes corporaciones de seguridad en lo que va del año, ocho de los cuáles ocurrieron en Celaya, de acuerdo con la organización “Causa en Común”.

El doble homicidio ocurrido ayer es el cuarto hecho de violencia en contra de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Celaya en los últimos dos meses.

También es el segundo asesinato de un efectivo de dicha corporación en una semana, ya que el pasado 18 de septiembre se reportó que Jesús Inés Mejía Rangel, un comandante de la Policía de Tránsito de 43 años de edad, perdió la vida en un ataque armado cuando salía de su casa en Celaya.

El pasado 12 de febrero murió en un ataque similar, al exterior de su domicilio, Álvaro Fernando Coria Jiménez, jefe de escoltas del Alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, quien también había denunciado recibir amenazas del crimen organizado.

El 6 de marzo, la violencia alcanzó a Carlos Miguel Reyes Ortega, exdirector de la Policía Municipal de Celaya, conocido como “Comandante Zeus”. El exmando fue asesinado también en un ataque con arma de fuego.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 24 SEPTIEMBRE 2025.