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“El Tanque”, operador del CJNG, cae en Zapopan; lo ligan a ataque al Ejército en 2015

El sujeto será puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde se determinará su situación jurídica

Iván “N”, alias “El Tanque”, identificado como presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido en flagrancia en Zapopan, Jalisco. Las autoridades le aseguraron un vehículo, un arma de fuego y diversas drogas.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que la aprehensión se realizó ayer como resultado de una operación conjunta de la dependencia a su cargo, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional (GN).

A través de su cuenta de X, antes Twitter, detalló que la acción fue ejecutada por las fuerzas especiales del Ejército y el Grupo de Operaciones de la SSPC, con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y el trabajo de agentes de investigación de la Secretaría de Seguridad y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), "quienes identificaron sus movimientos y lo localizaron".


García Harfuch anunció que el sujeto será puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde se determinará su situación jurídica conforme a derecho.

¿De qué se le acusa a “El Tanque”?

De acuerdo con Harfuch, las investigaciones vinculan a “El Tanque” con homicidios, extorsión, privación ilegal de la libertad, robo de hidrocarburos, lavado de dinero y tráfico de drogas.
"También se le señala por su presunta participación en el ataque contra un helicóptero del Ejército mexicano en Jalisco, en 2015, en el que perdieron la vida integrantes del Ejército y de la Policía Federal", agregó en su mensaje.


Asimismo, el Secretario de Seguridad precisó que Iván “N” desarrollaba actividades delictivas en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla.
"En septiembre de 2024, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó por sus vínculos con el CJNG y lo señaló como parte del círculo cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', por lo cual hubo intercambio de información con la DEA [Administración de Control de Drogas]", reveló.
Más delante, el funcionario federal reconoció el profesionalismo y la valentía de las fuerzas especiales del Ejército, del Grupo de Operaciones y de los agentes de investigación de la SSPC, de los agentes de la AIC de la FGR, y del personal del CNI.
"Agradecemos a los gobiernos de Veracruz y Jalisco, y a sus gobernadores, @rocionahle y @PabloLemusN, por su apoyo. Cada acción tiene un objetivo claro: que las familias de México puedan vivir, trabajar, y transitar con seguridad y tranquilidad", concluyó.
FUENTE/MEDIO: SINEMBARGO.

El IMSS anuncia arranque de auditoría independiente para esclarecer muertes de bebés

La revisión buscará fallos en los procesos de operación de los hospitales en los que se presentaron los decesos de bebés

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, anunció este martes que ya comenzaron los trabajos de la Auditoría Clínica Colegiada Independiente para identificar las causas y determinar qué factores estuvieron relacionados con la muerte de al menos ocho bebés en Durango y Jalisco.

Asimismo, explicó que se integró un Comando Operativo del Sector, encargado de recorrer las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) para realizar una revisión bajo una metodología unificada enfocada en la prevención y el control de infecciones.
“Seguimos en diálogo y atendiendo los casos con las familias para explicar y tener la respuesta de lo que pasó”, declaró el titular del IMSS durante la "mañanera" del 6 de octubre.
IMSS aplicará 4 acciones para esclarecer muertes de bebés


El Instituto emitió un comunicado en el que expresó sus condolencias a las madres y los padres que perdieron a sus hijos, y reiteró su responsabilidad en proporcionar  respuestas claras a las familias. Para esclarecer los hechos, Robledo Aburto anunció las siguientes acciones:

Auditoría Clínica Colegiada e Independiente: se integrará a partir de especialistas externos en Neonatología, Infectología y Epidemiología provenientes de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de los Institutos Nacionales de Salud. Este análisis determinará si existieron infecciones asociadas a la atención médica, si éstas incidieron en los fallecimientos y si ocurrieron fallas evitables, asegurando que los resultados se entregarán directamente a las familias antes que a nadie más.

Separación temporal del director del hospital y del jefe de la UCIN: esta disposición se mantendrá mientras transcurra el proceso de auditoría con el objetivo de garantizar la plena transparencia, libertad e imparcialidad de las investigaciones.

Profundizar la investigación epidemiológica: las muestras identificadas van al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos para rastrear el origen de los brotes. Asimismo, se asignará un enlace del IMSS para dar seguimiento cercano a cada familia y se garantizará la reparación del daño en los casos donde se confirmen fallas.

Creación de un Comando Operativo del Sector Salud para la Seguridad de los Recién Nacidos: este organismo homologará la vigilancia epidemiológica con alertas tempranas, supervisará controles de infección y establecerá protocolos estandarizados de atención.

Las investigaciones buscarán fallas, no culpables

El titular del IMSS informó que las revisiones iniciarán en Jalisco, y contemplarán el análisis de las infecciones identificadas, los microorganismos detectados y el uso de antibióticos. También se evaluarán aspectos relacionados con el lavado de manos, el manejo de catéteres, las condiciones de limpieza, el suministro de agua, los sistemas de drenaje y la cantidad de personal disponible por cada bebé.


“La revisión, lo que busca es fallas en procesos. No es una revisión que busque culpables, porque también se ha politizado en la lógica, es decir, se está criminalizando al personal. No, se busca dónde identificar fallas en los procesos”, agregó Robledo Aburto en la conferencia de prensa matutina.
La unidad bajo investigación cuenta con 32 cunas, lo que la convierte en la segunda UCIN más grande del IMSS. Durante 2026, en ese hospital han nacido dos mil 695 bebés, de los cuales 552 han necesitado atención en cuidados intensivos.

Tribunal revoca vinculación a proceso contra el Kado

El Tribunal Colegiado de Apelación del Decimoquinto Circuito, con residencia en Tijuana, revocó el auto de vinculación a proceso dictado en contra de Héctor Manuel Gil García, alias el Kado, y decretó el sobreseimiento de la causa penal 118/2016 al haber operado la prescripción de la acción penal.

La resolución judicial, emitida el 1 de octubre de 2026 dentro del toca penal 477/2026, dejó sin efecto el procesamiento ordenado por una jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en Baja California por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Notificada la sentencia de segunda instancia, la juzgadora de origen giró el oficio correspondiente a la dirección del Centro de Reinserción Social de Mérida, en Yucatán, instruyendo que se deje en inmediata libertad al imputado de manera exclusiva por lo que concierne a esta causa penal, requiriendo informar la fecha de egreso o el impedimento legal existente.

Sin embargo, el procesado continuará privado de la libertad en el reclusorio yucateco debido a que enfrenta otras indagatorias e imputaciones vigentes tramitadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

El expediente penal extinguido se remonta a agosto de 2016, cuando elementos policiales interceptaron a Gil García en las inmediaciones del fraccionamiento Chapultepec, en Tijuana, asegurándole un arma de fuego corta, un cargador y dos cartuchos útiles.

En esa ocasión, el Ministerio Público decretó un acuerdo de libertad a su favor debido a que el ilícito imputado no ameritaba prisión preventiva oficiosa bajo el marco legal vigente y el detenido acreditó su arraigo domiciliario en la localidad.

La averiguación previa continuó su curso procesal y la Fiscalía General de la República solicitó fecha para la audiencia de imputación formal.

Ante la inasistencia del requerido a los citatorios formulados por el órgano jurisdiccional, la autoridad judicial lo declaró sustraído de la acción de la justicia y libró la orden de aprehensión correspondiente en su contra.

El mandamiento judicial fue ejecutado en reclusión por agentes de la Policía Federal Ministerial dentro del centro penitenciario de Mérida, donde Gil García permanecía internado tras su detención efectuada en julio de 2026 durante un operativo coordinado entre la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, elaborado con información de agencias de Estados Unidos.

En la continuación de la audiencia inicial celebrada en agosto de 2026, la representación social obtuvo la vinculación a proceso, la medida de prisión preventiva justificada y un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

La defensa del imputado promovió el recurso de apelación argumentando el transcurso del tiempo fijado por la ley para la persecución del delito. El tribunal colegiado determinó la extinción de la potestad punitiva del Estado.

Gil García, catalogado por las autoridades como presunto operador de células del Cártel Arellano Félix en Tijuana, Ensenada y Playas de Rosarito, continuará privado de la libertad por delincuencia organizada.

FUENTE/MEDIO: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: LUIS CARLOS SÁINZ.
ENLACE: https://zetatijuana.com/2026/10/tribunal-revoca-vinculacion-a-proceso-contra-el-kado/

Colapsa sistema de videoconferencias en juzgados federales por retraso en renovación de contratos

La administración de justicia federal en México enfrenta una parálisis tecnológica sin precedentes recientes. Desde el primer día de esta semana, juzgados y tribunales de todo el país se vieron obligados a operar utilizando la versión de libre acceso de la plataforma de videoconferencias Cisco Webex Meetings.

Esta medida de emergencia responde a un vacío operativo generado por el Órgano de Administración Judicial (OAJ), instancia que omitió gestionar y concretar a tiempo la renovación de las licencias institucionales de pago, necesarias para desahogar juicios en línea de manera ininterrumpida.

El contratiempo pone de manifiesto las vulnerabilidades logísticas en la transición de facultades administrativas dentro del sistema federal de impartición de justicia. Mientras las cargas de trabajo se acumulan en las distintas materias —penal, civil, administrativa y laboral—, los operadores jurídicos deben lidiar con restricciones técnicas básicas que afectan directamente el principio de celeridad y el derecho de los ciudadanos a una justicia pronta, completa y expedita consagrado en la Constitución.

CORTES DE QUINCE MINUTOS Y EL RETORNO FORZADO A LAS SALAS FÍSICAS

Las consecuencias operativas de esta omisión administrativa impactan directamente en las salas de audiencia virtuales. Funcionarios del Poder Judicial de la Federación (PJF) confirmaron que la limitante técnica más grave del software gratuito es la interrupción obligatoria de las transmisiones cada 15 minutos, lo que corta abruptamente declaraciones, desahogos de pruebas y alegatos de las partes.

Ante la imposibilidad de desarrollar litigios complejos bajo estas condiciones y sin una fecha clara para la reinstalación del servicio institucional de alta gama, diversos juzgadores han determinado cancelar las sesiones telemáticas y convocar a audiencias presenciales. Esta decisión trastoca la logística de abogados litigantes, peritos y justiciables foráneos, además de contradecir los protocolos de optimización digital implementados durante los últimos años para agilizar los procesos judiciales.

CRÍTICAS Y VACÍOS DE SEGURIDAD: EL PRONUNCIAMIENTO DE LA JUFED

La situación provocó reacciones severas en los gremios de impartidores de justicia. Julia García González, directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF (JUFED), recriminó duramente la falta de previsión institucional a través de sus redes sociales, ironizando sobre la burocracia y exigiendo respuestas claras sobre la protección de la información oficial.

“Lo que ha pasado hoy en los órganos jurisdiccionales del PJF, donde audiencias y sesiones se llevaron a cabo en la versión gratuita de la plataforma digital que se tiene contratada, al parecer porque alguien no está haciendo su trabajo @OAJ_Mex me recuerda las ‘Instrucciones para vivir en México’ de Ibargüengoitia… Sería útil que el @OAJ_Mex garantice recursos mínimos para administrar justicia con dignidad. Por cierto, estaría bien que alguien nos explique si la versión gratuita garantiza la seguridad, privacidad, confidencialidad y tratamiento de datos que se requieren para estas actuaciones”, expresó la magistrada en retiro.

La preocupación por la seguridad informática no es menor. Al utilizar infraestructuras abiertas y gratuitas, se corre el riesgo de vulnerar datos personales sensibles, documentos reservados y secretos industriales o fiscales que forman parte de los expedientes electrónicos en litigio, abriendo la puerta a posibles impugnaciones por parte de los justiciables.

LA RUTA CRÍTICA DEL CONTRATO: ENTRE EL VENCIMIENTO Y LOS PLAZOS BUROCRÁTICOS

El origen de esta crisis se remonta a la conclusión del contrato original adjudicado el 12 de septiembre de 2023 por el entonces Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Aquel convenio, por un monto de 15.4 millones de pesos con IVA, otorgó el licenciamiento integral de la plataforma por un periodo de 36 meses a la empresa Uninet, filial de Telmex, el cual expiró formalmente el pasado 17 de septiembre.

No obstante, en lugar de prever la renovación con meses de anticipación, el OAJ —órgano sucesor en las atribuciones administrativas— emitió hasta el 18 de septiembre una invitación restringida a tres proveedores para contratar el servicio por un año más. Aunque la vía de invitación directa suele implementarse para acelerar trámites, la Dirección General de Recursos Materiales fijó la fecha límite para emitir el fallo hasta el próximo 23 de octubre.

Aunque se analiza adelantar el fallo ante la presión operativa, las autoridades enfrentan un desafío logístico adicional: configurar y habilitar las cuentas institucionales para un padrón de 1,086 usuarios —cifra que supera en 187 cuentas a las operadas en 2023—, lo que retrasará el restablecimiento total de la normalidad en los tribunales del país.

FUENTE/MEDIO: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: JOSÉ GUADARRAMA.
ENLACE: https://zetatijuana.com/2026/10/colapsa-sistema-de-videoconferencias-en-juzgados-federales-por-retraso-en-renovacion-de-contratos/

Querétaro sí informó sobre visita de Johnson, pero academia debe pasar por Grupo de Alto Nivel de Seguridad: SRE

La Cancillería informó que el secretario Roberto Velasco ofreció al gobernador Mauricio Kuri acompañamiento para realizar las gestiones correspondientes y señaló que la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad debe conducirse por los canales institucionales del Gobierno de México

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señaló que la Academia Internacional de Capacitación Policial, cuya primera piedra fue colocada el pasado 2 de octubre en Querétaro por el gobernador Mauricio Kuri y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, es un proyecto que prevé cooperación en materia de seguridad con un gobierno extranjero, por lo que debió contar con el “visto bueno previo” del Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG).

En una nota informativa difundida la noche del lunes, la Cancillería reiteró que, conforme a la Ley de Seguridad Nacional, cualquier capacitación o proyecto de cooperación en materia de seguridad con un gobierno extranjero requiere el aval del GANSEG, órgano auxiliar del Consejo de Seguridad Nacional. La SRE agregó que acompaña a los gobiernos estatales y municipales en este tipo de gestiones.

La dependencia informó que el pasado 25 de septiembre recibió un oficio del Gobierno de Querétaro en el que se comunicaba la visita de Johnson, programada para el 2 de octubre, con el propósito de abordar “diversos temas de interés común”. En ese documento, el gobierno estatal precisó que la visita “no implica de ninguna forma el establecimiento de mecanismos directos de cooperación internacional en materia de seguridad o procuración de justicia […]”.

Sin embargo, la SRE sostuvo que la Academia Internacional de Capacitación Policial, cuya primera piedra fue colocada durante la visita, sí corresponde a un proyecto de cooperación en materia de seguridad con un gobierno extranjero y, por ello, debe presentarse ante el GANSEG.

“Por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario Roberto Velasco Álvarez conversó directamente con el gobernador Mauricio Kuri González y le dirigió un oficio en el que ofrece el acompañamiento de la Cancillería en estas gestiones, en un ánimo de coordinación institucional”, señaló.


La SRE subrayó que la colaboración entre México y Estados Unidos en materia de seguridad se mantiene y debe conducirse por los canales institucionales del Gobierno de México.

“México y los Estados Unidos mantienen una sólida colaboración en materia de seguridad, basada en el respeto a la soberanía y la integridad territorial, el respeto y la confianza mutuos, la responsabilidad compartida y diferenciada, y la cooperación sin subordinación”, sostuvo la Cancillería.

Puntualizó que esta colaboración se conduce “a través de los canales institucionales del Gobierno de México, en coordinación con las entidades federativas”.

La postura de la SRE se difundió después de que Sheinbaum cuestionó durante su conferencia matutina que Kuri y Johnson hubieran colocado la primera piedra de la academia sin la participación de la Cancillería ni del Gabinete de Seguridad federal.

La presidenta sostuvo que el proyecto involucra capacitación en materia de seguridad y combate a delitos federales, por lo que la cooperación con instituciones estadounidenses debe conducirse mediante los canales establecidos por el Gobierno de México. “Nos preguntamos por qué no es a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores como debe ser, como está la ley planteada”, dijo la mandataria.

Sheinbaum aclaró que no consideraba que el acto constituyera por sí mismo un delito, aunque cuestionó que se hubiera realizado sin la intervención de las autoridades federales. “No creo que incurra en un delito como tal, pero sí es muy importante exhibirlo y decirlo”, señaló.

La presidenta explicó que cualquier agencia o institución de Estados Unidos que busque realizar capacitación en México por razones de seguridad debe pasar por la SRE y sujetarse a la legislación nacional, incluida la Ley de Seguridad Nacional.

“En el caso de motivaciones de seguridad tiene que pasar necesariamente por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y por la Ley de Seguridad Nacional”, afirmó.

Sheinbaum también cuestionó que el gobernador Mauricio Kuri hubiera invitado al embajador estadounidense al acto y no al Gabinete de Seguridad federal, al señalar que los asuntos relacionados con la delincuencia organizada corresponden al ámbito federal. Añadió que existe una relación institucional tanto con Kuri como con Johnson y que la Cancillería abordaría el tema con ambos.

La tarde del lunes circuló en redes sociales y medios de comunicación el oficio al que hace alusión la nota de la Cancillería, por el que el Gobierno de Querétaro informó previamente a la SRE sobre la visita del embajador.

El oficio, firmado por el gobernador Mauricio Kuri, está fechado el 23 de septiembre y tiene sello de recibido por la Cancillería el 25 de ese mes. “El próximo 2 de octubre de la presente anualidad, el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro contará con la visita del Embajador de los Estados Unidos de América en México, Ronald D. Johnson, con quien se abordarán diversos temas de interés común”, se lee en el documento.


“Es importante señalar que la interacción de los servidores públicos locales y el agente diplomático en el marco de dicha visita tendrá efectos protocolarios y no implica de ninguna forma el establecimiento de mecanismos directos de cooperación internacional en materia de seguridad o procuración de justicia, ni la participación o intervención de agentes o gobiernos extranjeros en actividades de investigación, persecución de delitos o funciones reservadas al Estado Mexicano o que corresponden a las autoridades mexicanas”, añade.

La colocación de la primera piedra ocurrió el 2 de octubre en el complejo Rhino, sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro. La nueva academia estará dedicada a la capacitación de autoridades encargadas de hacer cumplir la ley para detectar e interceptar drogas, armas, grandes cantidades de dinero ilícito en efectivo y otros tipos de contrabando.

El acto contó con la presencia de representantes de instituciones federales. Entre ellos estuvieron Aldo Raúl Gómez Quintero, comandante interino de Zona Militar de la región; Darío Valadez Arenas, capitán primero, en representación del general brigadier Ricardo Melendrez de la Guardia Nacional, y Javier Rodríguez Uribe, delegado de la Fiscalía General de la República en Querétaro.

De acuerdo con la información difundida por la Embajada de Estados Unidos, los agentes capacitados en la academia podrán trasladar los conocimientos y capacidades adquiridos a sus respectivas unidades, estados y comunidades en distintas partes de México.

Durante el acto, Johnson afirmó que México y Estados Unidos mantienen una estrecha colaboración en materia de seguridad. “Esta instalación demuestra que enfrentar a los cárteles y a los grupos terroristas requiere acciones, recursos e instituciones sólidas, como lo está demostrando Querétaro al invertir en esta academia”, señaló.

El embajador agregó que “los cárteles y los grupos terroristas se adaptan constantemente, y debemos mantenernos un paso adelante mediante una mejor capacitación, tecnología, inteligencia y una cooperación más sólida”.

La Embajada de EE.UU. informó que durante la última década ha destinado más de 10 millones de dólares a capacitación y equipamiento en Querétaro como parte de la cooperación bilateral en materia de seguridad. Desde 2015, señaló, autoridades estadounidenses han proporcionado capacitación y equipo a instituciones de seguridad y justicia del estado.

Señaló que en ese periodo han sido capacitados 4 mil 732 participantes, entre ellos mil 714 integrantes de la Fiscalía General del Estado de Querétaro. La cooperación también ha incluido capacitación especializada, laboratorios forenses con acreditación internacional, unidades caninas, tecnología y equipo forense.

El gobierno estatal informó que la nueva instalación se integrará al complejo Rhino y tendrá una inversión superior a 30 millones de pesos. El proyecto está planteado como un espacio de capacitación policial con alcance internacional.

Kuri señaló en una publicación en X que la cooperación entre EE.UU. y Querétaro en materia de formación policial especializada tendrá ahora un espacio propio en el estado.

“Hoy colocamos la primera piedra de este espacio donde continuaremos con el esfuerzo que hemos estado realizando por años: invertir en la preparación de nuestros policías, elevar sus estándares y buscar experiencias que nos permitan defender y servir cada vez mejor a las familias queretanas”, escribió.

El gobernador agradeció al gobierno estadounidense y a Johnson por la colaboración y la confianza para establecer la academia en Querétaro, a la que calificó como “única en su tipo en América Latina”.

FGR aún investiga presencia de la CIA en Chihuahua: Sheinbaum

La mandataria recordó que cualquier vínculo de Chihuahua con agencias extranjeras en seguridad debe ser autorizado por SRE y el Grupo de Alto Nivel

La investigación sobre la participación de agentes estadounidenses en un operativo de seguridad en Chihuahua, en el que murieron dos de ellos, continúa abierta y la Fiscalía General de la República (FGR) deberá informar sobre sus avances, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria señaló que corresponde a la Fiscalía, mediante el mecanismo que determine, comunicar el estado que guarda la carpeta de investigación relacionada con el caso.

“La Fiscalía General de la República tiene todavía abierta esa investigación; la Fiscalía, a través del mecanismo que ellos decidan, con un boletín debería informar”, dijo Sheinbaum durante su conferencia matutina.

El caso ocurrió en abril pasado, cuando dos agentes estadounidenses murieron junto con dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua durante un accidente ocurrido después de un operativo contra laboratorios clandestinos en la entidad.

La Fiscalía de Chihuahua informó entonces que los dos estadounidenses eran oficiales instructores de la Embajada de Estados Unidos que participaban en labores de entrenamiento dentro del intercambio con autoridades mexicanas.

Posteriormente, medios estadounidenses señalaron que los dos agentes pertenecían presuntamente a la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

La participación de personal estadounidense en actividades de seguridad en Chihuahua quedó bajo investigación federal.

Sheinbaum señaló que los agentes extranjeros estaban realizando una operación en territorio mexicano cuando ocurrió el accidente.
Particularmente en el caso de Chihuahua, donde lamentablemente fallecieron dos agentes extranjeros, los agentes de Estados Unidos, siempre hay que lamentar la pérdida de vidas, pero estaban haciendo una operación en tierra.
La presidenta sostuvo que la investigación debe determinar las circunstancias en las que se encontraban los agentes y qué actividades realizaban.

El caso también provocó diferencias entre el gobierno federal y la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, a quien la FGR citó como parte de las diligencias relacionadas con la presencia de agentes estadounidenses en operaciones de seguridad en el estado.

La mandataria estatal entregó un escrito en lugar de proporcionar información durante el citatorio.

Ante este antecedente, Sheinbaum reiteró que los gobiernos estatales deben seguir un procedimiento específico cuando pretenden establecer cooperación en materia de seguridad con gobiernos extranjeros o sus agencias.

“Para poder hacer cualquier entidad de la República, cualquier gobierno de los estados, para poder tener relación con el gobierno de Estados Unidos, alguna de sus agencias o algún otro gobierno, no necesariamente Estados Unidos, que tenga que ver principalmente con la materia de seguridad, tiene que pasar por este Grupo de Alto Nivel”, explicó.

Además, señaló que el gobierno estatal debe solicitar la autorización correspondiente mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“Y tiene que solicitar la autorización a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en el Grupo de Alto Nivel se evalúa si es factible hacerlo o no, bajo los criterios de nuestras leyes y de los principios de política exterior”, sostuvo.

La presidenta insistió así en que la cooperación internacional en materia de seguridad no corresponde únicamente a los gobiernos estatales, sino que debe sujetarse a los mecanismos establecidos por el gobierno federal.

La investigación sobre lo ocurrido en Chihuahua permanece abierta mientras las autoridades federales determinan qué actividades realizaban los agentes estadounidenses y bajo qué condiciones se desarrolló su participación en territorio mexicano.

Familias de Chenalhó piden auxilio: denuncian que grupo armado las obliga a pagar balas y a sus niños a consumir droga

En un video y un comunicado fechados el 5 de octubre, familias tsotsiles de una comunidad de Los Altos de Chiapas que lleva años bajo control armado, dicen estar "encapsuladas" por líderes que señalan como integrantes del CJNG. Acusan multas, cobros para municiones y homicidios no denunciados

Familias tsotsiles de Fracción Tzanembolom, una comunidad del municipio de Chenalhó, en Los Altos de Chiapas, pidieron la intervención urgente de los tres niveles de gobierno. Denuncian que los líderes de un grupo armado de su comunidad, a quienes señalan como integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), las obligan a pagar “cooperaciones” para comprar balas y les impiden salir. También acusan que obligan a niñas, niños y jóvenes a consumir droga.

“Estamos secuestrados, amenazados por los líderes y obligados a cooperar para mantener activa esta guerrilla”, dice el comunicado que un hombre lee en un video fechado el 5 de octubre de 2026, frente a un grupo de mujeres, niñas y niños que forman parte de las familias acosadas por el grupo armado.

Chenalhó es un municipio indígena tsotsil de las montañas de Los Altos de Chiapas, al norte de San Cristóbal de Las Casas. Es el mismo municipio donde, el 22 de diciembre de 1997, un grupo paramilitar asesinó a 45 tsotsiles en la comunidad de Acteal; y colinda con Pantelhó, otro municipio tsotsil marcado en los últimos años por la violencia armada y el desplazamiento.

Quienes se han negado a sostener a ese grupo armado han terminado desplazados o muertos; se trata de las familias que habitaron el poblado colindante, llamado Centro Tzanembolom, y quienes ahora mismo están en condición de desplazamiento forzado en la cabecera municipal de Chenlhó. Esta vez, la denuncia llega desde dentro de la comunidad donde se refugian los agresores.

Multas por salir y cobros para municiones

Según el video, quien sale de la comunidad paga una multa de 1,500 pesos, “misma que en la actualidad ya no podemos cubrir porque no podemos trabajar”, dicen en un comunicado escrito que lograron enviar. En el documento las familias agregan:
“Seguimos encapsulados (sin poder salir), no tenemos libertad de salir a comprar”.
Denuncian que los líderes del grupo armado, a quienes identifican por nombre y apellido, las han obligado a vender los bienes de las familias desplazadas en Centro Tzanembolom, y que a quien no está de acuerdo “te amenazan o te matan”.

En el documento y video denuncian que el 20 de octubre de 2025 fue asesinado Eleuterio Arias Pérez. De esto, dicen, tenían conocimiento el presidente municipal y el juez municipal de Chenalhó, y no hicieron nada. Mencionan también a un adolescente de 15 años “asesinado y enterrado en la misma comunidad sin hacerlo público”.

El comunicado acusa a las propias autoridades rurales de la localidad. “Llegan con armas de fuego a amenazarnos [el agente rural] mandó a su gente”. Si los encuentran en una vereda, “nos la pueden disparar”, acusan.

Sobre los menores, escriben: “Obligan a consumir droga a los niños y jóvenes; aquí ya no tenemos futuro”.

Los documentos nombran a cuatro “líderes” que, según las familias, “son parte del Cártel Jalisco Nueva Generación”. También nombran a cinco “comandantes” que, afirman, “reciben un pago mensual”, mientras a ellas (las familias denunciantes) “nos siguen pidiendo cooperaciones para comprar balas”.

Aseguran que en un canje de armas realizado hace unos días el grupo no entregó ninguna. Se refieren a programas gubernamentales donde elementos de la SEDENA canjean armas por electrodomésticos.

La denuncia está dirigida al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, al fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, al secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Aparicio Avendaño, y a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. “Sabemos que después de esto nos amenazarán”, advierten.

Si el gobierno no actúa de inmediato, dicen, esperan disparos “como medidas de intimidación” contra sus familias. Según la persona que hizo llegar el material a Chiapas Paralelo, en esa situación hay 15 familias, unas 145 personas.

Desde 2024, Fracción Tzanembolom es la base del grupo que expulsó a sus vecinos

Los habitantes de Fracción Tzanembolom llevan años en esta situación. En el video dicen que su comunidad “ha estado sumergida en la violencia” desde hace años. En febrero de 2024, jóvenes de la comunidad ya exhibían públicamente fotos con armas, dinero y camionetas, según se pudo documentar el 18 de marzo de ese año con fotografías donde los mismos jóvenes exhibían las armas y dinero.

Fracción Tzanembolom colinda con Centro Tzanembolom, también tsotsil. De ahí salieron desplazadas 67 familias, 267 personas, entre febrero y julio de 2024, durante el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas. El detonante fue el asesinato del comunero Prudencio Pérez Pérez el 13 de febrero de 2024. Según sus vecinos, lo emboscaron por negarse a tomar las armas.

Las familias desplazadas relataron en agosto de 2026 que en Fracción Tzanembolom opera el llamado Ejército Civil Indígena, aliado de Los Herrera, al que señalan como parte del CJNG. Relataron también que el grupo recluta a “niños, de once, doce años” con pagos de 6 mil pesos quincenales, y que vende “los cafetales, los lotes y hasta el terreno de la escuela” de quienes expulsó.

En diciembre de 2024, ya con Ramírez Aguilar en el gobierno, ese grupo atacó comunidades de Pantelhó y quemó la escuela y las oficinas del gobierno autónomo zapatista en San José Buenavista Tercero.

A más de dos años del desplazamiento, las familias de Centro Tzanembolom siguen sin poder volver, y viven en refugios y casas rentadas. A la denuncia de las agresiones del grupo armado presuntamente ligado al CJNG se suman ahora afectados de Fracción Tzanembolom.


FUENTE/MEDIO: ARISTEGUI NOTICIAS.

A un año, sigue sin conocerse el paradero de Carlos Emilio Galván, desaparecido en Mazatlán

A un año de que desapareció tras ingresar al bar Terraza Valentinos, en Mazatlán, Sinaloa, Carlos Emilio Galván Valenzuela, de 21 años, sigue sin ser localizado pese a las investigaciones de las fiscalías estatal y federal

A un año de su desaparición tras ingresar al baño del bar Terraza Valentinos en Mazatlán, Sinaloa, y pese a las investigaciones y cateos realizados primero por la Fiscalía General del Estado y posteriormente por la Fiscalía General de la República, se desconoce el paradero del joven Carlos Emilio Galván Valenzuela.

El joven de 21 años de edad, originario de Guadalupe Victoria, en Durango, vino a este puerto con algunos de sus familiares para festejar su cumpleaños e ingresaron al bar en mención, ubicado en la Zona Dorada de Mazatlán, del cual es copropietario el entonces Secretario de Economía de Sinaloa, Ricardo Velarde Cárdenas, de acuerdo con lo que se informó públicamente en su momento.

Tras las manifestaciones que hicieron familiares del joven para exigir investigaciones para dar con su paradero, varias de ellas en la Ciudad de México y lo mediático del caso tanto a nivel estatal como nacional, el 20 de octubre pasado Velarde Cárdenas renunció como secretario de Economía de Sinaloa luego de que horas antes, tras salir de una reunión del Gabinete de Seguridad federal en este puerto, el entonces gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, anunció que se catearía dicho bar como parte de las investigaciones.

Rocha Moya pidió licencia a su cargo el 1 de mayo del 2026 tras señalamientos del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos contra él y nueve funcionarios y exfuncionarios y mandos y exmandos de seguridad en la entidad, de presuntos nexos con el crimen organizado, por lo que fue sustituido de manera interina por la secretaria general de Gobierno, Yerandine Bonilla Valverde.

Tras 112 días de licencia, el viernes 21 de agosto del 2026, Rocha Moya regresó a su cargo, pero ante una serie de críticas por ello tuvo que pedir una nueva licencia al Congreso del Estado al día siguiente, y en su lugar fue designada como gobernadora interina la diputada federal con licencia, Graciela Domínguez Nava, para terminar el periodo para el que fue electo Rocha Moya.

Como parte de las investigaciones que realizó la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, se realizaron al menos cinco cateos en diferentes inmuebles en distintos puntos de Mazatlán e incluso la búsqueda se extendió de esta ciudad hasta El Verde, Concordia, donde fueron localizadas varias fosas clandestinas donde fueron hallados los cuerpos de nueve de los 10 trabajadores de la empresa minera canadiense Viszla Silver Corp, entre otros, pero hasta el momento se desconoce el paradero del décimo ingeniero privado de su libertad por un grupo delictivo del Cártel de Sinaloa el 25 de enero de este mismo 2026.

En entrevista realizada el 20 de noviembre del 2025, el vicefiscal en la zona sur de Sinaloa, Isaac Aguayo Roacho, explicó que, de acuerdo con los videos analizados en las investigaciones, Carlos Emilio salió pasadas las 2 de la mañana del domingo 5 de octubre del bar Terraza Valentinos acompañado de dos hombres y se subió a una camioneta, pero en las imágenes con que se cuenta no se aprecia si va amenazado o no.

“Como se comentó la vez pasada y lo hemos comentado: estamos en la parte importante de revisar momento a momento dónde estuvo él; podemos señalar, por ejemplo, esta parte de que se corrobora que él ingresó a ese bar, el bar Terrazas; también está la parte cuando él sale de ese bar”, añadió Aguayo Roacho en la entrevista.

“Sale del bar pasadas las 2 de la mañana, cómo se aborda a un vehículo y es trasladado a un diferente lugar; entonces, en esa parte vamos. Aquí, en este caso, por cuidar la reserva y la secrecía de la investigación y sobre todo el éxito de la misma, pudiera yo señalar esa parte nada más. Él ciertamente ingresa a ese bar, se ingresa al baño, después sale acompañado de algunas personas, caminando por su propio pie, sale al exterior, al frente de ese local y se aborda a una camioneta en conjunto con otras personas masculinas”, dijo.

En la entrevista tras asistir a una ceremonia de entrega de ascensos al nivel jerárquico superior del personal de la Tercera Región Militar, con sede en Mazatlán, agregó que se tienen identificados vehículos y más o menos rostros de personas y hacia dónde lo trasladan.

“Tenemos identificados vehículos, tenemos identificados más o menos rostros de personas, tenemos identificado hacia dónde lo trasladan, qué otros vehículos intervienen y el seguimiento de esos vehículos, entonces prácticamente estamos en eso; más detalles no puedo dar, obviamente no puedo dar características de vehículos, no puedo dar características de personas”, reiteró cuando las investigaciones todavía estaban a cargo de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

El vicefiscal en el sur de Sinaloa precisó que Carlos Emilio salió del bar con dos personas y abordó una camioneta.

“Él sale con dos personas propiamente del bar y después aborda un vehículo con un masculino… De acuerdo a los videos que entregaron propiamente los del bar, los de ese lugar, pudimos saber uno: monitorear su estancia en el bar, a qué hora llegó, qué estuvo haciendo, estuvo consumiendo algunas bebidas; pudimos ver también de acuerdo a eso videos cómo se ingresa al baño, tarda unos minutos, varios minutos, sus acompañantes se quedan en la mesa”, continuó.

“Y ya después sale en compañía de dos masculinos caminando; no podemos señalar si sale amenazado o no; lo que sí puedo señalar objetivamente es que él sale caminando por su propio pie, sale por una puerta trasera lateral que da hacia las letras de Mazatlán, sale caminando; él va atrás del masculino que lo va guiando hacia dónde dirigirse, guiando en el sentido de que él (el masculino) va marcando la pauta hacia dónde caminar y él (Carlos Emilio) detrás de él; no se alcanza a apreciar si había armas de fuego”.

Añadió que en los videos con que se cuenta no se alcanza a apreciar qué decían, solo se ve que van caminando y abordan un vehículo en el frente de ese bar; ahí se paró ese vehículo en la calle, después esa camioneta se retira con dirección al Fraccionamiento Lomas de Mazatlán.

“Lo único que les puedo decir es que le dimos seguimiento, sabemos exactamente hasta dónde llegaron en ese primer momento porque luego se intervienen más vehículos y estamos en esa parte”, agregó Aguayo Roacho.

Precisó que algunas de las imágenes de los rostros que se pueden ver en los videos no son claras.

“Las imágenes no son muy claras, pero de acuerdo a otros datos pudiéramos, más o menos, por su fisionomía, por su complexión, poder identificar más o menos de quién se trata y estamos en esa parte”, dijo Aguayo Roacho.

“Como lo dije la vez pasada, la investigación cuenta, de acuerdo con los protocolos, las bases, los cimientos para avanzar; no se ha perdido ningún dato, no se ha dejado de investigar ningún dato que la investigación va arrojando y, en ese sentido, las probabilidades de que lleguemos a saber exactamente qué fue lo que sucedió son altas”.

Reiteró que cuando se habla de la reconstrucción de los hechos, se refiere a la parte de reconstruir, de revisar a qué horas llegó, qué estuvo haciendo en el bar, con quién convivió, tuvo comunicaciones o no, se revisó comunicaciones, videos, información de testigos, luego hacia dónde se dirigió.

“A eso nos referimos con reconstruir y, obviamente, vamos en una parte, como les dije yo acá, muy avanzada, del bar y ese tema de que se quedó en el bar y ya no salió, pues obviamente se ha manejado en medios, pero sí sale; lo cierto es que sí sale y vamos en esa parte siguiendo momento a momento. Ya lo demás no se los puedo decir, pero a eso nos referimos con reconstruir”, expresó.

Reiteró que hasta el momento se han hecho cinco cateos en inmuebles; algunos son en la zona del Fraccionamiento Lomas de Mazatlán y otros en otras ubicaciones.

Por la relevancia del caso y la probable participación de la delincuencia organizada, la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, ejerció su facultad de atracción de esta investigación.

Fue el 14 de febrero del 2026 cuando la FGES entregó a la FGR todas las actuaciones que tenía en su poder de las investigaciones de este caso.

El pasado 23 de septiembre, se dio a conocer públicamente que la FGR ha citado a declarar al exsecretario de Economía de Sinaloa, Ricardo Velarde Cárdenas, y al vicefiscal en la zona sur del estado, Isaac Aguayo Roacho.

A principios de ese mismo mes se informó de manera pública que la Unidad de Inteligencia Financiera ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias de Velarde Cárdenas, y el exfuncionario estatal tramitó un amparo contra esa disposición.

La familia del joven duranguense ha exigido justicia y transparencia en las investigaciones, pero a un año de su desaparición, se desconoce el paradero de Carlos Emilio Galván Valenzuela.

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO/NOROESTE.
AUTOR: 

SCJN declara constitucional las fotomultas en CDMX; propietarios deben pagar aunque no conduzcan

El ministro Giovanni Figueroa planteó amparar al propietario de un vehículo que fue sancionado por 13 infracciones de tránsito pese a que él no venía conduciendo su vehículo, al momento en el que fueron cometidas las faltas

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la aplicación de las fotomultas incluso cuando el propietario del vehículo no hubiera sido quien conducía cuando se cometió la infracción. 

Durante la sesión del pleno de la Corte del pasado 1 de octubre, los ministros analizaron dos amparos tramitados contra el uso de tecnología para identificar a los infractores del Reglamento de Tránsito (fotomultas hoy fotocívicas).

Las propuestas de sentencia fueron presentadas por los ministros Giovanni Figueroa y Sara Irene Herrerías, sin embargo, ambos sostuvieron criterios contrarios entre sí.

Primero el ministro Figueroa planteó amparar al propietario de un vehículo que fue sancionado por 13 infracciones de tránsito pese a que él no venía conduciendo su vehículo, al momento en el que fueron cometidas las faltas. 

El ministro Figueroa propuso librarlo del cumplimiento de las sanciones impuestas por el gobierno de la ciudad de México, que actualmente ya no consisten en multas, sino en sanciones que van desde tomar un curso de movilidad en línea hasta cumplir horas de trabajo comunitario. 
“La responsabilidad solidaria no puede penetrar en el derecho administrativo sancionador, con todo respeto, porque de lo contrario se derrumbaría el fundamento de cualquier sistema punitivo, según el cual cada uno responde de sus propios actos”, dijo el ministro. 
La propuesta del ministro fue rechazada por siete de sus ocho compañeros en el pleno quienes coincidieron que el mecanismo de sanción establecido en la ley capitalina es constitucional.

La única en apoyar el proyecto fue la ministra María Estela Ríos quien consideró que la sanción por una infracción debe ser aplicada al conductor que la cometió. 
“Las multas de tránsito deben sustentarse en la acreditación de la conducta infractora y en su atribución al conductor efectivo”, señaló. 
Por ello, cuando fue el turno de la ministra Sara Irene Herrerías de presentar su proyecto, quien planteaba no amparar al propietario de un vehículo que también buscaba librar la sanción que le fue impuesta por infracciones cometidas por una tercera persona que conducía su vehículo, la mayoría de ministros apoyó su propuesta con lo que fueron declaradas constitucionales las fotomultas o fotocívicas en la CDMX.

Destapan caja de Pandora en Suchiapa: evasión de reos era “periódica” a cambio de dinero

Purga de funcionarios y jefes policiacos en Suchiapa tras captura de presidente municipal y su antecesor: recibían dinero a cambio de liberar narcos fingiendo que era por la fuerza

El Fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, dijo que la evasión de reos en Suchiapa, por la que se detuvo al jefe policial, así como al alcalde actual y anterior, era una práctica “periódica” en la que varios funcionarios están acusados por liberar a narcotraficantes a cambio de dinero. 

Este sábado fueron capturados el presidente municipal de Suchiapa, Chiapas, Jorge Lara Cordero, así como su predecesor, Alexis Nucamendi, días después de que fuera detenido el jefe de la policía local presumiblemente por ayudar en la fuga de un narco.

Llaven Abarca narró este lunes en conferencia cómo la detención de varios narcomenudistas permitió desentrañar el esquema de corrupción en el que incluso había jueces involucrados, así como policías municipales.


Todo empezó el pasado 25 de septiembre, cuando se llevó a cabo un operativo de fuerzas federales y estatales para detener a Humberto Javier “N”, alias “La Gretel”; Erick Antonio “N”, Marcos de Jesús “N” y Diego Eduardo “N”, quienes fueron trasladados a los separos de la cárcel municipal. 

Posterior a ello, se recibió una denuncia por parte de la Policía Municipal de que se había fugado uno de los cuatro detenidos (“La Gretel”).

Según la primera versión del director policiaco en funciones (ahora detenido), llegaron hombres con armas de fuego y lo amenazaron para que dejara en libertad a uno de ellos.

Sin embargo, tras ahondar en las pesquisas, dicha versión se vino abajo. Se identificó mediante videos que no llegó ninguna persona armada, sino tres sujetos que bajaron tranquilamente de dos vehículos.

Se dirigieron directamente hacia las instalaciones de la cárcel municipal y dialogaron con el director de la policía, Jesús Antonio “N”, quien entregó a uno de los detenidos, “La Gretel”.

El fiscal aseguró que continúan las investigaciones para dar con otros responsables y también para reaprehender al detenido que se evadió de la justicia. 

Aseguró que se amplió la investigación hacia todo el cuerpo de Seguridad Pública Municipal y explicó que se logró la detención de más personas que fungían como policías municipales, algunos de los cuales eran mandos, otros expolicías y una exfuncionaria que estuvo como jueza calificadora. 

Cabe señalar que el sábado pasado el Gabinete de Seguridad dijo que fueron detenidas 21 personas en total.

El fiscal Llaven reconoció que esta conducta de evadir a los detenidos era rutinaria: “Es importante mencionar que esta conducta de evadir a los detenidos se hacía de manera periódica”, afirmó.

“Hay información que están aportando los propios elementos de la policía municipal, están aportando datos de prueba, en donde sus mandos les ordenaban evadir, es decir, liberar a los detenidos por narcomenudeo, por portación de arma de fuego.

“Había también, por supuesto, la entrega de sumas de dinero a los mandos y también, por supuesto, señalaban a los responsables. En el caso del presidente municipal y expresidente municipal, quienes en muchas ocasiones también recibían llamadas de ellos para que les ordenaran dejar en libertad a varios detenidos, aún cuando son delitos del común o incluso del fuero federal. Ellos tenían la instrucción de no ponerlos a disposición.

“Los mismos elementos mencionaban, se daban cuenta que no era la Fiscalía, que era un grupo criminal quien llegaba a recoger los detenidos y los liberaban por órdenes de los dos exservidores públicos ya también detenidos, el presidente municipal y el xpresidente municipal”. 

Mencionó que las investigaciones se ampliarán hacia otras autoridades y que se actuará en consecuencia: “Si la investigación nos arroja datos de prueba que existe más corrupción por parte de otras autoridades vamos a llegar hasta el fondo”, comentó.

Juez del Estado de México declina amparo a Jalisco por Rancho Izaguirre

El titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con sede en Toluca, Alejandro Latorre Lozano, se declaró legalmente incompetente para resolver el juicio de amparo indirecto promovido por la defensa de ocho personas vinculadas a los hechos registrados en el Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco.

La resolución ordenó remitir las actuaciones al Juzgado de Distrito en Materia Penal en turno en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande.

El juicio de derechos fundamentales fue promovido originalmente en junio de 2025 ante la autoridad judicial radicada en Toluca por Juan Manuel Alcaraz Villa y/o Juan Manuel Almaraz Villa, Armando Guzmán Cano, Óscar Iván Ciénega Jiménez, Erick Díaz Ayala, Gustavo Ángel Montiel, quienes ya fueron sentenciados en el fuero común en Guadalajara.

También figuran como promoventes los expolicías del municipio de Tala, Jalisco, José Antonio Solís Nava y Gabriel Nieto Jiménez.

Los quejosos recurrieron la resolución del 28 de mayo de 2025, mediante la cual se les dictó la medida cautelar de prisión preventiva, así como el auto de vinculación a proceso emitido el 3 de junio de ese año por un juez de control federal adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, dentro de la causa penal 136/2025.

La investigación federal se inició formalmente en marzo de 2025 a través de la Fiscalía Especial en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, perteneciente a la estructura de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la Fiscalía General de la República (FGR).

Dicha representación social solicitó la orden de cateo sobre el inmueble ubicado en Teuchitlán y presentó las imputaciones iniciales en el Estado de México bajo criterios de seguridad.

Posteriormente, la fiscalía especial determinó enviar la investigación a la Unidad Especializada en Desaparición Forzada por razón de materia, radicándose la indagatoria correspondiente en Jalisco y acumulándose a expedientes previos.

Durante una audiencia de declinatoria de competencia solicitada por la representación social, el juez de control con sede en Almoloya de Juárez determinó declinar el asunto a favor del Centro de Justicia Penal Federal en Puente Grande.

El juzgador de control explicó que la competencia asumida inicialmente en el Estado de México “por razones de seguridad” fue superada al confirmarse que los procesados se encuentran recluidos en el Reclusorio Metropolitano del Estado de Jalisco y no en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, en Almoloya.

Asimismo, precisó que los hechos ocurrieron en territorio jalisciense y que en el tribunal de Puente Grande ya existían causas penales abiertas conexas con los mismos acontecimientos, entre ellas la causa primigenia 412/2025.

Al analizar el expediente del amparo indirecto tras la declinatoria del proceso penal originario, el juez de distrito de Toluca concluyó que carecía de jurisdicción territorial para resolver sobre la constitucionalidad de las medidas dictadas.

Sostuvo que resulta necesario preservar la unidad del proceso y evitar resoluciones contradictorias, concentrando las actuaciones ante la autoridad judicial del lugar donde ocurrieron los hechos, donde se tramitan los juicios principales y donde permanecen recluidos los imputados.

Por ello, dispuso el envío del expediente electrónico al juzgado federal jalisciense para que asuma el conocimiento del juicio constitucional.

AMPARO A POLICÍA DE TALA

Con anterioridad, en un juicio de amparo paralelo relacionado con las mismas investigaciones, el expolicía municipal de Tala, Jalisco, Emmanuel Avelar Manjarrez obtuvo la protección de la justicia federal frente al proceso penal incoado en su contra por el delito de desaparición forzada.

La sentencia fue dictada por el titular del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, Jesús Terríquez Basulto, dentro del expediente de amparo indirecto XXX.

El fallo dejó sin efecto la resolución del 23 de abril de 2025 emitida por la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, la cual había confirmado el auto de vinculación a proceso dictado contra el exservidor público por el juez de control con sede en Tequila.

La imputación derivó de la detención de un motociclista ocurrida el 16 de septiembre de 2024 en Tala, quien declaró haber sido interceptado por policías municipales y trasladado al Rancho Izaguirre en Teuchitlán, donde permaneció retenido hasta su rescate por la Guardia Nacional dos días después.

El juez federal determinó que la sala penal omitió responder a los planteamientos centrales expresados por la defensa durante la apelación.

Entre los puntos ignorados figuraba que la víctima describió que sus captores portaban uniformes verdes, mientras que los informes oficiales de la policía de Tala establecen que su personal utiliza prendas azules.

Tampoco se atendieron las objeciones sobre las patrullas señaladas ni las irregularidades denunciadas en un procedimiento de identificación fotográfica basado en 227 imágenes.

La resolución ordenó a la sala emitir un nuevo fallo donde examine de manera completa y razonada los argumentos defensivos.

NO MÁS PERITOS

En otra vertiente judicial vinculada al mismo caso, ZETA dio a conocer hace un par de semanas que el Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Tercer Circuito resolvió declarar inadmisible un recurso interpuesto por la Fiscalía General de la República para sumar más especialistas a la inspección del Rancho Izaguirre.

El desacuerdo surgió en julio de 2026, cuando la FGR solicitó incorporar peritos e investigadores adicionales a las labores de campo autorizadas en una orden de cateo otorgada en marzo de 2025.

El juzgado de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Puente Grande rechazó la petición tras considerar que en la autorización inicial ya se había avalado la entrada de especialistas en diversas materias, por lo que no procedía integrar a más personal dentro del mismo trámite.

La representación social apeló la negativa para intentar revertir la decisión. Sin embargo, los magistrados del tribunal de alzada determinaron que la impugnación resultaba improcedente.

Los colegiados explicaron que la ley contempla un listado cerrado de resoluciones que pueden ser revisadas en segunda instancia y que la negativa de agregar peritos a una diligencia de cateo concedida previamente no equivale a la negativa de un cateo ni encuadra en los supuestos permitidos para la apelación.

Con este fallo se confirmó el acuerdo de la jueza de primera instancia, manteniendo los límites fijados para la diligencia en el Izaguirre Ranch (Rancho Izaguirre), predio ubicado en La Estanzuela, en Teuchitlán.

Dicho inmueble fue intervenido inicialmente el 18 de septiembre de 2024 tras un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Guardia Nacional, operativo en el que se logró la detención de diez personas, el rescate de dos víctimas retenidas y el hallazgo de un cuerpo sin vida.

Los capturados en el rancho de adiestramiento conocido como “La Escuelita” fueron sentenciados inicialmente a la condena de 141 años tres meses de prisión por desaparición de persona cometida por particulares agravada y el homicidio; sin embargo, en segunda instancia la pena de 131 años tres meses de cárcel.

Otro procesado en este asunto es el exalcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago, que igualmente se encuentra encausado por desaparición forzada y delincuencia organizada, quien perdió el amparo contra el auto de vinculación y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

FUENTE/MEDIO: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: REDACCIÓN.
ENLACE: https://zetatijuana.com/2026/10/juez-del-estado-de-mexico-declina-amparo-a-jalisco-por-rancho-izaguirre/

No hay pruebas de disparos hacia EU, dice Sheinbaum; se activa operación espejo

México y Estados Unidos reforzaron la vigilancia en la frontera de Tamaulipas mediante una operación espejo coordinada entre fuerzas de ambos países.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el gobierno de México no cuenta con evidencia de que se hayan realizado disparos desde territorio mexicano hacia Estados Unidos, pese a que autoridades de ese país señalaron que se registró este hecho en la frontera. Ante ello, indicó que México solicitó las pruebas correspondientes.

“Nosotros hemos pedido pues todas las evidencias de que esto fue así porque no tenemos evidencia”, señaló Sheinbaum este lunes durante su conferencia matutina. Agregó que ningún elemento de la Guardia Nacional, la Defensa o la Marina ha detectado disparos desde la frontera mexicana hacia territorio estadounidense.

Operación espejo se activa en Tamaulipas

A pesar de la falta de evidencia, Sheinbaum explicó que México acordó realizar operaciones espejo con Estados Unidos para prevenir cualquier incidente en la zona fronteriza. El despliegue comenzó este domingo en Tamaulipas y contempla la coordinación de fuerzas de seguridad de ambos países en sus respectivos territorios.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la operación participan por parte de México 500 elementos del Ejército y la Guardia Nacional, además de dos helicópteros UH-60 de la Fuerza Aérea, drones y equipos antidron móviles y semifijos.

La operación se desarrolla en la frontera de Nueva Ciudad Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo y Díaz Ordaz, Tamaulipas. La Sedena informó que los mandos de la XI Región Militar y de la Octava Zona Militar establecieron comunicación con sus contrapartes de la Fuerza de Tarea Conjunta “Frontera Sur” de Estados Unidos para coordinar las acciones.

Sheinbaum explicó que el objetivo de la operación espejo es mantener presencia simultánea de fuerzas de ambos países a lo largo de la frontera y evitar nuevos incidentes. “Para prevenir cualquier situación ya se hizo un operativo espejo y ahora pues se va a hacer otro operativo espejo”, dijo.

La presidenta detalló que estas acciones contemplan la participación de elementos mexicanos de la Guardia Nacional, Defensa y Marina, mientras que del lado estadounidense intervienen integrantes del Comando Norte y la Guardia Costera, debido a que las operaciones se realizan en torno al río Bravo.

México y EU refuerzan vigilancia en el río Bravo

El despliegue mexicano se suma al realizado desde el sábado en Matamoros, donde la Secretaría de Marina informó sobre la presencia de 159 elementos navales, 11 vehículos y dos drones como parte de la Operación Sable y de los mecanismos de cooperación con Estados Unidos. En el lado norte de la frontera, Estados Unidos desplegó aproximadamente 500 elementos militares como parte de la operación “Vanguardia Ardiente”.


Por su parte, el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, señaló que la Embajada de Estados Unidos ayudó a coordinar el despliegue mexicano en la zona donde, según autoridades de ese país, se registraron disparos contra elementos de la Guardia Costera estadounidense.

Johnson afirmó que los mandos militares mexicanos mantendrán comunicación directa con las fuerzas estadounidenses desplegadas y que ambos países buscan patrullar sus respectivos lados de la frontera para proteger a las comunidades y dificultar las operaciones de organizaciones criminales y terroristas.

La Sedena sostuvo que la cooperación bilateral se desarrolla bajo principios de “reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y territorios soberanos”. La dependencia indicó que este tipo de acciones se realizan desde febrero de 2025 y tienen como objetivo contribuir a evitar el tráfico de drogas y personas.

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ANIMAL POLÍTICO.
ENLACE: https://grupoanimal.mx/politica/pruebas-disparos-eu-sheinbaum-operacion-espejo

Sandra Cuevas se destapa una vez más para buscar la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México

Cuevas hizo este nuevo destape poco más de un mes después de que, el 27 de agosto último, se dio a conocer que el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México la inhabilitó durante un año para ejercer cargos públicos por abuso de funciones

La exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, se destapó, una vez más, para buscar la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Ahora puso la mira en 2030 y aseguró que se prepara desde este momento para llegar a esa elección como candidata, después de que su primer intento por disputar el cargo, en el proceso electoral de 2024, terminó sin que consiguiera la postulación. 

El anuncio lo hizo este 5 de octubre desde Madrid, España, mediante un video que compartió en su cuenta de X, cuando aún faltan tres años y ocho meses para la próxima elección de la jefatura de Gobierno y mientras en la capital ya está en marcha el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027, que renovará las 16 alcaldías, 204 concejalías y las 66 diputaciones del Congreso de la Ciudad de México, pero no el Ejecutivo local.

Cuevas hizo este nuevo destape, además, poco más de un mes después de que, el 27 de agosto último, se dio a conocer que el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACDMX) la inhabilitó durante un año para ejercer cargos públicos por abuso de funciones en el Operativo Diamante, implementado durante su gestión en Cuauhtémoc.

En el video que publicó este lunes, la exalcaldesa informó que inició estudios de Comunicación y Periodismo en Madrid y agregó: “Quiero que para el 2030 tengan a la candidata a la jefatura de gobierno mejor preparada, que les pueda brindar seguridad y que sepa trabajar. Eso ya lo demostré”. 

Su estancia en España tendrá también una vertiente empresarial, pues aseguró que busca ampliar Sandra Cuevas Diamond Group y llevar a Madrid dos de sus marcas: Sandra Cuevas Galería de Arte y Sandra Cuevas Tequila.


El volátil peregrinaje de Sandra Cuevas rumbo a 2030

El reciente anuncio que hizo la también empresaria de buscar la jefatura de Gobierno en 2030 se suma a una trayectoria en la que ha modificado en distintas ocasiones tanto sus planes electorales como las fuerzas políticas con las que ha buscado competir. 

De hecho, la ambición de conquistar la capital en la próxima década está precedida por una promesa pública que apuntaba en la dirección opuesta: el abandono total de los escenarios políticos. El 21 de febrero de 2023, en medio de una confrontación abierta con la entonces jefa de Gobierno y hoy presidenta de México, Claudia Sheinbaum —a quien acusaba de persecución—, Cuevas anunció públicamente que se retiraría de la política al concluir su administración en 2024. 

La promesa de retiro expiró en menos de un semestre. El 14 de agosto de ese mismo año, la funcionaria utilizó la explanada de Cuauhtémoc para lanzar el proyecto “Construyendo la nueva capital” y destaparse formalmente como aspirante a la candidatura a la jefatura de Gobierno de la alianza PAN-PRI-PRD, el mismo bloque que la llevó a gobernar Cuauhtémoc en 2021. 

La oposición terminó por cerrar filas en torno a Santiago Taboada, entonces alcalde de Benito Juárez y actualmente titular de la Secretaría de Acción Política del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, dejando a Cuevas fuera de la candidatura y detonando su ruptura con el bloque opositor.  

El pragmatismo electoral no tardó en manifestarse. El 19 de febrero de 2024, apenas seis meses después de su quiebre con la oposición, reapareció bajo las siglas de Movimiento Ciudadano (MC), recibiendo la constancia para competir en la segunda fórmula al Senado por la Ciudad de México junto a Alejandra Barrales. 

La aventura naranja en las urnas del 2 de junio de ese año resultó un fracaso y la excandidata se fue con las manos vacías.  

El origen monrealista

Aunque la controvertida exalcaldesa construyó buena parte de su perfil público a partir de la confrontación directa con Morena, en noviembre de 2023 el entonces dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, reconoció en entrevista que la postulación de Cuevas en 2021 surgió de un acuerdo entre integrantes del perredismo y Ricardo Monreal, hoy coordinador de los diputados federales de Morena, para enfrentar a Dolores Padierna, exjefa delegacional de Cuauhtémoc y candidata de Morena y PT a la alcaldía en aquella elección. 

Aquella alianza fáctica terminó en un severo distanciamiento. En mayo de 2025, Cuevas acusó públicamente a Monreal de amenazas y reveló que el entonces senador asesoraba en secreto a alcaldes de oposición para confrontar a Sheinbaum. Además, admitió haber operado junto al zacatecano para favorecer al bloque opositor en los comicios locales.  

El abrazo a la 4T

El cambio más drástico en la estrategia de la política capitalina de cara a 2030 se evidencia en la radical reconfiguración de su postura frente al bloque oficialista. En enero de 2024, tras consumar su quiebre con la coalición opositora, la entonces alcaldesa intentó construir un camino independiente mediante el lanzamiento de su propia plataforma política: la Organización por la Familia y la Seguridad de México. Presentado con un despliegue mediático en la Arena México, este movimiento nació con la promesa explícita de convertirse en partido político nacional para las elecciones intermedias e impulsar una agenda ajena a los partidos tradicionales. En aquel momento de fervor fundacional, Cuevas descartó tajantemente cualquier convergencia con el oficialismo, asegurando que no podía respaldar un proyecto del que no formaba parte. 

Sin embargo, para 2026, la brújula ideológica y el destino de su militancia propia se invirtieron por completo. El 13 de enero de ese año, Cuevas sorprendió con un llamado abierto a "cerrar filas" en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch.  

Al mismo tiempo que calificó de "hipócrita" a la oposición del PAN, PRI, PRD y a su última plataforma electoral, Movimiento Ciudadano.  

Ya iniciado formalmente el proceso electoral de 2027, Cuevas buscó terminar de sepultar su pasado opositor durante una entrevista el 28 de septiembre último en el programa El Macanazo de El Heraldo de México.  

En dicho espacio, la exalcaldesa confirmó su respaldo a una eventual candidatura de la morenista Citlalli Hernández para disputar la alcaldía Cuauhtémoc, actualmente gobernada por la opositora Alessandra Rojo de la Vega.