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Gobierno identifica evasión de 61 mil 700 mdp en IEPS a combustibles; plantea limitar intermediarios

El gobierno de Sheinbaum detectó que en 2025 dejaron de pagarse 61 mil 700 millones de pesos por IEPS a combustibles; 72% de las inconsistencias se concentró en la comercialización

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum identificó que en 2025 dejaron de pagarse alrededor de 61 mil 700 millones de pesos por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los combustibles, debido a irregularidades en la importación y comercialización, mientras que entre enero y septiembre de 2026 se registraron 48 mil 411 millones de pesos adicionales por este gravamen como resultado de las medidas de control y fiscalización,

Así lo informaron la secretaria de Energía, Luz Elena González, y el subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Vidal Amaro, durante la conferencia matutina de este miércoles, en la que atribuyeron los desbalances detectados a prácticas como el contrabando de combustibles y la facturación de ventas inexistentes o por volúmenes superiores a los realmente comercializados.

De acuerdo con los datos presentados, el 72% de las inconsistencias identificadas en 2025 se concentró en el segmento de comercialización, por lo que el gobierno federal analiza modificar la ley para reducir la participación de los intermediarios en la cadena de distribución.

“Estimamos de acuerdo con esta información que en el año 2025 dejaron de pagarse por IEPS alrededor de 61 mil millones de pesos”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum al presentar los resultados de la estrategia interinstitucional para combatir los ilícitos en el mercado de combustibles.

La mandataria explicó que el gobierno federal también analiza cambios legales para limitar la figura del comercializador, debido a que estos intermediarios pueden comprar y vender combustibles sin contar necesariamente con infraestructura propia. Según expuso, una alternativa sería permitir que la importación se vincule directamente con las empresas de transporte o acotar la participación de los comercializadores.

Comercialización concentra 72% de las inconsistencias

Durante la presentación de los resultados, Luz Elena González explicó que el gobierno federal cruzó información de 16 instituciones para identificar diferencias entre los volúmenes de combustibles comprados, vendidos y facturados por las empresas que participan en la cadena de suministro.

Para realizar ese seguimiento, se puso en marcha un centro de análisis de datos que concentra información fiscal, regulatoria, operativa y de seguridad. La plataforma permite comparar los registros de importadores, comercializadores, distribuidores, empresas de transporte y almacenamiento, así como de estaciones de servicio.

La secretaria de Energía indicó que el análisis de las operaciones correspondientes a 2025 permitió detectar un desbalance de 8 mil 824 millones de litros, equivalente a aproximadamente 61 mil 700 millones de pesos.

La funcionaria precisó que el ejercicio se realizó con información de las facturas presentadas y registradas durante ese año, cuyo cierre fiscal permite establecer las diferencias entre compras y ventas declaradas.

El 72% de las inconsistencias identificadas se concentró en la comercialización, mientras que el 13% correspondió a los expendios, es decir, las estaciones de servicio. El resto se distribuyó entre los demás segmentos de la cadena de suministro.

González explicó que la cadena incluye a los importadores, que compran combustible en el extranjero y lo introducen al país; los comercializadores, que funcionan como intermediarios; las empresas de transporte y almacenamiento; los distribuidores, que compran combustibles al mayoreo y los venden a las gasolineras, y los expendios, donde se realiza la venta al público.

De acuerdo con la funcionaria, el país cuenta con 17 permisos de importación y 14 mil 587 permisos de expendio. En medio de ambos extremos participan empresas con distintas funciones y obligaciones, cuyos registros deben coincidir con los volúmenes de combustible que efectivamente adquieren y comercializan.

La secretaria sostuvo que el cruce de información permite identificar qué empresas venden combustible sin que exista un origen declarado en sus facturas. Añadió que las compañías que utilizaron sus permisos de manera inadecuada deberán responder ante las autoridades competentes y regularizar sus obligaciones fiscales.

También indicó que durante 2026 se mantiene un seguimiento permanente de las operaciones para detectar irregularidades en cuanto ocurren, sin esperar al cierre del ejercicio fiscal.

Gobierno reporta 48 mil 411 mdp adicionales por IEPS en 2026

Juan José Vidal Amaro informó que entre enero y septiembre de 2026 aumentaron los ingresos registrados por IEPS a los combustibles como resultado de las medidas de control aplicadas por el gobierno federal.

El subsecretario reportó que las declaraciones del impuesto aumentaron 7.2% entre 2024 y 2025, y 11.8% en 2026. De acuerdo con las cifras presentadas, el incremento registrado durante el último año equivale a 48 mil 411 millones de pesos.

El funcionario atribuyó estos resultados a las acciones de coordinación entre dependencias, la rectificación de las declaraciones de importación, el aumento de las ventas de Petróleos Mexicanos (Pemex), el crecimiento de las importaciones declaradas y otras medidas de supervisión.

El gobierno presentó estos resultados en el contexto de las acciones para reducir el contrabando de combustibles y aumentar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las empresas que participan en su importación, distribución y venta.

Gobierno reporta recuperación de mil 952 millones de litros

Como parte de las revisiones aduaneras, Vidal Amaro informó que las autoridades recuperaron mil 952 millones de litros de combustibles que pretendían ingresar ilegalmente al país. El volumen equivale a 13 mil 664 millones de pesos en IEPS, según los cálculos presentados durante la conferencia.

Las acciones se realizaron en 14 aduanas del país. Además, se impusieron 500 multas por declaraciones de información errónea, tardía o inexacta, y se iniciaron procedimientos administrativos y legales contra ocho agentes aduanales.

Vidal Amaro indicó que el volumen de combustibles declarado en las importaciones aumentó 10.54%, al pasar de 23 mil 933 millones a 26 mil 455 millones de litros, de acuerdo con las cifras expuestas por el funcionario.

El subsecretario también reportó un incremento de 17.9% en las ventas de gasolina y diésel de Pemex entre enero y septiembre de 2026, con un valor económico de 160 mil 589 millones de pesos.

En materia de transporte, la Comisión Nacional de Energía registró, identificó y dio seguimiento a 61 mil 557 unidades que trasladan combustibles mediante códigos QR y sistemas de posicionamiento global (GPS), con el objetivo de que las autoridades puedan verificar sus movimientos en carretera.

Además, la Comisión canceló 264 permisos de expendio y comercialización, mientras que otros 307 se encontraban en procedimientos de sanción y revocación.

SAT cancela 2 mil 224 empresas por vender combustibles sin permisos

Entre las medidas fiscales, Vidal Amaro informó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) canceló 2 mil 224 empresas por vender combustibles sin contar con los permisos correspondientes.

El organismo también impuso 6 mil 483 multas a 20 mil 32 gasolineras por presentar de manera inadecuada los controles volumétricos a los que están obligadas. Asimismo, dio de baja del padrón de importadores a 180 empresas por contrabando y catalogó a otras 175 como factureras, con los avisos correspondientes a las autoridades.

El subsecretario explicó que las medidas de control también se reflejaron en un aumento de los volúmenes de combustibles vendidos legalmente que fueron facturados y declarados ante las autoridades fiscales.

Entre 2024 y 2025, esos volúmenes aumentaron 4.4%, mientras que entre 2025 y 2026 el incremento fue de 13.4%, según los datos presentados.

Presentan denuncias por contrabando, defraudación y robo de combustible

Las autoridades federales también informaron sobre las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por distintas dependencias involucradas en la estrategia contra los ilícitos en el mercado de combustibles.

El SAT presentó 152 denuncias por contrabando e incumplimiento de los controles volumétricos, mientras que la Procuraduría Fiscal de la Federación reportó 127 casos por defraudación fiscal.

La Comisión Nacional de Energía presentó 150 casos penales por inconsistencias en los volúmenes despachados en estaciones de servicio. Pemex, por su parte, presentó 10 mil 674 denuncias por robo de combustible, y la Agencia Nacional de Aduanas de México informó sobre 11 casos por contrabando y falsedad en las declaraciones de los volúmenes importados.

En cuanto a los operativos de seguridad, realizados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y la FGR, el subsecretario reportó la detención de 2 mil 539 personas.

También se decomisaron 5 mil 572 unidades de transporte, entre pipas, autotanques, remolques y carrotanques, además de 173.7 millones de litros de distintos combustibles.

Sheinbaum plantea plataforma pública con información de empresas

La presidenta señaló que el gobierno federal busca ampliar la transparencia sobre las compañías que participan en las distintas etapas de la cadena de distribución de combustibles.

Como parte de ese objetivo, anunció que se trabaja en una plataforma pública que permita conocer los nombres de las personas que participan en empresas vinculadas con la importación, comercialización y distribución de hidrocarburos.

“Pues esta es la transparencia a la que nos comprometimos y parte de esto queremos que también haya una plataforma pública para que se pueda conocer”, afirmó.

Sheinbaum explicó que el centro de monitoreo integra información del SAT, las aduanas y los permisos de importación, así como datos sobre los buques que llegan a las terminales mexicanas y los tanques y ferrotanques que ingresan por las aduanas terrestres.

Añadió que la Agencia Nacional de Aduanas mantiene comunicación con su contraparte en Estados Unidos para verificar los volúmenes de combustible que salen de ese país y comprobar que correspondan con los que llegan a México.

La mandataria también señaló que el gobierno mantiene acciones para combatir el robo de combustibles mediante perforaciones ilegales en los ductos de Pemex. En ese rubro, dijo, se desarrolla un proceso de modernización del sistema de distribución de la empresa estatal para prevenir delitos durante el traslado y la venta de hidrocarburos.

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ANIMAL POLÍTICO.
ENLACE: https://grupoanimal.mx/politica/gobierno-evasion-61-mil-700-mdp-ieps-combustibles

Caso César Jáuregui: dictan prisión preventiva contra exfiscal de Chihuahua; FGR recuerda el secuestro de Maduro

El juez federal Ricardo Alfonso Santos Dorantes dictó prisión preventiva contra el exfiscal de Chihuahua por traición a la patria, con audiencia de vinculación para el 24 de octubre. La FGR alegó “falta de lealtad” por el operativo con agentes estadunidenses e invocó lo ocurrido con Venezuela para advertir del riesgo de permitir actuaciones similares

El juez federal Ricardo Alfonso Santos Dorantes dictó prisión preventiva contra el exfiscal de Chihuahua César Gustavo Jáuregui Moreno por traición a la patria, y fijó para el próximo 24 de octubre a las 15:00 horas su audiencia de vinculación a proceso.

Santos Dorantes es distinto a la jueza que giró la orden de aprehensión y que requirió al exfiscal en los juzgados del Altiplano, Estado de México. Se trata de la jueza Mariana Vieyra Valdés, quien renunció a su cargo momentos antes de la audiencia inicial donde se formuló la imputación.

De acuerdo con la defensa del exfiscal, señalamientos contenidos en la causa penal 408/2026, la Fiscalía General de la República (FGR) alega la falta de lealtad de Jáuregui Moreno hacia México por el operativo en el que participaron agentes estadunidenses contra un narcolaboratorio en El Pinal, municipio de Morelos, y “llegan al absurdo de comparar eso con lo que Estados Unidos hizo con Valenzuela: puso en riesgo al país al conocer que Estados Unidos busca intervenir en México”.

La defensa de Jáuregui detalló que la representación social solicitó la presión preventiva porque calificó su actuación como una “falta de lealtad” a la nación y un acto de “grave deslealtad” por haber consentido la participación de extranjeros en esa intervención contra la producción de drogas.
“La FGR incluso invocó acontecimientos internacionales para sostener su petición: ‘Recordemos qué es Estados Unidos, recordemos qué hizo recientemente con Venezuela (invasión al país sudamericano para secuestrar a Nicolás Maduro)’, y advirtió que permitir actuaciones semejantes pondría en grave riesgo a México”, agregó la defensa del exfiscal ante medios de comunicación, ya que la audiencia fue semicerrada en el juzgado del Altiplano, Estado de México, por motivos de “seguridad nacional”.
En la audiencia, la defensa del exfiscal de Chihuahua objetó imprecisiones de la FGR, y aclaró que la acusación ministerial no equivale a una declaración judicial de culpabilidad.

Asimismo se presentaron las declaraciones de 45 personas, como en el caso de la causa penal que le siguen a Jáuregui en el fuero común por uso indebido del ejercicio público y coalición de servidores públicos.

La audiencia inicialmente estaba programada a las 8:30 horas de ayer martes, pero por petición de la defensa fue aplazada 12 horas para permitir que los abogados del imputado conocieran detalles de la acusación.

Mientras tanto, la audiencia de vinculación a proceso en el juzgado del Tribunal Superior de Justicia del estado de Chihuahua será mañana jueves a las 10:00 horas.

Exalcaldesa de Chilpancingo renuncia a Morena tras ser excluida de candidaturas; buscará competir en 2027

Morena le canceló el registro como militante a Norma Otilia Hernández en 2024, tras ser exhibida en una reunión con un presunto líder de Los Ardillos, pero al año siguiente le fueron restituidos sus derechos partidistas. Hasta el día de hoy, la exmorenista continúa subsanando observaciones de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal de 2024, último año de su gobierno municipal

La exalcaldesa de Chilpancingo y hasta esta semana consejera nacional de Morena, Norma Otilia Hernández Martínez, renunció a ese partido después de haber sido excluida de las candidaturas tras la difusión de videos que la exhibieron en una reunión con un presunto líder criminal.  

La exedil, quien buscaba una candidatura al Senado en 2024, responsabilizó a Morena de la derrota electoral que sufrió en la capital de Guerrero ese año y advirtió que su nombre aparecerá en las boletas de 2027, aunque no precisó si buscará la gubernatura o nuevamente la presidencia municipal de Chilpancingo.  

En su despedida también reconoció que enfrenta observaciones por casi 90 millones de pesos correspondientes a la cuenta pública de 2024, último año de su administración.  

Hernández Martínez presentó su renuncia a la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, mediante una carta fechada el 15 de octubre y recibida el lunes 19.

El martes 20 anunció públicamente su separación durante una conferencia de prensa realizada en su complejo de eventos Real Campestre, ante más de 200 colonos y trabajadores municipales que fueron llevados al lugar para respaldarla.  

Bajo el lema “Sumando conciencias de izquierdas”, la exalcaldesa anunció que continuará su actividad política fuera de Morena.  
“Nos vemos en el 2027”, advirtió.
La reunión que frustró sus aspiraciones

Norma Otilia Hernández adquirió notoriedad nacional después de la difusión de videos y audios de una reunión que sostuvo en un restaurante con Celso Ortega Jiménez, identificado por las autoridades como presunto líder del grupo delictivo Los Ardillos.  

El encuentro fue exhibido cuando la entonces alcaldesa buscaba obtener una candidatura de Morena al Senado de la República.  

La difusión del material provocó un escándalo político que terminó por dejarla fuera de las postulaciones del partido para las elecciones de 2024.  

En ese proceso, Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, encabezó por segunda ocasión la fórmula de Morena al Senado, acompañado por Beatriz Mojica Morga, quien actualmente figura entre los perfiles para disputar la candidatura a la gubernatura de Guerrero en 2027.  

En septiembre de 2024, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena canceló el registro como militante de Hernández Martínez, aunque en marzo de 2025 le fueron restituidos sus derechos políticos.  

Desde entonces, la exalcaldesa ha mantenido su presencia pública mediante la agrupación Amigos Ciudadanos de Guerrero.  

Durante la conferencia de prensa estuvo acompañada por su esposo, Diego Omar Benigno González, quien aseguró a Proceso que, después de la difusión de los videos en los que también aparece, la Fiscalía de Guerrero (FGE) informó a la Fiscalía General de la República (FGR) que no existía una carpeta de investigación contra Hernández Martínez.  

La derrota de Morena en Chilpancingo

En su despedida, la exalcaldesa también cuestionó las decisiones de Morena que, sostuvo, provocaron la pérdida de la presidencia municipal de Chilpancingo en las elecciones de 2024.  

La capital guerrerense fue ganada por Alejandro Arcos Catalán, candidato de la coalición del PRI, PAN y PRD, quien asumió el cargo el 30 de septiembre de ese año.  
Sin embargo, Arcos fue asesinado el 6 de octubre de 2024, apenas seis días después de rendir protesta, tras presuntamente acudir a una reunión con integrantes de un grupo delictivo.
El crimen ocurrió en medio de la disputa de organizaciones criminales por el control de la región Centro de Guerrero y agravó la crisis de seguridad y gobernabilidad en la capital.

Hernández Martínez no precisó bajo qué partido buscará competir en 2027, cuando se renovarán la gubernatura y los ayuntamientos de Guerrero.

Observaciones por casi 90 millones de pesos

Durante la conferencia, la ahora exmorenista reconoció que continúa subsanando observaciones de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal de 2024, último año de su gobierno municipal.  
En enero de 2026, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que detectó un monto pendiente de aclarar por 89 millones 480 mil 719 pesos en el gobierno de Chilpancingo, encabezado entonces por Hernández Martínez. 
Las observaciones corresponden a recursos del gasto federalizado y permanecían sujetas al proceso de aclaración ante el órgano fiscalizador.

La exalcaldesa sostuvo que continúa atendiendo esos señalamientos, mientras prepara su regreso a la competencia electoral fuera del partido que la llevó a gobernar la capital de Guerrero.

Soberanía y colaboración, la delgada línea que el morenista Pérez Cuéllar dice haber respetado con EU

El “coordinador” de Morena para la elección a gobernador en Chihuahua reconoce lo difícil que le ha resultado sumar al bloque encabezado por la senadora Andrea Chávez, pero la aceptación de la legisladora a contender por Ciudad Juárez, ciudad que él gobernó durante cinco años, podría facilitar su camino para ocupar el palacio de Gobierno que ahora está en manos del PAN, partido en el que Pérez Cuéllar militó durante 27 años

El “coordinador” de Morena para la próxima elección a gobernador de Chihuahua, Cruz Pérez Cuéllar, se dice tranquilo en su relación con el gobierno de Estados Unidos mientras fue alcalde de Ciudad Juárez entre 2021 y mayo pasado, cuando tuvieron lugar acciones de seguridad conjuntas.

“No tengo nada que ocultar”, afirma en entrevista con Proceso en la Ciudad de México.

Aseguró haber desarrollado una “mesa de seguridad binacional” y una buena relación con las autoridades de Estados Unidos, con el que Ciudad Juárez hace frontera en El Paso, Texas.

“Te pongo ejemplos: te habla la autoridad norteamericana, porque somos frontera, y te dice: ‘Oye, parece que hay un dron que salió de tal lado’. Vamos, revisamos y actuamos. Pero no les decimos: ‘Vénganse a patrullar a Juárez’. Es una línea delgada, pero muy importante. Pasamos la información, no tenemos nada que ocultar, y yo mantengo una gran relación, lo digo abiertamente, pero siempre respetando la soberanía”, apuntó el aspirante a candidato.

Añadió: “Tenemos una mesa de seguridad binacional, en donde a veces acudíamos nosotros para allá, o ellos venían a Ciudad Juárez, y las autoridades federales estaban informadas y presentes. Nos faltamos al respeto a nosotros mismos cuando violamos nuestra soberanía, pero sí se puede tener una buena relación y colaboración sin problema”.

Cruz Pérez asegura contar con visa estadunidense, y que los casos de gobernadores actuales con cuestionamientos al respecto de este trámite migratorio deben revisarse.

“El tema de la visa es un tema que no depende de uno (...) Primero, habría que revisar cada caso; segundo, que no depende de nosotros, al final de cuentas es una decisión del gobierno norteamericano. Y tercero, que no debemos caer en ese juego”.

Insiste que por tener visa recientemente viajó a Estados Unidos; y niega tener doble nacionalidad pese a haber nacido en la franja fronteriza.

Pérez Cuéllar destaca tres grandes pendientes en la entidad: la falta de colaboración con el gobierno federal, el escaso aprovechamiento económico de las fronteras con Estados Unidos, y la inseguridad.

En el primero de estos rubros, aseguró que la sola entidad tiene el mismo territorio de Inglaterra, pero desaprovechado:

“Chihuahua tiene cuatro fronteras con Estados Unidos, y realmente bien aprovechada está una: El Paso-Juárez. El potencial económico da para muchísimo más. No hay desarrollo regional”, dice mientras ejemplifica con la carretera estatal que conecta con la frontera Ojinaga-Presidio, que según el coordinador “está destrozada” y no permite aprovechar la agroindustria.

“Todo es inercial, desde el centro del estado se toman decisiones. No está generando los suficientes empleos y las suficientes oportunidades para nuestros jóvenes. Muchos de nuestros jóvenes se nos van”, acusa.

Respecto a la situación de la sierra Tarahumara y la inseguridad en esa y demás zonas del territorio chihuahuense, en donde el narcotráfico se ha asentado desde hace años, refiere sus resultados en la materia durante su gestión en Juárez; sin embargo, considera que el tema, a nivel estatal, continúa sin atenderse correctamente.

“Hay una consecuencia natural: todos hemos oído hablar del Triángulo Dorado… este coletazo de todo lo que sucedió en Sinaloa ha repercutido en algunas zonas de Chihuahua. Habrá que ir viendo cómo evoluciona y en su momento tomar decisiones”, señala.

“Es un estado fronterizo es complejo, y también hay riqueza, entonces se tiene que hacer mucho trabajo. La autoridad tiene que estar muy atenta para combatir a todos por igual, y coordinarlos”.

Esa situación también ha sido reflejo de la falta de colaboración con el gobierno federal, refiere, al señalar que deben “tomarse de la mano” con la presidenta Claudia Sheinbaum.

En abril pasado el gobierno estatal y federal abrieron una etapa de confrontación política cuando por un accidente automovilístico se supo que la DEA participó en un operativo para destruir un laboratorio de drogas en la sierra Tarahumara, sin que el gobierno tuviera conocimiento de la participación de los estadunidenses, a pesar de que la zona del operativo estuvo resguarda por el ejército.

La confrontación derivó la semana pasada en la detención del entonces fiscal César Jaúregui bajó la acusación de “traición a la patria”, fincada por la Fiscalía General de la República.

“En Chihuahua hay que rescatar la confianza entre los dos niveles de gobierno. Chihuahua ha vivido un divorcio del gobierno de México desde que llegó el presidente López Obrador. No es de ahora, es desde entonces, y este divorcio, o este pleito, no ayuda a los chihuahuenses. El solo hecho de que haya una muy buena coordinación puede generar cosas positivas para el estado”.

Gobernado por el PAN, Chihuahua es una de las entidades en las que Morena pretende ganar por primera vez, aunque el proceso de selección del “coordinador” de la llamada transformación tuvo un alto costo político, en particular para el llamado Grupo Tabasco, que promovió a la senadora Andrea Chávez.

Panista gran parte de su carrera política, militante de Movimiento Ciudadano y ahora de Morena, Pérez Cuéllar se dice leal al lopezobradorismo.

El exalcalde de Ciudad Juárez responde a quienes dudan de su lealtad a la autollamada Cuarta Transformación (4T), sin renegar de su pasado: militó 27 años en el PAN, a donde dice haber llegado por la lucha democrática y no por ideología, y asegura que a Morena lo acercó, más que una doctrina, la admiración por López Obrador.

“Tengo que ser completamente honesto: me sumé por la admiración que sentía por López Obrador (...) Llegué más por un tema de admiración (a AMLO) que por un tema ideológico. Lo digo con franqueza.

“Llegué antes de que se diera todo este gran fenómeno político, social, y he sido leal. Hay otras figuras que han llegado a través de Morena, y ya sabemos cómo le han pagado a Morena (...) He demostrado en los hechos, y con la lealtad al proyecto, que verdaderamente me integré a Morena”, agrega.

Tras poco más de una década en la 4T —primero como senador y luego alcalde de Juárez—, Cruz Pérez enfrentó la contienda interna más reñida para conseguir el título de “coordinador estatal en defensa de la transformación y la soberanía nacional”, nombre que Morena da a sus eventuales candidatos.

Venció en las encuestas internas del partido a la senadora con licencia Andrea Chávez Treviño, quien desde meses atrás recibió el respaldo de Adán Augusto López y era la ficha de gran parte del morenismo. La contienda fue una de las más esperadas en la definición de los 17 aspirantes a gobernadores para 2027, y también fue la última en resolverse.

“Fueron dos perfiles. Uno fue más atractivo para algunos, en términos de la juventud, de la frescura seguramente, y en mi caso creo que la trayectoria, la experiencia y el haber gobernado una ciudad tan compleja como Ciudad Juárez me ayudó. Es inevitable decir que eran dos perfiles competitivos”.

Pérez Cuéllar, de 57 años, admite que han existido dificultades para lograr el respaldo de Chávez a su proyecto, pero asegura que el hecho de que la senadora haya aceptado en la “operación cicatriz” ir por la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez, ayuda a limar asperezas.

“La unidad no se construye de la noche a la mañana, menos después de un proceso tan reñido y tan intenso, y que captó la atención de gran parte del país (...) Yo creo que vamos caminando bien, y que vamos a ir sumando poco a poco, a todas y a todos”.

El “coordinador” evitó pronunciarse sobre el peso que tuvo en los resultados la cercanía de Chávez Treviño con el llamado Grupo Tabasco de Morena.

“Es una pregunta difícil. Además, creo que yo tengo que abonar a la unidad. Yo creo que a mí me ayudó ser un perfil que tiene una carrera consolidada y que siempre le aposté a decir: aquí en Chihuahua decidimos los chihuahuenses. Creo que eso me ayudó, básicamente.

De acuerdo con Pérez Cuéllar, Morena ha logrado ganar varias elecciones en Chihuahua, aunque continúa pendiente la gubernatura. Para ello ubica la ciudad capital, Chihuahua, como el objetivo electoral pendiente de conquistar.

SCJN revisará juicio por ataque a María Elena Ríos

Desde el ataque con ácido en 2019, la saxofonista ha buscado justicia y ahora, la Corte revisará la anulación del juicio que absolvió a los acusados

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisará cinco amparos promovidos por los acusados por el ataque con ácido contra la saxofonista María Elena Ríos, para determinar si fue legal invalidar la absolución que obtuvieron en Oaxaca en 2024 y ordenar que el juicio oral se repitiera.

El Pleno aprobó atraer el expediente el 19 de octubre, por siete votos contra uno.

Entre los involucrados está el exdiputado priista Juan Antonio Vera Carrizal, señalado como presunto autor intelectual de la agresión ocurrida en septiembre de 2019.

La discusión no se centrará en determinar si los acusados son culpables o inocentes, sino en resolver una cuestión procesal, si una jueza sustituta tenía facultades para dejar sin efecto el fallo absolutorio después de que el juzgador que presidió las audiencias fuera suspendido.

El ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, explicó que el análisis se limitará a las circunstancias en las que se anuló el juicio.

El conflicto judicial se originó el 14 de agosto de 2024, cuando el juez José Gabriel Ramírez Montaño absolvió a Juan Antonio Vera Carrizal y a los otros dos acusados, Rubicel Hernández y Rubén Loaeza.

La resolución ocurrió antes de que concluyeran la redacción y la lectura de la sentencia.

Después, el juzgador fue suspendido y una jueza sustituta, María Antonia Esteva Domínguez, determinó que no podía emitir por escrito una decisión sobre un juicio cuyas audiencias no había presenciado.

Por ese motivo, dejó sin efectos lo actuado y ordenó reponer el juicio oral y los acusados impugnaron esa determinación mediante recursos de amparo, con los que buscan que se revise la legalidad de la reposición del procedimiento.

La controversia obliga a la SCJN a precisar el alcance del principio de inmediación, que exige que quien juzga tenga contacto directo con las pruebas y las actuaciones presentadas durante el juicio.

La ministra Loretta Ortiz consideró que la intervención del máximo tribunal permitirá definir las atribuciones de un juzgador sustituto y sus límites ante una absolución.

También destacó las implicaciones del asunto para el debido proceso y el acceso a la justicia de las víctimas de violencia de género.

El caso inició el 9 de septiembre de 2019, cuando María Elena Ríos fue atacada con ácido sulfúrico en Huajuapan de León, Oaxaca y le provocó quemaduras graves que la obligaron a someterse a múltiples intervenciones médicas.

La saxofonista señaló a Vera Carrizal, su expareja y entonces diputado local priista, como presunto responsable intelectual del ataque; luego el exlegislador se entregó a las autoridades en 2020 y quedó sujeto a proceso penal.

Su hijo, Juan Antonio Vera Hernández, también ha sido señalado por su presunta participación en la planeación de la agresión y permanece prófugo de la justicia.

Con la atracción de los amparos, la Suprema Corte deberá resolver si la anulación del fallo absolutorio se ajustó a derecho y su decisión determinará el curso procesal del caso, pero no establecerá por sí misma la responsabilidad penal de los acusados.

Unión Internacional de Magistrados expulsa a representación de México por su respaldo a la reforma judicial

La UIM concluyó que el respaldo de la organización mexicana a la elección popular de jueces era contrario a los principios de independencia y apoliticidad exigidos a sus integrantes

La Unión Internacional de Magistrados (UIM) expulsó a la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), al considerar que dejó de cumplir las condiciones de independencia y apoliticidad exigidas a las asociaciones integrantes de esa organización internacional, debido a su respaldo a la reforma judicial que estableció la elección popular de jueces y magistrados

La decisión fue adoptada el pasado 17 de octubre durante la 68 reunión anual de la UIM, mediante una votación secreta en la que participaron 70 delegaciones. El resultado fue de 53 votos a favor de la expulsión, 13 en contra y cuatro abstenciones. Debido a que las abstenciones no se contabilizan, la exclusión obtuvo 53 de los 66 votos emitidos, cerca de 80 por ciento. 

La UIM, fundada en 1953, agrupa asociaciones nacionales de jueces y no a gobiernos o tribunales. Entre sus objetivos está la protección de la independencia judicial, que considera una condición esencial de la función jurisdiccional y una garantía de los derechos humanos. Sus estatutos establecen que las asociaciones integrantes deben ser apolíticas e independientes de los poderes Ejecutivo y Legislativo de sus respectivos países, además de promover la independencia judicial.

Durante la asamblea de la UIM, la CONATRIB estuvo representada por su presidente, el magistrado Rafael Guerra Álvarez, titular del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México; la magistrada María Belinda Aguilar Díaz, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, y el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Chiapas. La CONATRIB agrupa a las y los titulares de los 32 poderes judiciales de los estados.

La revisión de la membresía de la CONATRIB comenzó después de que, el 28 de junio de 2024, la organización se pronunciara a favor de la reforma judicial impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. En ese posicionamiento respaldó la elección de jueces y magistrados mediante voto popular, aunque planteó que su implementación fuera gradual, que se garantizara la participación de los jueces en funciones y que se respetara la independencia judicial. La reforma fue aprobada en septiembre de ese año.

En agosto de 2024, el Comité de Presidencia de la UIM cuestionó la reforma mexicana al advertir que dejar en manos del voto popular la decisión final sobre el nombramiento de jueces contradecía el principio de designación por mérito y criterios objetivos. También señaló posibles afectaciones a la inamovilidad judicial y pidió a López Obrador reconsiderar la reforma.

Por tanto, la UIM abrió un procedimiento para revisar la membresía de la CONATRIB y solicitó a la organización mexicana un informe, que fue entregado el 30 de junio de 2025. En su respuesta, la CONATRIB sostuvo que la reforma era resultado del ejercicio de la soberanía popular y que estaba obligada constitucionalmente a acatarla. También defendió su carácter estrictamente apolítico y afirmó que su interlocución con los poderes Ejecutivo y Legislativo permitió que la reforma se aplicara de manera gradual.

La CONATRIB agregó que había defendido la independencia judicial mediante pronunciamientos, gestiones presupuestales y otras acciones.

Los dos relatores designados por la UIM, provenientes de Argentina y España, concluyeron que la respuesta de la CONATRIB no atendió la preocupación central planteada durante la revisión. En su informe señalaron que, al respaldar la elección popular de jueces, la organización mexicana avaló un mecanismo que consideraron contrario a los principios de independencia y apoliticidad establecidos en los estatutos de la UIM.

Los relatores determinaron que la CONATRIB ya no reunía las condiciones bajo las cuales había sido admitida como integrante y recomendaron al Consejo Central someter a votación su exclusión.

Durante la discusión previa a la votación, representantes de asociaciones judiciales de Francia, Argentina, Chile y Costa Rica cuestionaron al presidente de la CONATRIB sobre las acciones emprendidas por la organización durante la aprobación de la reforma para defender la independencia judicial.

El magistrado argentino Marcelo Gallo Tagle, quien presidía la Federación Latinoamericana de Magistrados cuando se aprobó la reforma judicial mexicana, cuestionó la actuación de la CONATRIB y sostuvo que “la defensa de la independencia judicial no admite negociaciones: o se la defiende o no se la defiende”.

También afirmó que la CONATRIB debió rechazar la destitución de jueces y actuar de manera enérgica, en lugar de emitir un comunicado que “acompañaba” la modificación constitucional y posteriormente presentar ese respaldo como parte de una negociación.

Gallo Tagle concluyó que “no hay posibilidades intermedias” y que “la CONATRIB no salió en defensa del Poder Judicial”. 

En un video difundido antes de la asamblea, el presidente de la CONATRIB, Rafael Guerra, sostuvo que la reforma judicial no se originó por la actuación de los jueces locales ni por una animadversión del Ejecutivo contra la judicatura, sino por un conflicto presupuestario provocado por jueces federales. También afirmó que el impacto sobre los jueces locales había sido limitado y que solo disponía de cifras sobre jueces federales cesados, pero no sobre los correspondientes a las entidades federativas.

Ante ese argumento, la presidenta del Grupo Iberoamericano de la UIM, la jueza costarricense Adriana Orocú, citó cifras que atribuyó al Instituto Nacional Electoral (INE), según las cuáles fueron destituidos 386 jueces federales, 464 magistrados federales de circuito, 31 personas en otros cargos judiciales, incluidos integrantes de la Suprema Corte, y mil 800 jueces, magistrados y titulares de otros cargos judiciales locales en 19 estados.

De acuerdo con esas cifras, el total de personas juzgadoras destituidas ascendió a 2 mil 681. La intervención contradijo la afirmación del presidente de la CONATRIB de que la judicatura local había sido afectada de manera limitada por la reforma.

Después de las intervenciones de las delegaciones, el Consejo Central de la UIM sometió a votación la permanencia de la CONATRIB y resolvió que la asociación mexicana había dejado de cumplir las condiciones de membresía y debía ser expulsada.

JUFED respalda expulsión

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) respaldó la decisión de la UIM y consideró congruente la expulsión de la CONATRIB.

En un comunicado difundido el lunes, la JUFED señaló que el Consejo Central de la UIM concluyó que la organización mexicana había vulnerado los estándares internacionales en materia de independencia judicial y apoliticidad exigidos a sus integrantes.

La JUFED sostuvo que el modelo de elección popular de jueces y magistrados, impulsado desde el poder político, “vulnera la esencia de la función jurisdiccional, que debe basarse estrictamente en el mérito, la capacidad y la carrera judicial”.

Para la asociación de juzgadores federales, la resolución de la UIM confirma los señalamientos que había realizado desde el inicio del proceso de reforma judicial. Afirmó que las organizaciones y liderazgos que respaldaron la reforma dejaron de defender los principios de independencia judicial.

Recordó que en su momento denunció a actores y agrupaciones que frente a la “cooptación del Estado”, optaron por validar un mecanismo de sometimiento “disfrazado de transición gradual”. Según la asociación, la sanción de la comunidad internacional de jueces evidencia “la gravedad de haber entregado los principios de la autonomía judicial”.

La JUFED reiteró que “la independencia judicial no es un privilegio de quienes juzgan, sino la única garantía efectiva para que las y los ciudadanos cuenten con tribunales imparciales y libres de consignas del poder”.


FUENTE/MEDIO: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

'Déjense ayudar': Comité de la ONU pide a México cooperación internacional ante desapariciones

El presidente del organismo, Juan Pablo Albán, insistió en que el procedimiento del artículo 34 busca fortalecer la cooperación internacional y apoyar a México ante la crisis de desapariciones

El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, Juan Pablo Albán Alencastro, afirmó que el procedimiento activado por el organismo respecto de la situación de México busca impulsar la cooperación internacional para atender la crisis de desapariciones y no determinar responsabilidad internacional del Estado mexicano.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, Albán explicó que el comité presentó ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU las razones por las que en abril de 2025 activó el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Dijo que el procedimiento se sustentó en información recabada durante años, incluida la proporcionada por el Estado mexicano, organizaciones de la sociedad civil y colectivos de víctimas, así como en el análisis de la evolución de la situación desde la visita que el comité realizó a México en noviembre de 2021.

“Analizó toda la información recibida de México desde el año 2014, porque México se convirtió en estado parte de la convención en el año 2012, analizó la evolución de la situación desde que hicimos la visita en el año 2021, y llegó a la conclusión de que en varias zonas del territorio hay elementos para determinar que se cometen crímenes de lesa humanidad”, señaló.

Albán precisó que, de acuerdo con el análisis del comité, el principal perpetrador de las desapariciones es el crimen organizado, aunque también existen casos en los que se ha confirmado la participación de funcionarios públicos de los niveles municipal y estatal.

“Como el propio secretario Arturo Medina reconoció ayer en la sala, hay muchos casos en los que se puede confirmar la participación de funcionarios del nivel municipal y del nivel estatal”, afirmó.

Al mismo tiempo, señaló que el comité no encontró elementos para sostener que exista una política del gobierno federal para cometer desapariciones.

“Nosotros en nuestro informe sí habíamos concluido ya anteriormente que no tenemos elementos para afirmar que hay una política desde el estado federal, desde el gobierno nacional para cometer estos crímenes”, dijo.


El comité espera cooperación de México

El presidente del comité sostuvo que México ha rechazado desde el inicio la activación del procedimiento y posteriormente ha cuestionado el análisis realizado por el organismo, pero aclaró que Naciones Unidas no espera que el Estado mexicano necesariamente comparta su interpretación del artículo 34.

“Nosotros no esperamos que el Estado mexicano acepte o no acepte nuestra interpretación. Lo que sí esperaríamos es que el Estado mexicano acepte la cooperación internacional porque el propósito del mecanismo es preventivo”, sostuvo.

Explicó que la propuesta del comité a la comunidad internacional consiste en respaldar a México en áreas como la búsqueda de personas desaparecidas, la investigación de los casos, la identificación humana y la protección de quienes participan en labores de búsqueda.

De acuerdo con Albán, la necesidad de fortalecer esas áreas se desprende también de la evolución de las cifras oficiales.  Cuando el comité realizó su visita a México, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabilizaba 96 mil registros. Para el momento en que el organismo tomó la decisión de activar el procedimiento, la cifra había superado las 134 mil personas.

En cuanto a los cuerpos humanos pendientes de identificación, señaló que durante la visita del comité había 52 mil en poder de los servicios forenses mexicanos, mientras que para el momento de la decisión la cifra había aumentado a 72 mil.

A ello se suman los reportes sobre personas que han sido hostigadas, intimidadas o atacadas por participar en labores de búsqueda e investigación, además de las altas tasas de impunidad frente al delito de desaparición.

“En consecuencia, frente a la continuidad del fenómeno, frente al hecho de que nosotros hemos seguido recibiendo solicitudes de acciones urgentes respecto de personas que han desaparecido posteriormente a nuestra toma de decisión de apertura del procedimiento, es decir, seguimos constatando que las personas de México desaparecen todos los días, el comité tenía que tomar una decisión”, afirmó.

Albán explicó que la activación del artículo 34 fue el resultado de un proceso gradual previsto en la propia Convención contra las Desapariciones Forzadas.

El comité comenzó con la revisión del cumplimiento de las obligaciones de México mediante informes y diálogos; posteriormente revisó las acciones urgentes, un mecanismo mediante el cual México se convirtió en el país con más casos registrados; continuó con comunicaciones individuales y después realizó la visita de noviembre de 2021.

Señaló que tras esa visita, el comité mantuvo nuevos diálogos con el Estado mexicano y recibió información complementaria antes de activar el procedimiento del artículo 34. “Lo único que ha hecho el comité es aplicar una disposición que está en el tratado y que los propios estados incluyeron en el tratado y por ende debe tener efecto”, sostuvo.

Procedimiento es preventivo, no sancionatorio

Albán insistió en que el procedimiento no constituye una sanción contra México ni una determinación de responsabilidad internacional.

“En su resolución, el comité hizo unas propuestas y son solamente esas propuestas quiero insistir en que el comité entiende que la naturaleza del procedimiento del artículo 34 es preventiva, no sancionatoria, por ende, no se trata de una determinación de responsabilidad internacional del estado”, explicó.

“No pretendemos que la Asamblea reproche a México, no pretendemos que la Asamblea reclame a México, ni pretendemos que la Asamblea le haga imposiciones a México”, afirmó.

Por el contrario, señaló que las propuestas buscan una movilización internacional para ayudar a México a enfrentar un problema que ya trascendió sus fronteras debido a la dimensión regional de la delincuencia organizada.

“Yo creo que estamos perdidos en la traducción, porque la intención del comité no es atacar a México ni a su gobierno. La intención del comité es que México cuente con el respaldo de la comunidad internacional, con todo el apoyo necesario, con los recursos adicionales que fuera del caso para poder atender una crisis y por lo menos ralentizarla, por lo menos reducir la frecuencia de la ocurrencia del fenómeno”, sostuvo.

El presidente del comité consideró que erradicar el fenómeno en este momento resulta complejo y subrayó la dimensión humana de la crisis.

“Dar respuestas a 136 mil familias, porque al final yo creo que cuando la asamblea tome una decisión tendrá que tener en cuenta que lo que está detrás son las historias de al menos 136 mil familias, de al menos 136 mil personas que merecen verdad, que merecen justicia, que merecen la atención de la comunidad internacional, ya no solamente del Estado mexicano”, señaló.

Atribuye parte de las medidas de México a la activación del procedimiento

El presidente del comité afirmó que la activación del artículo 34 ya tuvo efectos en las medidas adoptadas por el Estado mexicano durante el último año.

“Yo creo que de hecho la decisión ya ha tenido un primer efecto, porque es claro que estas diez medidas que ha anunciado el Estado mexicano que viene tomando desde hace un año son consecuencia directa de que nosotros activamos el procedimiento, y de otras cosas también, pero nuestra decisión también influyó en eso”, aseguró.

En particular, se refirió a la cifra de 16 mil personas que, según lo informado por el Estado mexicano, fueron localizadas durante el último año.

“Se ha dicho que han encontrado en el curso del último año a 16 mil personas, pues qué bueno si así es y ojalá se presente la evidencia de que efectivamente estas personas fueron encontradas, y que sus familias han sido informadas debidamente sobre su situación y paradero”, dijo.

“Pero aún así quedarían 120 mil, y 16 mil es un primer avance”, sostuvo.

Albán agregó que el procedimiento también puede establecer un precedente para futuros casos en otros países donde las desapariciones forzadas alcancen características de masividad y generalidad.

“En el mundo en el que vivimos es un mundo muy violento, hay otros escenarios en que la desaparición forzada llega a cifras alarmantes, pero además tiene características de masividad y de generalidad, y por ende pudiera ser necesario que el comité acuda otra vez a este procedimiento, y será necesario un precedente sobre qué se hacen estos casos”, señaló.

La activación del artículo 34 respecto de México es la primera en la historia del Comité contra la Desaparición Forzada. Albán dijo que el organismo espera que sea también la última, aunque reconoció que las condiciones internacionales hacen difícil anticiparlo.

“La primera, y quisiéramos que sea la última, pero con la realidad del mundo actual pensamos que tal vez no será la última”, afirmó.

México mantiene cooperación internacional

Respecto de la posibilidad de que México rechace también cualquier colaboración internacional derivada del procedimiento, Albán consideró que el escenario más probable es que el país mantenga la cooperación con otros Estados y organismos.

“Parecería que estamos más cerca del escenario dos, de hecho, porque el propio secretario Arturo Medina durante su intervención dio cuenta de que se han celebrado acuerdos de cooperación recientemente”, señaló.

Mencionó acuerdos recientes con países como España, Guatemala y Países Bajos, además de cooperación con Alemania y con el Fondo de Población de las Naciones Unidas.

Para Albán, la cooperación internacional no implica desconocer las acciones que México ha emprendido para atender la desaparición de personas. En ese sentido, reconoció la existencia de una Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, una Ley General de Víctimas, una Comisión Nacional de Búsqueda, comisiones estatales de búsqueda y fiscalías especializadas.

“Que son pasos positivos, pero es claro que no fueron suficientes. Entonces, el reconocer los avances no nos impide a nosotros decir, todavía hay que hacer más”, afirmó.

El presidente del comité sostuvo que la petición de recibir apoyo internacional no debería ser interpretada como un enfrentamiento entre México y el organismo de Naciones Unidas. “Y el que nosotros le digamos a México, habría que hacer más, déjense ayudar, no debería significar que México considere que el comité es su enemigo”, dijo.

Añadió que el Comité contra la Desaparición Forzada seguirá monitoreando la situación mexicana debido a las obligaciones establecidas en el artículo 29 de la Convención.

“Nosotros tenemos la obligación de continuar monitoreando a México, y vamos a tener que seguir pidiendo la información, y vamos a tener que seguir convocándolo a diálogos, y vamos a tener que seguir registrando acciones urgentes mientras persista la situación de los desaparecidos en México”, sostuvo.

Tercera Comisión de la ONU analizará el caso

Albán explicó que el procedimiento ya se encuentra formalmente ante la Asamblea General de Naciones Unidas. La secuencia comenzó con la apertura del procedimiento y la decisión del comité basada en la evidencia recabada. Posteriormente, el organismo remitió el asunto a la Asamblea General a través del secretario general de la ONU.

“Esto ya ocurrió en el mes de mayo del presente año. En el mes de junio del presente año, el secretario ya lo llevó a la atención de la Asamblea, es decir, lo puso en conocimiento de todos los estados miembros de la ONU”, explicó.

La Asamblea General trabaja a través de seis comisiones y la Tercera Comisión es la encargada de los asuntos relacionados con derechos humanos. La presentación realizada por Albán ocurrió ante esa comisión, pero el proceso de análisis ya estaba en marcha.

“Entonces lo que seguiría es que esa tercera comisión analice la cuestión a los efectos de determinar si corresponde dictar una resolución, si corresponde convocar a una mesa de diálogo, si corresponde remitir el asunto a la atención del Consejo de Derechos Humanos para que continúe trabajando el tema, si corresponde pedir aclaraciones adicionales al comité, o qué es lo que corresponde”, señaló.

La Tercera Comisión deberá adoptar sus proyectos de resolución antes de que termine el año, por lo que el comité dará seguimiento al proceso durante los próximos meses.

“Nosotros estaremos monitoreando de cerca e insisto, continuaremos trabajando con México en la medida en que México esté dispuesto a trabajar con nosotros porque tenemos la obligación de supervisar el cumplimiento de sus obligaciones bajo el tratado”, afirmó.

Países expresan disposición a cooperar

Sobre las intervenciones de otros Estados durante la sesión de la Tercera Comisión, Albán explicó que varios países solicitaron la palabra y abordaron cuestiones relacionadas con cooperación internacional, asistencia técnica y apoyo a las labores de búsqueda e investigación.

Ningún país, salvo México, se refirió de manera específica al artículo 34, según el presidente del comité. Sin embargo, consideró que el contenido de varias intervenciones apuntó a dar seguimiento a la decisión adoptada por el organismo.

“Por eso mismo nosotros tenemos la expectativa y la esperanza de que habrá estados que se ofrecerán como facilitadores de un diálogo, de una conversación, y de una canalización de procesos de cooperación con México”, dijo.

Destacó además que entre los países que intervinieron con una postura que calificó de positiva hubo Estados latinoamericanos. Sostuvo que el comité espera que el proceso produzca mayores resultados, particularmente en beneficio de las familias de personas desaparecidas.

“Así que yo creo que debemos mantener la esperanza de que esto, más allá de los frutos que ya dio, porque insisto, creo que ya ha dado frutos, es claro que las medidas tomadas tienen en buena en buena parte que ver con lo que nosotros resolvimos de más frutos, sobre todo para que haya mejores respuestas para las familias”, concluyó.

Posteriormente, en sus redes sociales Albán reconoció que los esfuerzos oficiales han permitido localizar a 16 mil personas desaparecidas en el último año, aunque falta conocer quiénes son y si sus familiares ya fueron notificados:
Para que no se tergiversen mis palabras ayer ante la Tercera Comisión de la Asamblea General: si es verdad que los esfuerzos de México han permitido la localización de 16000 personas desaparecidas en el último año es algo que hay que felicitar, pero, primero es importante saber quiénes son las personas localizadas, si ya fueron regresadas a sus familias o al menos sus familias han sido debidamente informadas; segundo, si se ha localizado a 16000 quedan más de 120000 por localizar y hay que continuar los esfuerzos en tal sentido; y tercero, si esto es verdad, claramente es un efecto de la constancia de las familias y de la activación del procedimiento del art. 34 por parte del #CED que no exonera a la #UNGA81 de analizar la situación y de ser el caso tomar acciones frente a la remisión de la situación a su conocimiento, que realizamos en abril del presente año.

A casi un año del descarrilamiento del Tren Interoceánico construyen obras de seguridad vial que no se habían contemplado

El gobierno de Sheinbaum inyectará otros 247 millones de pesos para obras de seguridad vial en los cruces del Ferrocarril Interoceánico que no fueron consideradas por la administración de su antecesor López Obrador. Los trabajos concluirán casi dos años después del accidente

Tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico en diciembre del año pasado, que dejó un saldo de 14 personas fallecidas y más de 100 personas lesionadas, el gobierno de México ahora sí pondrá reductores de velocidad, sistemas de control, señalética y diversas medidas de infraestructura ferroviaria para garantizar la seguridad de los pasajeros de este sistema de transporte. 

Documentos oficiales revelan que la Secretaría de Marina destinará 247.2 millones de pesos para la construcción de cruces a nivel y otros trabajos de Medias Aguas a Salina Cruz, del PK (punto kilométrico) 104+300 al PK 302+800 de la Línea Z, que abarca algunos puntos cercanos a la zona del accidente, con el objetivo de reactivar el servicio del tren de pasajeros.

El 1 de septiembre de 2026, durante su discurso con motivo del Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia sheinbaum aseguró que en el primer bimestre de 2027 reiniciaría el servicio de transportes pasajeros en el Tren del Istmo de Tehuantepec.

“El Tren Interoceánico ha transportado dos millones de toneladas. Y el Tren de Pasajeros iniciará nuevamente operaciones entre noviembre de 2026 y febrero de 2027, dependiendo de sus tramos”, dijo.



Sin embargo, el 7 de septiembre, en la justificación y dictamen de excepción de licitación, el director de infraestructura del FIT, Marcelo Carlos Pérez Abrego, señaló que se requieren 350 días para realizar las obras.

En el contrato se establece que las obras iniciaron el 16 de octubre de 2026 y finalizarán el 30 de septiembre de 2027. Es decir, los trabajos concluirán siete meses después de lo prometido por Sheinbaum y casi dos años tras el accidente del 28 de diciembre de 2025.

Se van a realizar obras para mejorar la seguridad, las cuales no se consideraron en el proyecto realizado durante la administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

El Tren Interoceánico no funciona actualmente para el servicio de pasajeros tras el accidente de diciembre de 2025 en Oaxaca, aunque el transporte de carga sigue operando.

LAS RECOMENDACIONES

El 11 de febrero de 2026, el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec celebró con la empresa TÜV RHEINLAND DE MÉXICO S.A. DE C.V. el contrato FIT-GAOP-ADQ-S-9-26 por el “servicio de asesoría para las recomendaciones de la operación segura del ferrocarril”, con el fin de proporcionar lineamientos técnicos para la infraestructura ferroviaria y garantizar la seguridad operativa de los trenes de carga de pasajeros de la Línea K, FA y K.

Tras recibir las recomendaciones, a mediados de octubre de 2026, el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec suscribió el contrato FIT-GAOP-OP-Z-14-2026 con IMEVAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. para los ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE CRUCES A NIVEL, DE MEDIAS AGUAS A SALINA CRUZ, DEL PK.104+300 AL PK. 302+800, DE LA LÍNEA “Z”.

Se contrataron obras para mejorar la superficie de rodamiento, incluidos los durmientes. Se van construir cruces a nivel en Veracruz y Oaxaca, mediante el reemplazo de las losas de concreto del sistema de protección de rieles, la construcción y rehabilitación de la superficie de rodamiento, reposición y complemento de la señalética (horizontal y vertical) existente.

Además se elaborará un proyecto ejecutivo particular de cada cruce, “para con esto garantizar el funcionamiento estructural óptimo de la vía, la operación y su seguridad, para prevenir cualquier tipo de riesgo que pudiera presentarse en el tráfico de vía tanto de carga como de pasajeros”.

“Se trata de un servicio cuya ejecución resulta impostergable para garantizar la seguridad, eficacia y eficiencia en los estudios, proyectos y trabajos de los cruces a nivel, siendo necesarios llevar a cabo el mantenimiento y rehabilitación de estos (…) Para con esto garantizar el funcionamiento estructural óptimo de la vía, la operación y su seguridad, para prevenir cualquier tipo de riesgo que pudiera presentarse en el tráfico de vía tanto de carga como de pasajeros, Ofreciendo la conectividad y movilidad a los ciudadanos de los municipios de la región del istmo de Tehuantepec, evitando se altere el orden social, la economía, los servicios públicos y la seguridad de las regiones aledañas a estos”, se expone. 

LOS ACCIDENTES

El 28 de diciembre de 2025 se registró un accidente en el Tren Interoceánico, en la Línea Z PK- 230+800, entre las comunidades de Nizanda y Chivela, en el municipio de Asunción Ixtaltepec. 

La Fiscalía General de la República concluyó que el exceso de velocidad fue la causa del accidente del Tren Interoceánico, que iba a 65 kilómetros por hora, 15 kilómetros por hora por encima de lo permitido en la curva donde ocurrió el descarrilamiento.

“Inició un incremento de la velocidad hasta un máximo de 65 kilómetros por hora, velocidad con la cual ingresó y permaneció en la curva del siniestro. El exceso de velocidad también se comprueba con el cálculo aritmético del tiempo de recorrido realizado entre el inicio del trayecto y el punto en que ocurrieron los hechos”, explicó la fiscal Ernestina Godoy.

El 15 de julio de 2026 se registró un nuevo descarrilamiento, en el tramo kilómetro 230+800, prácticamente la misma curva donde el 28 de diciembre de 2025 se descarriló el tren que dejó un saldo de 14 personas muertas y más de 100 personas heridas.

La empresa TÜV RHEINLAND DE MÉXICO S.A. DE C.V. recomendó realizar modificaciones y rehabilitaciones,  obras aceptadas por la Secretaría de Marina y el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.

LAS OBRAS

Las obras se realizarán “KM 104+300 AL PK. 302+800, DE LA LÍNEA Z”. Trabajos de demolición y retiro de material existente en la superficie de rodamiento, retiro de durmientes existentes ya sean de madera o concreto, retiro de balasto.

Suministro e instalación de durmientes de madera 7”x9”x9” de encino de primera clase. Incluye suministro e instalación de fijaciones, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, “destinados a integrar la infraestructura de vía y transmitir las cargas del riel al lecho de balasto, garantizando la estabilidad geométrica, resistencia estructural y seguridad de operación de la vía”.

Se ejecutará la “construcción de reductor de velocidad a base de concreto F’C= 250 kg/cm2 reforzado con malla electrosoldada de forma trapezoidal con dimensiones de 5 cm de altura sobre pavimento, 4 m de plataforma, rampa de un metro y rampa de salida de un metro, dando un total de 6 m el  ancho del reductor de velocidad, considerando una cimentación de 10 cm bajo pavimento de concreto”.

También preparación y adecuación de terreno para colocación de remates de concreto al crucero de nivel. Suministro e instalación de balasto que cumpla con la NOM-003-ARTF-2023. Instalación de superficie de rodamiento a base de losas de concreto módulos centrales y laterales de 2.5 m de longitud para riel 115 lbs en cruces de ferrocarril con caminos y calles. Colocación de riel de 80 pies de 115 LB/YD en cruceros. Elaboración de cuentas.

Incluso se realizarán obras que no estaban consideradas en el primer proyecto realizado bajo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Como construcción la construcción de banqueta peatonal a base de concreto, colocación de concreto para confinar ductos de fibra óptica que pasen por el crucero y se encuentran en riesgo de daño.

Así como sustitución de señalética y colocación de nuevas en donde no existía, entre ellos señalamientos verticales preventivos y restrictivos. Además de cuestiones de seguridad vial como balizamiento: suministro y colocación de rayas a parada del sentido de circulación, colocación de marcaje horizontal con pintura termoplástica en cruces de ferrocarril.

De esta manera, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum inyectará otros 247.2 millones de pesos para obras de seguridad vial en los cruces del Ferrocarril del Istmo Istmo de Tehuantepec que no estaban consideradas por la administración del entonces presidente López Obrador.

Chihuahua: cuando la justicia y la política se encuentran en el mismo expediente

Caso Jáuregui: si hubo agentes extranjeros ejerciendo funciones policiales o de investigación, nuestro país tiene la obligación de investigarlo y sancionarlo con todo el peso de la ley, independientemente de los resultados obtenidos contra el narcotráfico. Por otra parte, si la acusación por traición a la patria pretende sostenerse, la FGR debe demostrar cada elemento con evidencia extraordinariamente sólida

La detención del exfiscal de Chihuahua César Jáuregui obliga a discutir dos problemas al mismo tiempo. El primero es gravísimo, el determinar y probar si agentes de la CIA participaron en operaciones que la legislación mexicana nomas permite a nuestras autoridades; el segundo es igualmente peligroso y complicado, saber si una investigación legítima puede terminar contaminada por la disputa política o como se dice la política se entromete en la justicia.

El origen está en El Pinal, en la Sierra Tarahumara. En abril, un operativo permitió localizar y desmantelar un laboratorio de drogas sintéticas, bien, después desafortunadamente murieron en un accidente dos funcionarios de la Fiscalía estatal y dos estadounidenses que terminaron identificados como personal de la CIA. Las investigaciones señalan que ciudadanos estadounidenses participaron durante meses en actividades con la Agencia Estatal de Investigación y que en el operativo se habrían rebasado los límites legales de la cooperación, siempre han participado en actividades, ojo, en capacitación en la distancia, me tocó verlo, trabajarlo y presenciarlo. 

La ley sí establece límites claros, es muy puntual, sobre todo en los artículos 69 a 71 de la Ley de Seguridad Nacional permiten la presencia de agentes extranjeros para intercambio de información bajo autorización federal, pero expresamente les impiden ejercer facultades reservadas a autoridades mexicanas como los operativos. Los funcionarios estatales, además, tienen obligaciones de informar sus contactos y reuniones, en todo momento, por eso la investigación es necesaria, hasta las últimas consecuencias.

En este momento, debemos hacer una precisión relevante, una cosa es investigar violaciones a esos límites y otra señalar que existe traición a la patria, uno de los delitos más graves del Código Penal Federal. El artículo 123 exige elementos específicos vinculados con actos contra la soberanía, la independencia o la integridad nacional. Ese estándar debe probarse, no presumirse políticamente. 

La FGR asegura haber realizado más de cien actos de investigación y calificó lo ocurrido como un ataque al pacto federal. Por otro lado, la Fiscalía de Chihuahua resumió su postura con una frase interesante, dijo: “Un buen resultado no justifica violar la ley”. 

Horas antes de la detención de Jáuregui dijo en un video, que “lo volvería a hacer”, porque, según él, lo imperdonable habría sido permanecer omiso frente al crimen organizado, vaya. Su defensa sostiene además que existe una motivación electoral para apartarlo de la búsqueda de la alcaldía de Chihuahua, de nuevo la política entrometida en la justicia. Esa última afirmación es una acusación de la defensa y que deberán probar, no es fácil, pero también esto obliga a que la Fiscalía extreme transparencia y claridad en el proceso.

La propia presidenta Sheinbaum ha insistido en que “no puede haber agentes” estadounidenses operando en campo, si, no deben, en eso tiene razón. Pero el Gobierno federal también debe entender que combatir la injerencia no les da los elementos para convertir un delito de seguridad nacional en su mazo ante una posible disputa poltiica partidista.

Hoy el ex fiscal Jáuregui se encuentra ante dos escenarios, un proceso estatal por ejercicio ilegal del servicio público y coalición, y la acusación federal por presunta traición a la patria, complicados procesos. Recordemos que un juez estatal permitió que siguiera ese primer proceso sin prisión; inmediatamente después quedó bajo custodia federal para enfrentar el segundo, planeado y en acuerdo de gobiernos, parece evidente.

Cierro pues, con dos conclusiones; la primera, si hubo agentes extranjeros ejerciendo funciones policiales o de investigación, nuestro país tiene la obligación de investigarlo y sancionarlo con todo el peso de la ley, independientemente de los resultados obtenidos contra el narcotráfico. Segunda, si la acusación por traición a la patria pretende sostenerse, la FGR debe demostrar cada elemento con evidencia extraordinariamente sólida, con transparencia y claridad, así que cuanto más grave es el delito, mayor debe ser la calidad de la prueba, ojo, por eso aquí la política no funciona y no entra, esperemos que así sea, al tiempo. “La justicia no puede ser un atajo para combatir al crimen, pero tampoco puede convertirse en un atajo para cobrar cuentas políticas, ya NO”.

FUENTE/MEDIO: EMEEQUIS (ESPECIAL).
AUTOR: ODRACIR R. ESPINOZA VALDEZ.
ENLACE: https://emeequis.com/analisis/chihuahua-cuando-la-justicia-y-la-politica-se-encuentran-en-el-mismo-expediente/

La nueva “academia” de policía de Querétaro será negocio, otra vez, para Seguritech

El Gobierno de Kuri contrató a Seguritech por 3 mil 913 millones de pesos de 2022 a 2027 para servicio integral de seguridad y cedió predios por 39 mil m2

La Secretaría de Seguridad de Querétaro informó que la Academia Internacional de Capacitación Policial, a cuya colocación de la primera piedra asistió el Embajador de Estados Unidos Ronald Johnson, se construye dentro del Complejo de Seguridad Rhino, una infraestructura equiparable a la Torre Centinela del Gobierno de Maru Campos en Chihuahua, donde también han colaborado agencias estadounidenses como US Marshals.

Solo para las obras de construcción de la Academia se estima una inversión de 30 millones de pesos de recursos estatales, de acuerdo con la licitación pública 037-LP-EST-26-SPC emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, cuyo fallo sería el 6 de octubre, pero no se ha hecho público.

Sin embargo, la Academia es una parte del proyecto a largo plazo con la empresa Seguritech, el principal contratista de videovigilancia de gobiernos estatales. La Secretaría de Seguridad del Gobierno de Mauricio Kuri le dio un contrato por adjudicación directa por 3 mil 913 millones de pesos para el "servicio integral de tecnología e infraestructura de seguridad" con una vigencia del 4 de febrero de 2022 al 31 de agosto de 2027, muestra el contrato OM/DA/RE/030/2022 consultado por la Unidad de Datos.
"A la firma del presente contrato, el Poder Ejecutivo pone en posesión para el desarrollo y prestación del 'servicio integral' al 'proveedor' (Seguritech) la superficie total de 14 mil 332 metros cuadrados dentro del inmueble ubicado en Avenida 5 de febrero número 35 Norte, col. San Antonio de la Punta, municipio de Querétaro", dice el contrato de 2022 con referencia a la ubicación de la Secretaría de Seguridad estatal y su Complejo de Seguridad Rhino.
A la par, entre julio de 2023 y julio de 2024, la Oficialía Mayor del Gobierno de Querétaro entregó a la Secretaría de Seguridad estatal un total de 39 mil 374.01 metros cuadrados de patrimonio del Estado para el edificio de la Policía Estatal de Querétaro (POES) y el complejo Rhino, de acuerdo con una solicitud de información con el folio 220456225000328.

Aunque, dentro del contrato con Seguritech, está reservado el Anexo Único donde se especifica el servicio integral contratado en materia de cámaras, videograbación, geolocalización, captura de información, reconocimiento, edificio, entre otros.

Los detalles del servicio integral de tecnología de Seguritech al Gobierno de Querétaro están reservados

El contrato firmado por el Gobierno de Kuri programó los pagos mensuales cada marzo, junio, septiembre y noviembre de 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026; y establece pago extra si hay retrasos por más de 120 días naturales y el retiro del servicio si se retrasan más de ese periodo.

Este 2026 se estipuló un pago mensual de 172 millones 985 mil pesos, es decir, un total de 691 millones 940 mil pesos.

Para el eje de "paz y respeto a la ley", el Gobierno de Querétaro estima este año 3 mil 283 millones de pesos, el 5.08 por ciento de su presupuesto total. Para la Secretaría de Seguridad estatal, que contrató a Seguritech, prevé 41 millones 279 mil 628 pesos, de acuerdo con su Ley de Ingresos 2026.

Por su parte, el medio POP Lab y la plataforma Connectas informaron que el Gobierno de María Eugenia Campos Galván también pagó a Seguritech un contrato por 4 mil 710 millones de pesos para la Torre Centinela de 20 pisos, un centro de operaciones de la Secretaría de Seguridad de Chihuahua ubicado en Ciudad Juárez, donde operan cámaras y tecnología de reconocimiento facial. El Secretario de Seguridad  de Chihuahua Gilberto Loya declaró que está abierta para la presencia eventual de agencias de Estados Unidos.

La propia Secretaría de Seguridad de Querétaro también reconoció que especialistas de agencias estadounidenses han ido a la entidad "para impartir entrenamientos", informó en un video publicado en redes sociales en el que anunció la construcción de la Academia Internacional de Capacitación Policial y se observan agentes de US Marshals, la agencia federal de aplicación de la ley más antigua de EU.

A pregunta expresa sobre los contratos millonarios de Seguritech con gobiernos estatales como Querétaro y Chihuahua, la Presidenta Claudia Sheinbaum planteó desde agosto de 2025 que este tipo de infraestructuras con monitoreo de cámaras no resuelven el problema de seguridad por sí mismos, sino que también se requieren labores de inteligencia e investigación.

En el caso de Querétaro, durante el periodo en que el Gobierno de Kuri lleva pagando a Seguritech de 2022 a 2025, el número de carpetas de investigación por homicidios dolosos bajó de 166 a 140. Pero el delito de fraude aumentó de 3 mil 916 carpetas a 4 mil 623, así como el de extorsión de 224 a 268 carpetas, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública.


En tanto, el número de víctimas de algún delito en Querétaro bajó de 28 mil 790 en 2024 a 25 mil 944 en el año 2025, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026 que consultó fraude, extorsión, robo en calle o transporte público, entre otros delitos.

En contraste, con 46 mil personas de 16 mil hogares, Querétaro ocupó el sexto lugar entre las entidades con mayor desplazamiento forzado por violencia, de acuerdo con la encuesta Intercensal 2020-2025 del Inegi.

La Presidenta Sheinbaum también pidió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigar estos contratos, si se utilizan recursos federales o de los Fondos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Este año el Gobierno de Querétaro prevé ingresar 64 mil 617 millones de pesos, de los cuales el 75 por ciento viene de la federación mediante participaciones y aportaciones, de acuerdo con su Ley de Ingresos 2026.
"Estos montos multimillonarios relacionados con la instalación de estos centros de monitoreo tienen que investigarse porque no son justificables", expuso Sheinbaum.
Entrega de predios

Dentro del Complejo de Seguridad Rhino, mil 785 metros cuadrados se destinan para la construcción de la Academia Internacional de Capacitación Policial con una inversión de más de 30 millones de pesos de recursos estatales, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Querétaro.

A la par de la contratación de Seguritech, la Oficialía Mayor del Gobierno de Querétaro entregó a la Secretaría de Seguridad estatal un total de 39 mil 374.01 metros cuadrados de patrimonio del Estado entre julio de 2023 y julio de 2024, muestra la solicitud de transparencia con el folio 220456225000328.

La información de la Oficialía Mayor de Querétaro detalla que hubo tres procesos de entrega-recepción de terrenos ejidales de 8,637 m2, de 10,382 m2 y de 20,354 m2 a la Secretaría de Seguridad estatal, donde se encuentra el edificio de la Policía Estatal de Querétaro (POES) y su Complejo de Seguridad Rhino.


El diseño de la Academia integra tres estaciones especializadas, un patio de maniobras, un laboratorio y un almacén, además de recepción, oficinas y espacios para la operación y las maniobras vehiculares.

La obra incluye también un puente de interconexión y la modernización de la fachada principal del Complejo de Seguridad Rhino.

Licitación pública para la construcción de la academia

En el caso del terreno para la Torre Centinela, en entrevista para el programa “Café y Noticias” de SinEmbargo Al Aire, Cruz Pérez Cuéllar fue cuestionado sobre la donación en 2022 de un terreno cuando era Alcalde de Juárez. Al respecto argumentó que sólo tenían conocimiento de que el espacio sería destinado para un tema de seguridad, pero se omitió que planeaban la presencia de agentes de EU.
"En ese momento nos pidieron un terreno para la construcción de un edificio, no nos dieron detalles, nos dijeron que era un tema de seguridad y obviamente estábamos entrando y queríamos siempre la colaboración", dijo el ahora virtual candidato para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
Agencias de EU en Querétaro y Chihuahua

Como parte de la relación entre Querétaro y EU, integrantes de la policía estatal han viajado al país gobernado por Donald Trump para capacitarse mientras que especialistas de agencias estadounidenses han ido a Querétaro "para impartir entrenamientos", informó este octubre la Secretaría de Seguridad estatal en un video donde anunció la construcción de la Academia Internacional de Capacitación Policial y se observan agentes de US Marshals.

Sin embargo, ante cuestionamientos de la Presidenta Claudia Sheinbaum por no haber notificado al Gobierno federal de esta colaboración con EU, el Gobernador Mauricio Kuri declaró a la prensa que no había intervención de agentes.
“Fue un acto protocolario, no se firmó nada, y en la misma carta que se le mandó a la Cancillería, se especificó que no había ningún tema de agentes que habían intervenido”, explicó.
En el caso de la Torre Centinela, el Secretario de Seguridad  de Chihuahua Gilberto Loya declaró al Heraldo de Juárez que está "abierta para la presencia eventual y eventualmente permanente de estas agencias" con referencia al FBI, la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la Patrulla Fronteriza y los US Marshal.

En abril de este año además se reveló tras un accidente carretero la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en un operativo antidrogas en la entidad.

Durante la colocación de la primera piedra de la academia policial en Querétaro, el Gobernador Mauricio Kuri agradeció la colaboración entre el Gobierno de Estados Unidos y el de Querétaro en materia de profesionalización policial para México y otros países.

El Secretario de Seguridad estatal, Iován Pérez, aseguró por su parte que la Academia es un espacio concebido para recibir "capacitación especializada de agencias de los Estados Unidos y ponerlo al alcance de instituciones mexicanas de seguridad pública".

Como invitado a la colocación de la primera piedra, el Embajador de Estados Unidos Ronald Jhonson resaltó la colaboración entre Querétaro y Estados Unidos:
"Reconozco al Gobernador Kuri, un amigo mío, y a su equipo en total por su compromiso porque, para enfrentar a los carteles y grupos terroristas, más que buenas intenciones se necesitan acciones y recursos. Esta Academia ayudará a la colaboración tanto de personal del estado como de todo el país, es un ejemplo aquí. Y creo que Querétaro es un ejemplo de lo que podemos hacer si solamente trabajamos juntos", aseguró el estadounidense.
Pero luego del cuestionamiento del Gobierno federal, el Secretario de Seguridad Omar García Harfuch habló directamente con el Gobernador de Querétaro Mauricio Kuri y con el Embajador de Estados Unidos Ronald Johnson, para acordar que seguirán los procedimientos legales en la colaboración con la Academia Internacional de Capacitación Policial.

Y le especificó que tiene que capacitar únicamente en términos de las atribuciones que le corresponden a las entidades de la República y no en delitos federales.