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Juez del Estado de México declina amparo a Jalisco por Rancho Izaguirre

Por: Draco Dracul on lunes, octubre 05, 2026 / Comentarios: 0 ,

El titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con sede en Toluca, Alejandro Latorre Lozano, se declaró legalmente incompetente para resolver el juicio de amparo indirecto promovido por la defensa de ocho personas vinculadas a los hechos registrados en el Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco.

La resolución ordenó remitir las actuaciones al Juzgado de Distrito en Materia Penal en turno en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande.

El juicio de derechos fundamentales fue promovido originalmente en junio de 2025 ante la autoridad judicial radicada en Toluca por Juan Manuel Alcaraz Villa y/o Juan Manuel Almaraz Villa, Armando Guzmán Cano, Óscar Iván Ciénega Jiménez, Erick Díaz Ayala, Gustavo Ángel Montiel, quienes ya fueron sentenciados en el fuero común en Guadalajara.

También figuran como promoventes los expolicías del municipio de Tala, Jalisco, José Antonio Solís Nava y Gabriel Nieto Jiménez.

Los quejosos recurrieron la resolución del 28 de mayo de 2025, mediante la cual se les dictó la medida cautelar de prisión preventiva, así como el auto de vinculación a proceso emitido el 3 de junio de ese año por un juez de control federal adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, dentro de la causa penal 136/2025.

La investigación federal se inició formalmente en marzo de 2025 a través de la Fiscalía Especial en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, perteneciente a la estructura de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la Fiscalía General de la República (FGR).

Dicha representación social solicitó la orden de cateo sobre el inmueble ubicado en Teuchitlán y presentó las imputaciones iniciales en el Estado de México bajo criterios de seguridad.

Posteriormente, la fiscalía especial determinó enviar la investigación a la Unidad Especializada en Desaparición Forzada por razón de materia, radicándose la indagatoria correspondiente en Jalisco y acumulándose a expedientes previos.

Durante una audiencia de declinatoria de competencia solicitada por la representación social, el juez de control con sede en Almoloya de Juárez determinó declinar el asunto a favor del Centro de Justicia Penal Federal en Puente Grande.

El juzgador de control explicó que la competencia asumida inicialmente en el Estado de México “por razones de seguridad” fue superada al confirmarse que los procesados se encuentran recluidos en el Reclusorio Metropolitano del Estado de Jalisco y no en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, en Almoloya.

Asimismo, precisó que los hechos ocurrieron en territorio jalisciense y que en el tribunal de Puente Grande ya existían causas penales abiertas conexas con los mismos acontecimientos, entre ellas la causa primigenia 412/2025.

Al analizar el expediente del amparo indirecto tras la declinatoria del proceso penal originario, el juez de distrito de Toluca concluyó que carecía de jurisdicción territorial para resolver sobre la constitucionalidad de las medidas dictadas.

Sostuvo que resulta necesario preservar la unidad del proceso y evitar resoluciones contradictorias, concentrando las actuaciones ante la autoridad judicial del lugar donde ocurrieron los hechos, donde se tramitan los juicios principales y donde permanecen recluidos los imputados.

Por ello, dispuso el envío del expediente electrónico al juzgado federal jalisciense para que asuma el conocimiento del juicio constitucional.

AMPARO A POLICÍA DE TALA

Con anterioridad, en un juicio de amparo paralelo relacionado con las mismas investigaciones, el expolicía municipal de Tala, Jalisco, Emmanuel Avelar Manjarrez obtuvo la protección de la justicia federal frente al proceso penal incoado en su contra por el delito de desaparición forzada.

La sentencia fue dictada por el titular del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, Jesús Terríquez Basulto, dentro del expediente de amparo indirecto XXX.

El fallo dejó sin efecto la resolución del 23 de abril de 2025 emitida por la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, la cual había confirmado el auto de vinculación a proceso dictado contra el exservidor público por el juez de control con sede en Tequila.

La imputación derivó de la detención de un motociclista ocurrida el 16 de septiembre de 2024 en Tala, quien declaró haber sido interceptado por policías municipales y trasladado al Rancho Izaguirre en Teuchitlán, donde permaneció retenido hasta su rescate por la Guardia Nacional dos días después.

El juez federal determinó que la sala penal omitió responder a los planteamientos centrales expresados por la defensa durante la apelación.

Entre los puntos ignorados figuraba que la víctima describió que sus captores portaban uniformes verdes, mientras que los informes oficiales de la policía de Tala establecen que su personal utiliza prendas azules.

Tampoco se atendieron las objeciones sobre las patrullas señaladas ni las irregularidades denunciadas en un procedimiento de identificación fotográfica basado en 227 imágenes.

La resolución ordenó a la sala emitir un nuevo fallo donde examine de manera completa y razonada los argumentos defensivos.

NO MÁS PERITOS

En otra vertiente judicial vinculada al mismo caso, ZETA dio a conocer hace un par de semanas que el Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Tercer Circuito resolvió declarar inadmisible un recurso interpuesto por la Fiscalía General de la República para sumar más especialistas a la inspección del Rancho Izaguirre.

El desacuerdo surgió en julio de 2026, cuando la FGR solicitó incorporar peritos e investigadores adicionales a las labores de campo autorizadas en una orden de cateo otorgada en marzo de 2025.

El juzgado de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Puente Grande rechazó la petición tras considerar que en la autorización inicial ya se había avalado la entrada de especialistas en diversas materias, por lo que no procedía integrar a más personal dentro del mismo trámite.

La representación social apeló la negativa para intentar revertir la decisión. Sin embargo, los magistrados del tribunal de alzada determinaron que la impugnación resultaba improcedente.

Los colegiados explicaron que la ley contempla un listado cerrado de resoluciones que pueden ser revisadas en segunda instancia y que la negativa de agregar peritos a una diligencia de cateo concedida previamente no equivale a la negativa de un cateo ni encuadra en los supuestos permitidos para la apelación.

Con este fallo se confirmó el acuerdo de la jueza de primera instancia, manteniendo los límites fijados para la diligencia en el Izaguirre Ranch (Rancho Izaguirre), predio ubicado en La Estanzuela, en Teuchitlán.

Dicho inmueble fue intervenido inicialmente el 18 de septiembre de 2024 tras un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Guardia Nacional, operativo en el que se logró la detención de diez personas, el rescate de dos víctimas retenidas y el hallazgo de un cuerpo sin vida.

Los capturados en el rancho de adiestramiento conocido como “La Escuelita” fueron sentenciados inicialmente a la condena de 141 años tres meses de prisión por desaparición de persona cometida por particulares agravada y el homicidio; sin embargo, en segunda instancia la pena de 131 años tres meses de cárcel.

Otro procesado en este asunto es el exalcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago, que igualmente se encuentra encausado por desaparición forzada y delincuencia organizada, quien perdió el amparo contra el auto de vinculación y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

FUENTE/MEDIO: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: REDACCIÓN.
ENLACE: https://zetatijuana.com/2026/10/juez-del-estado-de-mexico-declina-amparo-a-jalisco-por-rancho-izaguirre/

Vicefiscal de desaparecidos de Jalisco se deslinda de omisiones en el procesamiento del rancho Izaguirre

Por: Draco Dracul on jueves, julio 31, 2025 / Comentarios: 0 ,

La funcionaria estatal insistió en que no tiene la facultad de ordenar o detener un procesamiento, en este caso del rancho Izaguirre, donde presuntamente ocurrieron hechos relacionados con reclutamiento forzado e inhumaciones clandestinas de cuerpos humanos.

La vicefiscal Especial en Personas Desaparecidas en Jalisco, Blanca Trujillo Cuevas, se lavó las manos de las omisiones en el procesamiento del rancho Izaguirre.  

Este jueves declaró que no tiene responsabilidad en las decisiones tomadas en ese caso. La funcionaria afirmó que su rol se limita a coordinar y supervisar las actividades de los servidores públicos, y que las decisiones jurídicas corresponden exclusivamente a los responsables directos, como los Ministerios Públicos y las instancias judiciales.

Cabe recordar que, en septiembre de 2024, cuando fue hallado el lugar por un enfrentamiento de personas armadas y la Guardia Nacional, Trujillo Cuevas ocupaba el cargo de titular de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas. Aunque el puesto cambió de denominación en la actual administración estatal, sus responsabilidades permanecen prácticamente igual.  

La funcionaria estatal insistió en que no tiene la facultad de ordenar o detener un procesamiento, en este caso del rancho Izaguirre, donde presuntamente ocurrieron hechos relacionados con reclutamiento forzado e inhumaciones clandestinas de cuerpos humanos. 

Al ser cuestionada sobre si ordenó la no realización del proceso en Izaguirre, la vicefiscal respondió que no cuenta con la autoridad para emitir ese tipo de órdenes, y que esas decisiones corresponden a los agentes del Ministerio Público responsables de la investigación, quienes actúan conforme a las normativas legales aplicables.  

“No está dentro de mis facultades y atribuciones ordenar tal situación. La figura que en ese momento era fiscal en especial en personas desaparecidas, ahora la nomenclatura cambia a vicefiscal es coordinar y verificar que efectivamente los servidores públicos realicen sus funciones. Mucha también de la función es tema administrativo, pero quién es el responsable jurídicamente de un procesamiento y que decide cuándo inicia y cuándo jurídicamente lo va a declarar concluido, pues son los servidores públicos que intervienen directamente en el mando y conducción firmando registros y pues haciendo su trabajo. Son miles de carpetas de investigación las que se integran y obviamente para eso existe cada agencia del Ministerio Público que es la responsable de los casos que tiene a cargo. Entonces, en este caso yo no podría porque no está dentro de mis facultades el ordenar que inicien o dejen de hacer algo porque los servidores públicos saben que la Ley Orgánica, la Ley General, la Ley Estatal y el mismo reglamento este establecen muy claramente las facultades y atribuciones que tenemos cada servidor público en el organigrama”, declaró a pregunta expresa. 

Además, Trujillo Cuevas argumentó que la responsabilidad jurídica de cuándo se inicia o concluye un proceso la tienen los servidores públicos que intervienen en la investigación, firmando registros y conduciendo las acciones correspondientes, pero que ella, dijo no puede intervenir en esas decisiones.  

La vicefiscal puntualizó que no le corresponde a ella indicar si está libre de responsabilidad en este caso, aseveró que corresponde a la Fiscalía Anticorrupción determinar si hubo irregularidades en el trabajo realizado y, en ese caso, establecer las responsabilidades jurídicas correspondientes. 

¿Por qué no está usted entre las 12 personas que están siendo investigadas por posibles omisiones?, se le preguntó. 

“Yo creo que esa es una respuesta que tendría que dar el fiscal anticorrupción, eso no es decisión mía. Eh, yo comparecí eh cuando me citaron a declarar como testigo (en un juicio anterior relacionado con el rancho Izaguirre), establecí las circunstancias tiempo, modo y lugar que me preguntaron y ellos son los que deciden el carácter que le dan a cada persona en la investigación”, anotó. 

¿Usted siente que está libre de responsabilidad en esas omisiones?, se le insistió. 

“Yo no puedo opinar, ellos tienen la carpeta, ellos son los que toman las decisiones jurídicas”, contestó Trujillo Cuevas. 

La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción inició una carpeta de investigación, la 180/2025, que ya está judicializada por las omisiones en el procesamiento de los indicios del rancho Izaguirre, la cual ya fue judicializada contra 12 funcionarios públicos, aunque Trujillo Cuevas no está incluida entre ellos. El funcionario de más alto cargo en esa indagatoria es Saúl Arámbula, director de Búsqueda de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas; también está siendo investigada la actuación de la agente del Ministerio Público, Ana Berenice Zúñiga Vargas, quien inicialmente tomó conocimiento del caso en el rancho Izaguirre en septiembre de 2024. 

La lista completa de los funcionarios que están señalados o investigados en esta carpeta de investigación por los delitos de: abuso de autoridad y delitos cometidos en la administración de justicia y en otros ramos del poder público son: Ana Berenice Zúñiga Vargas, Isis Lizbeth Hernández Quintero, Ana Renata Moreno Esparza, Edgar Brandon Ramírez Márquez, Enrique Yeragzmel Barragan Barbosa, Juan José Huerta Valdivia, Joel Alejandro Robles Zuzuarregui, Betsaida Aguilar Castro, Ubaldo Robles Pastrano, Martin Alonso Argote Chávez, Rodolfo Rodríguez Montes y Francisco Javier Becerra Bizarro. 

El juicio relacionado con esta investigación de la causa administrativa 4794/ 2025, aún no tiene fecha definitiva de realización; después de dos aplazamientos, la audiencia inicial está programada para efectuarse el próximo 4 de agosto, pero las partes aún no han sido notificadas.  

En cuanto a los procedimientos penales en curso, Trujillo Cuevas informó que en general existen cinco investigaciones en etapa complementaria por asuntos relacionados con el rancho Izaguirre, referentes a distintas víctimas. También reiteró que la Fiscalía General de la República (FGR) lleva a cabo otras indagatorias, relacionadas con hechos similares.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LIZABETH RIVERA AVELAR.

Declaran culpables a los diez detenidos en el Rancho Izaguirre por desaparición y homicidio

Por: Draco Dracul on martes, julio 08, 2025 / Comentarios: 0 ,

Según las autoridades, los ahora sentenciados operaban en el Rancho Izaguirre como un punto de reclutamiento forzado para el crimen organizado.

El Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado del Distrito I dictó un fallo condenatorio contra los diez hombres detenidos el 18 de septiembre de 2024 en el Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, por haber cometido delitos de desaparición cometida por particulares, desaparición agravada y homicidio calificado. 

El proceso judicial inició el 1 de julio con la etapa de juicio oral y concluyó con la deliberación del tribunal tras escuchar los alegatos finales de las partes. Entre los acusados se encuentran Lennin “N” (también identificado como Kevin “N”), David “N”, Gustavo “N”, Christopher “N”, Juan “N”, Óscar “N”, Erick “N”, Luis “N”, Ricardo “N” y Armando “N”.

Según las autoridades, los ahora sentenciados operaban en el Rancho Izaguirre como un punto de reclutamiento forzado para el crimen organizado. En ese lugar, fueron arrestados durante un operativo encabezado por elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, tras un reporte de detonaciones de arma de fuego. Al llegar, fueron agredidos, lo que provocó un enfrentamiento. En el sitio se localizó el cuerpo sin vida de una persona y se liberó a otras dos que se encontraban privadas de su libertad. 

Previo al fallo, el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, José Luis Álvarez Pulido, explicó que el juicio había concluido su etapa de desahogo de pruebas el viernes 5 de julio. 

“Y se procede con una deliberación que debe ser privada, continua y no puede exceder las 24 horas. Es decir, cerrado el debate, el tribunal se retira para deliberar sobre el caso y anunciará su fallo a las partes cuando esté listo”, detalló el magistrado. 

Álvarez Pulido puntualizó que, una vez concluidos los debates, el tribunal tiene un plazo de 24 horas para deliberar en privado y emitir su resolución. Agregó que el Tribunal de Enjuiciamiento tendría un plazo de cinco días para determinar la pena que se impondrá. Sin embargo, se informó que la audiencia de individualización de las penas se llevará a cabo este mismo martes 8 de julio a las 9:30 horas, donde se determinará la sentencia que deberá cumplir cada uno de los acusados, así como las medidas de reparación del daño. 

“En caso de que el fallo sea condenatorio, el Tribunal de Enjuiciamiento fija una audiencia dentro de los cinco días siguientes para determinar la pena que se impondrá, así como la reparación del daño. Lo primero es decidir si se emite un fallo condenatorio o absolutorio. La audiencia que está por concluirse se denomina 'Audiencia de debate y juicio'. En caso de condena, lo que marca la ley es que se fije una nueva audiencia en ese plazo, llamada 'Audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño’”, explicó el representante del Poder Judicial. 

Este caso está relacionado con los hallazgos realizados por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, quienes el 5 de marzo pasado reportaron la localización de indicios de inhumaciones clandestinas en el mismo predio. Tras el procesamiento, se determinó que en este sitio se localizaron 1,844 artículos y prendas de vestir, como ropa, calzado, gorras y mochilas, que podrían pertenecer a víctimas de reclutamiento forzado o desaparición forzada. 

Actualmente, suman 16 personas detenidas relacionadas con delitos cometidos en el Rancho Izaguirre: los 10 detenidos en septiembre pasado y ahora condenados, además de tres ex policías del municipio de Tala, incluido el ex jefe de la Policía Municipal, acusados por el delito de desaparición forzada; José Gregorio "N" —alias "Lastra"—, presunto integrante de una célula delictiva vinculada al reclutamiento de personas para el Cártel Jalisco Nueva Generación y responsable del reclutamiento y adiestramiento en el rancho Izaguirre; la mujer arrestada junto con José Gregorio; y el alcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago, vinculado a proceso por delincuencia organizada agravada por su condición de servidor público. 

Además 12 servidores públicos, entre los que están ocho funcionarios de la Fiscalía del Estado de Jalisco y cuatro peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) están siendo investigados por omisiones en el procesamiento de evidencias e indicios descubiertos en el rancho Izaguirre. Esa carpeta de investigación ya ha sido judicializada y fue abierta por la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Jalisco.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ELIZABETH RIVERA AVELAR.

Abogada denuncia “chivos expiatorios” en investigación del rancho Izaguirre

Por: Draco Dracul on jueves, junio 05, 2025 / Comentarios: 0 ,

La defensora Cecilia Isabel Ayala Dávalos expuso detalles sobre el proceso que actualmente enfrentan sus representados: Juan José Huerta Valdivia, Edgar Brandon Ramírez Márquez y Enrique Yeragzmel Barragán Barboza, quien están siendo investigados por abuso de autoridad y otros ilícitos.

En la investigación de las omisiones en el procesamiento del Rancho Izaguirre se están fabricando responsabilidades y “chivos expiatorios”, entre los que están peritos forenses, sostuvo Cecilia Isabel Ayala Dávalos, la abogada defensora particular de tres de los cuatro peritos que están señalados como presuntos responsables; junto con ocho funcionarios de la Fiscalía del Estado en la carpeta de investigación 180/2025, que actualmente está en el índice de la Agencia 2, del Ministerio Público, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

La defensora expuso detalles sobre el proceso que actualmente enfrentan sus representados: Juan José Huerta Valdivia, Edgar Brandon Ramírez Márquez y Enrique Yeragzmel Barragán Barboza, quien están siendo investigados por abuso de autoridad y otros ilícitos relacionados con la administración de justicia y el poder público. La fiscalía aún no ha formalizado acusaciones ni vinculado a los servidores a proceso, por lo que los peritos “mantienen su presunción de inocencia”.

Ayala Dávalos argumentó que los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) no tienen atribución de actuar por cuenta propia, ya que son auxiliares de la autoridad.
"Los peritos de ciencias forenses no son autoridad. Si los quieres llamar a rendir cuentas, tienes que apegarte a la normatividad por la que ellos se rigen, pero no con las normatividades que aplican a la Fiscalía del Estado", expresó.
Los peritos, son señalados a partir de un acta administrativa de la Vicefiscal en Personas Desaparecidas, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, del 6 de marzo de 2025, que señala supuestas inobservancias en el desempeño de funciones. Ayala Dávalos argumenta que el acta administrativa no regula el actuar de los peritos, quienes actúan a petición de la autoridad competente y se rigen por la Ley Orgánica del IJCF.  Los peritos sólo intervinieron en el caso Rancho Izaguirre el 3 de octubre de 2024, durante aproximadamente 5 horas y media, para elaborar un plan de acción, tras ser requeridos por el Ministerio Público, pero después ya solicitaron su presencia.

La abogada afirmó que existen argumentos jurídicos sólidos para defender a sus clientes y demostrar que no deben ser llevados a juicio bajo la normativa invocada. Sin embargo, advirtió que la imparcialidad de las investigaciones está en entredicho debido a la supuesta falta de autonomía de los ministerios públicos y a la línea que, aseguró, siguen las órdenes superiores dentro de la Fiscalía del Estado, esto, dijo, genera una situación de simulación y riesgo de que se convierta en una persecución de chivos expiatorios.   
“Pero si tú tienes a la fiscalía especializada en combate a la corrupción, queriendo hacer una investigación imparcial, es imposible porque son de la misma casa. Todos son de fiscalía, nada más que uno de la Vicefiscalía de personas desaparecidas y otros del combate de la corrupción. Esto es una simulación. ¿Entonces, existe el riesgo de que se incurra en una situación de chivos expiatorios”. Sí, claro, claro, ya empezó porque con esta información que está adherida a la carpeta de investigación, no es suficiente para llevar a juicio a los peritos. Ellos no son autoridad. A ellos, si los quieres llamar a rendir cuentas, pues tienes que apegarte a la normatividad por la que ellos se rigen, pero no con las normatividades que aplican a la Fiscalía”.   
La defensa obtuvo un amparo (456/2025) que suspende provisionalmente la acusación contra los peritos. Cuestiona la celeridad con la que se judicializó la carpeta, contrastando con la lentitud en otros casos.

Con respecto a la coordinación y las responsabilidad del Ministerio Público, resaltó que "El Ministerio Público tiene la obligación y el deber de coordinar a policías investigadores, a peritos. Y esto es a lo que ya me refería, el mando y conducción. Y vamos a sentarnos en un supuesto de que alguno no lo hizo debidamente. Vamos a concederles ese derecho de que alguien de los involucrados no hizo su trabajo. Pero para eso está el Ministerio Público".   

En ese sentido, la abogada llamó a que se revisen las actuaciones de la entonces titular de La Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD) Blanca Jaqueline Trujillo Cuevas, quien actualmente continúa siendo responsable del área, aunque el área cambió de nombre a Vicefiscalía de Personas Desaparecidas   
"La jerarquía hacia arriba del Ministerio Público, que son sus directores, coordinadores y la vicefiscal. Entonces aquí la primera responsable de coordinar al personal de la Vicefiscalía, pues es la vicefiscal. Y así como las escaleras se barren de arriba hacia abajo, también en la Vicefiscalía deben de empezar por la intervención”, anotó.
Señaló que hay indicios y temores de un posible plan previamente establecido para resolver el caso de manera rápida y bajo condiciones poco transparentes. Además, expresó que la rápida investigación y la acelerada tramitación de medidas cautelares parecen indicar una estrategia premeditada, que no se ajusta a la práctica jurídica habitual.

Lo que llamó la atención de la abogada fue la rapidez con la que se ha desarrollado el caso. De acuerdo con su relato, en marzo pasado, la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA) solicitó las entrevistas a 12 servidores públicos, incluyendo a sus clientes, en un proceso que se ha caracterizado por una celeridad poco común. Además, critica la UMECA haya sido aplicada antes de la audiencia inicial, “pasando por alto la presunción de inocencia”.   

La audiencia inicial prevista para el 29 de mayo, referente al acta administrativa 47941/2025  fue suspendida, pese a que ya existía un informe de valoración de riesgo procesal, lo que permitió a la autoridad tener una idea clara del posible riesgo de fuga o sustracción de la justicia por parte de los implicados.   

"Previo a la audiencia inicial a la que estábamos citados el 29 de mayo, fueron requeridos por la Unidad de Medidas Cautelares a efecto de que se constituyeran los 12 servidores públicos y se les practicaran las entrevistas”, anotó que esto viola la presunción de inocencia.   

La abogada Cecilia Isabel denunció obstáculos por parte de la Fiscalía en el proceso de investigación del caso de Rancho Izaguirre, específicamente en relación con las diligencias y entrevistas a servidores públicos involucrados en la desaparición de personas.    

Según Ayala Dávalos, acudió a la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas para solicitar la aceptación de un oficio dirigido a la carpeta de investigación 180-2025, donde se especifica la situación en ese lugar. Sin embargo, fue informada de que no podía entregar el documento porque debía solicitar autorización a un superior, e incluso le indicaron que no podía ser atendida en oficialía, en contra del procedimiento correcto y del ejercicio del derecho de petición.   

A pesar de la amabilidad mostrada por un servidor público llamado Eric González, quien le ofreció un correo institucional para futuras comunicaciones, la abogada señaló que la negativa refleja un desconocimiento del procedimiento por parte de la fiscalía, lo que limita los derechos de los peritos y abogados a ejercer su defensa.    

Ayala Dávalos explicó que su intención era entrevistar a Daniel Hernández Ramírez, secretario de la Agencia del Ministerio Público de la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas, quien en un informe de 24 de abril de 2025, detalla el despliegue operativo en la escena del Rancho Izaguirre. Dicho informe señala que, a pesar de que el lugar fue inspeccionado en septiembre de 2024, “el procesamiento del sitio no se concluyó ni se le dio continuidad”, pese a la existencia de múltiples intervenciones por parte de diferentes cuerpos técnicos, como científicos forenses y equipos caninos.   

La abogada criticó que la continuidad de las investigaciones ha sido desigual, ya que las labores de peritos y científicos solo se llevaron a cabo en la primera intervención, que duró aproximadamente cinco horas el 3 de octubre de 2024.    

Asimismo, resaltó que la coordinación entre los diferentes equipos y las autoridades no ha sido efectiva, y que la falta de continuidad en las acciones ahora afecta la integridad de la investigación. La profesional acusó que los obstáculos y negativas de la fiscalía podrían estar limitando la obtención de información clave para esclarecer los hechos y garantizar el acceso a la justicia.    

Ayala Dávalos subrayó que desde septiembre de 2024, la investigación ha estado marcada por una omisión en la tramitación de las diligencias, evidenciando una grave situación en la conducción del caso y la protección efectiva de los derechos de las víctimas y sus representantes. Puntualizó que este asunto está descontextualizada, con incongruencias e inconsistencias jurídicas y con simulaciones.

Asimismo, Ayala Dávalos criticó la manera en que la Fiscalía ha manipulado la información y expresó preocupación por la posible contaminación de las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), al cuestionar la actuación de los peritos forenses y la forma en que se manejan los informes y las revisiones del lugar de los hechos. También criticó la falta de coordinación y liderazgo efectivo por parte del Ministerio Público, argumentando que la responsabilidad recae en la Vicefiscalía y sus superiores para garantizar procedimientos adecuados y una investigación transparente. 

La abogada Cecilia Isabel Ayala realizó una evaluación crítica sobre el proceso judicial y las investigaciones relacionadas con un caso de personas desaparecidas, poniendo en duda la actuación y documentación de la Vicefiscalía encargada. 

Indicó que, según entrevistas realizadas, personal activo de la Fiscalía y otros colectivos no conocen a la vicefiscal, ya que no ha hecho acto de presencia en los lugares de los hechos, y su documentación se limita a chats, lo cual, para la abogada, deja dudas sobre su verdadera participación y compromiso. Además, criticó la falta de movimiento en las inspecciones en la escena del crimen desde septiembre de 2024, señalando que la vicefiscal y el Ministerio Público no agotaron las diligencias necesarias. 

También abordó el retraso en la audiencia inicial, atribuyéndole a requerimientos del juzgado y cuestionando si esa demora responde a intereses políticos o judiciales. La especialista expresó preocupación por la situación de los peritos, quienes, a pesar de supuestas garantías de apoyo, habrían sido afectados institucionalmente y aún enfrentan posibles procedimientos internos por supuestas irregularidades, además del impacto económico y personal. 

"Es muy suspicaz la forma en que se está llevando a cabo. La carpeta de investigación cobra vida jurídica a partir de marzo, y en tres meses se obtuvieron los elementos de prueba para solicitar la vinculación a proceso. Lo que se está haciendo con la unidad de medidas cautelares, sometiéndolos en esta etapa, es pasarse por alto la presunción de inocencia."apuntó. 

Sobre la gestión de la Fiscalía aseguró que “lo que caracteriza a la Fiscalía es que no sabe investigar. (...) La Fiscalía no investiga, porque si hicieran su trabajo no estaríamos en este problema, sencillo".

Por otra parte, la abogada señaló inconsistencias en la participación de diferentes agentes del Ministerio Público en las investigaciones, mencionando que la presencia inicial de una de las fiscales, identificada como Ana Berenice Zúñiga Varga, ya que  podría, no haberse extendido a otras personas, y que en la actualidad esa fiscal sigue activa en la misma zona, sin haber sido removida. 

Ayala Dávalos cuestionó la estrategia de la fiscalía y el interés de las distintas partes por detener o retener información clave, evidenciando una situación que requiere mayor transparencia y compromiso institucional para esclarecer los hechos relevantes en este delicado caso de desapariciones. 

Finalmente, la abogada hizo un llamado a transmitir una versión más objetiva y realista al público, evitando la desinformación y el estigma social generado por una comunicación parcial y malinterpretado de los hechos. Señaló que la correcta conducción y responsabilidad en las investigaciones son clave para evitar decisiones judiciales basadas en informaciones sesgadas o incorrectas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ELIZABETH RIVERA AVELAR.

La Fiscalía de Jalisco vincula a 8 personas por desapariciones en el Rancho Izaguirre

Por: Draco Dracul on miércoles, mayo 28, 2025 / Comentarios: 0 ,

Un presunto reclutador y siete detenidos son vinculados a proceso por desaparición forzada en Teuchitlán.

La Fiscalía de Jalisco informó la vinculación a proceso de ocho personas por el delito de desaparición cometida por particulares, entre ellos un presunto reclutador y siete detenidos en el Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán.

En audiencia celebrada este martes 27 de mayo, el juez determinó vincular a Eduardo Daniel “N”, presunto reclutador, junto con Gustavo Ángel “N”, Kevin Martínez “N”, Luis Alberto “N”, Juan Manuel “N”, Armando “N”, Ricardo Augusto “N” y Erick “N”.

Las investigaciones realizadas por la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas han permitido ampliar el caso, sumando esta vinculación a cinco carpetas de investigación previas contra los detenidos.
Como medida cautelar, se les dictó prisión preventiva oficiosa por un año, en espera de los juicios correspondientes.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Exalcalde de Teuchitlán y familia operaban presunta red de huachicol fiscal del CJNG: FGR

Por: Draco Dracul on martes, mayo 20, 2025 / Comentarios: 0 ,

Especificó que 210 empresas vinculadas a los hermanos del exalcalde brindaron unidades de transporte para hidrocarburos de procedencia ilícita.

Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República, afirmó este martes 20 de mayo en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum que José Ascensión Murguía Santiago, exalcalde de Teuchitlán, donde se ubica el Rancho Izaguirre, presuntamente operaba una red de ‘huachicol’ fiscal ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), junto a sus hermanos y otros familiares.

El titular de la FGR, entidad que tomó control de las investigaciones en torno al campo de adiestramiento, especificó que en una red de 210 empresas vinculadas a los hermanos ha participado en el trasiego de combustibles, brindando unidades de transporte para hidrocarburos de procedencia ilícita.

“La información que se obtuvo de los medios nos llevó a establecer una línea de investigación de inteligencia que llevamos con el secretario García Harfuch (SSPC) que demostró algo que es fundamental: el ex presidente municipal de Teuchitlán […] sus dos hermanos y su familia son los propietarios de todos los camiones que se utilizaron tanto en Tamaulipas como en Ensenada para mover esa droga. Y todo esto está vinculado finalmente con el Cártel Jalisco Nueva Generación”.


FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Hunden a alcalde de Teuchitlán testimonios de sobrevivientes

Por: Draco Dracul on viernes, mayo 16, 2025 / Comentarios: 0 ,

José Ascensión Murguía Santiago fue vinculado a proceso por colaborar con el Cártel Jalisco Nueva Generación en la operación del rancho Izaguirre, estar en su nómina, y proporcionarle seguridad. La FGR señaló que Teuchitlán forma parte de una red de reclutamiento forzado, similar a la descubierta en Tala en 2017.

Los testimonios de sobrevivientes del rancho Izaguirre en Teuchitlán son la prueba principal por la que José Ascensión Murguía Santiago, alcalde del municipio ubicado en la región Valles de Jalisco, fue vinculado a proceso el pasado viernes por el delito de delincuencia organizada agravada por tratarse de un servidor público.

El 3 de mayo, la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo al integrante de Movimiento Ciudadano acusándolo de estar relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que operaba el rancho Izaguirre, donde mantuvo a decenas o cientos de personas privadas de su libertad para convertirlas forzadamente en sicarios. El entrenamiento incluía prácticas con pistolas de gotcha; también eran obligados a desmembrar y quemar los cuerpos de quienes eran asesinados.

“Usted colaboró con ellos, decidió pertenecer, […] las víctimas en ese lugar lo vieron. Fue visto, colaboró brindando seguridad para captar gente privada de su libertad, sobajada, deshumanizada, para que pertenecieran a un grupo delictivo. Lo sabía y no hizo nada”, aseguró la acusación.

La audiencia de vinculación a proceso se realizó los días 3 y 9 de mayo en el Centro de Justicia Penal Federal en Jalisco. De los más de 100 datos de pruebas asentados en los 23 tomos de la causa penal 473/2025 de la investigación por los hechos delictivos relacionados con el rancho Izaguirre, la FGR utilizó los testimonios de Azul, Verde, Rojo y Australia —testigos de identidad reservada, tres de ellos víctimas sobrevivientes— para acusar a Murguía Santiago de brindar recursos humanos y materiales al CJNG, y de estar en la nómina de este grupo delictivo.

Guerreros Buscadores de Jalisco, uno de los cientos de colectivos en México que busca a sus familiares desaparecidos, llegó al rancho el 5 de marzo, tras recibir información anónima sobre la ubicación de varias fosas clandestinas. El predio de aproximadamente 10,000 metros cuadrados, delimitado por una barda, se ubica en el ejido La Estanzuela del municipio de Teuchitlán, a 58 kilómetros de la ciudad de Guadalajara, la segunda más importante del país.

Después de ingresar al rancho y trabajar más de cinco horas en la prospección del terreno, una integrante del colectivo hizo una transmisión en vivo para documentar lo que encontraron: cientos de restos óseos calcinados y enterrados bajo ladrillos y tierra, decenas de cartuchos de grueso calibre percutidos, áreas para entrenamiento físico y táctico, baños desvencijados, una especie de cocina, y un galerón donde decenas de prendas, maletas, zapatos y objetos personales se apilaban ante un altar dedicado a la Santa Muerte. Estos hallazgos evidenciaron que era un centro de confinamiento, entrenamiento y exterminio del CJNG; el colectivo logró hurgar en las entrañas de la maquinaria de reclutamiento forzado que desde hace lustros echó a andar esta organización criminal.

Por el caso Teuchitlán están detenidos José Gregorio Lastra Hermida, el Lastra, ex policías municipales de Tala, y Murguía Santiago, quien fue presidente municipal de Teuchitlán hasta su vinculación a proceso. Al día siguiente, 10 de mayo, el cabildo nombró como alcalde interino a Jaime Alberto Rodríguez Ballesteros. 

Policías de otros municipios involucrados

En las audiencias del 4 y el 9 de mayo, los agentes del Ministerio Público plantearon que el rancho Izaguirre está relacionado con una red de reclutamiento de personas encabezada por Gonzalo Mendoza Gaitán, el Sapo o el 90, y bajo sus órdenes estaría el Lastra, quien presuntamente se encargaba de enganchar a jóvenes con falsas promesas de trabajo y reclutarlos de manera forzada para el CJNG. A las centrales de autobuses de Tlaquepaque y Zapopan llegaban las personas en busca de un empleo, y en esos puntos eran desaparecidos para trasladarlos a Teuchitlán.

Los defensores de Murguía Santiago insistieron a la jueza Juana Beatriz Aguilar Jiménez que no podía ser vinculado a proceso solo con base en cuatro testimonios de identidad reservada que “se obtuvieron sin controles judiciales”, por lo que solicitaron desecharlos.

En favor del alcalde, presentaron declaraciones de sus colaboradores, en las que descartaban que pudiera estar asociado con grupos delictivos, lo que según los abogados permitía formular una hipótesis del caso mejor sustentada.

La jueza señaló que la hipótesis de la defensa estaba basada en opiniones, mientras que la presentada por la FGR tenía mayor peso probatorio y permitía reconstruir cómo operaba la red de reclutamiento: atraídos por falsas promesas de trabajo, los jóvenes eran trasladados a los ranchos Izaguirre y La Vega —localizado también en Teuchitlán—; después de obligarlos a cambiarse de ropa, eran maltratados y comenzaban a ser entrenados en el lugar, para luego continuar su adiestramiento en las montañas de la región Valles.

En la primera audiencia, la FGR aseguró que se encontraron restos de huesos con exposición térmica. La versión de que era un campo de exterminio ha intentado ser negada por el Gobierno federal, al afirmar que en el rancho Izaguirre solo entrenaban personas, cuando sobrevivientes declararon en los días posteriores al hallazgo que fueron testigos de asesinatos y eran obligados a incinerar los cuerpos.

Este sistema de desaparición con fines de reclutamiento forzado es casi idéntico a como operaban los campamentos encontrados en Tala en 2017, donde la Fiscalía General del Estado de Jalisco logró liberar a jóvenes que tenían reporte de desaparición y habían sido privados de su libertad para convertirlos en sicarios del CJNG. El entrenamiento incluía asesinar a compañeros, descuartizarlos y “echarlos a los elotes”, esto es, quemarlos encima de leña rociada con gasolina. Quienes lograban sobrevivir eran enviados a otros lugares del país.

La FGR señaló que el entrenamiento en el rancho Izaguirre tenía la finalidad de mandar personas a la “guerra en Zacatecas” y, si alguno de los reclutados se oponía, “lo mataban”. En los límites de Jalisco, Zacatecas, Durango y Nayarit, la población refiere amenazas constantes de grupos delictivos que se disputan esos territorios. 

Según uno de los testimonios, en el caso Teuchitlán también están involucrados policías de Tala, Etzatlán y otros municipios de la región Valles, indicó la jueza. 

El pasado 29 de marzo, en la audiencia de vinculación de Gabriel “N”, quien fue policía municipal de Tala durante tres meses de 2024, la acusación principal para relacionarlo con el rancho Izaguirre fue el testimonio de un hombre liberado el 19 de septiembre de ese año en el operativo que realizó la Guardia Nacional en el lugar. 

Este hombre declaró que tres días antes, cuando circulaba en su moto, lo detuvieron policías de Tala a las 4:30 horas para “hacerle una revisión de rutina”; posteriormente lo llevaron al rancho Izaguirre. No queda claro si tenían libertad para trasladarse al municipio vecino de Teuchitlán o si entregaban a las personas a integrantes del cártel dentro de Tala. Esto coincide con las redes de operación intermunicipales señaladas por la jueza Aguilar Jiménez.

Chocan acusación y defensa

El sábado 3 de mayo, la FGR detuvo a Murguía Santiago cerca de su domicilio, cuando circulaba en una camioneta roja. El juez que otorgó la orden de aprehensión fue Rogelio León Díaz Villarreal, pero como la audiencia de vinculación se realizó el fin de semana, se le asignó a la jueza de guardia, Juana Beatriz Aguilar Jiménez.

Los funcionarios de la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada solicitaron que la audiencia se desarrollara en privado porque la investigación no estaba concluida, pero la jueza señaló casos de excepción en el apartado del principio de máxima publicidad y permitió el acceso a los medios durante la etapa de imputación. 

El alcalde pidió una ampliación del término de 144 horas, por lo que la audiencia continuó el 9 de mayo. Al lugar llegaron decenas de personas con la consigna “Chon es inocente” —en alusión al apodo de Murguía Santiago—, que se manifestaron en el estacionamiento del Centro de Justicia Penal Federal de Jalisco.

La audiencia comenzó a las 13:00 horas. En la mesa de la defensa se encontraba Murguía Santiago, vestido con una playera tipo polo color beige, acompañado de cuatro abogados. La mesa de la FGR estaba integrada por siete funcionarios que trasladaron en un carrito los 23 tomos de la carpeta de investigación. 

La defensa señaló que la prueba a desahogar era el testimonio de la mujer que fue secretaria particular del alcalde. Ella explicó que acudió a testificar porque le sorprendían las acusaciones de delincuencia organizada que le imputaban al político emecista, pues siempre lo acompañaba, sobre todo en el periodo de campaña electoral que abarcó de marzo a junio de 2024; también le revisaba la agenda, iban juntos a eventos, en las reuniones manejaba su teléfono, y nunca vio nada extraño.

En la primera audiencia, la FGR expuso que Rojo dijo que se utilizó maquinaria —una retroexcavadora y una motoconformadora— del municipio de Teuchitlán para remover tierra dentro del rancho Izaguirre. La secretaria explicó que ese equipo lo tenían en comodato a través del programa estatal A Toda Máquina, y que lo dejaron inservible, sin luces, y “no puede moverse”.

El testimonio del oficial mayor del ayuntamiento, quien conoce el procedimiento de préstamo de la retroexcavadora, apoyó esta versión, pues aseguró que no se utilizaba por el mal estado en que se encontraba.

Sobre la acusación de Rojo de que el alcalde le pidió una noche que abrieran una fosa para depositar restos humanos, la secretaria enfatizó que era imposible, ya que es “muy miedoso”. “Él veía perritos atropellados y les buscaba albergue; si trataba así a animalitos, no me imagino que le hiciera daño a humanos”, indicó.

El relato de la secretaria se centró en señalar que estuvo con el alcalde en fechas clave como el 5 de mayo de 2024. De acuerdo con uno de los testigos de identidad reservada, Murguía Santiago se reunió ese día con Lastra Hermida, supuesto encargado del reclutamiento forzado del CJNG, en el rancho Izaguirre. La funcionaria de Teuchitlán insistió en que en esa fecha hicieron actos de campaña y terminaron después de las 23:00 horas.

Durante su intervención, los funcionarios de la FGR le hicieron preguntas con la intención de que se contradijera y así evidenciar que el alcalde tenía espacios de tiempo en los que no estaba con su secretaria. 

Los abogados de Murguía Santiago plantearon una argumentación técnico-jurídica para apoyar su petición a la jueza de que se atendiera la hipótesis alternativa de la defensa. Cuestionaron que, con 23 tomos de investigación, la FGR solo presentara cuatro testimonios para vincular al alcalde, que no ofreciera más evidencias, y que se centrara en un “debate político y populista que apela a los sentimientos, y se trata de un debate técnico”. 

Presentaron también por escrito los testimonios de seis policías, que dijeron no saber del rancho ni de la operación del CJNG, y de un bombero que trabajó como chofer del alcalde, quien incluso señaló que el 11 de marzo de 2025 tuvieron que ir al rancho Izaguirre con los colectivos de buscadoras y “se perdieron, no supieron para dónde darle”.

Ante la acusación de que Murguía Santiago se reunía en un bar a “planificar” con integrantes del crimen organizado, los abogados ofrecieron el testimonio del dueño, quien negó haberlo visto, “porque se sabe que no toma”, y porque van “puros jovencitos de entre 17 y 24 años”.

Un ministerio público de la FGR consideró absurdo que los agentes no supieran de la presencia del cártel. “Se sabe, y sobre los policías municipales, sí, podrían estar coludidos, no es un secreto que las policías son las primeras autoridades que colaboran en Jalisco. Es irrisorio que digan que no existe”.

En los ranchos de Teuchitlán, los investigadores han encontrado cartuchos, cargadores, tablas, chalecos con logotipos del CJNG, drogas con sellos de dibujos de un sapo con trenzas o con el número 90.

“No es solo un rancho, también está La Vega, donde hubo detenidos. […] No es un hecho oculto. Es notorio. Del cúmulo probatorio se da cuenta de la participación directa del alcalde. Se han visualizado múltiples víctimas por el reclutamiento forzado”, dijo un ministerio público.

Otra funcionaria federal señaló que, aunque Murguía Santiago tomó un permiso para hacer campaña electoral, no está excluido de responsabilidad porque fue alcalde desde 2021 y reelecto en esta administración; en todo ese periodo, el rancho funcionó, hubo privaciones de la libertad, trabajo forzado, asesinatos, y “de muchas víctimas se desconoce su paradero. ¿Dónde están? ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó el derecho a la verdad y a la justicia?”.

La jueza estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación, pues la FGR señaló que aún tiene que hacer 150 entrevistas. Murguía Santiago está vinculado a proceso por delincuencia organizada agravada por ser servidor público y estará en prisión preventiva oficiosa por dos años.

FUENTE: A DÓNDE VAN LOS DESAPARECIDOS.
AUTOR: ALEJANDRA GUILLÉN.

Nuevo alcalde de Teuchitlán… es del equipo de José Ascención Murguía

Por: Draco Dracul on sábado, mayo 10, 2025 / Comentarios: 0 ,

¿Renovación? El nuevo alcalde de Teuchitlán es un cuadro político del mismo partido, Movimiento Ciudadano, y del mismo alcalde, José Ascención Murguía Santiago.

El cabildo de Teuchitlán, Jalisco, designó a Jaime Alberto Rodríguez Ballesteros como alcalde sustituto luego de que José Ascención Murguía Santiago fuera vinculado a proceso por los hechos del Rancho Izaguirre. 

¿Renovación? En realidad se trata de un cuadro político del mismo partido, Movimiento Ciudadano, y del mismo alcalde, José Ascención Murguía Santiago. 

En la cuenta de Facebook de Movimiento Ciudadano Teuchitlán, Jaime Alberto Rodríguez Ballesteros puso en mensaje descriptivo el 13 de mayo del año pasado: “Tengo 35 años (actualmente serían 36) y estudié la carrera de Cirujano Dentista en la Universidad de Guadalajara LAMAR. Soy candidato a Regidor Propietario y seguiremos trabajando para mejorar el Sector Salud en nuestro municipio como hasta el día de hoy”.


Con el nombre del alcalde bordado en la camiseta.

El 23 de mayo de 2024, en otro mensaje con motivo de las campañas del año pasado, en las que Murguía Santiago buscaba la reelección (que finalmente obtuvo), Rodríguez Ballesteros pedía que votaran por quien ahora está acusado de participar en los hechos del Rancho Izaguirre. 

Con el nombre de Chon Murguía bordado en la camiseta, decía: “Hola, soy Jaime Alberto Rodríguez Ballesteros, soy cirujano dentista de la delegación de la Estanzuela (donde está el Rancho Izaguirre). Mi compromiso es continuar mejorando y fortaleciendo el área de Protección Civil y Bomberos Brac, con capacitaciones y equipo para mejorar el servicio. Seguir gestionando ante autoridades federales y estatales el mejoramiento de servicios de salud. Por eso, este 2 de junio te invito a que votes por esta planilla de Movimiento Ciudadano, la cual encabeza Chon Murguía ¡estamos de vuelta!”.

FUENTE: EMEEQUIS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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