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FGR decidirá si atrae el caso de Carlos Manzo, responde Harfuch a petición de Grecia Quiroz

El secretario de Seguridad aseguró que mantiene contacto permanente con la alcaldesa de Uruapan y reiteró que hay 33 detenidos, un día después de que ella pidiera en San Lázaro la intervención de la Fiscalía federal

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó este jueves que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) determinar si atrae la investigación del asesinato de Carlos Manzo, un día después de que su esposa, la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, acudiera a la Cámara de Diputados para insistir en esa petición.

Durante una conferencia de prensa posterior a su reunión con la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el funcionario respondió que la atracción del caso “tendrá que determinarlo la propia Fiscalía General de la República”.

Harfuch aseguró que mantiene comunicación permanente con Quiroz y que la alcaldesa cuenta con protección federal por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. “Nosotros queremos lo mismo que dice la señora Grecia Quiroz, con la cual yo tengo un contacto permanente”, señaló, al referirse al esclarecimiento del homicidio.

El miércoles, Quiroz acompañó en San Lázaro a la diputada federal independiente Guadalupe Araceli Mendoza Arias, conocida como Lupita Arias, quien presentó una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la FGR a atraer la investigación. La propuesta pidió esclarecer la planeación, el financiamiento, el encubrimiento y los posibles beneficiarios del crimen, además de garantizar independencia frente a intereses políticos.

La alcaldesa reiteró entonces su llamado a Sheinbaum y a la titular de la FGR, Ernestina Godoy, y denunció que sus abogados no habían obtenido acceso completo al expediente, a 11 meses del asesinato de Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025. “No he obtenido al 100% esa carpeta de investigación, me lo han dado en partes”, reclamó.

En su respuesta de este jueves, Harfuch sostuvo que el esclarecimiento del homicidio es una prioridad para el gobierno federal desde que ocurrió y que, por instrucciones presidenciales, se estableció un grupo de investigación en coordinación con la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad de Michoacán.

El secretario reiteró que hay 33 detenidos, entre ellos quien organizó la célula encargada del seguimiento, vigilancia y ejecución del alcalde, además de personas que trabajaban para Manzo y que, según las investigaciones, filtraban información al grupo criminal.

“Están detenidas personas que trabajaban para el propio presidente municipal, para el propio alcalde Carlos Manzo. La función que tenían ellos era filtrar información al grupo criminal”, afirmó. La cifra de 33 detenidos ya había sido reportada el 19 de septiembre por el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Harfuch destacó también la captura en Jalisco de una persona identificada como “R-1”, a quien señaló como autor intelectual del homicidio. Explicó que fue detenida por agentes federales de la Secretaría de Seguridad y fuerzas especiales del Ejército, durante un operativo en el que hubo un enfrentamiento.

Un día antes, Quiroz relató que, en una conversación previa, Harfuch le dijo que no tenía que entregar el teléfono celular de Manzo, porque las autoridades federales ya contaban con la información que necesitaban del aparato.

Consejeros del INE insisten en regular precampañas adelantadas disfrazadas de procesos de selección para candidatos

En medio de los cuestionamientos que los fracasados aspirantes a “coordinadores” de Morena en los estados han externado hacia las encuestas que definieron los ganadores, los lineamientos propuestos por los tres consejeros plantean que los partidos entreguen al INE “un informe con la metodología, costos, personas responsables y resultados”, mientras que sus costos estarán contabilizados como gasto ordinario

Hoy, siete meses después de una primera tentativa vetada por el grupo de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) encabezado por Guadalupe Taddei Zavala, los consejeros electorales Carla Humphrey Jordan, Arturo Castillo Loza y Martín Faz Mora defenderán nuevamente un acuerdo con una serie de lineamientos que regulen las precampañas adelantadas de los partidos políticos, disfrazadas como procesos de selección de “coordinadores” en los estados, y den la capacidad al INE de vigilarlos. 

La práctica, iniciada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2023, cuando puso a competir a los seis aspirantes a la candidatura presidencial de Morena –a las que llamó sus “corcholatas”—meses antes de los plazos legales, ha sido replicada por el propio partido guinda y por partidos de oposición, al margen de la ley.

Así, la semana pasada, más de dos meses antes de los plazos oficiales para designar sus candidaturas, Morena terminó de seleccionar a sus 17 “coordinadores” —es decir, sus precandidatos a gobernadores— en los estados que tendrán elecciones el próximo año.

El proyecto de los tres consejeros del INE, que probablemente será desechado una vez más por el grupo mayoritario de Taddei al interior del Consejo General, contempla autorizar los llamados “Procesos Políticos”, siempre y cuando no tengan “como objetivo el obtener el respaldo para la postulación de precandidaturas o candidaturas a un cargo de elección popular”, y con un conjunto de reglas estrictas, como la prohibición de colocar propaganda en mobiliario urbano, o un mayor control sobre el dinero gastado en estos procesos, con un tope de aportaciones personales de los aspirantes establecido en 3 millones 304 mil pesos, y un máximo de aportaciones de simpatizantes de 826 mil 223 por persona, obligatoriamente por transferencia. 
“El uso de financiamiento ordinario no autoriza actos de precampaña o campaña encubiertos ni gastos con finalidad electoral prohibida. Cuando se adviertan elementos electorales o equivalentes, se dará el tratamiento legal que corresponda mediante el procedimiento competente”, plantea por ejemplo el proyecto, que establece además que, en el marco de estos procesos internos, no se podrían recibir aportaciones, ni en efectivo ni en especie, de los gobiernos —ya sea federal o locales—, del extranjero, de empresas, de personas no identificadas, de ministros de culto o de sindicatos, entre otros.
Los lineamientos contemplan que el INE, a través de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) y de la Comisión de Fiscalización (COF), monitoreará el dinero que se mueva en torno a estos procesos e investigará posibles irregularidades.

En medio de los cuestionamientos que los fracasados aspirantes a “coordinadores” de Morena en los estados han externado hacia las encuestas que definieron los ganadores, los lineamientos propuestos por los tres consejeros plantean que los partidos entreguen al INE “un informe con la metodología, costos, personas responsables y resultados”, mientras que sus costos estarán contabilizados como gasto ordinario. 
Los lineamientos incluyen un apartado para impedir a los servidores públicos intervenir en los procesos internos, ya sea aportando recursos o manifestando su postura a favor o en contra de aspirantes. El documento estipula que los funcionarios solo podrían acudir a los eventos en días inhábiles y sin tener “participación activa y preponderante” en ellos, mientras que los legisladores solo podrían asistir “cuando no interfieran con las actividades parlamentarias a su cargo”.
Además de recalcar que los partidos o los aspirantes no podrán utilizar sus prerrogativas para acceder a tiempos oficiales de radio y televisión, los lineamientos agregan ciertas condiciones a los procesos internos, como que sus participantes no tengan “expresiones, discursos, mensajes y elementos de naturaleza electoral”, o que “no se empleará propaganda, por si o por terceros, que de manera indirecta tenga un contenido proselitista electoral”.

Investigan secuestro de seis campesinos de Guerrero; circula video donde los vinculan a Los Granados

La noche del miércoles, a 14 días del secuestro de ocho pobladores del Balcón por parte de hombres armados, fue filtrado un video en plataformas digitales de noticias y redes sociales donde aparecen las víctimas

Seis campesinos secuestrados en el ejido el Balcón, en la sierra de Ajuchitlán del Progreso, desde el 24 de septiembre, aparecieron sometidos y con ropa militar en un video donde dicen pertenecer al grupo delictivo Los Granados. 

En un comunicado, el ejido rechazó cualquier intento de utilizar el material para desvirtuar los hechos. 

Aseguró que la vestimenta que portan en el video no es la que llevaban el día que fueron llevados y defendió que sus vecinos secuestrados se dedican a la agricultura y a la destilación de mezcal.  

La noche del miércoles, a 14 días del secuestro de ocho pobladores del Balcón por parte de hombres armados, fue filtrado un video en plataformas digitales de noticias y redes sociales donde aparecen las víctimas.

En una primera parte, cinco hombres aparecen sometidos, esposados con las manos y vestidos con ropa militar.  

Al ser interrogados por una persona que no aparece a cuadro, los detenidos dicen pertenecer al grupo delictivo Los Granados.  

La mañana del pasado 24 de septiembre, ocho vecinos del Balcón fueron privados de su libertad en el paraje conocido como La Lajita, en la zona de la sierra entre Ajuchitlán del Progreso y Tecpan de Galeana.  

Habitantes y autoridades ejidales de El Balcón han señalado como responsables de la privación de la libertad de sus vecinos a la organización criminal La Familia Michoacana. 

El 1 de octubre, fue liberado un menor de ocho años, con quien los captores mandaron a decir que entregarían al resto de los detenidos a cambio de que El Balcón entregará sus tierras, que incluye parte de la ruta de Tierra Caliente a la Costa Grande. 

Los detenidos que aparecen en la grabación se identifican como Everardo León Atanacio, el adolescente de 17 años; Fidel Quirino Atanacio, de 54; Isidro Brito Arriola, de 32; Eulises Medrano López, de 26; y José Leodanis Medrano López, de 24. 

En el interrogatorio mencionan a supuestos mandos y el número de personas armadas en sus comunidades. Tres mencionan que portaban armas largas AK-47 y R-15. 

En otra parte, el material muestra a seis hombres vendados, esposados y sentados en el suelo, a sus espaldas se observan pacas de paja.  

Y al final son presentadas fotografías presuntamente obtenidas de los celulares de los cautivos donde se ven a personas con armas de alto calibre, entre ellos menores de edad. 

Más tarde, el ejido El Balcón respondió que rechazan cualquier intento de utilizar el material para desvirtuar los hechos o generar una versión distinta de lo ocurrido. 

Dice que en el video hallaron elementos que preocupan y que deben ser investigados:  

“La vestimenta que portan en el video no corresponde con la que llevaban el día en que fueron sustraídos. Asimismo, las declaraciones presentan inconsistencias en los nombres y apellidos que se mencionan”. 

Los detenidos, asegura, son personas de bien, trabajadoras y comprometidas con sus comunidades. 

“Se dedican al manejo forestal comunitario, a la destilación de mezcal y a la agricultura. Participan directamente en proyectos de conservación, protección y manejo sustentable de los recursos naturales”. 

Su trabajo, dice, es conocido por instituciones del sector forestal y ambiental.  

“Queremos ser absolutamente claros: Si alguna de estas personas ha cometido algún delito, que sea la autoridad competente quien investigue determine responsabilidades y, conforme a la ley, los juzgue. 

“Nuestra exigencia sigue siendo la misma: queremos a nuestros compañeros vivos, íntegros y de regreso con sus familias. 

“No vamos a permitir que la incertidumbre, el miedo o un video cambien nuestro propósito. Seguiremos unidos, redoblaremos esfuerzos continuaremos exigiendo su localización”. 

En ese contexto, la tarde de ayer el director del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia "Minerva Bello", Filiberto Velázquez, entregó al Poder Judicial de la Federación (PJF) información acerca de la posible ubicación de los siete campesinos privados de su libertad. 

"Siguen en la región de la Tierra Caliente de Guerrero", dijo el sacerdote y director del organismo. 

Horas antes, el Ejido El Balcón advirtió que 319 comunidades marcharán hacía el Palacio Nacional, en la capital del país, para pedir a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la búsqueda de las víctimas.

Exjueza reprocha que la busquen sancionar por fallo contra la reforma judicial

En su comparecencia ante el Tribunal de Disciplina Judicial, la exjueza Martha Magaña señala que el procedimiento abierto en su contra vulnera la independencia judicial

La exjueza de Distrito, Martha Magaña afirmó ante el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) que el procedimiento iniciado en su contra por conceder la primera suspensión contra la reforma judicial, vulnera la independencia judicial.

Esta mañana la exjuzgadora federal compareció por videoconferencia desde Madrid, España, ante el TDJ que la investiga por la concesión de dicha suspensión.

Durante la diligencia, leyó un posicionamiento en el que reprochó que se le busca sancionar por haber tomado una decisión que incomodó al poder y que no fue combatida por las vías legales.

“La suspensión se fundó en derecho. La jurisprudencia que se me reprocha haber desatendido formó parte de la base de mi decisión y expliqué por qué en ese caso no era aplicable. Las razones jurídicas que la sustentaron no fueron combatidas por la vía legal. La autoridad desatendió la decisión y, con ello, quebrantó el Estado de derecho. Las descalificaciones desde la tribuna presidencial y el rechazo de la mayoría parlamentaria no sustituían los medios legales para controvertirla”, dijo.

“Sancionar una decisión por haber incomodado al poder puede desalentar a otras juezas y otros jueces de resolver con libertad. Quien resiente esa presión es la persona que acude a un juzgado y necesita una respuesta fundada en derecho, incluso cuando su petición cuestione a quienes gobiernan”.

Afirmó que con el procedimiento en su contra, se busca sancionarla por su actuación y por haber levantado la voz debido a que ella formó parte activa de las protestas que el Poder Judicial de la Federación (PJF) protagonizó en 2024 contra la reforma judicial.

“Antes de que se determine si mi actuación es motivo de sanción, quiero dejar constancia de que honrar a nuestra patria no consiste solamente en pronunciar discursos sobre la Constitución, sino en tener el valor de respetarla y defenderla cuando hacerlo resulta difícil y en congruencia con ello dicté una medida fundada en derecho para proteger su identidad, antes de que el daño fuera irreparable. Eso me correspondía como jueza. La inconformidad del poder no me relevaba de ese deber”, agregó.

Diez muertos deja riña en Cereso de Mazatlán

Horas de tensión se vivieron en el Cereso El Castillo de Mazatlán. Murieron nueve reos y un menor que estaba de visita tras la riña.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que derivado de una riña este 8 de octubre en el Cereso El Castillo, perdieron la vida nueve personas privadas de la libertad y un menor que se encontraba de visita, mientras que 16 presos resultaron heridos, las cuales ya fueron trasladados para recibir atención médica prehospitalaria. 

“Tras estos hechos, el Grupo Interinstitucional actuó para controlar la situación. Actualmente, el Centro Penitenciario se encuentra bajo control y se mantiene la presencia de las autoridades para garantizar la seguridad de dicho centro”.

Se dio aviso a la Fiscalía General del Estado para que lleve a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades que resulten.


El parte oficial.

Mientras tanto, el personal de Trabajo Social establece comunicación con los familiares de las personas fallecidas y continuará con estas labores para brindarles la información correspondiente.

“Como medida preventiva y con el objetivo de salvaguardar la integridad de las personas privadas de la libertad (PPL), del personal administrativo y de las familias que acudirían hoy, la visita al Centro Penitenciario queda suspendida”.

La Secretaría aseguró que el resto de la población penitenciaria se encuentra bien y que las autoridades mantienen su presencia en el lugar para preservar el orden y garantizar la seguridad.

FUENTE/MEDIO: EMEEQUIS.
AUTOR: REDACCIÓN.
ENLACE: https://emeequis.com/al-dia/diez-muertos-deja-rina-en-cereso-de-mazatlan/

Pobladores impiden perforación de pozo profundo y retiran maquinaria en Xoxtla

Pobladores de Xoxtla, Puebla, impidieron que avanzara la perforación de un pozo profundo en el parque Pavigi, retiraron la maquinaria del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) y rellenaron las zanjas abiertas sin el consentimiento de la comunidad, luego de que desde la madrugada del miércoles fueran desplegados granaderos y policías municipales y estatales «para imponer la perforación» que canalizaría el agua del pueblo a la capital del estado.

A pesar de la presencia policial y al grito de «¡fuera!», los defensores de Xoxtla lograron que operadores se llevaran una de las dos máquinas perforadoras con las que el Ayuntamiento pretendía extraer agua de la Unidad Pavigi.

«Tras más de 16 horas de asedio policiaco y gracias a la organización y firmeza del pueblo de Xoxtla, y pueblos solidarios de la región, se retiraron los granaderos así como parte de la maquinaria de perforación aproximadamente a las 6:30 pm. Seguimos atentos hasta el retiro total y definitivo de la misma», señaló el Congreso Nacional Indígena (CNI) y la Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio (Anavi) en un comunicado.


Las organizaciones indígenas recordaron que este «asalto a la comunidad» se enmarca en los proyectos de gentrificación y de inversiones millonarias «que empresarios como Carlos Slim pretenden imponer en la ciudad de Puebla, hacia donde se llevarían el agua de Xoxtla».

Para iniciar la perforación del pozo, decenas de granaderos y policías llegaron al predio desde las tres de la mañana del miércoles. Horas después los pobladores rompieron el cerco policiaco y los elementos «arremetieron contra los pobladores haciendo uso de la fuerza y posicionándose alrededor del parque Pavigi, lugar donde comenzaron a perforar, generando un ambiente de amenaza y violencia hacia la comunidad», agregó el CNI y la Anavi. Pasadas 16 horas, los pobladores lograron impedir el avance de la perforación.

El CNI y la Asamblea alertaron sobre el riesgo de criminalización y arresto de los defensores de Xoxtla a quienes previamente se les fabricaron carpetas de investigación por oponerse al saqueo del agua, las cuales siguen abiertas. Las organizaciones responsabilizaron a los tres niveles de gobierno de la criminalización y de los actos de «despojo y violencia» en la región cholulteca.

COMUNICADO:

A los pueblos de México y del mundo,

A los organismos y colectivos defensores de derechos humanos,

A las Redes de Resistencia y Rebeldía,

A la Sexta Nacional e Internacional,

A l@s firmantes de Una Declaración por la Vida en los cinco continentes,

A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde,

A los medios libres e independientes,

A quienes caminan la palabra de la vida.

El día de hoy, 7 de octubre del 2026, a partir de las 3:30 am arribaron a la comunidad de Xoxtla, Puebla, decenas de granaderos para proteger a la maquinaria de perforación de pozos con la que se pretende imponer el despojo de agua en la comunidad, tras el cierre de calles por parte de la policía, la comunidad se organizó para detener las obras y exigir el retiro inmediato y definitivo de la maquinaria y de los elementos policiacos.

Este asalto a la comunidad se da en el marco de proyectos de gentrificación y de inversiones millonarias que empresarios como Carlos Slim pretenden imponer en la ciudad de Puebla hacia donde se llevarían el agua de Xoxtla.

Los pobladores rompieron el cerco policiaco y se encuentran en proceso de organización para hacer valer su autonomía y su decisión colectiva que desde hace más de un año emitieron en asamblea: NO A LA PERFORACIÓN DEL POZO PROFUNDO EN XOXTLA, NO AL DESPOJO DEL AGUA.

Los elementos de la policía arremetieron contra los pobladores haciendo uso de la fuerza y posicionándose alrededor del parque PAVIGI, lugar donde comenzaron a perforar, generando un ambiente de amenaza y violencia hacia la comunidad.

Cabe mencionar que en el marco de la defensa del agua en Xoxtla, han sido criminalizados compañeros, cuyas carpetas fabricadas continúan abiertas, alertamos sobre el riesgo de criminalización y arresto de los mismos y hacemos responsables a los tres niveles de gobierno por estos actos de despojo y violencia.

Tras más de 16 horas de asedio policiaco y gracias a la organización y firmeza del pueblo de Xoxtla, y pueblos solidarios de la región, se retiraron los granaderos así como parte de la maquinaria de perforación aproximadamente a las 6:30 pm, seguimos antentos hasta el retiro total y definitivo de la misma.

Desde el Congreso Nacional Indígena y la Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio nos pronunciamos enérgicamente en contra de la violencia del Estado en contra del digno pueblo de Xoxtla y nos sumamos a sus firmes exigencias:

RETIRO TOTAL Y DEFINITIVO DE LA MAQUINARIA DE PERFORACIÓN

ALTO AL DESPOJO DEL AGUA EN XOXTLA

RESPETO A LA DECISIÓN DEL PUEBLO

QUE DEFIENDE SU AGUA

Llamamos a los pueblos y organizaciones solidarias a continuar atentos a la lucha por el agua en Xoxtla y seguir exigiendo el cierre de carpetas de investigación fabricadas contra habitantes del pueblo que defienden el agua.

¡EL AGUA ES DE LOS PUEBLOS NO DE LAS EMPRESAS NI DEL MAL GOBIERNO!

ATENTAMENTE

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA

ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA, LA VIDA Y EL TERRITORIO

FUENTE/MEDIO: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
ENLACE: https://desinformemonos.org/pobladores-impiden-perforacion-de-pozo-profundo-y-retiran-maquinaria-en-xoxtla/

Reforma a derechos de autor abre la puerta a retirar contenido sin sentencia, advierte López Rabadán

La legisladora acusó que la reforma deja una 'discrecionalidad brutal' para suspender el acceso a Internet de los usuarios

La diputada federal del PAN, Kenia López Rabadán, cuestionó las reformas a las leyes de derechos de autor y de propiedad industrial que se discuten en el Congreso, al considerar que ambas pueden generar restricciones a la libertad de expresión y permitir sanciones contra usuarios y creadores de contenido en Internet.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, la legisladora señaló que existen dos reformas a las que se ha denominado coloquialmente “leyes antimeme”: una aprobada la semana pasada por el Senado y otra avalada este miércoles por la Cámara de Diputados. Explicó que cada una modifica un marco legal distinto y establece consecuencias diferentes.

“La Cámara de Diputados, lamentablemente, aprobó ayer esta reforma a la ley de derechos de autor. En el Senado de la República, lamentablemente, ya también se aprobó la reforma a la ley de la propiedad industrial”, afirmó.

La legisladora advirtió que la redacción aprobada puede afectar también a usuarios que ejerzan su libertad de expresión. Sobre la reforma aprobada en San Lázaro, explicó que modifica la Ley Federal del Derecho de Autor y establece responsabilidades para los proveedores de plataformas de Internet.

“Esta ley, en estricto sentido, es económica, llamémosle así, la de la Cámara de Diputados obliga a los proveedores de las plataformas a retirar, suspender las publicaciones, quitarle el Internet a los usuarios”, sostuvo.

En contraste, indicó que la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial, cuyo origen fue el Senado, establece sanciones de carácter penal. “La otra, la del Senado de la República, te mete a la cárcel. Una es administrativa económica, la otra es de gestión corporal”, explicó.

López Rabadán precisó que ambos proyectos deberán continuar su trámite parlamentario. La reforma a derechos de autor, aprobada por los diputados, será discutida en el Senado, mientras que la modificación a propiedad industrial, avalada inicialmente por los senadores, deberá ser analizada por la Cámara de Diputados.


La diputada panista destacó que, durante las discusiones, Morena, el Partido Verde y el PT respaldaron las modificaciones, mientras que PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra. Señaló que en ambas cámaras la oposición ha planteado objeciones relacionadas con el posible impacto de las reformas sobre la libertad de expresión.

Uno de sus principales cuestionamientos se refiere a la posibilidad de que los proveedores de Internet retiren o suspendan contenidos sin que exista previamente una resolución judicial. López Rabadán sostuvo que la redacción permite actuar a partir de la apreciación del propio proveedor sobre una eventual violación a derechos de autor.

También cuestionó la viabilidad de que los proveedores puedan determinar si una publicación infringe derechos de autor, debido a la amplitud de los supuestos que podrían entrar en esa categoría.

“Es materialmente complejísimo, casi imposible, si tú eres un proveedor de internet, tienes una plataforma, de saber si una persona en la sierra de Guerrero, o aquí en Iztapalapa, o en Polanco, o un monero está violando derechos de autor”, señaló.

La legisladora sostuvo que la preocupación alcanza tanto a caricaturistas y creadores de contenido reconocidos como a ciudadanos que elaboran y comparten publicaciones en redes sociales. En ese sentido, explicó que el término “ley antimeme” surgió como una manera de referirse al posible efecto de las reformas sobre contenidos de sátira, crítica y discusión pública, aunque reconoció que ninguna de las dos iniciativas utiliza expresamente la palabra “meme”.

Aseguró que uno de los argumentos para impulsar las reformas es combatir el uso fraudulento de imágenes, nombres y elementos de instituciones públicas o de personas conocidas para engañar a ciudadanos. Relató incluso que ella misma fue informada en alguna ocasión de que su imagen y nombre eran utilizados para promocionar un producto que no conocía. “Efectivamente, ese ha sido uno de los argumentos”, afirmó al referirse a la necesidad de combatir ese tipo de prácticas.

Sin embargo, sostuvo que el Congreso pudo haber establecido una distinción más precisa entre esas conductas fraudulentas y aquellas protegidas por la libertad de expresión, como la sátira, la caricatura o la crítica política.

López Rabadán afirmó que la oposición presentó una reserva para incorporar expresamente esa protección en la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, pero que la propuesta fue rechazada.

“Nosotros les dijimos, muy bien, les proponemos una reserva que discutimos y que evidentemente no quisieron aceptar para garantizar, y te leo exactamente lo que nosotros propusimos, favoreciendo en todo momento el ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a la información, la libertad de prensa, la actividad periodística y la crítica política”, explicó.

Detalló el contenido de la propuesta presentada por la oposición para modificar la fracción sexta del artículo 114 de la Ley Federal del Derecho de Autor. La redacción planteada agregaba que las disposiciones debían aplicarse “favoreciendo en todo momento el ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a la información, la libertad de prensa, la actividad periodística, la crítica política, y la deliberación pública plural”.

De acuerdo con la legisladora, la reserva buscaba establecer una salvaguarda explícita para evitar que las nuevas facultades pudieran utilizarse contra expresiones protegidas.

“Nosotros decimos, si aceptan eso, entonces es que sí es una reforma de buena fe. Que sí lo que estás queriendo es ayudar a los ciudadanos”, sostuvo.

Aseguró que la propuesta fue rechazada durante la discusión en la Cámara de Diputados, al igual que otras reservas presentadas por la oposición. “Si tú propones que se garantice la libertad de expresión y ellos dicen que no, pues la verdad es que camina como pato, ¿no? Escribe como pato, pues es pato”, afirmó.

Consideró que la legislación debió establecer de manera expresa las garantías necesarias para proteger la libertad de expresión, el derecho a la información, la libertad de prensa y la crítica política.

La legisladora también cuestionó que los proveedores puedan quedar expuestos a multas de hasta 4.7 millones de pesos si no cumplen con las disposiciones. Afirmó que esa posibilidad puede generar incentivos para que las plataformas retiren contenidos ante el riesgo de ser sancionadas.

López Rabadán sostuvo que el efecto de estas disposiciones podría extenderse más allá de los creadores de contenido conocidos, pues cualquier usuario podría quedar sujeto a una medida de suspensión o retiro de contenidos si el proveedor considera que existe una violación a derechos de autor.

En ese sentido, llamó a los creadores de contenido y ciudadanos a mantener la defensa de la libertad de expresión. “A todos ellos les decimos: es tiempo de valientes, no cedan ante las leyes como estas que son claramente injustas”, dijo.

Consideró que las discusiones en ambas cámaras serán relevantes para determinar el alcance de las modificaciones y lamentó la falta de un parlamento abierto para ampliar el debate.

Diputados aprueban reforma sobre derechos de autor; incentiva retiro preventivo de contenidos: Artículo 19

Artículo 19 sostiene que las nuevas obligaciones pueden incentivar a las plataformas a retirar contenidos antes de que exista una determinación sobre su legalidad

La Cámara de Diputados aprobó el miércoles una reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor que establece un esquema de responsabilidad secundaria para los proveedores de servicios de internet por infracciones cometidas por usuarios, mientras organizaciones civiles como Artículo 19 advirtieron que los cambios pueden incentivar la censura, el monitoreo y la eliminación preventiva de contenidos en la red.

El dictamen fue aprobado en lo general con 325 votos a favor, 114 en contra y una abstención. En lo particular obtuvo 310 votos a favor, 97 en contra y ninguna abstención. La reforma modifica el artículo 114 Octies y adiciona los artículos 114 Nonies y 232 Septies de la Ley Federal del Derecho de Autor.

El dictamen señala que la reforma busca fortalecer la protección de los derechos de autor en entornos digitales, armonizar la legislación mexicana con compromisos internacionales, particularmente los establecidos en el T-MEC, y precisar cuándo puede existir responsabilidad secundaria de los proveedores de servicios de internet, sin hacerlos responsables automáticamente por los contenidos generados por terceros.

Entre los cambios aprobados se establece que los proveedores deberán contar con una política para la terminación del servicio a infractores reincidentes. Esa política deberá ser pública, permanecer publicada en el sitio de internet del proveedor, formar parte de los términos y condiciones del servicio e incluir mecanismos mínimos de notificación al usuario.

La reforma también establece que un proveedor podrá ser considerado responsable por infracciones cometidas por usuarios cuando incumpla las condiciones del llamado “puerto seguro”, cuando contribuya, induzca o cause la conducta infractora y tenga conocimiento de ella, o cuando tenga capacidad para controlar la conducta del usuario y obtenga un beneficio financiero directamente atribuible a la actividad infractora.

Cuando se actualicen esos supuestos, el proveedor podrá ser sancionado con las mismas infracciones cometidas por el usuario. Las multas previstas van de cinco mil a 40 mil veces la Unidad de Medida y Actualización para determinados casos; de mil a cinco mil veces la UMA en otro supuesto y de 500 a mil veces en los demás casos señalados por la ley. Además, se establece una multa adicional de entre 100 y 500 veces la UMA para quien persista en la infracción.

Debate legislativo

El diputado de Morena Jesús Valdés Peña rechazó que se trate de una legislación censora y sostuvo que la reforma busca proteger a autores y artistas, además de establecer una corresponsabilidad entre proveedores, autores y usuarios. “Va más allá de una adecuación técnica, es un cambio encaminado a proteger nuestra cultura, autores y artistas, fortalecer la identidad y lograr una mayor cohesión social de nuestra nación”.

Por su parte, el panista Marcelo de Jesús Torres acusó que la reforma puede utilizarse para restringir el acceso a internet. “Lo único que le preocupa al partido en el gobierno es quitarle el internet a la ciudadanía. Le temen a la red porque le temen a la verdad, le temen al ciudadano que graba a sus extorsionadores, le temen al periodismo que destapa la corrupción. Por eso, nos traen esta trampa legislativa”.

El legislador afirmó que se pretende obligar a las empresas de internet a suspender servicios sin debido proceso ni orden judicial y calificó la propuesta como una “ley mordaza digital”.

El diputado del PT, Reginaldo Sandoval Flores, defendió el dictamen y sostuvo que busca actualizar la legislación frente al entorno digital y armonizarla con los compromisos adquiridos por México en el T-MEC. “No hay violación a la libertad de expresión ni esa frase de antimemes. No estamos hablando de eso”.

El priista Mario Zamora Gastélum afirmó que el debate no se limita a los derechos de autor, sino a quién determina qué contenidos permanecen en internet. “Nosotros rechazamos completamente esta iniciativa. En el PRI sí estamos a favor de los autores, y lo que hoy cuestionamos es si este texto los protege o si simple y sencillamente les pasa factura y los están utilizando”.

La diputada emecista Gloria Elizabeth Núñez sostuvo que el dictamen puede generar un desequilibrio entre los derechos patrimoniales de los autores y la libertad de expresión. “La protección de los derechos de autor debe ir acompañada de reglas claras, sanciones proporcionales y procedimientos que permitan distinguir entre una infracción y el ejercicio legítimo de la libertad de expresión. La propuesta conlleva riesgos para personas usuarias y no ofrece garantías suficientes para evitar decisiones arbitrarias”.

Durante la fundamentación del dictamen, la diputada Claudia Selene Ávila Flores, a nombre de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, sostuvo que la reforma busca responder a los cambios provocados por internet en la creación, distribución, reproducción y consumo de obras protegidas.

La legisladora afirmó que el propósito es mantener un equilibrio entre la protección de los derechos de autor y un entorno digital abierto. “Y es ese precisamente el equilibrio que buscamos preservar en el dictamen”.

Ávila Flores señaló que los proveedores no serán responsables automáticamente por contenidos generados por terceros y explicó que el régimen de “puerto seguro” permitirá mantener la limitación de responsabilidad cuando los proveedores cumplan las condiciones establecidas en la ley y actúen con la diligencia correspondiente.

En ese sentido, apuntó que el proveedor no será responsable únicamente por prestar un servicio, transmitir información, alojar contenidos o proporcionar herramientas tecnológicas; se requerirán elementos adicionales, como conocimiento y participación en las conductas infractoras, capacidad de control y un beneficio financiero directamente atribuible a la actividad.

Sobre las sanciones, la legisladora afirmó: “Lo que se está tutelando es el derecho de autor, no se está prohibiendo la libertad de expresión. Lo que estamos buscando al defender o al hacer la tutela de los derechos de autores es precisamente que no haya temas de piratería y de robo de estos materiales. No estamos imponiendo una mordaza”.

Antes de la votación, el Pleno desechó tres mociones suspensivas presentadas por la diputada Kenia López Rabadán, del PAN, y los diputados Gibrán Ramírez Reyes, de MC, y Rubén Moreira, del PRI, quienes buscaban detener la discusión y devolver el dictamen a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad.

Artículo 19 advierte riesgos

Artículo 19 rechazó la reforma aprobada por la Cámara de Diputados y sostuvo que los cambios pueden incentivar que las plataformas retiren contenidos de manera preventiva para evitar sanciones.

En una publicación difundida el miércoles, la organización afirmó que la reforma “profundiza los riesgos de censura y vigilancia en internet, al incentivar la eliminación de contenidos legítimos y restringir la libertad de expresión”.

Según Artículo 19, las nuevas responsabilidades pueden llevar a las plataformas digitales a retirar contenidos antes de que se determine si existe una infracción a los derechos de autor, lo que pone en riesgo expresiones legítimas, críticas, informativas y de interés público.

La organización también advirtió que las nuevas obligaciones pueden incentivar el monitoreo de las publicaciones de los usuarios y una eliminación excesiva de contenidos para evitar responsabilidades derivadas de expresiones de terceros. “La protección de los derechos de autor no debe convertirse en un mecanismo de censura privada”.

Artículo 19 pidió al Senado abrir espacios de diálogo para elaborar un marco que proteja los derechos de autor sin establecer mecanismos de censura, vigilancia o restricciones desproporcionadas a la libertad de expresión.

Gobierno federal pide verificar hallazgo de presunto campo de exterminio en Nayarit

La presidenta pidió esperar la revisión federal antes de confirmar qué fue localizado en el sitio reportado por la Fiscalía de Nayarit

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió esperar los trabajos de la Comisión Nacional de Búsqueda antes de confirmar qué fue localizado en el sitio reportado por la Fiscalía General de Nayarit como un presunto campo de exterminio.

Durante su conferencia matutina, la mandataria informó que instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, establecer contacto con la fiscal general de Nayarit, Elvia Ludmila Heredia Verdugo, y con el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero para coordinar la intervención federal.
Hasta que no llegue la Comisión (Nacional) de Búsqueda, haga su trabajo, no podemos oficialmente decir qué fue lo que se encontró en este lugar que reportó la fiscal.


Sheinbaum dijo que la Comisión Nacional de Búsqueda se trasladaría al lugar para verificar los indicios y determinar qué fue localizado.

“No sabemos todavía”, respondió cuando se le preguntó si ya estaba confirmado que en el sitio hubiera cuerpos.

La postura de la presidenta se da después de que la foscal Heredia Verdugo informó que la Fiscalía estatal procesa desde el 3 de octubre un predio ubicado en la comunidad de La Curva, municipio de Xalisco, donde reportó indicios de una posible zona de incineración de cuerpos.

La fiscal señaló que en el sitio fueron localizadas prendas de vestir, fragmentos óseos y una estructura artesanal que, de acuerdo con la investigación estatal, habría sido utilizada para incinerar cuerpos.

También informó sobre el procesamiento de una fosa con cuerpos de reciente data.

La Comisión Nacional de Búsqueda ya envió personal especializado para reforzar las labores de búsqueda y contribuir al procesamiento del predio, mientras la Fiscalía de Nayarit mantiene a su cargo la investigación ministerial y los trabajos periciales.

La intervención federal permitirá establecer, mediante los análisis correspondientes, la naturaleza de los restos e indicios encontrados, así como determinar si corresponden a personas y, en su caso, avanzar en su identificación.

Exgobernador de Guerrero exige atención médica especializada desde el Altiplano

La defensa jurídica del exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, presentó una demanda de amparo indirecto ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, motivada por la falta de atención médica e insumos farmacéuticos en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 Altiplano.

La solicitud promovida el 7 de octubre de 2026 señala como autoridad responsable al director de dicho recinto penitenciario en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, reclamos que quedaron radicados en el expediente 1200/2026.

En la demanda, el abogado del imputado solicitó la intervención judicial frente a la presunta omisión de las autoridades carcelarias de suministrarle medicamentos, brindar el tratamiento integral correspondiente a sus padecimientos y ordenar su traslado a una institución hospitalaria pública que disponga de la infraestructura y especialistas requeridos para su valoración.

De igual forma, el escrito reclama la negativa de entregar copia del expediente clínico y la documentación médica acumulada durante su reclusión.

Para respaldar la petición, la defensa expuso que el exmandatario presenta dolor intenso en la columna vertebral, inflamación y molestias al orinar, estados febriles, escalofríos, dolor lumbar y abdominal, así como dificultades físicas para desplazarse de pie.

Asimismo, el reporte asentado en la solicitud refiere problemas respiratorios, despertares nocturnos con sensación de ahogo, mareos y debilidad general, cuadro de salud agravado por su edad avanzada y el diagnóstico previo de enfermedades crónico degenerativas como diabetes mellitus e hipertensión arterial.

Tras analizar los hechos expuestos, la autoridad jurisdiccional concedió la suspensión de oficio y de plano al considerar que la falta de asistencia médica especializada compromete la vida, la dignidad e integridad personal del recluso, situación que podría derivar en actos equivalentes a tormento o malos tratos.

Ante tal determinación, el juzgado previno a las autoridades penitenciarias para que en un plazo de veinticuatro horas informen sobre el cumplimiento dado a la medida cautelar y remitan las constancias que acrediten la atención brindada.

Aguirre Rivero se encuentra privado de la libertad en el penal del Altiplano desde el 6 de agosto de este mismo año, cuando agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutaron una orden de aprehensión en su contra como parte de las investigaciones sobre la desaparición de los cuarenta y tres estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, acontecida entre el 26 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala.

El 12 de agosto reciente, un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra del exmandatario por su probable responsabilidad en el delito de desaparición de personas, en la hipótesis de que un servidor público estatal ocultó y destruyó evidencias.

De acuerdo con las indagatorias federales, el sistema de videovigilancia del Palacio de Justicia de Iguala registró el momento en que un grupo de normalistas que transitaba a bordo de un autobús fue obligado a descender para ser abordado en otra unidad custodiada por hombres armados.

El material grabado fue descargado en un disco compacto y entregado personalmente a Aguirre Rivero, quien presuntamente ordenó la destrucción de dicha prueba y de otros elementos vinculados al caso.

Por este mismo expediente relativo a la pérdida de videograbaciones, en mayo de dos mil veinticinco fue detenida la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana Marín.

Aguirre Rivero se desempeñó como gobernador de Guerrero del 1 de abril de 2011 al 23 de octubre de 2014, fecha en que dimitió tras el descontento social generado por los hechos ocurridos en Iguala.

FUENTE/MEDIO: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: LUIS CARLOS DÁINZ.
ENLACE: https://zetatijuana.com/2026/10/exgobernador-de-guerrero-exige-atencion-medica-especializada-desde-el-altiplano/

Sheinbaum descarta pruebas de nexos criminales en empresas de Baja California sancionadas por EU

La presidenta Claudia Sheinbaum insistió en posicionar la postura del gobierno federal frente a las sanciones internacionales emitidas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Señaló que tanto la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como el gabinete de seguridad no han encontrado evidencias que respalden los supuestos vínculos con grupos criminales de las empresas señaladas por la OFAC.

La mandataria federal detalló que, tras el análisis institucional realizado por el Estado mexicano, se detectaron únicamente faltas de carácter administrativo o fiscal, más no elementos sólidos que las conecten con redes de la delincuencia organizada.

Al respecto, el posicionamiento de la UIF —respaldado por el Ejecutivo federal— profundizó en la naturaleza de las medidas tomadas.

“Justamente el día en que se publicaron estas sanciones que hace la institución de Estados Unidos vinculada con el gobierno y el departamento del Tesoro, en este comunicado la UIF lo que dice es que, de su revisión, porque hay comunicación, se encuentra que hay irregularidades en estas empresas, pero no se tiene ninguna prueba de que estén vinculados con algún grupo delictivo”, dijo.

Asimismo, la dependencia federal recalcó que la administración norteamericana tampoco ha hecho llegar información que sustente dichos nexos. “Ni tampoco se ha recibido información por parte de Estados Unidos de por qué dicen que están vinculados a un grupo delictivo”.

Explicando el procedimiento posterior al bloqueo de cuentas, la administración de Sheinbaum detalló el proceso normativo al que se enfrentan las compañías afectadas.

“Lo que hace la UIF es de todas maneras hace una sanción a las empresas porque encuentra estas irregularidades, se abre un periodo como en cualquier sanción de gobierno para que la persona o las empresas puedan ir a presentar las pruebas y en ese momento si se encuentra la UIF que hay pruebas suficientes, se descongelara la cuenta y si no, pueden irse a un procedimiento judicial”, explicó.

La jefa del Ejecutivo federal reiteró que, a pesar de las revisiones exhaustivas y de las sanciones financieras, el gabinete de seguridad de México carece de elementos que demuestren que las personas morales o físicas involucradas formen parte de estructuras delictivas.

Además, negó tajantemente las versiones de que haya regañado a Omar García Harfuch y a su equipo del Gabinete de Seguridad por haber congelado cuentas a las empresas señaladas, en atención a lo informado por la OFAC.

CONTRATOS MILLONARIOS Y EL RIESGO OPERATIVO EN BAJA CALIFORNIA

Mientras el gobierno federal mantiene la postura de evaluar los casos bajo criterios estrictamente fiscales y administrativos a falta de pruebas concluyentes de narcotráfico por parte de Washington, en el ámbito local la realidad operativa muestra otra cara.

La empresa involucrada, Inteliproof Efficient, logró concentrar más de 200 millones de pesos en contratos asignados entre 2022 y 2025 por dependencias clave como la Fiscalía General de Estado de Baja California, la administración estatal encabezada por Marina del Pilar Ávila y diversos ayuntamientos.

A pesar de que la compañía y sus directivos figuran en los listados de la OFAC por presuntamente formar parte de las redes financieras de la facción de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa, las contrataciones incluyeron no solo uniformes tácticos y equipo antimotín, sino también software avanzado de reconocimiento facial financiado en parte con recursos federales como el FASP.

Hasta el momento, las autoridades locales no han esclarecido de manera pormenorizada el riesgo potencial que implicó el acceso de una empresa señalada por blanqueo de capitales a información sensible y bases de datos estratégicas de seguridad pública en la entidad.

FUENTE/MEDIO: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: JOSÉ GUADARRAMA.
ENALCE: https://zetatijuana.com/2026/10/sheinbaum-descarta-pruebas-de-nexos-criminales-en-empresas-de-baja-california-sancionadas-por-eu/

'Mucha grilla', dice Sheinbaum sobre 'candidateada' del PVEM para Harfuch

Sheinbaum destacó el trabajo de Omar García Harfuch al frente de Seguridad, pero rechazó hablar de futurismos rumbo a la sucesión presidencial de 2030

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “mucha grilla” y “promociones de los partidos políticos” los señalamientos del senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco, sobre una eventual candidatura presidencial del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en 2030.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum reconoció el desempeño del funcionario, pero rechazó anticipar una posible candidatura, al señalar que la sucesión presidencial todavía está lejos.
Pero el 2030 está muy lejos todavía, los futurismos de los partidos no.
Sheinbaum destacó la capacidad y trayectoria de García Harfuch al frente de la estrategia de seguridad del gobierno federal y afirmó que continuar en ese cargo requiere valentía, particularmente después del atentado que sufrió en 2020, cuando era secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.


Es un hombre muy capaz, muy honesto, con mucho profesionalismo, mucha valentía, porque después del atentado que vivió se requiere mucha valentía para seguir trabajando para la seguridad en México.
La presidenta también consideró que García Harfuch es “un hombre muy cabal”, aunque insistió en que actualmente su responsabilidad está concentrada en las tareas de seguridad y no en una eventual contienda presidencial.

“Los futurismos de los partidos no; ningún compañero que está trabajando en el gobierno en este momento está pensando en otra cosa, ninguno, porque están dedicados a su trabajo”, dijo.

La mandataria extendió esa postura al resto de su gabinete y aseguró que los funcionarios de su administración están concentrados en sus responsabilidades.
Tengo un gabinete de primerísima, hombres y mujeres que trabajan 100% dedicados a su trabajo y a sacar adelante al país.


Sus declaraciones ocurrieron luego de que Manuel Velasco planteara públicamente la posibilidad de que García Harfuch sea considerado como una opción presidencial para 2030, y lo llamó el “Pedro Infante de la política”, en medio de las definiciones y posicionamientos anticipados de los partidos políticos rumbo a la sucesión.

Sheinbaum sostuvo que todavía falta tiempo para ese proceso y señaló que su gabinete enfrenta actualmente una situación compleja en materia económica, por lo que el objetivo de sus integrantes debe ser trabajar para “sacar adelante a México”.

Kuri y Johnson se comprometieron a colaborar dentro del marco de la Ley: Sheinbaum

El Gobernador de Querétaro reiteró que durante el evento con el Embajador de Estados Unidos no se firmó ningún acuerdo sin autorización del Gobierno

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, habló directamente con el Gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, y con el Embajador de Estados Unidos (EU) en México, Ronald D. Johnson. Ambos acordaron que se seguirán los procedimientos dentro de la Ley en caso de colaborar en la Academia Internacional de Policía.
"Ambos acordaron colaborar dentro del marco de la Constitución y de la Ley. El Gobernador Kuri hizo un mensaje diciendo que no iba a violar nada y se iba a informar para pedir permiso en caso de colaboración externa en la academia", declaró la mandataria federal en la "mañanera del pueblo" del 8 de octubre.
Asimismo, el Secretario de Seguridad le informó al Gobernador de Querétaro que una academia en un estado tiene que capacitar únicamente en términos de las atribuciones que le corresponden a las entidades de la república y no en delitos federales como se informó en la ceremonia de "colocación de la primera piedra" de la Academia el pasado 2 de octubre.


Mauricio Kuri insiste en que no se firmó ningún acuerdo con EU

El Gobernador de Querétaro insistió este miércoles en que notificó al Gobierno federal sobre la visita del Embajador Johnson, a la entidad y aclaró que no se firmó ningún acuerdo durante el inicio de la construcción de la Academia Internacional de Capacitación Policial.
“Fue un acto protocolario, no se firmó nada, y en la misma carta que se le mandó a la Cancillería, se especificó que no había ningún tema de agentes que habían intervenido”, explicó el mandatario panista durante la entrega de reconocimientos del XVIII Premio Nacional de Contraloría Social 2026.
Kuri González también descartó un distanciamiento con el Gobierno federal y aseguró que mantendrá la coordinación con la administración, sin cerrar la puerta al respaldo internacional para proyectos de seguridad en el estado.

Asimismo, destacó los vínculos que la entidad ha mantenido durante años con distintas representaciones diplomáticas, particularmente con la estadounidense, y defendió la cooperación institucional como parte de las relaciones de su administración.
“Yo creo que Querétaro tiene muy buena relación con la federación. Hemos tenido desde hace muchos años una muy buena colaboración con muchas embajadas, entre ellas, con la que tenemos una gran relación, que es con la Embajada de Estados Unidos”, expresó el mandatario estatal. 
Sheinbaum se reunirá con Ronald D. Johnson en Palacio Nacional

Tras el intercambio de declaraciones por la ceremonia de la Academia Internacional de Policía en Querétaro, la Presidenta informó que se reunirá este jueves con el Embajador Ronald D. Johnson en Palacio Nacional, aunque en este caso, tratarán asuntos relacionados a inversionistas estadounidenses de la American Chamber.
“Viene hoy, viene hoy porque tenemos una reunión con empresarios de Estados Unidos de la American Chamber, bueno, mexicanos-estadounidenses o mexicanos que invierten en Estados Unidos o empresarios estadounidenses que invierten en México", declaró Claudia Sheinbaum durante la conferencia matutina.
La titular del Ejecutivo federal adelantó que la reunión se llevará a cabo en la sede presidencial entre las 12:00 y las 14:horas.

"Capitán Sol" es vinculado a proceso por huachicol fiscal; seguirá preso en Altiplano

La FEMDO aportó las pruebas necesarias para ratificar la prisión preventiva en contra de Miguel "N" por robo de combustible

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este jueves que se vinculó a proceso a Miguel "N", conocido como el "Capitán Sol", luego de que se acreditarán pruebas suficientes de su presunta participación en delitos cometidos por una red de huachicol fiscal.
"Derivado de los datos de prueba aportados por la FGR, se obtuvo la vinculación a proceso en contra de Miguel 'N', por su posible participación en el ilícito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos", se lee en un comunicado.
El documento menciona que el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), aportó los datos de prueba para que la autoridad ratificara la prisión preventiva oficiosa y seis meses para continuar las investigaciones.


El presunto reclutador de la red de huachicol

Miguel Ángel Solano Ruiz, identificado como el “Capitán Sol”, aparece en las investigaciones de la FGR como una de las figuras presuntamente relevantes en la red de huachicol fiscal atribuida a los hermanos Farías Laguna.

De acuerdo con las indagatorias, Solano Ruiz habría funcionado como enlace entre los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.

Un testigo protegido señaló ante la autoridad que el exmarino presuntamente se encargaba de reclutar a elementos de la Secretaría de Marina, tanto en activo como retirados, para incorporarlos a las operaciones de contrabando de combustible.

La investigación también apunta a que habría utilizado sus contactos e influencia para colocar a personal presuntamente corrompido en posiciones estratégicas dentro de las aduanas de los puertos de Tampico, Altamira, Ensenada y Guaymas.

Según la FGR, el “Capitán Sol” mantenía comunicación telefónica con los hermanos Farías Laguna para coordinar presuntos actos de corrupción y la entrega de sobornos a funcionarios públicos. El objetivo, de acuerdo con las indagatorias, habría sido obtener influencia dentro de la Agencia Nacional de Aduanas para facilitar las operaciones de la red de huachicol.

FUENTE/MEDIO: SINEMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Sheinbaum dice que no le informaron sobre detención de 'El Tanque' y vínculo con Olán

La mandataria dijo que corresponde a la FGR confirmar o descartar el vínculo y señaló que no existe investigación contra Andy López Beltrán

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no ha sido informada por el Gabinete de Seguridad sobre la detención de Iván Cazarín Molina, “El Tanque”, ni sobre una posible relación del presunto integrante del crimen organizado con el empresario Amílcar Olán, cercano de Andrés Manuel López Beltrán.
No me han informado nada al respecto y, en todo caso, la Fiscalía General de la República tendría que informarlo si es que hay alguna relación.
La mandataria fue cuestionada durante la conferencia matutina sobre la detención de “El Tanque” y la versión sobre un posible vínculo con Olán, señalado previamente en investigaciones y reportes periodísticos por sus relaciones con personas cercanas al entorno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Sheinbaum sostuvo que, si existe alguna relación entre ambos, corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) confirmarla o descartarla.

La presidenta también fue cuestionada sobre lo informado un día antes por la Secretaría de Hacienda, respecto a que no existe una investigación de esa dependencia contra Olán ni contra Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador.

Sobre el caso de López Beltrán, Sheinbaum afirmó que ella misma consultó a la fiscal general de la República, Ernestina Godoy.
Eso sí se lo he preguntado a la fiscal y me ha dicho que no hay ninguna investigación sobre el hijo del presidente.
Respecto de otras personas, incluida la situación de Olán, la presidenta indicó que corresponde a la propia Fiscalía informar.

Fuerzas de seguridad detuvieron en Jalisco a Iván Cazarín Molina, alias ‘El Tanque’, identificado como un operador de alto rango del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y hombre cercano a su fallecido líder Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, informaron este martes autoridades.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló en sus redes sociales que ‘El Tanque’ era considerado líder regional del CJNG con operaciones en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla y que fue detenido en el municipio de Zapopan, en la zona metropolitana de Guadalajara.

De acuerdo con Harfuch, las investigaciones lo relacionan con delitos como homicidio, extorsión, privación ilegal de la libertad, robo de hidrocarburos, lavado de dinero y tráfico de drogas.

Senador del PT paga 9 mil 960 pesos por libros de AMLO y los regala a legisladores

Alejandro González Yáñez repartió "Pueblo", de AMLO, entre senadores. La compra y entrega ocurrieron antes de la fecha de publicación comercial de la obra

El nuevo libro del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Pueblo, comenzó a circular entre integrantes del Senado antes de su fecha de publicación comercial. La presencia de ejemplares en los escaños abrió preguntas sobre quién los consiguió y cómo llegaron a manos de legisladores de Morena y del Partido del Trabajo.

El martes 6 de octubre de 2026, durante la jornada en la que compareció el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora. Ignacio Mier Velazco hojeó su ejemplar y Adán Augusto López Hernández mostró otro ante fotógrafos y reporteros, mientras se daba a conocer el reparto de la obra.

El coordinador del PT, Alejandro González Yáñez pagó 9 mil 960 pesos por una caja con 20 ejemplares de Pueblo. Según explicó a periodistas, ya había regalado 19 y le quedaba uno. El gasto equivale a 498 pesos por cada libro de AMLO, cantidad que coincide con el precio publicado por Editorial Planeta para la edición física.

¿Cómo consiguió González Yáñez el libro Pueblo antes de su lanzamiento?

El senador explicó que una persona vinculada con la editorial lo ayudó a conseguir los ejemplares. Aclaró que la caja fue adquirida por él y que no se trataba de un regalo enviado directamente por López Obrador.

Durante la entrevista mencionó inicialmente un precio unitario distinto, pero después corrigió el monto al consultar la información de la compra en su teléfono. El total que proporcionó fue de 9 mil 960 pesos por los 20 libros.

Al preguntarle si compraría más, respondió que el desembolso había afectado su bolsillo. También mencionó que el ejemplar restante se rifara entre los periodistas presentes.


¿Quiénes recibieron Pueblo, el nuevo libro de AMLO?

Entre los destinatarios mencionados por González Yáñez estuvieron:
  • Ignacio Mier Velazco

  • Gerardo Fernández Noroña

  • Verónica Camino Farjat

  • Lizeth Sánchez

  • Margarita Valdez
El petista explicó que entregó los ejemplares a legisladores con quienes mantiene cercanía.

Ignacio Mier confirmó que recibió el obsequio. La versión estenográfica de su entrevista, publicada por el Senado, registra que el legislador reconoció haber recibido el libro de González Yáñez.

Aunque Adán Augusto López también mostró un ejemplar, González Yáñez indicó que no se lo había entregado directamente. Explicó que había visto el libro en manos de una persona del equipo del excoordinador de Morena y supuso que este ya contaba con uno.

¿Qué relación tiene Adán Augusto con el reparto de libros de AMLO?

La comparación con Adán Augusto López tiene como antecedente la distribución de Grandeza, otra obra de López Obrador, entre senadores de Morena en diciembre de 2025. En aquella ocasión, el legislador sostuvo que los ejemplares fueron pagados con recursos personales.

En el caso de Pueblo, la compra documentada corresponde a González Yáñez. La presencia de Adán Augusto con el libro no permite establecer por sí sola quién se lo entregó ni el orden en que ambos legisladores obtuvieron sus ejemplares.

Empresario socio de Ruffo abandona el Altiplano; seguirá su proceso por huachicol en libertad

Thompson Navarro y sus empresas están señaladas por la FGR por supuestamente formar parte de una red de huachicol cuyo liderato es atribuido al exgobernador

El empresario Ricardo Thompson Navarro, socio del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, abandonó el penal de máxima seguridad del Altiplano para continuar su proceso por huachicol en libertad desde el municipio de Ensenada.

De acuerdo con los estrados del expediente 902/2026, el juez Segundo de Distrito en materia Penal en el Estado de México recibió un escrito del actuario de dicho juzgado en el que se le informa de la salida de Thompson Navarro.

“El quejoso Ricardo Thompson Navarro fue externado del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno Altiplano en Almoloya de Juárez y fue puesto en libertad por cambio de medida cautelar”, indicó el juez.

Debido a que el domicilio de Thompson Navarro está en Ensenada, Baja California, el juez ordenó solicitar vía exhorto a otro Juzgado de Distrito en dicha entidad que comisione a un actuario para que acuda a la casa del empresario a notificarle que debe ratificar sus escritos de desistimiento.

Esto, debido a que el juez recibió diversos escritos en los que Thompson Navarro afirmó que ya no quiere continuar con la tramitación del amparo que presentó en contra de la imposición de la medida de prisión preventiva oficiosa que recibió luego de ser detenido en julio pasado.

Thompson Navarro fue quien conformó la base estructural para transportar y almacenar hidrocarburos desde el año 1993 en Ensenada, durante el gobierno de Ruffo Appel.

Ahora él y sus empresas están señaladas por la Fiscalía General de la República (FGR) por supuestamente formar parte de una red de huachicol cuyo liderato es atribuido a Ruffo Appel.

Proceso informó el 23 de julio que, de acuerdo con registros públicos, en 1993 Thompson Navarro fundó Servicios Portuarios, misma que es señalada por la FGR de ser una de las dos empresas que aportaron la estructura requerida para que, 30 años después, surgiera Ingemar, S. A. de C. V., en la que Ruffo Appel es uno de los principales accionistas y que, presuntamente, traficó ilegalmente millones de litros de combustible durante el sexenio pasado.

En el año 2008, cuando Servicios Portuarios tenía más funciones dentro del sector de hidrocarburos, Thompson Navarro y Ricardo Thompson Ramírez crearon Dragados y Puertos, S. de R. L. de C. V., dedicada a la construcción de puertos marinos terminales, escolleras, entre otras actividades, cuyo objeto fue ampliado en el 2024 para incluir la comercialización, transportación y acopio de productos petrolíferos, gas y derivados del petróleo.

Mientras que en Ingemar, Thompson Ramírez fue designado secretario y Thompson Navarro, vocal.

A través de un comunicado, antes de su detención, Thompson Navarro se deslindó públicamente de las acusaciones contra Ruffo Appel y exigió investigarlo pues afirmó que en el año 2021 el exmandatario estatal y José Merino Valdez Cuervo, también accionista de Ingemar, lo despojaron de sus acciones en dicha empresa pasando de tener 33% a menos del 1%; sin embargo, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, él continúa como socio de la empresa con el 12%.

TEPJF batea al INE: boletas “planchadas” no serán contabilizadas

La Sala Superior validó un proyecto de resolución, elaborado por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, que asesta un nuevo revés al grupo de consejeros afines a Guadalupe Taddei Zavala, la consejera presidenta del INE, que generó una polémica cuando decidió modificar el procedimiento a seguir en caso de encontrarse con boletas “planchadas”

Como era de preverse, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revirtió la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) que dejaba la puerta abierta a que los consejos distritales revisen, y posiblemente contabilicen, las boletas “planchadas”, las cuales son fraudulentas en esencia, pues no pudieron ser ingresadas en la urna. 

La Sala Superior validó hoy un proyecto de resolución, elaborado por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, que asesta un nuevo revés al grupo de consejeros afines a Guadalupe Taddei Zavala, la consejera presidenta del INE, que generó una polémica cuando decidió modificar el procedimiento a seguir en caso de encontrarse con boletas “planchadas”.

En lugar de que la mesa directiva de casilla las descarte en automático, el grupo de Taddei determinó que, bajo la nueva fórmula, las mesas directivas de casillas tendrían que agrupar las boletas “planchadas” en paquete, y enviarlas a revisión al consejero distrital, el cual determinaría su validez o desechamiento.

Además de los partidos de oposición, consejeros electorales no alineados con Taddei advirtieron que esta nueva disposición contemplaba un escenario al margen de la ley, que abría la puerta a que las boletas “planchadas” terminen contabilizándose como votos válidos, a pesar de que son necesariamente fraudulentas. 

La Sala Superior validó hoy esta lectura: determinó que una boleta “planchada” no puede vincularse objetivamente con un sufragio efectivamente emitido en la casilla, y ello “porque la ley establece una secuencia material de emisión” del voto, que consiste en: primero marcar, luego doblar, y finalmente depositar la boleta en la urna. 
“Es evidente que no hay una manera racional de justificarlo. Es evidente que esto es ilícito y de eso trata el proyecto”, recalcó De La Mata durante la sesión.
“Se propone armonizar los lineamientos y cualquier otro instrumento normativo necesario para que, por regla general, la mesa directiva de casilla determine esa circunstancia y las boletas no se computen ni se incorporen a la sumatoria, se asiente el hallazgo en la hoja de incidentes y reciban el tratamiento correspondiente a las boletas sobrantes”, planteó el proyecto adoptado hoy por unanimidad.