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Municipio de Felipe Carrillo Puerto “desapareció” 13 mdp del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura

Una investigación basada en auditorías de la ASF reveló un posible daño al erario por 13.1 millones de pesos en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, derivado de irregularidades y traspasos indebidos en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social durante el ejercicio 2021. La responsabilidad salpica tanto al exalcalde José Esquivel Vargas "Chak Meex" —quien enfrentó prisión domiciliaria por delitos del servicio público— como a la actual edil morenista Mary Hernández, cuya administración también ha acumulado observaciones del órgano fiscalizador en el manejo de recursos destinados a zonas vulnerables

Felipe Carrillo Puerto tiene un problema crónico con el uso de su presupuesto; una falta de transparencia que ha arrastrado desde hace varias administraciones. EMEEQUIS revela un posible daño al erario de 13 millones de pesos por parte del municipio gobernado por Maricarmen Candelaria Hernández Solís de Morena, y anteriormente por José Esquivel Vargas, quienes comparten la responsabilidad por los señalamientos.

Sin embargo, la actual presidenta municipal, Hernández Solís, señaló a EMEEQUIS que al entrar al gobierno, su administración presentó una denuncia penal contra el manejo de los recursos de dicho fondo. “Gracias, efectivamente como ahí menciona, yo tome el gobierno en octubre, la administración que me antecedió fue quien cometió dichos actos que posterior a ello mi gobierno denunció y hoy está incluso el expresidente en libertad condicional”.

AUDITORÍA DE LA ASF DETECTA IRREGULARIDADES EN EL PRESUPUESTO 2021

Según la auditoría de cumplimiento 2021-D-23002-19-1565-2022 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), las irregularidades se encontraron en el uso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, aplicado en el municipio. Esto durante el ejercicio del presupuesto de 2021, cuando terminó su mandato Esquivel Vargas e inició el de Hernández Solís.

Para el análisis, la auditoría aplicó un cuestionario de control interno y se analizaron evidencias que acreditaran la existencia de los “diversos elementos del sistema de control interno y las respuestas a dicho cuestionario”.

La auditoría encontró varios problemas en el municipio para la administración del recurso. Por ejemplo, que no se contaba con un comité de administración de riesgos “debidamente formalizado, ni con una metodología de administración de riesgos que sirva para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales”.

Incluso no existía un “lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se establezca la metodología para la administración de riesgos de corrupción y fraude”.

Según la auditoría, el municipio obtuvo una calificación de 51 puntos sobre 100 en esta evaluación. La ASF consideró que era necesario que ese gobierno local rediseñara y fortaleciera “las estrategias y mecanismos de control establecidos en su sistema de control interno, a fin de brindar una seguridad razonable en la consecución de sus objetivos institucionales, en la administración y mitigación de sus riesgos”.

TRASPASOS A OTRAS CUENTAS Y 13 MILLONES DE PESOS SIN REINTEGRAR

Sin embargo, el problema más grave fue el uso interno que le dio el gobierno de Felipe Carrillo Puerto al dinero. Según la auditoría, durante el ejercicio fiscal 2021, la cuenta bancaria del fondo “no fue exclusiva para manejar dichos recursos” del Fondo, ya que se realizaron traspasos por 52 millones 122 mil 200 pesos a “otra cuenta de recursos propios en la que se administraron los ingresos de operación de dicho municipio”.

La auditoría señala que de esos recursos se “reintegraron” a la cuenta del fondo 39 millones 22 mil 200 pesos “junto con los rendimientos financieros correspondientes calculados en un monto de 58 mil 500 pesos”.

No obstante, quedaron pendientes “de reintegrar” 13 millones 100 mil pesos “sin acreditar la aplicación de recursos a los objetivos del fondo”.

AFECTACIONES EN OBRAS DESTINADAS A ZONAS CON REZAGO SOCIAL

Con el dinero del fondo, según la ASF, el municipio destinó 177 millones 721 mil pesos al pago de 47 obras y acciones que beneficiaron a la población de zonas de atención prioritaria y con rezago social. Es decir, que esos 13 millones faltantes eran para atender a zonas vulnerables.

La auditoría señala que Carrillo Puerto invirtió 93 millones 661 mil pesos en la atención a estas poblaciones vulnerables, cumpliendo apenas con el 47.7% de ocupación del recurso disponible.

Además, se explica que en el caso de 16 obras, los anticipos otorgados por un importe de 17 millones 946 mil 300 pesos no fueron “amortizados en su totalidad debido a que el municipio no terminó de realizar los pagos de las estimaciones y finiquitos de dichas obras, debido a que transfirió los recursos destinados a dicho fin a otras cuentas bancarias del municipio”.

Por esta falta, la contraloría municipal inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos a través del expediente MFCP/CM/EPRA/005/2022.


La historia política reciente de Felipe Carrillo Puerto es interesante. En primer lugar, porque José Esquivel Vargas “Chak Meex”, uno de los encargados del presupuesto desaparecido, estuvo en prisión domiciliaria varios meses durante 2024.


DETENCIÓN Y PRISIÓN DOMICILIARIA DE “CHAK MEEX”

El 13 de febrero de 2024, el ex funcionario fue detenido cuando era precandidato por el PRD para repetir el cargo al frente del municipio. Fue arrestado por cargos de uso ilícito de atribuciones y facultades del servicio público, según explicó Milenio.

Fue así que permaneció en prisión domiciliaria. El propio funcionario, en redes sociales, se quejó de la medida y contó los días de cautiverio a través de posts de Facebook. El 16 de junio de 2024 fue el último día en el que expresó que llevaba 122 días privado de su libertad.

Ese mismo año, ya sin numerar los días encerrado, subió una publicación en Facebook deseando feliz Navidad: “Gracias por la visita de mi familia, les deseamos una Feliz navidad de parte de su amigo Chak Meex!” Fue el 25 de diciembre.

Su siguiente post fue unos meses después, el 25 de abril. En publicaciones posteriores no marcó los días en prisión, y al contrario, se fotografió en varios lugares, presumiblemente fuera de su residencia. No obstante, no se conoce su situación legal actual.

El 4 de septiembre de 2025, felicitó a Mara Lezama por su administración: “Felicito a nuestra gobernadora Mara Lezama de nuestro estado de Quintana Roo por su Tercer Informe de gobierno”.


Su siguiente post fue unos meses después, el 25 de abril. En publicaciones posteriores no marcó los días en prisión, y al contrario, se fotografió en varios lugares, presumiblemente fuera de su residencia. No obstante, no se conoce su situación legal actual. “Salvo los dichos de la actual alcaldesa”.

PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DECLARACIONES PÚBLICAS

El 11 de septiembre de este año, dio una entrevista a Reporteros de Banqueta durante el informe de la actual presidenta municipal, en el que decía que aunque no se retiraba de la política, no tenía planeado regresar pronto: “Nunca se jubila uno de la política, me refiero a que la política es todo los días, inicia en casa y termina todos los días ante la sociedad”.

Sobre sus temas legales, respondió que aún siguen abiertos: “En mi caso, tratando de solucionar, al final son administrativos, no son temas penales, no hay nada en cuanto a temas de enriquecimiento ilícito, robo, peculado, como se había mencionado”.


NUEVAS OBSERVACIONES DE LA ASF A LA ADMINISTRACIÓN DE MARY HERNÁNDEZ

Por su parte, la administración de Mary Hernández, actual edil, ha sido señalada varias veces por la ASF. Tan solo este año, medios locales publicaron que, según un informe de la ASF, se observaron observaciones por 27,735,231.36 pesos sin aclarar del ejercicio de 2024.

La observación, una vez más, viene del manejo del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de Demarcaciones Territoriales.

El 2 de octubre, la alcaldesa dijo que buscaría encabezar los esfuerzos de la 4T en una parte del estado: “Les comparto que hoy me registré a la Coordinación Distrital Federal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional por el Distrito 02 de Quintana Roo”.

Esta semana visitó Palacio Nacional: “Desde el Palacio Nacional daremos seguimiento junto a CONAVI, las Viviendas para el Bienestar en Felipe Carrillo Puerto”.


EMEEQUIS buscó contactar tanto a José Esquivel Vargas “Chak Meex” como a Mary Hernández para conocer la situación de las observaciones de la ASF. Sin embargo, no se obtuvo respuesta.

Red de venta y fabricación de armas para el narco en Puebla y CdMx es desarticulada

Las autoridades federales realizaron cinco cateos simultáneos y aseguraron más de 30 piezas de distintos calibres, maquinaria, cartuchos y dosis de droga

El Gabinete de Seguridad informó que desarticuló una red dedicada a la fabricación y comercialización ilegal de armas de fuego en Puebla y la Ciudad de México (CdMx), mediante un operativo que dejó cuatro personas detenidas y el aseguramiento de más de 30 armas de distintos calibres.

A través de un comunicado conjunto, el organismo detalló que las autoridades federales ejecutaron cinco órdenes de cateo simultáneas en inmuebles presuntamente utilizados para almacenar y producir armamento que era distribuido entre organizaciones delictivas.

Asimismo, las acciones se realizaron con la participación de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Las intervenciones fueron resultado de trabajos de investigación y vigilancia que permitieron identificar los domicilios relacionados con estas actividades ilícitas. Los indicios recabados fueron presentados ante un Juez de control, quien autorizó el ingreso a las propiedades para realizar las diligencias correspondientes.

Silvio "N" fabricaba armas para grupos criminales de CdMx y Edomex

En Puebla, los agentes capturaron a Silvio "N", alias "Gato", de 51 años, señalado por las investigaciones como presunto proveedor de armamento y municiones para organizaciones criminales que operaban en la capital del país y el Estado de México. El hombre también habría elaborado pistolas artesanales para distribuirlas entre estos grupos.

Durante la inspección del domicilio donde fue localizado, los uniformados decomisaron 10 armas cortas, ocho largas, cuatro de fabricación artesanal y 11 rifles, además de cartuchos y un torno que presuntamente era utilizado para producir este tipo de artefactos.

Por otra parte, en la Ciudad de México, las fuerzas de seguridad capturaron a Javier Zadid "N", "Chayo", de 27 años, identificado como dirigente de una célula criminal relacionada con el narcomenudeo, las extorsiones y los homicidios. En el lugar donde fue localizado encontraron dos pistolas, una de ellas de elaboración casera, así como 30 dosis de droga.

En la misma entidad fueron arrestados otros dos sujetos, de 30 y 36 años. El primero estaría involucrado en la distribución de estupefacientes y asesinatos, y tenía en su poder una pistola artesanal y varias porciones de sustancias ilícitas. Al segundo le confiscaron distintas cantidades de narcóticos.

Después de las diligencias, los cuatro implicados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad encargada de continuar las investigaciones y determinar su situación jurídica. Por su parte, las propiedades inspeccionadas permanecieron selladas y bajo resguardo oficial.

El Gobierno federal señaló que, desde el inicio de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, las instituciones encargadas de la seguridad han confiscado más de 36 mil armas de fuego en territorio nacional, como parte de las acciones dirigidas a reducir la capacidad operativa de las organizaciones criminales.

"Mando 20", implicado en explosión de coche bomba en Michoacán, es detenido en Colima

David “N” es señalado como presunto líder de una célula criminal con presencia en Tecomán y municipios cercanos

David “N”, alias “Mando 20”, presunto responsable de la explosión de un coche bomba frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán, que dejó seis muertos, fue detenido en el municipio de Tecomán, Colima, junto a otras dos personas.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó este viernes que las detenciones derivaron de investigaciones coordinadas entre la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina (Semar), la SSPC y la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal.

Los otros detenidos son Sinuhe “N” y Cristian “N”, quienes también estarían relacionados con el atentado ocurrido el 6 de diciembre de 2025. De acuerdo con las líneas de investigación, “Mando 20” es identificado como presunto líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con presencia en Tecomán y municipios aledaños.


De acuerdo con el funcionario, las detenciones se realizaron durante cateos en dos inmuebles de Tecomán, durante los cuales las autoridades aseguraron armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo, documentación y propaganda del CJNG, entre otros indicios relevantes para la investigación.
"Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer los hechos, identificar a todos los involucrados y llevarlos ante la justicia, tanto a quienes ejecutaron el ataque como a quienes lo ordenaron", escribió en su cuenta de X, antes Twitter.
Sumado a ello, reconoció la colaboración de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán y la Secretaría de Seguridad de Colima, cuyo apoyo, indicó, ha sido fundamental para avanzar en las investigaciones y fortalecer la coordinación institucional.

¿Cómo ocurrió la explosión del coche bomba en Coahuayana?

El 8 de diciembre de 2025, Carlos Torres Piña, titular de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, informó que en el atentado participó una camioneta Dodge Ram tipo Dakota que provenía de Colima y llegó a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, donde explotó. Entre las seis víctimas mortales se encontraba el conductor del vehículo.

El funcionario detalló que la explosión también provocó daños en 12 vehículos, incluidos dos camionetas blindadas Chevrolet Suburban pertenecientes a la corporación comunitaria.

A partir de las imágenes de cámaras de videovigilancia, las autoridades establecieron que la unidad ingresó a Michoacán por la carretera federal 200 Manzanillo-Lázaro Cárdenas. Posteriormente, llegó a las 08:35 horas al poblado de San Vicente, donde permaneció al menos hasta las 09:30 horas, antes de dirigirse a la zona centro de Coahuayana.

Torres Piña precisó que el vehículo explotó sobre la calle Allende, frente a la base de la Policía Comunitaria. La onda expansiva alcanzó un radio estimado de 300 metros.

Cabe destacar que en Coahuayana continúa activa la corporación comunitaria encabezada por Héctor Zepeda Navarrete, conocido como “El Comandante Teto”, quien formó parte de los grupos de autodefensa y ha enfrentado a integrantes de Los Caballeros Templarios y del CJNG.

“No debe haber sombra de corrupción”, dice la Presidenta de acusaciones contra Taddei

La consejera aseguró que no “claudicará” en sus funciones y sostuvo que los cuestionamientos en su contra buscan afectar al INE.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) sostuvo este viernes que no debe existir “ninguna sombra de corrupción” en el Instituto Nacional Electoral (INE) y pidió que se realicen las auditorías correspondientes para esclarecer las acusaciones que involucran a la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre los señalamientos que enfrenta Taddei por mantener contactos poco transparentes con proveedores del instituto.
"No debe haber ninguna sombra de corrupción en el INE, eso pienso", manifestó.

En paralelo, señaló que considera necesario que se lleven a cabo las revisiones que correspondan para aclarar las dudas sobre el desempeño de la autoridad electoral. Sin embargo, evitó pronunciarse sobre si la consejera presidenta debería dejar la titularidad del organismo y aclaró que esa determinación corresponde al propio INE.

La oposición exige la salida de Taddei

La controversia llegó ayer a la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, donde representantes partidistas cuestionaron a la funcionaria por su presunta relación con José Alfredo Hernández Casillas, empresario investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presuntas prácticas fraudulentas en contrataciones.

Emilio Suárez Licona, representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante el Instituto, pidió a la consejera presidenta explicar su presencia en el festejo con el proveedor y sostuvo que una respuesta contribuiría a despejar las dudas sobre la transparencia del organismo.

A las críticas se sumó Carlos Mancilla, también del PRI, quien defendió la exigencia de que Taddei deje el cargo al considerar que las dudas sobre su gestión deben resolverse antes de la próxima elección federal.

Ante los cuestionamientos, Guadalupe Taddei sostuvo que no “claudicará” en el ejercicio de sus funciones y consideró que las acusaciones en su contra buscan afectar a la institución.

Otros funcionarios del INE también conviven con el proveedor

Cabe destacar que, entre otros funcionarios señalados por asistir con frecuencia a reuniones sociales convocadas por Hernández Casillas se encuentran Mario Alfonso Burciaga, director de Recursos Materiales y Servicios del INE; Enma Patricia García, directora de Recursos Financieros; Iliana Araceli Hernández Gómez, titular de la Unidad de Género, y José Alberto Pérez de Acha, coordinador de la Unidad de Servicios de Informática.


De acuerdo con la información sobre las indagatorias de la UIF, Hernández Casillas sería la cabeza de una red de compañías que presuntamente simulan competencia entre sí y operan como empresas factureras para obtener contratos relacionados con el suministro de material electoral.

Entre las firmas señaladas en las investigaciones se encuentran Cajas Graf, Corporativo Zeg, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México, Diseño Reconstrucción y Comunicación, Formas Finas Fernando Fernández y Comercializadora Grupo Selati.

Justifica alcaldesa de Mexicali gasto de 25 mdp en asesores

La alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante Martínez, justificó el gasto de 25 millones de pesos en asesores municipales, al argumentar que son necesarios para desarrollar distintos proyectos del Ayuntamiento

La alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante Martínez, justificó el gasto de 25 millones de pesos en asesores durante el ejercicio fiscal 2026, al argumentar que sus servicios son necesarios para el desarrollo de distintos proyectos municipales.

Durante la glosa correspondiente a la política pública “Gobernar para servir” del Ayuntamiento de Mexicali, en la que estuvo presente el tesorero municipal, Roger Roberto Sosa Alafita, se informó que el gobierno municipal gastó cerca de 25 millones de pesos en asesorías.

Ante ello, se le cuestionó a la presidenta municipal si dicho monto no era excesivo para este concepto. En respuesta, justificó el gasto al señalar que las asesorías externas al Ayuntamiento son necesarias para distintos proyectos, entre ellos, el más próximo, el relacionado con la Academia de Policía.

“Exceso, es un juicio de valor que tiene que ser contrastado con todo lo que hemos hecho, con las grandes cosas que hemos hecho con el cuerpo de asesores; nosotros usamos asesores para todo, siempre necesitamos opiniones externas para todo lo que hacemos, más cuando se van a hacer grandes proyectos”.

Bustamante Martínez negó que los asesores tuvieran relación con su círculo personal y señaló que los gastos por concepto de asesorías están debidamente fundamentados y transparentados a través de la plataforma de transparencia.

Finalmente, al solicitarle la información correspondiente, el departamento de Comunicación Social de la alcaldesa indicó que no la entregaría directamente, por lo que tendría que solicitarse a través de la plataforma de transparencia.

FUENTE/MEDIO: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ARATH CASTILLO.
ENLACE: https://zetatijuana.com/2026/10/justifica-alcaldesa-de-mexicali-gasto-de-25-mdp-en-asesores/

Carlos Torres solicita amparo contra bloqueo de cuentas bancarias

Juzgado federal en Mexicali negó la suspensión provisional al exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila contra su incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas de la Secretaría de Hacienda y el congelamiento de cuentas

El empresario y político Carlos Alberto Torres Torres, ex esposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de las determinaciones ejecutadas por autoridades financieras mexicanas en seguimiento a investigaciones que realiza el gobierno de los Estados Unidos en su contra.

El Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, resolvió negar la suspensión provisional solicitada por Torres Torres dentro del juicio de amparo indirecto 1161/2026.

El juicio de derechos fundamentales reclama la aplicación del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, la inclusión del político y empresario en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el aseguramiento de sus cuentas bancarias en la institución financiera Banco Mercantil del Norte (Banorte).

La inmovilización de los instrumentos financieros de Carlos Torres deriva de la acción administrativa ejecutada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mediante el acuerdo 471/2026.

Dicho acto local responde a las investigaciones y a la posterior publicación realizada el 29 de septiembre de 2026 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

En esa fecha, la autoridad estadounidense formalizó la inclusión de 21 personas físicas y 25 entidades comerciales en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, al atribuirles la aportación de apoyo financiero, material o tecnológico, o el suministro de bienes y servicios a favor de la organización denominada Cártel de Sinaloa.

El contexto de la sanción emitida en el país vecino abarca una red de operadores, intermediarios y estructuras mercantiles asentadas en municipios de Baja California como Tijuana y Mexicali, así como en entidades como Sinaloa, Sonora y Chihuahua.

La resolución del Departamento del Tesoro dispuso el congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de transacciones financieras a ciudadanos y empresas de ese país con los señalados.

A partir de la difusión de ese listado internacional, la SHCP en México procedió al análisis de la información disponible e incorporó a los sujetos referidos en el padrón nacional de bloqueos como medida de contención para proteger la integridad de la economía y del sistema financiero.

En el escrito inicial de demanda presentado ante el órgano jurisdiccional federal, Carlos Alberto Torres Torres alegó el desconocimiento formal de las causas del procedimiento administrativo.

Asimismo, sostuvo la inconstitucionalidad del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito bajo el argumento de que dicho precepto omite fijar plazos máximos de permanencia en el registro y carece de parámetros para la eliminación de personas en dicho padrón, circunstancia que expuso como una vulneración a las garantías de seguridad y certeza jurídica.

Las cuentas bancarias objeto de la restricción corresponden a una cuenta preferente y a una cuenta de inversión de vista preferente radicadas en la firma Banorte.

Al resolver sobre la solicitud de suspensión provisional en el cuaderno incidental con fecha del 22 de octubre de 2026, el juzgador federal determinó que el desconocimiento manifestado por el quejoso no resta validez a la actuación de la autoridad administrativa.

La resolución judicial fundó la negativa en la Ley de Amparo que establece la improcedencia de la suspensión cuando se afecten disposiciones de orden público y de interés social.

El fallo señaló que la orden emitida por la Unidad de Inteligencia Financiera goza de presunción de legalidad y responde a la facultad estatal de prevenir y detectar operaciones ejecutadas con recursos de procedencia ilícita.

Con la admisión a trámite del juicio de amparo, el juzgado solicitó a las autoridades señaladas como responsables, entre ellas la Presidencia de la República y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la rendición de sus informes justificados en un plazo de quince días.

De igual manera, el órgano jurisdiccional dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y fijó el 29 de octubre de 2026 para la celebración de la audiencia incidental en la que se decidirá sobre la suspensión definitiva del acto reclamado.

La fecha para la audiencia constitucional quedó programada para el 24 de noviembre de 2026, mientras que las autoridades requeridas deberán presentar las constancias que respalden la constitucionalidad del acto.

LOS OTROS DESIGNADOS

Además de Carlos Alberto, entre los individuos sancionados por la OFAC del Departamento del Tesoro, destaca la inclusión de su hermano Luis Alfonso Torres Torres, Rafael Buenrostro Martín, Pedro Ariel Mendívil García, Marco Antonio Moreno Gómez Santelices y Carlos Villela Gómez Santelices.

Otros son Hildegardo Gastélum García, Ismael Zambada Sicairos, Diosvany Samuel Chapotín Villalba, José Ángel Rivera Zazueta, Lorenzo Castillo Maldonado, Ilia Elizabeth Félix Rivera, Franklin Ernesto Huezo Hernández y Pedro Humberto Martínez Rodríguez.

La lista de personas físicas cierra con la designación de Francisco Javier Mendoza Uriarte, Jorge Luis Mendoza Uriarte,Jesús Rafael Yocupicio Yocupicio, Alfonso Arzate García, René Arzate García, así como los hermanos Jorge Mario Vera Ayala y Jerónimo Javier Vera Ayala.

En el sector empresarial y financiero se sancionó a Galerías Centro Cambiario, , Mía Centro Cambiario, Private Equity Baja, Private Equity Bursátil, Rivos Servicios, Vida Orgánica Tijuana, Publicidad e Imagen Integral, Servicios Hoteleros Gastélum, Conciertos y Espectáculos Inhouse, Festivales Artistas Mobiliario Asesoría, Wermak Publired, Raes Restaurante y The Woods Bar.

También fueron enlistadas las compañías Grupo Gasolinero Nueva Esperanza, Xolo Gas de Baja California, Inteliproof Efficient, Proyecto Alerta Verde, Videovigilancia Colaborativa, Baja Fixer Group, Edifika Desarrollos Baja, Holistic Wellwaves, Codesuam, Grupo Baja Firme y a la textilera Lthings Mexico.

FUENTE/MEDIO: SEMANARIO ZETA (INVESTIGACIONES).
AUTOR: 
ENLACE: https://zetatijuana.com/2026/10/carlos-torres-solicita-amparo-contra-bloqueo-de-cuentas-bancarias/

"Cero privilegios": Sheinbaum descarta permitir a senadores usar salas VIP del AICM

La Presidenta dio a conocer que legisladores presentaron una solicitud formal para utilizar los salones de protocolos de la terminal aérea de la capital, misma que fue rechazada por la SRE

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó este viernes que los Senadores u otros legisladores reciban un trato privilegiado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), luego de que estos solicitaron acceder a los salones diplomáticos o a las salas VIP que hay en la terminal aérea.
Al ser cuestionada durante la "mañanera del pueblo" respecto a si ella permitiría que servidores públicos utilicen estos espacios, la Jefa del Ejecutivo respondió: "claro que no, cero privilegios. Que no se nos olvide nunca de donde venimos, nosotros venimos de un movimiento social que luchó contra los privilegios de unos cuantos, entonces no puede ser que se llegue a donde estás y tu objetivo sea el privilegio".
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que recibió la solicitud de legisladores para poder utilizar las salas VIP del aeropuerto de la Ciudad de México (CdMx), la cual fue rechazada.


“Se confirma que se hizo la petición para el acceso al salón de protocolo del AICM y la respuesta de la Cancillería fue negativa”, indicó la Presidenta Sheinbaum luego de recibir un mensaje de la dependencia.
Con respecto a la petición de legisladores para recibir un trato privilegiado en el AICM, la Presidenta Sheinbaum consideró que esto no es correcto, ya que los servidores públicos no deben exigir privilegios.
"Hay que sentarse con todos, ¿cuál es el problema? Todos somos iguales, por eso luchamos siempre [...] Los legisladores son legisladores del pueblo, que no se les olvide de dónde vienen", expresó.
Presidente del Senado critica solicitud para usar salas VIP del AICM

El Presidente del Senado, el Senador Higinio Martínez, consideró que la solicitud de legisladores para poder utilizar las salas VIP del AICM que son para diplomáticos fue un "error garrafal".

El legislador reveló que un Senador planteó durante una reunión de la Mesa Directiva la posibilidad de solicitar a la SRE que permitiera a legisladores utilizar el salón de protocolos de la terminal aérea.

Martínez reveló que el legislador que presentó la solicitud a la Cancillería para utilizar las salas VIP fue el secretario técnico de la Mesa Directiva del Senado, Daniel Andrés Sibaja González, quien es militante de Morena.

FUENTE/MEDIO: SINEMBARGO.

“No fui yo, fue Jáuregui”, dijo Maru a la Presidenta. Y le reveló que era un corrupto

La Gobernadora de Chihuahua culpó al exfiscal por permitir el ingreso de agentes estadounidense para operar ilegalmente en territorio nacional

La Gobernadora María Eugenia "Maru" Campos Galván acusó a su Fiscal, César Gustavo Jáuregui Moreno, de ser quien permitió el ingreso de agentes de la CIA a Chihuahua y lo acuso de corrupto. Lo hizo durante el difícil encuentro que tuvo con la Presidenta de México el 19 de septiembre de este año. Claudia Sheinbaum Pardo le recomendó que acudiera ante la Fiscalía General de la República (FGR) y así lo hizo. La Jefa del Estado mexicano dijo esta mañana, en su conferencia de prensa, que la mandataria chihuahuense acudió ante Ernestina Godoy y allí ratificó sus dichos contra su compañero de partido y fórmula política durante muchos años.
"Cuando yo le dije 'es que entraron agentes' ella me dijo 'no fui yo, fue mi exfiscal'. Pero no sólo me dijo eso, me dijo que habían encontrado corrupción que había cometido el exfiscal", contó la Presidenta.
Campos dice que Jáuregui tiene casinos de apuestas.
"Me dijo que el exfiscal tiene casinos, que eso habían encontrado ellos cuando movió al Fiscal. ¿Qué le dijo la Presidenta? 'Procede, como debe de proceder cualquier ciudadano cuando encuentra actos que violan la Ley'", agregó Sheinbaum.
Ante la denuncia hecha por la Gobernadora de Chihuahua en contra de su exfiscal, la Presidenta Sheinbaum le recomendó que la Fiscalía estatal iniciara el procedimiento correspondiente para investigar este caso y se ofreció a ponerla en contacto con la titular de la FGR para denunciar estos hechos.


"Le dije, ‘por qué no procede la Fiscalía de Justicia del Estado de Chihuahua y si te parece le comento a la Fiscal General de la República para que te reciba’”, relató la Jefa del Ejecutivo.
Sheinbaum reveló que Maru Campos sí se reunió con Ernestina Godoy, ante quien ratificó su denuncia en contra de Jáuregui.
"La Fiscal puede contar lo que le dijo la Gobernadora de Chihuahua, que por lo que me comenta la Fiscal el dijo exactamente lo mismo: que el responsable de que hubieran entrado agentes a Chihuahua es el exfiscal y que además habían encontrado actos de corrupción", dijo.
La Presidenta y la Gobernadora intercambiaron reclamos durante su reunión

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó lo dicho por la Gobernadora Maru Campos durante su entrevista con Latinus: que durante su reunión, celebrada el pasado 19 de septiembre, ambas intercambiaron reclamos e incluso llegaron a alzar la voz.
"En efecto nos vimos en un salón pequeño que hay en el aeropuerto de Ciudad Juárez. Ella inició la conversación reclamándome. Levantamos la voz en algún momento, sí, las dos", declaró.
De acuerdo con el relato de Sheinbaum, Maru Campos le reclamó debido a que, según la Gobernadora, la había acusado de haber cometido Traición a la Patria, mientras que la Presidenta le expresó su molestia debido a que la chihuahuense calificó a su Administración como "el Gobierno de la muerte".
"Ella me reclamó de por qué la había acusado yo de Traición a la Patria. Yo le dije ‘no, tiene que investigarse por qué entraron agentes extranjeros sin permiso y acorde con la Ley de Seguridad Nacional", detalló la Jefa del Ejecutivo.
"Le dije 'yo no te acusé a ti, yo dije que el Gobierno de Chihuahua o alguien había violado la Ley de Seguridad Nacional. Y tú dijiste que nosotros éramos el Gobierno de la muerte, pues ¿qué es eso?", le dije -agregó.

La Presidenta Sheinbaum agregó que al finalizar su encuentro con Maru Campos le expresó que la relación entre ambas se mantendría únicamente por la vía institucional, por lo que reiteró que el Gobierno federal brindará apoyo al Gobierno de Chihuahua en todo lo que necesite.
"Cuando termina la conversación me dijo 'bueno, ¿cómo va a seguir la relación?' y le dije 'de manera institucional. Si tienes un tema de seguridad puedes hablar con el Secretario de Seguridad. Si tienes un tema que tenga que ver con cualquier otro tema institucional, entre el Gobierno federal y el Gobierno de Chihuahua, con la Secretaría de Gobernación te ayudamos en todo lo que necesites", contó Sheinbaum.
Maru Campos revela detalles de su reunión con Sheinbaum

La Gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, reveló que su encuentro con la Presidenta Sheinbaum, que tuvo lugar el pasado 19 de septiembre durante su visita al estado, fue una reunión tensa en la que intercambiaron reclamos e incluso se levantaron la voz, esto en una entrevista para Latinus.

La mandataria estatal contó que su encuentro con la Jefa del Ejecutivo se realizó en "una oficina lúgubre, triste, sin material en los escritorios, como que abandonada, sucia. Me sientan en una oficina en un escritorio chiquito [...] con unas tarjetas ejecutivas en blanco, unos lápices y me siento a esperarla".

Campos relató que, tras una espera de aproximadamente cinco minutos, la Presidenta llegó a la oficina y "hubo una conversación muy fuerte, muy tensa, una conversación llena de reproches, de reclamos mutuos. Fueron reclamos, reproches mutuos sobre todo sobre la situación de seguridad en el estado de Chihuahua y sobre la situación de seguridad en el país".
"Ella estaba muy enojada y yo también estaba muy enojada. Nos levantamos la voz las dos. Las dos nos levantamos la voz porque ella tenía un agravio por yo haber ingresado a los agentes norteamericanos a México, supuestamente. Pero mi agravio era porque 19 veces consecutivas en la más alta tribuna de este país, en la mañanera, se me acusó de Traición a la Patria", apuntó.
Maru Campos admitió que su reunión con la Presidenta Sheinbaum no terminó bien y agregó que desde el inicio del encuentro la situación fue tensa, ya que "fue directo por parte de ella a descargar esa ira, a descargar esas emociones que no había podido descargar, eso fue el 19 de septiembre, hace más de un mes, y yo no la había visto desde el 19 de abril".

De acuerdo con la declaración de la Gobernadora, la Jefa del Ejecutivo le reclamó por "meter a los americanos por la puerta de atrás. Tú generaste un conflicto con Estados Unidos y eres la única Gobernadora con la que no puedo tener una buena relación".
Según Maru Campos, las tres razones por las que la Presidenta Sheinbaum le reclamó fue por "los agentes norteamericanos en el narcolaboratorio, el agravio porque me dijiste 'la Presidenta de la muerte' [...] y una tercera que había agentes norteamericanos al interior de la Torre Centinela".

Maru fue a la FGR y acusó a Jáuregui de la CIA y de corrupto, confirma Ernestina

La Presidenta Sheinbaum reveló que la mandataria chihuahuense señaló a su excolaborador como el responsable de haber permitido el ingreso de agentes estadounidenses para operar en la entidad

La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, confirmó este viernes que la Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia "Maru" Campos, señaló a su exfiscal, César Jáuregui, como el responsable del "CIA Gate" e incluso se comprometió a presentar pruebas para comprobar esto y otros actos de corrupción en los que estaría implicado.
"Lo que ella me comentó en aquel momento es que quien había tenido la responsabilidad de todo lo que ya sabemos que sucedió en Chihuahua con la intervención de agentes extranjeros era su exfiscal y que era una persona corrupta, que tenía casinos, que tenía prestanombres, que nos iba a dar la información y eso desde luego hace que la Fiscalía abrió una nueva línea de investigación", dijo la Fiscal.
Horas antes, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló en la "mañanera del pueblo" que durante la reunión que sostuvo con Maru Campos, el pasado 19 de septiembre, la mandataria chihuahuense le informó que el exfiscal fue el responsable de permitir que agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) operaran en su estado y que era culpable de múltiples actos de corrupción.

Ante tales señalamientos, la Jefa del Ejecutivo relató que instruyó a la Gobernadora para que la Fiscalía de Chihuahua iniciara el proceso correspondiente contra Jáuregui, además de que le ofreció ponerla en contacto con la titular de la FGR para que formalizara su denuncia en contra de su excolaborador.


Más tarde este mismo viernes, la Fiscal Ernestina Godoy confirmó la versión de la Presidenta y detalló que sostuvo una reunión con Maru Campos, a petición de la mandataria estatal, la cual se llevó a cabo en las instalaciones de la FGR.
"Yo me reuní con la Gobernadora de Chihuahua en mi oficina. Ella me pidió una reunión y con todo gusto yo la recibí. Estuvo en la oficina un buen rato", precisó la titular de la Fiscalía.
Godoy dio a conocer que durante el encuentro con Maru Campos también estuvo presente David Boone, quien se desempeña como Fiscal Especializado de Control Regional.

La Fiscal señaló que durante su encuentro con la Gobernadora ambas acordaron que la FGR iniciaría un proceso en contra del exfiscal César Jáuregui por los delitos del orden federal, mientras que la Fiscalía chihuahuense presentaría acusaciones por los delitos del fuero común, que incluyen uso indebido de atribuciones y coalición de servidores públicos.

"Una de las cosas que también me comentó, y lo acordamos, ella sabía perfectamente cuál era el delito que se le iba a imputar por parte de la Federación, que es delitos contra la Ley de Seguridad Nacional, Traición a la Patria y ellos iban a ir por delitos del fuero común", declaró.


Maru culpó a Jáuregui por el "CIA gate" en encuentro con Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum reveló este viernes que durante su reunión con Maru Campos la Gobernadora señaló al exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, como el responsable de permitir que agentes de la CIA operaran de forma ilegal en la entidad, además de que lo señaló de estar implicado en distintos casos de corrupción.
"Cuando yo le dije 'es que entraron agentes' ella me dijo 'no fui yo, fue mi exfiscal'. Pero no sólo me dijo eso, me dijo que habían encontrado corrupción que había cometido el exfiscal", contó la Presidenta.
La mandataria chihuahuense le contó a la Jefa del Ejecutivo que su excolaborador también estaría implicado en distintos actos de corrupción, además de estar relacionado con varios casinos
"Me dijo que el exfiscal tiene casinos, que eso habían encontrado ellos cuando movió al Fiscal. ¿Qué le dijo la Presidenta? 'Procede, como debe de proceder cualquier ciudadano cuando encuentra actos que violan la Ley'", agregó Sheinbaum.
Ante la denuncia hecha por la Gobernadora de Chihuahua en contra de su exfiscal, la Presidenta Sheinbaum le recomendó que la Fiscalía estatal iniciara el procedimiento correspondiente para investigar este caso y se ofreció a ponerla en contacto con la titular de la FGR para denunciar estos hechos.

Auditoría anuncia revisión al INE: hay indicios de colusiones y triangulación de recursos

El procedimiento fiscalizador abarcará tanto a funcionarios del organismo como a las personas servidoras públicas y compañías privadas que participaron en los procesos de adjudicación

La Auditoría Superior de la Federación abrió una investigación de oficio respecto al presunto uso indebido de recursos públicos en el Instituto Nacional Electoral, en organismos locales y en empresas proveedoras involucradas.

El órgano fiscalizador informó en un boletín que ya cuenta con elementos e indicios sobre irregularidades en contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de fondos públicos.

La institución federal precisó que utilizará sus nuevas facultades legales para desahogar las indagatorias con absoluta independencia, objetividad y rigor técnico. El procedimiento fiscalizador abarcará tanto a funcionarios del organismo como a las personas servidoras públicas y compañías privadas que participaron en los procesos de adjudicación.


La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, respaldó la realización de auditorías profundas al advertir que no debe tolerarse ninguna sombra de corrupción en el Instituto Nacional Electoral ni en ningún espacio del país.

La mandataria sostuvo que la sociedad debe cuidar a la institución electoral sin defender intereses particulares como ocurrió en administraciones pasadas.


La consejera presidenta del organismo, Guadalupe Taddei, rechazó previamente la existencia de empresas favoritas en las licitaciones institucionales durante la presentación de un micrositio de transparencia.

La funcionaria electoral anunció en dicho evento que solicitaría formalmente la presencia de la propia Auditoría Superior de la Federación para revisar los procedimientos de compra, pero se negó a responder preguntar de la prensa sobre sus vínculos con empresarios contratistas.


La controversia se originó a partir de publicaciones del diario Reforma, que documentan la designación de Jesús Octavio García González como director de Administración del instituto en septiembre de 2025, después de haber fungido como representante legal de Corporativo Zeg para obtener un contrato de casi 200 millones de pesos en materiales para la elección judicial.

García González renunció a su cargo administrativo en abril de 2026, tras ser denunciado formalmente por conflicto de interés y abuso de funciones ante el Órgano Interno de Control del propio organismo.

Asimismo, documentos oficiales revelaron que Jonathan Navarrete Torres cobró un salario mensual de 45 mil 765 pesos como chofer con plaza de jefe de departamento, mientras ostentaba un poder notarial para pleitos y cobranzas de Corporativo Zeg que omitió en su manifestación de bienes.

Personal administrativo y elementos de seguridad del órgano electoral aseguraron que Navarrete Torres no asiste a laborar a las oficinas centrales, situación por la cual el secretario ejecutivo, Roberto Félix, solicitó un informe a las áreas correspondientes.

Investigaciones periodísticas documentaron que las labores de transporte y la preparación de alimentos de Taddei Zavala son ejecutadas por Luis Alberto Bustamante Canizales, quien percibe cerca de 70 mil pesos mensuales como líder de proyecto.

Combate al crimen

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la percepción de inseguridad de los mexicanos cayó al 58.1 % en el tercer trimestre de 2026, su nivel más bajo desde que inició el registro, tras una caída del 52 % en los homicidios durante los primeros 19 meses del gobierno actual.

Esto significa que casi seis de cada diez habitantes de más de 18 años consideraron inseguro vivir en su ciudad, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que reveló este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“Es el punto más bajo desde que inició la encuesta hace 13 años. Es decir, la gente se siente más segura”, señaló la presidenta durante su conferencia de prensa matutina.

El dato es un 4.9 % menor al 63 % del mismo periodo de 2025, acotó el Inegi en su reporte.

FGR reporta 32 fosas en 2025 y fiscalías estatales 651; prensa documenta hallazgos en todo México

La Plataforma Ciudadana de Fosas mostró diferencias en los registros de fosas clandestinas; mientras que la FGR reportó 32, las fiscalías estatales contabilizaron 651 y la revisión a notas de prensa identificó al menos 433

La Fiscalía General de la República (FGR) reportó 32 fosas clandestinas en seis entidades durante 2025, mientras que las respuestas de las fiscalías estatales permitieron documentar 651 en 16 estados y la revisión de notas de prensa identificó al menos 433 en las 32 entidades del país. 

Las diferencias forman parte de la actualización de la Plataforma Ciudadana de Fosas, cuyos responsables advirtieron que México sigue sin contar con un registro que permita conocer cuántas fosas se han localizado y dar seguimiento a los cuerpos, restos e identificaciones asociados con esos hallazgos.

En Sonora, la fiscalía estatal informó sobre 204 fosas, casi una tercera parte del recuento integrado con las respuestas de las fiscalías locales, pero la FGR no reportó ninguna. En Chihuahua, la autoridad estatal registró 85 y en Baja California Sur 71; para ambas entidades, el registro federal también fue de cero. En Jalisco, las cifras fueron de 71 fosas en la respuesta estatal y seis en la federal, mientras que en Michoacán fueron 28 y dos, respectivamente.

La plataforma, coordinada por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Data Cívica y Artículo 19, reúne las respuestas de las fiscalías a solicitudes de información y los hallazgos documentados en medios de comunicación. Sus integrantes explicaron que los tres conteos no pueden sumarse, porque una misma fosa puede aparecer en más de una fuente.

Pamela Benítez, coordinadora del área de datos de Data Cívica, señaló que la pregunta sobre cuántas fosas clandestinas hay en México sigue sin tener una respuesta que coincida entre las fuentes. “Esta respuesta cambia según la fuente que consultemos”, dijo. Para explicar las diferencias, sostuvo, es necesario conocer qué información recibe cada fiscalía y cómo construye su recuento, aspectos que las respuestas institucionales no permiten esclarecer por completo.

Algunas autoridades contestaron que no tenían hallazgos y otras entregaron información que no pudo analizarse. En cambio, el monitoreo de prensa permitió documentar al menos una fosa en cada entidad durante 2025. 

Registros que cambian y datos bajo reserva

El recuento elaborado con las respuestas de las fiscalías estatales pasó de 786 fosas en 2024 a 651 en 2025, pero en ese periodo disminuyó el acceso a información que pudiera utilizarse. Benítez advirtió que esa variación no puede interpretarse como una reducción directa en los hallazgos sin considerar los datos que las instituciones dejaron de entregar.

El informe Enterrar la verdad. Opacidad en la calidad de la información sobre fosas en México, elaborado por las organizaciones que integran la plataforma, documenta las dificultades para obtener esos registros. El estudio se basa en solicitudes realizadas durante 2026 a las 32 fiscalías estatales y a la FGR para conocer los hallazgos entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2025. 

Entre 2024 y 2025, la proporción de fiscalías estatales con información completa o parcial utilizable bajó de 84.4% a 62.5%. En la evaluación de calidad de 33 instituciones, incluidas las fiscalías estatales y la FGR, las respuestas calificadas como buenas pasaron de 19 a 13, mientras que las deficientes aumentaron de nueve a 13.

El deterioro en el acceso no ocurrió de la misma forma en todas las entidades. Aguascalientes, Chihuahua y Sonora mantuvieron respuestas con un nivel de información que la plataforma evaluó como bueno. Aguascalientes proporcionó, además, detalles sobre los métodos de identificación y el resguardo de los cuerpos. Baja California Sur pasó de no responder en la actualización de 2024 a entregar información sobre siete de las 10 variables solicitadas, lo que permitió documentar 71 fosas y 96 cuerpos para 2025.

En Baja California, la fiscalía reservó por cinco años los datos sobre fosas localizadas entre 2006 y 2025, aunque anteriormente había entregado información. La autoridad argumentó que publicar las estadísticas afectaría las investigaciones y la persecución de delitos, y podría poner en riesgo a víctimas y testigos. 

En una respuesta anterior, la fiscalía de Nayarit había informado de 41 hallazgos de fosas clandestinas entre 2018 y octubre de 2024. Sin embargo, en respuesta a la nueva solicitud indicó un registro de cero fosas y respondió con más de dos meses de retraso. 

Quintana Roo pasó de responder diez variables a ninguna, mientras que Tamaulipas perdió nueve puntos en la evaluación. En la serie de disponibilidad de información de 2022 a 2025, el informe ubica a Morelos sin respuestas utilizables en los cuatro cortes y a Hidalgo sin ellas desde 2023.

Las organizaciones advierten que estos vacíos describen límites para acceder a los registros y no permiten concluir que no se hayan localizado fosas.

Benítez explicó que, cuando una fiscalía reserva datos, omite un archivo o reduce el detalle de su respuesta, la plataforma pierde la posibilidad de seguir lo que sucede en ese territorio. A la falta de criterios compartidos entre autoridades añadió la falta de personal capacitado para llevar los registros y responder las solicitudes.

¿Qué se sabe de los cuerpos recuperados y su identificación?

La ausencia de información se extiende a las personas recuperadas. Para 2025, las fiscalías estatales reportaron 833 cuerpos y 226 restos. Jalisco concentró el mayor número de cuerpos, con 257, seguido de Sonora, con 239. Sin embargo, en 287 de los 833 cuerpos no se proporcionó información sobre el sexo. En el caso de los restos, ese dato faltó en 194 de los 226 registros. 

“Nuestra pregunta no termina en cuántas fosas se reportaron. Necesitamos saber dónde están, qué se recuperó de ellas, cuántas personas han sido identificadas y cuántas han vuelto con sus familias”, expresó Benítez. Añadió que, mientras la información dependa de respuestas incompletas y de criterios distintos entre instituciones, el conocimiento sobre la dimensión del problema seguirá siendo parcial.

El registro elaborado con notas de prensa ofrece otra distribución de los hallazgos. Siete entidades concentran 61% de las 433 fosas documentadas mediante esa revisión durante 2025. Sonora encabezó este conteo con 68, seguido de Chihuahua con 60 y Baja California Sur con 44. Jalisco y Sinaloa tuvieron 25 cada uno; Baja California, 23, y Guanajuato, 20.

En 15 entidades, el monitoreo de prensa documentó menos de 10 fosas. Ramírez aclaró que esa cifra no significa que no existan más hallazgos, sino que corresponde a los que pudieron documentarse. Los registros periodísticos permiten contrastar las respuestas oficiales, pero también dependen de que los descubrimientos se hagan públicos y sean cubiertos por los medios.

Entre los casos incluidos en esa revisión, Ramírez describió el hallazgo de 38 fosas con 89 cuerpos en el municipio de Casas Grandes, Chihuahua, en un sitio conocido como la fosa de Willy. En Jalisco, mencionó un predio de aproximadamente 20 hectáreas cerca del estadio Akron, donde una fosa en forma de L contenía 456 bolsas de plástico en las que se contabilizaron 62 cuerpos. En Baja California Sur, reportó 15 fosas en el tramo carretero de La Paz a San Juan de la Costa, donde se localizaron 24 osamentas: 19 correspondientes a hombres y cinco a mujeres.

Cecilia Delgado Grijalba, fundadora de Buscadoras por la Paz Sonora, sostuvo que las fosas localizadas en su estado superan las 204 reportadas por la fiscalía estatal. Relató que, a partir de enero de 2025, participaron en búsquedas en un predio cercano a la carretera 26, en las inmediaciones de Hermosillo. Habló de alrededor de 45 fosas y 65 cuerpos localizados y explicó que las exploraciones continuaban. 

La representante del colectivo informó que durante 2025 localizaron alrededor de 102 cuerpos y describió hallazgos de restos calcinados cuya fragmentación impide determinar con exactitud a cuántas personas corresponden. También narró la recuperación de 10 osamentas en la parte alta de un cerro, en un lugar al que llegaron gracias a información proporcionada de manera anónima. “Si no nos hubieran dicho de ese lugar, jamás lo hubiéramos encontrado”, expresó.

Su testimonio planteó otra limitación de los recuentos de fosas: durante las búsquedas también se localizan cuerpos expuestos que no necesariamente quedan incluidos en esa categoría. Delgado mencionó esta situación al hablar de Sonoyta y de los hallazgos en zonas de tránsito hacia Estados Unidos. Para las familias, explicó, el seguimiento debe permitir saber quiénes son las personas encontradas, aunque el lugar de recuperación no sea clasificado como una fosa.

Delgado comenzó a buscar a su hijo Jesús Ramón Martínez Delgado después de su desaparición, el 2 de diciembre de 2018. Fue localizado sin vida en 2020. La buscadora continúa buscando a su sobrino Moisés Alonso Reinoso Delgado, desaparecido el 23 de julio de 2020, y acompaña a otras familias. Relató que, cuando comenzó, no sabía cómo realizar búsquedas y tuvo que aprender junto con otras madres, hermanas y esposas, sin herramientas ni conocimientos previos.

La falta de registros, afirmó, tiene consecuencias después de la recuperación de los cuerpos. Explicó que ha acompañado a familias que no habían proporcionado muestras de ADN y que, después de hacerlo, pudieron localizar a sus familiares entre personas que llevaban entre ocho y 10 años en una fosa común. A ese paso por las instituciones sin que las familias conozcan el paradero lo llamó una “segunda desaparición”.

“De nada nos sirve encontrarlos si van a regresar a la segunda desaparición, que es la fosa común”, dijo. La demanda de una base nacional y otra estatal, explicó, busca que pueda seguirse cada hallazgo y conocerse si hubo una identificación y una entrega a la familia. 

Teuchitlán y los límites de la evidencia disponible

El caso de Jalisco también fue abordado mediante los avances de una investigación sobre el rancho Izaguirre, en Teuchitlán. Jorge Ruiz Reyes, investigador asociado del Laboratorio de Violencia y Justicia Transicional de la Universidad de Notre Dame, explicó que el trabajo se realiza con Data Cívica y la Universidad Iberoamericana a partir de fuentes abiertas. El informe se publicará en marzo del año siguiente a la presentación, cuando se cumplan dos años de los hallazgos difundidos por el colectivo Guerreras Buscadoras el 5 de marzo de 2025.

Ruiz Reyes señaló que el análisis busca reconstruir el contexto de violencia y desapariciones en Jalisco y los antecedentes de lo ocurrido en Teuchitlán. Para ello, los investigadores cruzan registros de desapariciones, datos sobre fosas provenientes de fiscalías y prensa, y la base de ACLED, un proyecto que documenta eventos relacionados con conflictos y proporciona sus coordenadas.

Una parte del trabajo analiza imágenes satelitales para identificar anomalías térmicas en el rancho. Ruiz explicó que el equipo encontró señales tanto en 2019 como en meses anteriores al hallazgo de marzo de 2025. Como Teuchitlán es una zona agrícola donde se realizan quemas, los investigadores compararon el sitio con 900 lugares de características similares en cinco municipios contiguos, registrados como ranchos o parcelas de agricultura.

Según los avances presentados, solo dos de cada 100 sitios analizados tuvieron una cantidad de anomalías térmicas parecida a la observada en el rancho Izaguirre. Ruiz aclaró que ese resultado no permite concluir que se hayan incinerado cuerpos de personas. “Ahorita no podemos todavía concluir que justo son anomalías térmicas debido a que se incineraron cuerpos de personas, pero pues sí nos están indicando que son anomalías fuera de lo normal de lo que se ve por lo general en la zona”, señaló.

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: FRASUA ESQUERRA.
FECHA: 21 OCTUBRE 2026.

Programa de Derechos Humanos de la Ibero denuncian agresiones a familias buscadoras en Lerma

Acusan agresiones ante manifestación de familias buscadoras, sin presencia de autoridades ni supervisión de comisión de derechos humanos. Se reporta una persona lesionada

Familias buscadoras fueron agredidas y puestas en riesgo inminente en la carretera México-Toluca, a la altura del municipio de Lerma, denuncia el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.

A las 8 de la mañana de este miércoles, las familias, a través de la institución, reportaron que desde el martes 20 de octubre el colectivo Mariposas Buscando Corazones y Justicia mantuvo el bloqueo en exigencia de atención de las autoridades del Estado de México en materia de búsqueda e investigación.

Tras cumplir 24 horas de protesta, señalaron, la situación escaló violentamente ante la inacción del Estado, pues las familias fueron agredidas por conductores que las amedrentaron directamente.

Además, tiraron su campamento y arrancaron violentamente las lonas con rostros de las personas desaparecidas de las y los manifestantes. Ante ello, una persona resultó lesionada.

“Sigue sin haber resguardo de elementos de Secretaría de Seguridad en el lugar. Las familias están sobre una carretera de alto tránsito, a merced de automovilistas violentos, completamente desprotegidas y sin señalización”, apuntaron en un comunicado.

Acusaron también que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) no ha llegado a documentar ni a monitorear la manifestación, con lo que las agresiones ocurrieron en total impunidad.

Exigencia de protección y diálogo institucional

Ante ello, exigen con urgencia que se brinde atención médica inmediata a la persona lesionada, que haya presencia de elementos policiacos y de tránsito que resguarden la integridad de las familias, así como el aseguramiento de la zona y los cortes a la circulación pertinentes para evitar más enfrentamientos.

Por otro lado llamaron a la CODHEM a hacer presencia y documentar los actos, al tiempo que pidieron la presencia del fiscal José Luis Cervantes Martínez. “A la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y al Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares: asumir su responsabilidad política, garantizar la seguridad e integridad de las familias y abrir una mesa de diálogo real para atender sus demandas”, apuntaron.

Denuncia por crisis humanitaria e ineficacia en investigaciones

En un posicionamiento dirigido a las autoridades del Estado de México, el colectivo Mariposas Buscando Corazones y Justicia, Flores en el corazón, explicaron que levantan la voz ante la crisis humanitaria que les atraviesa y la ineficacia institucional que les revictimiza día con día. “La entidad ocupa el doloroso primer lugar nacional en desapariciones, una problemática que claramente nos está rebasando, mientras las dependencias encargadas de darnos respuesta nos dan la espalda”, sostuvieron.

Denuncian la falta de empatía por parte de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, así como una falta de articulación entre los Ministerios Públicos y la Fiscalía de Género, lo que ha implicado un nulo avance en sus carpetas de investigación.

Petición de reestructuración y mayor presupuesto

En el pronunciamiento piden al fiscal Cervantes que cambie de raíz la estructura para la atención a personas desaparecidas. “Los colectivos aquí presentes ya no queremos la estructura actual que ha quedado en evidencia que no funciona y no ha dado resultados”, denunciaron.

Piden de manera urgente un mayor presupuesto y la asignación de mayor personal capacitado en todas las dependencias vinculadas a la búsqueda, además de que las instituciones dejen de trabajar como entes aislados.

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MARCELA NOCHEBUENA.

Gobierno identifica evasión de 61 mil 700 mdp en IEPS a combustibles; plantea limitar intermediarios

El gobierno de Sheinbaum detectó que en 2025 dejaron de pagarse 61 mil 700 millones de pesos por IEPS a combustibles; 72% de las inconsistencias se concentró en la comercialización

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum identificó que en 2025 dejaron de pagarse alrededor de 61 mil 700 millones de pesos por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los combustibles, debido a irregularidades en la importación y comercialización, mientras que entre enero y septiembre de 2026 se registraron 48 mil 411 millones de pesos adicionales por este gravamen como resultado de las medidas de control y fiscalización,

Así lo informaron la secretaria de Energía, Luz Elena González, y el subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Vidal Amaro, durante la conferencia matutina de este miércoles, en la que atribuyeron los desbalances detectados a prácticas como el contrabando de combustibles y la facturación de ventas inexistentes o por volúmenes superiores a los realmente comercializados.

De acuerdo con los datos presentados, el 72% de las inconsistencias identificadas en 2025 se concentró en el segmento de comercialización, por lo que el gobierno federal analiza modificar la ley para reducir la participación de los intermediarios en la cadena de distribución.

“Estimamos de acuerdo con esta información que en el año 2025 dejaron de pagarse por IEPS alrededor de 61 mil millones de pesos”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum al presentar los resultados de la estrategia interinstitucional para combatir los ilícitos en el mercado de combustibles.

La mandataria explicó que el gobierno federal también analiza cambios legales para limitar la figura del comercializador, debido a que estos intermediarios pueden comprar y vender combustibles sin contar necesariamente con infraestructura propia. Según expuso, una alternativa sería permitir que la importación se vincule directamente con las empresas de transporte o acotar la participación de los comercializadores.

Comercialización concentra 72% de las inconsistencias

Durante la presentación de los resultados, Luz Elena González explicó que el gobierno federal cruzó información de 16 instituciones para identificar diferencias entre los volúmenes de combustibles comprados, vendidos y facturados por las empresas que participan en la cadena de suministro.

Para realizar ese seguimiento, se puso en marcha un centro de análisis de datos que concentra información fiscal, regulatoria, operativa y de seguridad. La plataforma permite comparar los registros de importadores, comercializadores, distribuidores, empresas de transporte y almacenamiento, así como de estaciones de servicio.

La secretaria de Energía indicó que el análisis de las operaciones correspondientes a 2025 permitió detectar un desbalance de 8 mil 824 millones de litros, equivalente a aproximadamente 61 mil 700 millones de pesos.

La funcionaria precisó que el ejercicio se realizó con información de las facturas presentadas y registradas durante ese año, cuyo cierre fiscal permite establecer las diferencias entre compras y ventas declaradas.

El 72% de las inconsistencias identificadas se concentró en la comercialización, mientras que el 13% correspondió a los expendios, es decir, las estaciones de servicio. El resto se distribuyó entre los demás segmentos de la cadena de suministro.

González explicó que la cadena incluye a los importadores, que compran combustible en el extranjero y lo introducen al país; los comercializadores, que funcionan como intermediarios; las empresas de transporte y almacenamiento; los distribuidores, que compran combustibles al mayoreo y los venden a las gasolineras, y los expendios, donde se realiza la venta al público.

De acuerdo con la funcionaria, el país cuenta con 17 permisos de importación y 14 mil 587 permisos de expendio. En medio de ambos extremos participan empresas con distintas funciones y obligaciones, cuyos registros deben coincidir con los volúmenes de combustible que efectivamente adquieren y comercializan.

La secretaria sostuvo que el cruce de información permite identificar qué empresas venden combustible sin que exista un origen declarado en sus facturas. Añadió que las compañías que utilizaron sus permisos de manera inadecuada deberán responder ante las autoridades competentes y regularizar sus obligaciones fiscales.

También indicó que durante 2026 se mantiene un seguimiento permanente de las operaciones para detectar irregularidades en cuanto ocurren, sin esperar al cierre del ejercicio fiscal.

Gobierno reporta 48 mil 411 mdp adicionales por IEPS en 2026

Juan José Vidal Amaro informó que entre enero y septiembre de 2026 aumentaron los ingresos registrados por IEPS a los combustibles como resultado de las medidas de control aplicadas por el gobierno federal.

El subsecretario reportó que las declaraciones del impuesto aumentaron 7.2% entre 2024 y 2025, y 11.8% en 2026. De acuerdo con las cifras presentadas, el incremento registrado durante el último año equivale a 48 mil 411 millones de pesos.

El funcionario atribuyó estos resultados a las acciones de coordinación entre dependencias, la rectificación de las declaraciones de importación, el aumento de las ventas de Petróleos Mexicanos (Pemex), el crecimiento de las importaciones declaradas y otras medidas de supervisión.

El gobierno presentó estos resultados en el contexto de las acciones para reducir el contrabando de combustibles y aumentar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las empresas que participan en su importación, distribución y venta.

Gobierno reporta recuperación de mil 952 millones de litros

Como parte de las revisiones aduaneras, Vidal Amaro informó que las autoridades recuperaron mil 952 millones de litros de combustibles que pretendían ingresar ilegalmente al país. El volumen equivale a 13 mil 664 millones de pesos en IEPS, según los cálculos presentados durante la conferencia.

Las acciones se realizaron en 14 aduanas del país. Además, se impusieron 500 multas por declaraciones de información errónea, tardía o inexacta, y se iniciaron procedimientos administrativos y legales contra ocho agentes aduanales.

Vidal Amaro indicó que el volumen de combustibles declarado en las importaciones aumentó 10.54%, al pasar de 23 mil 933 millones a 26 mil 455 millones de litros, de acuerdo con las cifras expuestas por el funcionario.

El subsecretario también reportó un incremento de 17.9% en las ventas de gasolina y diésel de Pemex entre enero y septiembre de 2026, con un valor económico de 160 mil 589 millones de pesos.

En materia de transporte, la Comisión Nacional de Energía registró, identificó y dio seguimiento a 61 mil 557 unidades que trasladan combustibles mediante códigos QR y sistemas de posicionamiento global (GPS), con el objetivo de que las autoridades puedan verificar sus movimientos en carretera.

Además, la Comisión canceló 264 permisos de expendio y comercialización, mientras que otros 307 se encontraban en procedimientos de sanción y revocación.

SAT cancela 2 mil 224 empresas por vender combustibles sin permisos

Entre las medidas fiscales, Vidal Amaro informó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) canceló 2 mil 224 empresas por vender combustibles sin contar con los permisos correspondientes.

El organismo también impuso 6 mil 483 multas a 20 mil 32 gasolineras por presentar de manera inadecuada los controles volumétricos a los que están obligadas. Asimismo, dio de baja del padrón de importadores a 180 empresas por contrabando y catalogó a otras 175 como factureras, con los avisos correspondientes a las autoridades.

El subsecretario explicó que las medidas de control también se reflejaron en un aumento de los volúmenes de combustibles vendidos legalmente que fueron facturados y declarados ante las autoridades fiscales.

Entre 2024 y 2025, esos volúmenes aumentaron 4.4%, mientras que entre 2025 y 2026 el incremento fue de 13.4%, según los datos presentados.

Presentan denuncias por contrabando, defraudación y robo de combustible

Las autoridades federales también informaron sobre las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por distintas dependencias involucradas en la estrategia contra los ilícitos en el mercado de combustibles.

El SAT presentó 152 denuncias por contrabando e incumplimiento de los controles volumétricos, mientras que la Procuraduría Fiscal de la Federación reportó 127 casos por defraudación fiscal.

La Comisión Nacional de Energía presentó 150 casos penales por inconsistencias en los volúmenes despachados en estaciones de servicio. Pemex, por su parte, presentó 10 mil 674 denuncias por robo de combustible, y la Agencia Nacional de Aduanas de México informó sobre 11 casos por contrabando y falsedad en las declaraciones de los volúmenes importados.

En cuanto a los operativos de seguridad, realizados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y la FGR, el subsecretario reportó la detención de 2 mil 539 personas.

También se decomisaron 5 mil 572 unidades de transporte, entre pipas, autotanques, remolques y carrotanques, además de 173.7 millones de litros de distintos combustibles.

Sheinbaum plantea plataforma pública con información de empresas

La presidenta señaló que el gobierno federal busca ampliar la transparencia sobre las compañías que participan en las distintas etapas de la cadena de distribución de combustibles.

Como parte de ese objetivo, anunció que se trabaja en una plataforma pública que permita conocer los nombres de las personas que participan en empresas vinculadas con la importación, comercialización y distribución de hidrocarburos.

“Pues esta es la transparencia a la que nos comprometimos y parte de esto queremos que también haya una plataforma pública para que se pueda conocer”, afirmó.

Sheinbaum explicó que el centro de monitoreo integra información del SAT, las aduanas y los permisos de importación, así como datos sobre los buques que llegan a las terminales mexicanas y los tanques y ferrotanques que ingresan por las aduanas terrestres.

Añadió que la Agencia Nacional de Aduanas mantiene comunicación con su contraparte en Estados Unidos para verificar los volúmenes de combustible que salen de ese país y comprobar que correspondan con los que llegan a México.

La mandataria también señaló que el gobierno mantiene acciones para combatir el robo de combustibles mediante perforaciones ilegales en los ductos de Pemex. En ese rubro, dijo, se desarrolla un proceso de modernización del sistema de distribución de la empresa estatal para prevenir delitos durante el traslado y la venta de hidrocarburos.

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ANIMAL POLÍTICO.
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