Hace siete años, la LX Legislatura del Congreso del Estado de Colima determinó multar a Anguiano Moreno, e inhabilitarlo para ocupar puestos públicos durante 14 años, tras el proceso de revisión excepcional al Poder Ejecutivo relacionado con empréstitos autorizados en el Decreto 565 del 21 de septiembre de 2015. 

La actual administración estatal informó que fue notificada por el Legislativo local de que la multa estaba en firme después de que fueran desechados diversos recursos judiciales interpuestos ante diversos tribunales por el exgobernador.

“Ante ello, la Dirección de Recaudación, parte de la Dirección General de Ingresos de Seplafina, dio curso legal a todo un proceso en donde se notificó al exservidor público en cuestión y, desde 2022 comenzó la búsqueda bienes a su nombre que pudieran ser sujetos de embargo”. 

Posteriormente, añadió, “se hicieron las acciones legales correspondientes y con el bien encontrado a nombre del involucrado se procedió a su embargo y posterior adjudicación, en irrestricto respeto a la normativa vigente”. 

El gobierno estatal se manifestó “en contra de la corrupción y la impunidad, a favor del manejo adecuado de los recursos públicos y de que se proceda conforme a derecho ante quienes hacen mal uso del erario”. 

Por su parte, el exgobernador Anguiano Moreno declaró este día que después de tres auditorías realizadas a su administración al concluir su sexenio el Congreso le notificó que no había encontrado ninguna irregularidad. 

En entrevista radiofónica con el periodista Max Cortés, el exmandatario comentó que posteriormente fue realizada otra auditoría sobre un crédito de 638 millones de pesos por el que se aprobó la sanción mediante el Decreto 613. 

Aceptó que durante las últimas semanas de su gobierno solicitó el crédito y fue autorizado por el Congreso, pero los recursos no fueron manejados por él ni sus colaboradores, porque el contrato por el crédito con el banco Interacciones fue suscrito hasta el 16 de diciembre de 2015, mes y medio después de que concluyó su gobierno. 

Además, indicó que el propio Congreso reconoció que no se acreditó que haya existido sustracción de recursos en beneficio de él o de terceras personas, sino que en algunos rubros hubo aplicaciones para fines distintos al autorizado, que fue pagar la nómina.

La Fiscalía expuso que derivado del trabajo coordinado entre la Policía de Investigación y las autoridades de seguridad estatales y federales, se realizaron diversas diligencias mediante las cuales se obtuvieron testimonios, evidencia física, material video gráfico, así como el análisis de las cámaras de vigilancia del C5i, que permitieron la identificación de una de las personas que se presume participaron en el crimen. 

Los hechos ocurrieron la tarde del pasado martes 14 de octubre, en la colonia El Cariño de la cabecera municipal de Cuauhtémoc, cuando la víctima se trasladaba en un vehículo y fue agredida con disparos de arma de fuego por sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta. 

Como resultado de esa agresión, la exalcaldesa perdió la vida en el lugar, mientras que su hermano, que la acompañaba, resultó lesionado. 

Tras su detención, el supuesto responsable fue puesto a disposición del juez que lo requiere, y será el agente del Ministerio Público quien continúe con las diligencias correspondientes para lograr el esclarecimiento total de los hechos y la determinación jurídica conforme a lo establecido en la ley. 

Gabriela Mejía, quien fue presidenta municipal de Cuauhtémoc en el periodo 2021-2024 bajo los colores de la alianza PRI-PAN, trató de reelegirse para el actual trienio, pero perdió ante la morenista Guadalupe Solís. 

Actualmente era presidenta estatal del Organismo Nacional de Mujeres del Partido Revolucionario Institucional (ONMPRI).

La Oficina de Representación se ubica en la calle Victoria No. 360, colonia Centro, en el municipio de Colima, Colima, es decir a 55 kilómetros del municipio de Armería al centro de la ciudad, aproximadamente, lo que equivale a dos horas de traslado por auto de un punto a otro.

La Manifestación de Impacto Ambiental en modalidad Regional (MIA-R) estuvo a disposición de la población en la Oficina de Representación de la Semarnat Colima del 10 de septiembre al 8 de octubre, según lo que informó la dependencia en la Gaceta Ecológica.

Ante las irregularidades observadas en el proceso de Consulta Pública, comunidades, colectivos y organizaciones denunciaron públicamente que el procedimiento excluyó a miles de personas que, de aprobarse este proyecto, serán directamente afectadas, como pescadores, salineros, agricultores y habitantes de las comunidades cercanas a la Laguna de Cuyutlán.

Comunidades y colectivos señalan preocupación por el Nuevo Puerto

“Denunciamos que dicha consulta ha sido excluyente, irregular y carente de transparencia, configurando una simulación de participación ciudadana que vulnera los derechos ambientales y sociales de la población de Manzanillo y de las comunidades aledañas a la laguna de Cuyutlán”, dijeron en su comunicado.

Cifras del Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) señalan que en el municipio de Armería, Colima, habitan 27 mil 626 personas, según datos del 2020.

De acuerdo con la plataforma Data México del Gobierno de México, en el municipio de Armería, Colima, 32.2 % de las viviendas tiene acceso a internet. Para hacer uso de este servicio de conectividad sólo el 19.7 % de las viviendas tiene una computadora, mientras que el 87 % cuenta con un celular.

Poca conectividad y fallas en la plataforma

Organizaciones, colectivos y especialistas denunciaron que el proceso de consulta pública fue discriminatorio, irregular y excluyente al llevarse a cabo, únicamente, en línea en la plataforma digital de la Semarnat.

Las comunidades denuncian que el formato impidió la participación de una gran parte de la población que será directamente afectada. Grupos sociales, como personas adultas mayores, pescadores, salineros y agricultores de la región no cuentan, mayoritariamente, con acceso a internet, equipo de cómputo, ni conocimientos técnicos suficientes para registrarse y subir sus comentarios, dejándolos fuera del proceso.

Evidenciaron que en múltiples ocasiones no se les permitió subir comentarios ni registrar observaciones, arrojando mensajes de error que impiden concluir el procedimiento o perdiendo el avance y se debe comenzar de nuevo.

Además, la plataforma limitó el tamaño de los archivos por lo que no fue posible adjuntar todo lo que se requiere, teniendo que comprimir documentos y dificultando más la participación de las personas.

“Esto vulnera el principio básico de una consulta pública efectiva, pues los mecanismos técnicos fallidos imposibilitan la participación ciudadana y la transparencia del proceso.

Aunado a ello, las reuniones de trabajo de los diferentes instrumentos de ordenamiento territorial que se realizan en el estado, como el del municipio de Manzanillo, se han llevado a cabo de manera atropellada y descoordinada; además, realizándose con poca transparencia y traslapándose fechas y sedes e impidiendo que la ciudadanía y las organizaciones puedan asistir o participar de forma informada”, denunció la colectividad de Salvemos Cuyutlán.

Tradición salinera en riesgo por Nuevo Puerto

Animal Político señaló en esta nota que en la MIA del proyecto de ampliación al Puerto Manzanillo se identificaron impactos de magnitud alta, como modificación del fondo lagunar, pérdida de cobertura vegetal y transformación del paisaje.

Ante las irregularidades, comunidades y organizaciones denunciaron que ninguna autoridad ha brindado información clara ni se ha hecho responsable de explicar a la sociedad los impactos acumulativos y las consecuencias de esta nueva ampliación del puerto.

“Recordamos que tras la primera expansión portuaria, Manzanillo y sus alrededores enfrentan una crisis ambiental y social severa que no ha sido atendida. Persisten la falta de agua, la carencia de servicios médicos y saneamiento, la contaminación atmosférica y marina, la deficiente gestión de aguas negras y residuos, el colapso vial causado por el tráfico de tráileres, el despojo de recursos naturales, la pérdida de biodiversidad, la inseguridad y la prohibición de acceso a pescadores a la laguna de San Pedrito, entre otras. Ninguna autoridad ha asumido responsabilidades ni ha implementado las medidas de mitigación prometidas en la primera fase de expansión”, manifestaron.

Comunidades denuncian irregularidades

Comunidades, activistas y organizaciones señalaron cuáles son las graves irregularidades que este puerto presenta, y que deben ser revisadas antes de cualquier autorización.

Una de ellas es que, las obras de dragado comenzaron de forma irregular en enero del presente 2025 y que fue anunciado en la página oficial del Gobierno de México el 22 de enero del mismo año.

“Este hecho demuestra que se iniciaron trabajos sin que existiera una autorización en materia de impacto ambiental y mucho menos una consulta pública, lo cual contraviene la legislación vigente. Hasta el momento no hay intervenciones por parte de la Profepa [Procuraduría Federal de Protección al Ambiente])”, señalaron.

Otra de las anomalías que encontraron es la fragmentación artificial del proyecto, es decir, la ASIPONA está tramitando distintas Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) como si se tratara de obras independientes.

Un ejemplo es el proyecto que recientemente se aprobó respecto al muro perimetral del Vaso II de la Laguna de Cuyutlán, que tiene su propia MIA, a pesar de que forma parte integral de la expansión portuaria.

“Esta estrategia busca disfrazar la magnitud real del impacto ambiental acumulado y evadir la evaluación integral del conjunto de obras relacionadas con el puerto. En la reunión pública informativa, los técnicos argumentaron que este manifiesto de impacto ambiental sólo incluía la construcción del puerto, no su operación, dejando fuera la mayoría de los impactos”, advirtieron.

Ante estos y otros señalamientos que hacen activistas y comunidades de Salvemos Cuyutlán, exigen el cese inmediato del proceso de expansión del Puerto de Manzanillo hasta que la sociedad civil cuente con información completa, accesible y verificada, y pueda participar en un proceso de consulta pública presencial, incluyente y transparente.

“Exigimos NO APROBAR este proyecto hasta que no se solucionen los problemas socioambientales del puerto ya existente, hasta que se cuente con la infraestructura y servicios para poder recibir la expansión, hasta que se modifique su diseño a modo que sea realmente sustentable y seguro”, suscribieron.

Finalmente, las comunidades que resultarán afectadas exigen a la Semarnat hacer público el contenido de todas las observaciones y propuestas recibidas a través de su portal como resultado de esta consulta pública.

La expresidenta municipal de Cuauhtémoc en Colima y actual regidora, Gabriela Mejía, fue asesinada la tarde de este martes en la calle Javier Mina de la colonia El Cariño, en la cabecera municipal, cuando circulaba en un auto acompañada de su hermano, confirmó la Fiscalía General del Estado (FGE).

La exalcaldesa del Partido Revolucionario Institucional (PRI) recibió múltiples impactos de bala y murió al interior del vehículo. Hasta el momento, no se reportan detenidos.

COMUNICADO

La FGE informa que ha iniciado una carpeta de investigación con perspectiva de género tras la agresión con disparo de arma de fuego en la que perdió la vida la expresidenta municipal de Cuauhtémoc, Colima, Gabriela Mejía M.

Más información: https://t.co/1SmQNgvlDi pic.twitter.com/WpMLTPuhOT

— Fiscalía Colima (@FiscaliaColima) October 14, 2025

En un spot de la Semar señalan que esta obra tendrá dos terminales privadas de la empresa Petroliferos Porter y una terminal de almacenamiento y distribución de Petróleos Mexicanos (Pemex) con capacidad para 3.7 millones de barriles de gasolina y diésel.

La empresa Porter Cuyutlán desarrolla, actualmente, en el Nuevo Puerto Cuyutlán, dentro del municipio de Manzanillo, Colima, una Terminal de Almacenamiento y Reparto de Hidrocarburos (TAR).

De acuerdo con la secretaría, la infraestructura del Nuevo Puerto Manzanillo recibirá hasta cinco buques petroleros simultáneamente.

De Felipe Calderón a López Obrador 

El Puerto Nuevo Manzanillo tiene como antecedentes para la construcción de esta megaobra el “Decreto de habilitación del Puerto de Laguna de Cuyutlán, ubicado en el municipio de Manzanillo, en el estado de Colima” con fecha 23 de noviembre de 2023.

Además, se encuentra el “Acuerdo por el que se delimita y determina el recinto portuario del Vaso II del Puerto Laguna de Cuyutlán, en Manzanillo, Colima” con fecha 17 de agosto de 2023, firmado por el entonces secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, y la extitular de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González. Ambos publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Sin embargo, ya existía un decreto del expresidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa para la habilitación del Puerto de Laguna de Cuyutlán, ubicado en el municipio de Manzanillo, en el estado de Colima, publicado el 20 de diciembre de 2011 en el DOF.

De acuerdo con el decreto de Calderón Hinojosa la ampliación de este puerto estaba alineado con el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012, derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

En su decreto señala que los estudios realizados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes concluyeron en desarrollar un nuevo proyecto de generación de energía eléctrica, a través de una terminal de gas natural licuado, en la Laguna de Cuyutlán, en Manzanillo, Colima.

MIA pide tener autorización previa para las obras

En la Manifestación de Impacto Ambiental Regional (MIA-R) se especifica cuáles son el tipo de obra que se realizarán dentro del recinto portuario del Vaso II de la Laguna de Cuyutlán y en zonas terrestres aledañas.

Con este estudio se puede identificar cuáles serán los posibles impactos ambientales que podrían ocasionar actividades relacionadas a la preparación del sitio, la construcción del canal de navegación, la instalación de tablestacas, el relleno de la zona de mejoramiento y la construcción de la infraestructura básica de edificios administrativos y redes de servicio, como vialidades, agua y electricidad, en un Sistema Ambiental Regional costero delimitado para este megaproyecto.

Y lo señalado en el inciso B) sobre las vías de comunicación donde se construirán carreteras, autopistas, puentes o túneles federales vehiculares o ferroviarios; puertos, vías férreas, aeropuertos, helipuertos, aeródromos e infraestructura mayor para telecomunicaciones que afecten áreas naturales protegidas o con vegetación forestal, como selvas, vegetación de zonas áridas, ecosistemas costeros o de humedales y cuerpos de agua nacionales.

Ante las afectaciones la Marina indicó que contemplan proponer e implementar, previo y durante las actividades de construcción, algunas medidas para minimizar los efectos de los impactos ambientales que se presentarán en el agua, suelo, atmósfera, paisaje, flora, fauna, entre otros.

Según la MIA, las propuestas se encuentran en un Programa de Vigilancia Ambiental que la secretaría debe proponer pero no aparece en el estudio.

Sobre la pérdida de vegetación, la dependencia señaló en la MIA-R que contemplan la elaboración del programa de rescate y reubicación de especies vegetales nativas, como mangle, selva baja, hidrófila, en la zona de influencia del proyecto y el programa de restauración y recuperación de áreas en cuerpos costeros dentro de Manzanillo.

Riesgos de explosión de ductos y liberación de Gas Natural

La MIA-R de este megaproyecto de ampliación portuaria identifica dos riesgos. Uno de ellos es la explosión de ductos, un fenómeno identificado que podría tener consecuencias limitadas.

Un segundo evento reconocido como un nivel de riesgo moderado a alto es el escenario de Fireball para la terminal KMS de Gas Natural Licuado al que la MIA tiene clasificado con consecuencias catastróficas.

Otro escenario de Fireball identificado podría ocurrir para la terminal Zeta Gas que, de ocurrir, tendría consecuencias serias. En ambos casos se presentaría por posible liberación de gas natural por ducto.

"Durante el operativo, elementos de las corporaciones fueron agredidos por civiles armados", resaltó la SSP de Colima, lo que derivó en un enfrentamiento en el que tres presuntos delincuentes fueron abatidos.

La operación interinstitucional, que incluyó la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General del Estado (FGE) y la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Tecomán, mantuvo vigilancia en la zona para garantizar la seguridad de la población y capturar a los responsables de actos violentos.

La SSP, junto al Gobierno de Colima, reiteró "su compromiso de salvaguardar la paz y seguridad de todas las y los colimenses".

Por último, exhortó a la ciudadanía a "hacer del conocimiento de la autoridad cualquier hecho que pudiera constituir un delito o poner en riesgo a la sociedad" a través del 911 o de la línea anónima 089.

En ella participaron representantes de la FGR, integrantes de colectivos de búsqueda del estado de Colima y el titular de la Fiscalía Especializada en la Investigación en Materia de Desaparición de Personas, Héctor Javier Peña Meza. El objetivo fue aportar perfiles forenses e intercambiar información con que cuenta la institución para contribuir al proceso de identificación humana y fortalecer la investigación en curso.

Por último, la Fiscalía de Colima reiteró su total disposición para colaborar en esta investigación.