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Piden frenar presencia de militares israelíes en escuelas de Chiapas

La campaña supera las 3 mil firmas y exige investigar quién autorizó el ingreso de integrantes de las FDI y qué controles se aplicaron en escuelas

La Coordinadora de Colectivos, Organizaciones e Individuos por Palestina en Chiapas exigió a los gobiernos federal y estatal impedir que integrantes de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), en activo o en reserva, realicen actividades en escuelas públicas.

Además piden negar que tengan contacto con niñas y niños, tras denunciar la presencia de personas vinculadas con organizaciones que se presentan como “Héroes por la Vida” y “Guerreros sin Fronteras”.

En una carta abierta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a los titulares de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y Educación Pública, federal y estatal, la organización pidió prohibir de inmediato el acceso de integrantes de esos grupos a planteles públicos.

Exigen investigar quién autorizó su ingreso y suspender sus actividades mientras se revisan las condiciones en que operan.


Hasta la fecha, no existe transparencia alguna sobre quién los invitó, quién verificó sus antecedentes, bajo qué convenio operan ni qué controles existen sobre su contacto con menores.
La campaña de firmas para respaldar la exigencia comenzó el martes 27 de octubre a las 20:00 hora y de acuerdo con los promotores, había reunido más de 3 mil firmas durante sus primeras horas de difusión.

La carta refiere que medios de comunicación y organizaciones civiles han documentado el ingreso de personas identificadas como militares o exmilitares israelíes a escuelas públicas de educación básica en Chiapas y otros estados, bajo la cobertura de “Guerreros sin Fronteras” y “Héroes por la Vida”.

Según el pronunciamiento, quienes participan en esas actividades se presentan como personal de labores de voluntariado con población infantily ofrecen clases de inglés, ciencias y música, además de enseñanza de técnicas de combate Krav Magá.

Asimismo, la controversia, indica el documento, se intensificó en junio de 2026, cuando 25 integrantes de las Fuerzas de Defensa de Israel fueron fotografiados con niñas y niños tsotsiles de Zinacantán durante actividades escolares.

La carta también señala que la cónsul de Israel en México, Hila Burg, aparece en algunas imágenes junto a integrantes de la organización.

El colectivo sostiene que existen testimonios sobre actividades similares en otros planteles públicos y cuestiona que no se haya informado qué autoridades permitieron el ingreso, si hubo revisión de antecedentes ni qué acuerdos regulan el contacto con estudiantes.

Cuestionan vínculos empresariales y diplomáticos

Otro de los señalamientos se refiere a los presuntos vínculos entre “Héroes por la Vida”, la empresa Maguen Group y representantes comerciales israelíes.

La carta afirma que la organización recibe financiamiento de Maguen Group, empresa fundada por exmilitares israelíes y especializada en seguridad física y tecnológica.

También identifica a Zvi Michaeli, agregado comercial israelí que, según el documento, negocia con el gobierno de Chiapas, como fundador y director ejecutivo de esa compañía.

A partir de esos señalamientos, la organización pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) investigar si personal de la representación diplomática de Israel facilitó las actividades de ciudadanos de ese país en escuelas públicas mexicanas.
Esta falta de separación entre intereses privados, militares y gubernamentales impide cualquier supervisión efectiva sobre las actividades que se realizan con menores de edad.
El colectivo también cuestiona las condiciones migratorias bajo las cuales se realizaría el voluntariado.

Refirió los artículos 126 y 43 de la Ley de Migración para pedir que las autoridades revisen si las personas involucradas cuentan con autorización para las actividades que desarrollan y si existen elementos que ameriten procedimientos administrativos.

Piden protección para las infancias palestinas y mexicanas

El pronunciamiento vincula la denuncia con la situación de la niñez palestina en Gaza y otros territorios palestinos, afectada por las operaciones militares israelíes.

La organización cuestiona que personas vinculadas con las fuerzas armadas de Israel participen en actividades de voluntariado con niñas y niños mexicanos mientras la población infantil palestina enfrenta violencia, desplazamiento y destrucción.

En el texto que acompaña la campaña, sus promotores resaltan la contradicción entre ofrecer cuidado a la niñez mexicana y la situación de las infancias palestinas, a las que describen como víctimas de la violencia y de una política que, sostienen, busca destruir a la población palestina.

La carta afirma que permitir el contacto con estudiantes sin verificar antecedentes ni establecer controles contraviene el principio del interés superior de la niñez, reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la legislación mexicana.

También, la organización argumenta que la presencia de personas vinculadas con actividades militares es incompatible con el carácter laico y los principios de derechos humanos de la educación pública.

En el caso de las comunidades indígenas, los firmantes advierten que la situación requiere especial atención porque las niñas y los niños pertenecen a pueblos cuya cultura y derechos también deben protegerse.

El documento invoca, además, resoluciones y señalamientos internacionales relacionados con las operaciones militares israelíes en Gaza.

Sostienen que permitir la presencia de personas vinculadas con esas fuerzas en escuelas públicas podría comprometer obligaciones internacionales de México.

La carta concluye con un llamado directo a la presidenta para que responda a la exigencia e insistieron en que la presencia de militares y exmilitares israelíes en escuelas públicas “no es un acto de altruismo” y la califican como una intromisión que, a su juicio, vulnera los derechos de la niñez y la soberanía nacional.

Hasta el momento no existe una postura del gobierno de Chiapas y el Gobierno Federal respecto a este tipo de situaciones denunciadas públicamente.

Sin embargo, la reunión entre representantes del gobierno sionista de Israel y autoridades chiapanecas se ha difundido públicamente por las propias autoridades.

El 26 de mayo de 2026, el secretario de Seguridad del Pueblo de Chiapas, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, se reunió con la cónsul de Israel en México, Hila Burg, y el agregado Zvi Michaeli para fortalecer la cooperación bilateral en seguridad, aunque no se detallaron acuerdos específicos.

Miles de indígenas denuncian presencia criminal en San Cristóbal de las Casas

Exigen justicia por el asesinato del sacerdote tsotsil Marcelo Pérez Pérez

Miles de indígenas católicos de siete regiones de Chiapas marcharon este lunes 19 de octubre por San Cristóbal de Las Casas, a dos años del asesinato del sacerdote tsotsil Marcelo Pérez Pérez. Se concentraron en tres puntos de la ciudad y recorrieron sus calles hasta un costado de la Catedral. Ahí, el Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal leyó un pronunciamiento público. En él denunció que en sus municipios persisten la inseguridad, la violencia y la presencia del crimen organizado. Su diagnóstico es casi el mismo que hace un año.

“Los jóvenes están siendo cooptados por el crimen organizado, para halconeo, venta al menudeo de drogas”, dice el pronunciamiento, dirigido a la sociedad civil, a los medios de comunicación y “a los tres niveles de gobierno”. En la misma lista aparece la siguiente afectación: “Consumo de drogas en jóvenes y niños”.

En octubre de 2025, en el primer aniversario, la organización ya había denunciado el “reclutamiento de los jóvenes”. Aquel comunicado no mencionaba a la niñez. Este año sí.

“El contexto en Chiapas no ha cambiado mucho, aún persiste la inseguridad y la violencia en varios municipios de Chiapas”, afirma el documento. Enumera la venta de alcohol y drogas, las amenazas de autoridades locales y de consumidores contra quienes denuncian, y las “detonaciones de armas de fuego, en algunas comunidades sobre todo en las noches”. También los feminicidios, la trata de personas, las desapariciones forzadas y el cobro de piso o de paso de mercancías en carreteras y caminos.

Los “levantones” y asesinatos, añade, “han aumentado en los últimos meses por la lucha de los grupos de poder ante las próximas elecciones en 2027, incluyendo la capital de nuestro Estado”. La organización agrega el “miedo de denunciar por la falta de confianza a las autoridades y al sistema de justicia de nuestro país”. Y advierte: “Pueblos en resistencia temen ser atacados”.

“¡No más autoridades involucradas con el crimen organizado!”, exigieron los manifestantes. Pidieron también a la Fiscalía General de la República (FGR) que continúe las investigaciones “para el esclarecimiento de los hechos y dar con los autores intelectuales del asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez”.

El documento cerró con un llamado: “Invitamos a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a seguir juntando nuestras palabras y nuestra fuerza para detener los sufrimientos y los asesinatos a las defensoras y los defensores de los derechos humanos, a las y los que defienden la Madre Tierra”.

Le siguió una lista de exigencias leídas en voz alta: “¡No más intimidaciones y asesinatos a sacerdotes, servidores de la Iglesia y defensores de la Vida!”, “¡Alto al desplazamiento forzado interno!”, “¡Alto a la desaparición forzada!”, “¡Alto a la persecución de los sacerdotes, laicas y laicos en nuestra Diócesis y del mundo!”.

En el mismo sitio, a un costado de la Catedral, los peregrinos celebraron una ceremonia maya. Ahí también se ofició una misa presidida por el obispo de San Cristóbal de Las Casas, Rodrigo Aguilar Martínez.

“No es un caso cerrado” el proceso por el asesinato

Marcelo Pérez Pérez, sacerdote tsotsil de San Andrés Larráinzar, fue asesinado a tiros el 20 de octubre de 2024 en el barrio de Cuxtitali, en San Cristóbal, al terminar de oficiar misa. Antes, como párroco en Simojovel, había encabezado marchas contra la violencia y la venta de alcohol y drogas.

Dos años después, el caso tiene un sentenciado y un acusado en proceso. Los autores intelectuales siguen sin identificarse. Así lo expuso en conferencia de prensa el sacerdote José Filiberto Velázquez Florencio, director del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, que lleva la defensa jurídica del caso junto con la familia y la Diócesis. En la conferencia también participaron el obispo Rodrigo Aguilar Martínez, el padre Miguel Montoya, de la Vicaría de Justicia y Paz, y Gilberto Hernández García, responsable de la Pastoral Social de Tuxtla.

Edgar Rolando Mares Banda fue sentenciado a 20 años de prisión, “identificado como correspondiente a uno de los ejecutores materiales del crimen”, dijo Velázquez Florencio. Según informó la organización SweFOR, la sentencia la dictó en agosto de 2025 un juez federal, en un caso que atrajo la Fiscalía General de la República (FGR).

El segundo proceso, la causa penal 73/2024, se sigue contra Héctor “N”. En octubre de 2025, Proceso lo identificó como “El Chesman”, presunto líder del grupo Los Motonetos. La causa está en etapa intermedia, en la que se determinan las pruebas que se desahogarán en el juicio oral. Esa etapa inició formalmente el 30 de septiembre de 2026. Una diligencia prevista se reprogramó para el 17 de noviembre, en Cintalapa.

“El avance de los procedimientos penales constituye un aspecto importante, pero no puede confundirse el esclarecimiento con el esclarecimiento integral de los hechos. Esto todavía va a dar para más”, dijo el sacerdote.

El caso enfrentó un tropiezo, explicó, cuando la titular de la fiscalía de la FGR que lo llevaba, Sara Irene Herrerías Guerra, se convirtió en ministra de la Suprema Corte y “se llevó al equipo de fiscales”.
“Aún así, las líneas que se han seguido, siguen las investigaciones abiertas. No es un caso cerrado”.
“Seguimos exigiendo al Estado investigar a todos los autores intelectuales y las otras responsabilidades penales”, dijo Velázquez Florencio. Pidió que el caso no se separe “del contexto de violencia que se vive en el Estado y del contexto en que el padre recibió amenazas por su labor como defensor de derechos humanos”.

“Silenciar la voz de un defensor, de un periodista, de un sacerdote, de un líder comunitario, afecta a toda la comunidad”, sostuvo. El asesinato, dijo, “afectó y retrasó muchos procesos de paz en los pueblos donde él trabajó”. En el contexto “criminal o macrocriminal que impera” en Chiapas, añadió, “sigue todavía el riesgo para muchos defensores, para muchos periodistas, para muchos sacerdotes”.
“Nos unimos a la exigencia del Pueblo Creyente”.
Palmas, velos blancos y estandartes de santos

La peregrinación avanzó con ramas de palma en alto y banderas blancas pintadas con la palabra “PAZ”. Muchas mujeres llevaban la cabeza cubierta con velos blancos de encaje. Al frente de cada contingente iban los estandartes de sus santos patronos: el de la Comunidad Católica San Pablo Apóstol, de Chalchihuitán, bordado en rojo y oro y adornado con listones de colores, y una manta con la imagen de la Virgen y la leyenda “La paz es un grito que debe ser escuchado”.

“Paz para Chiapas, paz para Simojovel, justicia para el padre Marcelo”, decía la manta que encabezaba a un grupo de hombres y mujeres con túnicas y chales rosas bordados con flores. La de la zona tseltal alto, de la parroquia de Santo Tomás Apóstol, en Oxchuc, decía: “Queremos justicia para el padre Marcelo. Padre Marcelo vive en corazones de los pueblos. Fuera el crimen organizado en el estado de Chiapas”.

Desde la parroquia de Tila llegó un cartel escrito a mano: “La muerte del padre Marcelo: el pueblo indígena queremos la paz y la justicia. Que no se quede impune”.

“¡Alto al crimen organizado!”, “¡Alto a la narcopolítica!”, “¡Alto a los desplazamientos forzados!”.

“¡Alto a la persecución y asesinato de todos los defensores que dicen la verdad!”, coreaban los asistentes al paso por las calles del centro, entre motocicletas estacionadas y fachadas coloniales. Un hombre marcaba el paso con un tambor.

En el parque central, el papel picado del Día de Muertos ya colgaba del kiosco. A un costado de la Catedral, para la ceremonia maya, los peregrinos tendieron sobre el piso un altar de flores blancas y rojas, mazorcas, naranjas, plátanos, pan, velas y sonajas adornadas con estambre rojo. Al centro colocaron un retrato enmarcado: “Totik Marcelo Pérez, profeta y mártir por la paz de nuestro pueblo”. Sentado en la banqueta, frente a las flores, un anciano con el sombrero a un lado mantenía la cabeza inclinada sobre los brazos.

“Los mártires de la paz son semilla para ser más. Marcelo vive, la lucha sigue”, decía una de las cartulinas verdes que se alzaron en la plaza.

Simón Pedro, Nueva Morelia, Acteal, la lista que suma

“Exigimos al Estado garantías de reparación y no repetición”, señala el pronunciamiento, que junta el caso de Marcelo con otros asesinatos de integrantes de la feligresía de la diócesis. En la masacre de Acteal, en Chenalhó, fueron asesinadas 45 personas tsotsiles del grupo Las Abejas el 22 de diciembre de 1997. Simón Pedro Pérez López, catequista y expresidente de Las Abejas, fue asesinado el 5 de julio de 2021 en Simojovel. Y en el ejido Nueva Morelia, en Chicomuselo, un grupo armado mató a 11 personas el 12 de mayo de 2024.

A dos años de la masacre de Nueva Morelia, las familias denuncian que nadie ha sido procesado, según publicó Infovaticana el pasado mayo.
“A pesar de que hayan matado al padre Marcelo y otros hermanos y hermanas, para nosotros no están muertos ni muertas, ahora ellas y ellos se han multiplicado en muchos corazones”.
Niñez sin registro oficial

La denuncia sobre niños y jóvenes no tiene cifras oficiales que la dimensionen. En junio de 2026, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) concluyó que en Chiapas no existen datos oficiales sobre el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por grupos criminales, delito que la ley mexicana no tipifica de forma específica. En el país, la REDIM estima unos 30 mil menores reclutados cada año.

El Pueblo Creyente incluyó entre las manifestaciones de la violencia la “imposición de la carretera San Cristóbal Palenque” y del libramiento Teopisca-San Cristóbal. Expresó su “rechazo total” a esa autopista.

Calificó como “consulta a modo” la de la llamada “Ley indígena”. Dijo que en algunos lugares se suspendió o solo se convocó “a cierto grupo de personas”, y que lo que esa ley oculta es “el despojo territorial de los pueblos originarios”.

Denunció además la división por partidos políticos y los servicios de salud “sin ofrecer medicinas”. También señaló la migración hacia el norte del país y Estados Unidos, que deja a las familias con “una gran deuda económica”.

A los grupos de poder les pidió que “dejen de fabricar guerras contra los pueblos originarios y contra nuestros pastores”. Y cerró con una advertencia que se repitió en la plaza: “¡La voz del pueblo y de la Diócesis no se puede callar!”.

Pío López Obrador anuncia que va por el Distrito 9 de Chiapas

Pío López Obrador, el hermano de AMLO involucrado en el escándalo de los sobres de dinero en 2020, anuncia que se registró en el proceso interno de Morena para aspirar a una diputación federal por Chiapas rumbo a 2027

Pío López Obrador, hermano del expresidente AMLO, anunció este 6 de octubre que se registró en el proceso interno de Morena para aspirar a una diputación federal por Chiapas rumbo a 2027.

Desde una terraza con vista a la ciudad (Tuxtla Gutiérrez), López Obrador dice en un video que se inscribió como aspirante a la coordinación distrital de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional por el distrito 9 de Chiapas, con cabecera en Tuxtla Gutiérrez. 

El protagonista de un escándalo de sobres con dinero en 2020 calificó el paso como un “compromiso moral” y señaló que esa figura se convertirá, en los meses siguientes, en la candidatura a ocupar un escaño en la Cámara de Diputados por voto popular en los comicios de 2027.


En el mensaje resaltó que “se ha llevado a cabo una lucha incansable cuyo objetivo superior ha sido la construcción del movimiento más importante de México y de nuestro querido Chiapas: la Cuarta Transformación de la vida pública de nuestro país”. 

También aludió a su cercanía con su hermano, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y a su militancia en el partido que este fundó.

El texto de redes sociales que acompaña el video refuerza el llamado: invita de forma “respetuosa y fraterna” a mujeres y hombres “libres y de buena voluntad” a seguir organizándose “desde abajo y entre todos” para continuar el Movimiento de Transformación, defender la soberanía del país y hacer de México un país “más humano, empático y fraterno”, sobre todo con los más necesitados.

EL ESCÁNDALO DE LOS SOBRES

En agosto de 2020, el medio Latinus, con el periodista Carlos Loret de Mola, difundió videos grabados en 2015 en los que se ve a Pío recibiendo fajos de billetes de David León Romero (entonces asesor del gobierno de Chiapas de Manuel Velasco y, más tarde, funcionario federal). 

En una de las entregas se menciona un sobre con unos 400 mil pesos y en otra una bolsa con alrededor de un millón. En las grabaciones se habla de aportaciones para apoyar el movimiento político de su hermano en Chiapas. El entonces presidente AMLO explicó en su momento que se trataba de aportaciones ciudadanas para el movimiento, no de dinero ilícito de partido, y pidió que se investigara.

LA EXONERACIÓN

Pío ha sostenido que los videos fueron manipulados o descontextualizados y demandó a Loret por difamación.

En octubre de 2022, tras dos años de investigación, finalmente el agente del Ministerio Público de la Federación de la Fiscalía de Delitos Electorales (FISEL) resolvió el no ejercicio de la acción penal contra los involucrados.

En agosto de 2025, el INE declaró infundado el procedimiento por falta de pruebas suficientes de que ese dinero se hubiera usado como financiamiento ilegal de Morena. En marzo de 2026 el Tribunal Electoral confirmó esa exoneración.

FUENTE/MEDIO: EMEEQUIS.

Familias de Chenalhó piden auxilio: denuncian que grupo armado las obliga a pagar balas y a sus niños a consumir droga

En un video y un comunicado fechados el 5 de octubre, familias tsotsiles de una comunidad de Los Altos de Chiapas que lleva años bajo control armado, dicen estar "encapsuladas" por líderes que señalan como integrantes del CJNG. Acusan multas, cobros para municiones y homicidios no denunciados

Familias tsotsiles de Fracción Tzanembolom, una comunidad del municipio de Chenalhó, en Los Altos de Chiapas, pidieron la intervención urgente de los tres niveles de gobierno. Denuncian que los líderes de un grupo armado de su comunidad, a quienes señalan como integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), las obligan a pagar “cooperaciones” para comprar balas y les impiden salir. También acusan que obligan a niñas, niños y jóvenes a consumir droga.

“Estamos secuestrados, amenazados por los líderes y obligados a cooperar para mantener activa esta guerrilla”, dice el comunicado que un hombre lee en un video fechado el 5 de octubre de 2026, frente a un grupo de mujeres, niñas y niños que forman parte de las familias acosadas por el grupo armado.

Chenalhó es un municipio indígena tsotsil de las montañas de Los Altos de Chiapas, al norte de San Cristóbal de Las Casas. Es el mismo municipio donde, el 22 de diciembre de 1997, un grupo paramilitar asesinó a 45 tsotsiles en la comunidad de Acteal; y colinda con Pantelhó, otro municipio tsotsil marcado en los últimos años por la violencia armada y el desplazamiento.

Quienes se han negado a sostener a ese grupo armado han terminado desplazados o muertos; se trata de las familias que habitaron el poblado colindante, llamado Centro Tzanembolom, y quienes ahora mismo están en condición de desplazamiento forzado en la cabecera municipal de Chenlhó. Esta vez, la denuncia llega desde dentro de la comunidad donde se refugian los agresores.

Multas por salir y cobros para municiones

Según el video, quien sale de la comunidad paga una multa de 1,500 pesos, “misma que en la actualidad ya no podemos cubrir porque no podemos trabajar”, dicen en un comunicado escrito que lograron enviar. En el documento las familias agregan:
“Seguimos encapsulados (sin poder salir), no tenemos libertad de salir a comprar”.
Denuncian que los líderes del grupo armado, a quienes identifican por nombre y apellido, las han obligado a vender los bienes de las familias desplazadas en Centro Tzanembolom, y que a quien no está de acuerdo “te amenazan o te matan”.

En el documento y video denuncian que el 20 de octubre de 2025 fue asesinado Eleuterio Arias Pérez. De esto, dicen, tenían conocimiento el presidente municipal y el juez municipal de Chenalhó, y no hicieron nada. Mencionan también a un adolescente de 15 años “asesinado y enterrado en la misma comunidad sin hacerlo público”.

El comunicado acusa a las propias autoridades rurales de la localidad. “Llegan con armas de fuego a amenazarnos [el agente rural] mandó a su gente”. Si los encuentran en una vereda, “nos la pueden disparar”, acusan.

Sobre los menores, escriben: “Obligan a consumir droga a los niños y jóvenes; aquí ya no tenemos futuro”.

Los documentos nombran a cuatro “líderes” que, según las familias, “son parte del Cártel Jalisco Nueva Generación”. También nombran a cinco “comandantes” que, afirman, “reciben un pago mensual”, mientras a ellas (las familias denunciantes) “nos siguen pidiendo cooperaciones para comprar balas”.

Aseguran que en un canje de armas realizado hace unos días el grupo no entregó ninguna. Se refieren a programas gubernamentales donde elementos de la SEDENA canjean armas por electrodomésticos.

La denuncia está dirigida al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, al fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, al secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Aparicio Avendaño, y a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. “Sabemos que después de esto nos amenazarán”, advierten.

Si el gobierno no actúa de inmediato, dicen, esperan disparos “como medidas de intimidación” contra sus familias. Según la persona que hizo llegar el material a Chiapas Paralelo, en esa situación hay 15 familias, unas 145 personas.

Desde 2024, Fracción Tzanembolom es la base del grupo que expulsó a sus vecinos

Los habitantes de Fracción Tzanembolom llevan años en esta situación. En el video dicen que su comunidad “ha estado sumergida en la violencia” desde hace años. En febrero de 2024, jóvenes de la comunidad ya exhibían públicamente fotos con armas, dinero y camionetas, según se pudo documentar el 18 de marzo de ese año con fotografías donde los mismos jóvenes exhibían las armas y dinero.

Fracción Tzanembolom colinda con Centro Tzanembolom, también tsotsil. De ahí salieron desplazadas 67 familias, 267 personas, entre febrero y julio de 2024, durante el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas. El detonante fue el asesinato del comunero Prudencio Pérez Pérez el 13 de febrero de 2024. Según sus vecinos, lo emboscaron por negarse a tomar las armas.

Las familias desplazadas relataron en agosto de 2026 que en Fracción Tzanembolom opera el llamado Ejército Civil Indígena, aliado de Los Herrera, al que señalan como parte del CJNG. Relataron también que el grupo recluta a “niños, de once, doce años” con pagos de 6 mil pesos quincenales, y que vende “los cafetales, los lotes y hasta el terreno de la escuela” de quienes expulsó.

En diciembre de 2024, ya con Ramírez Aguilar en el gobierno, ese grupo atacó comunidades de Pantelhó y quemó la escuela y las oficinas del gobierno autónomo zapatista en San José Buenavista Tercero.

A más de dos años del desplazamiento, las familias de Centro Tzanembolom siguen sin poder volver, y viven en refugios y casas rentadas. A la denuncia de las agresiones del grupo armado presuntamente ligado al CJNG se suman ahora afectados de Fracción Tzanembolom.


FUENTE/MEDIO: ARISTEGUI NOTICIAS.

Destapan caja de Pandora en Suchiapa: evasión de reos era “periódica” a cambio de dinero

Purga de funcionarios y jefes policiacos en Suchiapa tras captura de presidente municipal y su antecesor: recibían dinero a cambio de liberar narcos fingiendo que era por la fuerza

El Fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, dijo que la evasión de reos en Suchiapa, por la que se detuvo al jefe policial, así como al alcalde actual y anterior, era una práctica “periódica” en la que varios funcionarios están acusados por liberar a narcotraficantes a cambio de dinero. 

Este sábado fueron capturados el presidente municipal de Suchiapa, Chiapas, Jorge Lara Cordero, así como su predecesor, Alexis Nucamendi, días después de que fuera detenido el jefe de la policía local presumiblemente por ayudar en la fuga de un narco.

Llaven Abarca narró este lunes en conferencia cómo la detención de varios narcomenudistas permitió desentrañar el esquema de corrupción en el que incluso había jueces involucrados, así como policías municipales.


Todo empezó el pasado 25 de septiembre, cuando se llevó a cabo un operativo de fuerzas federales y estatales para detener a Humberto Javier “N”, alias “La Gretel”; Erick Antonio “N”, Marcos de Jesús “N” y Diego Eduardo “N”, quienes fueron trasladados a los separos de la cárcel municipal. 

Posterior a ello, se recibió una denuncia por parte de la Policía Municipal de que se había fugado uno de los cuatro detenidos (“La Gretel”).

Según la primera versión del director policiaco en funciones (ahora detenido), llegaron hombres con armas de fuego y lo amenazaron para que dejara en libertad a uno de ellos.

Sin embargo, tras ahondar en las pesquisas, dicha versión se vino abajo. Se identificó mediante videos que no llegó ninguna persona armada, sino tres sujetos que bajaron tranquilamente de dos vehículos.

Se dirigieron directamente hacia las instalaciones de la cárcel municipal y dialogaron con el director de la policía, Jesús Antonio “N”, quien entregó a uno de los detenidos, “La Gretel”.

El fiscal aseguró que continúan las investigaciones para dar con otros responsables y también para reaprehender al detenido que se evadió de la justicia. 

Aseguró que se amplió la investigación hacia todo el cuerpo de Seguridad Pública Municipal y explicó que se logró la detención de más personas que fungían como policías municipales, algunos de los cuales eran mandos, otros expolicías y una exfuncionaria que estuvo como jueza calificadora. 

Cabe señalar que el sábado pasado el Gabinete de Seguridad dijo que fueron detenidas 21 personas en total.

El fiscal Llaven reconoció que esta conducta de evadir a los detenidos era rutinaria: “Es importante mencionar que esta conducta de evadir a los detenidos se hacía de manera periódica”, afirmó.

“Hay información que están aportando los propios elementos de la policía municipal, están aportando datos de prueba, en donde sus mandos les ordenaban evadir, es decir, liberar a los detenidos por narcomenudeo, por portación de arma de fuego.

“Había también, por supuesto, la entrega de sumas de dinero a los mandos y también, por supuesto, señalaban a los responsables. En el caso del presidente municipal y expresidente municipal, quienes en muchas ocasiones también recibían llamadas de ellos para que les ordenaran dejar en libertad a varios detenidos, aún cuando son delitos del común o incluso del fuero federal. Ellos tenían la instrucción de no ponerlos a disposición.

“Los mismos elementos mencionaban, se daban cuenta que no era la Fiscalía, que era un grupo criminal quien llegaba a recoger los detenidos y los liberaban por órdenes de los dos exservidores públicos ya también detenidos, el presidente municipal y el xpresidente municipal”. 

Mencionó que las investigaciones se ampliarán hacia otras autoridades y que se actuará en consecuencia: “Si la investigación nos arroja datos de prueba que existe más corrupción por parte de otras autoridades vamos a llegar hasta el fondo”, comentó.

Maestros alcanzan convoy presidencial de Sheinbaum y la hacen firmar oficios con demandas

Maestros de la Sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación alcanzaron el vehículo en el que se trasladaba la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el viernes 21 de noviembre de 2025, y le entregaron tres oficios con demandas locales.

El líder magisterial, Isael González Vázquez, dialogó brevemente con la mandataria y le planteó: “Seguimos confiando en la reinstalación de la mesa con usted”, en referencia a una de las principales exigencias de la Coordinadora de establecer un espacio de diálogo con Sheinbaum, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y miembros del magisterio disidente.

Entre gritos de “Presidenta, Presidenta”, Sheinbaum y González dialogaron rápidamente sobre el contenido de los documentos y finalizaron el encuentro con un apretón de manos.

Al menos un centenar de maestros esperó a que Sheinbaum llegara a las inmediaciones del Hospital General de Zona 14 de Septiembre, que se inauguró este viernes. Los docentes llegaron con pancartas con mensajes como “Si no hay solución, no rueda su balón” y “Abrogación de la Ley del ISSSTE 2007”, y lanzaron la consigna de “Claudia, mentiste con la ley del ISSSTE”.

La convocatoria para recibir a la mandataria se lanzó el miércoles por la tarde y estuvo dirigida a los maestros de las regiones Centro, Valle, Altos CCL-NEI, Zoque, Itzantún, Frailesca, Cuxtepeques y Cañera. La cita fue a las 7:00 horas en el edificio de la Sección 7 de la Coordinadora.

La movilización se da en apego con actas resolutivas de la CNTE, en las que se resolvió que el magisterio disidente empujaría sus demandas manifestándose en cada una de las apariciones de Sheinbaum. Pese a la presencia de los maestros, la llegada de la presidenta se retrasó apenas unos minutos.

Las principales demandas del magisterio incluyen la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la reforma educativa. Los docentes también exigen que las pensiones y jubilaciones se paguen con base en salarios mínimos y no mediante la Unidad de Medida y Actualización.

La presidenta Sheinbaum encabezó la inauguración del Hospital General de Zona Número 13 14 de Septiembre del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, una obra con inversión de 2 mil 400 millones de pesos. El nuevo hospital cuenta con 261 camas, 43 especialidades médicas y una plantilla de 1,691 trabajadores, entre ellos 369 médicos especialistas.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, detalló que el hospital ha brindado más de 18 mil atenciones desde que inició operaciones el 14 de septiembre de 2025, incluidas terapias físicas, consultas de especialidad y más de 100 cirugías.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.

“Se llevaron a mis hijos”, madre denuncia maltrato e indiferencia de gobierno, Ejército y Fiscalía

Liliana, cuyos hijos Emanuel y Marvin desaparecieron durante un operativo militar, es espejo de esta crisis en Chiapas donde se han documentado más de mil 500 casos en las dos últimas gubernaturas. Además, se ha reportado el hallazgo de 23 fosas con al menos 50 cuerpos.

Liliana es de Chiapa de Corzo y busca a sus hijos Emanuel Nanga Pérez y Marvin Valentín Nanga Pérez, desaparecidos el 28 de febrero de 2024 durante un operativo militar en su domicilio, de acuerdo con su testimonio.

“Eran las cuatro de la mañana cuando escuché que pateaban la puerta”, relata doña Liliana. “Entraron personas con uniformes del Ejército y chalecos de la Fiscalía. Nos tiraron al suelo, esposaron a mi esposo y se llevaron a mis dos hijos”.

El mayor de ellos, Emanuel, tenía 19 años cuando se lo llevaron; en ese momento era policía militar activo del Ejército mexicano, destacado en la Ciudad de México. El menor, Marvin, tenía 15 años y estudiaba en el Cobach 20 de Noviembre.

Liliana formó parte del grupo de madres de desaparecidos que mantuvo un plantón durante un mes frente a la Fiscalía General en Chiapas, un estado donde apenas después de asomar el impacto de la confrontación de grupos del narcotráfico con la desaparición de personas, se desvela también la existencia de fosas clandestinas masivas y un número de personas que, de acuerdo con las organizaciones defensoras de derechos humanos, es muy superior al dato oficial correspondiente al sexenio de Rutilio Escandón, primer gobernador de Morena, y del actual, Eduardo Ramírez, quien está por cumplir un año en el cargo.

La Fiscalía estatal reconoció, mediante el folio de transparencia 070136725000062, el hallazgo de 23 fosas clandestinas entre 2021 y 2024, periodo en el que se localizaron más de 50 cuerpos y restos óseos, la mayoría sin identificar.

El documento detalla un incremento constante: tres fosas en 2021, cuatro en 2022 y 13 en 2024, siendo este último el año más violento. El hallazgo más grande ocurrió en el municipio de La Concordia, donde se exhumaron 12 cuerpos sin identificar.

Pese a ello, no existen registros públicos que vinculen estos hallazgos con investigaciones activas de desapariciones en curso.

Pedro Faro, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), presentó cifras alarmantes sobre desaparición en Chiapas, el 6 de noviembre último, ante la visita de una comisión internacional conformada por eurodiputados y organizaciones europeas, en una conferencia de prensa en la que estuvo presente el obispo Raúl Vera, realizada en las puertas de la sede del Poder Ejecutivo estatal.

Faro detalló el número de personas no localizadas en la entidad durante las dos administraciones recientes, de acuerdo con el informe del Frayba la cifra de desaparecidos en el gobierno anterior, encabezado por Rutilio Escandón, fue de mil 204 personas.

En la actual gubernatura, que encabeza Eduardo Ramírez Aguilar, el Frayba reporta 334 casos, de los cuales 230 son hombres. 

Las principales ciudades donde se reporta ese delito son Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, La Concordia y Arriaga.

La presentación de esas cifras se da justo al concluir un viaje de cooperación e intercambio en México de una delegación internacional, que incluyó a Europarlamentarias, organizaciones solidarias de Europa, Agencia Catalana de Cooperación y el Fons Català de Cooperació, Consejo de la Abogacía de Cataluña, Federación Interamericana de la Abogacía y el Colegio de Abogados de Bolonia (Italia), entre otras.

La visita de la delegación ocurrió del 29 de octubre al 6 de noviembre, con actividades en el Estado de México, Ciudad de México, Tapachula, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez.

Entre esperanza y decepción

“Sólo quiero recuperar a mis hijos”, dice Liliana con la voz quebrada. “No busco culpables, sólo saber dónde están. Siento que están vivos”.

Cuenta que tras la desaparición de sus hijos recibió una llamada de extorsión en la que le exigieron un millón de pesos a cambio de entregarlos. Logró reunir y transferir 600 mil pesos, pero después perdió comunicación con los supuestos captores. “Me hicieron una videollamada, pero cuando se me apagó el teléfono ya no volví a saber nada”.

Intentó denunciar los hechos ante la Fiscalía estatal, pero denuncia que fue intimidada por funcionarios, quienes le advirtieron que podría haber represalias. “Me dijeron que mejor no levantara la denuncia, que estaba en riesgo la vida de mis hijos”.

Posteriormente viajó junto con su esposo a la Ciudad de México para buscar apoyo en instalaciones del Campo Militar 1, donde le respondieron que si algún elemento no se presentaba a los tres días, estaba considerado como desertor, o bien que su hijo “se había ido con la maña”. Desde entonces, tampoco ha sabido nada de la investigación de parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

“Entonces, de ahí me retiro llorando y le digo a mi esposo: Vámonos, aquí no vamos a resolver nada.”

Como ella, decenas de madres en Chiapas viven entre la esperanza y la desesperación; mientras, las cifras de desapariciones crecen y la búsqueda de justicia se diluye entre la impunidad y el silencio oficial.

Luego de un mes de mantener bloqueado el Libramiento Norte, una de las vías más importantes de la capital chiapaneca, la colectiva Madres en Resistencia, conformada por víctimas de feminicidios y desapariciones, levantó el plantón que sostenían frente a la Fiscalía General del Estado (FGE).

El bloqueo se inició el 6 de octubre y durante ese tiempo las madres denunciaron al menos siete intentos de desalojo, presuntamente por parte de policías municipales, transportistas, “grupos de choque” y colonos inconformes.

Días antes de concluir la protesta, un grupo de madres decidió separarse para formar una nueva organización: la colectiva Madres Buscadoras de Chiapas, con el propósito de continuar de manera independiente la búsqueda de sus familiares.

En el plantón participaron madres provenientes de Cintalapa, Tapachula, Arriaga, Tonalá, Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez, quienes compartieron testimonios de desapariciones recientes. Entre sus casos están las de dos jovencitas, Cassandra Isabel Arias Torres, de 18 años, desaparecida el 17 de diciembre de 2022 en el municipio de Berriozábal, y Yuritzi Pérez, desaparecida en Arriaga el 19 de agosto de 2024.

“Hasta la fecha no hemos tenido ningún avance. Las fichas de búsqueda de mis hijos desaparecidos no se habían difundido. Cuando entró el gobernador Eduardo Ramírez, por su discurso sobre justicia y humanismo, me dio confianza y le dije a mi esposo: “¿Sabes qué? Hay que hacer la denuncia, este gobernador me da confianza”, narra Liliana.

El 3 de enero último presentó la denuncia y ese mismo día se emitió la ficha de búsqueda.

 “Desde entonces sólo se ha realizado una búsqueda, pero fue incompleta, una “semibúsqueda”, como le dicen. También difundieron las fichas, pero no más”. Cuando se llevaron a mis hijos, mi esposo logró soltarse y me gritó: “Lili, pide ayuda, yo voy por los muchachos.”

“Él tiene un camión de tres toneladas y se fue detrás de las camionetas que se los llevaron. Alcanzó a llegar hasta un rancho cerca del aeropuerto, pero ahí ya no lo dejaron pasar; el lugar estaba cerrado y custodiado. Ahí fue donde pedí que se hiciera la búsqueda. Me la autorizaron, pero sólo parcialmente: no me dieron acceso completo al rancho; la Fiscalía me negó acceso a las casas donde había fotos de militares. Después recibí amenazas para que dejara de buscar ahí”.

La mujer de 40 años denuncia que la fiscalía no le ha informado de ningún hallazgo. “Desde el inicio proporcionamos muestras para el análisis genético, tanto mi esposo como yo”.

Indicios de reclutamiento

El 3 de enero último, con la ficha de búsqueda ya emitida, Liliana se integró a la Colectiva Madres en Resistencia y, desde entonces, participa en las actividades. “Hasta el momento no hemos sabido absolutamente nada. No han vuelto a aparecer hombres armados en mi casa, aunque en la zona hay muchos. En las últimas semanas han desaparecido aproximadamente 18 personas”, refiere. 

Sobre las desapariciones, Liliana dice que hay varios grupos armados que reclutan jóvenes a la fuerza, “aunque no tengo información precisa. Sólo se escuchan rumores”.

Narra que cuando se llevaron a sus hijos, “ese mismo día huyeron 12 familias de la colonia 20 de Noviembre, siete de ellas con jóvenes que eran compañeros de mis hijos –amigos, compañeros de futbol y de andar en bicicleta. Pedí a la Fiscalía que investigara a esas familias, pero no se hizo nada. Ninguna de ellas ha sido llamada a declarar, ni se han acercado a mí”.

El 12 de septiembre último Liliana tuvo una reunión con el gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, quien, según su versión, mostró indiferencia ante las madres. 

“Nos dijo que, si queríamos chingar, viniéramos a chingar a la Fiscalía, y que, si queríamos quemarla, él nos apoyaba con la gasolina –relata Liliana”.

Para ella, fue una reunión decepcionante con el mandatario. “Pensamos que por ser un gobierno que se dice humanista nos iba a dar esperanza. Pero salimos llorando. No hay búsqueda real, ni apoyo psicológico, ni avances”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA COUTIÑO.

En concierto, Caifanes dedica canción a las madres buscadoras en Chiapas

La banda de rock mexicana Caifanes dedicó en su concierto de este sábado la canción “Antes de que nos olviden” a las madres buscadoras en Chiapas y proyectó imágenes de la colectiva Madres en Resistencia en homenaje a la labor de quienes buscan a sus desaparecidos.

Durante su presentación en el Foro Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, Saul Hernández, vocalista de Caifanes, reconoció la lucha de las madres buscadoras y leyó ante el público que, “a la fecha, en Chiapas hay mil 674 personas que no han podido regresar a casa. La mayoría son jovencitas de 15 a 19 años y de 30 hasta de 34”.


Hernández también se refirió a la crisis de desaparecidos en México como una “tragedia tan grande” que “es injusta, que es estúpida y que es simplemente inaceptable”, y al finalizar el concierto la banda sostuvo playeras y carteles con fichas de búsqueda.

El acto de Caifanes fue reconocido y celebrado por Irinea Buendía, madre de la víctima de feminicidio Mariana Lima Buendía y directora del Observatorio Nacional del Feminicidio, quien dio que este tipo de “gestos” contribuyen a visibilizar la problemática.

“Cuántos artistas o grupos hay que podrían alzar la voz y no lo hacen”, dijo Buendía tras el homenaje el concierto.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.