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Morena decidirá el miércoles si avanza con convocatoria del INE sin esperar al Tribunal

Luego de que Monreal previó el relevo hasta finales de enero de 2027, el coordinador abrió la posibilidad de emitir la convocatoria antes del fallo y dejó la decisión a su bancada

Los diputados de Morena se reunirán el próximo miércoles para decidir si avanzan con la convocatoria para renovar la presidencia del INE sin esperar la resolución del Tribunal Electoral, informó su coordinador, Ricardo Monreal, después de que ayer sostuvo que esperaría el fallo y que el relevo podría concretarse hasta finales de enero de 2027.

“Eso lo va a definir la mayoría, la mayoría de mi grupo parlamentario. El próximo miércoles tengo reunión con ellos en la plenaria de los miércoles de la sesión próxima”, respondió el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, cuando se le preguntó si emitir la convocatoria antes del fallo seguía siendo una posibilidad.

La apertura a discutir esa opción matiza la postura que Monreal sostuvo el jueves, cuando dio por perdida la posibilidad de un consenso con la oposición y advirtió que el oficialismo podría utilizar su mayoría para sacar adelante el procedimiento si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenaba emitir la convocatoria.

Sin embargo, el coordinador no comprometió este viernes la emisión de la convocatoria antes de la sentencia, pues reconoció que dentro de Morena hay diputados que consideran necesario esperar el fallo sobre la demanda presentada por el Partido Acción Nacional (PAN) contra la falta de convocatoria.

“Siempre hay que mantener la mesa abierta, pero obviamente el que hayan interpuesto el recurso, dentro de mi grupo parlamentario hay quien sostiene que debe de esperarse la resolución”, expresó Monreal, quien agregó que pondrán en marcha los mecanismos que establezcan la ley y la Constitución en función de lo que determine el Tribunal.

El coordinador panista, Elías Lixa, había sostenido el jueves que acudir al Tribunal no impide continuar las negociaciones ni emitir la convocatoria, pues hacerlo dejaría sin materia el juicio, y ofreció mantener el diálogo para acordar el proceso de renovación de la presidencia del INE.

“Lo importante para México es que tengamos capacidad de celebrar acuerdos. Y que lo que ellos hicieron es su derecho y que no hay ningún problema conmigo. Que tengo respeto por todos y que intentaremos mantener el diálogo y mantener una buena relación de tolerancia, de respeto y de concordia en estos próximos meses que nos quedan en la legislatura”, respondió Monreal al ser consultado sobre el ofrecimiento del PAN.

Al preguntarle si esa disposición permitiría emitir la convocatoria antes de la sentencia, el legislador mantuvo abiertas ambas rutas: “Eso significa seguir dialogando, no lo sé todavía, pero evidentemente vamos a esperar el resultado del tribunal, pero todo ocurre, todo puede realizarse, en el diálogo todo se puede hacer”.

Monreal aseguró que la comunicación con los otros grupos parlamentarios continúa, que el jueves se reunió con Lixa y habló por teléfono con la coordinadora de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, además de mantener conversaciones con Carlos Puente, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y Reginaldo Sandoval, del Partido del Trabajo (PT).

La definición de Morena sigue pendiente mientras la consejera Blanca Yassahara Cruz García permanece como presidenta provisional del INE, tras la renuncia de Guadalupe Taddei el pasado 26 de octubre, y quien el jueves se dijo preparada para continuar al frente del organismo durante el proceso de relevo.

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: EDGAR LEDESMA.
ENLACE: https://grupoanimal.mx/politica/morena-convocatoria-ine-sin-esperar-tribunal

Congreso aprueba la ley que prohíbe el maltrato animal

El texto aprobado deja en manos de los estados la regulación de las corridas de toros y las peleas de gallos

México dio el miércoles un paso en la protección de todos los animales, incluidos los criados para el consumo humano, con la aprobación en la Cámara de Diputados de una ley que prohíbe cualquier acto que les cause dolor o sufrimiento.

Sin embargo, se dejó en manos de los estados la regulación de las corridas de toros y las peleas de gallos que por años han desatado controversia en el país.

Las diversas fuerzas políticas que conviven en la Cámara de Diputados aprobaron el miércoles, casi por unanimidad, una ley impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum que reconoce a los animales como “seres sintientes” y que garantiza sus derechos, en línea con regulaciones similares que se han adoptado en España, Francia, Alemania y los Países Bajos.

La normativa, que fue avalada en septiembre por el Senado, será enviada al Ejecutivo para su promulgación y entrada en vigencia.

La regulación se enmarca en la reforma constitucional que aprobó a finales de 2024 el Congreso mexicano contra el maltrato animal y que estableció la obligación del Estado de garantizar la protección y el trato adecuado y cuidado de los animales.

Sanciones contra maltrato y crueldad animal

En el texto aprobado por los diputados se fijaron reglas para quienes tengan a su cargo mascotas y las ofrezcan a la venta, para garantizar su alimentación, atención médica y alojamiento, y se aprobaron sanciones administrativas para quienes incurran en maltrato y crueldad animal.

Asimismo, se estableció que los 32 estados deberán armonizar sus leyes locales para legislar sobre las corridas de toros, las peleas de gallos, la monta de toros y las cabalgatas.

Aunque en buena parte del país se permiten los espectáculos taurinos, en Ciudad de México y otros estados como Sinaloa, Guerrero, Coahuila y Quintana Roo están limitadas y prohibidas las corridas de toros.

La regulación también cubre a los zoológicos, acuarios y granjas didácticas, a los que se les exigirá instalaciones adecuadas, medicina preventiva, enriquecimiento ambiental y protocolos de emergencia.

Presidenta del INE, hasta finales de enero: Monreal culpa al PAN

La demanda del PAN contra la Jucopo de San Lázaro cierra la puerta al diálogo para elegir presidenta del INE, dice Monreal, porque ahora los diputados están sometidos al criterio del Tribunal Electoral

Ricardo Monreal dijo que la demanda interpuesta por el PAN contra la Jucopo a su cargo, por no emitir convocatoria de presidenta del INE, resultará contraproducente, porque ahora alargará el proceso hasta finales de enero.

“No cuestiono la legalidad de este recurso ni su derecho a hacerlo. lo que me preocupa es la decisión política de abandonar la posibilidad de construir un acuerdo den la mesa de negociación cuando todavía existían condiciones para hacerlo”, dijo Monreal.

Sin embargo, ayer el PAN mencionó que, de los ocho puntos que presentó, Morena sólo contestó tres y de forma negativa.


Asimismo, el senador Ignacio Mier propuso dejar a los 10 consejeros que están con Blanca Cruz al frente hasta que concluyeran las elecciones de 2027, postura que rechazó el mismo Monreal, quien le recordó a su compañero de partido que es la Cámara de Diputados la encargada del proceso.

Monreal dijo que el Tribunal ordenará a los órganos competentes a emitir una convocatoria y cumplir con el procedimiento constitucional. “Nunca podrá sustituir la facultad de la Cámara de Diputados”.

Criticó que el “protagonismo fugaz” del PAN que no le sirve a la democracia, sólo mediáticamente, aunque no logrará propósito alguno. 

“¿Para qué ir al Tribunal si yo podía haberlo resuelto en la Cámara? Vamos a esperar veintitantos días para que nos diga lo que yo podía haber hecho hoy. Nos sometemos al arbitrio de un poder diferente al nuestro y nos muestra incapaces”.

Dijo que el Tribunal mandata resolver en 20 días “probablemente todo se tenga que resolver por mayoría como yo no quería”.

Dijo que al iniciarse el juicio ya no caben acuerdos porque desde ayer los diputados están sometidos a un poder jurisdiccional. 

“Si el Tribunal Electoral, en los días que tenga por resolver, mandata que emitamos la convocatoria, como creo es previsible, en enero tendremos nueva presidenta, de acuerdo con los plazos.

“Enero a finales, digo, sumen 28 días más 30: 58, más o menos es la fecha que yo calculo, pero nosotros tenemos la firme convicción de atender el resultado. Y yo decía, no en un afán peyorativo con los magistrados, tengo mucho respeto por todos. Lo que yo expresaba es la paradoja de que tuvieron que acudir (el PAN) a un tribunal del Poder Judicial que ellos cuestionan”.

Diputados tienen obligación de alcanzar consenso: Higinio Martínez sobre convocatoria para presidencia del INE

"Desde mi punto de vista, no podría ser, no es conveniente, aunque es válido y legal, que sea por mayoría. Creo que debería ser por consenso", apuntó

Luego de que expresidentes del Instituto Nacional Electoral (INE) pidieran que la Cámara de Diputados ya elija a la nueva presidenta del órgano electoral, el presidente del Senado, Higinio Martínez también instó a los legisladores a que realicen la convocatoria.
“Yo digo es que es una obligación de los diputados, tienen que hacer el esfuerzo, tienen que hacerlo, tienen que buscar el consenso. Desde mi punto de vista, no podría ser, no es conveniente, aunque es válido y legal, que sea por mayoría. Creo que debería ser por consenso, el momento lo requiere, y hay un esfuerzo", declaró en charla con medios. 
El morenista resaltó que es necesario que el INE tenga una persona que reúna las condiciones de probidad, de seriedad, de honestidad, además de que reúna el apoyo unánime de las y los diputados.
“Creo que hay millones de mexicanos, deben encontrar a una mujer o un hombre, digo, debe haber una mujer entre millones de personas, que reúna el consenso de todos los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados. Me resultaría imposible pensar que no encuentren una que les dé confianza a todas y todos”, enfatizó.
El día de ayer, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, abrió la posibilidad de que dentro este periodo ni siquiera se llegue a un acuerdo para la convocatoria para elegir a la presidenta del INE, luego de la renuncia de Guadalupe Taddei, señalada por presuntos actos de corrupción en contrataciones durante su gestión.

Martínez aseguró que la situación actual del INE no afecta el funcionamiento del órgano, y que sobre "los sucesos desagradables que se han localizado en el INE", refiriéndose a una presunta red de corrupción, se realizan las auditorias correspondientes.

Morena finta con dejar a Blanca Cruz al frente del INE: PRI se opone

Ante la falta de acuerdos con partidos opositores, en Morena ya barajan la posibilidad de dejar a Blanca Cruz al frente del INE hasta que acaben las elecciones de 2027, posibilidad que es rechazada por el PRI, al considerar que quieren mantener a alguien a modo de sus intereses

Ante la falta de acuerdos en la Cámara de Diputados para escoger a la presidenta definitiva del INE, el senador morenista Ignacio Mier ventiló la posibilidad de dejar a la actual titular provisional, Blanca Cruz, hasta que pasen las elecciones de 2027. 

Posibilidad que fue recriminada por el senador Manuel Añorve del PRI, quien dijo que son tácticas dilatorias de Morena para dejar al frente del INE a alguien afín a sus intereses. 

Mier Velazco, presidente de la Jucopo, señaló que no hay prisa siempre y cuando no se pierda la funcionalidad del INE. 

“No hay que olvidar que en un momento faltaban tres integrantes, cuando era Leonardo Valdés el presidente del INE. Es un tema de carácter legal y político. Por eso hay que esperar una definición en la Cámara de Diputados”. 

Dijo que según la Constitución el INE no pierde funcionalidad con 10 consejeros, pero eso lo tiene que decidir la Cámara de Diputados.


“Hay una interpretación constitucional y legal sobre la funcionalidad del órgano superior del instituto, el Consejo General, que yo creo que no pierde funcionalidad con 10. Y una valoración política en este momento diría que esté así y que termine el proceso electoral. Pero eso lo tiene que hacer la Cámara de Diputados”.

El senador Manuel Añorve del PRI atajó: “Es una táctica dilatoria y es responsabilidad política de Morena. Es obvio que todo lo que vimos desgraciadamente a través de las redes sociales debilitó la credibilidad del INE y lo que quieren es dejar las cosas como están. Tienen el control de las boletas, tienen el control de las urnas, tienen el control del proceso.

“Las boletas planchadas era un ejemplo de cómo estaban fraguando el fraude electoral y que hoy en esa táctica dilatoria lo que quieren es que pase el tiempo y ratificar a quien de alguna manera pues también está a modo de los intereses de Morena, así de puntual”, dijo en referencia a la posibilidad de dejar en el cargo a Blanca Cruz.


En la Cámara de Diputados le preguntaron a Ricardo Monreal sobre el tema de Blanca Cruz y dijo: “Mi posición personal, mi opinión personal es que sí nombremos a la presidenta interina del INE. Esa es mi posición personal, y creo que el grupo parlamentario que coordino, mayoritariamente dentro de él estarían de acuerdo en que se nombre a la presidenta provisional del INE.

“Segundo, el riesgo de una buena elección organizada, profesional, técnica y adecuadamente no está en riesgo, porque no está descabezado el INE. El INE desde hace dos semanas, que presentó su renuncia la señora Taddei, está funcionando. Duró unas horas sin presidencia y rápido, por unanimidad, los nueve consejeros decidieron por una persona. Entonces, el INE está funcionando.


“El INE no ha tenido sobresaltos, zozobra o incertidumbre en la conducción y en la organización de la elección. Le podría decir que no hay ningún problema y tengo una buena opinión de que ahora se ha logrado la colegiación en la toma de decisiones, lo que no había; veo un mejor ambiente en el INE, que no había, y veo una conducción cuidadosa y prudente de un INE que no había”.

Monreal admite falta de acuerdo en convocatoria del INE y plantea quitar "superpoderes" a presidencia

Guadalupe Taddei renunció a la presidencia del INE tras darse a conocer irregularidades en contrataciones con proveedores durante su periodo al frente del Instituto

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dijo que aún no existe un acuerdo sobre la convocatoria para la nueva presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) y abrió la posibilidad de que no se realice en este periodo ordinario. 

“Yo soy de los que piensa así: que si no hay un acuerdo desde la convocatoria, no tiene sentido sacarlo porque va a ser producto de un mecanismo de origen impugnado y podría la propuesta de la persona que surgiera viciado, cuestionado o ya muerta la posibilidad de una persona que unificara las distintas corrientes políticas que se tienen.  

“Entonces, yo prefiero que hagamos el esfuerzo todos de estar de acuerdo en la convocatoria por unanimidad, de estar de acuerdo con los nombres de los comités, de los tres nuestros, porque los dos de la Comisión de Derechos Humanos nosotros no tenemos capacidad jurídica para decidir lo que ellos propongan, pero en los tres nuestros, sí, si nos podemos poner de acuerdo. 

“Y después de la inscripción de las que aspiran, buscar una persona, creo que también podemos ponernos de acuerdo. En este periodo no sé, pero sí a la brevedad posible, como dice la ley, creo que sí podríamos hacerlo”, detalló.

Modificarán ley para quitar "superpoderes" a presidencia del INE

El diputado morenista afirmó que también modificarían la ley para reestablecer la colegialidad en el INE y quitar lo que comúnmente se conoce como "superpoderes" a la presidencia del instituto en el que podía nombrar directamente a titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas.  

“Entonces, yo espero que nosotros modifiquemos la ley cuando llegue el tiempo procesal. Yo sí estoy de acuerdo en retornar las facultades anteriores para que la colegiación sea una exigencia. 

“En órganos colegiados de esta naturaleza es indispensable no dejarle a una sola persona la capacidad de decisión de todo el aparato administrativo del INE”, detalló.  

Esto luego de que Guadalupe Taddei renunció a la presidencia del INE tras darse a conocer irregularidades en contrataciones con proveedores durante su periodo al frente del Instituto.

La 4T consuma el Presupuesto 2027 y deja en 6 mil millones de pesos el tijeretazo al INE

PAN y PRI reprochan al oficialismo su apoyo al proyecto de gasto federal aprobado en lo general y lo particular sin cambios durante una maratónica sesión en la Cámara de Diputados

Los diputados oficialistas aprobaron en lo general y lo particular el Presupuesto de Egresos 2027 sin ninguna modificación, pese a los amagos de los morenistas de hacerle más recortes al gasto del Instituto Nacional Electoral (INE).

El proyecto fue remitido al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

La presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, la morenista Merilyn Gómez Pozos, había informado que presentaría una reserva para hacer otro recorte al organismo de 500 millones. Al final, la propuesta no fue aprobada.

En una sesión de más de 19 horas en la que se presentaron más de mil reservas, los diputados aprobaron en lo particular por 352 votos a favor y 130 en contra el Presupuesto de Egresos que prevé un gasto de 10 billones 636 mil 488 millones de pesos para 2027.

En el Presupuesto de Egresos 2027 se destinarán más de un billón 25 mil millones de pesos a los programas del bienestar; en materia de salud se destinarán más de un billón 105 mil millones de pesos, lo que representa un incremento cercano al 11 % respecto del presupuesto aprobado en 2026.

También fija un billón 256 mil millones de pesos para los servicios educativos; para seguridad designan 75 mil 671.1 millones de pesos.

Para el gasto federalizado, los recursos transferidos a entidades y municipios serán de 3 billones 48 mil 223.2 millones de pesos.

Arremeten contra MC

Entre pancartas con leyendas como “Migajero Nacional”, la discusión se centró en las acusaciones de las bancadas del PRI y del PAN contra la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), que apoyó en lo general el Presupuesto de Egresos 2027, luego de que se destinaron 6 mil 500 millones de pesos para el gobierno de Jalisco para atender la crisis hídrica y para Nuevo León para proyectos de movilidad, entidades gobernadas por emecistas.

Esto provocó manifestaciones simbólicas como la del diputado del PRI, Arturo Yáñez Cuéllar, que recriminó al partido emecista el apoyo del presupuesto para el próximo año con unos tenis ‘fosfo-guinda’, que simulan los ‘tenis fosfo fosfo’ del gobernador de Nuevo León, Samuel García.

Sin embargo, también hubo pancartas contra el partido oficialista con la leyenda: “Con Morena, México está abandonado” y “Morena es Taddei”.

Por su parte, los legisladores guindas también se manifestaron con los mismos métodos, pero con distintas leyendas como: “Presupuesto para el Bienestar” y “Presupuesto para programas sociales, derechos conquistados”.

La coordinadora de MC, Ivonne Ortega, explicó por la tarde que no entendió las críticas, ya que su partido buscó solucionar los problemas de esas entidades y negó que el apoyo para el Presupuesto de Egresos 2027 en la votación en lo general fuera para evitar el juicio político contra Samuel García, gobernador de Nuevo León, como afirmó el PAN.

Reducción al presupuesto del INE

Los legisladores oficialistas aprobaron una reducción del presupuesto al INE de seis mil millones de pesos, quedando en 36 mil 274.5 millones de pesos, ya que en la propuesta inicial se estimaba un presupuesto de 42 mil 274.5 millones de pesos.

Se reasignarán 3 mil millones a educación, mil millones a medio ambiente, 700 millones a infraestructura, comunicaciones y transportes, y 300 millones a la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas.

Además, se reasignaron para educación inicial 618 millones de pesos; a programas para el bienestar de las mujeres, 362 millones y para promoción turística, 20 millones.

La reasignación para educación inicial causó polémica debido a que se refiere a centros de desarrollo infantil supuestamente vinculados al Partido del Trabajo.

Diputados avalan alivio fiscal para la industria automotriz y gasolineras; oposición reclama exclusiones

Con 349 votos a favor y 92 en contra, la Cámara aprobó las excepciones a los nuevos límites de deducciones del ISR y envió la reforma al Ejecutivo, entre reclamos por dejar fuera a empresas de autopartes y gas LP

La Cámara de Diputados aprobó exceptuar a determinadas armadoras y a empresas que venden, distribuyen o comercializan gasolinas y diésel de los nuevos límites a las deducciones y pérdidas fiscales del impuesto sobre la renta (ISR), entre cuestionamientos de la oposición porque el beneficio no se amplió a otros sectores productivos.

Las modificaciones enviadas por el Senado fueron avaladas en lo general y en lo particular con 349 votos a favor, 92 en contra y ninguna abstención, por lo que el decreto pasó al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

Morena, el Partido del Trabajo (PT), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Movimiento Ciudadano (MC) respaldaron los cambios, mientras que el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) anunciaron su rechazo al considerar que la corrección era insuficiente y atendía advertencias que la mayoría había desechado previamente.

“Hoy, el Senado nos vuelve a enmendar la plana”, reclamó el priista Jericó Abramo Masso, quien sostuvo que representantes de la industria automotriz habían advertido sobre las afectaciones durante la discusión original de la reforma.

Qué cambia para armadoras y gasolineras

Las modificaciones al artículo 78-E amplían las excepciones al mecanismo de control de deducciones y pérdidas fiscales, dirigido a personas morales residentes en México con ingresos acumulables superiores a 50 millones de pesos que determinen utilidad fiscal en el ejercicio.

Ese mecanismo limita los gastos que pueden descontar de sus ingresos y las pérdidas de ejercicios anteriores que pueden aplicar para calcular el impuesto a pagar.

En el caso automotriz, la excepción incluye a las empresas autorizadas para ensamblar y fabricar vehículos bajo el régimen de depósito fiscal, con un tratamiento semejante al de las maquiladoras, aunque no comprende los ingresos por la venta de mercancías en territorio nacional.

También quedan exceptuados los contribuyentes dedicados al expendio al público, distribución o comercialización de gasolinas y diésel que cuenten con el permiso correspondiente.

Las modificaciones no eliminan el pago del ISR ni las obligaciones de fiscalización de estas empresas, sino que las excluyen de ese mecanismo específico de límites. El decreto establece su entrada en vigor el 1 de enero de 2027.

Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Carol Antonio Altamirano, defendió que las excepciones reconocen las condiciones operativas de ambos sectores y negó que su aprobación se hubiera acelerado mediante dispensas de trámites.

“No estamos modificando tasas del impuesto sobre la renta”, sostuvo, y afirmó que el objetivo es equilibrar la recaudación con la inversión y la generación de empleos.

Reclaman que el beneficio no alcance a toda la cadena productiva

El principal cuestionamiento de PAN, PRI y MC fue que las nuevas excepciones no abarcan de manera general a fabricantes de autopartes, distribuidores de vehículos y empresas de gas LP, pese a que también enfrentan costos elevados y márgenes de ganancia reducidos.

La diputada Patricia Flores Elizondo, de MC, explicó que su bancada votaría a favor por considerar que los cambios representan un avance, aunque cuestionó que el tratamiento fiscal dependa de la capacidad de negociación de cada sector.

“El propio Senado aceptó lo que dijimos en esta tribuna. Deducir mucho no siempre es evadir. Muchas veces simplemente es producir”, expresó.

Flores también pidió que Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria informen cuánto recauda el nuevo mecanismo, a qué empresas afecta y si contribuye a combatir la evasión o frena la inversión.

Por el PAN, Federico Döring calificó la modificación como un “mejoralito” para la industria automotriz y cuestionó que el apoyo no se extendiera a las autopartes, mientras que Abramo Masso señaló que tampoco se atendió a mayoristas, distribuidores de alimentos y empresas en reestructura.

Durante la discusión, la morenista Claudia Rivera Vivanco reconoció que la adecuación enviada por el Senado ya había sido planteada en la Comisión de Hacienda, aunque defendió que el intercambio entre ambas cámaras permite mejorar las leyes.

Su compañero de bancada Daniel Murguía también coincidió en que deberían incluirse otros sectores, pero llamó a respaldar los beneficios incorporados para armadoras y empresas de combustibles.

El Verde advierte que la reforma no garantiza gasolina más barata

Morena y el PT defendieron que la excepción para gasolineras busca evitar que una mayor carga fiscal se traslade a los consumidores y contribuya a encarecer el transporte y las mercancías.

Sin embargo, el diputado del PVEM Carlos Joaquín Ruiz Olloqui advirtió que ese objetivo no equivale a una reducción automática de precios.

“Esta reforma no establece descuentos en las gasolineras ni obliga a las empresas beneficiadas a reducir sus precios”, puntualizó.

El legislador pidió evaluar si las excepciones contribuyen a estabilizar los combustibles, favorecen la inversión y el empleo, así como conocer su efecto sobre la recaudación.

Antes de la votación, la mayoría rechazó admitir a discusión una reserva del panista Miguel Ángel Salim Alle para ampliar las actividades beneficiadas, entre ellas la comercialización de autopartes y vehículos, así como actividades de transporte relacionadas con el gas LP.

La diputada de Morena Leticia Farfán retiró su reserva, con lo que las modificaciones del Senado fueron aprobadas sin cambios.

ASF detecta triangulación de recursos en Sinaloa y Nuevo León hacia empresas y familiares de funcionarios

En Nuevo León, la Auditoría identificó transferencias hacia un despacho fundado por un funcionario y un familiar, mientras que en Sinaloa detectó pagos de una constructora a sus antiguos integrantes, quienes enviaron dinero a un exfuncionario de Finanzas

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó posibles esquemas de triangulación de recursos públicos en Sinaloa y Nuevo León, mediante transferencias de proveedores hacia empresas y personas vinculadas con funcionarios, aunque todavía calcula el posible daño al erario y mantiene reservados los nombres de los involucrados.

Su titular, Aureliano Hernández Palacios Cardel, presentó los hallazgos este viernes 30 de octubre en la Cámara de Diputados, durante la segunda entrega de informes individuales de auditoría de la Cuenta Pública 2025, y posteriormente amplió la información en una conferencia de prensa.

“Sí tenemos mapeado, por así decir, exactamente cómo se dan los movimientos del recurso público, cómo llegan los recursos públicos directamente a ciertos proveedores que prestan servicios a los estados”, sostuvo.

El auditor explicó que, después de esos pagos, el dinero pasa por cadenas de transferencias cuyos patrones apuntan a posibles actos ilegales, con recursos que terminan en manos de personas cercanas o familiares de servidores públicos.

Nuevo León, transferencias hacia un despacho e inmuebles

La presentación de la ASF muestra cuatro rutas de recursos que parten del gobierno de Nuevo León hacia proveedores y pasan por otras compañías antes de llegar a un despacho jurídico, identificado como una firma fundada por un funcionario y un familiar.

En una de ellas, el gobierno estatal entregó 964 millones de pesos a una comercializadora, que transfirió 237 millones a una empresa de alimentos, desde la cual se enviaron 202.9 millones al despacho.

Otra ruta parte de una constructora que recibió 5 mil 851 millones de pesos del gobierno y transfirió 5 mil 154.6 millones a otra empresa, que a su vez canalizó 385.3 millones al mismo despacho.

Las dos cadenas restantes muestran pagos gubernamentales por 154.2 millones y 243 millones de pesos a proveedores, seguidos de transferencias mediante una empresa de equipamiento y una consultoría, desde las cuales llegaron al despacho 77.03 millones y 62.9 millones, respectivamente.

El esquema también vincula al despacho con bienes inmuebles por más de mil millones de pesos y con una persona identificada únicamente como “Funcionario 1”, sin precisar públicamente su nombre ni detallar las operaciones inmobiliarias.

Estos montos corresponden a distintas etapas del recorrido del dinero, por lo que no deben sumarse como si fueran recursos independientes ni equivalen a un daño al erario determinado por la ASF.

Cuestionado sobre si la investigación involucra al gobernador Samuel García o a despachos vinculados con él, Hernández Palacios no confirmó responsabilidades individuales y argumentó que debía preservar el debido proceso.

Sinaloa, constructora familiar y pagos a un exfuncionario

En Sinaloa, la ASF identificó una constructora constituida por dos familiares de un funcionario del Ejecutivo estatal, que recibió contratos de obra pública de instituciones estatales y municipales.

De acuerdo con la presentación, una de esas personas era accionista y administrador único, mientras que la otra fungía como apoderado legal; ambas aparecen identificadas mediante claves, sin sus nombres.

La Auditoría señaló que la constructora concentraba depósitos muy superiores a los correspondientes a su obra pública y triangulaba dinero entre cuentas propias, además de transferir recursos a esas dos personas después de que habían salido de la empresa.

A su vez, ambas realizaron pagos millonarios a un exfuncionario de Finanzas bajo el concepto de “pago préstamo”, según el esquema presentado ante los diputados, que no precisa las cantidades ni identifica al beneficiario.

Durante la conferencia, el auditor también fue interrogado sobre la posible participación de un exgobernador de Sinaloa, pero no confirmó ni descartó su involucramiento.

“Eso sí es materia de nuestras investigaciones y estaremos presentando los resultados para no violentar nuestro proceso”, respondió.

Aún calculan el posible daño al erario

Al preguntarle cuánto suman los recursos presuntamente triangulados en cada estado, Hernández Palacios explicó que todavía realizan los cálculos, debido a que parte del dinero permanece en distintos puntos de las cadenas de transferencias.

“Los recursos se van transfiriendo con proporciones que se van quedando en el camino”, señaló.

La ASF ha reconstruido movimientos que considera indicios de posibles irregularidades, pero aún debe determinar qué cantidades podrían constituir un daño al erario y establecer las responsabilidades correspondientes.

El auditor aseguró que, conforme documenten los hechos, promoverán procedimientos por faltas administrativas graves ante el tribunal competente o denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR), sin esperar a que termine todo el proceso de fiscalización.

“Ya no tenemos que esperar que acabe el proceso de fiscalización que nos llevaba años, sino que ahora lo queremos hacer de manera inmediata”, afirmó.

Aunque reportó 40 denuncias penales durante los primeros seis meses de su gestión, no precisó si alguna corresponde a las investigaciones de Sinaloa y Nuevo León, y sostuvo que la institución actuará “independientemente del partido político que gobierne”.

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: EDGAR LEDESMA.
ENLACE: https://grupoanimal.mx/politica/asf-detecta-triangulacion-recursos-sinaloa-nuevo-leon

López Rabadán cuestiona a contralor del INE: "¿De verdad no sabía de las contrataciones a modo?"

“Morena hizo a Taddei. Morena le otorgó esos irresponsables superpoderes. Morena debe responder por haber concentrado el poder y debilitado los contrapesos frente a los actos de corrupción que hoy conocemos", señaló la panista y pidió al partido "hacerse cargo de sus corruptos"

Durante la comparecencia del titular del Órgano Interno Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), Víctor Hugo Carvente Contreras, en la Cámara de Diputados, la legisladora del PAN, Kenia López Rabadán cuestionó el conocimiento que tenía el contralor sobre irregularidades en contratos del órgano electoral, los "superpoderes" que Morena todo a Guadalupe Taddei, partido al que le pidió "hacerse cargo de sus corruptos".

La comparecencia de Carvente Contreras se realizó en la Cámara de Diputados luego de la renuncia de Guadalupe Taddei al frente del INE, luego de que reportes periodísticos revelaran presuntas irregularidades en contrataciones y conflictos de interés con proveedores.  

La legisladora panista también lo cuestionó sobre si no sabía de las anomalías en la dependencia, y le recomendó contratar a periodistas, ya que, afirmó, ellos fueron quienes dieron a conocer presuntas irregularidades en contratos con proveedores.   
“El OIC está presente en los órganos que llevan a cabo las adquisiciones. ¿De verdad usted no sabía de las contrataciones a modo? ¿De verdad no tenía conocimiento de los señalamientos sobre el inmueble de Picacho 259 señalado con como una sede alterna al INE? En donde había toda clase de corrupción.
“¿Ni usted ni nadie de su equipo pudo detectar e investigar esta red de corrupción que hoy conocemos gracias al trabajo periodístico? Le recomiendo, señor titular del órgano interno de control, que usted busque y contrate a periodistas...
“¿Qué mecanismos de control piensa implementar para que no sigamos viendo más chamaquitos en París? Más contratistas que se sientan dueños del INE y los audios son brutales, son ominosos, son ofensivos a esa institución. ¿Qué mecanismos de control va a implementar? Para que presidentas con una ambición tan desmedida como la de la señora Taddei, no vuelvan a repetirse. La verdad es cruda. Con todo lo que se han robado, ni en esta ni en 10 vidas más, se lo van a poder gastar”, resaltó. 
Esto referencia a los videos difundidos sobre Jorge Francisco Piñeda Taddei, hijo de Guadalupe Taddei, junto al empresario José Alfredo Hernández Casillas en un hotel de lujo de París.

López Rabadán también tronó contra Morena por su relación con la ahora expresidenta del INE y pidió al contralor investigar el caso hasta sus últimas consecuencias. 

“Morena hizo a Taddei. Morena le otorgó esos irresponsables superpoderes. Morena debe responder por haber concentrado el poder y debilitado los contrapesos frente a los actos de corrupción que hoy conocemos. 
“Tráfico de influencias, proveedores que pasaron de ser funcionarios encargados de contratar, depósitos inexplicables a funcionarios públicos, y empresas vinculadas entre sí que competían por los mismos contratos, y aquí ha quedado claro, Morena debe hacerse cargo de sus corruptos".

El contralor del INE comparecerá el viernes ante Cámara de Diputados por caso Taddei

El controlador comparecerá ante las comisiones unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia y Anticorrupción

El Diputado Javier Herrera Borunda, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, informó este miércoles que Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del órgano contralor del Instituto Nacional Electoral (INE), comparecerá el próximo viernes a las 9:00 horas para dar a conocer los avances en las investigaciones sobre al Caso Taddei.
"El día de ayer le giré un oficio al Órgano Interno de Control (OIC) citándolo a las 9:00 de la mañana de este viernes. Hablé con él por teléfono previo a que nos contestara y de manera económica, me dijo que sin ningún problema, que él viene y comparece", reveló Herrera Borunda en una entrevista al salir del Congreso.
De acuerdo con el legislador del Partido Verde, se invitó a participar a la comparecencia del contralor a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, encabezada por el petista Ricardo Mejía.


¿Cómo será la comparecencia del contralor del INE?

El Diputado Javier Herrera explicó que el ejercicio se llevará a cabo bajo la modalidad de comisiones unidas, integrando a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

El formato de la sesión está planteado para ser ágil y dinámico, garantizando la participación de todos los grupos parlamentarios. La mecánica consistirá en rondas donde intervendrán tres legisladores o partidos para formular preguntas, seguidas de las respuestas y réplicas correspondientes por parte del funcionario.

La comparecencia no tendrá un límite rígido de intervenciones, por lo que se realizarán las rondas necesarias hasta que las bancadas consideren agotado el diálogo. Esta estructura busca permitir un escrutinio parlamentario detallado respecto a las investigaciones sobre la adjudicación de contratos en el organismo electora.

La Comisión de Vigilancia señala oligopolio de menos de 6 empresas

Las investigaciones principales giran en torno a presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos dentro del INE, atribuidas a la ex presidenta del organismo, Guadalupe Taddei, y a otros funcionarios. Las anomalías serán explicadas por el controlador del INE durante su comparecencia del viernes.

Por su parte, el diputado Javier Herrera Borunda ha puesto el foco en una problemática sistémica de más de dos décadas referente a la provisión de materiales electorales. El legislador denunció la presunta existencia de un oligopolio de menos de seis empresas que han acaparado históricamente los contratos tanto en el INE como en los organismos públicos locales electorales (OPLES).

La poca competencia habría generado una distorsión en el mercado mediante la inflación estratosférica de precios en la papelería e insumos para las elecciones. El legislador señaló que tales costos inflados crean un gran "incentivo corruptor", por lo que impulsa una investigación de mercado que permita determinar los sobreprecios y reducir los costos de los futuros procesos electorales.

Además, el Diputado mencionó que luego de la primera comparecencia de Víctor Hugo Carvente, está previsto que la siguiente semana el contralor sostenga una reunión privada con la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Aprueban sancionar el reclutamiento forzado con hasta 25 años de cárcel

El dictamen fue aprobado en la Cámara de Diputados con apoyo de todos los grupos parlamentarios

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 419 votos un dictamen que sanciona el reclutamiento forzado de personas con penas de hasta 25 años de prisión.

El proyecto adiciona el Capítulo II Bis a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y fue enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

La nueva legislación establece sanciones de diez a veinte años de cárcel para quien induzca o incorpore a personas a grupos delictivos por medios impresos o electrónicos. Asimismo, el dictamen incrementó la pena de quince a veinticinco años de prisión cuando exista intimidación, coacción o abuso de poder, clasificando cualquier captación de menores de edad directamente como reclutamiento forzado.


El Pleno contempló aumentos de la sanción de hasta una mitad cuando los responsables sean servidores públicos, exintegrantes de fuerzas armadas o empleen capacitación de seguridad privada.

De igual forma, el texto legislativo incluyó ese mismo agravante para agresiones contra personas indígenas, afromexicanas o en movilidad humana, además de ordenar la destitución e inhabilitación de funcionarios públicos involucrados.

La diputada Elena Edith Segura Trejo, de Morena, afirmó que la reforma resuelve un vacío jurídico histórico que dificultaba investigar la captación criminal.


Por su parte, representantes del PAN, PVEM y PT destacaron que la norma cerrará espacios a la impunidad y evitará que la infancia sea utilizada como instrumento de las organizaciones delictivas.


Los representantes de las bancadas del PRI y Movimiento Ciudadano respaldaron el acuerdo unánime al señalar que la ley brindará herramientas claras a las fiscalías para perseguir este delito. Finalmente, la Cámara de Diputados fijó un plazo de ciento ochenta días naturales para que las legislaturas de las entidades federativas armonicen sus leyes locales con el nuevo decreto federal.


FUENTE/MEDIO: ARISTEGUI NOTICIAS.

Diputados aprueban megadeuda para 2027

La mayoría de Morena en la Cámara de Diputados consumó un duro golpe a la estabilidad financiera del país al autorizar casi 2 billones de pesos en nueva deuda para 2027, llevando el saldo público a un récord de 21.66 billones (55 % del PIB) —más del doble que en 2018—. Para maquillar este boquete, el oficialismo disparó el costo de diversos trámites públicos y redirigió más recursos turísticos a la Secretaría de la Defensa, mientras otorgaba un indignante beneficio a la élite económica: el perdón del 100 % en multas y recargos a grandes deudores fiscales. En suma, un modelo donde los magnates reciben amnistías, el Ejército acapara fondos y la ciudadanía pagará la factura por décadas

Mientras dormíamos, Morena y sus aliados aprobaron contratar casi 2 billones de pesos de nueva deuda para 2027. Y esa misma mayoría oficialista encontró espacio para extender a grandes empresas el perdón de multas y recargos por deber impuestos. 

Después de días maratónicos en la Cámara de Diputados, sacaron adelante reformas en materia de derechos e ISR, además de la Ley de Ingresos. Ahora está en manos del Senado. 

LA DEUDA SIGUE CRECIENDO

Los diputados autorizaron hasta 1.7 billones de pesos de endeudamiento interno y 13 mil 500 millones de dólares en deuda externa. Al tipo de cambio previsto en el Paquete Económico 2027, ambos montos suman alrededor de 1.94 billones de pesos. 

¿Qué tanto es ese dinero? Puedes construir cuatro proyectos como el Tren Maya, con todo y sobrecostos. O pagar dos años de programas sociales.

Además, Hacienda proyecta que la deuda pública cierre 2027 en 21.66 billones de pesos, equivalentes al 55 % del PIB. En 2018 sumaba 10.5 billones. En pesos corrientes, el monto supera el doble del que recibió López Obrador. 

No olvidemos que contratar toda esa deuda también obliga a pagar por ella. El Presupuesto 2027, próximo a votarse, contempla un costo financiero de 1.57 billones de pesos. Ese dinero compromete presupuestos futuros y recorta los recursos disponibles para atender necesidades de la gente.

La Ley de Ingresos 2027 prevé captar 10.63 billones de pesos, incluyendo deuda pública. Sin embargo, los impuestos aportarán solo 6.26 billones. Incluso con esa recaudación, el gobierno sigue dependiendo de préstamos para sostener su presupuesto. Esa dependencia también limita las decisiones de quienes gobernarán después. 

COBRAR MÁS POR TRÁMITES

Los diputados también aprobaron aumentos en la Ley Federal de Derechos. La inflación ronda entre el 3 % y el 4 %, pero varios incrementos superan por mucho ese nivel.

Por ejemplo, el cobro a visitantes extranjeros pasa de 983 a mil 158 pesos. Para las visas de larga duración, el incremento ronda el 153 %. 

En salud, el trámite de protocolos de investigación de medicamentos y dispositivos médicos pasa de ocho mil 195 a 43 mil 209 pesos. Un aumento de más del 427 %. El gobierno encarece incluso los trámites necesarios para desarrollar tratamientos. 

Aumentan 10% las cuotas por uso del espacio aéreo. Las concesiones ferroviarias con más de quince años pagarán 3% de sus ingresos brutos, frente al 1.25% anterior. 

Además, modificaron el reparto del dinero que cobran a los visitantes extranjeros. La Secretaría de la Defensa recibirá 57 %, frente al 50 % anterior. Eso significa más dinero para proyectos como el Tren Maya, el cual sigue dependiendo de nuestros impuestos para sobrevivir. 

La reforma a la Ley del ISR también restringe deducciones a empresas con ingresos superiores a 50 millones de pesos. Con esas reglas, Hacienda busca cobrar más sin elevar los impuestos. 

Aunque hay buenas noticias, aunque pocas. Aumentaron el límite de ingresos anuales para tributar en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), pasando de 3.5 a 5 millones de pesos.

EL PERDÓN PARA LOS GRANDES

También aprobaron lo que considero un regalo electoral. El diputado Ricardo Monreal consiguió eliminar el límite de 300 millones de pesos de ingresos anuales para acceder al programa de regularización fiscal. Con eso incluyó a grandes contribuyentes. 

El beneficio es un perdón del 100 % en multas y recargos, además de gastos de ejecución. Las empresas deberán pagar el impuesto pendiente actualizado para acceder al beneficio, pero Hacienda les perdonará las sanciones y el costo de pagar tarde. 

Morena defiende que así recuperarán dinero atorado en controversias fiscales. Sin embargo, la medida debilita el incentivo para cumplir y manda una señal bastante conveniente para los grandes deudores. 

Ahora el Senado decidirá si mantiene ese trato mientras autoriza más deuda que todos pagaremos.

FUENTE/MEDIO: EMEEQUIS (ESPECIAL)
AUTOR: JUAN ORTIZ (LUPA LEGISLATIVA)
ENLACE: https://emeequis.com/analisis/diputados-aprueban-megadeuda-para-2027/

Morena aprueba más deuda para 2027 y perdón de multas a grandes contribuyentes

La Ley de Ingresos amplía la regularización fiscal tras un acuerdo de Sheinbaum con empresarios; PAN y PRI acusaron una condonación encubierta, mientras Ricardo Monreal, de Morena, sostuvo que los impuestos deberán pagarse completos

Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron la Ley de Ingresos de la Federación para 2027 con una modificación que permite a grandes contribuyentes acceder al “perdón” de multas, recargos y gastos de cobro por adeudos fiscales, además de autorizar nueva deuda interna para el gobierno federal hasta por 1.7 billones de pesos.

Con 340 votos a favor, 109 en contra y 0 abstenciones, el pleno concluyó la aprobación en lo particular y envió el dictamen al Senado, después de haberlo avalado en lo general durante la tarde del miércoles con 331 votos a favor y 118 en contra.

El cambio al programa de regularización fiscal fue presentado por el diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador de Morena, quien explicó que respondía al acuerdo entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y representantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“Esta reserva fue motivada por la reunión de ayer que sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum con un grupo de empresarios pertenecientes al Consejo Coordinador Empresarial,” reconoció.

El martes 13 de octubre, durante el 50 aniversario del organismo empresarial, Sheinbaum anunció que había propuesto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ampliar las facilidades para pagar adeudos sin multas ni recargos, compromiso que Monreal llevó a la tribuna un día después.

En una intervención de cerca de 32 minutos, el coordinador defendió que la medida permitiría recuperar recursos y reducir controversias fiscales, además de dar cumplimiento al compromiso presidencial con los empresarios.

“A nosotros, la mayoría legislativa, nos corresponde darle congruencia a lo que la presidenta ha decidido con los empresarios del país”, sostuvo.

Grandes empresas podrán regularizar adeudos sin multas ni recargos

La reserva modifica el artículo vigésimo primero transitorio para eliminar el requisito de que los contribuyentes hubieran obtenido ingresos de hasta 300 millones de pesos en 2025, así como la exclusión de quienes están bajo la competencia de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El límite eliminado correspondía a los ingresos anuales, no al monto del adeudo, por lo que las personas y empresas que lo superen podrán acceder al programa si cumplen las demás condiciones, pues la modificación conserva otras restricciones.

El esquema contempla eliminar el 100% de multas, recargos y gastos de ejecución en los casos de regularización previstos, pero mantiene la obligación de cubrir las contribuciones pendientes, es decir, deberán pagar el impuesto que deben para obtener el beneficio sobre esas cargas adicionales.

“El impuesto tiene que pagarse completo, es más, no habrá estímulos fiscales si no hay pago de impuestos”, afirmó Monreal, quien rechazó que su propuesta implique una condonación y sostuvo que facilitaría tanto la inversión como el cobro de adeudos.

El diputado Federico Döring Casar, del Partido Acción Nacional (PAN), pidió que se leyera el artículo 28 constitucional, que prohíbe las condonaciones de impuestos en los términos establecidos por las leyes, y calificó la modificación como un beneficio para “machuchones”, al cuestionar su congruencia con el discurso presidencial contra los privilegios fiscales.

Monreal volvió a intervenir para responder al panista e insistió en que la medida no elimina el impuesto principal, sino multas, recargos y gastos de cobro. “No se trata de condonación de impuestos, los impuestos se tienen que pagar”, sostuvo.

El diputado Emilio Suárez Licona, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), acusó a la mayoría de disfrazar una condonación como estímulo fiscal y contrastó la atención a la petición empresarial con el rechazo a propuestas de su bancada, como eliminar el Impuesto sobre la Renta (ISR) del aguinaldo.

“Hoy deciden resolver un bomberazo a petición de empresarios, pero se niegan a ayudar al grueso de la población”, reclamó, antes de cuestionar por qué Morena impulsaba una medida que, a su juicio, contradecía la prohibición constitucional que promovió en 2020.

Desde Morena, la diputada Sandra Anaya Villegas defendió que el programa permite recuperar impuestos que podrían quedarse sin cobrar, al sostener que “es mejor un contribuyente que puede pagar y regularizarse que una deuda que crece, que se vuelve incobrable y que termina sin beneficiar a nadie”.

Cuestionan el alcance y el costo del beneficio

El alcance de la ampliación también generó preguntas, luego de que Monreal mencionara un universo hipotético de cerca de 30 millones de contribuyentes y el diputado José Elías Lixa Abimerhi, coordinador del PAN, le pidiera precisar cuántos tenían créditos fiscales firmes o consentidos, condición señalada en la reserva.

Monreal respondió que calculaba entre 3 millones y 4 millones de contribuyentes en esas condiciones y mencionó también una estimación de entre 200 mil y 300 mil personas morales, sin presentar esas cifras como un padrón definitivo de beneficiarios. Para defender la ampliación, aseguró que la aplicación previa del programa permitió recuperar 6 mil 436 millones de pesos y benefició a 38 mil 399 contribuyentes, por lo que consideró que retirar el límite permitiría aumentar la recaudación.

La reserva escrita no cuantifica el costo recaudatorio de la ampliación ni el número de personas y empresas que se incorporarían, una omisión que cuestionó el diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, del PRI, después de que la mayoría aceptara el cambio en votación económica. “¿Y el mensaje al contribuyente cumplido cuál va a ser?”, preguntó el legislador, al reclamar que se otorgaran beneficios sobre obligaciones fiscales ya determinadas sin definir su impacto en los ingresos públicos.

Baja el límite para pedir prestado, pero la deuda seguirá creciendo

La Ley de Ingresos también permite al gobierno federal contratar endeudamiento neto interno de hasta 1.7 billones de pesos y externo de hasta 13 mil 500 millones de dólares, montos que generaron cuestionamientos de la oposición por el destino de los préstamos y el costo de los intereses.

El límite interno es 80 mil millones de pesos menor que los 1.78 billones autorizados para 2026, pero eso no significa que el país vaya a deber menos, pues permite sumar deuda después de descontar los pagos para reducir préstamos anteriores.

El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) estima que la deuda pública, en su medida más amplia, alcanzaría unos 21.7 billones de pesos en 2027, equivalentes al 55 % del Producto Interno Bruto (PIB), más de la mitad del valor de los bienes y servicios que produce México en un año.

Durante la discusión en lo particular, la diputada Anayeli Muñoz Moreno, de Movimiento Ciudadano (MC), cuestionó que el aumento de la recaudación y del endeudamiento no estuviera acompañado de una estrategia suficiente de inversión y crecimiento. “Cada peso destinado al pago de intereses es un peso menos, por ejemplo, para la salud, para la educación, para la infraestructura”, señaló.

La presión se refleja en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027, que contempla alrededor de 1.6 billones de pesos para cubrir intereses, comisiones y otros costos financieros de la deuda pública, una cantidad superior a los recursos previstos para inversión física, pues por cada 100 pesos destinados a infraestructura, obras y equipamiento, el gobierno federal gastaría aproximadamente 150 pesos en el costo financiero de la deuda.

La diputada María de los Dolores Padierna Luna, de Morena, defendió la reducción del límite de endeudamiento interno y sostuvo que los préstamos permiten financiar proyectos productivos, al mencionar inversiones en infraestructura energética, ferroviaria, carretera, hospitales y vivienda. “La deuda bien aplicada es una herramienta legítima y necesaria para impulsar el crecimiento”, afirmó.

Tras la aprobación en la Cámara de Diputados, corresponderá al Senado revisar la Ley de Ingresos y la ampliación del programa de regularización fiscal, mientras la distribución de los recursos entre programas y dependencias se resolverá después en el Presupuesto de Egresos.

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: EDGAR LEDESMA.
ENLACE: https://grupoanimal.mx/politica/morena-deuda-2027-perdon-multas-grandes-contribuyentes

Prevé Monreal maratón legislativo de martes a jueves para discutir Ley de Ingresos y miscelánea fiscal

Frente a la fecha límite del 20 de octubre, Ricardo Monreal, coordinador de la Jucopo en la Cámara de Diputados, anunció una semana intensa de trabajos legislativos que incluirá la deliberación y aprobación en comisiones y en el Pleno de la Ley de Ingresos, la Ley de Impuestos sobre la Renta y la Ley de Derechos, además de contemplar la comparecencia del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el próximo viernes.

El Palacio Legislativo de San Lázaro se alista para vivir jornadas de alta tensión política y un ritmo de trabajo implacable. Ricardo Monreal, coordinador de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, adelantó que los próximos días estarán marcados por una intensa actividad parlamentaria centrada en la revisión, debate y eventual aprobación de los instrumentos fiscales que conforman el núcleo financiero de la nación. 

Con la fecha límite del 20 de octubre respirando en la nuca de los legisladores, el bloque oficialista busca acelerar el paso para turnar a tiempo las minutas correspondientes al Senado.

“Bueno, será una semana intensa como esta”, advirtió el legislador al detallar los compromisos venideros que pondrán a prueba la disciplina parlamentaria. 

En el centro de esta vorágine se encuentra el análisis definitivo de las herramientas tributarias: “Ya se instaló en sesión permanente la Comisión de Hacienda y ya se circularon ayer algunos dictámenes: Ley de Derechos, Ley de Impuestos sobre la Renta y Ley de Ingresos“, detalló Monreal sobre estos proyectos que ya se encuentran en manos de los miembros de la comisión.

COMISIÓN DE HACIENDA EN SESIÓN PERMANENTE Y EL CALENDARIO DE DISCUSIÓN EN EL PLENO

La maquinaria legislativa no se detiene y el trabajo en comisiones marca el ritmo de la agenda. “La idea es que el lunes próximo se reúna la comisión para deliberar, discutir y en su caso aprobar estos instrumentos jurídicos, y lo envíen el lunes por la tarde al Pleno de la Cámara de Diputados“, puntualizó el coordinador parlamentario.

Ante la magnitud de los cambios fiscales y la expectativa de un intenso debate en tribuna, Monreal confirmó que se habilitarán jornadas consecutivas: “Vamos a tener discusión y en su caso aprobación los tres días de la semana: martes y miércoles, y si no terminamos el miércoles, vamos a celebrar sesión el jueves para todo el paquete económico en materia de ingresos”. 

Esta estrategia busca blindar el proceso ante cualquier contratiempo político para cumplir con la meta establecida: “Ustedes lo saben, tenemos una fecha fatal que concluye el 20. Queremos terminar antes para enviarla al Senado y que el Senado haga lo propio”.

El líder guinda recordó que tras aprobar la Miscelánea Fiscal, la Ley de Derechos y la de Ingresos, “viene el Presupuesto de Egresos, que los dos son los principales instrumentos económicos y financieros que tiene el Estado mexicano”. 

Respecto a la discusión de reservas, confirmó que “están desahogándose en comisiones algunas y otras se van a desahogar en el pleno, seguramente”.

COMPARECENCIA DE MARCELO EBRARD Y LA AGENDA DE FUNCIONARIOS

Además del debate fiscal, la agenda semanal contempla la comparecencia de funcionarios federales de primer nivel para rendir cuentas ante el Poder Legislativo. Destaca de manera sobresaliente la visita del secretario de Economía, de quien Monreal confirmó que se cuenta con “la comparecencia del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el viernes en comisiones”. 

Este ejercicio de interlocución se suma a las comparecencias previamente desahogadas por otros titulares de gabinete en San Lázaro.

PUNTOS CLAVE:
  • Semana intensa: Ricardo Monreal advirtió sobre un ritmo de trabajo legislativo sumamente pesado en San Lázaro debido a la discusión del Paquete Económico.
  • Dictámenes circulados: La Comisión de Hacienda ya cuenta con los proyectos de la Ley de Ingresos, Ley de Impuestos sobre la Renta y Ley de Derechos.
  • Calendario en el Pleno: Se contemplan sesiones ordinarias de martes a jueves para asegurar la aprobación antes de la fecha límite del 20 de octubre.
  • Comparecencia clave: El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, acudirá a San Lázaro el viernes para reunirse con los legisladores en comisiones.
  • Desahogo de reservas: El líder parlamentario confirmó que las reservas a los dictámenes se discutirán tanto en el trabajo de comisiones como directamente en el Pleno.

El oficialismo aprueba la "ley anti memes", que obliga a cortar el internet a "infractores"

La oposición criticó la redacción ambigua de la reforma, que no aclara quién ordenará el corte de internet, cómo se puede defender el usuario ni a las cuántas infracciones se le considera "reincidente"

Los diputados oficialistas aprobaron la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, conocida como "Ley anti memes", que establece que los proveedores de internet serán responsables de los daños y perjuicios a los titulares de derechos de autor cuando sus usuarios publiquen contenido infractor. 

La reforma fue aprobada en lo general por 325 votos a favor, 114 en contra y una abstención por parte de la diputada y ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero. La reforma será enviada el Senado para su posterior discusión.

La reforma obliga a los proveedores a tener una política para terminar el servicio a usuarios considerados “infractores reincidentes”.

Además, la norma establece que las multas serán impuestas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), las cuales dependerán de la fracción que se viole y contempla sanciones de hasta 4.6 millones de pesos a proveedores de internet que no retiren contenidos sin autorización. 

Entre ellos, contenidos como obras, imágenes, voces, videogramas o fonogramas modificados o alterados sin autorización mediante inteligencia artificial (IA).  

La oposición acusa censura

El diputado del PRI, Mario Zamora Gastélum, afirmó que, según los morenistas, se va a discutir la Ley de Derechos de Autor, pero en el fondo lo que realmente están discutiendo es quién decide qué se queda en el Internet y qué desaparece. 

El legislador tricolor criticó la redacción ambigua de la reforma y expuso que el dictamen obliga a los proveedores a tener una política para quitarle el servicio a los infractores reincidentes, sin embargo, afirmó que llama la atención que el texto no dice qué es un infractor reincidente.  

“No está, no existe. No dice cuántas infracciones se necesitan, no dice quién las acredita, si es un juez, si es el IMPI, o si basta con que alguien mande dos avisos. No dice cómo se defiende el usuario ni ante quién. Avisarle a alguien que le van a cortar el Internet no es darle un derecho de audiencia… 

“Es decir, no hay claridad de una autoridad para decir qué transita por las redes y qué no. Hay cobros de hasta casi 5 millones de pesos, háganme el favor, 5 millones de pesos. Oye, qué pasa con una pequeña empresa, yo que vivo en Sinaloa, que da el servicio de Internet en la sierra, pues el temor que va a tener de subir algo, que además es muy ambiguo, pues mejor no lo sube porque jamás va a poder pagar una multa de esa naturaleza. 

“Nos están quitando la parodia, nos están quitando la crítica, nos están quitando algo tan nuestro, que es de todos los mexicanos, que conocemos como la picardía mexicana. ¿Por qué tenerle miedo a ello? Por algo la gente le llama 'ley anti memes', ¿y quién termina pagando este coso? Todos los ciudadanos”, detalló. 

Por su parte, el diputado del PAN, Marcelo de Jesús Torres Cofiño, resaltó que presentan la Ley Federal del Derecho de Autor fingiendo defender a los creadores, pero enfatizó que eso no es un derecho de autor, es la ley mordaza del régimen para censurar, vigilar y apagar la última trinchera de libertad que les queda a los mexicanos, el Internet. 

“Quieren obligar a las empresas de Internet a tumbar cuentas, a suspender servicios y censurar usuarios sin el debido proceso ni la orden de un juez porque no leen y ni siquiera saben lo que están votando. Quieren convertir a las plataformas en los verdugos digitales del régimen. 

“El Estado que no busca a los desaparecidos, el Estado que ampara a los compadres, el Estado que solapa a los alcaldes narcos y que señala a la prensa que asesinan en las calles, ese mismo Estado viene hoy a querer apagar el Internet a los mexicanos”, enfatizó.

Diputados avanzan ley para reducir uso de efectivo y extender pagos digitales en México

El dictamen obliga a los tres órdenes de gobierno a aceptar medios electrónicos y permite a Hacienda determinar sectores donde serán la única forma de pago

La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que expide la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, con la que se busca ampliar el uso de transferencias, tarjetas bancarias, códigos QR y otras formas de pago electrónico, además de reducir gradualmente el uso de efectivo.

El dictamen fue avalado en lo general con 24 votos a favor, cuatro en contra y ninguna abstención. En lo particular obtuvo 25 votos a favor y cuatro en contra, con modificaciones, y fue remitido a la Mesa Directiva para continuar con su proceso legislativo.

La propuesta establece que los tres órdenes de gobierno deberán habilitar y aceptar medios de pago digitales y electrónicos para trámites y servicios públicos. También faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para determinar sectores estratégicos y actividades relevantes en los que estos mecanismos serán la única forma de pago.

Para esos casos, las autoridades de cada sector podrán establecer mecanismos y plazos para una transición gradual. El dictamen también contempla que, cuando una contingencia imposibilite recibir pagos electrónicos, se permita utilizar efectivo o cheque.

Entre los medios reconocidos se encuentran las transferencias electrónicas, tarjetas bancarias, códigos QR y tecnología NFC, además de otros mecanismos autorizados por las autoridades financieras.

La iniciativa también busca facilitar la contratación completamente digital de servicios financieros. Para ello reconoce la CURP Digital como un mecanismo de confianza que las personas podrán utilizar, a su elección, para identificarse ante las entidades financieras.

Asimismo, crea el Expediente Digital Ciudadano para la consulta o utilización de documentos e información de los usuarios con su autorización.

El proyecto otorga además atribuciones al Banco de México relacionadas con las transferencias electrónicas, los servicios financieros y la recepción de pagos mediante códigos QR.

Con estas medidas, la iniciativa busca acelerar la digitalización de la economía, ampliar la inclusión financiera y el acceso al crédito, así como reducir gradualmente la dependencia del efectivo.

Oposición cuestiona falta de infraestructura
Durante la discusión, legisladoras de oposición coincidieron en la necesidad de ampliar los pagos digitales, pero cuestionaron que existan las condiciones tecnológicas y financieras para que toda la población pueda incorporarse a este modelo.

La diputada de Movimiento Ciudadano Patricia Flores Elizondo advirtió que reducir el uso de efectivo sin resolver previamente los costos de la transición podría dejar fuera a quienes no tienen acceso a servicios financieros o infraestructura tecnológica.
“¿Qué pasa con quien no puede digitalizarse? ¿Qué sucede cuando falta la tecnología y cómo se va a proteger la información de las personas?”, cuestionó.
La panista Eva María Vásquez Hernández también respaldó avanzar hacia una economía digital, pero advirtió sobre las diferencias de acceso a internet, servicios bancarios y herramientas tecnológicas entre la población.
“No basta con decirle a una persona que existe una aplicación, necesitamos que tenga acceso a internet, señal, una cuenta, acceso al sistema y pueda utilizarlo de una forma segura”, afirmó.
La legisladora cuestionó si la infraestructura necesaria permitirá incorporar a toda la población o si las nuevas disposiciones terminarán beneficiando principalmente a quienes ya tienen acceso a servicios financieros y digitales.