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“Son testigos de oídas”: FGR sobre señalamientos contra Andy López Beltrán y Adán Augusto por presunta red de huachicol fiscal

La FGR indicó que si el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, detenido por supuestamente liderar la red de huachicol fiscal denominada “Los Primos”, tiene pruebas contra el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y el senador de Morena, que las presente

La Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que las personas que han señalado a Andrés Manuel López Beltrán y a Adán Augusto López Hernández en la supuesta red de huachicol fiscal de los hermanos Farías Laguna, son “testigos de oídas” y por eso no los ha investigado. 

La FGR indicó que si el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, detenido por supuestamente liderar la red de huachicol fiscal denominada “Los Primos”, tiene pruebas contra el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y el senador de Morena, que las presente. 

Esto, luego de que Farías Laguna, quien también es sobrino de Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina del sexenio de López Obrador, concedió una entrevista por escrito a TV Azteca en la que, además de rechazar su participación en la red de huachicol fiscal, señaló que en la carpeta de investigación en su contra, hay evidencias y menciones a los verdaderamente involucrados. 

En la entrevista, Farías Laguna fue cuestionado sobre si en la carpeta de investigación aparecen mencionados López Beltrán, López Hernández y Raymundo Pedro Morales, secretario de Marina, de quienes dijo que sí están mencionados por testigos.

Mientras que rechazó que estuvieran mencionados Ojeda Durán, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal y el secretario de Educación, Mario Delgado. 

Al respecto, la FGR reprochó las declaraciones de Farías Laguna y reiteró que no investiga al hijo del expresidente ni al senador, quien también fue secretario de Gobernación con López Obrador, porque no cuenta con elementos suficientes para hacerlo. 

“Las manifestaciones del imputado, así como los datos o elementos que considere pertinentes para sustentar su defensa, deberán hacerse valer ante la autoridad judicial competente, conforme lo señala el debido proceso, no de manera mediática”, indicó la FGR mediante un comunicado. 

“Respecto a las personas mencionadas específicamente por el reportero al imputado, esta Fiscalía General de la República no cuenta con elementos suficientes para iniciar una investigación en su contra. Jurídicamente, a ese tipo de señalamientos se les conoce como testigos de oídas, ya que carecen de la solidez o fundamento legal suficiente para llevar a cabo una indagatoria. Si el imputado cuenta con pruebas de sus dichos, deberá presentarlas formalmente”.   

Farías Laguna acusó que la Semar encubre a Rubén Alfonso Vargas Juárez, almirante que fue destituido de la dirección general de la Administración del Sistema Portuario Nacional Tampico (Asipona) y al contralmirante en retiro, Luis Jorge Goicoechea Sotomayor, exencargado de la aduana en Tampico. 

Sin embargo, la FGR afirmó que aún investiga a ambos exfuncionarios por su posible participación en la red de huachicol fiscal. 

Recordó que en el caso han sido detenidas y llevadas a proceso penal 17 personas entre las que se encuentran quienes organizaron y ejecutaron la logística que derivó en la entrada del buque Challenge Procyon que fue asegurado el año pasado con aproximadamente 10 millones de litros de hidrocarburos etiquetados como aditivos. 

“También están bajo proceso penal los líderes que habrían participado en la designación de los servidores públicos que brindaron las facilidades para que se consumara el hecho, así como diversos empresarios que se habrían beneficiado del ocultamiento del hidrocarburo en su importación al territorio nacional”, agregó la FGR.

Humphrey pide investigar si hubo triangulación en contrato de credenciales del INE

Entre los asuntos que pidió revisar están los contratos del instituto, posibles triangulaciones entre empresas y los nombramientos realizados durante la gestión de Taddei

La consejera electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey, consideró que la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del organismo, en medio de señalamientos por presuntos actos de corrupción y conflictos de interés, representa una crisis que obliga a revisar el funcionamiento interno del instituto y recuperar la colegialidad en la toma de decisiones.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, la consejera señaló que la salida de Taddei ocurrió en un contexto marcado por la concentración de facultades en la presidencia del Consejo General, a partir de una reforma que otorgó un “maxipoder” a quien encabeza el organismo.

“La verdad es que es un momento muy grave para el Instituto Nacional Electoral, sin duda la renuncia de la presidenta por motivos ligados a presuntos actos de corrupción y conflictos de interés”, afirmó.

Explicó que el Consejo General está integrado por 11 consejerías y que la presidencia dentro de ese órgano colegiado funciona como una primera entre pares. Sin embargo, cuestionó que la reforma legal haya modificado el esquema de toma de decisiones y otorgado a la presidencia facultades para designar unilateralmente a funcionarios de alto nivel.

La modificación se incorporó en octubre de 2024 durante la discusión las leyes secundarias en el Senado para instrumentar la reforma judicial. Humphrey recordó que ella y otros consejeros presentaron una controversia constitucional al considerar que se afectaban la colegialidad y la corresponsabilidad del Consejo General.

La consejera señaló que, a partir de esa modificación, la presidencia adquirió la facultad de realizar los nombramientos de altos funcionarios del instituto, incluida la Junta General Ejecutiva. “Hoy toda la Junta General Ejecutiva está nombrada por ella y claramente sólo le respondían a ella”, sostuvo.

Señaló que durante ese periodo las consejerías enfrentaron dificultades para obtener información sobre distintos asuntos del instituto, incluso cuando la solicitaban formalmente o durante las reuniones de consejerías. “Había un continuo bloqueo”, denunció.


Entre los casos que mencionó se encuentra una contratación por 66 millones de pesos que fue observada por el Órgano Interno de Control del INE debido a presuntas irregularidades. También se refirió al contrato para la producción de credenciales para votar, que consideró uno de los asuntos de mayor relevancia operativa para el organismo.

Humphrey explicó que, como presidenta de la Comisión del Registro Federal de Electores, tuvo que llevar a las sesiones de la comisión diversos asuntos relacionados con retrasos en la entrega de credenciales y cuestionamientos sobre el contrato.

Recordó que las credenciales pasaron de entregarse en un plazo de cinco o siete días a tardar hasta mes y medio, situación que llevó a la comisión a solicitar explicaciones al Registro Federal de Electores y a plantear la aplicación de penas convencionales por incumplimientos contractuales.

Los informes, agregó, fueron llevados tanto a la mesa de consejerías como al Consejo General, además de que se impugnaron distintas determinaciones.

Pide investigar posibles triangulaciones

Sobre el contrato para producir las credenciales y los señalamientos acerca de posibles vínculos con el empresario José Alfredo Hernández Casillas, cercano a Taddei, la consejera aclaró que las consejerías no intervienen directamente en los procesos de contratación, adjudicación o licitación, por lo que dijo no contar con información oficial que permitiera establecer alguna relación.

No obstante, consideró necesario investigar si pudo existir alguna triangulación entre empresas o grupos corporativos relacionados con las personas involucradas.

“Creo que debe investigarse hasta las últimas consecuencias, combatir la corrupción frontalmente, tenemos que abrir toda la información”, afirmó.

La consejera planteó incluso la posibilidad de realizar una auditoría externa, además de las investigaciones internas y de las que correspondan a otras instancias fiscalizadoras.

“Hoy por hoy, yo no sé si es la punta del iceberg, o si ya tenemos conocimiento de todas estas actuaciones presuntamente irregulares”, señaló, al precisar que corresponde a las autoridades competentes determinar si existieron irregularidades, responsabilidades y, en su caso, sanciones.

Humphrey sostuvo que el INE debe actuar de manera firme y ejemplar ante los señalamientos, además de abrir la información necesaria para que las investigaciones puedan avanzar.

Indignación por el viaje a París

Respecto de las imágenes difundidas en medios de comunicación en las que aparece el hijo de Guadalupe Taddei junto con Hernández Casillas durante un viaje a París, la consejera expresó su rechazo a cualquier eventual uso indebido de recursos públicos.

“Creo que comparto claramente el tema de una indignación absoluta que con recursos públicos todavía tengamos que ver en los medios de comunicación ese tipo de conductas”, declaró.

Ante la crisis de confianza derivada de estos hechos, Humphrey llamó a distinguir entre el funcionamiento de la administración encabezada por Taddei y la estructura técnica del INE encargada de organizar las elecciones.

Sostuvo que el organismo mantiene capacidades técnicas y recordó que ha organizado procesos electorales y ejercicios de democracia directa, además de la elección del Poder Judicial.

En ese sentido, llamó a la ciudadanía a mantener la confianza en la institución y aseguró que el personal del organismo continúa trabajando en el proceso electoral. “La columna vertebral de este instituto es justamente el Servicio Profesional Electoral”, afirmó.

Sobre las investigaciones que realiza el Órgano Interno de Control, Humphrey explicó que las consejerías tenían conocimiento de que existían algunos procedimientos, principalmente porque habían recibido información de ciudadanos y correos anónimos que, en algunos casos, fueron turnados al propio órgano de control.

Sin embargo, señaló que las consejerías no contaban con los detalles de las investigaciones que fueron entregados a la Cámara de Diputados.

Explicó que el Órgano Interno de Control es designado por la Cámara de Diputados y rinde cuentas ante esa instancia, por lo que las consejerías conocerán los resultados de las investigaciones una vez que concluyan.

Más de 800 renuncias y cuestionamientos internos

En cuanto al funcionamiento interno del instituto durante la presidencia de Taddei, Humphrey señaló que hubo múltiples renuncias de funcionarios y que algunas personas habrían expresado que no estaban dispuestas a realizar determinadas acciones, además de referir presiones relacionadas con sus liquidaciones.

Mencionó que durante este año se registraron más de 800 renuncias, incluidas algunas atribuidas a motivos de salud, aunque posteriormente algunas de las personas que dejaron el organismo aparecieron en otros cargos.

Como ejemplo de la falta de comunicación interna, relató que la salida de la secretaria ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino, se conoció entre las consejerías a través de una nota informativa, mientras se encontraban reunidas para abordar otro asunto.

También señaló que las consejerías fueron informadas con poca anticipación sobre decisiones institucionales, incluida la modificación de la imagen del organismo al inicio del proceso electoral.

Humphrey dijo que cuestionó qué ocurriría con los chalecos, gorras y otras prendas utilizadas por los capacitadores electorales para identificarse ante la ciudadanía, debido al gasto que implicaría sustituir esos materiales, pero afirmó que hasta ese momento no había recibido respuesta a su oficio.

La consejera cuestionó además el manejo de la comunicación institucional. Explicó que, por diseño, la comunicación social depende de la presidencia y sostuvo que durante la administración anterior las actividades de las consejerías dejaron de aparecer con frecuencia en los comunicados institucionales, por lo que habían sido “claramente borrados del mapa institucional”.

Dijo que cuando las consejerías cuestionaban determinadas decisiones, posteriormente aparecían señalamientos en columnas periodísticas que calificaban sus posturas como conflictos internos o desacuerdos personales.

¿Competirá por la presidencia del INE?

Ante la salida de Taddei, la consejera también habló sobre el proceso para elegir a una nueva presidenta o presidente del INE y sobre la posibilidad de que las actuales consejerías participen.

Recordó que anteriormente se registró para competir por la presidencia del instituto, pero el Comité Técnico de Evaluación determinó que no podía continuar en el proceso. Humphrey impugnó la decisión, aunque la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó el criterio de que su participación implicaría una reelección.

La consejera señaló que las condiciones actuales son distintas y que deberá analizar la convocatoria antes de determinar si volvería a postularse.

Explicó que actualmente le quedan alrededor de dos años en el cargo, por lo que tendría que valorar la duración de la presidencia que será designada para sustituir a Taddei y el tiempo restante de su propio mandato.

Respecto de la presidencia provisional, Humphrey no descartó participar en la decisión y sostuvo que, ante una crisis como la actual, las consejerías deben priorizar la generación de consensos y decisiones que permitan recuperar la confianza en el organismo.

“Creo que todas y todos podemos estar interesados pero yo creo que hay que ser muy claros tener mucha claridad respecto de que aquí lo principal es justamente el Instituto Nacional Electoral”, afirmó.

El Consejo General deberá elegir a una presidencia provisional entre las consejerías mientras la Cámara de Diputados desarrolla el procedimiento para designar a quien ocupará formalmente el cargo.

Humphrey explicó que corresponde al propio Consejo General determinar quién asumirá provisionalmente la presidencia y que la decisión se tomará mediante un procedimiento que sería discutido por las consejerías.

Recuperar la colegialidad

También sostuvo que uno de los objetivos inmediatos debe ser recuperar la colegialidad que se perdió con la reforma que concentró facultades en la presidencia.

“Lo que tenemos que aportar es confianza, credibilidad, decisiones compactadas, discutidas y retomar esta colegialidad que se rompió y nos fue arrebatada primero por una reforma legal”, señaló.

La consejera consideró que debería proponerse a la Cámara de Diputados eliminar del marco electoral la disposición que permitió concentrar esas facultades en la presidencia, aunque advirtió que no sería conveniente abrir un proceso más amplio de reformas electorales durante el actual proceso electoral.

Mientras tanto, planteó que quien asuma la presidencia debe comprometerse a mantener la colegialidad y consultar las decisiones con el Consejo General, incluso mientras conserve legalmente las facultades que le fueron conferidas.

También señaló que el Consejo General analiza posibles cambios en las áreas actualmente dirigidas por personas nombradas durante la presidencia de Taddei.

Explicó que antes de tomar decisiones solicitaron un diagnóstico de las áreas del instituto para conocer quiénes permanecen en sus cargos, qué puestos quedaron vacantes y cuáles son las condiciones de cada área.

“Tenemos que privilegiar perfiles técnicos, solventes, con experiencia, porque estamos ya en medio del proceso electoral”, indicó.

La consejera precisó que cualquier modificación deberá realizarse de manera consensuada, debido a que la facultad de los nombramientos corresponde a la presidencia del Consejo General.

El diagnóstico fue solicitado a la Secretaría Ejecutiva, actualmente encabezada de manera temporal, y servirá como base para definir posibles sustituciones o cambios en las áreas del instituto.

Respecto del nombramiento de la presidencia definitiva, Humphrey estimó que el procedimiento de la Cámara de Diputados podría tomar entre cinco y seis semanas, debido a las distintas etapas previstas en el marco constitucional.

Explicó que el proceso incluye una convocatoria, la entrega de documentación, la evaluación de las personas aspirantes y la integración de un Comité Técnico de Evaluación, además de etapas como examen, entrevista y comparecencia.

Sostuvo que mientras se desarrolla el procedimiento el principal reto de las consejerías será mantener la operación del INE durante el proceso electoral y recuperar los mecanismos de decisión colegiada, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la confianza en el organismo.

CEDHJ descarta tortura en protesta por el agua sin mostrar pruebas

La Comisión no detalló qué evidencias sustentan su conclusión; además, mantiene 25 quejas por presunto abuso de autoridad contra policías estatales

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) descartó, “hasta el momento”, actos de tortura relacionados con la detención de 39 personas durante la manifestación del 11 de octubre para exigir agua limpia en Guadalajara.

Sin embargo, no detalló en su comunicado las pruebas que sustentan su conclusión.

Mientras tanto, el organismo dijo que mantiene 25 quejas contra policías estatales por presunto abuso de autoridad y reconoce que falta esclarecer el posible uso excesivo de la fuerza.

La CEDHJ informó que entregó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el expediente y la documentación sobre los hechos, luego de que el organismo nacional atrajera el caso.

“Hasta el momento, la CEDHJ descarta actos de tortura relacionados con estos hechos”, afirmó pero no especificó qué elementos de prueba revisó para llegar a esa determinación ni qué hechos abarcó su valoración.

El organismo estatal también sostuvo que continúa siendo fundamental esclarecer los señalamientos sobre el posible uso excesivo de la fuerza policial y el presunto incumplimiento de los protocolos de actuación.

La CEDHJ informó que recibió 25 quejas contra elementos de la Policía Estatal por presuntos actos de abuso de autoridad, abrió el acta de investigación 41 y dictó medidas cautelares, pero no precisó cuántas de esas quejas corresponden específicamente a denuncias de tortura.

La comisión estatal indicó que 16 personas servidoras públicas realizaron labores de observación y acompañamiento antes, durante y después de la manifestación del 11 de octubre.

También destacó que dio seguimiento a la situación de las 39 personas detenidas, con el propósito de vigilar que se respetaran sus derechos y garantías.

Además, el organismo reportó que mantuvo presencia en las movilizaciones del 18 de octubre, con 39 personas servidoras públicas, y del domingo 25, con 40.

Respecto de la entrega del expediente, la CEDHJ detalló que la CNDH notificó por correo electrónico la atracción del caso el 13 de octubre y que el acuerdo se recibió físicamente al día siguiente, con un plazo de cinco días para entregar la documentación.

El 19 de octubre, la Comisión estatal solicitó una prórroga de cinco días hábiles debido al volumen de material visual que debía recopilar, revisar e integrar y la CNDH concedió la ampliación ese mismo día.

La CEDHJ manifestó su disposición de colaborar con la instancia nacional para contribuir al esclarecimiento de los hechos y reiteró que las autoridades deben apegarse a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

Además insistió en que las autoridades deben garantizar los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y protesta social.

La conclusión de la Comisión estatal se dio a conocer mientras la CNDH desarrolla sus propias actuaciones sobre las detenciones del 11 de octubre.

El organismo nacional anunció el 21 de octubre que un equipo interdisciplinario inició evaluaciones técnico-especializadas y médico-psicológicas para documentar posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

La CNDH también informó que contemplaba aplicar conforme a las necesidades de cada caso, el Protocolo de Estambul, que permite investigar y documentar posibles actos de tortura y malos tratos.

El organismo nacional no ha establecido, hasta el momento, una conclusión sobre la existencia de esos delitos.

La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura establece que ese delito debe investigarse de oficio, por ello se esperan los procedimientos de las fiscalías involucradas o cierre de una investigación judicial.

Gabinete de Seguridad niega reunión de Ariadna Montiel con “El Guano” y descarta vínculos con el narco

A través de un mensaje en redes sociales, el organismo liderado por García Harfuch negó la existencia de algún informe de inteligencia informe sobre vínculos de la morenista con el narcotráfico

El Gabinete de Seguridad del gobierno federal salió en defensa de la dirigente del partido político Morena, Ariadna Montiel Reyes.

A través de un mensaje en redes sociales, el organismo liderado por Omar García Harfuch negó la existencia de algún informe de inteligencia donde se reporte una supuesta reunión de Montiel Reyes con Aureliano Guzmán, “El Guano”, mientras la morenista residió en Chihuahua.

Ello luego de que el columnista Héctor de Mauleón publicara una columna en El Universal donde afirmaba que había reportes de seguridad sobre dicho encuentro, situación que inicialmente fue desmentida por Montiel Reyes.

"Es falso que las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad hayan confirmado la información difundida en dicha columna. Las afirmaciones atribuidas a supuestas fuentes federales no constituyen, por sí mismas, información oficial ni permiten acreditar los hechos señalados", apuntaron el conjunto de dependencias federales que integran dicho gabinete.

Se trata de una de las primeras veces que el Gabinete de Seguridad del gobierno sale en defensa de un personaje político que, en teoría, no tiene relación con el aparato gubernamental de la Presidenta Claudia Sheinbaum.


FUENTE/MEDIO: PROCESO.
AUTOR: ALFREDO CANEDO.

Caída de Taddei exhibe a las piezas de Adán Augusto López en el INE

La renuncia de Guadalupe Taddei al INE deja al grupo de Adán Augusto López sin una aliada estratégica. Taddei ubicó a personas del Grupo Tabasco en áreas clave mediante facultades otorgadas en reserva. Voces críticas exigen revisar y remover esos nombramientos

Con la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), producto de los señalamientos de la prensa sobre su relación con uno de los principales proveedores del organismo autónomo, el grupo del senador Adán Augusto López Hernández está perdiendo a una aliada estratégica en el sistema electoral, quien ha colocado a personas vinculadas con el llamado Grupo Tabasco en algunos de los cargos clave del INE, de la mano del consejero tabasqueño Jorge Montaño Ventura

Después de que el Senado de la República –entonces dirigido por Adán Augusto López Hernández– le otorgara, de manera subrepticia, facultades nuevas para realizar los nombramientos de los más altos funcionarios del INE sin pasar por el Consejo General, Taddei ha colocado a personas incondicionales en las direcciones generales y al frente de las unidades del organismo autónomo.

Entre ellos destacan el abogado tabasqueño Mario Alberto Alejo García, cuyo nombramiento realizado por Taddei al frente de la muy estratégica Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) causó polémica, pues no reunía los requisitos constitucionales para ocupar el cargo. Antes de trabajar como asesor de Montaño, Alejo había desempeñado varios cargos en el Congreso de Tabasco mientras la entidad era gobernada por Adán Augusto López Hernández.

En la UTF, Alejo García se llevó a otro asesor de Montaño Ventura, José Luis Hernández Villarruel, como director de análisis de riesgo, así como a la tabasqueña María del Carmen Cruz Tolentino, otrora funcionaria del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco y del tribunal electoral en la misma entidad.

Durante los tiempos de Adán Augusto López Hernández en el gobierno tabasqueño, 21 de los 35 escaños del Congreso eran ocupados por diputados de Morena, incluyendo el del distrito 12 de la capital, ocupado por la diputada morenista Nelly del Carmen Vargas Pérez, quien anteriormente había sido diputada federal por Movimiento Ciudadano.

Esa exlegisladora se encuentra actualmente en la nómina del INE, adscrita a la Dirección General de Administración, con un sueldo de 93 mil pesos brutos al mes, donde se encuentra bajo las órdenes de la potosina Liliana Díaz de León Zapata, recientemente nombrada por Taddei al frente de la estructura burocrática del INE.

Guadalupe Taddei es vinculada con el gobierno de Alfonso Durazo Montaño –quien es al mismo tiempo presidente del Consejo Nacional de Morena– en Sonora, estado en el que sus tres hijos, así como media docena de familiares, tienen cargos públicos.

Uno de sus colaboradores más cercanos en el INE, Christian Arteaga Ríos, había trabajado para Álvaro Bracamonte Sierra, el tío político de Taddei, en la Secretaría de Gobierno de Sonora bajo el mandato de Durazo, y otra es Karla Beatriz Ornelas Monroy, quien fue nombrada por Durazo titular provisional del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) en 2022.

Sin embargo, la ahora expresidenta del INE también tuvo consideraciones para el Grupo Tabasco, representado en el Consejo General por Jorge Montaño, otrora consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), del que fue desaforado en 2015 por la compra presuntamente fraudulenta de un edificio en pésimas condiciones que nunca se ocupó, en una operación que transitó entonces por la Notaría 27 de Villahermosa, cuyo titular era Adán Augusto López Hernández.

Así, Taddei colocó como directora ejecutiva de Asuntos Jurídicos a Anahí Silva Tosca, quien fuera subconsejera jurídica de López Hernández en el gobierno de Tabasco, y permaneció en el cargo cuando el político tabasqueño pidió licencia para asumir la Secretaría de Gobernación (Segob).

Voces críticas de la gestión de Taddei al frente del INE han exigido una revisión, y una posible remoción, de los nombramientos realizados por la expresidenta en las áreas estratégicas del organismo, como producto de las nuevas facultades que le otorgó una reserva agregada de manera subrepticia por Morena en la reforma judicial de 2024.

Tequila naranja: agua limpia a raudales para socios tequileros de Lemus

Mientras la población de la Zona Metropolitana de Guadalajara, corazón de Jalisco, enfrenta una severa crisis de suministro, que incluye cortes y flujo de aguas turbias para uso doméstico, los Orendain, socios del gobernador emecista Lemus Navarro, gozan de concesiones de pozos de aguas limpias para su producción tequilera con más de 26 mil metros cúbicos de volumen disponible anual, equiparable a una 2,600 pipas de agua

Miembros de la familia Orendain, propietaria de una de las marcas de tequila más conocidas de ese mercado, son socios del gobernador emecista de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, en negocios inmobiliarios, y gozan de la explotación de pozos de agua limpia para su producción industrial, con un flujo anual de 26 mil metros cúbicos.

Lemus Navarro es accionista de la inmobiliaria Desarrolladora Bahía de Banderas (DBDB), de cuya estructura accionaria también forma parte la firma Marcas Globales, que pertenece a Carlos Eduardo y Andrés Orendain Zamudio, propietarios de Tequila Orendain de Jalisco, de acuerdo con documentos notariales revisados por EMEEQUIS. 

Tan solo en Zapopan, Tequila Orendain de Jalisco tiene la concesión de dos pozos de explotación hídrica para fines industriales, en la localidad de Jocotán, según registros públicos de la  Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEAJ). La firma tequilera tiene su casa matriz en ese lugar. Y en el municipio de Tequila, donde tiene destilerías, la empresa tiene otras concesión.

De acuerdo con la IA de Google, para transportar los 26 mil metros cúbicos de agua que disfrutan los Orendain de sus pozos concesionados, se requerirían 2,600 pipas estándar con capacidad de 10 mil litros, que formadas una detrás de otra se extenderían en una fila de 20 kilómetros. 

Los hermanos Orendain formaban parte del consejo de administración de DBDB desde noviembre de 2008.

Además de los hermanos Orendain, Lemus Navarro tiene como socios en DBDB a algunos personajes polémicos, de manera destacada a José Zorrilla de San Martín Diego ―quien también tiene concesiones de explotación de agua, aunque fuera del estado de Jalisco―, que fue secretario de Turismo y Desarrollo Económico en Oaxaca, durante la gestión del morenista Gabino Cue, y que salió del gobierno inhabilitado para desempeñar cargos públicos tras una investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que le señaló un presunto daño al erario de 170 millones de pesos.

Otros socios de Lemus en esa inmobiliaria son Juan José Carrasco Altamirano, hermano del exgobernador de Oaxaca, Diódoro Carrasco Altamirano; y el exdirigente nacional del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani.


Agua a raudales…

El 11 de octubre, el gobierno de Jalisco reprimió una manifestación masiva y pacífica de ciudadanos de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMGDL), que protestaban contra el suministro de aguas turbias para uso doméstico. Dirigentes civiles denunciaron la brutalidad policíaca ejercida contra la población ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). El gobierno de Pablo Lemus se vio obligado a investigar a 17 de sus gendarmes.

Las protestas continúan, mientras la crisis del agua en la ZMG escala y parece apuntar a convertirse en el conflicto social mayor desde las explosiones de 1992 por concentración de combustibles en las tuberías de la capital tapatía. 

Los Orendain han estado cerca de la jerarquía de Movimiento Ciudadano (MC) en Jalisco desde el ascenso de ese partido en el estado, y hasta han desempeñado cargos de gobierno. Por otro lado, Tequila Orendain ha sido señalada reiteradamente de contaminar los ríos Las Ánimas y Atizcoa con descargas de aguas residuales saturadas de vinaza, un residuo líquido nocivo que ha matado hasta 100 toneladas de peces.

Desarrolladora Bahía de Banderas (DBDB)

LA INMOBILIARIA DBDB

Desarrolladora Bahía de Banderas (DBDB) fue constituida en septiembre de 2006 ante el notario Rodolfo Eduardo Ramos Ruiz en Guadalajara, Jalisco. Los fundadores plantearon sus propósitos de manera sucinta y específica: “La adquisición por cualquier título jurídico, del dominio pleno de la parcela # 90-z1 letra pe/1 ejido de La Jarretadera, en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit (…)”.

Los socios iniciales de la firma inmobiliaria fueron José Zorrilla de San Martín Diego, Gerardo Gutiérrez Candiani, Guillermo Salles Alvo y Marcas Globales S.A. de C.V.

En octubre de 2007, el número de socios se había ampliado. De acuerdo con el acta con número único de documento 3200L4 de la misma notaría, a los inversionistas ya señalados se sumaron Gerardo Minjares Calderón, Francisco Javier Sánchez Orozco, Carlos Antonio Guerrero Calzada, Francisco Javier Villa Calderón, Hugo Salvador Villa Manzo ―suegro del gobernador―  y el mismo Pablo Lemus Navarro. 

En 2008, Pablo Lemus ya era miembro del consejo de administración de BDBD, junto con los hermanos Orendain, según el acta notarial con número único de documento 43009N, del 14 de octubre de 2009:

“En asamblea de fecha 06 de noviembre del 2008”, con asistencia del “92.50 % de los socios”, “se acordó que el consejo de administración continuará integrado por los señores: Gerardo Gutiérrez Candiani, Carlos Antonio Calzada Guerrero, Carlos Eduardo Orendain Zamudio, Jesús Pablo Lemus Navarro, Guillermo Salles Alvo, José Zorrilla de San Martín Diego y Francisco Javier Villa Roiz, quienes según el orden de su anterior designación ocupan respectivamente los cargos de presidente, secretario, tesorero, primer vocal, segundo vocal, tercer vocal, cuarto vocal y quinto vocal”.

El registro más reciente, inscrito en 2024, refiere cómo la inmobiliaria siguió comprando parcelas en el Ejido La Jarretadera, donde ha construido desarrollos exclusivos, y enlista la participación accionaria, en la que figuran José Zorrilla de San Martín Diego, Gerardo Gutiérrez Candiani, Juan José Carrasco Altamirano, Guillermo Salles Alvo, Marcas Globales S.A. de C.V., Francisco Javier Orozco Sánchez, Carlos Antonio Calzada Guerrero, Graciela Margarita Guerrero Ochoa, Hugo Salvador Villa Manzo, Francisco Javier Villa Roiz, Gerardo Minjares Calderón, y Jesús Pablo Lemus Navarro.

EL AGUA DE LOS ORENDAIN

La empresa Marcas Globales fue fundada en enero de 2003 en Guadalajara, por José de Jesús Reynoso Ramírez y Darío Güemes Castorena. En 2005 la vendieron a los hermanos Carlos Eduardo y Andrés Orendain, de acuerdo con el instrumento notarial de número único 2900R4.   

Además de la enajenación de acciones, el acta consignó:

“Se nombra como nuevo administrador general único a Carlos Eduardo Orendain Zamudio” (…)”; la asamblea acuerda el nombramiento como apoderado de Andrés Orendain Zamudio quien contará con las siguientes facultades: poder general judicial, poder general para actos de administración, poder general para actos de dominio, poder general para actos de administración laboral, poder general para representar a la sociedad ante asuntos relacionados con el IMSS, poder general para representar a la sociedad ante asuntos con la Profeco, poder general para aceptar, certificar, otorgar, girar, emitir y endosar títulos de crédito a nombre de la sociedad poderdante, poder general cambiario para abrir y cancelar cuentas bancarias”

Marcas Globales. Documentos notariales.

Carlos Eduardo Orendain es presidente del Consejo de Accionistas de Casa Orendain y de Tequila Orendain de Jalisco, y en octubre de 2025, acompañó a su socio, el gobernador Pablo Lemus, en la celebración del “Día del tequilero”,

De acuerdo con la ficha técnica dedicada a Zapopan por la Comisión Estatal del Agua, Tequila Orendain de Jalisco tiene dos concesiones en Jocotán, dentro del municipio señalado. Se trata de las asignaciones 08JAL103142/12FMOC09  y 08JAL128417/12FMGR06, una con autorización explotación de 1,800 metros cúbicos y la otra por 8 mil metros cúbicos. Ambas son autorizaciones para uso industrial. Y en el municipio de Tequila, la empresa cuenta con otra asignación (08JAL134928/12FMOC09), con autorización de explotación de 24,000 metros cúbicos, con fines industriales también. Suman más de 26 mil metros cúbicos de flujo anual de agua.

Además, otros miembros de la familia tienen también concesiones en el municipio de Tequila, como Roberto Orendain González (asignación 08JAL130392/12IMOC07 ), con autorización de 3 mil 522 metros cúbicos, para su ganado (fines pecuarios); y dos más en la comunidad de El Rosario (08JAL134470/12AMOC0, 08JAL134522/12AMOC0), con 5,400 metros cúbicos de explotación autorizada, y la otra para 67,740 metros cúbicos de explotación para producción agrícola.

LOS ORENDAIN Y SU APUESTA POR MC

Casa Orendain cumplió un siglo este 2026. La revista digital Players of life, publicó a propósito del aniversario:

“Recoger esa herencia y traducirla en decisiones estratégicas ha sido la responsabilidad de la tercera generación, encabezada por Carlos Eduardo Orendain Zamudio, quien es respaldado por su primos, socios y consejeros”.

Parte de esa herencia ha sido estar cerca del poder político. De 1947 a 1948, fue alcalde de Tequila, por el PRI, Eduardo Orendain González, cargo que otro miembro de la dinastía repitió de 1992 a 1995, Eduardo Orendain Giovannini.  

Las siglas han cambiado. La hegemonía de MC en Jalisco ha sido acompañada por los Orendain desde un inicio. En 2018, Francisco Xavier Orendain de Obeso fue designado Coordinador General Estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico de Jalisco, bajo el gobierno del emecista Enrique Alfaro.

Y cuando Pablo Lemus fue alcalde de Guadalajara (2021-2023), nombró a Rafael Orendain Parra, miembro de la familia tequilera, como Coordinador de Proyectos Estratégicos.

CONTAMINACIÓN TEQUILERA: “ESTO SUCEDE CON LAS DESTILERÍAS ORENDAIN” 

La Tequilera Orendain ha sido reiteradamente señalada por descargar residuos contaminantes de su industria en algunos de los grandes cuerpos de agua del sistema hídrico jalisciense, concretamente la vinaza, un residuo líquido nocivo, con alto contenido de materia orgánica y bajo PH, derivado del procesamiento del agave para la elaboración de tequila. 

“Esto sucede en destilerías vinculadas con la familia Orendain, (como) La Arenita y La Mexicana, instaladas en los números 35 y 206, respectivamente, de calle Tabasco, donde las vinazas son vertidas desde hace años al arroyo Atizcoa, perteneciente al municipio de Tequila, a través de canales al aire libre”, publicó el diario La Jornada en vísperas del arranque de la gestión de Pablo Lemus como gobernador (“Tequileras contaminan cuerpos de agua en Jalisco”, La Jornada 11 de noviembre de 2024).

El rotativo denunció que en 2021, “en el pueblo Ayotlán de la Región de los Altos de Jalisco, colapsó una estructura  para secar las vinazas y millones de litros cayeron al arroyo Las Ánimas hasta llegar a la Presa de San Onofre, lo que provocó la muerte de al menos 100 toneladas de peces” por agua putrefacta. 

Ya en marzo de 2017, la tequilera Casa Sauza, propiedad de la firma japonesa Suntory, acusó en su sitio institucional la contaminación de los ríos Atizcoa y Las Ánimas por las tequileras que no han invertido en el tratamiento de aguas residuales.  

Se estima que cada litro de tequila genera hasta 12 litros de vinaza.

FUENTE/MEDIO: EMEEQUIS (INVESTIGACIONES)
AUTOR: ESTEBAN DAVID RODRÍGUEZ.
ENLACE: https://emeequis.com/investigaciones/tequila-naranja-agua-limpia-a-raudales-para-socios-tequileros-de-lemus/

La corrupción también cobra vidas

Lo corrupción es peligrosa, más allá del daño al erario. Las carreteras son uno de los ejemplos más visibles. Baches, pavimentos que se deterioran prematuramente y obras deficientes obligan a preguntar cómo se ejercieron los recursos, quién supervisó los trabajos y si hubo consecuencias por los incumplimientos

La corrupción es uno de los peores males que puede padecer una sociedad. No solo roba dinero público, debilita instituciones y alimenta la impunidad; también cobra vidas humanas.

Cuando alguien lucra con los medicamentos que necesita un paciente, cuando una carretera se construye con materiales de mala calidad o una obra se asigna a cambio de sobornos, favores o apoyos políticos, el daño va mucho más allá del dinero desviado. Se pone en riesgo la salud, la seguridad y la vida de las personas.

La corrupción no es solamente un expediente administrativo, puede convertirse en una tragedia humana.

Las carreteras son uno de los ejemplos más visibles. Baches, pavimentos que se deterioran prematuramente y obras deficientes obligan a preguntar cómo se ejercieron los recursos, quién supervisó los trabajos y si hubo consecuencias por los incumplimientos.

En distintos proyectos de obra pública, las auditorías han señalado irregularidades como trabajos no ejecutados, deficiencias de calidad, documentación insuficiente y problemas en la aplicación de sanciones. Cada observación debe aclararse y, cuando se acrediten responsabilidades, deben imponerse las consecuencias correspondientes.

¿Dónde termina la negligencia y dónde comienza el negocio?

Una obra se construye mal, se deteriora en poco tiempo y necesita otra intervención. Se vuelve a contratar y se vuelve a gastar. La ciudadanía termina pagando por segunda vez lo que debió hacerse bien desde el principio. Si existen acuerdos indebidos entre funcionarios y contratistas, unos se benefician mientras la población asume los costos y los riesgos.

La obra pública no puede convertirse en un negocio permanente para quienes hacen mal su trabajo y después reciben otro contrato para repararlo.

Si las carreteras evidencian el problema, el sector salud revela su dimensión más dolorosa.

¿Qué puede ser más indignante que pagar medicamentos con dinero público y que estos no lleguen a los hospitales? ¿Cómo se explica que existan recursos presupuestados mientras los pacientes enfrentan la falta de tratamientos?

Las irregularidades en la compra y distribución de medicamentos pueden incluir pagos sin comprobación suficiente, proveedores incumplidos, entregas tardías, posibles empresas fachada, inventarios deficientes y fármacos que caducan sin llegar a quienes los necesitan. También deben investigarse las posibles sustracciones de insumos para venderlos ilegalmente.

Cada caso exige pruebas y responsabilidades individualizadas. No se trata de acusar sin evidencia, sino de impedir que los recursos destinados a proteger la salud terminen en manos de particulares.

Mientras alguien lucra con un contrato, hay pacientes esperando. Mientras un almacén acumula medicamentos caducados, hay personas que no pueden costear un tratamiento. Y mientras las irregularidades quedan sin resolver, las familias enfrentan consecuencias irreversibles.

El deterioro de una carretera puede contribuir a un accidente; una obra insegura puede poner vidas en peligro; la falta de medicamentos indispensables puede agravar la condición de un paciente. Basta recordar el socavón del Paso Exprés de Cuernavaca, en 2017, donde murieron dos personas. Tragedias así obligan a examinar la construcción, la supervisión y la actuación de las autoridades responsables.

Por eso, la fiscalización no debe quedarse en cifras ni observaciones acumuladas. La Auditoría Superior de la Federación y los órganos estatales de control deben dar seguimiento a las irregularidades y promover las acciones correspondientes. Las autoridades competentes deben investigar y sancionar conforme a la ley.

Auditar no es un trámite burocrático. La fiscalización sirve cuando detecta abusos, corrige fallas, recupera recursos y genera consecuencias para quienes resulten responsables.

¿Quién responde cuando una obra presenta deficiencias? ¿Quién explica por qué se pagó un medicamento que no llegó? ¿Quién investiga a los funcionarios que pudieron favorecer a un proveedor? ¿Qué sucede cuando las observaciones se acumulan y las sanciones no llegan?

No basta con anunciar presupuestos millonarios e inaugurar obras. Hay que demostrar que el dinero se ejerció correctamente, que los bienes se entregaron y que las obras cumplen con lo contratado.

La corrupción no distingue colores partidistas ni niveles de gobierno. Combatirla exige transparencia, instituciones fiscalizadoras eficaces, investigaciones serias y sanciones sin privilegios.

El dinero público tiene un propósito: atender las necesidades de la sociedad. Cada peso destinado a una carretera debe contribuir a la seguridad; cada peso destinado a la salud debe acercar medicamentos a quienes los necesitan.

La corrupción también cobra vidas, y no hay discurso, partido ni cifra que pueda justificarlo. Cada peso desviado de los recursos destinados a una carretera, un hospital o medicamentos es una traición a la confianza pública y, en los casos más graves, puede poner en riesgo la vida de personas inocentes.

Quien lucra con la salud y la seguridad de la gente no solo le roba al erario: le roba oportunidades, bienestar y, a veces, la posibilidad de seguir viviendo. Y quien, desde el poder, lo permite, lo encubre o deja que la impunidad prevalezca, también debe rendir cuentas.

Porque el dinero público puede recuperarse; una vida, jamás.

FUENTE/MEDIO: EMEEQUIS (ESPECIAL)
AUTOR: JULIETA DEL RÍO VENEGAS.
ENLACE: https://emeequis.com/analisis/la-corrupcion-tambien-cobra-vidas/

Crisis del agua y emergencia sanitaria en Guadalajara

"Han sido organizaciones de la sociedad civil quienes han tomado la iniciativa para analizar la calidad del agua de la capital de Jalisco"

Las charlas cotidianas entre los tapatíos transcurren más o menos así: “¿cómo está saliendo el agua en tu colonia?”. Y las respuestas: en mi casa llega turbia o negra, en mi casa con mal olor, como a caño o mierda”. Y en otros la respuesta es que los tandeos (cortes de agua) que el Gobierno anunció que serían de dos o tres días en la mitad de las colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara, en realidad se extienden por varios días o de plano, varias semanas. Pero otro tópico recurrente de las charlas que tenemos en Guadalajara son los daños visibles que notamos en nuestra salud. Conversando con dos familiares, coincidimos los tres que tenemos semanas que nos despertamos con lagañas en los ojos que a veces, incluso, nos impiden momentáneamente abrirlos. Una consecuencia muy notoria, quizá la más, de la mala calidad del agua que el Gobierno de Jalisco y el organismo operador del agua está sirviendo a los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara, es la dermatitis. Es frecuente que los tapatíos que consumen el agua puerca resulten con salpullidos y otras enfermedades de la piel.

Y hay muchas conversaciones acerca de las enfermedades gastrointestinales que el agua de mala calidad provoca en miles de habitantes de la capital de Jalisco. A pesar de ello, el Gobierno estatal se niega a reconocer las afectaciones que la mala calidad del agua está provocando en miles de tapatíos. Si bien el Gobernador Pablo Lemus Navarro ya reconoció que hay una crisis por la mala calidad del agua, hasta ahora no ha reconocido que también debería haber una alerta o una emergencia sanitaria por las consecuencias a la salud que provoca el uso de agua puerca entre los tapatíos.

Tanto el Secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, como el titular de Comisión para la Prevención de Riesgos Sanitarios del estado (Coprisjal), José Antonio Muñoz Serrano, negaron el pasado 6 de julio que hubiera incremento de enfermedades asociadas al consumo y uso de agua de mala calidad: “Estos canales endémicos no muestran un incremento atípico de enfermedades gastrointestinales o conjuntivitis por ejemplo asociadas al agua en el área metropolitana de Guadalajara. Los datos de vigilancia en salud muestran 54 mil 869 casos de enfermedades gastrointestinales desde el inicio de este 2026 y hasta su semana epidemiológica número 24 frente a 56 mil 448 casos en el mismo periodo del 2025”.

No obstante, admitieron que el agua que se sirve a los tapatíos no es apta para la ingesta. El Secretario de Salud de Jalisco dijo en esa fecha cuando ya los reportes por mala calidad del agua se multiplicaban por miles: “En el área metropolitana de Guadalajara la recomendación preventiva para las familias es no usar agua de la llave para beber ni para preparar alimentos. Para esos usos se ha utilizado desde hace décadas el agua de garrafón o purificada, para cepillarse los dientes preferentemente debemos utilizar agua de garrafón o purificada y con respecto al agua que proviene de la red puede usarse para lavar trastes, ropa. Para limpieza en general siempre que no presente coloración marcada, ni olor intenso, para el baño y lavado de manos puede usarse bajo la misma condición”.

Ante la falta de prevención e información confiable por parte del Gobierno de Jalisco y del Sistema Intermunicipal del Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) que provee del servicio a los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara, han sido organizaciones de la sociedad civil quienes han tomado la iniciativa para analizar la calidad del agua de la capital de Jalisco.

Una coalición de organizaciones conformó la “Campaña Ciudadana El SIAPA que Queremos: Agua para la Vida, NO para el Negocio” y convocó a realizar monitoreos ciudadanos. Entregaron kits de análisis y convocaron a los propios vecinos a realizar muestras de la calidad del agua. Llevaron a cabo un primer muestreo en abril de este año y otro en junio. En este, realizaron 184 muestras en 90 colonias de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga. Su conclusión es contundente: “El resultado no deja espacio para la ambigüedad: el agua que distribuye el SIAPA en la Zona Metropolitana de Guadalajara no cumple los estándares mínimos de seguridad para el consumo humano”. Encontraron que el agua que se sirve a los tapatíos no está clorada, que hay presencia de bacterias fecales y de metales pesados que ponen en riesgo la salud. Este es el resumen de este informe:

“Ausencia generalizada de desinfección: El hallazgo masivo de cloro residual cero [93.5 por ciento de las muestras] confirma representa un riesgo microbiológico latente de contraer enfermedades hídricas.

E. coli: Existe evidencia de la presencia de bacterias fecales en la red de agua potable de la ZMG […] La presencia de E. coli en la red, combinada con la ausencia de cloro residual en el 93.48 por ciento de los puntos, no es una coincidencia: es una consecuencia directa. Sin desinfección activa sostenida, la red de distribución no puede garantizar que el agua llegue microbiológicamente segura al grifo domiciliario.

Presencia de metales pesados de alta toxicidad [Plomo y Mercurio]: el concentrado de datos registra picos alarmantes de plomo [hasta 20 mg/L] y mercurio [hasta 0.5 mg/L], los cuales multiplican de forma exponencial los límites seguros para la salud humana.

Contaminación crónica por fluoruros y compuestos nitrogenados: El elevado número de muestras que violan la norma en fluoruros denota un problema generalizado, probablemente ligado a la sobreexplotación de pozos profundos en la periferia de la ZMG.

Dureza elevada y mineralización [sales]: Aunque la dureza total no supera el límite legal de 500 mg/L en las muestras, el análisis revela una proporción importante de muestras que presenta valores superiores a 400 mg/L”.

El informe de esta campaña ciudadana que coordina el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec) se puede revisar aquí: https://bit.ly/4zc9jBo.

Como puede deducirse de este informe ciudadano, la calidad del agua que el Gobierno de Jalisco y el organismo operador del SIAPA nos ofrecen a millones de tapatíos es de mala calidad y a la larga estaría generando riesgos para la salud de los usuarios. A pesar de ello se niegan a declarar una emergencia sanitaria.

Esto ha generado la mayor protesta social en años en Jalisco y el Gobierno, torpemente, reaccionó reprimiendo a los ciudadanos en la manifestación frente a Casa Jalisco el pasado 11 de octubre. Si bien culpó a un supuesto grupo de choque del enfrentamiento, después el Gobernador reconoció el exceso de violencia por parte de la policía estatal. Pero la inconformidad persiste.

En este contexto el Gobierno ha reaccionado proponiendo obras de infraestructura pero que fueron vistas como un intento de privatización del organismo operador y además anunciaron un programa de “rotación del agua” (cortes de agua o tandeos) para la mitad de colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Pero es de tal dimensión la crisis del agua que al final el gobierno federal tuvo que entrar al rescate con el anuncio que hizo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el pasado 21 de octubre con una inversión de al menos 13 mil millones de pesos.

Sin embargo los defensores del territorio que luchan desde hace décadas por una gestión integral del agua ponen el dedo en la llaga al señalar que esas obras no solucionarán el problema de la mala calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara sino se atiende el fondo del problema: la contaminación que deja el modelo capitalista al no impedir la contaminación del agua que las industrias del corredor industrial de El Salto-Guadalajara vierten sobre el río Santiago y el lago de Chapala. El Estado mexicano ha apostado en el pasado siglo por impulsar y proteger la inversión de capital para la acumulación de ganancias y haciendo de la vista gorda de las externalidades que esas dinámicas económicas producen. Si no se invierte esa lógica y se prioriza la vida por sobre el capital, los tapatíos seguiremos consumiendo agua puerca y agua con mierda y entre tanto, con lagañas, salpullidos, enfermos del estómago y otras enfermedades graves, es decir, poniendo en riesgo la vida.

Cae banda de falsos extorsionadores de La Unión Tepito; robaron más de 100 mil pesos

La fiscalía capitalina desarticuló a una banda de extorsionadores que se hacían pasar por miembros de La Unión Tepito para cobrar derecho de piso a negocios

Una banda de extorsionadores que se hacían pasar por miembros de "La Unión Tepito" para quitarle dinero a negocios en la capital del país fue desarticulada.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvo a tres de sus miembros identificados como Noe "N", Erick "N" y José "N", así como su vinculación a proceso.

Los tres hombres son investigados por su probable participación en casos de extorsión contra los propietarios de una academia de música en Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, y una cafetería en la colonia Axotla, alcaldía Álvaro Obregón.


Con amenazas, sacaron alrededor de 100 mil pesos en extorsiones

La fiscalía capitalina liga a esta banda de extorsionadores con al menos dos casos. El primer caso ocurrió el 12 de julio de 2025, cuando el propietario de una academia de música en Polanco recibió una llamada de un hombre que se identificó como “Irving”, supuestamente integrante de “La Unión”.

El sujeto le exigió 50 mil pesos por concepto de derecho de piso y amenazó con disparar contra el establecimiento y sus alumnos si no entregaba el dinero.

Las amenazas continuaron durante aproximadamente cinco meses, entre julio y diciembre de 2025. En ese periodo, la víctima realizó depósitos y transferencias por un total de 80 mil pesos a tres cuentas bancarias.

Tres días después de las primeras amenazas contra la academia, el propietario de una cafetería en la colonia Axotla recibió una llamada de un hombre que se presentó como “Brayan”, también supuesto integrante de “La Unión Tepito”.

El sujeto ahora exigió 20 mil pesos y le advirtió que dos personas acudirían en motocicleta a recoger el dinero.

Por temor a que le hicieran daño a él o a su familia, el comerciante realizó dos transferencias por un total de 3 mil 300 pesos. Sin embargo, las exigencias continuaron: le pidieron pagos semanales de mil pesos y cantidades adicionales durante días festivos.

Aunque el propietario bloqueó el número telefónico desde el que lo contactaban, esa misma noche recibió nuevos mensajes por WhatsApp en los que le exigían responder y lo amenazaban con represalias.

Durante este tiempo, la banda de extorsionadores habría sacado más de 100 mil pesos de los dos negocios.

Las cuentas bancarias delataron a los extorsionadores

Cansados de pagar las extorsiones, los dueños de los negocios presentaron las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público y la Policía de Investigación (PDI) comenzó con sus trabajos de investigación, realizaron entrevistas y analizaron información las cuentas bancarias de los extorsiondores.

Estas labores de la PDI permitieron identificar las cuentas que recibieron el dinero de las víctimas y establecer que una cuenta a nombre de Noé “N” recibió recursos de ambos casos.

Según la Fiscalía, Noé “N” era el único autorizado para disponer del dinero transferido por el propietario de la cafetería y habría utilizado esos recursos el mismo día en que fueron depositados.

En el caso de la academia de música, la fiscalía obtuvo órdenes de aprehensión contra los tres hombres. Agentes de la PDI detuvieron a Erick “N” el 9 de octubre de 2026, en la alcaldía Magdalena Contreras; a José Martín “N”, el 12 de octubre, en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, y a Noé “N”, el 20 de octubre, en la alcaldía Iztapalapa.

Los tres fueron vinculados a proceso por extorsión calificada en audiencias celebradas entre el 10 y el 21 de octubre, y permanecen en prisión preventiva.

Posteriormente, las investigaciones por las amenazas contra la cafetería permitieron obtener una segunda orden de aprehensión contra Noé “N”, ejecutada el 23 de octubre en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde ya se encontraba recluido. Un día después, fue vinculado a proceso por el delito de extorsión.

De acuerdo con el artículo 236 del Código Penal para el Distrito Federal, el delito de extorsión contempla penas de prisión que pueden aumentar cuando se actualizan agravantes previstas en la ley.

Por los delitos que se les imputan, los tres hombres podrían enfrentar penas de prisión de más de una década. Si se acredita la extorsión calificada y las agravantes correspondientes, Erick “N” y José Martín “N” podrían recibir una condena de entre 14 y 23 años de cárcel por el caso de la academia de música. En tanto, Noé “N” podría enfrentar una pena mayor al ser señalado en los dos casos.

La Presidenta exige auditar todos los contratos del periodo Taddei y los anteriores

Sheinbaum llamó a revisar los contratos de las dos últimas presidencias del INE y sostuvo que no debe quedar ninguna duda sobre el uso de los recursos públicos

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió este martes a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisar todos los contratos del Instituto Nacional Electoral (INE), tanto los de la gestión de Guadalupe Taddei como los de periodos anteriores, para transparentar el uso de los recursos públicos y determinar si existen responsabilidades por posibles irregularidades.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal pidió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisar todos los señalamientos relacionados con el organismo electoral, sin limitarse al último año. También llamó al Órgano Interno de Control (OIC) del INE a entregar toda la información que tenga sobre los casos bajo revisión.
“Lo importante, desde mi punto de vista, es que se haga una auditoría muy amplia por parte de la Auditoría Superior de la Federación. No sólo del último año, sino de todos los señalamientos que ha habido”, afirmó desde Palacio Nacional.
Para conocer a detalle quiénes son los proveedores del instituto, desde cuándo brindan servicio y cómo se ha gastado el presupuesto público, la Presidenta Sheinbaum Pardo recalcó que las auditorías deben revisar tanto la gestión actual de Guadalupe Taddei como las de sus antecesores. Además, también pidió que se transparenten los contratos, los salarios y el dinero destinado a los partidos políticos, y sostuvo que la revisión debe derivar en responsabilidades cuando así corresponda.

Sheinbaum pide transparentar contratos del INE

La solicitud se dio después de que una reportera preguntó si la ASF o la Fiscalía General de la República (FGR) habían solicitado información al Gobierno federal, en particular a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o al Servicio de Administración Tributaria (SAT), sobre contrataciones del INE y de algunos organismos públicos locales electorales (OPLE).

En su pregunta, la periodista mencionó contratos por más de mil millones de pesos y recordó que, durante el Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la UIF congeló cuentas de empresas relacionadas con esas contrataciones. Según lo expuesto, un amparo permitió levantar el congelamiento y que las compañías siguieran operando.
Por ello, la titular del Poder Ejecutivo pidió a la UIF "que haga la auditoría que tenga que hacer, a los años que tenga que hacer, de acuerdo con sus atribuciones, y que se revise todo". "No puede quedar nada fuera de la transparencia. Tiene que transparentarse todos los recursos, los contratos, todos los sueldos, todo", añadió.
Durante la conferencia, la reportera Nancy Flores, de Contralínea, expuso tres expedientes relacionados con presuntas irregularidades de la gestión de Lorenzo Córdova. Entre ellos mencionó el expediente 138-2022, sobre el probable uso indebido de recursos públicos para elaborar encuestas; el 173-2020, relacionado con el presunto desvío de equipo tecnológico destinado al padrón electoral, y el 94-2021, sobre un probable ejercicio indebido de atribuciones vinculado con una consulta popular.


Ante estos casos, la periodista cuestionó la actuación del OIC y planteó la necesidad de revisar su funcionamiento. a lo que la mandataria federal respondió que corresponde a la Cámara de Diputados decidir si el órgano continúa como está o si se modifica, aunque insistió en que la prioridad es una auditoría amplia.
“Entonces, yo por eso hago ese llamado a la Auditoría Superior y en el caso del órgano interno de control del INE, pues también que todo lo que tiene de información pues que se lo dé a la Auditoría Superior de la Federación”, señaló.
Incluso, retomó la discusión sobre el gasto del organismo electoral y recordó que su Gobierno presentó una reforma para reducir el costo de las elecciones, el financiamiento público a los partidos políticos y los recursos destinados al INE, pero la iniciativa no obtuvo las dos terceras partes de los votos necesarias para ser aprobada

Finalmente, criticó los montos asignados al Instituto en los últimos años y advirtió que su labor de fiscalizar a los partidos no lo exime de rendir cuentas, por lo que reiteró la necesidad de revisar la totalidad de sus contratos para esclarecer cualquier irregularidad.

FUENTE/MEDIO: SINEMBARGO.

Gabinete de Seguridad federal visitará Sinaloa para supervisar operativos ante repunte de violencia

Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, informó el 27 de octubre de 2026 que los responsables de la seguridad del Gobierno Federal acudirán esa semana a Sinaloa para supervisar los operativos federales y evaluar las necesidades de las policías locales, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social X, el funcionario federal detalló que los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), de la Secretaría de Marina (SEMAR) y de la SSPC Federal acudirán en días separados a la entidad. El titular de la SEDENA realizaría la visita el 27 de octubre de 2026, mientras que los titulares de la SEMAR y de la SSPC Federal lo harían en días distintos de la misma semana.

La agenda de trabajo contempla la supervisión de los despliegues de fuerzas federales, la evaluación de las necesidades técnicas y de personal de la Policía Estatal y de las corporaciones municipales de Culiacán y Mazatlán, así como la inspección del centro de mando C4 y del terreno previsto para la construcción de un nuevo centro penitenciario.

García Harfuch señaló que los traslados responden a “una misma estrategia, con objetivos compartidos y coordinación permanente entre las instituciones federales y las autoridades estatales y municipales”. El propósito, según explicó, es “ampliar la presencia y la supervisión del Gabinete de Seguridad en territorio, así como dar seguimiento específico a las responsabilidades de cada institución”.

Las visitas ocurren en un periodo de operativos continuos en Sinaloa, entidad donde opera el Cártel de Sinaloa (CDS) y donde las autoridades federales han concentrado tareas de contención de células armadas y desmantelamiento de infraestructura clandestina para la producción de drogas sintéticas.

La violencia en el estado se intensificó en septiembre de 2024, cuando estalló una disputa entre facciones del CDS tras la detención en Estados Unidos de Ismael Zambada García, alias “El Mayo”. Desde entonces se han registrado homicidios, desapariciones y ataques armados, pese a los despliegues federales y estatales.

Uno de los hechos más recientes ocurrió el 22 de octubre de 2026, cuando hombres armados dispararon contra un autobús de transporte público que trasladaba estudiantes en el municipio de Escuinapa, en el sur de Sinaloa. El conductor resultó herido y los estudiantes salieron ilesos. En días previos también se reportaron riñas en centros penitenciarios de la entidad.

FUENTE/MEDIO: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: CARLOS ÁLVAREZ ACEVEDO.
ENLACE: https://zetatijuana.com/2026/10/gabinete-de-seguridad-federal-visitara-sinaloa-para-supervisar-operativos-ante-repunte-de-violencia/

De traición, política y crimen

Era el 9 de abril de 2025 cuando un equipo especial de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California realizaba un operativo. Encabezados por la jefa de Enlace Internacional, la agente Abigail Esparza Reyes, se dirigieron al fraccionamiento Barcelona en una zona de la periferia de Tijuana. No iban solos.

Los agentes mexicanos iban acompañados de policías de corporaciones de los Estados Unidos pues estaban justo en esa región de la ciudad para detener a César Moisés Hernández, un prófugo norteamericano que había escapado de la justicia en su país y sobre el cual había una ficha de búsqueda en la que participaban las agencias HSI, Agencia de Seguridad Doméstica, el FBI, Buró de Investigación y los US Marshals.

Hernández había escapado no muy lejos de la frontera mexicana, cuando era trasladado para una audiencia, y en su huida logró llegar hasta Tijuana, donde se escondió por unos días. Con información de Inteligencia de las corporaciones norteamericanas, lo ubicaron en la ciudad más transitada del mundo, y, cosa casual, dada la cercanía de las policías de ambos lados de la frontera, sin mediar diplomacia o política central, los bajacalifornianos realizaron el operativo de captura junto a los californianos. En videos que en su momento circularon en redes sociales se observa la presencia en el operativo de agentes estadounidenses. Pero algo salió mal. César Moisés Hernández repelió la acción oficial para su captura, y armado con un rifle, disparó para escapar una vez más; sus balas atinaron la humanidad de la agente Abigail Esparza Reyes. Le atinó al cuello en lo que sería un disparo fatal. La comandante murió ese mismo día más tarde en el hospital.

Y a pesar de las decenas de agentes mexicanos, los acompañantes norteamericanos, el uso de herramientas de alta tecnología, el asesino, ahora de la agente bajacaliforniana, logró escapar. Fue capturado días después, pero el daño ya estaba hecho. Ni al Gobierno de Baja California ni a ninguno de sus representantes se les ha investigado o procesado, especialmente a aquellos que tuvieron en su decisión la presencia de la comandante Esparza ese día para, en una colaboración extraoficial con agentes de los Estados Unidos, detener a un prófugo de aquel país, lo que al final le costaría la vida.

Aun sucedido hace poco más de tres años, bajo la nueva óptica del gobierno central y la política morenista, el caso implicaría el delito de traición a la patria.

Hace unos días, bajo ese cargo, fue aprehendido por la FGR el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, y puesto en custodia federal. Su detención, dijo la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, se debe a los hechos atribuidos a quien habría ordenado y coordinado un operativo en abril de 2026 en el Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua.

Ese día, un 19 de abril –y se conocerían los hechos solo porque hubo fallecidos–, los agentes de investigación estatal, acompañados por elementos de la CIA, habían descubierto un mega laboratorio del narco en una zona serrana del estado; después del reconocimiento del sitio del delito, se desplazaron de nueva cuenta a la ciudad, cuando en uno de los vehículos participantes del operativo, quien conducía, perdió el control y la unidad terminó desbarrancada e incendiada. Una imagen da cuenta de que sólo cenizas quedaron de la camioneta. La ocupaban cuatro personas, dos agentes mexicanos, y dos de los cuatro de la CIA.

Ahora se sabe, los fallecidos norteamericanos eran Richard Leiter Johnson III y John Duddley Black, agentes formados en las fuerzas armadas de los Estados Unidos, el Ejército y la Marina, quienes, de acuerdo a la investigación federal, no sería la primera ocasión que se encontraban realizando o cooperando con las autoridades de Chihuahua, de la Agencia Estatal de Investigación, en temas relacionados con el combate al narcotráfico.

El caso se volvió sumamente mediático cuando intervino la política en una historia de crimen: la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, es emanada del Partido Acción Nacional; la Presidencia de la República, desde donde se dicta la política pública en materia de seguridad, es, junto al resto de los poderes, de dominancia morenista. Prácticamente, de forma inmediata, la acusación pública sobre los hechos de El Pinal le fueron acreditados a la gobernadora Campos, acusándola precisamente de traición a la patria. El tema llegó al Poder Legislativo, a las dirigencias de los partidos y fue auspiciado por la presidencia nacional. Pero justo cuando más álgida estaba la campaña de señalamientos contra la panista, otra gobernadora fue puesta en duda sobre su participación con agencias de los Estados Unidos, con la salvedad de que ella era de extracción morenista: precisamente la de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

En unos audios dados a conocer en primera instancia por el periodista Héctor de Mauleón, se fue armando una trama orquestada en el centro del Gobierno de Baja California para que Marina del Pilar recuperara su visa de turista para entrar a los Estados Unidos, la misma que se le revocó en mayo de 2025, por –ahora se sabe también– las sospechas que los Estados Unidos investigaban a su entonces esposo, Carlos Torres Torres, por colaborar con el Cártel de Sinaloa, señalamientos con los cuales en septiembre de 2026, la OFAC del Departamento del Tesoro Norteamericano, incluyó al ahora exmarido de la gobernadora, a su hermano Luis, y a varios empresarios, en una lista de sanciones precisamente por colaborar con el Cártel de Sinaloa.

En los audios hechos públicos, la gobernadora morenista ofrecía a un interlocutor acompañado de un agente de una corporación norteamericana, colaborar con ellos, entregando información de lo que quisieran, pero que ella únicamente conocía –y así lo aclaró– por su participación en las Mesas de Seguridad. Momentáneamente, la discusión dio pie a la comparación: ¿Quién cometía traición a la patria? ¿La gobernadora panista en cuyo estado se realizó un operativo para combatir a los cárteles con acompañamiento de los norteamericanos? ¿O la gobernadora morenista que estaba ofreciendo proporcionar información a agencias norteamericanas a cambio de una absolución para el regreso de su visa? El debate, como todos los que abordan la politización del tema de seguridad, resultó en vano, sin embargo, bajó el nivel de crítica hacia la mandataria de Chihuahua, y la de Baja California se mantuvo en el cargo como hasta la fecha.

Hoy día, César Jáuregui, a los ojos de la justicia mexicana, habría permitido a extranjeros intervenir, sin autorización –es decir, sin aval del gobierno central–, en territorio nacional y en acciones que sólo son facultad de las fuerzas federales (dígase el aseguramiento de un laboratorio clandestino), y por ello es acusado de traición a la patria. Sin embargo, quien ordenó, aceptó y sin autorización federal dio luz verde al operativo para la captura de un prófugo de los Estados Unidos, donde fue asesinada una agente mexicana y participaron norteamericanos en suelo tijuanense, sigue en la impunidad. Sólo porque en Chihuahua gobierna el PAN, y en Baja California, Morena. Y porque hay de traiciones a traiciones.

FUENTE/MEDIO: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.
ENLACE: https://zetatijuana.com/2026/10/de-traicion-politica-y-crimen/