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La nueva Ley Indígena que quiere Sheinbaum detona la rebeldía de pueblos originarios y afromexicanos

Por: Draco Dracul on lunes, octubre 05, 2026 / Comentarios: 0 ,

Organizaciones indígenas y culturales advierten que la iniciativa presidencial continúa el despojo neoliberal y legaliza la apropiación cultural. Denuncian que los artículos 33, 157, 158 y 159 son los más críticos por dejar fuera del control comunitario recursos estratégicos y el patrimonio cultural

Cuando se realizó la mayoría de las asambleas regionales del llamado proceso de consulta sobre la propuesta de iniciativa de Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas, organizaciones y comunidades nahuas, mayas, purépechas, totonacas, popolucas, chontales y afromexicanos, entre otros, reclaman a la presidenta Claudia Sheinbaum que desista de llevar ese documento para su aprobación ante el Congreso de la Unión.  

El 29 de junio último, cuando firmó la convocatoria para este supuesto proceso de consulta, la mandataria adelantó que una vez que esa propuesta fuera “mejorada, aprobada o lo que digan los pueblos”, se va a presentar en la Cámara de Diputados el 12 de octubre, en el Día de la Nación Pluricultural.

Pero al faltar ya sólo unas semanas para que ese proceso concluya, comunidades y organizaciones han firmado pronunciamientos en los que demandan que se declare nula o que se extienda esta consulta. Y advierten que, en caso de concretarse la aprobación de esa ley, emprenderán una lucha jurídica y de protesta social.

La organización “Indígenas 3D” habilitó lo que llama el “mapa de la inconformidad” en el cual ha documentado que en 112 comunidades, municipios y regiones se han emitido pronunciamientos, acuerdos de asamblea u otras acciones por parte de pueblos indígenas y afromexicanos.   
En principio, en los pronunciamientos denuncian que la supuesta consulta convocada por el Instituto de Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal incumple con los estándares internacionales que marca el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI).
Sin embargo, las principales críticas y protestas se refieren al contenido y fondo de la propuesta presidencial, pues la consideran “regresiva” y hasta “inconstitucional”.

El Congreso Nacional Indígena (CNI) afirma que la iniciativa impulsada por la 4T realmente da continuidad al proyecto neoliberal de despojar y privatizar las tierras y territorios de los pueblos indígenas del país, lo cual inició con la reforma al artículo 27 constitucional en 1992.
“Esta ley fue elaborada por una cúpula allegada a la presidenta de la República, no es hecha para los pueblos indígenas, sino para facilitar el acceso de los grandes capitales a nuestros territorios; saquear, destruir y mercantilizar nuestros bienes comunes, naturales y culturales, atacando y reprimiendo a los pueblos en resistencia frente al embate capitalista, patriarcal, extractivista y colonial”, asegura el CNI.
A la vez que la Coordinación de Comunidades de la Cañada de los Once Pueblos, de Michoacán, sostiene que esta iniciativa de Ley General “es un retroceso a siglos de resistencia y lucha frontal contra el sistema” que quiere desaparecer a los pueblos indígenas de “la historia de la humanidad”.

Aunque la presidenta Sheinbaum calificó a este proceso de consulta como “un ejercicio único en la historia de México”, los pueblos y comunidades le han recordado que entre 2019 y 2021 fueron convocados a una consulta por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, proceso que levantó expectativas de que se avanzaría en el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés.

En septiembre de 2021 entregaron a López Obrador una propuesta para reformar 15 artículos constitucionales, pero la iniciativa enviada al Congreso de la Unión sólo contempló modificar al artículo 2. Con la reforma de septiembre de 2024 se reconoció a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

La iniciativa promovida ahora por el ejecutivo federal se conforma de ocho libros, 453 artículos y 11 transitorios. Sería la ley reglamentaria del Artículo 2, que tenía 180 días expedirse, es decir, que debió estar aprobada desde marzo de 2025. 

Ley "regresiva e inconstitucional"
Organizaciones como el CNI, el Colectivo Jól Dhut’ – Timél Ja’, Indígenas 3D y el Consejo del Patrimonio Cultural Originario (COPACO), entre otros, han alertado sobre los contenidos regresivos del documento bajo consulta.

Indican que, si bien la iniciativa habla sobre “libre determinación” y “autonomía”, estos derechos se establecen como una concesión o tutela del Estado. Los artículos del 16 al 24 condicionan el reconocimiento de la personalidad jurídica de los pueblos a que cumplan un “ritual burocrático”, de asambleas, actas constitutivas, registro ante el INPI y publicaciones en el Diario Oficial de la Federación.
Uno de los puntos considerados más crítico es que el artículo 33 señala que los pueblos pueden disponer de sus recursos naturales “salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas”, sin definir qué abarca esa excepción.
Las organizaciones consideran que esto dejaría abierta la puerta para que la minería, el fracking, megaproyectos o el agua, queden fuera del control comunitario.

Más aún, los artículos 330 al 336 establecen que el INPI y la Segob definen la procedencia de una consulta y que ésta puede no proceder si se dictamina que el impacto generado es “no significativo”, con lo que un proyecto podría continuar sin el consentimiento de la comunidad.

De la misma manera, indican que en la propuesta de iniciativa se conceden privilegios para el sector energético, pues se asienta que la Manifestación de Impacto Social de ese tipo de proyectos condicionaría el dictamen de una consulta.

El jurista indígena Francisco López Bárcenas ha expuesto en diferentes foros que la propuesta de iniciativa promovida por el Ejecutivo federal recae en la inconstitucionalidad porque restringe el ejercicio de derechos reconocidos o establece requisitos que no contempla el Artículo 2 Constitucional en cuanto a los derechos de autonomía, propiedad intelectual colectiva y consulta.

“Ley Xcaret”

El Consejo del Patrimonio Cultural Originario (Copaco) alerta que el Capítulo VI, sobre “Patrimonio cultural y propiedad intelectual colectiva” contiene una serie de artículos que ponen en riesgo los derechos sobre patrimonio cultural.

La Copaco considera que la propuesta parecería surgir de la inconformidad que generó en el poder corporativo la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que impide a Grupo Xcaret continuar usando elementos del patrimonio cultural maya y estaría pensada para proteger este tipo de prácticas y no a los pueblos originarios. Por eso la llama “Ley Xcaret”.

En su análisis, menciona que el artículo 158 deja asentado que cuando un tercero quiere usar comercialmente elementos del patrimonio, lo negociaría, al margen de la comunidad, con la Secretaría de Cultura y el INPI, los cuales emiten un dictamen de titularidad en 30 días hábiles. Después, la comunidad tiene 30 días para dar su consentimiento, lo cual califica como una “tutela paternalista” y una trampa para dificultar a las comunidades el derecho de decir no. 

El mismo artículo 158 faculta a la autoridad para fijar "tabuladores" que determinan el valor del uso del patrimonio. Mientras que el artículo 157 crea un Fondo para la Protección y Promoción del Patrimonio Cultural, que recibe y administra esas contraprestaciones. A eso se suma que el consentimiento otorgado "tendrá validez y eficacia jurídica sin riesgo de suspensión o anulación”.
El Copaco considera que el artículo 159 sería el más dañino del capítulo, pues legaliza la apropiación cultural, al señalar que no se requiere consentimiento cuando el elemento cultura se retoma para crear una obra “nueva, original y con aportación creativa propia” o cuando se trata de elementos, historias o tradiciones consideradas "comunes o habituales de la cultura nacional".
Igual, ese artículo permite usar el patrimonio” con fines de investigación científica. Es justo la rendija que necesitan las farmacéuticas para acceder a nuestra medicina tradicional y a nuestros conocimientos sobre las plantas”, advierte la Copaco.

Para colmo, el artículo 157 sustituye la defensa del patrimonio por "mecanismos alternativos de solución de controversias" a cargo de la Secretaría de Cultura.

Eso frenaría sanciones a marcas de moda, consorcios turísticos o trasnacionales que plagian diseños textiles, iconografías o técnicas tradicionales, mientras que las otras disposiciones fomentarían la mercantilización y folclorización de la cultura.

El CNI considera que esta propuesta está inspirada en las reservaciones indígenas estadunidenses y que “seguramente” fue revisada por las cúpulas militares y las cámaras empresariales.

Consultas: apresuramiento y acarreos
Las bases de la consulta establecieron que en sólo 37 días –del 1 de julio al 6 de agosto– se realizaría la etapa informativa. Eso implicó que los representantes del gobierno visitaran 16 mil 728 comunidades catalogadas como indígenas por el INPI –lo que equivale a 440 por día– para entregar y explicar los materiales a consultar.

De acuerdo con testimonios de pobladores, esta etapa se hizo de manera apresurada, con la entrega a unas cuantas autoridades de cada comunidad de los documentos, donde lo que importaba era tomar foto y video para cumplir con el protocolo.

Raymundo García López, representante de Serranos Unidos en Resistencia Indígena (SURI) de Puebla, explica que esta organización decidió no participar en este ejercicio al quedar claro que tendría el mismo formato que se usó en el sexenio de López Obrador y que fue cuestionado por la Relatoría Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas.

En este esquema, señala, la participación se restringe a opiniones y sugerencias, pero no a que los pueblos indígenas efectivamente lleguen a acuerdos con el Estado. Así, las aportaciones que se presentan no tienen carácter vinculatorio y el gobierno no está obligado a incorporarlas a la iniciativa que llevarán al legislativo.

En una segunda etapa se contemplaba que las comunidades y pueblos deliberarían de manera comunitaria conforme a sus sistemas normativos. García López asegura que en la Sierra Norte de Puebla esas asambleas comunitarias no se realizaron.

Ángel López Pérez, líder de la Unidad Indígena Totona-Náhuatl (Unitona), expone que los documentos sólo se distribuyeron entre presidentes municipales, comisariados, inspectores y otras autoridades que no son electas en asambleas, que es el máximo órgano de decisión de los pueblos indígenas.

Luego de la etapa deliberativa siguieron las 82 asambleas regionales.  La del 30 de agosto, realizada en Cuetzalan, López Pérez se presentó con el bastón de mando como autoridad tradicional de su comunidad, sin embargo, los organizadores sólo le permitieron participar como público general.
El líder indígena de la Sierra Norte considera que el ejercicio fue sólo para validar una reforma que ya está “planchada”, pues incluso los alcaldes y otras autoridades llevaron “acarreados” que sólo levantaron la mano cuando se les requirió.
En un pronunciamiento, la Organización Independiente Totonaca de Huehuetla, resume que “no se puede llamar consulta a la convocatoria improvisada de personas que tienen un cargo y sello como autoridades comunitarias, cuando sólo se les entrega el material en el mismo momento del ejercicio, se lee en español de manera literal sin dar explicaciones ni contextualizar en los idiomas totonaco y náhuatl y se agiliza la votación de los presentes para cumplir con un requisito”.

Las agrupaciones denuncian que hubo cientos de comunidades que ni siquiera se enteraron de la consulta o que no pudieron participar por lo alejado de las sedes.

El Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET), de los pueblos originarios Mè’phàà y Na Savi, reclama en un escrito: 
“Nada se menciona sobre la nueva territorialización encabezada por grupos del crimen organizado que están asumiendo no sólo el control del territorio y los bienes naturales, sino que además se están apropiando de las estructuras de gobernanza que tenemos, de tal manera que, asumir que la Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano engrandece nuestra condición de derechos, es un falso supuesto”.
Las comunidades de San Miguel y Santa María Chimalapa, de Oaxaca, rechazaron ser sede de una asamblea. En tanto que en Pátzcuaro y en Cherán, Michoacán, representantes de comunidades indígenas purépechas impidieron que se concretaran asambleas regionales en esas sedes.

Igual, el Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios del Anáhuac abortó la consulta en Milpa Alta. “Un foro no es consulta”, escribieron en el piso.

Esa organización convocó para el 12 de septiembre al “Foro para analizar y acordar acciones conjuntas sobre la Ley General de Pueblos Indígenas y Afromexicanos”.
La asociación “México Negro” promovió un amparo por la exclusión de entidades con población afromexicana como Zacatecas, Tamaulipas y Aguascalientes.
Raymundo García Pérez dice que “ojalá” que la presidenta rectifique y no presente esa iniciativa porque sería ilegítima e ilegal. “Que abra un espacio de diálogo porque si no, vamos a estar en un espacio de confrontación permanente”, añade.
Y en un pronunciamiento, el Colectivo Semillas de Resistencia Ñomtiuuncue advierte: “Una ley que pretende reconocer nuestros derechos no puede construirse vulnerando esos mismos derechos en el proceso de su elaboración y consulta”.
FUENTE/MEDIO: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.
ENLACE: https://www.proceso.com.mx/nacional/2026/10/5/la-nueva-ley-indigena-que-quiere-sheinbaum-detona-la-rebeldia-de-pueblos-originarios-y-afromexicanos-381148.html

Llevarlos de un estado a otro, la nueva fórmula de los cárteles para desaparecer a los jóvenes

Por: Draco Dracul on lunes, octubre 05, 2026 / Comentarios: 0 , ,

En Jalisco, adolescentes son captados mediante falsas ofertas de empleo, amenazas, videojuegos y redes sociales, y luego trasladados a Zacatecas, Nayarit, Guerrero y Sinaloa. Existe un patrón: los separan de su entorno, los llevan a campamentos o inmuebles de cautiverio y dificultan las búsquedas al moverlos entre entidades

Dos hermanos de 15 y 16 años fueron privados de la libertad y llevados a una casa de seguridad en Lomas de Tesistán, en Zapopan, Jalisco. Ahí fueron encadenados y golpeados. El inmueble contaba con dos cuartos acondicionados como celdas, con grilletes y diversos objetos utilizados para torturar, entre ellos tablas y machetes.

Los adolescentes estaban cautivos junto con dos hombres adultos, quienes habían sido privados de la libertad cuando estaban reparando un vehículo.

El sitio fue descubierto el 12 de julio último, luego de que se reportaran movimientos sospechosos. El operativo estuvo a cargo del Ejército.
“Fue personal del Ejército mexicano que en su momento logró la liberación de estas personas. Desde luego consideramos que es una casa de seguridad dadas las condiciones en que se encontraba y los objetos que en su momento se llegaron a encontrar en el lugar. Eran dos cuartos tipo celdas. Había grilletes, se encontraron diversos objetos relacionados con tortura, tablas, machetes y cosas de esas. Lamentablemente no se logró la detención en ese momento de alguna persona”, declaró el fiscal general de Jalisco, Salvador González de los Santos.
De acuerdo con el fiscal, los dos adultos contaban con denuncias previas por desaparición. En el caso de los adolescentes no existía un reporte formal porque su madre apenas se disponía a denunciar cuando recibió la notificación del Ejército sobre su localización.

El hallazgo llevó a las autoridades hasta otra propiedad, ubicada prácticamente “a la vuelta” de la casa de seguridad, a media cuadra. En ese inmueble fueron encontrados más de un centenar de equipos de cómputo interconectados mediante cableado industrial, que se sospecha operaba como un call center o centro de monitoreo.

Ante las características del sitio y la posibilidad de que estuviera relacionado con actividades de lavado de dinero, la Fiscalía del estado notificó a instancias federales y dio la información a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la Fiscalía General de la República.

Lo ocurrido en Lomas de Tesistán es una de las expresiones más extremas del fenómeno: adolescentes privados de la libertad, trasladados a inmuebles utilizados como centros de cautiverio y sometidos a violencia.

Otros casos revelan una dinámica distinta: jóvenes contactados en su entorno cotidiano, amenazados, llevados por la fuerza o atraídos mediante falsas ofertas de empleo y posteriormente trasladados a otras entidades.

Jeremy fue llevado de Tonalá a Mazatlán
El 15 de julio de 2026, aproximadamente a las 4:45 de la tarde, Jeremy Alejandro Villegas Anaya, de 14 años, salió de su casa en el fraccionamiento Hacienda Real, en Tonalá, Jalisco. Llevaba únicamente una mochila. Su motocicleta se quedó en la vivienda.

Un mes antes había comenzado a trabajar como repartidor en un negocio de mariscos de la zona de la Central Camionera de Guadalajara. Había dejado la secundaria porque ya no quería estudiar y decidió comenzar a trabajar. Con lo que ganaba en la marisquería pagaba esa motocicleta.

Fue en ese entorno donde comenzaron los contactos con personas que lo buscaban por teléfono y también de manera presencial. Le pedían que acudiera a un punto y, cuando se negaba, lo amenazaban.

“Ven, ven, ven”, le decían, de acuerdo con lo que le relató a una mujer de confianza con la que Jeremy trabajaba.

El adolescente no contó directamente a su familia lo que estaba ocurriendo. Se lo confió a esa mujer, quien le aconsejó que hablara con su mamá. Jeremy se negó porque no quería preocuparla ni darle problemas.

Al día siguiente de su desaparición...

Fragmento del reportaje publicado en la edición 040 de la revista Proceso correspondiente a octubre de 2026

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Gobierno de Sheinbaum busca restar responsabilidad a las Fuerzas Armadas en caso Ayotzinapa: abogados

Por: Draco Dracul on lunes, octubre 05, 2026 / Comentarios: 0 ,

Abogados de los familiares de los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa comparten con Proceso el balance del caso, del informe sobre los avances de las indagatorias

Reconocida como “crimen de Estado” en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador en septiembre de 2023, la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, por la implicación de funcionarios de tres órdenes de gobierno es vista por la administración de Claudia Sheinbaum como “una herida abierta para sus familiares y para el pueblo de México”, de la que se le pretende restar responsabilidad a autoridades federales, sobre todo, a las Fuerzas Armadas.  

Al menos de eso parte el balance que comparte abogados de los familiares de los jóvenes desaparecidos con Proceso, luego de que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj), Arturo Medina Padilla, y el responsable de la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del Caso Ayotzinapa (UEILCA), adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR), Mauricio Pazarán Álvarez, presentarán un informe sobre los avances de las indagatorias y la búsqueda de los normalistas el pasado 28 de septiembre.

A 12 años de los hechos María Luisa Aguilar Rodríguez, directora del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) e Isidoro Vicario Aguilar, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, coinciden, en entrevistas por separado, que las “cuatro nuevas líneas de investigación” presentadas por Medina y Pazarán, no son novedosas, fueron adelantadas por organismos internacionales que colaboraron en los primeros años de la indagatoria, y están “muy lejos de poder acceder a la verdad” de lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

En la presentación del informe a los medios, cuyo contenido ya había sido dosificado a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos desde noviembre del año pasado, Medina y Pazarán expusieron como  elementos relevantes los análisis de telefonía celular la noche del 26 de septiembre en Iguala, identificando “17 nuevos objetivos que ahora son sujetos de investigación”, identificándose llamadas entre miembros de Guerreros Unidos, grupo criminal que participó en los hechos, con  “policías municipales y estatales, servidores públicos y personas relacionadas con funerarias”.

De la revisión de la telefonía se identificó que el dueño de la funeraria “El Ángel”, Rodolfo “N”, utilizó el dispositivo de Julio César Mondragón Fontes, es estudiante asesinado a golpes que apareció la mañana del 27 de septiembre con el rostro desollado. 

Por esos indicios, se cateó el negocio en octubre el año pasado y en febrero del presente, detectándose varias irregularidades relacionadas con la disposición de los restos óseos bajo su resguardo, así como probable uso irregular de documentación oficial, lo que llevó a la detención de siete personas.  

De la revisión de la  telefonía de los estudiantes desaparecidos, se ubicó a personas que tuvieron los aparatos celulares, una de ellas un ex servidor público de Iguala contra quien se ejerció acción penal “por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas”; otro más habría estado en manos de un policía municipal que “se encuentra bajo investigación”, y el último fue usado por la pareja sentimental de un servidor público de Iguala que estaba adscrito a la barandilla municipal, lo que “contradice lo declarado por José Ulises  “N”, ex juez de barandilla, a la entonces PGR”, y quien se encuentra asilado en Estados Unidos.   

Como “tercera línea de investigación”, los funcionarios se refirieron a la identificación de un integrante de Guerreros Unidos que al momento de los hechos tenía 14 años y que fungiría como “halcón” del grupo criminal, quien rindió declaración ministerial el 30 de julio de este año, testimonio “que refuerza las imputaciones a miembros de la organización criminal”.  

En tanto que la última línea de investigación está relacionada con la detención del exgobernador Ángel Aguirre Rivero, acusado de ordenar la destrucción de las videograbaciones de las cámaras de seguridad del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, a partir de declaraciones de dos testigos protegidos, una de ellas la expresidenta del Poder Judicial de Guerrero, Lambertina Galeana Marín, y la exvisitadora general del TSJ, Blanca del Rocío Estrada.  
No hay nuevas líneas de investigación, todo lo que han informado fue recomendado de por los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), nomás que las autoridades no habían hecho lo propio. 
“Por ejemplo el tema de las funerarias, eso se dio a partir de que encontraron una bolsa supuestamente en el río de San Juan por elementos de la Marina y de esos restos dio positivo al primer estudiante, Alexander Mora de Venancio”, señala Isidoro Vicario, al recordar que los forenses argentinos concluyeron que el resto con el que se identificó al normalista había sido sometido a fuego controlado, es decir en un crematorio.

La revisión de la telefonía celular de los jóvenes no sólo fue una de las primeras exigencias de los familiares de los estudiantes y recomendaciones del GIEI desde su primer informe, sino que en el informe del Mecanismo Especial de Seguimiento del Asunto Ayotzinapa (MESA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de noviembre de 2018, tras la primera salida del GIEI. 

Desde 2018 el organismo de la CIDH daba cuenta de que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) ya había identificado “9 teléfonos y/o IMEI de lo estudiantes (que) tuvieron actividad después de la medianoche del 26 de septiembre de 2014 (…) y que al menos uno de ellos fue encontrado en manos de un funcionario de seguridad pública estatal”, destacándose como los más relevantes los hallazgos en los casos de los dispositivos relacionas con Martín Getsemaní Sánchez, Miguel Ángel Hernández Martínez y José Antonio Tizapa Legideño.  

El último caso fue presentado como nuevo en el reporte presentado por Medina y Pazarán, cuando al menos desde 2018 en el expediente del caso Iguala había “dos informes de Cenapi (Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia), en el primero se informa la identificación de 7 usuarios de líneas telefónicas, relacionadas al IMEI asociado al estudiante Jorge Anonio Tizapa Legideño”, y en el segundo “se precisa que una de esas personas es un policía estatal”.  

En los otros dos casos, ya se había identificado que el aparato telefónico de Miguel Ángel Hernández se halló en manos de una “trabajadora de un bar”, que al entrevistarla declaró que se lo proporcionó un familiar que a su vez lo adquirió de una persona apellidada “El Gallina”, quien hasta ese momento no había sido ubicado 

Del IMEI asociado a Martín Getsemaní, lo que se sabía en ese momento, es que el celular fue hallado en manos de la “pareja sentimental” de quien fuera chofer del ex secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores.  

  De los elementos presentados el lunes 28 de septiembre, el abogado de Tlachinollan resalta que en el caso del miembro del Guerreros Unidos que era adolescente, era identificado en los testimonios “extraídos bajo tortura”, como Bimbo, y que las familias de los jóvenes han descartado que sea relevante.  

“Este personaje está aportando información de los puntos donde están realizando algunas búsquedas, pero lo lamentable es que no hay resultados. A finales de julio y principios de agosto fuimos con los padres y madres a un punto de búsqueda en Cocula a partir de la información de este cuate, después de una jornada ahí de dos o tres días, no apareció nada más que como ropa; faltan dos o tres puntos a revisar, pero los padres y madres no confían porque si ya falló en el primer punto, no hay certeza de que haya resultados en los otros”, resalta.  

Otro elemento que genera dudas entre los padres y madres, dice Isidoro Vicario, es la línea relacionada con la funeraria El Ángel, porque en 2014 “estaba en otro lugar, no donde está actualmente ahorita, junto al Semefo, donde se encontró esa misteriosa bolsa que probablemente pudiera contener restos y que está etiquetado ‘2014’, para los padres lo lógico es que esa bolsa se hubiera encontrado la otra funeraria, no acá”. 

Más aún, advierte que en el primer cateo de octubre de 2025 en las recientes instalaciones de la funeraria “no encontraron nada y en un segundo cateo que se hace en este año, ahora aparece esa bolsa, por eso los padres consideran que si en esa bolsa hay restos, que se sometan a los estudios correspondientes coordinados con el EAAF para poder tener certeza de los resultados”. 

La versión de que los estudiantes habrían sido incinerados en una funeraria que todavía no existía en 2014, tampoco es nueva. Fue divulgada por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador en su libro “¡Gracias!”, a partir de la declaración de un testigo protegido identificado como “Neto”, tomado por la UEILCA, y de actuaciones ministeriales. 

En las páginas 529 a 534 se describe las acciones llevadas a cabo por el testigo y otro apodado “El Pato”, luego de recibir instrucciones “entre las nueve  once de la noche” del 26 de septiembre de 2014, de una persona presuntamente apodada “El Negro”, para comprar productos de limpieza, y más tarde, “entre las tres o cinco de la mañana”, dirigirse rumbo a Cocula, a una bodega ubicada en un lugar conocido como “El Coyote”, al que se accede por terracería, y según el testimonio, era el sitio donde se distribuían los enervantes.  

De acuerdo a la declaración del 22 de febrero de 2021, en ese lugar había más vehículos, y se ordenó a “Neto” y a “El Pato”, trasladar bolsas negras con “cuerpos destazados” a la funeraria Urióstegui, ubicada en la colonia Ruffo Figueroa, de donde “se percibía un olor de cuerpos quemándose” y después llevarían más cuerpos “al crematorio de “Los Verdes”. El operativo descrito, en el que se menciona a un “Bimbo” como una persona que ayudó a cargar los cuerpos, terminaría con la limpieza de ambas funerarias.  

Versión de AMLO
El libro de López Obrador transcribe las actuaciones ministeriales de reconocimiento de los puntos señalados por “Neto” realizadas tres días después de recabado el testimonio. Los agentes ministeriales certificaron el lugar del testigo donde habría recogido las bolsas negras con “cuerpos destazados”, rumbo a Cocula, las instalaciones de la “Funeraria Urióstegui” en Iguala y a la de “Funeraria El Ángel”, junto al Semefo de Iguala, sin que se mencionara en la descripción la presencia de crematorios en las instalaciones.  

María Luisa Aguilar resalta que desde noviembre de 2025, en las reuniones con la presidenta Claudia Sheinbaum y de la Covaj, se le dio fuerza a la versión del crematorio como resultado de la revisión de la telefonía, circunstancia por la que sólo una persona, el dueño de la funeraria, está siendo procesado por la desaparición de los jóvenes, ello a pesar de que en el reciente informe se habla de siete personas detenidas.  

Al recordar que las familias de los jóvenes desaparecidos han exigido “la verdad sin importar qué dolorosa sea”, Aguilar Rodríguez llamó a las autoridades a ser “responsables, que haya una investigación que tenga solidez pericial, que sea real, como explicar qué capacidad tenían los hornos en ese momento, septiembre de 2014, no ahorita”. 

“Lamentablemente sería una versión en la que difícilmente habría posibilidades de identificación, en ese contexto, si es a dónde va la principal línea de investigación, así parece por la forma en que fue presentada aunque no lo dijeron expresamente, pues a nosotros nos parece que tiene que ser algo muy cuidadoso para las familias, que tiene que tener mucha solidez pericial y que tiene que ser responsable de que, difícilmente se va a poder a 12 años, se va a poder dar una explicación total del minuto a minuto, si no luego pues se empieza a abusar de otras medidas, como el uso de testigos colaboradores, como ya se ha hecho en este caso”, advierte la directora  del Centro Prodh.  

Aguilar Rodríguez resalta que entre las alertas que han prendido las familias y se la han expresado a las autoridades tiene que ver con el uso de testigos colaboradores en la cacareada detención de Ángel Aguirre Rivero, que “dista de la versión de la investigación con perspectiva científica, pues la acusación está basada sólo en dos testimonios, por lo que, en reunión con la presidenta, las familias han sido muy claras al pedir que se fortalezca esa investigación, considerando que el juez de vinculación puede dictar un auto (de formal prisión), pero en los siguientes momentos del proceso penal el estándar probatorio tiene que subir, sobre todo si lo quieren sostener en un juicio”.  

Los abogados de los padres y madres de los estudiantes desaparecidos lamentaron que en el informe presentado no se dio respuesta a sus exigencias, como lo es el regreso de expertos independientes y sobre todo la entrega por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de los 853 folios de inteligencia militar que ya han sido ordenados por un juez de distrito en el amparo 1350/2023.  

Sobre esos temas, en la conferencia del 28 de septiembre, el subsecretario Medina Padilla argumentó que la CIDH había dado por concluidos los trabajos del GIEI, por lo que no era posible reactivarlo y que se exploraba una posibilidad de asistencia internacional con el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU (ONU-DH).  

En cuanto a la entrega de los folios, el funcionarios respaldó la versión que ha sostenido la Sedena de que ya se habría entregado el material de inteligencia militar relacionado con la desaparición de los jóvenes, 33 folios, y que la Segob “tenía información” del amparo, sin abundar más.  

Sheinbaum y la versión de Sedena
Hasta ahora, la presidenta Sheinbaum ha avalado públicamente la versión de la Sedena, a pesar de que quien emitió la sentencia de amparo, es un juez electo en el proceso de renovación del poder judicial en 2025. 

“El Estado mexicano no tiene una voluntad real de avanzar en el caso Ayotzinapa, tampoco tiene esa voluntad de que se siga manteniendo la asistencia internacional”, sostiene el abogado de Tlachinollan.  

Explica que el sentir de los padres y madres de los 43 normalistas es que el Estado mexicano demostraría su intención de que el caso Ayotzinapa procurando “algún mecanismo para que regresen los expertos”, de manera particular Carlos Beristáin y Ángela Buitrago, quienes se mantuvieron hasta el último momento en el GIEI y que han manifestado su disposición de regresar.  

“No se ve esa voluntad real, de la última reunión que se tuvo el 27 de agosto, de ese tema, lo que dijo la presidenta, ‘bueno, está bien, ya no existe el GIEI, pero si ustedes insisten, pues vamos a pedirle a la secretaria Rosa Icela (Rodríguez) que se comunique con las personas que ustedes dicen’. 

“Esperemos que en una próxima reunión que se tenga, aunque no hay fecha, nos den alguna respuesta concreta, porque para los padres y madres, si los expertos no pueden regresar a través de la CIDH o la ONU-DH, pueden regresar como expertos independientes o externos, la finalidad es que aporten ahí su experiencia para poder avanzar en el caso de Ayotzinapa, pues conocen bien el tema”, sentencia Isidoro Vicario.  

Para la directora del Centro Prodh, lo que se advierte en esta nueva etapa de la indagatoria es que “se está queriendo minimizar otra vez la responsabilidad de las autoridades federales en ese complejo marco de redes macrocriminales que estaban en ese en 2014”.  

Aguilar destaca que las expresiones del informe, señalado que los 17 militares implicados sólo hablaban de “responsabilidades individuales”, e insistiendo en que “no hay ninguna información adicional”, que agregar al caso revela un “acuerpamiento” del Ejército, que implica la protección de personal militar coludido con Guerreros Unidos.  

“Es cierto que sobre los militares procesados, hablamos de responsabilidades individuales, pero más allá de que se busque cuidar esa parte en particular, más bien da una señal o un mensaje de lo que están queriendo es dar un espaldarazo al ejército como institución, pero que creo que sí es difícil decir que la falta de entrega de información, considerando que hay mandatos judiciales, no sea una posición de la institución”, señala la directora del Centro Prodh.  

La situación va más allá, pues a pesar de que la sentencia, emitida en marzo, fue impugnada por la Sedena,”al día de hoy no hay un juzgado que ya haya radicado el amparo”, por lo que el caso está en el limbo jurídico. 

A 12 años de la desaparición de los 43 normalistas, María Luisa Aguilar reconoce que son las familias de los jóvenes estudiantes quienes han “resistido y sostenido esta búsqueda de la verdad de manera muy digna”.  

Lamenta que el caso revele “la falta de acciones adecuadas de parte del Estado en una crisis mayor”, pues los 43 son parte de ese universo de más de 130 mil personas cuyo destino no se encuentra esclarecido. 

 “Ayotzinapa nos recuerda que esa colusión y esa gobernanza criminal que existía en Iguala se mantiene al día de hoy en varias zonas y esos son los contextos donde las familias tienen que estar buscando; nos recuerda  cómo la generalidad las instituciones de atención a víctimas no están a la altura de la crisis que viven las familias buscadoras  día a día;  nos recuerda todas las irregularidades que hay en registros, y lo que hay detrás de esa crisis forense, pues hay realidades como estas del Semefo de Iguala, que doce años después de los hechos, siguen siendo una realidad cotidiana de las mismas instituciones que le tienen que dar respuesta a las familias sobre la identificación de los suyos y al rezago forense”, concluye María Luisa Aguilar.

Oficio apunta que SRE sí fue notificada sobre visita de Johnson a Querétaro; también hubo presencia militar

Por: Draco Dracul on lunes, octubre 05, 2026 / Comentarios: 0 , , ,

En el oficio, con fecha del 23 de septiembre, se puede leer que el gobernador informó al canciller que la visita de Johnson sería únicamente para un acto protocolario y que no implicaba ningún acto de cooperación

El gobierno del estado de Querétaro informó con nueve días de antelación al titular de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, sobre la visita del embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, para un acto protocolario el 2 de octubre, que ahora está bajo la lupa tras los cuestionamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En su conferencia matutina, la titular del Ejecutivo reclamó al gobernador queretano, Mauricio Kuri, por haber encabezado un evento para poner en marcha una escuela policial con el representante estadounidense, sin haber invitado ni notificado a la cancillería y las instituciones de seguridad del gobierno federal.

Sin embargo, a lo largo de la jornada han surgido más elementos sobre el tema.

Primero resurgieron fotos en las que se aprecia que en el evento sí asistieron representantes de las fuerzas armadas: Aldo Raúl Gómez Quintero, comandante interino de Zona Militar de la región; Darío Valadez Arenas, capitán primero, en representación del general brigadier Ricardo Melendrez de la Guardia Nacional, además de Javier Rodríguez Uribe, delegado de la Fiscalía General de la República en la entidad.


Durante la tarde también apareció un oficio en el que se aprecia que el gobierno queretano informó sobre el acto protocolario a la cancillería mexicana. El documento primero apareció en redes y luego medios de comunicación.

En el caso del Sol de Querétaro se atribuye el origen del documento al gobierno de Querétaro.

En el oficio, con fecha del 23 de septiembre, se puede leer que el gobernador informó al canciller que la visita de Johnson sería únicamente para un acto protocolario y que no implicaba ningún acto de cooperación:
El próximo 2 de octubre de la presente anualidad, el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro contará con la visita del Embajador de los Estados Unidos de América en México, Ronald D. Johnson, con quien se abordarán diversos temas de interés común.
Es importante señalar que la interacción de los servidores públicos locales y el agente diplomático en el marco de dicha visita tendrá efectos protocolarios y no implica de ninguna forma el establecimiento de mecanismos directos de cooperación internacional en materia de seguridad o procuración de justicia, ni la participación o intervención de agentes o gobiernos extranjeros en actividades de investigación, persecución de delitos o funciones reservadas al Estado Mexicano o que corresponden a las autoridades mexicanas.


La embajada de Estados Unidos en México informó así la participación de Johnson:
Bajo el liderazgo del presidente Trump, los Estados Unidos y México trabajan estrechamente en nuestra seguridad compartida. En nombre del presidente Trump, acompañé al gobernador Kuri en la colocación de la primera piedra de la Academia Estatal de Interdicción de Querétaro. Esta instalación demuestra que enfrentar a los cárteles y a los grupos terroristas requiere acciones, recursos e instituciones sólidas, como lo está demostrando Querétaro al invertir en esta academia. Cuando nuestras comunidades son seguras, las empresas pueden invertir, las economías pueden crecer y las familias pueden prosperar.



El veloz ascenso de la hija de Esthela Damián a la sombra de la 4T

Por: Draco Dracul on lunes, octubre 05, 2026 / Comentarios: 0 ,

Apenas tiene 27 años, pero acumula un largo currículum a la sombra de la 4T, puestos y contratos incluidos. Se trata de Frida Libertad Cruces Damián, hija de Esthela Damián, exconsejera presidencial. Actualmente trabaja en la ponencia del "Ministro Chicharrón".

Apenas tiene 27 años pero, bajo la sombra de la 4T, Libertad Cruces Damián, hija de Esthela Damián, ha escalado rápidamente en diferentes puestos al amparo del poder. 

Actualmente trabaja en la ponencia del ministro Arístides Guerrero, conocido coloquialmente como “Ministro Chicharrón”. 

Todavía como estudiante de licenciatura, pero siempre cerca de la 4T, Frida Libertad Cruces Damián, hija de la exconsejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián, escaló velozmente en la administración pública capitalina.

A los 21 años la nombraron “asesora” en la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. En sólo cinco años a la fecha ya está consolidada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN), en las ponencias del ministra de la Lenia Batres, y de los ministros Arturo Zaldívar y  Arístides Guerrero, conocido como el “Ministro Chicharrón”.



Frida Libertad es la hija mayor de Esthela Damián –quien dejó la Consejería Jurídica con la presidenta Claudia Sheinbaum para buscar la candidatura de Morena al gobierno de Guerrero-, y el pasado 14 de septiembre cumplió 27 años. 

Frida Libertad también se postuló para la “Magistratura de Circuito en el circuito 1, especialidad Administrativa” en 2025, pero después declinó a su candidatura en la elección del Poder Judicial.

En junio de 2017 concluyó sus estudios de bachillerato en el Tec de Monterrey. Meses después ingresó a la licenciatura en Derecho también en el Tec de Monterrey.



El 1 de diciembre de 2018, Estela Damián fue nombrada directora general del DIF en la Ciudad de México por la entonces jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.

Y, siete meses después, el 1 de junio de 2019, a tres meses de cumplir 20 años, Frida Libertad ingresó a la  SOBSE como “pasante” en la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.

De acuerdo con el contrato 069 17047686/2020 de fecha 23 de enero de 2020, la SOBSE encargó a Frida Libertad “la realización de los servicios profesionales consistentes en coadyuvar en la planeación,  coordinación y organización de las actividades con relación a los distintos operativos de limpieza e Imagen urbana, alumbrado público y recuperación de espacios públicos”.


El contrato lo firmó por la SOBSE, el director General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, Efraín Morales López,  quien actualmente es el director general de la Comisión Nacional del Agua.

Con 20 años de edad, Frida Libertad fue nombrada Jefa de Unidad Departamental de Atención a solicitudes de servicio de la SOBSE el 1 de julio de 2020. Ella todavía cursaba la licenciatura en Derecho en el Tec de Monterrey.

Siete meses después, el 1 de febrero de 2021 fue nombrada “asesora” en la Subsecretaría de Gobierno en la Ciudad de México. Estaba bajó el mando del subsecretario Efraín Morales López, con quién trabajó en la SOBSE. Dejó su puesto de “asesora” el 15 de julio de 2021.

De acuerdo con su declaración de situación patrimonial y de intereses, Frida Libertad obtuvo su título de licenciatura el 8 de diciembre de 2021.

El 16 de julio de 2022, la entonces jefa de gobierno Claudia Sheinbaum nombró a Estela Damián como su “secretaria particular”.

Frida Libertad trabajó en 2023 en la SCJN, como “profesional operativa” en la ponencia del ministro Arturo Zaldívar y un par de meses (hasta enero de 2024) en la ponencia de la ministra Lenia Batres, también como “profesional operativa”.

A los 24 años, Frida Libertad, de manera paralela a su trabajo en la SCJN, se desempeñó como profesora en la Prepa Tec del Tec Monterrey Campus CDMX, incluso llevó a sus alumnas y alumnos a recorridos por el inmueble judicial. Ella reportó ingresos por 93 mil 649 pesos en 2023 por impartir clases.

El 29 de noviembre de 2024, su madre, Esthela Damián, fue nombrada titular de la Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). En diciembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum la nombró consejera jurídica del Ejecutivo Federal, cargo que dejó en abril de 2026 para buscar fallidamente la coordinación de Morena al gobierno de Guerrero.

En 2025, su hija Frida Libertad obtuvo candidatura para la “Magistratura de Circuito en el circuito 1, especialidad Administrativa”, pero decidió declinar.


Actualmente, Frida Libertad aparece como “Secretaria Auxiliar II” en la ponencia del ministro Arístides Guerrero, el “Ministro Chicharrón”.

De acuerdo con el tabulador mensual, tiene un sueldo total bruto de 79 mil 829 pesos y  diversidad de prestaciones, como prima quincenal, prima vacacional, seguro de vida, seguro colectivo de retiro, ayuda de despensa, apoyo de anteojos o lentes grabados, entre otros.

Tiene su oficina en el Segundo Piso Puerta 3072 en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correo electrónico institucional fcruces@scjn.gob.mx.

De esta forma, Fernanda Libertad, hija de Esthela Damián, se une a la multiplicidad de ejemplos de hijos de personajes de la 4T que tienen veloces ascensos al amparo del poder de sus  padres.

Corte determina que amparos sobre lineamientos de telefonía móvil serán resueltos por juzgados especializados

Por: Draco Dracul on lunes, octubre 05, 2026 / Comentarios: 0 , ,

La Suprema Corte concluyó que la revisión de los lineamientos de telefonía móvil exige conocimientos técnicos especializados en telecomunicaciones

Por mayoría de votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los juicios de amparo indirecto promovidos contra los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles deben ser tramitados por los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción nacional.

La decisión de la SCJN deriva de la contradicción de criterios 111/2026, presentada bajo la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, tras la denuncia promovida por el Juzgado Tercero de Distrito Especializado en Telecomunicaciones.

Origen de la controversia por amparos en telefonía móvil

El asunto se originó por criterios divergentes entre tribunales colegiados especializados en telecomunicaciones y tribunales colegiados en materia administrativa de la región centro-norte.

Los órganos judiciales no coincidían sobre si los amparos contra los lineamientos expedidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones correspondían a un juzgado especializado o a uno de materia administrativa ordinaria.

Al resolver la controversia, la Suprema Corte concluyó que la revisión de estos lineamientos de telefonía móvil exige conocimientos técnicos especializados en telecomunicaciones.

Debate en la Corte: ¿se requieren conocimientos especializados?
Durante la sesión pública del Pleno, la ministra María Estela Ríos González votó en contra del proyecto. Señaló que los lineamientos regulan la identificación de usuarios y la protección de datos personales, aspectos que, a su juicio, corresponden al ámbito administrativo ordinario y no a la especialización técnica.

“La constitucionalidad de los lineamientos aquí controvertidos no exige pronunciarse sobre ninguno de estos aspectos técnicos especializados. Antes bien, el análisis constitucional recae sobre mecanismos de identificación de usuarios y sobre el tratamiento de información personal asociado a la prestación del servicio, materias que corresponden al ámbito administrativo ordinario”.

Asimismo, advirtió que concentrar estos amparos en juzgados especializados de la Ciudad de México podría limitar el acceso a la justicia expedita e imparcial para los usuarios de telefonía móvil en el país.

“Creo que de adoptarse el criterio que se propone se estaría haciendo nugatorio para muchos, para muchas personas, para muchos usuarios de los celulares, el derecho a una impartición de justicia pronta, expedita e imparcial a que se refiere el artículo 17 constitucional”, dijo. 

Votación en la SCJN y resolución de amparos

A pesar de estas objeciones, la postura mayoritaria del Pleno aprobó la contradicción de criterios 111/2026 con seis votos a favor.

A favor del proyecto emitieron su voto los ministros Hugo Aguilar Ortiz, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, Giovanni Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo y Sara Irene Herrerías Guerra.

En contraste, votaron en contra la ministra Lenia Batres Guadarrama, la ministra Ríos González (ambas con anuncio de voto particular) y el ministro Arístides Guerrero García.

En la misma sesión, el Pleno abordó la contradicción de criterios 115/2026, denunciada por la Jueza Primera de Distrito en Materia Administrativa Especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.

Por unanimidad de nueve votos, el Máximo Tribunal declaró sin materia dicha propuesta, al considerar que el criterio jurídico fue resuelto previamente con la jurisprudencia fijada en la contradicción de criterios 111/2026.

Ciberseguridad, prevención y phishing

Por: Draco Dracul on lunes, octubre 05, 2026 / Comentarios: 0 , , , ,

Aunque la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, anunció que analizará la información para determinar si existen responsabilidades, todavía hay preguntas por resolver antes de establecer con precisión el origen y alcance de los datos filtrados de Aeroméxico

El verdadero problema de una posible exposición de datos no siempre está en lo que un ciberdelincuente puede obtener de manera inmediata, sino en lo que puede hacer después con esa información. Un nombre, un teléfono, un correo electrónico e incluso una fecha de nacimiento pueden parecer insuficientes para provocar un daño financiero por sí mismos, pero juntos pueden convertirse en la materia prima de un engaño mucho más convincente.

El reciente caso de la base de más de 15 millones de registros que se ofreció por Telegram y que estaría presuntamente relacionada con datos de clientes de Aeroméxico muestra hasta dónde puede extenderse el riesgo asociado con una posible exposición de información personal.

Aunque la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, anunció que analizará la información para determinar si existen responsabilidades, todavía hay preguntas por resolver antes de establecer con precisión el origen y alcance de los datos. Lo que sí está claro es que el riesgo no termina con determinar de dónde provino la información. En México, donde el phishing gana terreno, cualquier exposición de datos personales puede convertirse en un insumo para nuevos intentos de engaño, suplantación o fraude.

Este episodio, en particular, permite mirar hacia un riesgo que ya existe. Silent4Business, firma especializada en ciberseguridad que dirige Layla Delgadillo, advierte que la combinación de datos personales puede facilitar ataques de phishing, suplantación e ingeniería social. Con información real, un mensaje falso sobre una reservación, un cambio de vuelo, un reembolso o una supuesta verificación de cuenta puede resultar mucho más creíble y conseguir que una persona entregue datos adicionales que inicialmente no estaban expuestos.

Las cifras ayudan a entender por qué esta posibilidad importa. De acuerdo con The Competitive Intelligence Unit, en México se estimaron 6 millones de fraudes cibernéticos durante 2024, alrededor de 40% más que en 2018. Además, siete de cada 10 fraudes ocurrieron por canales digitales y 13.5 millones de personas han sido víctimas de phishing.

El dato quizá más relevante es que este tipo de ciberataque ya no depende únicamente de mensajes genéricos enviados al azar. Mientras más información tenga un atacante sobre una persona, mayor puede ser su capacidad para construir una historia creíble. Desde la perspectiva de especialistas como Silent4Business, la exposición de datos puede convertirse en un problema diferido. Primero aparece la información en un canal no autorizado y después puede llegar una llamada, un correo o un mensaje que utilice esos datos para generar confianza.

Por eso, el caso que investiga la Secretaría Anticorrupción también funciona como recordatorio para empresas y usuarios. Para las organizaciones, la protección de datos no termina en sus propios sistemas, también implica conocer los controles de los proveedores que administran información sensible. Para los usuarios, significa asumir que un dato aparentemente inocuo puede ser utilizado para intentar engañarlos.

Mientras se determina qué ocurrió con la base ofrecida en Telegram y cuál es su relación con Aeroméxico, es momento de aceptar que en nuestro país el phishing ya representa un problema crítico para que cualquier filtración sea tomada con la seriedad que merece.

PUEBLA: PATRIMONIO Y DESARROLLO

Pepe Chedraui y Carlos Slim anunciaron una inversión de alrededor de 4 mil millones de pesos de Grupo Carso para intervenir la zona de San Francisco, en el Centro Histórico, con vivienda, comercio y nuevos espacios que buscan devolver actividad económica a la zona. El proyecto contempla alrededor de 700 departamentos y está sujeto a las autorizaciones correspondientes del INAH. Es legítimo exigir vigilancia, transparencia y respeto absoluto a las normas patrimoniales. Lo que resulta difícil de sostener es que desarrollo y conservación sean conceptos necesariamente enfrentados. El patrimonio también necesita habitantes, actividad económica, comercio, mantenimiento e inversión. Si el INAH determina que el proyecto cumple con las normas y garantiza la protección del patrimonio, la discusión debería concentrarse en cómo maximizar sus beneficios y reducir posibles impactos, no en frenar una inversión antes de que concluya siquiera su revisión técnica. Defender Puebla también significa permitir que evolucione. Con reglas, vigilancia y respeto a su historia, sí; pero también con vivienda, empleos e inversión.

FUENTE/MEDIO: EMEEQUIS (ESPECIAL)
AUTOR: ALEJANDRA CERECEDO.
ENLACE: https://emeequis.com/analisis/ciberseguridad-prevencion-y-phishing/

Pobladores de Guerrero protestan con tractores; exigen búsqueda de campesinos

Por: Draco Dracul on lunes, octubre 05, 2026 / Comentarios: 0 , , , ,

La comunidad informó que un menor de 12 años fue liberado hace unos días, mientras los otros siete habitantes continúan sin ser localizados

Habitantes del ejido El Balcón, en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, se manifestaron este lunes a bordo de tractores para exigir la localización con vida de siete campesinos que permanecen desaparecidos desde el pasado 24 de septiembre, así como la intervención del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en las labores de búsqueda.
“Ante la falta de respuesta, actualmente nuestras comunidades se organizan para realizar una movilización de gran magnitud, con la participación aproximada de 150 comunidades y cabeceras municipales”, señalaron los pobladores esta mañana a través de un comunicado.
A 11 días de la privación de la libertad, la comunidad calificó como “nulos” los resultados obtenidos hasta ahora por las autoridades y confirmó que Jordi Alberto “N”, de 12 años, quien formaba parte del grupo de ocho personas desaparecidas inicialmente, fue liberado hace unos días.

De acuerdo con versiones difundidas sobre el caso, el menor habría sido enviado con un mensaje para condicionar la entrega de los otros siete campesinos a cambio de que La Familia Michoacana pudiera tomar el control de la Sierra; esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.


Comunidades marchan vestidas de blanco por los siete campesinos
Al grito de “¡La Sierra unida jamás será vencida!”, familiares y habitantes de distintas comunidades participaron en la movilización para exigir el regreso con vida de los siete campesinos. De acuerdo con reportes locales, alrededor de tres mil personas recorrieron más de 10 kilómetros y avanzaron sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo.

Vestidos de blanco como símbolo de paz, los manifestantes recorrieron la vía a pie, a caballo y a bordo de camionetas y tractores, mientras portaban lonas con las fotografías de las personas desaparecidas. Durante la protesta también se escuchó la consigna “¡Los queremos vivos!”, a la que se sumó Juan Atanacio Orozco, hijo de uno de los campesinos.

Las siete personas que permanecen sin ser localizadas son:
  • Domingo Atanacio Quirino, de 50 años.
  • Isidro Brito Arriola, de 32 años.
  • Everardo León, de 17 años.
  • Nicolás Atanacio González, de 75 años.
  • Eulises Medrano López, de 26 años.
  • José Leodanis Medrano López, de 24 años
  • Fidel Quirino Atanacio, de 54 años.
De acuerdo con las investigaciones, los campesinos formaban parte de un grupo de 11 personas que se dirigía a trabajar en sus parcelas cuando hombres armados presuntamente los interceptaron en los caminos serranos, a la altura de la comunidad de La Lajita.


Comunidad recurre a organismos internacionales
Ante la falta de resultados en la localización de los siete campesinos, el ejido El Balcón informó este lunes que comenzó a buscar el acompañamiento de organismos internacionales de derechos humanos y que el caso será llevado ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Ante la falta de resultados, hemos comenzado a emprender acciones de la mano de las organizaciones internacionales de las que formamos parte, recurriendo a los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos”, señaló la comunidad.
A la exigencia se sumó la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB), organización que reclamó la localización de los habitantes de El Balcón y advirtió sobre el impacto que su ausencia representa para sus familias y la comunidad.
“No queremos que estos ocho nombres se conviertan en estadísticas. No queremos que sus familias tengan que pasar años buscándolos. No queremos que una comunidad tenga que aprender a vivir con la ausencia de sus hijos, sus jóvenes y sus mayores”, expresó la organización.


La postura de los pobladores contrasta con lo señalado por el Subsecretario de Desarrollo Político y Social de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, quien aseguró desde el pasado 26 de septiembre que las investigaciones ya habían arrojado resultados, aunque indicó que correspondería a la Fiscalía estatal hacerlos públicos.
“Ya hay resultados, los dará a conocer la Fiscalía en su momento. Se siguen las investigaciones y siguen las acciones de búsqueda”, afirmó el funcionario.
Rodríguez Cisneros explicó que desde que las autoridades conocieron el caso se desplegó un operativo con participación del Ejército, la Guardia Nacional (GN) y la Policía Estatal, además de mantener coordinación con familiares y representantes de las comunidades para realizar recorridos en distintos puntos de la región. También informó que establecería contacto con los comités de paz que operan en la zona.

Autoridades catean inmueble ligado a robo al autotransporte en SLP; caen 9 personas

Por: Draco Dracul on lunes, octubre 05, 2026 / Comentarios: 0 ,

García Harfuch destacó que el resultado busca reforzar la seguridad de la carretera 57, una de las principales rutas para el autotransporte.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó este lunes que nueve personas fueron detenidas durante un cateo realizado en un inmueble relacionado con el robo al autotransporte federal en San Luis Potosí (SLP), donde autoridades aseguraron 30 inhibidores de señal, 359 antenas inhibidoras, un arma larga, cartuchos y cargadores.

El operativo se llevó a cabo a partir de trabajos de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN) y la Guardia Civil Estatal.

Como parte de las indagatorias, las autoridades llevaron a cabo análisis de gabinete, procesamiento de denuncias y despliegues de inteligencia operativa en el municipio de San Luis Potosí, mediante los cuales recabaron información para identificar patrones de operación, rutas de traslado e inmuebles utilizados para el resguardo de mercancía robada.


Además de los objetos mencionados, durante la diligencia se localizaron seis montacargas y 297 tarimas con mercancía, que quedaron bajo resguardo de las autoridades como parte de las investigaciones.

Nueve detenidos y dos órdenes de cateo

De acuerdo con el comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, durante las diligencias fueron detenidas nueve personas, entre ellas Juan José “N”, identificado por la insitución como líder de una célula delictiva con presencia en la región.

Cabe destacar que, en otro inmueble ubicado en la misma zona, las autoridades aseguraron siete armas de fuego cortas y largas, 19 cargadores, 488 cartuchos, más de mil 500 antenas para inhibidores de señal y 72 inhibidores de señal portátiles.

También fueron asegurados dos tractocamiones, un camión tipo chasis, dos cajas secas y cinco montacargas, además de fuentes de energía, baterías para vehículos, dispositivos electrónicos y diversa documentación.

A las nueve personas detenidas se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien continuará con la integración de la carpeta de investigación y determinará su situación jurídica.

La carretera 57, clave para el transporte de mercancías

El inmueble cateado estaba relacionado con investigaciones por robo a transportistas en la carretera 57, una de las principales vías para el traslado de mercancías a través de San Luis Potosí. Dicha ruta conecta al estado con otras entidades del país y tiene continuidad hacia Nuevo León y Coahuila.

En su mensaje publicado en X, antes Twitter, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana señaló que el resultado del operativo contribuye a reforzar la seguridad de quienes utilizan esta vía.
“Este resultado representa un avance importante en el combate al robo a transportistas y contribuye a hacer de la carretera 57 una vía más segura para quienes trabajan y transitan por ella”, escribió.
Harfuch también agradeció al Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, y a las autoridades estatales por su colaboración en las acciones realizadas.

Por su parte, la SSPC señaló que las acciones forman parte de los trabajos coordinados entre las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad y las autoridades estatales para combatir el robo al autotransporte federal, debilitar las capacidades logísticas, y operativas de los grupos delictivos y fortalecer la seguridad en las vías generales de comunicación.

FUENTE/MEDIO: SINEMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
ENLACE: https://www.sinembargo.mx/4881865/autoridades-catean-inmueble-ligado-a-robo-al-autotransporte-en-slp-caen-9-personas/

Andrea Chávez competirá por Alcaldía de Juárez en 2027; Morena la nombra coordinadora

Por: Draco Dracul on lunes, octubre 05, 2026 / Comentarios: 0 , , ,

El partido guinda aún no ha emitido la convocatoria para las coordinaciones municipales, pero llevó a cabo la designación

Morena designó este lunes a la Senadora con licencia Andrea Chávez Treviño como Coordinadora Municipal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Ciudad Juárez, Chihuahua, nombramiento que la perfila como eventual candidata del partido guinda a la Presidencia Municipal en las elecciones de 2027.

Chávez Treviño participó en el proceso interno de Morena para definir a las coordinaciones estatales de Defensa de la Transformación en las entidades donde el próximo año se renovarán 17 gubernaturas. Sin embargo, la encuesta favoreció al Alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, quien fue designado como coordinador estatal.

“Andrea Chávez se suma a esta tarea con la responsabilidad de contribuir a fortalecer la organización territorial, convocar a la unidad de nuestro Movimiento y trabajar, junto con la militancia y el pueblo, en la defensa de la soberanía nacional y la continuidad de la Cuarta Transformación que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, señaló Morena en un comunicado.


La designación fue realizada por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, encabezado por Ariadna Montiel Reyes, y por la Comisión Nacional de Elecciones, presidida por Citlalli Hernández. Así, el partido convocó a la militancia, simpatizantes y a quienes forman parte del movimiento en Ciudad Juárez a continuar con los trabajos de organización territorial.

Cabe destacar que esto ocurre después de que integrantes del Partido del Trabajo (PT), quienes habían respaldado las aspiraciones de Chávez Treviño para encabezar la coordinación estatal, dejaran abierta la posibilidad de que esa fuerza política compitiera por separado en 2027 con la morenista como candidata.

De igual manera, la designación en Ciudad Juárez se realiza antes de que Morena emita una convocatoria para definir las coordinaciones municipales en las distintas entidades del país.

“Sin egos, sin protagonismos, sin ambiciones personales”: Andrea Chávez
Después del anuncio, Chávez Treviño publicó un mensaje en sus redes sociales en el que aseguró que pondrá al servicio de la militancia y del movimiento “lo poco o mucho que hemos construido durante años” para atender la deuda que, dijo, Chihuahua tiene con Ciudad Juárez.
“Si la política es justa o injusta, si las decisiones ajenas son erróneas o acertadas, solo el tiempo y el pueblo lo dirán”, escribió en X, antes Twitter.
La legisladora añadió que trabajará para quienes “madrugan, sacan adelante a sus familias, y mueven al mundo con su trabajo”.

“Sin egos, sin protagonismos, sin ambiciones personales: solo cumplir la encomienda, tal como nos enseñaron López Obrador y nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum”, agregó.


La morenista es militante y consejera nacional de Morena. Antes de llegar al Senado fue Diputada federal por la vía plurinominal y secretaria de Comunicación, Difusión y Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional del partido. Además, Chávez Treviño es cercana al grupo político del Senador Adán Augusto López Hernández.

El pasado 28 de septiembre, cuando Morena nombró a Cruz Pérez Cuéllar como coordinador estatal en Chihuahua, puesto que sumó 8.5 puntos de 10 y Chávez 1.5, la funcionaria no respondió si respaldaba a su contendiente. En su lugar, dijo que la Presidenta tenía “un soldado” en ella, y que seguiría recorriendo el estado.

Sheinbaum defiende método de encuestas de Morena ante reclamos de Tatiana Clouthier y Salgado Macedonio

Por: Draco Dracul on lunes, octubre 05, 2026 / Comentarios: 0 , ,

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció respecto a las inquietudes manifestadas por Tatiana Clouthier tras el proceso interno de Morena en Nuevo León, el cual designó a Clara Luz Flores como coordinadora estatal. La titular del Ejecutivo federal señaló que las inconformidades internas deben encauzarse directamente dentro de las instancias partidistas, marcando una clara división institucional entre la administración gubernamental y la vida orgánica del partido guinda.

Ante el surgimiento del movimiento político impulsado por Clouthier bajo el nombre “Todos Con Conciencia”, la mandataria sugirió que la vía óptima para resolver diferencias o definir liderazgos es la herramienta metodológica de las encuestas.

“Yo lo que pienso es que la encuesta pues es la mejor forma de ver quién puede ser el coordinador o coordinadora de un, particularmente de Morena, pero de cualquier partido político, porque es lo que opina la gente; uno puede tener una percepción como persona, pero la encuesta pues te da la opinión de la gente”, expresó.

EL CONTEXTO POLÍTICO EN NUEVO LEÓN Y EL SURGIMIENTO DE “TODOS CON CONCIENCIA”

El trasfondo de esta controversia se remonta a finales de septiembre de 2026, cuando la dirigencia nacional de Morena anunció la designación de Clara Luz Flores Carrales como coordinadora de los comités de defensa de la transformación en Nuevo León, un nombramiento clave que funciona como antesala para definir la candidatura a la gubernatura del estado de cara a los comicios de 2027. Dicha definición interna dejó fuera a otros perfiles de peso que también contendieron en el proceso, entre ellos Tatiana Clouthier, Waldo Fernández, Felipe de Jesús Cantú, Hernán Sada y Blanca Judith Díaz.

Tras darse a conocer los resultados de las encuestas locales que favorecieron a Flores Carrales, Clouthier anunció la creación del movimiento “Todos Con Conciencia” a través de publicaciones en redes sociales junto a su equipo de territorio, detallando que su objetivo principal es transformar a la entidad por encima de los cargos públicos. A pesar de este descontento local, la exfuncionaria ofreció su reconocimiento a la autodenominada Cuarta Transformación y refrendó su apoyo institucional a la presidenta Claudia Sheinbaum, bajo el lema de que Nuevo León no merece ser entregado.

EL RECONOCIMIENTO A TATIANA CLOUTHIER Y CLARA LUZ FLORES

Puntualizando que las decisiones partidistas escapan de la esfera presidencial, Sheinbaum Pardo reiteró el respeto y la consideración que mantiene tanto hacia Tatiana Clouthier como hacia Clara Luz Flores, destacando la trayectoria y el desempeño profesional que ambas han demostrado en distintas áreas de la administración pública federal.

“Yo tengo la mejor opinión de Tatiana; de Clara Luz también, ella trabajó con el presidente López Obrador en la Secretaría de Seguridad y ahora estuvo encargada de asuntos religiosos aquí en la Secretaría de Gobernación, y tengo la mejor opinión de las dos”, apuntó la jefa de Estado.

LA SITUACIÓN EN GUERRERO Y LAS REACCIONES SOBRE FÉLIX SALGADO MACEDONIO

En el marco de los procesos internos de Morena rumbo a 2027, la discusión sobre las reglas y los resultados de las encuestas también ha repercutido en otras entidades del país, como en el caso de Guerrero. Tras la definición que otorgó la coordinación estatal a Beatriz Mojica Morga, el senador Félix Salgado Macedonio manifestó su inconformidad y exigió la realización de una “encuesta espejo” para medir su capital político, a pesar de haber quedado fuera de la contienda formal debido a las disposiciones internas sobre el nepotismo electoral. Ante este tipo de expresiones y tensiones regionales, la dirigencia partidista y el movimiento han llamado a mantener la cohesión interna frente a los próximos comicios.

LA DELIMITACIÓN ENTRE EL GOBIERNO Y LOS ASUNTOS INTERNOS DE MORENA

Haciendo hincapié en el deslinde institucional, la presidenta enfatizó que las disputas por candidaturas, nominaciones y coordinaciones territoriales competen exclusivamente a la dirigencia y militancia de su fuerza política, por lo que desestimó cualquier intento de involucramiento desde el Ejecutivo federal.

“Ya el asunto interno de Morena pues ya no me corresponde a mí, le corresponde al partido. (…) No es asunto de la presidenta, es asunto del partido”, sentenció.

Finalmente, al ser cuestionada sobre la relación actual con la exaspirante y el respaldo que esta ha manifestado hacia su gobierno, Sheinbaum confirmó que existe apertura al diálogo y una valoración positiva de su labor pasada al frente del Instituto de Mexicanos en el Exterior, reiterando que los canales de comunicación personal permanecen abiertos al margen de las diferencias político-electorales locales.

FUENTE/MEDIO: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: JOSÉ GUADARRAMA.
ENLACE: https://zetatijuana.com/2026/10/sheinbaum-defiende-metodo-de-encuestas-de-morena-ante-reclamos-de-tatiana-clouthier-y-salgado-macedonio/
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