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Trabajadores del IMSS se sienten desprotegidos y no bien representados, afirma exapoderado sindical

Ricardo Albarrán, quien hasta agosto fue apoderado legal de la Sección XXXII del SNTSS, señaló que la falta de comunicación con la base trabajadora agudizó la inconformidad

Los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se sienten desprotegidos y sin una representación sindical cercana ante las dificultades que enfrentan en sus centros laborales, afirmó Ricardo Albarrán, abogado vinculado al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) desde 1977 y jubilado del IMSS desde hace una década.

Albarrán, quien hasta agosto de 2026 se desempeñó como apoderado legal de la Sección XXXII del SNTSS en la Ciudad de México y formó parte durante años del Comité Ejecutivo del sindicato, señaló que las actuales protestas de trabajadores deben entenderse a partir de una falta de comunicación entre la dirigencia sindical y la base trabajadora.

“Quisiera hacer un análisis porque es lo que me corresponde a mí por la experiencia vivida a través de muchos años que he servido a la Seguridad Social, de haber convivido con mis compañeros trabajadores en las diferentes instancias y que definitivamente vemos que está pasando algo que se ha dado ya en otros tiempos, la falta de comunicación con la base trabajadora”, expuso durante una entrevista con Aristegui en Vivo.

De acuerdo con el abogado, los trabajadores “se han sentido desprotegidos” y consideran que no han tenido la representación que requieren en momentos difíciles. Al ser cuestionado sobre si existe sustento en ese reclamo, respondió: “En cierta manera sí”.

Explicó que algunas de las problemáticas que actualmente enfrentan los trabajadores del IMSS no son nuevas. La falta de insumos, personal, materiales y medicamentos ha formado parte de las demandas históricas del personal del instituto. Sin embargo, consideró que esas carencias se han agravado por la percepción de falta de respaldo hacia los trabajadores.

El abogado señaló que existen 35 delegaciones administrativas del IMSS encargadas de coordinar las acciones necesarias para atender las necesidades de las unidades, entre ellas la cobertura de personal e insumos. En ese sentido, sostuvo que se ha generado una situación que afecta emocionalmente a los trabajadores, quienes han enfrentado sanciones y procedimientos internos.

Sostuvo que trabajadores han sido enviados a distintas instancias institucionales después de expresar problemas relacionados con sus condiciones laborales. Mencionó entre ellas la Comisión de Honor y Justicia del sindicato, la instancia disciplinaria del instituto y Relaciones Laborales, donde pueden iniciarse procedimientos que eventualmente deriven en la rescisión de la relación laboral.


Afirmó que esta situación ha generado temor entre los trabajadores y una sensación de falta de protección. “Y eso crea una psicosis, porque se sienten obviamente reprimidos, se sienten sin ninguna protección que les dé ellos la garantía, la seguridad emocional para seguir cumpliendo con sus funciones”, dijo.

El abogado defendió la preparación y experiencia del personal del Seguro Social y recordó la participación de los trabajadores durante emergencias anteriores, entre ellas el sismo de 1985 y la pandemia de COVID-19.

Recordó que durante la emergencia sanitaria hubo trabajadores del IMSS que perdieron la vida mientras atendían a pacientes y sostuvo que el personal continuó realizando sus funciones aun cuando existía temor entre otros sectores por ingresar a las áreas donde se atendía a personas contagiadas.

“Es una clase muy preparada, es una clase que se ha dedicado años para poder dar un servicio a la seguridad social, a través de los estudios académicos, a través de sus experiencias con los propios pacientes”, afirmó.

En cuanto a la marcha nacional convocada para este martes 13 de octubre, Albarrán señaló que uno de los principales puntos de inconformidad es el incremento salarial. Recordó que el salario ha sido históricamente un asunto relevante dentro de las negociaciones sindicales y sostuvo que actualmente existe inconformidad entre los trabajadores por el aumento directo de 2.9 por ciento.

Según dijo, el malestar no se limita a la cifra porcentual, sino a lo que representa en términos del ingreso efectivo de los trabajadores. “Me dicen que voy a hacer con 100 o 150 pesos a la quincena que me incrementan, simplemente ni para los pasajes y tienen razón, la vida está elevada”, relató.

Albarrán dio algunos ejemplos de los ingresos que perciben distintas categorías de trabajadores del IMSS. Señaló que un médico especialista puede ganar en promedio 45 mil pesos mensuales, mientras que en áreas técnicas el ingreso promedio puede ubicarse alrededor de los 30 mil pesos.

En el caso del personal de enfermería, indicó que existen diferentes niveles, desde auxiliares hasta jefaturas de piso y especialistas. Estimó que una enfermera o enfermero especializado puede percibir alrededor de 25 mil pesos mensuales, mientras que un auxiliar puede recibir aproximadamente 15 mil pesos.

Respecto de la falta de medicamentos, insumos y personal, sostuvo que también se trata de una problemática histórica, aunque señaló que anteriormente existían mecanismos de revisión entre el sindicato y las autoridades para identificar las necesidades de las unidades.

Señaló que se realizaban revisiones de plantillas laborales para determinar dónde hacía falta personal y también se verificaban las necesidades de insumos y equipos. Desde su perspectiva, esos mecanismos resultan relevantes para identificar las condiciones en las que trabajan las unidades.

El abogado dijo que tuvo conocimiento directo de una situación ocurrida en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, particularmente en el área de Pediatría, donde trabajadores comenzaron a ser enviados a instancias disciplinarias después de manifestar dificultades para realizar determinadas tareas.

Uno de los problemas era la asignación de personal a áreas especializadas sin que necesariamente contara con la capacitación requerida para desempeñarse en ellas.

Albarrán consideró que las amenazas de sanciones derivadas de esas situaciones contribuyeron a generar una crisis emocional entre los trabajadores. También cuestionó que personal con funciones directivas o de confianza haya sido remitido a instancias disciplinarias.

“Esa amenaza trajo una crisis emocional, siento que ante todo es un problema emocional que ha tenido el trabajador”, afirmó.

Ante el escenario de protestas y movilizaciones, el abogado consideró que existe una posibilidad de solución si se retoma el diálogo y se atienden los principales reclamos de los trabajadores.“El primer paso considero que se tiene que empezar a hablar”, advirtió.

Para Albarrán, la negociación debe comenzar por el tema salarial, al considerar que fue uno de los factores que detonaron la actual inconformidad, pero también debe incluir una revisión de las plantillas laborales y de las carencias de insumos y equipo.

También destacó el papel histórico del IMSS y sostuvo que la institución ha tenido una función relevante en el desarrollo de distintas regiones del país. Recordó que durante su trayectoria recorrió unidades en entidades como Oaxaca y Michoacán, así como zonas que experimentaron procesos de crecimiento urbano alrededor de instalaciones del Seguro Social.

En ese sentido, defendió la importancia de preservar la capacidad de atención de la institución y recordó que el IMSS fue concebido como una institución tripartita, con participación de trabajadores, empresarios y gobierno.

Señaló que el Seguro Social ha atravesado distintas etapas de transformación y recordó modificaciones en la participación gubernamental durante el gobierno de Miguel de la Madrid, cuando Carlos Salinas de Gortari se desempeñaba como secretario de Programación y Presupuesto.

El abogado ligró el reclamo sobre la representación sindical con las expresiones de inconformidad contra el dirigente nacional del SNTSS, Rafael Olivos Hernández, de quien piden su salida.

Explicó que el cuestionamiento a la dirigencia forma parte del mismo malestar de trabajadores que consideran que no han recibido el respaldo esperado.

“Es un sentir natural, porque se han sentido los trabajadores no representados por su representante sindical y esto es repercusión desgraciadamente, porque en muchas de las secciones no ha habido la capacidad de estar cerca de quien representa”, concluyó.

IMSS anuncia consulta a trabajadores para incremento salarial tras protestas

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recordó que la Secretaría de Gobernación instaló una mesa de diálogo entre la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) y trabajadoras y trabajadores inconformes, así como un trabajador jubilado

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que el próximo 14 de octubre, los trabajadores decidirán sobre el incremento en una consulta convocada por su sindicato, mediante voto libre, personal, directo y secreto.

En un comunicado, el instituto aclaró que dicha consulta será revisada por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

“El IMSS respetará la decisión de los trabajadores. (…) El grupo inconforme planteó demandas como el regreso al Régimen de Jubilaciones y Pensiones y la eliminación de las Afores. Estos temas requieren cambios en la ley y no son decisiones que correspondan al Instituto”, señaló el instituto

Prosiguió: “En los últimos días, grupos de trabajadores y jubilados se han manifestado en distintas entidades del país. El IMSS respeta su derecho a expresar su inconformidad y hace un llamado a mantener libres los accesos a hospitales y clínicas, en especial para urgencias y ambulancias, así como para quienes tienen una cita o cirugía programada”.

Unidades médicas siguen en funcionamiento

El IMSS aseguró que sus unidades médicas y hospitales están en operación en todo el país, y que los servicios de urgencias, hospitalización, terapia intensiva, atención de partos y hemodiálisis están garantizados.

“El día de hoy, más de 400 mil trabajadoras y trabajadores registraron su asistencia y laboraron con normalidad.

Recordó que la Secretaría de Gobernación instaló una mesa de diálogo entre la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) y trabajadoras y trabajadores inconformes, así como un trabajador jubilado.

“En esa mesa, el grupo expresó su rechazo al incremento salarial de 6.8% aprobado por el Congreso Nacional del SNTSS, compuesto por 2.9% al salario tabular y 3.9% en prestaciones, un incremento que está por encima de la inflación”, destacó.

Precisó que el Instituto y el sindicato trabajan de manera permanente, en un espacio dedicado a temas prioritarios, para atender los retos de la operación, como el abasto de medicamentos e insumos, los tiempos de espera, la conservación y el mantenimiento de las instalaciones, el trato digno y la cobertura de plazas.

“Desde 2019, la plantilla del IMSS creció en 94 mil 631 trabajadores de base, al pasar de 360 mil 823 a 455 mil 454 trabajadoras y trabajadores; entre ellos, más de 27 mil médicos especialistas y 26 mil 777 enfermeras. En el mismo periodo, el incremento salarial promedio fue de 6.94% anual”, precisó.

Protestas de trabajadores del IMSS

Personal activo y jubilado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizó este viernes movilizaciones y bloqueos en distintos puntos del país y la Ciudad de México, en rechazo al acuerdo salarial para el periodo 2026-2027, negociado entre el IMSS y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), así como para exigir cambios en la dirigencia nacional del sindicato.

La protesta se organizó después de una reunión realizada el pasado jueves en la Secretaría de Gobernación, donde representantes de la disidencia plantearon la convocatoria a un Congreso Nacional Extraordinario. De acuerdo con las personas inconformes, la petición fue rechazada y la reunión terminó sin acuerdos, por lo que trasladaron sus demandas a las calles y algunos de los principales centros hospitalarios del Valle de México.

Eduardo Vinicio Martínez, jubilado y representante de trabajadores jubilados y pensionados, aseguró que en el encuentro participaron representantes de 37 secciones y que, ante la negativa a convocar al Congreso Extraordinario, las personas trabajadoras abandonaron la mesa. También señaló que Gobernación posteriormente invitó a retomar el diálogo, aunque la representación inconforme pidió que la reunión se realizara en el lugar de la movilización y frente a la base trabajadora.

Las personas inconformes demandan un incremento de 10% directo al salario tabular. Humberto Avendaño Valencia, técnico polivalente de la sección 34 del IMSS, sostuvo que el aumento anunciado no se reflejaría de manera suficiente en el ingreso disponible de las personas trabajadoras y cuestionó particularmente la retención relacionada con el fondo de ahorro para el retiro.

El joven trabajador que se manifestaba afuera de las oficinas centrales sobre Paseo de la Reforma afirmó que el incremento implicaría mayores descuentos destinados a las cuentas individuales de retiro y sostuvo que esos recursos podrían estar expuestos a pérdidas dependiendo del desempeño de las inversiones.

Tras 21 años de litigio, médico gana juicio a la CDMX y ahora deberán pagarle 9.7 mdp

El Gobierno de la Ciudad de México debe más de 9.7 millones de pesos a médico injustamente despedido en 2004. Se trata de una deuda que crece cada día con cargo al erario por la negativa de las autoridades (ahora bajo las órdenes de Clara Brugada) a cumplir con el laudo.

Durante los últimos 21 años el Gobierno de la Ciudad de México mantiene vivo un litigio en el que ya fue condenado a pagar más de nueve millones y medio de pesos a un empleado que fue despedido en 2004, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador como gobernante de la capital del país, cantidad que día con día incrementa.

El caso está en etapa de ejecución, pero el incumplimiento de las autoridades de la CDMX pone en juego la continuidad del director general de Servicios Legales local, José Juan Torres Tlahuizo, quien fue designado a inicios de este año en dicho cargo por Eréndira Cruzvillegas Fuentes, consejera jurídica de la administración de Clara Brugada.

Lo anterior, debido a que desde marzo último la Secretaría de Salud capitalina, dependencia para la cual trabajaba Fernando González Ramos, quien demandó al gobierno de la CDMX, solicitó a Torres Tlahuizo autorizar el pago de nueve millones 765 mil 156.40 pesos en favor del extrabajador por concepto de salarios caídos desde 2004 a la fecha.

Hasta ahora, Torres Tlahuizo no ha dado el visto bueno para que la Mesa de Asuntos de Cumplimiento de Capital Humano realice el pago, por lo que la cantidad requerida desde marzo ha ido incrementando por cada día que González Ramos no recibe el dinero y no se le reinstala en el cargo que tenía en la Secretaría de Salud de la CDMX, como ya fue ordenado por autoridades federales en materia del trabajo.

Proceso buscó a Torres Tlahuizo para conocer su posición sobre el caso, pero al momento de esta publicación no había dado respuesta.

Despido y golpe a la salud

En 2001 el médico Fernando González Ramos fue contratado por la Secretaría de Salud del entonces Distrito Federal para trabajar en el Centro Regulador de Urgencias Médicas, dependiente de la Dirección General de Urgencias y Medicina Legal.

Allí trabajó durante tres años todos los fines de semana hasta que en mayo de 2004 fue separado del cargo de manera injustificada alegando que, al ser trabajador de confianza el gobierno del DF, entonces encabezado por López Obrador, podía rescindir su contrato en cualquier momento.

Sin embargo, González Ramos afirma que sus funciones no eran de un trabajador de confianza, pues cuando un paramédico atendía una urgencia ocurrida en la vía pública y debe buscar un hospital donde puedan recibir al paciente, el Centro Regulador realiza una búsqueda rápida para indicarle a qué hospital pueden atenderle.

“Yo tenía gente a mi cargo, daba indicaciones, a veces iba yo personalmente a los hospitales para cerciorarme de que, efectivamente, no existan los recursos cuando nos negaban la atención, porque había hospitales que llegaban a mentir para no dar el servicio”, relata.

Por ello, decidió demandar ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) a la Secretaría de Salud y exigió ser reinstalado, así como el pago de sus salarios caídos.

“Ha sido realmente un calvario, mil vueltas a conciliación y arbitraje, nuevas citas, venga tal día, venga otro día, todo esto la verdad me ha afectado mucho por estar pidiendo permisos en mi trabajo actual pues los desplazamientos son muy largos, costosos y, de alguna manera, se ha afectado mi patrimonio, sobre todo. Los primeros años en los que no lograba conseguir trabajo tuve que solicitar préstamos”, expone en entrevista para Proceso.

Fernando González recordó que la cantidad máxima que llegó a pedir en un préstamo fue de 100 mil pesos con intereses, pues durante dos años no logró encontrar un nuevo empleo.

Luego de siete años de litigio, el TFCA falló en su favor y determinó que sus funciones no eran las de un trabajador de confianza, por lo que ordenó reinstalarlo en la misma dependencia y con el mismo cargo que ocupaba o uno similar, así como pagarle los salarios que dejó de recibir desde el año 2004 y hasta que la Secretaría de Salud de la CDMX cumpliera con el laudo.

“Es una decepción gigantesca cómo se administra la Ciudad de México y, al parecer, nada más es un visto bueno lo que hace falta por parte de la Consejería de la Ciudad de México para que ya pueda resolverse este tema. 

“De hecho, no entiendo por qué no se hizo desde un principio. O sea, le hubiera costado mucho menos a la Secretaría de Salud y a mí también me hubiera costado mucho menos dolores de cabeza, desveladas, emocionalmente; me dio insomnio, me dio gastritis. No es nada fácil que te corran de manera injustificada y pues ahora a ver cómo le haces con tus deudas, con lo que tenías planeado”.

Marcos Chávez Orozco, abogado de González Ramos y especialista en Derecho Laboral, explicó que la administración de justicia para los trabajadores gubernamentales, tanto federal como local, es extraordinariamente lenta, pero que este caso en particular ha superado por mucho el tiempo que regularmente demora un juicio.

“La separación del doctor ocurrió en mayo de 2004, estamos en julio de 2025 y todavía no se da cumplimiento a la resolución que se dictó. Esto quiere decir que llevamos 21 años en este procedimiento. Sí tenemos juicios largos, pero este ha roto todos los récords”, comenta.

El abogado lamentó que, una vez emitido un laudo, la etapa de ejecución del mismo es mucho más tardada incluso que el juicio mismo, pues en el caso de González Ramos la deuda de la Secretaría de Salud de la CDMX es de 21 años de salarios caídos.

“Esto viene siendo una bola de nieve económica financiera para la institución en donde está obligada a pagar sueldos caídos por cada día que transcurra sin cumplir la obligación de la reinstalación del doctor”, agregó Chávez.

El laudo en favor de González Ramos ya fue confirmado tanto en juicio de amparo como en recurso de revisión y, pese a ello, el médico tuvo que tramitar otro juicio de amparo, esta vez contra la omisión del TFCA de obligar al gobierno de la Ciudad a pagarle lo que le debe y reinstalarlo en su cargo.

“Hay dos autoridades vinculadas al cumplimiento –explica el abogado–, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y la Consejería Jurídica a través de la Dirección General de Servicios Legales, pues están obligados a instrumentar todo el trámite burocrático.
Desde hace tres años promovimos un juicio de amparo indirecto que le correspondió conocer al Juzgado Tercero de Distrito en materia del Trabajo aquí en la Ciudad de México, doliéndonos de que en la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que es la instancia laboral que conoció y que dictó el laudo en favor del doctor, no estaba cumpliendo los diversos requerimientos, y cuando hacían requerimientos, la Secretaría de Salud incumplía bajo el argumento de que está en los trámites y que no ha obtenido el visto bueno de la Consejería Jurídica.
Ante el juez Tercero de Distrito, la Consejería Jurídica afirma que no se ha autorizado el pago porque faltan copias, o falta una constancia, o requiere la sentencia de amparo directo en revisión que dejó firme el laudo emitido hace siete años, entre otros documentos.

“Son temas lamentablemente burocráticos, administrativos, me parece que hay una tendencia de no pagar laudos que no importa si tienen 20 años, no importa si han generado un menoscabo patrimonial. La razón me parece más bien que es una indolencia, es una actitud de no tener respeto por el sistema legal mexicano donde están obligados por ley a cumplir los laudos que dicta el tribunal”, dice Chávez.

El abogado explica que en la CDMX hay muchas dependencias que dejan correr el tiempo sin pagar los laudos hasta que el extrabajador afectado les hace una “quita” o un descuento de entre 15 y 20% de la condena total para ahorrar y otorgar el visto bueno al pago.
Esto no es algo que se haya suprimido ya, y aunque ignoro si es una tendencia de la Secretaría de Salud, mi percepción es que depende directamente de la Consejería Jurídica.
Por ello, el abogado refiere que procesalmente Fernando González ya puede solicitar al juez de amparo iniciar el proceso de desacato a un mandato judicial contra el titular de la Dirección General de Servicios Legales, José Juan Torres Tlahuizo, quien de determinarse que ha sido omiso podría llegar a ser destituido y consignado ante el Ministerio Público.

“El juez de Distrito apercibió a la Consejería Jurídica a la Dirección de Servicios Legales de que si no otorgaba el visto bueno y la orden para que se le pagara al doctor, el expediente sería turnado al Tribunal Colegiado para que calificara el desacato a la sentencia del juez de Distrito en materia de Trabajo por su incumplimiento reiterado.

“Aquí el problema es que, me parece, que al juez también le tiembla la mano y, pese a que ha habido incumplimiento por parte de estas autoridades, no ha enviado el expediente y sigue concediéndoles prórrogas, tras prórrogas a un grado tal que esta sentencia que dictó el juez de Distrito tiene dos años”, expone Marcos Chávez.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.

Claudia firma decretos para eliminar Usicamm y reducir edad de jubilación de maestros

Con la publicación en el DOF, entrarán en vigor las reformas que facilitan la movilidad laboral, y permiten el retiro anticipado de maestros y maestras bajo el régimen del ISSSTE.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este lunes la firma de dos decretos en materia educativa, que son resultado de acuerdos con el magisterio nacional.

Uno de ellos contempla la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), mientras que el segundo reduce progresivamente la edad de jubilación para docentes del sector público.
“Desde el 15 de mayo me comprometí a hacer este cambio, porque sabemos que el actual sistema impone muchas restricciones y genera malestar”, expresó Sheinbaum durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.
Según explicó la mandataria federal, los decretos serán publicados este mismo lunes, o a más tardar el martes, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entrarán en vigor de inmediato.
El nuevo esquema de movilidad sustituirá gradualmente al modelo de promoción que operaba mediante el Usicamm. Sin embargo, la Presidenta Sheinbaum Pardo aclaró que su reemplazo no será impuesto desde el Ejecutivo, sino que surgirá de propuestas construidas en las propias comunidades escolares.

Cada plantel organizará asambleas presenciales donde se debatirá cómo debe funcionar el nuevo sistema.
“Si nos llevamos un año más, nos llevamos un año más, pero tiene que salir de la discusión directa con las maestras y maestros, para que no haya dudas sobre su legitimidad”, enfatizó la doctora.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, señaló que esta decisión se apoya en una consulta nacional realizada durante el Consejo Técnico Escolar del pasado 30 de mayo.


En ella participaron más de 127 mil escuelas —incluyendo 30 mil multigrado— y los resultados reflejan que la mayoría del magisterio considera que la antigüedad y los años de servicio deben ser los factores principales en los movimientos laborales.

Jubilación más temprana y aumento retroactivo

El segundo decreto establece la reducción gradual de la edad mínima de retiro para quienes se rigen bajo el artículo décimo transitorio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

De acuerdo con la reforma, las maestras podrán jubilarse a los 53 años y los maestros a los 55 en el año 2034, en contraste con los 58 y 60 años establecidos tras la reforma de 2007, impulsada durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.


“El decreto que firmaremos es el más importante desde aquella reforma, y representa una justicia largamente esperada para las y los trabajadores”, sostuvo Mario Delgado, quien calculó un costo fiscal superior a 36 mil millones de pesos (mdp), pero aseguró que se trata de “un acto de justicia laboral que reconoce los años de servicio sin imponer más requisitos”.
Además de los dos decretos, Sheinbaum anunció un incremento salarial del 10 por ciento, nueve por ciento al salario base y uno por ciento a prestaciones, para todo el personal docente, efectivo de forma retroactiva al 1 de enero.

Las y los maestros recibirán el monto correspondiente junto con su pago del 1 de julio.

El anuncio se da en medio de protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), cuyos paros dejaron sin clases a más de un millón de estudiantes en varios estados.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Sheinbaum asegura que la reforma a apps es flexible y busca proteger a los trabajador

El Gobierno de México dio a conocer que los trabajadores de plataformas digitales "no tienen nada que preocuparse" con la nueva reforma de trabajo, debido a que garantizará su acceso a las prestaciones del Ley.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este viernes que la nueva Ley Federal del Trabajo beneficiará a las y los trabajadores de plataformas digitales, a través de mecanismos que protejan sus derechos laborales sin modificar el esquema en el que son contratados.

En conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria federal señaló que los trabajadores “no tienen nada de qué preocuparse”, debido a que la nueva legislación garantizará el acceso a las prestaciones de Ley, manteniendo, además, la flexibilidad del negocio.
"Esta reforma no cambia la manera en que el trabajador o trabajadora están laborando. Si deciden que van a trabajar cuatro horas a la semana, lo van a poder seguir haciendo", destacó en "la mañanera del pueblo".
Pese a las propuestas y dudas que han expresado algunos trabajadores, Sheinbaum explicó que la reforma busca que las personas sean reconocidas por su trabajo y cuenten con el acceso a un seguro social ante cualquier percance que se presente.


"Lo que se busca es que las empresas reconozcan los trabajadores como trabajadores. No tiene que temer en perder el empleo, al contrario, lo que buscamos es que tengan las prestaciones mínimas [...] porque están todo el tiempo en las calles", manifestó

El próximo 1 de julio entrará en vigor la reforma laboral en materia de trabajo en plataformas digitales —como Uber, Uber Eats, Rappi, Didi y Didi Food—, mediante la aplicación de un programa piloto, que beneficiará a unas 700 mil personas.

Con la nueva reforma, los repartidores gozarán de todo los derechos laborales reconocidos en la Ley, incluyendo la afiliación completa al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), lo que significa que estarán asegurados en cinco áreas fundamentales:
  • Riesgos de trabajo.
  • Enfermedades y maternidad.
  • Cesantía en edad avanzada y vejez.
  • Invalidez y vida.
  • Guarderías y prestaciones sociales.
Por su parte, Shaira Garduño Tovar, integrante de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación, calificó la reforma como "histórica" , pues luego de 10 años de operación de las apps en el país, los repartidores dejarán de ser socios y comenzarán a ser trabajadores para las plataformas digitales.

También destacó que con esta iniciativa podrán obtener acceso a seguridad social y un mejor futuro como trabajadores junto a sus familias, así como estabilidad laboral, ya que no podrán ser penalizados por el algoritmo de las apps.

"Nos garantiza estabilidad laboral. Ya no más desconexiones ni bloqueos de cuentas, ni siquiera seremos ya más trabajadores de desechables para las aplicaciones", indicó.

Durante la presentación de la iniciativa en octubre de 2024, la Jefa del Ejecutivo destacó que el proyecto es resultado del trabajo que realizó durante meses la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en conjunto con IMSS, Infonavit, así como representantes de las plataformas y de los trabajadores.


“El objetivo es regular y permitir que las y los trabajadores tengan derechos amparados por la ley. Algunos trabajarán dos horas al día, se reconoce eso, no necesitan trabajar tiempo completo; algunos otros trabajaran ocho horas al día, algunos trabajan hasta más. Todo eso tiene que ser regulado ¿para qué? Para beneficio de las y los trabajadores’’, anunció en aquella ocasión.

“Casi en ningún país existe esto, pero es algo obligatorio y es parte de lo que nosotros concebimos en la Cuarta Transformación. No puede haber un esquema de trabajo que esté fuera de la ley, tiene que incorporarse necesariamente a la Ley Federal del Trabajo”, concluyó.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Consejo de la Judicatura no tiene recursos para pagar indemnizaciones a jueces y magistrados, pese a que es su derecho

El Consejo de la Judicatura notificó a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito que no cuenta con los recursos económicos para realizar el pago de las indemnizaciones de quienes declinaron participar en la elección judicial.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó a jueces y magistrados que no tiene los recursos económicos necesarios para pagar la indemnización extraordinaria a quiénes declinaron a participar en las próximas elecciones del 1 de junio, un derecho laboral establecido en el decreto de reforma judicial publicado el 15 de septiembre de 2024.

Así lo informó Israel Fernando González Reyes, secretario técnico A de la dirección general de recursos humanos del CJF, en respuesta a una solicitud de recursos presentada por la jueza Juan Fuentes Velázquez, directora nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed).

En su petición, la jueza Juana Fuentes había solicitado a las autoridades jurisdiccionales que, de manera inmediata, realizaran el pago contemplado en el artículo Décimo Transitorio de la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación.

En dicho artículo -añadido a la Constitución luego de las protestas de las y los trabajadores del PJF- quedó establecido que las personas magistradas y juezas que concluyeran su encargo por haber declinado su candidatura serían acreedoras al pago de un importe equivalente a tres meses de salario integrado y de 20 días de salario por cada año de servicio prestado, así como las demás prestaciones a que tengan derecho.

Sin embargo, en sesión extraordinaria celebrada el 8 de mayo de 2025, el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal informó que la secretaría general de la Presidencia sometió a consideración del Pleno el oficio firmado por la directora de la Jufed, donde se concluyó que no había recursos para pagar las indemnizaciones.  

“Hago de su conocimiento que mediante oficio DGAJ/3845/2025 de 30 de abril de 2025 dónde se realizó una consulta a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, está manifestó, que: ‘… no se cuenta con los recursos económicos para realizar dicho pago, pues los mismos pasaron a Poder de la Tesorería de la Federación, como se dispuso en el mismo Décimo Transitorio del Decreto’”, señala el escrito firmado por el CJF.

Lo anterior ocurrió pese a que en ese mismo artículo plasmado en la Constitución quedó establecido que “los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas serán respetados en su totalidad”.

De acuerdo con la Jufed, esta indemnización debió haber sido cubierta en diciembre pasado, por lo que la falta de presupuesto no debería ser un impedimento para cumplir con su pago.

Las declinaciones y los fideicomisos del Poder Judicial

En octubre de 2024, unas horas antes de que cerrara el plazo establecido en la Constitución, 845 magistrados y jueces, además de ocho ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), formalizaron su declinación a participar en la elección de sus cargos por voto popular.

La declinación se hizo aún más evidente cuando unos días después, decenas de juezas y magistrada se reunieron afuera del Senado de la República para encabezar un acto simbólico en el que declinaron a participar en la elección judicial, en el que hicieron un repaso de sus trayectorias.

Meses después, la Suprema Corte informó que Nacional Financiera (Nafin) rechazó cumplir con la reintegración de más de 16 mil millones de pesos de 10 fideicomisos del Poder Judicial, con el argumento de que se encuentran vigentes diversas suspensiones definitivas otorgadas por órganos jurisdiccionales.

Sin embargo, de forma unilateral en abril de 2025 Nafin informó que envió al menos 10 mil 247 millones de pesos a la Tesorería de la Federación (Tesofe), por lo que el CJF advirtió que impugnaría la decisión.

Tras el reclamo de la Judicatura, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que los recursos de los fideicomisos que Nacional Financiera entregó a la Tesorería se usarían para mejorar los servicios del ISSSTE.

“Que quede claro que se garantizan los derechos laborales de todos los trabajadores de la Corte, sus salarios y todo, pero ese recurso no puede destinarse a los altos funcionarios de la Corte, como se estaba haciendo, porque es falso que era para los trabajadores del Poder Judicial, como muchas otras falsedades, que ha dicho, que han dicho algunos ministros y ministras de la Corte”, dijo la mandataria federal.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.

Titular de Anticorrupción promete indemnizar a todos los trabajadores del INAI tras extinción y recontrataciones

El acuerdo para los trabajadores es el mismo que había realizado el comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá que implica entregar tres meses de sueldo más 20 días por año laboral para todos los funcionarios, independientemente del tipo de contratación.

La titular de la Secretaría Anticorrupción, Raquel Buenrostro, se comprometió a entregar compensaciones económicas a la totalidad de trabajadores del INAI, tras la extinción del organismo este jueves 20 de marzo.

Además, aseguró que el nuevo organismo llamado Transparencia para el Pueblo tendrá poco más de 400 plazas, y para ocuparlas llamaría a los exfuncionarios del INAI. Esto significa que el gobierno adelgazaría la nómina y únicamente tendrá 52% de los trabajadores que estaban en el organismo autónomo.

El acuerdo al que se comprometió la funcionaria federal implica entregar tres meses de sueldo, más 20 días por año laboral para todos los funcionarios, independientemente del tipo de contratación, es exactamente la misma propuesta que había realizado el comisionado presidente, Adrián Alcalá, en una sesión del martes, pero que las comisionadas Norma Julieta Del Río, Blanca Lilia Alcalá y Josefina Román votaron en contra argumentando una supuesta ilegalidad.

Afirmaron que no podían firmar ese acuerdo porque la ley no permitía dar compensación al personal de libre designación (confianza). Además, la propuesta de Alcalá pedía la firma de una separación voluntaria.

Tras ese rechazo, un pequeño grupo de trabajadores comenzaron a protestar y al siguiente día se unieron más personas a las protestas que incluyeron cierres a la circulación de avenida Insurgentes durante este miércoles y jueves.

Luego, este jueves, el INAI votó un acuerdo por el cual se otorgó la posibilidad de compensación económica para 419 empleados de servicio profesional de carrera, es decir, que hayan obtenido su empleo con base en concursos; dejando fuera de ese compromiso a 320 empleados de libre designación (confianza).

No es retroceso para la transparencia, dice Buenrostro

En conferencia de prensa tras reunirse con los representantes de los trabajadores, Buenrostro aseguró que la extinción del INAI no es un retroceso para la transparencia, puesto que –según su interpretación– habrá más.

“No es retroceso porque ahorita no está funcionando y eso lo ven con todas las noticias de los últimos meses. Porque no hay un estricto apego a la ley. Eso realmente garantiza el derecho humano a la información. La nueva ley trae exactamente las mismas obligaciones que había antes. Incluso se agregó un artículo para empezar a ser más transparentes y vamos a dar pasos a la transparencia proactiva”.

Sobre la situación de los trabajadores, Buenrostro, aunque no los mencionó por su nombre, reprochó que los titulares de los organismos autónomos fueran poco transparentes con sus funcionarios, quienes tenían una “preocupación genuina” por sus compensaciones económicas y que derivaron en una manifestación de dos días que incluyó cierres de circulación de avenida Insurgentes este miércoles y jueves.

Incluso como también ocurrió con los trabajadores de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), quienes igualmente realizaron protestas esta semana y que este viernes acudieron a la sede de la Secretaría Anticorrupción.

“Las preocupaciones derivan de un desconocimiento (…) Esto nos muestra que los órganos autónomos, los que están coordinando los órganos autónomos no son transparentes con sus equipos de trabajo. Digo, para nosotros los titulares, pues estamos acostumbrados a este tipo de decisiones, conocemos la ley y tenemos mucha claridad de qué es lo que va a pasar. Incluso los propios trabajadores tienen claridad. Lo que necesitan nada más es una ratificación”, dijo.

Acuerdo es pago de indemnizaciones, señala

El acuerdo con los trabajadores será un pago de indemnizaciones para todos los trabajadores, independientemente del tipo de contratación porque “todo mundo debe tener un trato legal y equitativo”, dijo.

Pero este viernes, Buenrostro se comprometió a entregar compensaciones a todos.

“Hemos platicado con la Secretaría de Hacienda, con la Subsecretaría de Egresos para poder determinar este mecanismo que no existe en ninguna ley y hemos acordado también aquí con los trabajadores que lo más justo es que sea el mismo cálculo para servicio profesional de carrera y para libre designación, que son los tres meses más 20 días por año laboral y en esos términos se realizarán el pago para que todos reciban su indemnización conforme a derecho”.

Para hacer frente a estos pagos, dijo, dispondrán de 50 millones de pesos que aún están en las arcas del INAI.

Finalmente, los trabajadores comenzaron a desmantelar su protesta poco después de la conclusión de la reunión con Buenrostro.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.

IMSS-Bienestar: un año de lucha sin avances sustanciales

El 2024 finaliza con logros para los trabajadores del Órgano Público Descentralizado (OPD) IMSS-Bienestar, que alcanzaron la organización al formar su propio sindicato, sin embargo, en el balance general los avances sustanciales en mejores de derechos laborales simplemente siguen estancado.

Lo anterior expuesto por Marlene Cota, secretaria general del sindicato Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud (FINTRAS), quien enfatizó que los acuerdos que se pactaron en la última mesa de negociación siguen en “lo mismo”.

El 4 de noviembre, cansados por la precaria situación que enfrentan que no ha mejorado a pesar de diversas manifestaciones y promesas, los trabajadores de este nuevo esquema salieron a las calles a protestar de nuevo.

Bloquearon el Puente Mano Amiga en la colonia 8 de octubre, lo que generó que las autoridades estatales convocaran a una reunión para atender la problemática una vez más.

De acuerdo con Marlene Cota, en este encuentro los representantes estatales de IMSS-Bienestar se comprometieron a atender el rol equitativo de traslados, así como pendientes en pagos en horas extras y festivos.

“Seguimos en las mismas; el personal de coordinación está de vacaciones y no hay nadie que resuelva nada. Esta coordinación carece de voluntad, se vuelve todo mera simulación”, comentó.

“Tenemos una minuta firmada, pero de ahí nada se ha cumplido a pesar de los acuerdos; la última reunión fue el 9 de diciembre”, agregó.

Recientemente se manifestaron de nuevo en instalaciones del hospital Juan María de Salvatierra en la ciudad de La Paz, esto por la falta de pago en bonos navideños y otras prestaciones, los cuales, según la secretaria, ya fueron cubiertos por las autoridades.

Sin embargo, los trabajadores enfatizan que la precariedad sigue siendo la constante cuando se habla de IMSS-Bienestar.

Anteriormente, el coordinador estatal del OPD, Bogdan Arriaga, declaró que esperaban que la situación se regularizara con el inicio de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, ya que el recurso de IMSS-Bienestar depende totalmente de la federación.

Cabe recordar que son más de 400 trabajadores en Baja California Sur que fueron contratados bajo este nuevo esquema de servicio de salud, promovido durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

FUENTE: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: GILBERTO SANTIESTEBAN.