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Trump: 'Los cárteles dirigen México, le dije eso (a Sheinbaum)...'

Trump sostuvo que el superávit comercial de México frente a Estados Unidos creció desmedidamente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio una larga conferencia de prensa para informar los avances de su asistencia a la cumbre de la APEC y la reunión con los presidentes de China y Rusia.

Sin pregunta de por medio, habló sobre su encuentro bilateral en la cumbre de APEC con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

En materia económica, Trump sostuvo que el superávit comercial de México frente a Estados Unidos creció desmedidamente y afirmó haberle dicho a la mandataria que su gobierno no permitirá que continúe esa situación comercial.

En ese mismo contexto, el mandatario destacó que diversas armadoras automotrices que se establecieron en México y otros países están regresando a territorio estadounidense impulsadas por la aplicación de aranceles.

De manera complementaria, el secretario de Estado, Marco Rubio, puntualizó que la relación bilateral requiere solucionar discrepancias comerciales para garantizar condiciones justas y equilibradas para los trabajadores estadounidenses.

Respecto a la seguridad, Trump señaló que trabaja con Sheinbaum en el combate a las organizaciones criminales, y aseguró haberle advertido directamente que “los cárteles gobiernan México”, enfatizando que Estados Unidos no puede tolerar ese escenario al tratarse de un país vecino.

Por su parte, Rubio confirmó que la condición de frontera compartida coloca los temas de defensa, seguridad y comercio como asuntos inmediatos en la agenda bilateral.


FUENTE/MEDIO: ARISTEGUI NOTICIAS.

Fiscalía de Texas va contra red de La Nueva Familia Michoacana y pide cooperación para traslados desde México

La Fiscalía del Distrito Oeste de Texas presentó cargos federales contra 21 presuntos integrantes y colaboradores de La Nueva Familia Michoacana —designada organización terrorista extranjera en 2025—, incluidos los hermanos Hurtado Olascoaga, tras investigar el tráfico de drogas y armas, casas de seguridad en Texas y un presunto trueque de minerales por precursores químicos

La expansión de La Nueva Familia Michoacana más allá de las fronteras mexicanas quedó plasmada en una acusación federal presentada en el Distrito Oeste de Texas contra 21 presuntos integrantes y colaboradores del grupo criminal. La causa penal reúne meses de trabajo coordinado entre el Buró Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

Al dar a conocer el caso ante medios de comunicación, el fiscal federal Justin Simmons, responsable del Distrito Oeste de Texas, buscó atajar la percepción de que este fenómeno delictivo ocurre lejos de territorio estadounidense. “Lo que quiero que todos entiendan de este caso y de tantos otros que llevamos aquí en el Distrito Oeste de Texas es que los cárteles no son solo un problema mexicano”, sentenció.

DE YACIMIENTOS MINEROS A PRECURSORES QUÍMICOS

Uno de los ejes más singulares del expediente radica en el presunto modelo de abastecimiento y financiamiento de la organización. De acuerdo con los fiscales, el grupo habría recurrido a minas controladas en México para obtener minerales que posteriormente entregaba a ciudadanos chinos a cambio de precursores químicos destinados a la manufactura de drogas enviadas hacia Estados Unidos.

Los señalamientos de liderazgo apuntan a los hermanos Johnny Hurtado Olascoaga y José Alfredo Hurtado Olascoaga, identificados por las autoridades como presuntos dirigentes desde 2011. Bajo su conducción, sostiene la fiscalía, se articuló una estructura dedicada a mover cargamentos de miles de kilogramos de metanfetamina, cocaína y heroína hacia el mercado norteamericano.

“Con el paso del tiempo La Nueva Familia Michoacana construyó un imperio criminal basado en el tráfico de drogas, tráfico de personas, tráfico de armas, lavado de dinero y extorsión”, resumió Simmons al detallar el alcance de las operaciones atribuidas a la red.

CASAS DE SEGURIDAD EN TEXAS Y FUSILES HACIA EL SUR

En el plano logístico dentro de Estados Unidos, los agentes federales ubicaron al menos dos casas de seguridad en Buda y Bastrop, Texas, empleadas presuntamente para resguardar armamento y otros insumos de la organización. Sobre esos inmuebles, el fiscal alertó: “Estas casas son un imán para los delitos violentos”.

La investigación también puso bajo la lupa el flujo inverso: la compra de armamento en Estados Unidos para su traslado clandestino a México, con el fin de proteger rutas de contrabando y sostener el dominio territorial. Entre el material asegurado se reportaron fusiles calibre .50, rifles AR-15, armas de 7.62 milímetros y lanzacohetes, además de vehículos adaptados con soportes para ametralladoras de uso militar.

Desde la división de campo de la ATF en Houston, el agente especial adjunto Robert Topper advirtió sobre el impacto binacional de este tráfico ilícito: “El tráfico ilegal de armas de fuego alimenta la violencia, fortalece a las organizaciones criminales y terroristas transnacionales y amenaza la seguridad pública a ambos lados de la frontera”.

FINANZAS ILÍCITAS, DECOMISOS Y DISTRIBUCIÓN REGIONAL

El circuito financiero descrito por los fiscales involucra el lavado de dinero mediante transferencias bancarias entre instituciones de ambos países y el cruce clandestino de efectivo de Estados Unidos hacia México. En paralelo, las autoridades aseguraron bienes cuyo valor rebasa el millón de dólares, presuntamente vinculados con ganancias del narcotráfico.

En la zona centro de Texas, los decomisos encabezados por la DEA incluyeron más de 1,100 libras de metanfetamina, 100 libras de cocaína, más de 500 gramos de fentanilo y varios rifles. Brendan Hanratty, agente especial adjunto interino de la DEA en Austin, ubicó a los acusados Antonio Ojo de Agua y Abraham Espinosa Madrigal como presuntos responsables de distribuir cocaína y metanfetamina en esa región.

COOPERACIÓN PENDIENTE Y PENAS DE HASTA CADENA PERPETUA

La designación de La Nueva Familia Michoacana como organización terrorista extranjera por parte del gobierno estadounidense en 2025 enmarca esta ofensiva judicial, que busca golpear tanto las cadenas de suministro como los activos de la agrupación.

Sin embargo, el fiscal Justin Simmons reconoció que varios de los 21 señalados aún se encuentran en México, mientras otros ya están bajo custodia estadounidense, por lo que expresó su expectativa de contar con la colaboración de las autoridades mexicanas para concretar su traslado a Estados Unidos.

De ser hallados culpables, 19 de los acusados enfrentan la posibilidad de recibir cadena perpetua, mientras que los dos restantes afrontan cargos con penas máximas de hasta 20 años de prisión federal.

PUNTOS CLAVE
  • Ofensiva en Texas: 21 presuntos miembros y colaboradores de La Nueva Familia Michoacana enfrentan cargos federales en el Distrito Oeste de Texas tras una investigación de FBI, HSI, DEA y ATF.
  • Red de mando y minerales: Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga son señalados como presuntos líderes desde 2011, en un esquema que presuntamente incluyó el intercambio de minerales de minas en México por precursores químicos con ciudadanos chinos.
  • Tráfico de armas y inmuebles: Se hallaron casas de seguridad en Buda y Bastrop, Texas, y se documentó el envío ilegal de armas hacia México, incluidos fusiles calibre .50, AR-15, 7.62 mm, lanzacohetes y vehículos adaptados para ametralladoras.
  • Aseguramientos y lavado: La DEA decomisó más de 1,100 libras de metanfetamina, 100 libras de cocaína y más de 500 gramos de fentanilo en el centro de Texas, junto con más de un millón de dólares en bienes y operaciones de lavado.
  • Traslados y condenas: Varios imputados permanecen en México a la espera de cooperación para su entrega a EE. UU.; 19 arriesgan cadena perpetua y 2 hasta 20 años de prisión federal.

EU sanciona a células del narco de Australia e Italia, ligados al CJNG y Clan del Golfo

Tanto el CJNG como el Clan del Golfo han sido designadas por el gobierno del presidente Donald Trump como grupos narcoterroristas transnacionales de México

El gobierno de Estados Unidos anunció que sanciona a dos organizaciones internacionales de tráfico de drogas, una en Australia y otra en Italia, que tienen nexos con el Cártel de Sinaloa, Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Clan del Golfo. 

Tanto el CJNG como el Clan del Golfo han sido designadas por el gobierno del presidente Donald Trump como grupos narcoterroristas transnacionales de México, por lo que ahora los grupos sancionados quedarían incluidos en esa categoría. 

El Departamento de Estado anunció la sanciones y designaciones como organizaciones de narcotráfico significativas en contra de Comanchero, un club y pandilla de motociclistas de Australia, junto con ‘Ndrangheta, agrupación delincuencial y de la mafia de Italia.  

“Ambos grupos proveen de apoyo logístico esencial a las organizaciones designadas como Terroristas Extranjeros que incluyen al Cártel de Sinaloa, Cártel de Jalisco Nueva Generación y Clan del Golfo”, subrayó el Departamento de Estado por medio de un comunicado de prensa.

EU busca sanciones contra narcotraficantes australianos e italianos

En paralelo, la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, informó que instrumentaba las sanciones contra los narcotraficantes australianos e italianos que implica el congelamiento de cuentas bancarias y confiscación de bienes que se encuentren en lugares bajo la jurisdicción estadunidense.  

Proceso por años ha documentado que al igual que en Estados Unidos los clubes de motociclistas y pandillas son socios y comparsas de los cárteles del narcotráfico de México, lo mismo ocurre con los de otros países en Asia y Europa.  

“Los Comancheros y ‘Ndrangheta juegan un papel crítico en perpetuar el ilícito comercio global de las drogas, trasiegan cargamentos, lavan dinero y llevan a cabo operaciones que permiten a los cárteles mexicanos ampliar sus acciones a través de fronteras internacionales y mantener las redes globales del narcotráfico”, puntualizó el gobierno de Estados Unidos.  

El Departamento de Estado y el del Tesoro enfatizan que las sanciones al grupo australiano y al italiano, “trastocarán la infraestructura financiera de los cárteles mexicanos que son un apoyo esencial para sus objetivos de inundar con drogas letales a nuestras comunidades y ayudaran a proteger la vida de estadunidenses”.

FUENTE/MEDIO: PROCESO.

EE.UU. revoca visa a Alejandro Fragozo, presidente del Tribunal Superior de Justicia de BC

El Gobierno de Estados Unidos vuelve a cimbrar a las estructuras de poder de Baja California, y ahora fue el turno del Poder Judicial del Estado, cuyo titular, el magistrado Alejandro Isaac Fragozo López, vio comprometida la confianza por parte del vecino país del Norte, el cual decidió revocar su visa de turista, convirtiéndose así en el primer integrante del máximo tribunal de Baja California en ser alcanzado por las sanciones migratorias.

Fragozo López, probablemente el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) más afín al gobierno en turno, fue notificado por el Departamento de Estado el pasado julio del 2026 de la revocación de su visa de turista, con lo cual se le niega la entrada a territorio norteamericano. De esta manera se unió a la larga lista de políticos y representantes públicos de alto nivel en ser despreciados por el gobierno dirigido por el magnate, Donald Trump.

A diferencia de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y de varios políticos morenistas, Fragozo López tuvo cautela; decidió ocultar un dato de interés público, sobre todo porque, si bien es un visado de turista, las relaciones binacionales entre California y Baja California gestan un vínculo, incluso jurídico, más importante que en otras entidades.

Fuentes del Gobierno de los Estados Unidos confirmaron a ZETA que el magistrado Fragozo López, intentó tocar suelo en la unión americana a mediados de este año, aunque no precisaron detalles, motivos o condiciones en que se le retiró el documento migratorio.

Fragozo López se une a los políticos bajacalifornianos a quienes se le revocó el documento migratorio, los cuales son encabezados por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, sancionada junto con su ahora exesposo, Carlos Torres Torres, en mayo del 2025; la alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez, junto con su esposo, Luis Samuel Guerrero Delgado; así como el presidente municipal de San Felipe, José Luis Dagnino, y la diputada federal, Hilda Araceli Brown Figueredo.

En esa lista también destaca el oficial mayor del Poder Ejecutivo, David Cervantes Aguilar; el diputado local, Jaime Eduardo Cantón Rocha; la exalcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez; y el exdirector de la Policía Municipal de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil, recientemente detenido y absuelto de una acusación de la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de desaparición forzada entre particulares, robo de vehículo y asociación delictuosa. Las severas acusaciones no pudieron ser probadas en juicio.

Fragozo López ha estado envuelto en una serie de escándalos políticos, desde su negociación para perpetuarse en el poder como presidente del TSJE y del Consejo de Administración, considerado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), hasta los señalamientos sobre una denuncia anónima presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) donde se le vinculó como parte de una estructura de tráfico de influencias, sobornos y de huachicol fiscal.

EL ASCENSO DE FRAGOZO Y SU VISA REVOCADA

En junio del 2018, Alejandro Isaac Fragozo López fue designado como nuevo integrante del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), uno de los últimos nombramientos realizados por un Congreso afín a Francisco Vega de Lamadrid, último gobernador panista de Baja California.

Fragozo tenía varios padrinos, pero llegó al máximo tribunal con la idea clara de que podría ocupar un liderazgo en poco tiempo, dado que la última generación de “sabios” del TSJE estaba por retirarse.

El magistrado Raúl González Arias ya había dejado el cargo por retiro y en los próximos años venía un retiro masivo de togados, como el de Marco Antonio Jiménez Carrillo, Emilio Castellanos, y más adelante los de María Esther Rentería, Armando Vásquez y Perla del Socorro Ibarra, e incluso el del connotado Víctor Vázquez, por mencionar sólo algunos.

Alejandro Fragozo estaba destinado a dirigir la próxima generación de togados, por lo que tras el convulsivo periodo de pandemia donde se removió a Salvador Ortiz Morales de la Presidencia y el breve interinato de Jorge Ignacio Pérez Castañeda, en 2020, no fue extraño que apenas dos años después de asumir el puesto, y en medio de un escándalo derivado de una denuncia de acoso sexual y hostigamiento laboral (de la que resultó absuelto), fuera considerado Presidente del TSJE y del ahora extinto Consejo de la Judicatura.

A pesar de ser electo por un gobierno panista, fue en la gestión de Jaime Bonilla Valdez, y principalmente con el apoyo de Guillermo Ruiz Hernández, su fiscal general, cuando asumió la presidencia. Desde aquel noviembre del 2020, Fragozo no ha dejado la silla presidencial y se volverá el titular con mayor tiempo en el cargo, con la posibilidad de extenderlo hasta por un periodo total de 12 años.

Así como en junio del 2018 fue designado magistrado, ese mismo mes, pero ocho años después, el Gobierno de los Estados Unidos revocó su visa de turista para ingreso, lo que quiere decir que los titulares de dos de los tres poderes de Baja California carecen de permiso para ingresar al vecino país del Norte.

La información ofrecida por fuentes del Gobierno de los Estados Unidos confirma que el magistrado Fragozo sufrió este revés, aunque no precisaron los motivos para la revocación de la visa, por el momento.

FRAGOZO Y SUS POLÉMICAS

Alejandro Fragozo López ha sido un presidente polémico, pues desde su arribo al poder, en medio de una acusación de acoso sexual y hostigamiento sexual, meses antes de asumir la Presidencia, y luego de entrar en un conflicto con el gobierno de Jaime Bonilla Valdez, mediante una defensa jurídica por el Consejo de la Judicatura, el cual el mandatario pretendía disolver, su relación con el incipiente gobierno de Marina del Pilar Ávila se tornó tersa.

Fragozo se convirtió en un invitado obligado y en un presidente ampliamente beneficiado por el recurso público. Desde centros de convivencia familiar hasta juzgados, todo gracias al apoyo de la mandataria estatal, todo por un beneficio mutuo.


Uno de los grandes conflictos donde Fragozo López fue ampliamente cuestionado por la comunidad jurídica fue su aval a la reforma judicial, pues mientras los tribunales federales protestaban de forma férrea contra el intento de invasión de las facultades del Poder Judicial, en Baja California la propuesta no fue cuestionada, sino negociada.

La evidencia lo aclara, pues aunque el 85 por ciento de los puestos titulares jurisdiccionales del Poder Judicial local fueron ratificados mediante la elección popular, además de no ser el jurista más votado, se le permitió mantener la Presidencia del TSJE y del recién creado Consejo de Administración.

Esto permitió que Fragozo afianzara su poder dentro del tribunal, pues a pesar de haber cumplido ya un periodo y medio (cada uno de tres años), su reciente nombramiento le permite ocupar el cargo por otros dos periodos de cuatro años, cada uno, con lo que podría alcanzar hasta 13 años en el puesto.

Sin embargo, uno de los episodios más complejos fue que compartió carpeta de investigación en una denuncia anónima de la FGR donde lo señalaban como parte de una estructura criminal vinculada al huachicol fiscal, además de sobornos de la delincuencia organizada.

Aunque no se precisaron muchos detalles sobre su involucramiento en el referido expediente, y el propio magistrado ha negado haber recibido alguna notificación sobre ese expediente, varios de los ahí señalados han tenido conflictos con la justicia.

Uno de los ejemplos más claros es el de Carlos Torres Torres, exesposo de la Gobernadora, quien junto con su hermano aparecen en la denuncia presentada ante autoridades federales, cuyo origen sigue siendo un misterio.

También aparece el nombre del senador Armando Ayala Robles, Pedro Ariel Mendívil, así como funcionarios estatales vinculados al círculo de Carlos Torres. La información del expediente anónimo fue difundida ampliamente por un medio de televisión nacional, y aunque todos los implicados han negado una posible participación en los actos, el Gobierno de los Estados Unidos ha sancionado a varios de ellos a través de boletines del Departamento del Tesoro o de otros esquemas.


FUENTE/MEDIO: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: EDUARDO VILLA.
ENLACE: https://zetatijuana.com/2026/11/ee-uu-revoca-visa-a-alejandro-fragozo-presidente-del-tribunal-superior-de-justicia-de-bc/

Detienen en España a Juan Manuel 'Mono' Muñoz a petición de Estados Unidos

El empresario gasolinero comparecerá este jueves ante el juzgado número 1 de la Audiencia Nacional española, confirmaron fuentes judiciales a 'Aristegui Noticias'

Fuentes judiciales confirmaron a Aristegui Noticias la detención en Madrid, España, de Juan Manuel Muñoz Luévano, conocido como ‘El Mono Muñoz’, empresario del sector gasolinero señalado en el pasado por sus presuntos vínculos con el grupo criminal Los Zetas y con redes de contrabando de combustibles en México.

Las mismas fuentes informaron que Muñoz Luévano comparecerá durante este jueves 19 de noviembre ante el juzgado número 1 de la Audiencia Nacional española, donde el juez resolverá su situación jurídica.

Se trata de una detención provisional con fines de extradición solicitada por Estados Unidos, por lo que previsiblemente el juez le preguntará si se allana a la extradición. En caso afirmativo, se agilizaría el procedimiento. Si Muñoz se niega, se le realizará un juicio de extradición, en el que Estados Unidos y el detenido podrán exhibir los elementos de prueba que consideren pertinentes.

La detención habría ocurrido el pasado martes 17 de noviembre en el centro de Madrid. Tras la captura, Estados Unidos tiene un plazo de 45 días para formalizar la solicitud de extradición, de acuerdo con el tratado en la materia con España.

Las autoridades españolas notificaron al Gobierno de México la detención de Muñoz Luévano, al tratarse de un ciudadano mexicano, confirmaron a Aristegui Noticias fuentes gubernamentales.

Muñoz Luévano es un empresario del ramo de las gasolinerías, con negocios en distintas áreas, entre ellas bares, restaurantes y actividades agropecuarias en Coahuila.

Su trayectoria también ha estado marcada por investigaciones y procesos judiciales en España, Estados Unidos y México.

El 18 de marzo de 2016 fue detenido por primera vez en Madrid, señalado como presunto enlace de Los Zetas en Europa.

En 2019 fue extraditado por España a Estados Unidos, donde enfrentó acusaciones de la Fiscalía del Distrito Oeste de Texas por seis delitos: cuatro relacionados con la posesión, importación y distribución de cocaína; uno por la utilización de armas para sostener una empresa criminal, y otro por presunto lavado de dinero procedente del narcotráfico.

Sin embargo, en mayo de 2019, el fiscal auxiliar Russell Leachman retiró cinco de los seis cargos al sustituir la acusación.

Muñoz Luévano se declaró culpable de conspiración para lavar dinero ante una corte federal de San Antonio y llegó a un acuerdo con la justicia estadounidense. El juez le dictó sentencia por el tiempo que ya había permanecido detenido, por lo que recuperó su libertad ese mismo mes.

El 22 de mayo de 2025, Muñoz Luévano fue detenido en Torreón, Coahuila, acusado de amenazas y posesión simple de narcóticos, en un caso relacionado con el aseguramiento de una unidad de carga que transportaba hidrocarburo de procedencia ilícita.

Los reportes de aquel momento señalaron que el empresario intentó intervenir en favor de los conductores de unas pipas que transportaban huachicol y se puso agresivo. Durante su detención, le habrían encontrado cocaína, por lo que fue remitido al Ministerio Público.

No obstante, un juez de control determinó que podía continuar en libertad con medidas cautelares, al considerar que los delitos que se le imputaban no eran graves. Desde entonces se desconocía su paradero.

En julio de 2025, la Fiscalía de Coahuila cateó el rancho “Paola”, una propiedad vinculada con Muñoz Luévano ubicada en el municipio de Arteaga. En el inmueble fueron localizados una pipa, más de 15 tanques con combustible y una caja de tráiler con alteraciones en los números de serie. Durante el operativo fueron detenidas siete personas.

En esas fechas, también fue sido cateada una gasolinería de la cadena Cargo Gas, propiedad de Muñoz Luévano, en Saltillo. En ese operativo participó la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la Fiscalía General de la República (FGR).

En fechas recientes, el empresario ha sido relacionado con distintas investigaciones sobre presuntas redes de contrabando de hidrocarburos, entre ellas una en la que habrían participado marinos, empresarios y funcionarios de aduanas, cuyos presuntos líderes serían los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Lagunas.

También ha sido relacionado con el presunto esquema de huachicol fiscal por el que está procesado el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien se encuentra en prisión domiciliaria.

El pasado 31 de julio, la periodista Anabel Hernández cuestionó en Aristegui en Vivo que las autoridades no hubieran informado sobre el paradero de Muñoz Luévano, luego de la detención del exgobernador Ernesto Ruffo Appel.


Hernández señaló entonces al empresario como uno de los principales presuntos operadores del contrabando de combustibles mediante el sistema ferroviario mexicano.

Aclaró que no contaba con elementos para determinar si Ruffo Appel era culpable o inocente, pero indicó que empresas en las que el exmandatario aparecía como accionista habían sido relacionadas con la presunta red, a partir de documentación sobre carros tanque utilizados para transportar hidrocarburos de origen ilegal.

La periodista sostuvo que la investigación no debía limitarse a la detención del exgobernador, sino que también era necesario esclarecer qué había ocurrido con Muñoz Luévano y cuál era su participación en el esquema.

Señaló que tras su detención, la FGR no había precisado si continuaba en México, si existía una ficha activa de Interpol para localizarlo o cuál era el estado de las investigaciones.

Incluso, dijo que recopilaba información sobre la posibilidad de que alguna instancia del Gobierno federal hubiera facilitado la salida de Muñoz Luévano del país, aunque advirtió que todavía trabajaba en corroborar esos datos.

“Estamos hablando de un caso de tráfico ilegal de hidrocarburos gigante y, hasta este momento, la Fiscalía General de la República no es capaz de detenerlo”, afirmó durante el programa.

Asimismo, consideró que la demora para localizar al empresario “ya podría estar entrando a lo que pareciera un esquema de complicidad o protección”.

La periodista agregó que Muñoz Luévano presuntamente operaba una amplia red de estaciones de servicio en las que se comercializaba el combustible traficado ilegalmente. También señaló que habría ejercido presión sobre otros empresarios gasolineros para obligarlos a adquirir ese producto.

Jefe de la DEA advierte que EU seguirá exhibiendo políticos mexicanos: caso Rocha Moya sigue parado

El jefe de la DEA aseguró que la agencia seguirá exponiendo presuntos nexos entre cárteles y actores políticos corruptos, mientras la investigación contra Rocha Moya continúa sin una resolución pública

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) mantendrá sus investigaciones para exponer los presuntos vínculos entre organizaciones criminales y actores políticos corruptos en México, advirtió su titular, Terry Cole, en un mensaje publicado en redes sociales.

“La corrupción en México está alimentando las redes de cárteles que amenazan a nuestras comunidades. @DEAHQ sigue comprometida con exponer el nexo entre organizaciones terroristas extranjeras mortales y actores políticos corruptos para proteger vidas estadounidenses. No nos estamos echando para atrás”, escribió el funcionario.


Aunque Cole no mencionó nombres ni hizo referencia directa al caso de Rubén Rocha Moya, su mensaje ocurre mientras continúa sin una resolución pública la investigación contra el gobernador de Sinaloa con licencia, acusado por autoridades estadounidenses de presuntos vínculos con integrantes del Cártel de Sinaloa.

A más de seis meses de que Estados Unidos presentó cargos contra el político morenista y otros nueve funcionarios y exfuncionarios, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación en México. Sin embargo, no se han informado públicamente sus resultados ni existe una fecha para que concluya.

El caso también permanece sin avances conocidos en el procedimiento de detención provisional con fines de extradición. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que Estados Unidos no ha entregado elementos adicionales que, bajo las leyes mexicanas, permitan proceder con esa medida.

LA ACUSACIÓN DE ESTADOS UNIDOS

El 29 de abril de 2026, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York dio a conocer una acusación formal contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, a quienes señaló de presuntamente colaborar con integrantes de Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

De acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, los acusados habrían participado en una conspiración para introducir drogas como fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a territorio estadounidense, a cambio de sobornos y protección para las actividades de la organización criminal. También se presentaron cargos relacionados con armas.

La acusación incluyó una solicitud de detención provisional con fines de extradición. No obstante, los señalamientos contenidos en el expediente constituyen acusaciones y no una sentencia que acredite la responsabilidad penal de los señalados.

Rocha Moya solicitó licencia a la gubernatura en mayo de 2026 y compareció ante la FGR el día 26 de ese mes. Desde entonces ha rechazado las imputaciones. El político intentó reincorporarse al gobierno estatal el 21 de agosto, luego de 112 días separado del cargo, pero al día siguiente solicitó una nueva licencia por tiempo indefinido. 

MÉXICO ESPERA MÁS ELEMENTOS DE EU

El 2 de septiembre, durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que Estados Unidos solicitó la detención urgente con fines de extradición, pero respondió que no se realizaría dicha solicitud debido a la falta de pruebas. “Hasta ahora, la respuesta de Estados Unidos ha sido que no tendrían por qué mostrar alguna prueba adicional”.

La presidenta argumentó que los sistemas penales de ambos países tienen diferencias en la valoración de los elementos probatorios. Mientras en Estados Unidos los testimonios pueden considerarse pruebas por sí mismos, explicó, en México se requieren otros elementos para sustentar una imputación.

También señaló que la FGR debe determinar si existen elementos para proceder. En caso contrario, la investigación podría cerrarse. 

LA FGR NO TIENE FECHA PARA CERRAR EL EXPEDIENTE

El 13 de noviembre, Efraín Alonso Gastélum Padilla, titular de la Fiscalía Federal en Sinaloa, informó que no existe una fecha establecida para concluir las investigaciones relacionadas con Rocha Moya y otros funcionarios.

El funcionario precisó que el expediente no está radicado en la representación estatal de la FGR, sino en las oficinas centrales de la Ciudad de México, donde las diligencias están a cargo de la Fiscalía Especializada en Casos Complejos.

La delegación de Sinaloa, explicó, únicamente ha brindado apoyo cuando se lo han solicitado. Por ello, dijo, no puede informar sobre el avance de las indagatorias ni anticipar cuándo concluirán.

“Las investigaciones no están sujetas a tiempos, están sujetas a cómo van evolucionando de acuerdo a lo que avanzan las policías, los peritos y los agentes del Ministerio Público que están comisionados para el caso concreto”, declaró.

Hasta ahora, las autoridades mexicanas no han informado públicamente de imputaciones formales u órdenes de aprehensión contra Rocha Moya derivadas de esta investigación. 

UIF DESBLOQUEA DOS CUENTAS, PERO NO TODO SU PATRIMONIO

El 13 de noviembre, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que desbloqueó parcialmente dos cuentas bancarias de Rocha Moya, en cumplimiento de una resolución de la Segunda Sala Regional en Sinaloa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

La medida, ejecutada el 5 de noviembre, le permite disponer de los recursos correspondientes a tres pensiones: una por viudez del ISSSTE, otra por cesantía en edad avanzada del IMSS y una jubilación de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

La UIF aclaró que la resolución no implica el desbloqueo total de sus cuentas. Los recursos distintos a los contemplados en la determinación judicial y las demás operaciones financieras permanecen sujetos a las restricciones correspondientes.

El bloqueo de sus recursos había sido aplicado en mayo, después de que las autoridades estadounidenses dieron a conocer las acusaciones en su contra. El desbloqueo parcial, por tanto, no representa una exoneración ni significa que las investigaciones penales hayan concluido.

Sentencian a 22 años y medio de prisión al hermano de “El Mencho” en Estados Unidos

Antonio Oseguera Cervantes recibió una condena por narcotráfico y delitos relacionados con armas. Durante la audiencia pidió clemencia por su edad y estado de salud: “Mi mayor temor es morir fuera de mi familia”

La jueza federal Beryl Howell, del Distrito de Columbia, sentenció a 22 años y medio de prisión al narcotraficante mexicano Antonio Oseguera Cervantes, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). 

La sentencia quedó dividida en dos partes: 17 años y medio de prisión (210 meses) por delitos relacionados con el tráfico de cocaína y metanfetaminas de México a Estados Unidos, así como otras actividades ilícitas vinculadas con el crimen organizado, y cinco años adicionales por delitos relacionados con la posesión y el tráfico ilegal de armas como parte de una organización dedicada al narcotráfico. 

Durante la audiencia, que se prolongó por una hora y 25 minutos, la jueza desestimó la petición de clemencia que hizo en español el acusado, quien solicitó que se tomaran en cuenta su edad, sus problemas de salud y el temor de morir lejos de su familia. 

“Considere mi edad (68 años) y estado de salud… mi mayor temor es morir fuera de mi familia”, expresó Oseguera Cervantes ante la jueza, quien le recordó sus más de dos décadas de participación en el narcotráfico como integrante de alto rango, primero del Cártel del Milenio y posteriormente del CJNG.

La defensa del narcotraficante mexicano, expulsado a Estados Unidos por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en febrero de 2025, argumentó que su representado padece enfermedades cardiovasculares crónicas por las cuales tendría una expectativa de vida de apenas 10 años. 

Los abogados también destacaron que Oseguera Cervantes había mantenido buena conducta durante su estancia en prisión desde su llegada a territorio estadunidense. 

Vestido con un overol de preso color olivo, el hermano de “El Mencho” ofreció una disculpa pública y reiteró su petición de clemencia, al señalar que era un hombre próximo a cumplir 70 años. 

En su intervención, relató que provenía de una familia de siete hermanos que fueron abandonados por su padre cuando él era pequeño. 

Oseguera Cervantes explicó que llegó a Estados Unidos a los 16 años para trabajar y que permaneció durante tres décadas en ese país, hasta que fue deportado a México. 

También aseguró que tiene hijos que son ciudadanos de ambos países y que trabajan en Estados Unidos. 

Agregó que en México tiene dos hijos adultos cuya madre falleció de cáncer, además de otros dos hijos menores de edad, de seis y dos años. 

Sin embargo, los argumentos del narcotraficante no prevalecieron frente a los señalamientos del Departamento de Justicia, cuyos representantes recordaron a la jueza que el CJNG es una de las organizaciones criminales más violentas de México, responsable de numerosos actos de violencia, corrupción y muertes. 

El equipo de abogados de Oseguera Cervantes, encabezado por Frank Pérez, insistió en que la jueza debía considerar las condiciones de salud y la edad de su representado al momento de determinar la condena. 

El Departamento de Justicia había solicitado una pena de 30 años de prisión, mientras que la defensa planteó una condena de 20 años. Finalmente, la jueza Howell impuso una sentencia total de 22 años y medio. 

La juzgadora aclaró que a la condena se deberá descontar el tiempo que Oseguera Cervantes ya ha permanecido encarcelado en Estados Unidos desde su traslado desde México. 

Una vez cumplida la sentencia, el hermano de “El Mencho” deberá ser deportado a México.

Detienen en Los Ángeles a exfuncionario de Sonora acusado de robar decenas de millones de pesos del erario

El dinero habría sido utilizado, en parte, para pagar su boda y una lujosa casa habitación, por lo que su esposa se encuentra detenida desde el año pasado

Juan Alan Araujo Ahumada, exsubdirector de contabilidad del Consejo Estatal de Concertación de Obra Pública, fue detenido el pasado martes 10 de noviembre en Los Ángeles, California; es buscado por acusaciones de peculado y enriquecimiento ilícito. 

Las decenas de millones de pesos habrían sido utilizadas, en parte, para pagar su boda y una lujosa casa habitación, por lo que su esposa se encuentra detenida desde el año pasado. 
“De acuerdo con la investigación ministerial, Juan Alán 'N' se desempeñaba como auxiliar administrativo de CECOP y, entre el 17 de enero y el 1 de abril de 2025, presuntamente realizó 234 transferencias electrónica por un monto de 65 millones 626 mil 697 pesos, operaciones que sustentan la causa penal por peculado”, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE).
A dicho cargo se añadieron acusaciones por enriquecimiento ilícito, lo que fundamentó una segunda orden de aprehensión relacionada con un monto de 120 millones de pesos.

Además de las dos órdenes de aprehensión, Araujo Ahumada contaba con una ficha roja de búsqueda internacional, por lo que fue detenido “mediante trabajos de inteligencia” de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y en colaboración con personal de Investigaciones de Seguridad Nacional del país vecino.

El exsubdirector de contabilidad de CECOP, según informes oficiales y extraoficiales, celebró la costosa boda a la que se destinó parte del dinero ilícito en Los Lagos, una de las residenciales de más alto plusvalor de la ciudad de Hermosillo, donde habitan personajes como Carín León y donde Natanael Cano también cuenta con propiedades.

Tras convertirse en prófugo, según el fiscal Rómulo Salas Chávez, el ahora detenido habría estado oculto con familiares en Los Ángeles, y fue detenido cuando se desplazaba a un sitio de remodelación de departamentos para personal retirado, donde se encontraba trabajando. 

Según el titular de la FGJE, el ahora detenido se encuentra en trámites migratorios para ser trasladado a México.