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Un gobierno ineficiente y opaco

La primera semana de octubre 2026 se intensificó la falla en la prestación de servicios públicos en Baja California, de manera notoria y particular en Tijuana: no hubo energía eléctrica, tampoco distribución de agua. A manera de meme y en broma —pero no—, los ciudadanos se preguntaban por qué les estaban “quitando todo como en Venezuela”.

Lo peor, es que, durante el primer fin de semana del décimo mes, las temperaturas en la zona costa de Baja California fluctuaron entre los 37 y los 40 grados, algo pocas veces registrado. Y en esa alta intensidad de la temperatura, los ciudadanos se quedaron sin luz y sin agua.

Justificando las altas temperaturas, la gobernadora de Baja California, la morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda, suspendió clases en todos los niveles, y su ejemplo lo siguieron las universidades y tecnológicos. La realidad es que no se podían impartir clases presenciales precisamente porque no había energía eléctrica, ni agua, no porque hiciera mucho calor.

De estos dieron cuenta empresarios, comerciantes, restauranteros, ciudadanos, que vieron la merma en negocios y en hogares por la falta de energía eléctrica; no funcionaron los refrigeradores, ni los aparatos electrónicos y no había agua para mantener aseadas las áreas de trabajo o desahogados baños y fregaderos. Al inicio de la semana, en la zona de Playas de Tijuana, hartos de padecer tres, cuatro, cinco días sin energía eléctrica, ciudadanos se manifestaron en la instalación de cobro de la CFE, tirándoles comida echada a perder y recibos de energía eléctrica.

Desafortunadamente las interrupciones en los servicios de energía eléctrica y el agua no son privativas de Baja California; suceden a lo largo y ancho del país, y se debe a la falta de mantenimiento de las redes de distribución, como ya se ha puntualizado en otras ocasiones, durante el sexenio pasado, cuando la CFE la encabezó Manuel Bartlett, y fue escaso o nulo lo que se invirtió en el mejoramiento de estas redes. En ciudades como Tijuana, el municipio más poblado de México, se cuentan por miles los postes de luz de madera que datan de los años ochenta o noventa y que son harto sensibles a los elementos, cayendo con una ventisca, como sucedió en Mexicali cuando unos 80 de estos postes colapsaron a finales de septiembre.

Tampoco se ha invertido en transformadores, que, ante la carga de energía que consumen los ciudadanos, explotan como fuegos artificiales al por mayor.

En las escuelas, escasas tienen aires acondicionados, pero la mayoría no tenían energía eléctrica para funcionar de manera eficiente en la educación, como no contaban con agua para mantener aseadas las áreas de uso común y los baños al servicio de los estudiantes.

En la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, llegaron a la desfachatez de decir que se realizarían cortes de agua programados por colonias, no porque se reparara alguna avería en las redes de distribución (como suele suceder también de manera frecuente), sino porque la estaban racionando y manteniendo ante la falta de energía eléctrica que les permitiese a sus propias estaciones trabajar de manera adecuada para prestar el servicio.

Mientras, la Comisión Federal de Electricidad se ha negado a responder el porqué de la falla en la prestación del servicio, sólo remitiéndose, de manera tardía, a atender los reportes de interrupciones. No ha habido funcionario que diga cuál ha sido el problema, porque la causa es la misma CFE, que ha dejado de invertir en redes de distribución, lo cual es evidente ante los crecientes apagones, o interrupciones del servicio.

En un intento por justificar la deficiencia del servicio de energía eléctrica, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo justificó: “Apagones son mucho tiempo y significa falta de capacidad de generación. Son interrupciones en el servicio en algunos lugares, producto de las fallas en distribución, más que en generación; es decir, no son suficientes las líneas para distribuir la energía. Entonces, apagones significa que no hay la capacidad de generación suficiente para la demanda y eso no existe (en México)”, sin embargo, los apagones continúan presentándose.

En una réplica a un articulo que daba cuenta de las fallas en el servicio de energía eléctrica, la CFE escribió a la revista Expansión, que “sí incorpora el crecimiento de la demanda eléctrica dentro de la planeación del Sistema Eléctrico Nacional. El Plan de Fortalecimiento y Expansión 2025-2030 contempla una inversión superior a 30,000 millones de dólares en generación, transmisión y distribución, incluyendo 3,994 MW de nueva capacidad firme de CFE y 14,000 MW en esquemas mixtos con almacenamiento de baterías”.

Pero en Baja California no hay quien expliqué por qué cada vez hay más apagones y por más tiempo, a grado que la pérdida en comercios y hogares se cuenta en cientos de miles de pesos. Tampoco ha habido un gobierno local, sea el Ayuntamiento o el Gobierno del Estado, que se haya erigido como un intermediario entre la ciudadanía y el Gobierno de la República, para que de cuentas de las anomalías y lo que se está haciendo para revertirlas.

Ni el alcalde de Tijuana ni la gobernadora de Baja California han acudido al Gobierno de la República, para acordar, saber y notificar la situación que está haciendo que cientos de miles de bajacalifornianos vivan en condiciones inhumanas, sin luz y sin agua, cuando ésta es una situación que no sucedía en el Estado.

Pero nada; no hay gobierno, ni federal, ni estatal ni municipal que se haga responsable y vele por la seguridad en los servicios básicos de los bajacalifornianos, como tampoco existe un gobernante que de la cara e informe de frente de lo que sucede. Y no es politiquería, sino un gobierno que no invierte en la infraestructura para proveer energía eléctrica y agua a los gobernados, y que oculta la razón detrás de tan ineficiente acción.

FUENTE/MEDIO: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.
ENLACE: https://zetatijuana.com/2026/10/un-gobierno-ineficiente-y-opaco/

“El 500” permanecerá en prisión, recibe auto de vinculación a proceso en Tijuana

Luis Adán “N”, identificado como “El 500”, fue vinculado a proceso el día de ayer, viernes 9 de octubre, por su presunta responsabilidad en los delitos de posesión de droga y portación de arma de fuego.

Identificado en la Mesa de Seguridad como quien estaba a cargo del control del narcomenudeo y la narco-guerra del Cártel de Sinaloa contra el Cártel Jalisco Nueva Generación en Tijuana y Tecate, “El 500” fue detenido el 3 de octubre.

La resolución de vincularlo a proceso tuvo lugar en audiencia celebrada en el Poder Judicial de la Federación en Tijuana, en la que además de los representantes de la Fiscalía General de la República y los abogados defensores participaron tres testigos, quienes fueron interrogados por ambas partes.

Para solicitar la vinculación a proceso la Fiscalía se sustentó en la versión de las autoridades a cargo de la detención, consistente en que el imputado fue detenido en la vía pública; en tanto que los defensores sostuvieron que la aprehensión se ejecutó en el domicilio de Luis Adán (en Rosarito), de manera irregular y sin que poseyera droga y portara un arma de fuego.

El juez de Distrito Luis Manuel Cota aseguró que ambas versiones eran “altamente creíbles”. Sin embargo, explicó, los datos de prueba aportados por la defensa no fueron suficientes para desacreditar la versión de la Fiscalía, sustentada en el Informe Policial Homologado.

“No resulta tan tajante vulnerar la versión de los agentes”, remarcó.

Dijo no encontrar un factor lógico en cuanto a que la autoridad supuestamente actuó en contra del Luis Adán ingresando a su domicilio.

Para determinar el auto de vinculación el juez estableció que en primer término se cumplió con los requisitos de formular la imputación, darle la oportunidad a Luis Adán de declarar y solicitar la apertura del proceso.

Mencionó que la inspección pericial arrojó que sí había de por medio 527 gramos 400 miligramos de metanfetamina y un arma de fuego Smith and Wesson calibre 40; y que también se contaba con la inspección del lugar exacto de la detención (calle Tula colonia Villas de Costa Rica Playas de Rosarito), así como del vehículo en el que se habría encontrado a Luis Adán en posesión del narcótico y portación de la pistola.

También expuso que uno de los testigos, identificado como Rosendo, no indicó haber escuchado los gritos de auxilio que supuestamente profirió Luis Adán ante el ingreso referido de los aprehensores.

En un momento de la audiencia Luis Adán deploró la detención, según él ejecutada de forma indebida y con el antecedente de haber estado dos años tres meses en prisión a raíz de que en 2023 fuera aprehendido (por elementos de la Fiscalía General del Estado y como probable responsable de ejecutar a un elemento de la Agencia Estatal de Investigación en Tijuana).

“En relación al incidente anterior, yo no lo pondero. Yo no puedo ponderar que en esencia haya tenido un problema anterior”, puso de manifiesto el juez de distrito.

El imputado, además, aseguró que los agentes que habrían ingresado a su domicilio lo golpearon.

“Su defensa pretende que yo determine que sí hay tortura y que nulifique el actuar de la autoridad”, observó el juez, quien expuso que el mecanismo para acreditar semejante práctica debía aprobarse por las vías legales idóneas.

“La Corte dijo que el tema de la tortura debe impactar el tema procesal y el administrativo para poder determinar debe realizarse un vasto (número) de pruebas”, expuso y refirió que en todo caso ese aspecto se esclarecería a lo largo del proceso (con lo que ya estaba anticipando la resolución a tomar). Informó que daría vista a la Comisión de Derechos Humanos.

Remarcó que en vista de que el testigo identificado como Rosendo no aseguró que haya visto a Luis Adán siendo detenido en su domicilio, sino que tan solo dijo que habría podido tratarse de él por la voz que percibió, no podía echarse abajo la versión de que fue detenido en la vía pública.

También participó en calidad de testigo un perito identificado como Sor Ivabelle. De entrada, el juez dijo que ese participante no se ocupó de inspeccionar el lugar de la detención que marcó el Informe Policial Homologado, para revertir la versión de la autoridad.

Agregó que aun cuando incluyó una fotografía (publicada el 3 de octubre por ZETA con motivo de la detención de Luis Adán), en un intento de probar que la aprehensión procedió al interior del domicilio del imputado, no pudo establecer en qué lugar y cuándo fue tomada.

Observó que la esposa del imputado, quien igualmente participó como testigo, refirió que la foto la tomó un periodista. De ahí que, el juez, hiciera notar que en ningún momento el testigo de nombre Rosendo hablara de la presencia de medios de comunicación en el domicilio de Luis Adán.

Aludió a un USB que la esposa del imputado entregó a los abogados defensores, con un video de la privada en que ella y Luis Adán habitaban, en el que se mostró cámaras de vigilancia con los cables desprendidos y la puerta de la residencia averiada supuestamente por el ingreso forzado de los aprehensores. El dispositivo también contenía fotografías de la misma vialidad y el material fotográfico publicado por este semanario; apareciendo el imputado en una foto presuntamente tomada al interior de su domicilio el día de la detención.

Durante su participación la cónyuge aceptó que una vez que entregó el USB a los abogados, estos agregaron material.

“Todo lo que trajo de videos está manipulado”, señaló el juez.

En cuanto a las cámaras desprendidas cuestionó que los abogados no hubieran intentado rescatar el contenido del supuesto ingreso de los agentes a la privada. “La información que se está grabando a dónde se va. De la nube nunca se borra”, manifestó.

También afirmó que mientras que Luis Adán dijo que algunos de sus aprehensores iban encapuchados, su cónyuge refirió que todos.

Recalcó que los agentes sustentaron su versión de que los hechos tuvieron ocasión en la vía pública.

También recordó que durante la participación de los testigos quedó constancia de que a través de los vidrios del vehículo de Luis Adán, con todo y estar polarizados, se podía ver hacia el interior de la unidad. Ello a propósito de la presunción de la autoridad de que una persona advirtió a los agentes que un individuo es encontraba en portación de un arma al interior de un automóvil.

Teniendo en cuenta que no se desacreditó la versión de los agentes, “voy a llegar a la conclusión de que alguien poseyó el narcótico y portó el arma”, asentó el juez.

Arguyó que los datos de prueba aportados por la fiscalía fueron “suficientes para generar una presunción”.

Habiendo iniciado la audiencia minutos antes de las 16:00 horas, el juez emitió el auto de vinculación a las 23:15.

La fiscalía solicitó un mes como plazo para llevar a cabo la investigación complementaria, solicitud con la que estuvo de acuerdo la defensa. De tal suerte que la próxima audiencia quedó programada para el 9 de noviembre.

Luis Adán, quien a raíz de su detención, ejecutada el 3 de octubre, ya se encontraba recluido, permaneció en prisión preventiva oficiosa por disposición del juez.

FUENTE/MEDIO: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: REDACCIÓN.
ENLACE: https://zetatijuana.com/2026/10/el-500-permanecera-en-prision-recibe-auto-de-vinculacion-a-proceso-en-tijuana/

Sheinbaum anuncia nuevo penal en Sinaloa tras 12 muertes en cárcel de Mazatlán

La construcción se realizará con recursos federales y el gobierno estatal aportará el terreno. El anuncio ocurre en medio de la guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa y la crisis política que llevó a Rubén Rocha Moya a dejar la gubernatura, ahora encabezada por Graciela Domínguez Nava.

Tras dos riñas que dejaron 12 personas muertas en el Centro Penitenciario de El Castillo, en Mazatlán, el gobierno de Claudia Sheinbaum anunció la construcción de un nuevo centro penitenciario en Sinaloa, en medio de la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa y la crisis política que atraviesa la entidad.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, por instrucciones de la presidenta, el gobierno federal financiará la construcción de un penal moderno y seguro, mientras que la administración estatal aportará los terrenos necesarios. El proyecto se prevé en Culiacán, de acuerdo con reportes publicados tras el anuncio.

La decisión se produjo después de dos episodios de violencia en menos de 48 horas en el penal de El Castillo. El jueves 8 de octubre, un enfrentamiento dejó nueve personas privadas de la libertad y un niño de 2 años muertos, además de 16 internos heridos. El menor se encontraba en el centro penitenciario durante una visita familiar. Al día siguiente, otra riña provocó la muerte de dos internos más.

Ante los hechos, García Harfuch informó que el centro penitenciario de Mazatlán se encontraba reforzado con elementos de la Guardia Nacional y personal del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Guerra criminal y crisis política

La violencia penitenciaria ocurre en un estado afectado por la disputa entre Los Chapitos y Los Mayos, facciones enfrentadas del Cártel de Sinaloa. La confrontación se intensificó desde septiembre de 2024, después de la ruptura entre grupos vinculados históricamente con Joaquín Guzmán Loera e Ismael Zambada García.

El conflicto ha provocado asesinatos, desapariciones y enfrentamientos en distintos municipios, con repercusiones en la actividad económica y la vida cotidiana de la población. En el sur del estado, Mazatlán y municipios vecinos también han resentido el deterioro de las condiciones de seguridad.

A este escenario se suma la crisis política derivada de los señalamientos de autoridades estadunidenses contra Rubén Rocha Moya por presuntos vínculos con el narcotráfico, acusaciones que el exmandatario ha rechazado.

Rocha Moya solicitó una licencia para separarse de la gubernatura en mayo de 2026. Después de reincorporarse al cargo el 21 de agosto, pidió una nueva licencia por tiempo indefinido, que fue aprobada por el Congreso estatal. El 25 de agosto, los legisladores designaron a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina para concluir el periodo constitucional, que termina en octubre de 2027.

El relevo ocurrió en medio de la controversia política y las investigaciones relacionadas con los señalamientos contra el exmandatario. La designación de Domínguez, quien formó parte de la administración estatal anterior, mantuvo la continuidad institucional del gobierno de Morena.

Sin presupuesto ni calendario

El anuncio del nuevo penal no incluyó el monto de inversión, la capacidad prevista ni una fecha para el inicio de las obras. Tampoco se precisó el modelo de operación del establecimiento ni si su puesta en marcha implicará una reorganización del sistema penitenciario estatal.

La construcción se suma a las medidas de reforzamiento de seguridad anunciadas después de los hechos de Mazatlán. Sin embargo, quedan pendientes las investigaciones para esclarecer cómo ocurrieron las riñas, qué condiciones permitieron la presencia de armas dentro del centro y cuáles fueron las circunstancias de la muerte del menor.

La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones por los fallecimientos. Las autoridades deberán determinar también si los enfrentamientos estuvieron relacionados con la disputa entre grupos criminales que opera fuera de las cárceles.


FUENTE/MEDIO: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
ENLACE: https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2026/10/10/sheinbaum-anuncia-nuevo-penal-en-sinaloa-tras-12-muertes-en-carcel-de-mazatlan-381599.html

Durazo denuncia irregularidades de "corcholatas" y a personajes que no sirven a la 4T

El presidente del Consejo Nacional de Morena aseguró que hay quienes pagan a medios para incrementar ficticiamente su potencial electoral

El presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, exhibió frente a toda la plantilla morenista irregularidades en algunos aspirantes a las coordinaciones estatales, además de señalar que ciertos personajes no sirven a la causa de la 4T. 

En la inauguración de la VIII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional —donde se prevé que se ajusten criterios en la alianza electoral con el PT y el PVEM— Durazo expuso: 

“Ciertamente hay cosas que al final debemos fortalecer, por ejemplo, la valoración política de los aspirantes para garantizar el compromiso de que un coordinador pueda conducir el movimiento sin desviaciones de sus principios distintivos”, expuso el líder morenista sobre aquellos que ponen sus intereses personales por encima de la 4T.  

“No todos los que aspiran ganan, pero no todos los que ganan sirven a la causa fundamental de la transformación. Esa es una realidad”, acusó.

Además, Durazo Montaño ventiló que hubo perfiles que tuvieron un crecimiento en su potencial electoral gracias al pago a medios de comunicación: 

“Hay quienes arrasan en las encuestas, pero su potencial electoral es producto de un incentivo no deseado y por ello perverso. Aquel que, en lugar de ir a trabajar a nivel de base, se dedica a pagar medios para incrementar ficticiamente su potencial electoral. Ganar así no sirve al movimiento”. 

No obstante, el presidente del movimiento indicó que la encuesta es la mejor forma de designar a sus corcholatas, pues indicó que Morena no nació para “administrar cuotas de poder”.

Un iPhone, una troca y una promesa: el reclutamiento forzado de menores de edad en Michoacán

La captura de niños y adolescentes por el crimen organizado en Michoacán se ha sostenido durante las últimas dos décadas. En 2025 se registraron mil 746 hombres y mil 748 mujeres menores de edad como víctimas, con Zamora, Morelia, Uruapan y Jacona como municipios de alta incidencia

El sonido de las balas irrumpió en la localidad Rodeo del Pinal, en el municipio de Tocumbo, el 30 de agosto último. A Jesús Chuchito Nini la vida se le escapó por la carne herida cuando, en la refriega, fue alcanzado por los disparos. El operativo de las fuerzas de seguridad federales y estatales para capturar a su tío, Enrique Barragán Chávez, El R5, uno de los cabecillas del cártel de Los Reyes, cobró la vida de ambos.

A sus 15 años, Chuchito Nini ya fungía como lugarteniente y jefe de escoltas del R5. Su caso es uno más en la participación de niñas, niños y adolescentes dentro de los grupos del crimen organizado en Michoacán, y es evidencia de cómo el reclutamiento forzado de menores ha prevalecido durante las dos últimas décadas en el estado.

Para 2025, la Secretaría de Gobernación, en su Informe Anual del Mecanismo Estratégico del Reclutamiento y Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes por Grupos Delictivos y la Delincuencia Organizada en Zonas de Alta Incidencia Delictiva en México, consignó mil 746 hombres y mil 748 mujeres menores de edad como víctimas de este fenómeno en Michoacán, con Zamora, Morelia, Uruapan y Jacona como municipios de alta incidencia.

Frente al caso de Chuchito Nini, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla reconoció que en Michoacán “existen casos” de reclutamiento forzado, aunque buscó minimizarlos al señalar que algunos menores se incorporan voluntariamente a los grupos delictivos.

Julio César Franco Gutiérrez, del Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán (OSHRA), recuerda que todo reclutamiento de niñas, niños y adolescentes es forzado, “porque recordemos que no existe consentimiento aceptable en el caso de menores de edad para su participación con grupos delictivos”.

En este rango poblacional el crimen organizado ha encontrado “una cantera muy útil para sus intereses”, refiere Franco, esto debido en parte a las reformas implementadas en 2008 al sistema penal, que dieron pie a la Ley Federal de Justicia para Adolescentes en 2012, y posteriormente, en 2016, a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

El activista lamenta: “Si bien se establece una serie de principios garantistas hacia este sector poblacional que en teoría son muy buenos, en la práctica la delincuencia ha echado mano de ellos”. Subraya que esto demuestra la sofisticación del crimen organizado para analizar los marcos legales y hacer uso, a su conveniencia, de los mismos.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 40 de la revista Proceso correspondiente a octubre de 2026. LINK PARA OBTENER EL EJEMPLAR DIGITAL: https://proceso.pressreader.com/

FUENTE/MEDIO: PROCESO.

Prevé Monreal maratón legislativo de martes a jueves para discutir Ley de Ingresos y miscelánea fiscal

Frente a la fecha límite del 20 de octubre, Ricardo Monreal, coordinador de la Jucopo en la Cámara de Diputados, anunció una semana intensa de trabajos legislativos que incluirá la deliberación y aprobación en comisiones y en el Pleno de la Ley de Ingresos, la Ley de Impuestos sobre la Renta y la Ley de Derechos, además de contemplar la comparecencia del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el próximo viernes.

El Palacio Legislativo de San Lázaro se alista para vivir jornadas de alta tensión política y un ritmo de trabajo implacable. Ricardo Monreal, coordinador de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, adelantó que los próximos días estarán marcados por una intensa actividad parlamentaria centrada en la revisión, debate y eventual aprobación de los instrumentos fiscales que conforman el núcleo financiero de la nación. 

Con la fecha límite del 20 de octubre respirando en la nuca de los legisladores, el bloque oficialista busca acelerar el paso para turnar a tiempo las minutas correspondientes al Senado.

“Bueno, será una semana intensa como esta”, advirtió el legislador al detallar los compromisos venideros que pondrán a prueba la disciplina parlamentaria. 

En el centro de esta vorágine se encuentra el análisis definitivo de las herramientas tributarias: “Ya se instaló en sesión permanente la Comisión de Hacienda y ya se circularon ayer algunos dictámenes: Ley de Derechos, Ley de Impuestos sobre la Renta y Ley de Ingresos“, detalló Monreal sobre estos proyectos que ya se encuentran en manos de los miembros de la comisión.

COMISIÓN DE HACIENDA EN SESIÓN PERMANENTE Y EL CALENDARIO DE DISCUSIÓN EN EL PLENO

La maquinaria legislativa no se detiene y el trabajo en comisiones marca el ritmo de la agenda. “La idea es que el lunes próximo se reúna la comisión para deliberar, discutir y en su caso aprobar estos instrumentos jurídicos, y lo envíen el lunes por la tarde al Pleno de la Cámara de Diputados“, puntualizó el coordinador parlamentario.

Ante la magnitud de los cambios fiscales y la expectativa de un intenso debate en tribuna, Monreal confirmó que se habilitarán jornadas consecutivas: “Vamos a tener discusión y en su caso aprobación los tres días de la semana: martes y miércoles, y si no terminamos el miércoles, vamos a celebrar sesión el jueves para todo el paquete económico en materia de ingresos”. 

Esta estrategia busca blindar el proceso ante cualquier contratiempo político para cumplir con la meta establecida: “Ustedes lo saben, tenemos una fecha fatal que concluye el 20. Queremos terminar antes para enviarla al Senado y que el Senado haga lo propio”.

El líder guinda recordó que tras aprobar la Miscelánea Fiscal, la Ley de Derechos y la de Ingresos, “viene el Presupuesto de Egresos, que los dos son los principales instrumentos económicos y financieros que tiene el Estado mexicano”. 

Respecto a la discusión de reservas, confirmó que “están desahogándose en comisiones algunas y otras se van a desahogar en el pleno, seguramente”.

COMPARECENCIA DE MARCELO EBRARD Y LA AGENDA DE FUNCIONARIOS

Además del debate fiscal, la agenda semanal contempla la comparecencia de funcionarios federales de primer nivel para rendir cuentas ante el Poder Legislativo. Destaca de manera sobresaliente la visita del secretario de Economía, de quien Monreal confirmó que se cuenta con “la comparecencia del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el viernes en comisiones”. 

Este ejercicio de interlocución se suma a las comparecencias previamente desahogadas por otros titulares de gabinete en San Lázaro.

PUNTOS CLAVE:
  • Semana intensa: Ricardo Monreal advirtió sobre un ritmo de trabajo legislativo sumamente pesado en San Lázaro debido a la discusión del Paquete Económico.
  • Dictámenes circulados: La Comisión de Hacienda ya cuenta con los proyectos de la Ley de Ingresos, Ley de Impuestos sobre la Renta y Ley de Derechos.
  • Calendario en el Pleno: Se contemplan sesiones ordinarias de martes a jueves para asegurar la aprobación antes de la fecha límite del 20 de octubre.
  • Comparecencia clave: El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, acudirá a San Lázaro el viernes para reunirse con los legisladores en comisiones.
  • Desahogo de reservas: El líder parlamentario confirmó que las reservas a los dictámenes se discutirán tanto en el trabajo de comisiones como directamente en el Pleno.

Buscar a personas desaparecidas en vida funciona: jornada documenta 31 posibles casos positivos y localiza a un joven

La Jornada de Búsqueda Nacional en Vida por Nuestros Desaparecidos logró localizar con vida a un joven que llevaba poco más de cinco meses reportado como desaparecido. El Programa facilita la interlocución con secretarías de Salud y Seguridad Pública, comisiones de búsqueda y organismos de derechos humanos, sin sustituir el papel de las familias. La propia Comisión de Búsqueda de Coahuila reconoce que estas organizaciones enseñan a buscar en vida, afirma Penny Ramírez, integrante del PDH IBERO

Buscar a una persona desaparecida no nada más es rastrear fosas o restos humanos. También implica recorrer y preguntar en cárceles, centros de rehabilitación, albergues, espacios de población migrante y lugares donde una persona podría encontrarse con vida.

La Búsqueda Nacional en Vida por Nuestros Desaparecidos es una iniciativa que acompaña el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (IBERO). Durante la jornada realizada del 21 de septiembre al 1 de octubre en Coahuila consiguió resultados que, de acuerdo con Penny Ramírez, integrante del Programa, muestran la importancia de no abandonar esta posibilidad.

El principal resultado fue la localización con vida de un joven en el Centro Penitenciario de Piedras Negras, quien había sido reportado como desaparecido por poco más de cinco meses. El joven es originario de Tamaulipas y, tras ser localizado, pudo establecer nuevamente contacto con su familia.
“Buscar en vida no es solamente una expresión: requiere metodología, logística, coordinación institucional y, sobre todo, la participación de las familias”, explicó en entrevista con Prensa IBERO.
31 posibles positivos abren nuevas líneas de investigación

Durante la jornada se visitaron los centros penitenciarios de Monclova varonil y Piedras Negras femenil y varonil, además de siete centros de rehabilitación, un albergue para personas migrantes y distintos puntos mediante una brigada de búsqueda callejera en Ciudad Acuña.

En estos espacios, las familias mostraron fotografías de sus seres queridos a personas privadas de la libertad y a quienes se encontraban en centros de rehabilitación. Los testimonios que pudieran corresponder con alguna persona desaparecida fueron documentados y sometidos a un proceso de análisis y verificación.

Penny Ramírez explicó que no todo testimonio puede convertirse automáticamente en una línea de investigación, pues es necesario determinar cuándo ocurrió el supuesto avistamiento, si la descripción corresponde a la persona buscada y si los datos pueden ser útiles para continuar con la investigación.

Una vez depurada la información, se lograron 31 posibles casos positivos y viables, los cuales se entregaron a las familias para que, a través de sus agentes del Ministerio Público, puedan solicitar la investigación correspondiente.

Si el posible avistamiento ocurrió en una entidad distinta a aquella donde se encuentra la carpeta, indicó que también es necesario activar mecanismos de colaboración entre autoridades.
“Son muchos pasos, la complejidad administrativa puede hacer más lento este tipo de procesos, aunque el objetivo es mantener abierta la posibilidad de encontrar a las personas con vida”, enfatizó.
De un testimonio a una ruta de búsqueda

Uno de los casos identificados durante la jornada muestra cómo un dato puede convertirse en una estrategia de búsqueda.

La información permitió trabajar con la Comisión de Búsqueda de Coahuila para identificar los lugares donde había sido visto. Posteriormente, junto con las familias, se realizó una brigada callejera y se logró trazar una ruta de los espacios por los que habitualmente transitaba.

Por sus condiciones de vulnerabilidad y debido a que todavía no existe contacto directo con la familia, el caso permanece como “posible positivo ubicado”, explicó Ramírez.

El acompañamiento, en este caso, requiere mucho más que localizar un punto. También implica coordinación con autoridades y organizaciones que puedan contribuir a una eventual reintegración familiar sin poner en riesgo a la persona.

PDH IBERO acompaña a las familias

El Programa de Derechos Humanos de la IBERO participa en la parte logística y operativa de estas jornadas: análisis de contexto, diseño del cronograma, identificación de centros adecuados para realizar las búsquedas, interlocución con autoridades y coordinación de rutas, alojamiento y actividades.

La especialista en incidencia del programa explicó que uno de los criterios para seleccionar centros de rehabilitación es que estén regulados por el Estado, con el propósito de reducir riesgos para las familias buscadoras.

El Programa, dijo, facilita la interlocución con instituciones como las secretarías de Salud y Seguridad Pública, las comisiones de búsqueda y organismos de derechos humanos, sin sustituir el papel de las familias. La intención es que ellas puedan concentrarse en buscar a sus seres queridos.

La jornada contó con la participación de 75 personas provenientes de 15 estados. Además de las búsquedas, se realizaron marchas y acciones de visibilización en Monclova, Piedras Negras, San Buenaventura, Allende y Frontera, así como la colocación de dos “Árboles de la Memoria”. También se revisaron catálogos de personas fallecidas no identificadas.

Además, se documentaron cinco nuevos casos de personas que reportaron a un familiar como desaparecido o que manifestaron haber perdido contacto con sus familias durante su internamiento. También se identificó un posible caso de violación a derechos humanos que será canalizado para su atención.

Buscar en vida y buscar restos no son caminos opuestos

Para Ramírez, uno de los principales retos es comprender que la búsqueda en vida y la búsqueda forense deben desarrollarse de manera paralela y complementaria.

La especialista recordó que existe un importante rezago forense y que, mientras no funcionen plenamente los mecanismos para cruzar información genética, las familias continúan agotando otras posibilidades para encontrar a sus seres queridos.

Incluso, detalló que hay casos de larga data que demuestran que los años transcurridos no eliminan la posibilidad de encontrar a una persona con vida y relató un caso en Michoacán de una persona privada de la libertad que llevaba 15 años sin comunicación con su familia y que pudo ser hallada mediante el trabajo de las familias buscadoras.

La experiencia de Coahuila también comienza a dejar capacidades instaladas. Ramírez destacó que la propia Comisión de Búsqueda de Coahuila reconoció que estas organizaciones le enseñaron a buscar en vida y que ahora esta perspectiva forma parte de sus ejes de trabajo.

La jornada, sostuvo, demuestra que estos ejercicios pueden convertirse en política pública y replicarse en otras entidades. La Búsqueda Nacional en Vida ha recorrido ya estados como Jalisco, Nuevo León, Sonora, Morelos y Guerrero, dejando una metodología que parte de una premisa: “cada pista debe ser agotada mientras exista la posibilidad de encontrar a una persona con vida”.

FUENTE/MEDIO: IBERO.
AUTOR: LUIS REYES.
ENLACE: https://prensa.ibero.mx/es-MX/nota/buscar-a-personas-desaparecidas-en-vida-funciona-jornada-de-colectivos-y-pdh-ibero-documenta-31-posibles-casos-positivos-y-localiza-a-un-joven

Fiscalía de Nayarit analiza si policías dispararon a adolescente muerto

El tío de Diego cuestionó que la Fiscalía analizara la bala tras su muerte; mientras, la institución no ha aclarado si la comparará con las armas de los policías

La Fiscalía General del Estado de Nayarit informó que analiza si el proyectil extraído del cráneo de Diego, un adolescente de 16 años, quien murió tras ser presuntamente baleado por policías estatales en Tepic, corresponde a alguna de las armas relacionadas con el incidente ocurrido el 3 de octubre.

Por primera vez, en un comunicado sobre el caso, la instancia destacó que el “elemento balístico fue recuperado durante la necropsia” de Diego Armando.

El joven falleció el jueves 8 de octubre tras permanecer cinco días hospitalizado con dos impactos de bala en la cabeza.


La Fiscalía precisó que el proyectil se encuentra bajo análisis pericial para determinar sus características y establecer su posible correspondencia con las armas de fuego relacionadas con los hechos.

El documento no subraya si entre las armas que serán cotejadas se encuentran las asignadas a los policías estatales que participaron en el incidente.

La respuesta de la fiscalía estatal se dio tras las denuncias de la familia del adolescente fallecido, y de los otros cinco detenidos, que exigen investigar la actuación de los agentes y determinar quién disparó contra los jóvenes que viajaban en una camioneta.

Tras el sepelio, este sábado, el tío de Diego Armando, Ricardo Covarrubias, cuestionó que la Fiscalía de Nayarit informara sobre el inicio de análisis la bala extraída del cráneo del adolescente después de su muerte y reclamó que las diligencias debieron realizarse antes de que falleciera.
Eso lo hubieran hecho desde el principio, no porque hasta ahorita que ya mi sobrino ya está, va para el cielo; entonces, esa investigación deberían haberla hecho desde el principio, tal como debe hacer la Fiscalía con todas las autoridades.
Asimismo, reprochó que ninguna autoridad se acercara a la familia durante los cinco días y cinco noches que Diego permaneció hospitalizado.

“Estuvimos cinco días y cinco noches en el hospital y no se acercaron nunca, ocupábamos apoyo, nada; no se acercó ninguna parte, ni de autoridades ni por parte del gobierno”, señaló.

Sobre lo ocurrido durante el incidente, Covarrubias sostuvo que los jóvenes no agredieron a los policías y aseguró que estos últimos comenzaron los disparos, según testigos.

Covarrubias dijo que la exigencia de justicia también responde al temor de otras familias ante la posibilidad de que sus hijos enfrenten una situación similar.
Esto no se va a quedar así, vamos a hacer lo imposible y no nomás por nosotros, por la familia, por mis hermanas, mi sobrina, sino por toda la ciudadanía, porque todos estamos temerosos, porque todos tenemos hijos y nos ponemos en el lugar de otros.
Mientras tanto, Georgina Covarrubias madre de Diego Armando reclamó justicia y mencionó que “a mi hijo me lo mataron, no murió ni falleció”.

La mujer exigió justicia durante el sepelio de su hijo y acusó al gobierno de Nayarit de no darle respuestas sobre lo ocurrido.

“A mi niño me lo mataron por una negligencia del gobierno; hasta la fecha, el señor gobernador no me da la cara, la fiscal no me da la cara, no puede ser posible que a estas alturas no se hayan acercado a mí para darme una respuesta”, reclamó Georgina Covarrubias.

La mujer sostuvo que su hijo no era un delincuente, sino un adolescente sano, deportista, alegre y querido por su comunidad.

Entre muestras de afecto de familiares y amigos que acudieron a despedirlo, cuestionó que las autoridades lo mantuvieran bajo custodia mientras permanecía hospitalizado en estado crítico.

“Fue una víctima y sigue siendo una víctima hasta que se haga justicia”, expresó, al referirse a la situación de su hijo y de los otros jóvenes involucrados en el incidente del 3 de octubre.

Covarrubias también exigió que los policías señalados por la familia sean investigados y sancionados, aunque los agentes fueron separados preventivamente de sus funciones operativas, la madre reclamó que permanecen en libertad, mientras otros jóvenes relacionados con el caso están detenidos.
Ellos lo separaron del cargo, pero están libres, están libres y no se les ha dado ningún castigo; a mi hijo le quitaron la vida, los muchachos están encerrados y ellos están libres, eso para mí no es justo.
La madre cuestionó además la difusión de una fotografía que, según afirmó, se ha presentado como evidencia contra su hijo.

Sostuvo que la imagen es falsa y que la ropa, el calzado y el rostro de la persona que aparece no corresponden a Diego; también rechazó que se le vincule con un arma.
Yo quiero justicia, yo sé que eso no me va a regresar a mi bebé, yo lo sé, pero tampoco pueden ir por la calle; hoy me tocó a mí, mañana quién sabe.

Al final, dijo sentir miedo debido a que se dijo seguida por las autoridades al igual que a su familia.

“Sabes perfectamente que fue una negligencia de tus policías, no te conviene escucharme”, escribió Georgina Covarrubias, servidora pública federal, en un mensaje dirigido al gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero.
Tenemos a unos asesinos como policías, de la justicia divina no se van a salvar.
Paola Covarrubias, tía del adolescente, en video difundido antes de la muerte de Diego, sostuvo que los cinco jóvenes que viajaban en la camioneta no portaban armas ni drogas y cuestionó la actuación policial durante la persecución.

Los hechos ocurrieron la noche del sábado 3 de octubre en Tepic y de acuerdo con información preliminar, que sigue sin confirmación de las autoridades, los jóvenes circulaban por la calle Ixtlán cuando escucharon detonaciones y eran seguidos por un vehículo policial.

La camioneta recibió varios impactos de bala y se detuvo en el cruce de la calle Gómez Mendiola y la avenida Insurgentes.

Dos de los ocupantes resultaron heridos por disparos; Diego recibió dos impactos en la cabeza y permaneció hospitalizado en estado crítico hasta su fallecimiento.

Otra joven también resultó herida de bala, pero fue dada de alta y después trasladada a un centro de reclusión en Tepic.


Después del incidente, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Nayarit informó que los policías involucrados fueron separados preventivamente de sus funciones operativas mientras la Fiscalía estatal y la Dirección General de Asuntos Internos investigan lo ocurrido.

La Fiscalía sostuvo que continuará las diligencias para esclarecer el caso mediante dictámenes periciales y conforme a los protocolos aplicables.

Hasta ahora, no ha informado quién realizó los disparos ni ha confirmado que el proyectil recuperado provenga de un arma oficial.

El resultado del análisis balístico podría aportar elementos para establecer el origen del disparo que causó la muerte del adolescente y determinar las responsabilidades correspondientes.

Hasta el momento, la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Nayarit (CDDH) no se ha pronunciado sobre la situación; sin embargo emitió la Recomendación 02/2026, dirigida al Ayuntamiento de San Blas, tras acreditar violaciones a los derechos humanos de un adolescente.

Sobre el caso se sabe que en la localidad de La Libertad, policías municipales lo persiguieron sin justificación legal, lo golpearon y lo detuvieron de manera irregular.

Entre las medidas recomendadas están la reparación integral del daño a la víctima, atención médica y psicológica, procedimientos administrativos contra los agentes responsables y capacitación en derechos humanos y uso de la fuerza.

Penal 'El Castillo' donde murió niño de 2 años reprobó evaluación de la CNDH: Lisa Sánchez

La evaluación también registró carencias de personal, atención médica y mecanismos para prevenir hechos violentos, pese a que el penal no tenía sobrepoblación

El penal de Goros II, conocido como El Castillo, en Sinaloa, tenía una calificación de 5.25 sobre 10 en una evaluación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realizada en 2025, que documentó deficiencias de seguridad, custodia y prevención de hechos violentos, señaló la analista Lisa Sánchez.

Durante su participación en Aristegui en Vivo, Sánchez retomó el diagnóstico del centro penitenciario tras las riñas registradas el jueves y viernes, en una de las cuales murió un niño de dos años que se encontraba de visita con su familia.

La analista sostuvo que las autoridades deben esclarecer el origen de los enfrentamientos, determinar si están relacionados con la crisis de violencia que vive Sinaloa desde hace más de dos años y explicar cómo ingresaron armas de fuego al penal.
¿Cómo puede ser que la autoridad no mantenga el control de este centro penitenciario?
Además cuestionó que el problema no se limita a la respuesta de las autoridades después de los hechos, sino a su capacidad para garantizar la seguridad y prevenir incidentes de manera cotidiana.


De acuerdo con Sánchez, la evaluación de la CNDH identificó deficiencias en la separación de personas procesadas y sentenciadas, así como en la clasificación de internos según su perfil de peligrosidad.

También reportó insuficiencia de personal de seguridad y custodia, problemas de capacitación, fallas en la atención médica y en la alimentación, además de carencias en los mecanismos para prevenir y atender hechos violentos y recibir denuncias por violaciones a derechos humanos.

Dijo que aunque el centro no estaba clasificado como sobrepoblado, la evaluación reportó alrededor de mil 200 internos frente a una capacidad instalada aproximada de mil 800 personas.

Sánchez precisó que el antecedente plantea dudas sobre las medidas adoptadas para corregir las fallas detectadas antes de los recientes enfrentamientos.

La analista pidió que las investigaciones expliquen también los movimientos de personas y mercancías dentro del penal, la posible existencia de redes de extorsión, cobro de privilegios y otras actividades ilícitas, así como una eventual participación o complicidad de personal penitenciario.

Estas posibilidades, afirmó, deben ser esclarecidas por las autoridades.

Sánchez vinculó el caso con la situación de violencia que enfrenta Sinaloa, donde, de acuerdo con las cifras que citó durante la mesa, se acumulan más de 4 mil homicidios y más de 5 mil personas desaparecidas o privadas ilegalmente de la libertad, además de más de 12 mil negocios cerrados.

Advirtió que la política de seguridad no puede centrarse únicamente en las detenciones y el despliegue de fuerzas policiales, sino que debe considerar la gobernabilidad de los centros penitenciarios, las condiciones de reclusión y la reinserción social.

Como parte de ese análisis, mencionó un estudio de Data Cívica sobre prisión preventiva oficiosa, según el cual las determinaciones de esta medida cautelar en el ámbito estatal aumentaron 81 por ciento entre 2024 y 2025, al pasar de poco más de 10 mil a cerca de 19 mil.

En el mismo periodo, las medidas de prisión preventiva justificada se mantuvieron por encima de las 30 mil.

Sánchez señaló que cuatro de cada diez personas privadas de la libertad en México permanecen sin sentencia condenatoria y cuestionó que la prisión preventiva oficiosa se prolongue más allá del límite de un año previsto constitucionalmente.

Citó casos en los que las personas han pasado años en prisión sin sentencia, una situación que, afirmó, obliga a revisar la estrategia de seguridad también desde la perspectiva de los derechos humanos.

La analista consideró que los hechos en El Castillo deben motivar una revisión de las condiciones estructurales del sistema penitenciario y de las responsabilidades de las autoridades, más allá de los operativos desplegados después de los enfrentamientos.

IMSS anuncia consulta a trabajadores para incremento salarial tras protestas

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recordó que la Secretaría de Gobernación instaló una mesa de diálogo entre la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) y trabajadoras y trabajadores inconformes, así como un trabajador jubilado

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que el próximo 14 de octubre, los trabajadores decidirán sobre el incremento en una consulta convocada por su sindicato, mediante voto libre, personal, directo y secreto.

En un comunicado, el instituto aclaró que dicha consulta será revisada por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

“El IMSS respetará la decisión de los trabajadores. (…) El grupo inconforme planteó demandas como el regreso al Régimen de Jubilaciones y Pensiones y la eliminación de las Afores. Estos temas requieren cambios en la ley y no son decisiones que correspondan al Instituto”, señaló el instituto

Prosiguió: “En los últimos días, grupos de trabajadores y jubilados se han manifestado en distintas entidades del país. El IMSS respeta su derecho a expresar su inconformidad y hace un llamado a mantener libres los accesos a hospitales y clínicas, en especial para urgencias y ambulancias, así como para quienes tienen una cita o cirugía programada”.

Unidades médicas siguen en funcionamiento

El IMSS aseguró que sus unidades médicas y hospitales están en operación en todo el país, y que los servicios de urgencias, hospitalización, terapia intensiva, atención de partos y hemodiálisis están garantizados.

“El día de hoy, más de 400 mil trabajadoras y trabajadores registraron su asistencia y laboraron con normalidad.

Recordó que la Secretaría de Gobernación instaló una mesa de diálogo entre la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) y trabajadoras y trabajadores inconformes, así como un trabajador jubilado.

“En esa mesa, el grupo expresó su rechazo al incremento salarial de 6.8% aprobado por el Congreso Nacional del SNTSS, compuesto por 2.9% al salario tabular y 3.9% en prestaciones, un incremento que está por encima de la inflación”, destacó.

Precisó que el Instituto y el sindicato trabajan de manera permanente, en un espacio dedicado a temas prioritarios, para atender los retos de la operación, como el abasto de medicamentos e insumos, los tiempos de espera, la conservación y el mantenimiento de las instalaciones, el trato digno y la cobertura de plazas.

“Desde 2019, la plantilla del IMSS creció en 94 mil 631 trabajadores de base, al pasar de 360 mil 823 a 455 mil 454 trabajadoras y trabajadores; entre ellos, más de 27 mil médicos especialistas y 26 mil 777 enfermeras. En el mismo periodo, el incremento salarial promedio fue de 6.94% anual”, precisó.

Protestas de trabajadores del IMSS

Personal activo y jubilado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizó este viernes movilizaciones y bloqueos en distintos puntos del país y la Ciudad de México, en rechazo al acuerdo salarial para el periodo 2026-2027, negociado entre el IMSS y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), así como para exigir cambios en la dirigencia nacional del sindicato.

La protesta se organizó después de una reunión realizada el pasado jueves en la Secretaría de Gobernación, donde representantes de la disidencia plantearon la convocatoria a un Congreso Nacional Extraordinario. De acuerdo con las personas inconformes, la petición fue rechazada y la reunión terminó sin acuerdos, por lo que trasladaron sus demandas a las calles y algunos de los principales centros hospitalarios del Valle de México.

Eduardo Vinicio Martínez, jubilado y representante de trabajadores jubilados y pensionados, aseguró que en el encuentro participaron representantes de 37 secciones y que, ante la negativa a convocar al Congreso Extraordinario, las personas trabajadoras abandonaron la mesa. También señaló que Gobernación posteriormente invitó a retomar el diálogo, aunque la representación inconforme pidió que la reunión se realizara en el lugar de la movilización y frente a la base trabajadora.

Las personas inconformes demandan un incremento de 10% directo al salario tabular. Humberto Avendaño Valencia, técnico polivalente de la sección 34 del IMSS, sostuvo que el aumento anunciado no se reflejaría de manera suficiente en el ingreso disponible de las personas trabajadoras y cuestionó particularmente la retención relacionada con el fondo de ahorro para el retiro.

El joven trabajador que se manifestaba afuera de las oficinas centrales sobre Paseo de la Reforma afirmó que el incremento implicaría mayores descuentos destinados a las cuentas individuales de retiro y sostuvo que esos recursos podrían estar expuestos a pérdidas dependiendo del desempeño de las inversiones.

Asesinan al periodista Hamurabi Huesca, director de Pinotepa Comunica

La Fiscalía asegura que la agresión estaba dirigida contra “El Darío”, identificado como uno de los principales generadores de violencia en la Costa; el periodista, quien también trabajaba como taxista, y otro hombre murieron en el lugar

Hamurabi Huesca Manzano, director del portal digital Pinotepa Comunica, fue asesinado este viernes durante un ataque armado en Santiago Pinotepa Nacional, en la región de la Costa de Oaxaca, en el que también murieron otras dos personas.  

La agresión estaba presuntamente dirigida contra un hombre identificado con las iniciales D. A. S. A., alias “El Darío”, quien falleció horas después en un hospital. 

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que una de sus principales líneas de investigación apunta a una disputa entre células criminales locales.  

Según la reconstrucción ministerial, un grupo armado llegó a un inmueble ubicado en las calles 13ª Sur y 9ª Poniente, en la colonia Planta y Porvenir, para atacar a “El Darío”.

En el lugar se encontraba Hamurabi Huesca Manzano, quien también trabajaba como taxista y esperaba a su cliente para brindarle un servicio de transporte. El periodista fue alcanzado por los disparos y murió en el sitio, al igual que una tercera víctima identificada por las iniciales O. F. M. M. 

“El Darío” resultó herido y fue trasladado a un hospital regional, donde murió horas más tarde a consecuencia de las lesiones, de acuerdo con la Fiscalía. 

La FGEO señaló que el hombre era considerado uno de los principales generadores de violencia en esa parte de la costa oaxaqueña. Añadió que el grupo armado presuntamente responsable ya se encuentra identificado a partir de las primeras diligencias, aunque no informó sobre detenciones.

FGR decidirá si atrae el caso de Carlos Manzo, responde Harfuch a petición de Grecia Quiroz

El secretario de Seguridad aseguró que mantiene contacto permanente con la alcaldesa de Uruapan y reiteró que hay 33 detenidos, un día después de que ella pidiera en San Lázaro la intervención de la Fiscalía federal

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó este jueves que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) determinar si atrae la investigación del asesinato de Carlos Manzo, un día después de que su esposa, la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, acudiera a la Cámara de Diputados para insistir en esa petición.

Durante una conferencia de prensa posterior a su reunión con la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el funcionario respondió que la atracción del caso “tendrá que determinarlo la propia Fiscalía General de la República”.

Harfuch aseguró que mantiene comunicación permanente con Quiroz y que la alcaldesa cuenta con protección federal por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. “Nosotros queremos lo mismo que dice la señora Grecia Quiroz, con la cual yo tengo un contacto permanente”, señaló, al referirse al esclarecimiento del homicidio.

El miércoles, Quiroz acompañó en San Lázaro a la diputada federal independiente Guadalupe Araceli Mendoza Arias, conocida como Lupita Arias, quien presentó una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la FGR a atraer la investigación. La propuesta pidió esclarecer la planeación, el financiamiento, el encubrimiento y los posibles beneficiarios del crimen, además de garantizar independencia frente a intereses políticos.

La alcaldesa reiteró entonces su llamado a Sheinbaum y a la titular de la FGR, Ernestina Godoy, y denunció que sus abogados no habían obtenido acceso completo al expediente, a 11 meses del asesinato de Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025. “No he obtenido al 100% esa carpeta de investigación, me lo han dado en partes”, reclamó.

En su respuesta de este jueves, Harfuch sostuvo que el esclarecimiento del homicidio es una prioridad para el gobierno federal desde que ocurrió y que, por instrucciones presidenciales, se estableció un grupo de investigación en coordinación con la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad de Michoacán.

El secretario reiteró que hay 33 detenidos, entre ellos quien organizó la célula encargada del seguimiento, vigilancia y ejecución del alcalde, además de personas que trabajaban para Manzo y que, según las investigaciones, filtraban información al grupo criminal.

“Están detenidas personas que trabajaban para el propio presidente municipal, para el propio alcalde Carlos Manzo. La función que tenían ellos era filtrar información al grupo criminal”, afirmó. La cifra de 33 detenidos ya había sido reportada el 19 de septiembre por el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Harfuch destacó también la captura en Jalisco de una persona identificada como “R-1”, a quien señaló como autor intelectual del homicidio. Explicó que fue detenida por agentes federales de la Secretaría de Seguridad y fuerzas especiales del Ejército, durante un operativo en el que hubo un enfrentamiento.

Un día antes, Quiroz relató que, en una conversación previa, Harfuch le dijo que no tenía que entregar el teléfono celular de Manzo, porque las autoridades federales ya contaban con la información que necesitaban del aparato.

Consejeros del INE insisten en regular precampañas adelantadas disfrazadas de procesos de selección para candidatos

En medio de los cuestionamientos que los fracasados aspirantes a “coordinadores” de Morena en los estados han externado hacia las encuestas que definieron los ganadores, los lineamientos propuestos por los tres consejeros plantean que los partidos entreguen al INE “un informe con la metodología, costos, personas responsables y resultados”, mientras que sus costos estarán contabilizados como gasto ordinario

Hoy, siete meses después de una primera tentativa vetada por el grupo de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) encabezado por Guadalupe Taddei Zavala, los consejeros electorales Carla Humphrey Jordan, Arturo Castillo Loza y Martín Faz Mora defenderán nuevamente un acuerdo con una serie de lineamientos que regulen las precampañas adelantadas de los partidos políticos, disfrazadas como procesos de selección de “coordinadores” en los estados, y den la capacidad al INE de vigilarlos. 

La práctica, iniciada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2023, cuando puso a competir a los seis aspirantes a la candidatura presidencial de Morena –a las que llamó sus “corcholatas”—meses antes de los plazos legales, ha sido replicada por el propio partido guinda y por partidos de oposición, al margen de la ley.

Así, la semana pasada, más de dos meses antes de los plazos oficiales para designar sus candidaturas, Morena terminó de seleccionar a sus 17 “coordinadores” —es decir, sus precandidatos a gobernadores— en los estados que tendrán elecciones el próximo año.

El proyecto de los tres consejeros del INE, que probablemente será desechado una vez más por el grupo mayoritario de Taddei al interior del Consejo General, contempla autorizar los llamados “Procesos Políticos”, siempre y cuando no tengan “como objetivo el obtener el respaldo para la postulación de precandidaturas o candidaturas a un cargo de elección popular”, y con un conjunto de reglas estrictas, como la prohibición de colocar propaganda en mobiliario urbano, o un mayor control sobre el dinero gastado en estos procesos, con un tope de aportaciones personales de los aspirantes establecido en 3 millones 304 mil pesos, y un máximo de aportaciones de simpatizantes de 826 mil 223 por persona, obligatoriamente por transferencia. 
“El uso de financiamiento ordinario no autoriza actos de precampaña o campaña encubiertos ni gastos con finalidad electoral prohibida. Cuando se adviertan elementos electorales o equivalentes, se dará el tratamiento legal que corresponda mediante el procedimiento competente”, plantea por ejemplo el proyecto, que establece además que, en el marco de estos procesos internos, no se podrían recibir aportaciones, ni en efectivo ni en especie, de los gobiernos —ya sea federal o locales—, del extranjero, de empresas, de personas no identificadas, de ministros de culto o de sindicatos, entre otros.
Los lineamientos contemplan que el INE, a través de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) y de la Comisión de Fiscalización (COF), monitoreará el dinero que se mueva en torno a estos procesos e investigará posibles irregularidades.

En medio de los cuestionamientos que los fracasados aspirantes a “coordinadores” de Morena en los estados han externado hacia las encuestas que definieron los ganadores, los lineamientos propuestos por los tres consejeros plantean que los partidos entreguen al INE “un informe con la metodología, costos, personas responsables y resultados”, mientras que sus costos estarán contabilizados como gasto ordinario. 
Los lineamientos incluyen un apartado para impedir a los servidores públicos intervenir en los procesos internos, ya sea aportando recursos o manifestando su postura a favor o en contra de aspirantes. El documento estipula que los funcionarios solo podrían acudir a los eventos en días inhábiles y sin tener “participación activa y preponderante” en ellos, mientras que los legisladores solo podrían asistir “cuando no interfieran con las actividades parlamentarias a su cargo”.
Además de recalcar que los partidos o los aspirantes no podrán utilizar sus prerrogativas para acceder a tiempos oficiales de radio y televisión, los lineamientos agregan ciertas condiciones a los procesos internos, como que sus participantes no tengan “expresiones, discursos, mensajes y elementos de naturaleza electoral”, o que “no se empleará propaganda, por si o por terceros, que de manera indirecta tenga un contenido proselitista electoral”.

Investigan secuestro de seis campesinos de Guerrero; circula video donde los vinculan a Los Granados

La noche del miércoles, a 14 días del secuestro de ocho pobladores del Balcón por parte de hombres armados, fue filtrado un video en plataformas digitales de noticias y redes sociales donde aparecen las víctimas

Seis campesinos secuestrados en el ejido el Balcón, en la sierra de Ajuchitlán del Progreso, desde el 24 de septiembre, aparecieron sometidos y con ropa militar en un video donde dicen pertenecer al grupo delictivo Los Granados. 

En un comunicado, el ejido rechazó cualquier intento de utilizar el material para desvirtuar los hechos. 

Aseguró que la vestimenta que portan en el video no es la que llevaban el día que fueron llevados y defendió que sus vecinos secuestrados se dedican a la agricultura y a la destilación de mezcal.  

La noche del miércoles, a 14 días del secuestro de ocho pobladores del Balcón por parte de hombres armados, fue filtrado un video en plataformas digitales de noticias y redes sociales donde aparecen las víctimas.

En una primera parte, cinco hombres aparecen sometidos, esposados con las manos y vestidos con ropa militar.  

Al ser interrogados por una persona que no aparece a cuadro, los detenidos dicen pertenecer al grupo delictivo Los Granados.  

La mañana del pasado 24 de septiembre, ocho vecinos del Balcón fueron privados de su libertad en el paraje conocido como La Lajita, en la zona de la sierra entre Ajuchitlán del Progreso y Tecpan de Galeana.  

Habitantes y autoridades ejidales de El Balcón han señalado como responsables de la privación de la libertad de sus vecinos a la organización criminal La Familia Michoacana. 

El 1 de octubre, fue liberado un menor de ocho años, con quien los captores mandaron a decir que entregarían al resto de los detenidos a cambio de que El Balcón entregará sus tierras, que incluye parte de la ruta de Tierra Caliente a la Costa Grande. 

Los detenidos que aparecen en la grabación se identifican como Everardo León Atanacio, el adolescente de 17 años; Fidel Quirino Atanacio, de 54; Isidro Brito Arriola, de 32; Eulises Medrano López, de 26; y José Leodanis Medrano López, de 24. 

En el interrogatorio mencionan a supuestos mandos y el número de personas armadas en sus comunidades. Tres mencionan que portaban armas largas AK-47 y R-15. 

En otra parte, el material muestra a seis hombres vendados, esposados y sentados en el suelo, a sus espaldas se observan pacas de paja.  

Y al final son presentadas fotografías presuntamente obtenidas de los celulares de los cautivos donde se ven a personas con armas de alto calibre, entre ellos menores de edad. 

Más tarde, el ejido El Balcón respondió que rechazan cualquier intento de utilizar el material para desvirtuar los hechos o generar una versión distinta de lo ocurrido. 

Dice que en el video hallaron elementos que preocupan y que deben ser investigados:  

“La vestimenta que portan en el video no corresponde con la que llevaban el día en que fueron sustraídos. Asimismo, las declaraciones presentan inconsistencias en los nombres y apellidos que se mencionan”. 

Los detenidos, asegura, son personas de bien, trabajadoras y comprometidas con sus comunidades. 

“Se dedican al manejo forestal comunitario, a la destilación de mezcal y a la agricultura. Participan directamente en proyectos de conservación, protección y manejo sustentable de los recursos naturales”. 

Su trabajo, dice, es conocido por instituciones del sector forestal y ambiental.  

“Queremos ser absolutamente claros: Si alguna de estas personas ha cometido algún delito, que sea la autoridad competente quien investigue determine responsabilidades y, conforme a la ley, los juzgue. 

“Nuestra exigencia sigue siendo la misma: queremos a nuestros compañeros vivos, íntegros y de regreso con sus familias. 

“No vamos a permitir que la incertidumbre, el miedo o un video cambien nuestro propósito. Seguiremos unidos, redoblaremos esfuerzos continuaremos exigiendo su localización”. 

En ese contexto, la tarde de ayer el director del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia "Minerva Bello", Filiberto Velázquez, entregó al Poder Judicial de la Federación (PJF) información acerca de la posible ubicación de los siete campesinos privados de su libertad. 

"Siguen en la región de la Tierra Caliente de Guerrero", dijo el sacerdote y director del organismo. 

Horas antes, el Ejido El Balcón advirtió que 319 comunidades marcharán hacía el Palacio Nacional, en la capital del país, para pedir a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la búsqueda de las víctimas.

Exjueza reprocha que la busquen sancionar por fallo contra la reforma judicial

En su comparecencia ante el Tribunal de Disciplina Judicial, la exjueza Martha Magaña señala que el procedimiento abierto en su contra vulnera la independencia judicial

La exjueza de Distrito, Martha Magaña afirmó ante el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) que el procedimiento iniciado en su contra por conceder la primera suspensión contra la reforma judicial, vulnera la independencia judicial.

Esta mañana la exjuzgadora federal compareció por videoconferencia desde Madrid, España, ante el TDJ que la investiga por la concesión de dicha suspensión.

Durante la diligencia, leyó un posicionamiento en el que reprochó que se le busca sancionar por haber tomado una decisión que incomodó al poder y que no fue combatida por las vías legales.

“La suspensión se fundó en derecho. La jurisprudencia que se me reprocha haber desatendido formó parte de la base de mi decisión y expliqué por qué en ese caso no era aplicable. Las razones jurídicas que la sustentaron no fueron combatidas por la vía legal. La autoridad desatendió la decisión y, con ello, quebrantó el Estado de derecho. Las descalificaciones desde la tribuna presidencial y el rechazo de la mayoría parlamentaria no sustituían los medios legales para controvertirla”, dijo.

“Sancionar una decisión por haber incomodado al poder puede desalentar a otras juezas y otros jueces de resolver con libertad. Quien resiente esa presión es la persona que acude a un juzgado y necesita una respuesta fundada en derecho, incluso cuando su petición cuestione a quienes gobiernan”.

Afirmó que con el procedimiento en su contra, se busca sancionarla por su actuación y por haber levantado la voz debido a que ella formó parte activa de las protestas que el Poder Judicial de la Federación (PJF) protagonizó en 2024 contra la reforma judicial.

“Antes de que se determine si mi actuación es motivo de sanción, quiero dejar constancia de que honrar a nuestra patria no consiste solamente en pronunciar discursos sobre la Constitución, sino en tener el valor de respetarla y defenderla cuando hacerlo resulta difícil y en congruencia con ello dicté una medida fundada en derecho para proteger su identidad, antes de que el daño fuera irreparable. Eso me correspondía como jueza. La inconformidad del poder no me relevaba de ese deber”, agregó.

Diez muertos deja riña en Cereso de Mazatlán

Horas de tensión se vivieron en el Cereso El Castillo de Mazatlán. Murieron nueve reos y un menor que estaba de visita tras la riña.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que derivado de una riña este 8 de octubre en el Cereso El Castillo, perdieron la vida nueve personas privadas de la libertad y un menor que se encontraba de visita, mientras que 16 presos resultaron heridos, las cuales ya fueron trasladados para recibir atención médica prehospitalaria. 

“Tras estos hechos, el Grupo Interinstitucional actuó para controlar la situación. Actualmente, el Centro Penitenciario se encuentra bajo control y se mantiene la presencia de las autoridades para garantizar la seguridad de dicho centro”.

Se dio aviso a la Fiscalía General del Estado para que lleve a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades que resulten.


El parte oficial.

Mientras tanto, el personal de Trabajo Social establece comunicación con los familiares de las personas fallecidas y continuará con estas labores para brindarles la información correspondiente.

“Como medida preventiva y con el objetivo de salvaguardar la integridad de las personas privadas de la libertad (PPL), del personal administrativo y de las familias que acudirían hoy, la visita al Centro Penitenciario queda suspendida”.

La Secretaría aseguró que el resto de la población penitenciaria se encuentra bien y que las autoridades mantienen su presencia en el lugar para preservar el orden y garantizar la seguridad.

FUENTE/MEDIO: EMEEQUIS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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