Al menos de eso parte el balance que comparte abogados de los familiares de los jóvenes desaparecidos con Proceso, luego de que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj), Arturo Medina Padilla, y el responsable de la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del Caso Ayotzinapa (UEILCA), adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR), Mauricio Pazarán Álvarez, presentarán un informe sobre los avances de las indagatorias y la búsqueda de los normalistas el pasado 28 de septiembre.
En la presentación del informe a los medios, cuyo contenido ya había sido dosificado a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos desde noviembre del año pasado, Medina y Pazarán expusieron como elementos relevantes los análisis de telefonía celular la noche del 26 de septiembre en Iguala, identificando “17 nuevos objetivos que ahora son sujetos de investigación”, identificándose llamadas entre miembros de Guerreros Unidos, grupo criminal que participó en los hechos, con “policías municipales y estatales, servidores públicos y personas relacionadas con funerarias”.
De la revisión de la telefonía se identificó que el dueño de la funeraria “El Ángel”, Rodolfo “N”, utilizó el dispositivo de Julio César Mondragón Fontes, es estudiante asesinado a golpes que apareció la mañana del 27 de septiembre con el rostro desollado.
Por esos indicios, se cateó el negocio en octubre el año pasado y en febrero del presente, detectándose varias irregularidades relacionadas con la disposición de los restos óseos bajo su resguardo, así como probable uso irregular de documentación oficial, lo que llevó a la detención de siete personas.
De la revisión de la telefonía de los estudiantes desaparecidos, se ubicó a personas que tuvieron los aparatos celulares, una de ellas un ex servidor público de Iguala contra quien se ejerció acción penal “por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas”; otro más habría estado en manos de un policía municipal que “se encuentra bajo investigación”, y el último fue usado por la pareja sentimental de un servidor público de Iguala que estaba adscrito a la barandilla municipal, lo que “contradice lo declarado por José Ulises “N”, ex juez de barandilla, a la entonces PGR”, y quien se encuentra asilado en Estados Unidos.
Como “tercera línea de investigación”, los funcionarios se refirieron a la identificación de un integrante de Guerreros Unidos que al momento de los hechos tenía 14 años y que fungiría como “halcón” del grupo criminal, quien rindió declaración ministerial el 30 de julio de este año, testimonio “que refuerza las imputaciones a miembros de la organización criminal”.
En tanto que la última línea de investigación está relacionada con la detención del exgobernador Ángel Aguirre Rivero, acusado de ordenar la destrucción de las videograbaciones de las cámaras de seguridad del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, a partir de declaraciones de dos testigos protegidos, una de ellas la expresidenta del Poder Judicial de Guerrero, Lambertina Galeana Marín, y la exvisitadora general del TSJ, Blanca del Rocío Estrada.
No hay nuevas líneas de investigación, todo lo que han informado fue recomendado de por los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), nomás que las autoridades no habían hecho lo propio.
“Por ejemplo el tema de las funerarias, eso se dio a partir de que encontraron una bolsa supuestamente en el río de San Juan por elementos de la Marina y de esos restos dio positivo al primer estudiante, Alexander Mora de Venancio”, señala Isidoro Vicario, al recordar que los forenses argentinos concluyeron que el resto con el que se identificó al normalista había sido sometido a fuego controlado, es decir en un crematorio.
La revisión de la telefonía celular de los jóvenes no sólo fue una de las primeras exigencias de los familiares de los estudiantes y recomendaciones del GIEI desde su primer informe, sino que en el informe del Mecanismo Especial de Seguimiento del Asunto Ayotzinapa (MESA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de noviembre de 2018, tras la primera salida del GIEI.
Desde 2018 el organismo de la CIDH daba cuenta de que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) ya había identificado “9 teléfonos y/o IMEI de lo estudiantes (que) tuvieron actividad después de la medianoche del 26 de septiembre de 2014 (…) y que al menos uno de ellos fue encontrado en manos de un funcionario de seguridad pública estatal”, destacándose como los más relevantes los hallazgos en los casos de los dispositivos relacionas con Martín Getsemaní Sánchez, Miguel Ángel Hernández Martínez y José Antonio Tizapa Legideño.
El último caso fue presentado como nuevo en el reporte presentado por Medina y Pazarán, cuando al menos desde 2018 en el expediente del caso Iguala había “dos informes de Cenapi (Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia), en el primero se informa la identificación de 7 usuarios de líneas telefónicas, relacionadas al IMEI asociado al estudiante Jorge Anonio Tizapa Legideño”, y en el segundo “se precisa que una de esas personas es un policía estatal”.
En los otros dos casos, ya se había identificado que el aparato telefónico de Miguel Ángel Hernández se halló en manos de una “trabajadora de un bar”, que al entrevistarla declaró que se lo proporcionó un familiar que a su vez lo adquirió de una persona apellidada “El Gallina”, quien hasta ese momento no había sido ubicado
Del IMEI asociado a Martín Getsemaní, lo que se sabía en ese momento, es que el celular fue hallado en manos de la “pareja sentimental” de quien fuera chofer del ex secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores.
De los elementos presentados el lunes 28 de septiembre, el abogado de Tlachinollan resalta que en el caso del miembro del Guerreros Unidos que era adolescente, era identificado en los testimonios “extraídos bajo tortura”, como Bimbo, y que las familias de los jóvenes han descartado que sea relevante.
“Este personaje está aportando información de los puntos donde están realizando algunas búsquedas, pero lo lamentable es que no hay resultados. A finales de julio y principios de agosto fuimos con los padres y madres a un punto de búsqueda en Cocula a partir de la información de este cuate, después de una jornada ahí de dos o tres días, no apareció nada más que como ropa; faltan dos o tres puntos a revisar, pero los padres y madres no confían porque si ya falló en el primer punto, no hay certeza de que haya resultados en los otros”, resalta.
Otro elemento que genera dudas entre los padres y madres, dice Isidoro Vicario, es la línea relacionada con la funeraria El Ángel, porque en 2014 “estaba en otro lugar, no donde está actualmente ahorita, junto al Semefo, donde se encontró esa misteriosa bolsa que probablemente pudiera contener restos y que está etiquetado ‘2014’, para los padres lo lógico es que esa bolsa se hubiera encontrado la otra funeraria, no acá”.
Más aún, advierte que en el primer cateo de octubre de 2025 en las recientes instalaciones de la funeraria “no encontraron nada y en un segundo cateo que se hace en este año, ahora aparece esa bolsa, por eso los padres consideran que si en esa bolsa hay restos, que se sometan a los estudios correspondientes coordinados con el EAAF para poder tener certeza de los resultados”.
La versión de que los estudiantes habrían sido incinerados en una funeraria que todavía no existía en 2014, tampoco es nueva. Fue divulgada por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador en su libro “¡Gracias!”, a partir de la declaración de un testigo protegido identificado como “Neto”, tomado por la UEILCA, y de actuaciones ministeriales.
En las páginas 529 a 534 se describe las acciones llevadas a cabo por el testigo y otro apodado “El Pato”, luego de recibir instrucciones “entre las nueve once de la noche” del 26 de septiembre de 2014, de una persona presuntamente apodada “El Negro”, para comprar productos de limpieza, y más tarde, “entre las tres o cinco de la mañana”, dirigirse rumbo a Cocula, a una bodega ubicada en un lugar conocido como “El Coyote”, al que se accede por terracería, y según el testimonio, era el sitio donde se distribuían los enervantes.
De acuerdo a la declaración del 22 de febrero de 2021, en ese lugar había más vehículos, y se ordenó a “Neto” y a “El Pato”, trasladar bolsas negras con “cuerpos destazados” a la funeraria Urióstegui, ubicada en la colonia Ruffo Figueroa, de donde “se percibía un olor de cuerpos quemándose” y después llevarían más cuerpos “al crematorio de “Los Verdes”. El operativo descrito, en el que se menciona a un “Bimbo” como una persona que ayudó a cargar los cuerpos, terminaría con la limpieza de ambas funerarias.
Versión de AMLO
El libro de López Obrador transcribe las actuaciones ministeriales de reconocimiento de los puntos señalados por “Neto” realizadas tres días después de recabado el testimonio. Los agentes ministeriales certificaron el lugar del testigo donde habría recogido las bolsas negras con “cuerpos destazados”, rumbo a Cocula, las instalaciones de la “Funeraria Urióstegui” en Iguala y a la de “Funeraria El Ángel”, junto al Semefo de Iguala, sin que se mencionara en la descripción la presencia de crematorios en las instalaciones.
María Luisa Aguilar resalta que desde noviembre de 2025, en las reuniones con la presidenta Claudia Sheinbaum y de la Covaj, se le dio fuerza a la versión del crematorio como resultado de la revisión de la telefonía, circunstancia por la que sólo una persona, el dueño de la funeraria, está siendo procesado por la desaparición de los jóvenes, ello a pesar de que en el reciente informe se habla de siete personas detenidas.
Al recordar que las familias de los jóvenes desaparecidos han exigido “la verdad sin importar qué dolorosa sea”, Aguilar Rodríguez llamó a las autoridades a ser “responsables, que haya una investigación que tenga solidez pericial, que sea real, como explicar qué capacidad tenían los hornos en ese momento, septiembre de 2014, no ahorita”.
“Lamentablemente sería una versión en la que difícilmente habría posibilidades de identificación, en ese contexto, si es a dónde va la principal línea de investigación, así parece por la forma en que fue presentada aunque no lo dijeron expresamente, pues a nosotros nos parece que tiene que ser algo muy cuidadoso para las familias, que tiene que tener mucha solidez pericial y que tiene que ser responsable de que, difícilmente se va a poder a 12 años, se va a poder dar una explicación total del minuto a minuto, si no luego pues se empieza a abusar de otras medidas, como el uso de testigos colaboradores, como ya se ha hecho en este caso”, advierte la directora del Centro Prodh.
Aguilar Rodríguez resalta que entre las alertas que han prendido las familias y se la han expresado a las autoridades tiene que ver con el uso de testigos colaboradores en la cacareada detención de Ángel Aguirre Rivero, que “dista de la versión de la investigación con perspectiva científica, pues la acusación está basada sólo en dos testimonios, por lo que, en reunión con la presidenta, las familias han sido muy claras al pedir que se fortalezca esa investigación, considerando que el juez de vinculación puede dictar un auto (de formal prisión), pero en los siguientes momentos del proceso penal el estándar probatorio tiene que subir, sobre todo si lo quieren sostener en un juicio”.
Los abogados de los padres y madres de los estudiantes desaparecidos lamentaron que en el informe presentado no se dio respuesta a sus exigencias, como lo es el regreso de expertos independientes y sobre todo la entrega por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de los 853 folios de inteligencia militar que ya han sido ordenados por un juez de distrito en el amparo 1350/2023.
Sobre esos temas, en la conferencia del 28 de septiembre, el subsecretario Medina Padilla argumentó que la CIDH había dado por concluidos los trabajos del GIEI, por lo que no era posible reactivarlo y que se exploraba una posibilidad de asistencia internacional con el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU (ONU-DH).
En cuanto a la entrega de los folios, el funcionarios respaldó la versión que ha sostenido la Sedena de que ya se habría entregado el material de inteligencia militar relacionado con la desaparición de los jóvenes, 33 folios, y que la Segob “tenía información” del amparo, sin abundar más.
Sheinbaum y la versión de Sedena
Hasta ahora, la presidenta Sheinbaum ha avalado públicamente la versión de la Sedena, a pesar de que quien emitió la sentencia de amparo, es un juez electo en el proceso de renovación del poder judicial en 2025.
“El Estado mexicano no tiene una voluntad real de avanzar en el caso Ayotzinapa, tampoco tiene esa voluntad de que se siga manteniendo la asistencia internacional”, sostiene el abogado de Tlachinollan.
Explica que el sentir de los padres y madres de los 43 normalistas es que el Estado mexicano demostraría su intención de que el caso Ayotzinapa procurando “algún mecanismo para que regresen los expertos”, de manera particular Carlos Beristáin y Ángela Buitrago, quienes se mantuvieron hasta el último momento en el GIEI y que han manifestado su disposición de regresar.
“No se ve esa voluntad real, de la última reunión que se tuvo el 27 de agosto, de ese tema, lo que dijo la presidenta, ‘bueno, está bien, ya no existe el GIEI, pero si ustedes insisten, pues vamos a pedirle a la secretaria Rosa Icela (Rodríguez) que se comunique con las personas que ustedes dicen’.
“Esperemos que en una próxima reunión que se tenga, aunque no hay fecha, nos den alguna respuesta concreta, porque para los padres y madres, si los expertos no pueden regresar a través de la CIDH o la ONU-DH, pueden regresar como expertos independientes o externos, la finalidad es que aporten ahí su experiencia para poder avanzar en el caso de Ayotzinapa, pues conocen bien el tema”, sentencia Isidoro Vicario.
Para la directora del Centro Prodh, lo que se advierte en esta nueva etapa de la indagatoria es que “se está queriendo minimizar otra vez la responsabilidad de las autoridades federales en ese complejo marco de redes macrocriminales que estaban en ese en 2014”.
Aguilar destaca que las expresiones del informe, señalado que los 17 militares implicados sólo hablaban de “responsabilidades individuales”, e insistiendo en que “no hay ninguna información adicional”, que agregar al caso revela un “acuerpamiento” del Ejército, que implica la protección de personal militar coludido con Guerreros Unidos.
“Es cierto que sobre los militares procesados, hablamos de responsabilidades individuales, pero más allá de que se busque cuidar esa parte en particular, más bien da una señal o un mensaje de lo que están queriendo es dar un espaldarazo al ejército como institución, pero que creo que sí es difícil decir que la falta de entrega de información, considerando que hay mandatos judiciales, no sea una posición de la institución”, señala la directora del Centro Prodh.
La situación va más allá, pues a pesar de que la sentencia, emitida en marzo, fue impugnada por la Sedena,”al día de hoy no hay un juzgado que ya haya radicado el amparo”, por lo que el caso está en el limbo jurídico.
A 12 años de la desaparición de los 43 normalistas, María Luisa Aguilar reconoce que son las familias de los jóvenes estudiantes quienes han “resistido y sostenido esta búsqueda de la verdad de manera muy digna”.
Lamenta que el caso revele “la falta de acciones adecuadas de parte del Estado en una crisis mayor”, pues los 43 son parte de ese universo de más de 130 mil personas cuyo destino no se encuentra esclarecido.
“Ayotzinapa nos recuerda que esa colusión y esa gobernanza criminal que existía en Iguala se mantiene al día de hoy en varias zonas y esos son los contextos donde las familias tienen que estar buscando; nos recuerda cómo la generalidad las instituciones de atención a víctimas no están a la altura de la crisis que viven las familias buscadoras día a día; nos recuerda todas las irregularidades que hay en registros, y lo que hay detrás de esa crisis forense, pues hay realidades como estas del Semefo de Iguala, que doce años después de los hechos, siguen siendo una realidad cotidiana de las mismas instituciones que le tienen que dar respuesta a las familias sobre la identificación de los suyos y al rezago forense”, concluye María Luisa Aguilar.
