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Violencia por captura de “El Chapo Isidro” se extendió a Los Mochis, Navolato y Culiacán

El saldo preliminar es de al menos 25 personas asesinadas, todas presuntamente parte del grupo que buscó rescatar al líder criminal

El fuego en vehículos se extendió más allá de Guasave, la cuarta ciudad más grande en población e importancia de Sinaloa, estado golpeado desde el 9 de septiembre de 2024 por la guerra entre Chapitos y Mayos.

Guasave es el corazón agrícola de Sinaloa, pero desde hace casi 20 años también era el bastión de Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”, quien fue capturado la noche del viernes 20 de noviembre en medio de enfrentamientos que incluyeron ataque aéreo de dos helicópteros artillados.

El saldo preliminar fue de al menos 25 personas asesinadas, todas presuntamente parte del grupo que buscó rescatar a “El Chapo Isidro”. El Ejército no ha comunicado más nada.


La pequeña ciudad se guardó a sí misma. Desde los primeros rumores y el sobrevuelo de helicópteros, en grupos de WhatsApp se advertía a la ciudadanía. “No salgan, no salgan”.

Pero algunos recibieron la advertencia ya tarde. Sobre la carretera Internacional México 15, las camionetas artilladas iban y venían y a un costado el estadio Kuroda Park, sede del equipo de Guasave, los Algodoneros, cancelaba el encuentro ante Venados de Mazatlán.


La gente en el estadio rápido buscó guarecerse con los primeros estruendos, que no eran sino el fuego que escupían las armas de los helicópteros Black Hawk que daban caza a la gente de “El Chapo Isidro” en pleno casco urbano.

El club lanzó un comunicado anunciando la cancelación del encuentro y las imágenes oficiales de la Liga desaparecieron en YouTube.

No pasaban de las 8 de la noche y la ciudad ya estaba desolada, según versiones de ciudadanos. Solo las escaramuzas y los balazos.

Los bloqueos de calles y carreteras no se limitaron solo a Guasave, sino que se extendieron incluso al sur en Salvador Alvarado, Navolato y Culiacán.

Respecto a la capital del estado, al norte, un tráiler bloqueó ambos sentidos de la carretera libre y otros bloqueos se reportaron en la sindicatura de Aguaruto, al poniente de la ciudad, muy cerca del centro penitenciario.

Pero el grueso de la violencia se concentró en Guasave. Versiones de transportistas advierten que para las 9 de la noche los bloqueos ya eran en toda la zona carretera que atraviesa la ciudad, con vehículos compactos y camiones de carga atravesados sobre la rúa mientras ardían en llamas.

Al día siguiente la ciudad desolada. La gente no salió. Un usuario publicó un video en redes sociales en la entrada sur del municipio en donde se advierten los vehículos calcinados bajo el letrero de entrada que tiene el mensaje “bienvenidos a Guasave”.

“Así amanece Guasave, Sinaloa tras enfrentamiento entre civiles y fuerzas armadas tras el transcurso de la noche. Ahí estamos al pendiente, plebada, saludos”, relata el usuario mientras deja consignadas imágenes de cascarones de autos chamuscados de todo tipo de vehículos.

La misma mañana del sábado 21 y unas seis horas después de la confirmación del aseguramiento de “El Chapo Isidro”, Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó el cierre de carretera por bloqueos en el tramo de Guamúchil hacia Guasave en el kilómetro 132.

Horas antes, durante la noche, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) hizo la recomendación de evitar las carreteras libre y costera desde Culiacán a Los Mochis. Era zona de enfrentamientos y bloqueos.

Después del refuego, la paralización de Guasave y comunidades cercanas se mantiene constante y con movilizaciones de fuerzas de seguridad que hasta el momento no han reportado más actividades delictivas en las cercanías, solo los cierres de calles y bloqueos carreteros.

Comando Norte de EU revela apoyo de inteligencia en captura del “Chapo Isidro”; DEA y embajador elogian operativo

La dependencia estadunidense informó que una fuerza de tarea conjunta participó en la identificación de objetivos que permitió detener al narcotraficante en Sinaloa

El Comando Norte de Estados Unidos (USNORTHCOM) reconoció que una fuerza de tarea conjunta estadunidense participó en las labores de identificación de objetivos que condujeron a la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, detenido el viernes en Guasave, Sinaloa, durante un operativo de fuerzas especiales del Ejército mexicano y la Guardia Nacional. 

La dependencia militar estadunidense felicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) por la detención del narcotraficante, incluido entre los diez fugitivos más buscados por el FBI, así como de otros dos presuntos mandos de su organización criminal.

En su pronunciamiento, el Comando Norte precisó que la Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional Anticárteles (JIATF-CC), en coordinación con otras dependencias de Estados Unidos, apoyó las labores de identificación de objetivos que hicieron posible la operación.
“Felicitaciones a nuestros socios de @Defensamx (...). La cooperación bilateral da resultados contra las organizaciones criminales transnacionales”, sostuvo el JIATF-CC .
El reconocimiento se produjo después de que la Defensa informó que la captura fue resultado de la coordinación entre organismos de inteligencia mexicanos y estadunidenses, en el marco de los mecanismos de cooperación bilateral.

Johnson y la DEA felicitan a México por captura

Por separado, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó el intercambio de información estratégica entre ambos países y aseguró que la operación fue producto de una relación sostenida de cooperación y confianza. 
“Resultados como estos no se logran de la noche a la mañana. Se logran a través de la cooperación constante y la confianza. Esto es lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos”, expresó el diplomático.
Johnson reconoció la valentía y el profesionalismo de las fuerzas mexicanas y advirtió que ambos gobiernos continuarán persiguiendo a las organizaciones criminales.

“Los cárteles terroristas y los delincuentes serán llevados ante la justicia”, afirmó.


La Administración para el Control de Drogas (DEA) también celebró la detención de Meza Flores, a quien identificó como líder de la organización del narcotráfico Meza-Flores, vinculada con los Beltrán Leyva. 

La agencia estadunidense calificó la captura como una “victoria significativa” contra una de las redes criminales más violentas de México, a la que responsabilizó de décadas de violencia y del tráfico de drogas hacia Estados Unidos, incluido el fentanilo. 

En un mensaje difundido por la DEA, su administrador, Terry Cole, sostuvo que la detención representó un golpe importante contra una organización que utilizó la violencia extrema para introducir drogas en comunidades estadunidenses. 

Cole también destacó la importancia del intercambio de inteligencia para identificar a los dirigentes de las organizaciones criminales y reconoció a las autoridades mexicanas que ejecutaron el operativo. 

Meza Flores figuraba entre los diez fugitivos más buscados por el FBI y las autoridades estadunidenses ofrecían una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que condujera a su captura. 

En el operativo también fueron detenidos Germán “N”, alias “Serafín”, identificado por las autoridades mexicanas como segundo al mando de la organización, y José “N”, señalado como presunto operador financiero. 

Las declaraciones de las autoridades estadunidenses coincidieron en destacar la cooperación bilateral en materia de inteligencia, aunque el Comando Norte fue la instancia que ofreció el detalle más específico sobre la participación de una estructura militar de Estados Unidos en las labores previas a la captura.

Documentan al menos 84 feminicidios en Morelos durante 2026; ocupa segundo lugar nacional por tasa

Integrantes de Unidas Somos Más y Feministas Revolucionarias cuestionaron la respuesta institucional ante la violencia contra las mujeres y convocaron a una jornada de memoria por las víctimas con motivo del 25 de noviembre

Morelos acumula al menos 84 feminicidios durante 2026, de acuerdo con el recuento de colectivas feministas. A la par, las estadísticas oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) ubican a la entidad en segundo lugar nacional por incidencia de este delito por cada 100 mil mujeres, únicamente por debajo de Sinaloa.

Durante los primeros diez meses del año, Morelos registró 31 feminicidios en las estadísticas oficiales. Aunque la cifra absoluta es inferior a la de otras entidades, su proporción respecto de la población femenina la coloca entre los estados con mayor incidencia de este delito.

Sinaloa encabezó los registros absolutos con 121 feminicidios. Sin embargo, tiene una población de 3 millones 61 mil 863 habitantes, frente a un millón 987 mil 947 de Morelos. La diferencia también resulta significativa al comparar los registros con Tamaulipas, que reportó 41 casos, y Chihuahua, con 30.

La entidad también ocupa el tercer lugar nacional en feminicidio en grado de tentativa, con 26 casos durante el mismo periodo. Nuevo León encabezó este rubro con 355, seguido de Tabasco con 58. Quintana Roo registró 24.

En este contexto, integrantes de los colectivos Unidas Somos Más y Feministas Revolucionarias denunciaron omisiones institucionales en la atención de la violencia contra las mujeres. Señalaron que las autoridades minimizan las amenazas y las agresiones psicológicas cuando las víctimas no presentan lesiones físicas.

Perla Martínez, integrante de Feministas Revolucionarias, cuestionó que las mujeres que buscan ayuda también enfrenten revictimización en las instituciones y que sus denuncias no reciban la atención necesaria.
“Que las amenazas no sean tomadas como algo a la ligera, que si no las ven golpeadas no las atienden”, reclamó.
La activista advirtió que la violencia psicológica también debe ser reconocida y atendida por las autoridades, sin esperar a que las agresiones físicas dejen lesiones visibles.

Por su parte, Olimpia Caballero, integrante de Unidas Somos Más, explicó que el recuento de al menos 84 feminicidios corresponde a las cifras que las colectivas han documentado durante 2026 y advirtió sobre las consecuencias de esta violencia en las familias.
“En el año 2026 ya suman al menos 84 feminicidios, y estos feminicidios demuestran que muchos hogares también se están quedando sin la mamá, sin la mujer que los guía”, expresó.
Caballero señaló que la violencia contra las mujeres comienza muchas veces dentro de los hogares y que las instituciones deben trabajar junto con las organizaciones civiles para enfrentarla.

Como muestra de la dimensión de la violencia familiar, citó los mil 742 expedientes iniciados por el Centro de Justicia para las Mujeres durante un periodo de seis meses, cifra que presentó el fiscal general, Fernando Blumenkron Escobar, durante su comparecencia ante el Congreso estatal.

La activista consideró que las denuncias formales apenas representan una parte de las agresiones que enfrentan mujeres y niñas dentro de sus hogares.
“Más de mil 700 denuncias formales en medio año apenas son la punta del iceberg de la violencia cotidiana que vivimos las mujeres y las infancias dentro de nuestros propios hogares”, sostuvo.
Las activistas realizaron estos pronunciamientos en la Plaza de Armas General Emiliano Zapata, en Cuernavaca, como parte de las actividades por el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Además, convocaron a los medios de comunicación y a la ciudadanía a reunirse ese miércoles, a partir de las 11:00 horas, en el mural de víctimas de feminicidio ubicado en la Ayudantía de Tlaltenango, para honrar la memoria de las mujeres asesinadas.

FUENTE/MEDIO: PROCESO.

“Chapo Isidro” llega a la FEMDO en la Ciudad de México; lo resguardan elementos del Ejército

Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, fue trasladado durante la madrugada del 21 de noviembre de 2026 a la Ciudad de México y llevado esa misma mañana a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde se desarrollan las diligencias ministeriales relacionadas con su captura en Guasave, Sinaloa.

El presunto jefe criminal fue extraído de Guasave en un helicóptero militar y después trasladado en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana a la capital del país, bajo un dispositivo especial de seguridad. En las inmediaciones de las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) fueron desplegados elementos de infantería del Ejército Mexicano y de Fuerzas Especiales, encargados de resguardar el inmueble durante los procedimientos. La presencia de militares incluyó vigilancia en los accesos y los alrededores de la dependencia federal, donde el detenido quedó bajo intervención de las autoridades ministeriales.

En la FEMDO se realizan los procedimientos relativos a la puesta a disposición, la integración de los antecedentes de la investigación y la revisión de las órdenes judiciales existentes contra Meza Flores. Entre las diligencias que pueden practicarse figuran la identificación formal del detenido, una revisión médica para certificar su estado de salud, el registro de las condiciones en que fue entregado a las autoridades y la documentación de posibles lesiones. El presunto narcotraficante también debe ser informado de los delitos que se le atribuyen y de sus derechos, entre ellos contar con asistencia de un abogado y decidir si rinde declaración ministerial o se acoge a su derecho a guardar silencio, por lo que su presencia en la dependencia no implica necesariamente que haya declarado respecto a los hechos que se le imputan.

Según la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Meza Flores cuenta con una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y delitos contra la salud, así como con una orden de extradición solicitada por Estados Unidos por asociación delictiva para distribuir drogas. Por la existencia de la orden de aprehensión, corresponde su puesta a disposición sin demora ante el juez que la libró, mientras que el procedimiento de extradición deberá seguir su propio trámite judicial. Las autoridades también deberán definir su eventual ingreso a un centro penitenciario federal, conforme a las determinaciones de la autoridad judicial competente.

La captura ocurrió la noche del 20 de noviembre de 2026, durante una operación de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional (GN) en Guasave, donde el personal militar fue atacado por civiles armados. El despliegue desató enfrentamientos, bloqueos carreteros e incendios de vehículos en distintos puntos del municipio y sus alrededores, lo que provocó temor entre la población y obligó a suspender actividades, entre ellas un partido de beisbol profesional. Junto con Meza Flores fueron detenidos Germán “N”, alias “Serafín”, identificado como segundo al mando de la organización, y José “N”, señalado como operador financiero.

“El Chapo Isidro” figura en la lista de los diez fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), que ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que permitiera su captura. Las autoridades estadounidenses lo identifican como uno de los principales operadores del tráfico de drogas desde Sinaloa hacia ese país, con una estructura criminal que mantuvo presencia en el norte de la entidad durante años, y lo consideran uno de los objetivos prioritarios tanto del Gobierno de México como de Estados Unidos.

FUENTE/MEDIO: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.
ENLACE: https://zetatijuana.com/2026/11/chapo-isidro-llega-a-la-femdo-en-la-ciudad-de-mexico-lo-resguardan-elementos-del-ejercito/

DEA y zar antidrogas de EU califican de victoria captura de “El Chapo Isidro” en Sinaloa

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y Sara Carter, titular de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas (ONDCP, por sus siglas en inglés), calificaron el 21 de noviembre de 2026 la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, como una victoria contra el tráfico de fentanilo y una muestra de la cooperación entre Estados Unidos y México.

La DEA consideró que la organización encabezada por Meza Flores representaba “una amenaza significativa para la vida y las comunidades estadounidenses” por el trasiego de drogas, incluido el fentanilo. En un pronunciamiento, la agencia señaló que el grupo Meza-Flores, vinculado a la organización de los Beltrán Leyva, alimentó durante décadas la violencia y la inestabilidad en México mientras traficaba estupefacientes hacia territorio estadounidense. La dependencia describió la detención como un golpe relevante contra una de las redes criminales más violentas del país y elogió a las autoridades mexicanas por el operativo, al tiempo que reiteró su compromiso de desmantelar a las organizaciones responsables del envío de drogas a Estados Unidos.

Carter difundió su postura en su cuenta de X, donde atribuyó al presunto capo la distribución de fentanilo, heroína y otras sustancias en su país y planteó continuar los golpes contra los cárteles catalogados como organizaciones terroristas extranjeras. “Es una victoria para Estados Unidos y México”, expresó la funcionaria estadounidense, quien identificó a Meza Flores como líder del Cártel de Guasave. La titular de la ONDCP planteó mantener la cooperación bilateral con el fin de alcanzar un hemisferio occidental más seguro.

Meza Flores, de 44 años y señalado como el principal capo activo en Sinaloa, fue capturado la noche del 20 de noviembre de 2026 en las inmediaciones de Guasave, municipio del norte de la entidad, durante un operativo militar coordinado entre organismos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de Estados Unidos, en el marco de la cooperación bilateral. La acción se desarrolló en tres fases: inició con un arribo sigiloso al sitio donde se encontraba el objetivo junto con colaboradores y continuó con el establecimiento de dos perímetros de seguridad para impedir la fuga. Durante el despliegue, elementos de élite de la SEDENA y de la Guardia Nacional (GN) fueron agredidos por seguidores del presunto líder criminal, lo que derivó en un intercambio de disparos. Tras confirmar la identidad de los detenidos, los elementos federales los trasladaron de Sinaloa a la Ciudad de México para ponerlos a disposición de las autoridades ministeriales.

FUENTE/MEDIO: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.
ENLACE: https://zetatijuana.com/2026/11/dea-y-zar-antidrogas-de-eu-califican-de-victoria-captura-de-el-chapo-isidro-en-sinaloa/

La FGE de Oaxaca detiene a 3 de “Los Cromos”; los vincula con homicidios y extorsión

Con estas aprehensiones, suman siete presuntos integrantes de la célula criminal arrestados en Juchitán durante operativos realizados en noviembre

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó este sábado sobre la detención de tres presuntos integrantes de “Los Cromos”, una célula criminal vinculada con homicidios, extorsiones y ataques armados contra establecimientos comerciales en el municipio de Juchitán de Zaragoza, en la región del Istmo de Tehuantepec.

A través de un comunicado la dependencia detalló que los detenidos fueron identificados como J.T.C., “Jafe”, de 19 años; A.I.R.D., conocido como “El Fili Profe” o “El Profe”, de 24 años; y O.H.M., “Onorio”, de 47 años. De acuerdo con las autoridades, dos de ellos presuntamente desempeñaban funciones de mando dentro de la organización, relacionadas con la distribución de armamento y la coordinación de actividades delictivas.

La captura se realizó mediante un operativo conjunto en el que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN) y la Policía Estatal. Durante la intervención también fueron aseguradas armas de fuego, municiones y diversas cantidades de droga.

¿Quiénes son los tres detenidos de “Los Cromos” en Juchitán?

Las investigaciones ministeriales señalan que “Jafe” y “El Profe” presuntamente se encargaban de proporcionar armas a otros integrantes del grupo y transmitir instrucciones para ejecutar ataques armados. Ambos también habrían dirigido actividades de cobro de piso y extorsión en el municipio.

La FGEO relacionó además al primero con un episodio de violencia registrado el pasado 10 de octubre en la agencia municipal de La Ventosa, donde un hombre fue asesinado y sujetos armados dispararon contra la fachada de la vivienda del agente municipal.

Como resultado de las acciones de seguridad, las corporaciones participantes decomisaron los siguientes objetos:
  • Dos armas largas.
  • Tres cargadores y cartuchos útiles.
  • Nueve onzas de una sustancia identificada como cristal.
  • Setenta bolsitas con la misma sustancia, de acuerdo con la Fiscalía.
Los indicios quedaron bajo cadena de custodia para incorporarlos a la carpeta de investigación. Los tres sospechosos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.


Suman siete presuntos miembros de la célula criminal capturados en Oaxaca

Con estas aprehensiones, las autoridades estatales contabilizan siete personas detenidas por su presunta pertenencia a “Los Cromos” durante los operativos realizados recientemente en Juchitán de Zaragoza.

El pasado 19 de noviembre, las fuerzas de seguridad capturaron a otros cuatro presuntos miembros de la organización, entre ellos dos señalados por su posible participación en el homicidio de un policía municipal, otro asesinato cometido en el establecimiento “Bama Club” y ataques armados contra negocios locales.

Las indagatorias también relacionan a esa estructura delictiva con ataques a balazos contra negocios de la zona, hechos que forman parte de las investigaciones para identificar a los responsables de la violencia en el municipio.

La Fiscalía estatal aseguró que mantendrá la coordinación con las fuerzas federales y estatales para combatir a las células delictivas que operan en Juchitán de Zaragoza y otros municipios del Istmo de Tehuantepec.

Fiscalía de Veracruz captura a 3 presuntos asesinos de regidora y líder local del PRI

Las autoridades presumen que los tres detenidos podrían estar involucrados de manera directa en el atentado que costó la vida a los dos políticos priistas

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) detuvo a tres personas presuntamente relacionadas con el asesinato de la regidora de San Juan Texhuacán, Juana Tzanahua Hernández y del dirigente local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), su esposo Gervacio Hernández Mellado.

La FGE identificó a los presuntos responsables como Fabián “N”, Vicente Paul “N” y Manuel Yair “N”, quienes fueron capturados en la localidad de Acontla y se les acusa de delitos contra la salud y contra las instituciones de seguridad pública.

Los elementos de seguridad aseguraron diversas bolsas con presunta mariguana, armas de fuego, así como una sustancia granulada blanca con características similares al cristal, además de tres motocicletas.


"Cabe señalar que a partir de los indicios asegurados y de los datos recabados en las investigaciones ministeriales, la Fiscalía Regional Córdoba indaga la posible relación de las personas detenidas con los hechos registrados en el municipio de Texhuacán, donde fueron privados de la vida una regidora de ese municipio y su esposo, quien se desempeñaba como dirigente político municipal", precisó la institución.
Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial, quien determinará la responsabilidad jurídica que proceda.

Líder municipal y regidora son asesinados

Gervacio Hernández Mellado, dirigente municipal del PRI en Texhuacán, Veracruz, y su esposa, Juana Tzanahua, regidora única del Ayuntamiento, fueron asesinados a balazos el pasado 14 de noviembre.

El ataque se registró mientras la pareja viajaba a bordo de un automóvil Nissan March blanco por la vía que lleva a la comunidad de Apoxteca, en San Juan Texhuacán, dentro de la región de las Altas Montañas.

De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados interceptaron el vehículo y dispararon contra sus ocupantes. Una tercera persona también habría resultado lesionada durante el ataque.

La dirigencia estatal del partido tricolor confirmó el fallecimiento de sus dos integrantes y condenó la agresión. También exigió a las autoridades investigar los hechos, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

El PRI advirtió que el ataque refleja los riesgos que enfrentan quienes participan en la vida pública de Veracruz y reclamó acciones para garantizar la seguridad de la población: "La violencia que hoy lastima a las familias veracruzanas y que pone en riesgo la vida de quienes participan en la vida pública es absolutamente inaceptable. Veracruz no puede continuar sumido en la inseguridad, la incertidumbre y el temor".


FUENTE/MEDIO: SINEMBARGO.

La captura de “El Chapo Isidro” fue a sangre y fuego: murieron cuatro de infantería

La Secretaría de la Defensa informó que siete agresores fueron abatidos, además de que fueron detenidas ocho personas, incluido el líder criminal

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó este sábado que cuatro elementos de las fuerzas armadas fallecieron durante el operativo que llevó a la captura de "El Chapo Isidro" en Guasave, Sinaloa. A su vez, siete agresores fueron abatidos y hubo ocho detenciones, incluidas las de "El Chapo Isidro" y otras dos piezas importantes del Cártel de Guasave.
"Debido a la fuerte resistencia para impedir la captura de su jefe por parte de los integrantes de ese grupo delictivo, cuatro excelentes elementos de fuerzas regulares de infantería del Ejército Mexicano que se trasladaban para reforzar la seguridad en el municipio de Guasave, Sinaloa, resultaron fallecidos", señaló la Defensa en un comunicado.
Ante ello, la dependencia federal expresó sus condolencias a las familias de los militares fallecidos, y afirmó que mantendrá acompañamiento permanente, además de que se les brindará el apoyo institucional correspondiente.

De acuerdo con el reporte oficial, no se reportaron bajas de civiles inocentes durante los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y presuntos integrantes de la delincuencia organizada, registrados en Guasave y otros municipios de Sinaloa.


García Harfuch lamenta muerte de militares en operativo contra el Chapo Isidro
El Secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, lamentó la muerte de los cuatro elementos del Ejército Mexicano que perdieron la vida durante el operativo que llevó a la detención del "Chapo Isidro" en Sinaloa.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) expresó su solidaridad a familiares y personas allegadas a los militares fallecidos, al tiempo que reconoció su labor como integrantes de las Fuerzas Armadas.
"A sus familias y compañeros de armas les expresamos nuestras más sentidas condolencias. Su valentía y heroísmo merecen el reconocimiento de todo México", publicó.
García Harfuch aseguró que el arresto del "Chapo Isidro" es una "muestra contundente" de que el Gobierno federal combate la impunidad y reiteró que los grupos criminales, como el Cártel de Guasave, son "los que, con su violencia, ponen en riesgo la vida y la tranquilidad de las familias de Sinaloa y de todo México".


Líderes del Cártel de Guasave son trasladados a la CdMx

La Defensa detalló que, como resultado del operativo realizado la noche del viernes en Sinaloa fueron detenidas ocho personas, incluyendo a los tres de los principales líderes del Cártel de Guasave: Fausto Isidro Meza Flores, "El Chapo Isidro"; Germán "N", alias "Serafín", su primo y segundo al mando de la organización delictiva; y José "N", cuñado del líder y operador financiero.

Dichos sujetos fueron trasladados a bordo de un avión militar desde Sinaloa hacia la Ciudad de México (CdMx) y posteriormente ingresados a la instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la Fiscalía General de la República (FGR), donde quedaron a disposición del Ministerio Público correspondiente para que determine su situación jurídica.

Los otros cinco detenidos, entre quienes se encuentra Pánfilo "N", primo del "Chapo Isidro" y operador logístico del Cártel de Guasave, fueron llevados a las instalaciones de la FGR en Culiacán, Sinaloa, donde permanecerán bajo custodia.

Además de la detención de los ocho presuntos delincuentes, uniformados lograron asegurar un arsenal conformado por más de una decena de armas de alto poder, incluyendo: un fusil Barret calibre .50, 10 armas de diversos calibres, un lanzagranadas, dos granadas de mano, cargadores y cartuchos de distintos calibres. También decomisaron equipo táctico, varias dosis de diversas drogas y dinero en efectivo.

FUENTE/MEDIO: SINEMBARGO.

Reportan la captura de “El Chapo Isidro”, uno de los 10 más buscados por el FBI

El operativo para la captura del líder criminal desató una intensa reacción del crimen organizado, que atacó a fuerzas federales y bloqueó carreteras en Guasave

El líder criminal Fausto Isidro Meza Flores “El Chapo Isidro” fue detenido este viernes 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa, confirmaron fuentes federales.

El operativo para la captura del líder del Cártel de Guasave y de la organización criminal Meza-Flores desató una intensa reacción del crimen organizado, que atacó a fuerzas federales y bloqueó carreteras en el municipio de Guasave.

Un video difundido en redes sociales, cuya autenticidad no ha sido corroborada, supuestamente muestra a Meza Flores llamando a la calma a sus subalternos.

“Tranquilicen todo por favor ya, está mi madre, están niños, mujeres, gente inocente. Nos tocó, ya, ya se acabó esto”, dice el hombre en el video en el que se le censuran los ojos.

Apenas en 2025, el FBI incluyó a Fausto Isidro Meza Flores en su lista de los 10 fugitivos más buscados por su presunta responsabilidad en el tráfico de “grandes cantidades” de heroína, metanfetamina, cocaína, fentanilo y mariguana, y ofrecía 5 millones de dólares por información que llevara a su captura.

Fue detenido cuatro veces en México

De acuerdo con los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) hackeados por el colectivo Guacamaya, “Chapo Isidro” nació en 1982 en Navojoa, Sinaloa, y encabezó el Cártel de los Beltrán Leyva en esa entidad.

Según un oficio del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), el delincuente fue detenido en cuatro ocasiones entre 2011 y 2015, y su nombre apareció en 19 averiguaciones previas.

Inició en el Cártel de los Beltrán Leyva

De acuerdo con los informes militares, Fausto Isidro Meza Flores se integró al clan de los Beltrán Leyva cuando formaba parte de la Federación encabezada por Joaquín “El Chapo” Guzmán. Incluso llegó a convertirse en mano derecha de Héctor Beltrán Leyva “El H”, detenido en 2014.

Dentro de la organización formó el grupo Los Mazatlecos, también conocidos como el Cártel de Guasave, con el que comenzó a disputar poder al Cártel de Sinaloa principalmente en los municipios de Guasave, Ahome, El Fuerte, Choix y Mazatlán, en Sinaloa, así como en parte de Nayarit.


FUENTE/MEDIO: PROCESO.

Tras sainete en el INE... la mayoría gandalla

"La apariencia de un grave tropiezo sirve de coartada ideal para ocultar una jugada mayor... y definitiva".

Estamos ante una puesta en escena en la que predominan la corrupción, la simulación y el cinismo. A primera vista, el escándalo administrativo que precipitó la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) el pasado 26 de octubre parecería un golpe severo para la narrativa oficial. Durante años, el obradorismo y la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo levantaron la bandera del combate a la corrupción; sin embargo, las revelaciones periodísticas sobre contrataciones y redes de proveedores en el instituto —con señalamientos por montos millonarios ahora bajo revisión de la Auditoría Superior de la Federación y órganos de control— detonaron en el órgano electoral una crisis que acumula alrededor de 60 salidas entre mandos y personal, y sigue cobrando bajas en áreas clave semanas después.

Vaya ironía: el templo de la pulcritud y la austeridad republicanas resultó tener más goteras que presupuesto administrado sin contrapesos.

Y es que, en política, la apariencia de un tropiezo sirve de coartada ideal para ocultar una jugada mayor... y definitiva. Mientras se calcula el desgaste reputacional que el caso le cobra a Morena —partido que impulsó a Taddei Zavala en 2023 y aprobó reformas para concentrar en su presidencia facultades administrativas—, la partida decisiva del proceso 2026-2027, ya en marcha rumbo a las urnas de junio, se juega en otro tablero, lejos de los reflectores de San Lázaro.

Resulta muy elocuente lo ocurrido tras la dimisión de la exconsejera presidenta. Desde el Ejecutivo Federal y la mayoría en la Cámara de Diputados se despacha el tema con la rutina de siempre: descalificaciones a la oposición, juramentos de que no se protege a nadie, supuestas investigaciones que nunca llegan a ninguna parte y el previsible afán de pedir auditorías a administraciones pasadas del INE para diluir el problema en el espejo retrovisor.

Qué recurso tan cómodo: cuando estalla la podredumbre en casa, lo urgente es escarbar en el pasado ajeno. En los hechos, pasan las semanas sin que exista una denuncia penal pública contra Taddei Zavala y ni siquiera información oficial sobre su paradero actual. Para críticos y opositores, ese silencio parece un pacto de impunidad muy bien administrado tras los servicios prestados en 2024 y en el arranque de la elección judicial.

A la vez, la discusión en San Lázaro sobre la convocatoria para sustituirla opera como distracción. El llamado el miércoles pasado de los cuatro expresidentes del IFE y el INE —José Woldenberg Karakowsky, Luis Carlos Ugalde Ramírez, Leonardo Valdés Zurita y Lorenzo Córdova Vianello— exigiendo consenso, pronta designación y hasta cambios en el Consejo General para rescatar la credibilidad del organismo choca con el cálculo oficial: seguramente Sheinbaum Pardo calificará ese pronunciamiento de cínico y carente de autoridad moral, y en los hechos resulta prédica en el desierto frente a un bloque gobernante sin prisa alguna.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, y los diputados de la autollamada 4T dicen ahora que no corren prisa, que buscan acuerdos con la oposición y que el instituto funciona muy bien con 10 consejerías y la presidencia provisional de Blanca Yassahara Cruz García... pero todos actúan bajo las decisiones y órdenes de la mandataria, a lo que ella disponga. Saben que estirar los tiempos del relevo no mueve un milímetro el tablero del Consejo General: con su composición actual, el bloque afín a la autollamada Cuatroté conserva mayoría operativa para sacar acuerdos, vigilar la fiscalización y validar cómputos sin desgastarse en negociaciones.

Lo que luce como crisis del régimen funciona así como cortina de humo: entretiene a la clase política con el relevo en el INE y el destino de Taddei Zavala mientras se aceita el engranaje de 2027. Ese engranaje es en realidad la arquitectura legal y jurisdiccional montada para que Morena y sus cómplices —el Partido Verde y el Partido del Trabajo— vuelvan a fabricar una falsa mayoría calificada en Diputados mediante la sobrerrepresentación, sin necesidad de ganar dos terceras partes de los votos.

Vale recordar el precedente de 2024. Mediante el diseño de convenios de coalición y la posterior adscripción de diputados electos bajo siglas aliadas, la coalición oficialista convirtió una mayoría simple de sufragios en mayoría calificada en San Lázaro, eludiendo el tope del artículo 54 constitucional en lo que denomino una mayoría gandalla: una ruta que ya se dejaba ver la noche misma de la elección, cuando Guadalupe Taddei Zavala --por cierto-- dio a conocer las estimaciones del Conteo Rápido, lo que se consumó después en el reparto de curules, a través de forzar el espíritu de la Ley.

Aquella asignación —avalada por la mayoría del Consejo General del INE y confirmada por la Sala Superior del Tribunal Electoral bajo la literalidad de la norma— permitió aprobar la reforma judicial, extinguir órganos autónomos y consolidar la presencia militar en seguridad sin ceder una coma a las minorías.

Y aguas: todo indica que el guion para 2027 repetirá la fórmula. Basta ver la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al desechar las impugnaciones de partidos opositores contra los lineamientos de coaliciones del INE para el proceso 2026-2027. Aunque la Ley prohíbe la transferencia directa de votos entre partidos coaligados, los magistrados confirmaron el instructivo —con apenas un ajuste puntual— y patearon la revisión de la "afiliación efectiva" de las candidaturas hasta el registro y la asignación final de plurinominales: exactamente la misma ventana que en 2024 permitió postular perfiles bajo emblemas aliados para luego reacomodar las bancadas.

Qué casualidad tan oportuna.

Es aquí donde pesa la reforma constitucional promulgada en junio de este año, que aplazó la segunda elección judicial hasta el 4 de junio de 2028. Mientras el Ejecutivo y magistraturas de la Sala Superior defendieron el cambio con el argumento técnico de evitar la saturación de boletas en 2027 y ahorrar recursos, legisladores de oposición advirtieron que el decreto congeló la integración de la Sala Superior del TEPJF —donde se renovarán cuatro magistraturas en 2028— y de los tribunales electorales locales durante todo el proceso de 2027.

El incentivo institucional es claro: los mismos magistrados federales y locales que resolverán sobre convenios de coalición, afiliación efectiva, validez de comicios estatales y reparto final de plurinominales saben que su futuro en las urnas de 2028 dependerá de pasar los filtros de comités de evaluación controlados por los poderes que hoy domina la autollamada 4T. No hace falta girar consignas diarias cuando el diseño mismo premia la sintonía política.

Al final, el costo reputacional del caso Taddei Zavala importa poco frente al objetivo de Claudia Sheinbaum Pardo y la cúpula gobernante: mantener su hegemonía en el Congreso y en las gubernaturas en disputa para seguir desmantelando contrapesos institucionales sin resistencia. Mientras el debate público se entretiene con las cuitas del INE, la sobrerrepresentación y los tribunales ya están listos para 2027. Válgame.

FUENTE/MEDIO: SINEMBARGO.

Matan a mando policiaco de Pueblo Nuevo, Guanajuato; suman cuatro elementos asesinados en una semana

Los agentes fueron asesinados en distintos hechos registrados en Pueblo Nuevo, Santiago Maravatío e Irapuato, mientras dos policías permanecen hospitalizados

La violencia contra integrantes de las corporaciones de seguridad pública en Guanajuato alcanzó a policías municipales, mandos y hasta a una cadete en formación.  

En menos de una semana, cuatro elementos fueron asesinados en distintos hechos registrados en Pueblo Nuevo, Santiago Maravatío e Irapuato, mientras dos policías permanecen hospitalizados. 

El caso más reciente ocurrió la noche del jueves, cuando Rafael Galván Navarro, director de la Policía Municipal de Pueblo Nuevo, fue atacado a balazos mientras realizaba labores de vigilancia sobre el acceso principal al municipio. 

El mando policiaco viajaba a bordo de una patrulla acompañado de su escolta, Eduardo Casiano, cuando ambos fueron emboscados por hombres armados minutos después de las 9:00 de la noche.

Tras la agresión, otros elementos de la corporación acudieron para auxiliarlos y trasladarlos a un hospital. Sin embargo, Galván Navarro falleció mientras recibía atención médica, mientras que su escolta resultó lesionado y permanece hospitalizado. 

El gobierno municipal, encabezado por el panista Leonardo Solórzano Villanueva, confirmó el asesinato del director de la policía y condenó el ataque.

Ataques contra elementos policiacos

La agresión contra el mando policiaco y su escolta se suma a otros hechos violentos registrados durante la semana contra integrantes de las corporaciones de seguridad. 

La mañana del 16 de noviembre, tres policías municipales de Santiago Maravatío fueron atacados a balazos sobre la carretera Salvatierra-Yuriria cuando regresaban a sus domicilios después de concluir su turno de trabajo. 

En el lugar murieron Alejandro Carrillo y Salvador Santoyo, mientras que un tercer elemento resultó herido y permanece hospitalizado. 

Ese mismo día también se confirmó la identidad de Jessica Abril Rocha, de 19 años, quien era cadete de la Policía Municipal de Irapuato y cuyo cuerpo fue localizado sin vida en el Libramiento Norte de ese municipio. 

La joven había sido reportada como desaparecida por sus familiares desde el 6 de noviembre. Aunque el hallazgo ocurrió ese mismo día, fue 11 días después que la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó, mediante pruebas genéticas, que los restos correspondían a la estudiante de la academia policial.

INM trasladó a más de 483 mil personas migrantes dentro de México: informe

Una investigación documentó más de 483 mil traslados entre 2017 y 2024. Los registros incluyen a más de 60 mil personas menores de edad —cuya movilidad forzada aumentó 759 % tras prohibirse su detención en 2020— y muestran cómo la dispersión separa familias, interrumpe procesos de refugio y desplaza a las personas migrantes hacia rutas más peligrosas

El Instituto Nacional de Migración (INM) registró 483 mil 190 traslados de personas migrantes entre distintos puntos del país de enero de 2017 a junio de 2024. Los movimientos, documentados en 437 rutas terrestres, forman parte de una red de control migratorio que se extendió más allá de las fronteras y que, de acuerdo con una investigación independiente, aleja a los migrantes de sus redes de apoyo, separa familias y obstaculiza sus intentos por regularizar su estancia o solicitar refugio en México.

El informe La dispersión como una política migratoria de desgaste, elaborado por Liliana Frankel, Santiago Narváez Herrasti y Daniel Gómez Hernández, analiza los registros que el instituto entregó mediante acceso a la información. La base de datos contabiliza traslados que involucraron a más de 60 mil niñas, niños y adolescentes; en los años posteriores a 2020 —cuando se prohibió su alojamiento en estaciones migratorias—, la movilidad forzada de esta población aumentó 759 %.

Casi nueve de cada diez traslados documentados —el 89.8 por ciento— terminó en municipios donde había al menos un sitio de detención migratoria, ya fuera una estación o una estancia provisional. Aunque esto no significa que todas las personas ingresaran a esos recintos, muestra la relación territorial entre los movimientos del INM y la infraestructura destinada a retener a la población migrante, que hacia 2024 sumaba más de 50 espacios oficialmente habilitados según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Más que un mecanismo de transporte entre ciudades, esta red conecta estaciones migratorias, estancias provisionales, retenes carreteros, redadas y centros de recepción del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Su funcionamiento abarca distintos objetivos de control: desde interceptar caravanas y desplazar a quienes van en tránsito hasta recibir a personas deportadas desde Estados Unidos o detener a extranjeras que ya viven y trabajan en México.

Una red de control que se extiende por el territorio

¿Cómo incorporó México mecanismos de control migratorio más allá de sus fronteras? A partir de esa pregunta surgió el proyecto. Liliana Frankel, periodista e investigadora de Filadelfia, Estados Unidos, explicó que durante años los retenes y revisiones se concentraron en puntos de tránsito conocidos, como las rutas del ferrocarril, pero con el tiempo se extendieron a carreteras y otros espacios con la participación del INM y corporaciones de seguridad.

Para reconstruir esa expansión, el equipo reunió y homologó ocho años de registros provenientes de más de 30 oficinas regionales del Instituto. Como las tablas tenían formatos y criterios distintos, fue necesario revisar, estandarizar y documentar cada decisión para que otros investigadores o ciudadanos pudieran consultar y reproducir el análisis. Santiago Narváez Herrasti, investigador vinculado a la organización R3D, y Daniel Gómez Hernández, físico especializado en sistemas complejos y visualización de datos, colaboraron en el procesamiento y la revisión de la información.

Con el fin de contrastar los trayectos oficiales con los movimientos reales, los autores elaboraron un mapa de rutas migratorias históricas tomando como referencia puntos documentados en investigaciones y testimonios, además de la red ferroviaria y las carreteras federales. La mayoría de los traslados coincidió con esas rutas, aunque hubo excepciones que llamaron su atención, entre ellas Villahermosa y Tapachula.

Como hipótesis, Frankel señala que la presencia de estaciones migratorias importantes en esas ciudades las convirtió en puntos de contención y traslado, aunque advierte que los datos no permiten establecer esa relación como una causa comprobada.

Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, la contención migratoria también funcionó como herramienta de negociación con Estados Unidos, según plantea Frankel a partir de las memorias de Ken Salazar, exembajador estadounidense en México. En su libro Borderlands, Salazar relata que la pausa temporal en los traslados del INM a finales de 2023 sirvió como palanca para concretar una reunión bilateral con el entonces secretario de Estado, Antony Blinken, en un contexto en el que el gobierno mexicano buscaba vincular la cooperación migratoria con el respaldo financiero de Washington a sus proyectos de infraestructura, como el Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Salazar describe que la administración de Joe Biden ofreció apoyar el proyecto, aunque los recursos finalmente no se concretaron. Hacia el cierre del sexenio, relata el exdiplomático, México dejó de financiar autobuses y vuelos para trasladar al sur del país a migrantes rechazados en la frontera estadounidense, en un contexto de restricciones presupuestales y de prioridad al gasto destinado a las obras emblemáticas de López Obrador.

A juicio de Frankel, los registros permiten observar la continuidad de una infraestructura que se ha mantenido a través de distintas administraciones. Su argumento evidencia cómo los mecanismos de control se consolidaron durante años, extendiendo las prácticas de contención a lo largo del territorio nacional.

Familias separadas y procesos de refugio en riesgo

Las consecuencias de los traslados se reflejan en los testimonios que acompañan la investigación. Uno de ellos es el de Reyna —nombre utilizado para proteger su identidad—, quien contó que en 2023 fue detenida junto con su pareja y su hijo durante una redada en las vías del tren en Coahuila. Mientras la familia era trasladada a Villahermosa, su hija adolescente permaneció escondida en el desierto; la distancia dificultó su reencuentro y las mantuvo separadas durante varios meses.

Otro caso es el de Anahí, una mujer migrante que residía en la Ciudad de México y fue detenida este año junto con su hijo y su nieto mientras compraban la despensa en Tepito. Los tres fueron trasladados hasta el puente fronterizo con Guatemala, en Chiapas. Aunque su nieto había nacido en la capital y tenía nacionalidad mexicana, las autoridades migratorias no se detuvieron.

Estos testimonios muestran que los operativos afectan no solo a quienes atraviesan el país, sino también a personas radicadas en México que trabajan o buscan regularizar su situación, incluso con un procedimiento de refugio en curso.

Durante la presentación del informe en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Rodrigo Yedra, defensor independiente que acompaña a familias migrantes en sus procesos de integración, cuestionó la brecha entre el discurso de la capital como “ciudad santuario” y las prácticas que enfrentan en sus calles. Desde su experiencia, describió una ciudad donde las redadas, detenciones y desalojos en espacios públicos, mercados y campamentos terminan con el traslado de migrantes hacia otros estados, particularmente al sur del país.

De acuerdo con Yedra, una persona solicitante debe presentarse cada diez días ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) en la sede donde inició su trámite; si el INM la traslada a otra entidad, pierde citas y pone en riesgo meses de avance.

Aunque la COMAR entrega una constancia de solicitud, los tiempos reales para obtener una resolución se prolongan mucho más allá de los plazos previstos, periodo en el que los solicitantes enfrentan obstáculos para acceder a empleo, vivienda y otros trámites. Un traslado forzoso los aleja tanto de las oficinas donde dan seguimiento a su expediente como de las organizaciones o representantes legales que los acompañan.

Esta dinámica deja a las familias sin información sobre el paradero de sus integrantes, pues tras una detención no se notifica en qué instalación se encuentran ni a qué autoridad acudir. Frankel añadió que no existe un protocolo que garantice la comunicación del destino del detenido por parte del INM; esa incertidumbre obliga a las familias a destinar recursos para localizarlo o intentar reunirse, exponiéndolas a abusos, explotación o a recurrir a redes de tráfico de personas para regresar a sus puntos de origen.

Pese a los avances legales como la prohibición de alojar a menores en estaciones migratorias (2020) y el límite judicial de 36 horas a la detención (2023), los más de 60 mil niños, niñas y adolescentes en los registros evidencian que el traslado opera como una práctica sistemática. Frankel califica esta política como una “dispersión desde arriba” que genera una respuesta inversa: personas migrantes que abandonan trayectos conocidos y buscan rutas cada vez más clandestinas para evitar nuevas detenciones.

El informe y su base de datos abierta y auditable están disponibles para consulta pública en la plataforma Tirando Código. Sus autores buscan que periodistas, investigadores, organizaciones e incluso las propias personas en movilidad revisen qué ocurre en los municipios donde existen estaciones migratorias o estancias provisionales —qué poblaciones llegan, cuántos menores aparecen en los registros y cómo responden los DIF locales— para abrir nuevas líneas de investigación y exigir transparencia sobre una política cuyos efectos suelen quedar fuera de la mirada pública.

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO.

Morena decidirá el miércoles si avanza con convocatoria del INE sin esperar al Tribunal

Luego de que Monreal previó el relevo hasta finales de enero de 2027, el coordinador abrió la posibilidad de emitir la convocatoria antes del fallo y dejó la decisión a su bancada

Los diputados de Morena se reunirán el próximo miércoles para decidir si avanzan con la convocatoria para renovar la presidencia del INE sin esperar la resolución del Tribunal Electoral, informó su coordinador, Ricardo Monreal, después de que ayer sostuvo que esperaría el fallo y que el relevo podría concretarse hasta finales de enero de 2027.

“Eso lo va a definir la mayoría, la mayoría de mi grupo parlamentario. El próximo miércoles tengo reunión con ellos en la plenaria de los miércoles de la sesión próxima”, respondió el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, cuando se le preguntó si emitir la convocatoria antes del fallo seguía siendo una posibilidad.

La apertura a discutir esa opción matiza la postura que Monreal sostuvo el jueves, cuando dio por perdida la posibilidad de un consenso con la oposición y advirtió que el oficialismo podría utilizar su mayoría para sacar adelante el procedimiento si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenaba emitir la convocatoria.

Sin embargo, el coordinador no comprometió este viernes la emisión de la convocatoria antes de la sentencia, pues reconoció que dentro de Morena hay diputados que consideran necesario esperar el fallo sobre la demanda presentada por el Partido Acción Nacional (PAN) contra la falta de convocatoria.

“Siempre hay que mantener la mesa abierta, pero obviamente el que hayan interpuesto el recurso, dentro de mi grupo parlamentario hay quien sostiene que debe de esperarse la resolución”, expresó Monreal, quien agregó que pondrán en marcha los mecanismos que establezcan la ley y la Constitución en función de lo que determine el Tribunal.

El coordinador panista, Elías Lixa, había sostenido el jueves que acudir al Tribunal no impide continuar las negociaciones ni emitir la convocatoria, pues hacerlo dejaría sin materia el juicio, y ofreció mantener el diálogo para acordar el proceso de renovación de la presidencia del INE.

“Lo importante para México es que tengamos capacidad de celebrar acuerdos. Y que lo que ellos hicieron es su derecho y que no hay ningún problema conmigo. Que tengo respeto por todos y que intentaremos mantener el diálogo y mantener una buena relación de tolerancia, de respeto y de concordia en estos próximos meses que nos quedan en la legislatura”, respondió Monreal al ser consultado sobre el ofrecimiento del PAN.

Al preguntarle si esa disposición permitiría emitir la convocatoria antes de la sentencia, el legislador mantuvo abiertas ambas rutas: “Eso significa seguir dialogando, no lo sé todavía, pero evidentemente vamos a esperar el resultado del tribunal, pero todo ocurre, todo puede realizarse, en el diálogo todo se puede hacer”.

Monreal aseguró que la comunicación con los otros grupos parlamentarios continúa, que el jueves se reunió con Lixa y habló por teléfono con la coordinadora de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, además de mantener conversaciones con Carlos Puente, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y Reginaldo Sandoval, del Partido del Trabajo (PT).

La definición de Morena sigue pendiente mientras la consejera Blanca Yassahara Cruz García permanece como presidenta provisional del INE, tras la renuncia de Guadalupe Taddei el pasado 26 de octubre, y quien el jueves se dijo preparada para continuar al frente del organismo durante el proceso de relevo.

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: EDGAR LEDESMA.
ENLACE: https://grupoanimal.mx/politica/morena-convocatoria-ine-sin-esperar-tribunal

Detienen a Lili Campos, fiscal antinarcomenudeo de CDMX, por presunto desfalco millonario

La exalcaldesa de Playa del Carmen fue detenida en la Ciudad de México por una investigación relacionada con pagos superiores a 62 millones de pesos durante su administración, entre 2022 y 2024

La exacaldesa panista de Playa del Carmen, Lili Campos, con el cargo de fiscal antinarcomenudeo de la Ciudad de México, fue detenida la tarde del jueves en la Delegación Venustiano Carranza, relacionada con un desfalco de más de 62 millones en la Riviera Maya, justo cuando acababa de reafirmar su cercanía con Morena. 

La exmunícipe fue capturada tras denuncias interpuestas por el gobierno de la alcaldesa playense extraída de Morena, Estefanía Mercado Asencio, hoy de Morena, aunque antes PAN, quien todavía en agosto pasado declaró a Proceso sus nulas intenciones de iniciar un procedimiento legal contra su antecesora. 

De acuerdo con datos del Registro Nacional de Detenciones, Lili Campos fue llevada de la base de la Fiscalía General de la República en Tacubaya al note de Quintana Roo. Reportes indican que durante la mañana de este viernes fue ingresada al penal de Cancún a la espera del juez de control que la requiere.

Según el documento, Campos Miranda fue detenida vistiendo prendas oscuras y luego trasladada a las instalaciones de Tacubaya, en la Ciudad de México.  

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo señaló a la exmunícipe por un presunto perjuicio económico superior a los 62 millones de pesos al erario de Playa del Carmen. 

De acuerdo con la autoridad ministerial, el quebranto estaría relacionado con tres licitaciones públicas otorgadas entre 2022 y 2024 para el servicio de lavado especializado de vehículos de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales. 

La investigación refiere que el Ayuntamiento contaba con un parque vehicular de 123 unidades y que la empresa contratada reportaba hasta 865 lavados mensuales, incluso sin días de descanso, pese a que disponía.

Además, la Fiscalía señaló que el prestador del servicio carecía de comprobantes fiscales digitales por internet correspondientes a los primeros contratos y que, pese a ello, continuaron los pagos por más de 62 millones de pesos. 

Lili Campos fiscal antinarcomenudeo en la CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México nombró a Lili Campos Miranda, exalcaldesa panista de Playa del Carmen, fiscal de investigación contra el narcomenudeo.

Además, su caso ya había sido turnado desde semanas atrás al Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción de Quintana Roo; no obstante, la exmunícipe se había negado a comparecer al alegar también problemas médicos, para lo cual solicitó amparos, algunos desechados, mientras que, en al menos uno, logró una suspensión relacionada con su comparecencia.  

De acuerdo con una respuesta de transparencia emitida por el órgano ministerial el pasado 12 de agosto, asentada bajo el número de folio 092453826001402, la Fiscalía capitalina resalta el nombramiento de Lili Campos como fiscal de investigación del delito de narcomenudeo, al responder sobre la inexistencia de narcóticos incautados en la Ciudad de México entre 2014 al 2025, información requerida por un ciudadano.

PAN exige investigar a López Obrador y López-Gatell por crisis de sarampión en México

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba atribuyó la pérdida del reconocimiento sanitario del país a recortes presupuestarios y fallas en la vacunación

El diputado federal del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba, exigió investigar las posibles responsabilidades administrativas y penales del expresidente Andrés Manuel López Obrador, del exsubsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López-Gatell y de otros exfuncionarios por el presunto abandono de la política nacional de vacunación, al que atribuyó la pérdida del reconocimiento de México como país libre de transmisión endémica del sarampión.

En conferencia de prensa, el también secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados sostuvo que el resurgimiento de la enfermedad no era inevitable, sino resultado de recortes presupuestarios, deficiencias en las campañas de vacunación y fallas en la vigilancia epidemiológica durante las administraciones federales recientes.

Sus señalamientos se produjeron después de que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) confirmó, el pasado 17 de noviembre, que México perdió su reconocimiento como país libre de transmisión endémica del sarampión, luego de que el virus circulara de manera continua durante al menos 12 meses.
“Morena recibió un país que había logrado eliminar la transmisión endémica del sarampión. Ocho años después, México ha perdido ese reconocimiento internacional”, afirmó el legislador panista.
Ramírez Barba señaló que entre los principales afectados se encuentran los niños que nacieron o debieron completar sus esquemas de vacunación durante los gobiernos de López Obrador y Claudia Sheinbaum, y acusó que las decisiones adoptadas en materia de salud pública contribuyeron al deterioro de la protección contra enfermedades prevenibles.

En particular, responsabilizó políticamente a López-Gatell por lo que consideró una actuación negligente en la conducción de las campañas de vacunación y advirtió que sus consecuencias continúan reflejándose en los contagios y fallecimientos asociados con estas enfermedades.

El diputado también exigió la comparecencia de funcionarios de las secretarías de Salud y de Hacienda para explicar el ejercicio de los recursos destinados a la vacunación, así como esclarecer los más de 44 mil millones de pesos que, según denunció, dejaron de ejercerse en ese rubro.
“La Cámara de Diputados aprobó los recursos para vacunar a los mexicanos. El Gobierno federal decidió reducirlos. Siete de cada diez pesos aprobados para vacunación no se ejercieron en dicho programa”, declaró.
Asimismo, pidió verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) e investigar cada fallecimiento relacionado con sarampión y tosferina, con el propósito de determinar si existieron omisiones atribuibles a funcionarios responsables de la política sanitaria.

El legislador insistió en que deben esclarecerse las decisiones presupuestarias y administrativas que, a su juicio, contribuyeron al resurgimiento del sarampión, así como determinar si existen elementos para iniciar procedimientos contra los servidores públicos involucrados.

La corrupción son todos

Por estos días de tanta violencia e inseguridad, de ataques a policías, narcomantas y en el preámbulo de las elecciones de 2027 en las que en Baja California se renovarán las alcaldías, el gobierno estatal y los 25 escaños en el Congreso del Estado, aparecen cada vez más actos de corrupción atribuibles a quienes ostentan el poder, en cualquiera de sus tres órdenes autónomos.

Esta semana, apenas estaba Baja California siendo testigo de la cruel violencia de los cárteles de la droga que, en Tecate y con suma impunidad, un convoy criminal con más de una docena de hombres armados tomó por la fuerza a cinco hombres, maniató a tres y los dejó abandonados a la vista de todos, mató a dos (un agente de la FGE y un capitán del Ejército Mexicano), para enterrar sus cuerpos, desenterrarlos, envolverlos en plástico, pasearlos unos 60 kilómetros y tirarlos sobre un paraje, cuando otro miembro del Poder Judicial se convirtió en noticia, y no por sus buenas y legales formas.

Es decir, no se sale del asombro de la violencia sangrienta y la impunidad que permite que el grupo criminal del Cártel de Sinaloa tome una ciudad, causando terror y horror con sangre y plomo, cuando ya la mirada estaba fija en otro orden: una jueza de distrito, Cristina Martínez Aguilar, señalada de liberar a varias personas en por lo menos siete causas penales, todos por narcotráfico o posesión de armas; delincuentes que fueron detenidos en la comisión de un delito, pero que obtuvieron su libertad al llegar sus casos al juzgado de la jueza.

Lo más grave del caso es que esta información no se hizo pública por las víctimas, los afectados, sino por la fiscal general de Baja California, la licenciada Elena Andrade, quien tenía conocimiento de la actitud sospechosa de la jueza, pero no proporcionó información pública hasta en tanto debió justificar otro irregular actuar: ya antes había sucedido. En mayo de 2026 fue aprehendido, después de una persecución sonora y vistosa que vulneró a ciudadanos y oficiales, Sergio Serrano, el Checo, líder de célula del Cártel Jalisco Nueva Generación en Tecate. Pero tres meses después —y esto sólo se sabría luego del asesinato de un recluso recién liberado de la penitenciaría de Tijuana— el Checo estaba libre.

Al señalado narcotraficante le cambió la medida cautelar el juez de distrito René Octavio Cardona González, para dejarlo en libertad… hasta el miércoles 18 de noviembre de 2026, cuando fue detenido de nueva cuenta, ahora en Ensenada, Baja California. Lo único deseable es que su caso no llegue otra vez con el juez Cardona, o no caiga con la jueza Martínez, para que no lo dejen en libertad de nueva cuenta.

Los dos jueces condescendientes con los criminales a los que dejan en libertad, el juez Cardona y la jueza Martínez, señalada por la fiscal Elena Andrade, ya han sido denunciados por los ministerios públicos ante el Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación, pero ¿qué ha pasado? Nada. Ahí siguen los dos al frente de los juzgados de distritos, posiciones que ganaron en la elección judicial que promovió la Presidencia de la República para que también los integrantes del Poder Judicial fuesen electos por el pueblo, aun con la ayudadita de los gobiernos oficialistas.

Días antes, aquí mismo se dio a conocer que el propio titular del Poder Judicial de Baja California, el magistrado Alejandro Fragozo, había sido sujeto de revocación de su visa de turista para entrar a los Estados Unidos, por parte del gobierno del vecino país, al considerarlo parte de un grupo que tiene ligas con otro de orden criminal, o que ha participado de actividades ilícitas. Eso mismo ya había sucedió con el esposo de la gobernadora, alcaldesas, alcaldes, diputados y la propia mandataria estatal; a ninguno le tienen confianza… en el vecino del norte.

Y entonces vienen, o, mejor dicho, se incrementan las amenazas del narcotráfico contra los policías. En un mundo al revés, los criminales acusan a los agentes de robarles droga, de vender droga, de favorecer a otros criminales en la comisión de delitos, de atentar contra la sociedad a la que juraron proteger. Y ¿qué sucede? Nada. Los elementos de la FESC que han sido denunciados por criminales de cometer ilícitos, siguen laborando con la venia del general Laureano Carrillo; los agentes y mandos de la FGE que han sido denunciados por relaciones mafiosas, siguen en la nómina que encabeza la fiscal Elena Andrade, y los municipales no son la excepción.

¿Cuándo fue la última ocasión que en Baja California hubo una limpia en las corporaciones policiacas? Difícil recordarlo. El intento más cercano es el que emprendió el general Leopoldo Aguilar Durán cuando fue secretario de Seguridad del Estado, al desarmar a las policías para practicarles nuevos exámenes de control, evaluación y confianza, para depurar las corporaciones, pero sus esfuerzos sólo llegaron a una parte de la policía de Mexicali, la de Tecate y la de Rosarito, luego que fue relevado en el cargo por el general Laureano Carrillo, quien no sólo no continuó con los esfuerzos de depuración, sino que mantiene una corporación señalada por sus ligas con los grupos criminales, y sólo los suspende cuando la evidencia ya es demasiada.

Claro que una depuración policíaca no bastaría; a estas alturas se requiere una depuración en el Poder Judicial, no sólo en el Ejecutivo, y acaso en las esferas gubernamentales que manejan áreas sensibles y propensas a actos de corrupción en detrimento de la sociedad. Como los directores e inspectores que extorsionan a mujeres y hombres de negocios que solicitan permisos, o a quienes manejan un negocio, sea cual sea el tamaño del mismo, en los tres órdenes de gobierno las dependencias reguladoras se han convertido en sucursales para el cobro de piso y la extorsión.

Ahora sí que ni a quién irle. El problema es que los ciudadanos de bien, los que están en la legalidad, o lo intentan, son los más afectados. No sólo pueden perder la vida, acaso también ser llevados a la quiebra ante los insanos cobros extraoficiales de los gobiernos; porque a estas alturas, la corrupción son todos. Así se ve.

FUENTE/MEDIO: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.
ENLACE: https://zetatijuana.com/2026/11/la-corrupcion-son-todos/