Nueve días le bastaron al Congreso mexicano para aprobar un conjunto de leyes que abren los datos personales de la ciudadanía a instituciones financieras y de seguridad.
En un periodo extraordinario que se extendió entre el 23 de junio y el 2 de julio, la Cámara de Diputados y el Senado aprobaron leyes en materia de población, seguridad, inteligencia, desaparición de personas, telecomunicaciones, así como en torno a la Guardia Nacional, con el principal argumento de prevenir y combatir delitos.
El común denominador de las reformas es que permiten a autoridades civiles y militares acceder a los datos personales y biométricos de la ciudadanía, así como sus registros digitales, tanto los que estén en posesión de empresas privadas como de instituciones públicas.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia, las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, las fiscalías y las comisiones de atención a víctimas son las dependencias que tendrán acceso a bases de datos con fines de investigación y prevención.
Organizaciones civiles como R3D, experta en derechos humanos en el entorno digital, calificaron esta serie de reformas como un “sistema de vigilancia sin controles”, ya que en la mayoría de los casos las instituciones de seguridad no necesitarán permiso de un juez para acceder a las bases de datos.
Todas las leyes fueron aprobadas por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM); en algunos casos, acompañados por el Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano. Mientras el Partido Revolucionario Institucional rechazó todas las iniciativas.
En su mayoría, las reformas y creación de estas nuevas leyes responden a los cambios constitucionales promovidos por la propia presidenta Claudia Sheinbaum desde antes de tomar posesión del cargo, además de propuestas realizadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador como parte del llamado Plan C.
Ley de Inteligencia fortalece facultades del CNI
Dos de las leyes aprobadas tuvieron el objetivo de fortalecer las funciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que a través del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) coordinará el acceso a bases de datos con fines de investigación.
La reforma que crea la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso desde febrero de este año; sin embargo, estuvo cuatro meses congelada por las críticas que recibió de parte de organizaciones sociales y expertos en la materia.
Esta ley fue aprobada el pasado 26 de junio en la Cámara de Diputados en un proceso lleno de polémica, ya que 12 horas antes de la discusión Morena modificó totalmente el contenido del dictamen, sin que los cambios se discutieran primero en la Comisión de Seguridad.
Morena realizó los cambios al dictamen a través de una “adenda” firmada por seis de los 18 integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Seguridad, un grupo de trabajo que el pasado mes de marzo ya había aprobado la iniciativa enviada por Sheinbaum.
Con la ley en materia de inteligencia, el CNI obtuvo la atribución de coordinar la Plataforma Central de Inteligencia, en la que estarán interconectados los registros y bases de datos de todas las instituciones públicas. De manera temporal o permanente también podrán estar interconectados los registros de las empresas que posean información utilitaria para realizar una investigación.
El artículo 12 de la ley de inteligencia establece los tipos de registros a los que podrá acceder el CNI, entre ellos los que tienen información fiscal, telefónica, biométrica, vehicular, comercial, empresarial, bancaria y de salud.
La información y los productos de inteligencia que se recopilen en la Plataforma Central serán utilizados para perseguir delitos de alto impacto, con énfasis en el homicidio doloso, feminicidio, secuestro, extorsión, robo a transporte con violencia y la desaparición de personas. Aunque la ley también establece que los trabajos de inteligencia se utilizarán para prevenir delitos en general.
Guardia Nacional participará en acciones de inteligencia
La Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no se quedarán atrás. En el periodo extraordinario, el Congreso dio más facultades a estas dependencias para que realicen labores de inteligencia con fines de investigación.
El Congreso les dio estas facultades a través de un paquete de leyes reglamentarias que en esencia debían modificar las funciones de la Guardia Nacional, pero de paso el gobierno también aprovechó la reforma para dotar de más atribuciones a la Sedena.
Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados una reforma para emitir una nueva Ley de la Guardia Nacional. La iniciativa tenía más de 900 páginas, y fue aprobada en la Cámara de Diputados apenas tres semanas después de haberla recibido.
La reforma significó la militarización total de la Guardia Nacional, que desde ahora tendrá una estructura y un funcionamiento interno similar al del Ejército. Ya de por sí esta institución estaba adscrita a la Sedena.
La Guardia Nacional formará parte del Consejo Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública, y tendrá la facultad de realizar labores de investigación e inteligencia para resolver delitos con el acompañamiento del Ministerio Público.
Gracias a su nueva atribución de investigar delitos, la Guardia Nacional podrá solicitar a las empresas de telecomunicaciones registros telefónicos y geolocalizaciones en tiempo real de equipos móviles. Además podrá intervenir comunicaciones privadas con la autorización de un juez.
La reforma también incluyó una modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, donde se estableció en su artículo 21 que la Sedena podrá “operar, procesar y utilizar información en materia de seguridad nacional para advertir riesgos y prevenir amenazas mediante los organismos de inteligencia”.
Durante el proceso de aprobación de esta ley, los partidos de oposición alertaron sobre el posible choque que existirá entre la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ya que ambas dependencias tienen facultades parecidas en cuanto a la investigación y generación de información de inteligencia para combatir delitos.
Llave MX, herramienta con datos biométricos
La Agencia de Transformación Digital de Telecomunicaciones (ATDT) también tendrá acceso y control de los datos biométricos y personales de los ciudadanos a través de la Llave MX, una herramienta digital que servirá para hacer trámites en línea.
Esta medida fue aprobada el pasado 24 de junio en el Senado de la República, cuando los legisladores aprobaron la Ley para Eliminar los Trámites Burocráticos que será puesta en marcha por la Agencia.
La Llave MX estará asociada al CURP de su titular, un documento que deberá tener las huellas dactilares y la fotografía de cada ciudadano por otra reforma a la Ley General de Población que también se aprobó en este periodo extraordinario.
“Cuando la CURP tenga asociados los datos biométricos de su titular, tendrá el carácter de documento nacional de identificación, y será una identificación oficial (…) El documento nacional de identificación en su formato digital está a cargo de la Autoridad Nacional”, señala la Ley para Eliminar los Trámites Burocráticos.
Esta legislación fue la primera en aprobarse de entre todas las que permiten al gobierno tener acceso a los datos biométricos de los ciudadanos. La Cámara de Diputados la avaló desde el 28 de abril, y el Senado lo hizo recientemente en este periodo extraordinario.
Telecom: registro de usuarios de internet y telefonía móvil
La reforma en Telecomunicaciones propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum generó rechazo desde su presentación en abril pasado, principalmente por dos razones: la concentración de funciones en la ATDT —que sustituye al suprimido Instituto Federal de Telecomunicaciones— y la facultad a ese organismo de bloquear plataformas digitales.
La iniciativa fue detenida por indicaciones de la propia mandataria y el Senado organizó cinco conversatorios para nutrir y mejorar la reforma. Dos meses después esas dos principales funciones fueron eliminadas. Sin embargo, persistieron, ordenamientos que causaron rechazo de legisladores de oposición y organizaciones civiles.
Uno de los debates más intensos en la tribuna fue la posibilidad de geolocalización en tiempo real, contenida en el artículo 183 de la iniciativa, que es una copia del 190 de la normativa aún vigente en el sector.
Al mantener vigente la disposición, la ley establece que las empresas tendrán que colaborar con autoridades de seguridad y fiscalías en la localización geográfica en tiempo real de los equipos terminales, “en los términos que establezcan las leyes”. De acuerdo con el artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esa acción sólo podrá ocurrir con la orden de un juez.
La ley también establece que sólo podrán tener servicio móvil de teléfono e internet aquellas líneas cuyos propietarios hayan sido identificados con su CURP, que funcionará como la identificación oficial. Las líneas que no cumplan con ese requisito serán suspendidas. En el artículo 103, la nueva ley establece que las empresas que presten el servicio móvil sólo podrán activar y mantener activo el servicio de las líneas que estén asociadas a usuarios finales que hayan presentado su identificación oficial.
Asimismo, en el artículo transitorio 30, la ley establece que la recientemente creada Comisión Reguladora de Telecomunicaciones tendrá hasta 120 días hábiles tras la promulgación de la nueva legislación para emitir los lineamientos para la identificación de líneas de servicio móvil. Si pasan otros 120 días sin cumplir ese requisito, las líneas tendrán que ser suspendidas y sólo servirán para realizar llamadas de emergencia y atención ciudadana.
La ley en materia de desapariciones: CURP con datos biométricos
En cuanto a la materia de desapariciones, la iniciativa contemplaba modificaciones a dos leyes. Los cambios que alertaron a organizaciones civiles y opositores fueron los contemplados en la Ley General de Población, por la disposición de incorporar los datos biométricos de las personas a la CURP, y la obligación de los ciudadanos a presentarla para la realización de trámites y servicios.
“La Clave Única de Registro de Población deberá ser empleada en los procesos de validación y autenticación de la identidad de las personas en medios digitales”, establece en su artículo 91 sexties, lo que incluiría cualquier compra de productos o servicios.
La Secretaría de Gobernación integrará los datos biométricos de las personas a la CURP, tanto en posesión de dependencias como por particulares.
La ley establece también que la Segob establecerá el Programa de Integración al Registro Nacional de Población, Renapo, de los datos biométricos de niñas, niños y adolescentes.
Dentro del documento aprobado, en el artículo 12 quinquies, se establece que todas las autoridades o empresas que tengan a su cargo datos biométricos, así como otro dato que permita identificar a las personas debe permitir a las fiscalías y las instituciones de seguridad pública, así como al Centro Nacional de Inteligencia, el acceso irrestricto y consulta inmediata a sus registros, bases de datos o sistemas de información, para las acciones de investigación.
PAN y Movimiento Ciudadano respaldaron los cambios a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, mientras que junto con el PRI rechazaron la Ley General de Población.
La iniciativa fue detenida durante tres meses para ser nutrida con observaciones de familiares de víctimas; sin embargo, apenas incorporó pequeños cambios entre los más de 570 que se realizaron. El Congreso tampoco realizó el parlamento abierto que familiares de víctimas demandaron en distintas ocasiones.
Ley antilavado: monitoreo de Hacienda
La ley antilavado de dinero, propuesta en enero y modificada tras un parlamento abierto, creó la figura de “Persona Políticamente Expuesta” (PPE), por recomendación del Grupo de Acción Financiero, enfocada a quienes desempeñan o han desempeñado funciones públicas en México o el extranjero.
Con la intención de obligar a quienes realizan actividades vulnerables de ser usadas para el lavado de dinero a identificar y monitorear las operaciones financieras, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deberá elaborar y actualizar un listado de esas personas clasificadas como PPE. Las dependencias de los tres niveles de gobierno, así como los órganos autónomos, deberán enviar sus respectivos listados a Hacienda.
Los funcionarios, sin embargo, no serán los únicos monitoreados, ya que la ley ordena la supervisión también de personas relacionadas con las “personas políticamente expuestas” que cumplan con las condiciones y características que la Secretaría de Hacienda establezca.
La ley también faculta a la dependencia a solicitar de forma directa información financiera y patrimonial a las entidades públicas sin orden judicial.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALEXIS ORTIZ, ANDRO AGUILAR.
