Los audios filtrados de Florentino Pérez Rodríguez, presidente del Real Madrid, involucran a Georgina Yamilet Kessel Martínez y Fernando Gómez-Mont Urueta, funcionarios en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, en “negocios”, de acuerdo con información revelada este día por El Confidencial, de España.

“En los audios filtrados de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, se mencionan a dos funcionarios del sexenio del expresidente Felipe Calderón, en una conversación en la que se explica cómo el equipo merengue le abrió las puertas al empresario español para hacer negocios en México”, dice ESPN sobre las revelaciones de El Confidencial.

La Fiscalía de la Ciudad de México informó este lunes que en poco tiempo estará en condiciones de imputar a los responsables del derrumbe de la Línea 12 del Metro, ocurrido en mayo pasado y que causó 26 víctimas mortales y varios lesionados.

La fiscalía informó que en cuanto se concluya el dictamen realizado por los expertos de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales “estará en posibilidades de formular la teoría del caso y realizar las imputaciones correspondientes”.

Magistrados electorales utilizaron la tarjeta de crédito institucional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para hacer compras en tiendas de venta de botellas de alcohol, cantinas, cines, tiendas departamentales, establecimientos en línea, tiendas de regalos, y también para pagar el súper, recibos telefónicos, boletos para espectáculos, libros y hasta servicios de blindaje de autos.

Los cargos, que suman cientos de miles de pesos, contravienen el reglamento para el uso de las tarjetas bancarias institucionales del Tribunal, que establece que éstas deben utilizarse estrictamente para el pago de boletos de avión, reservaciones en hoteles y viáticos de alimentación de los magistrados sólo cuando se encuentren en comisiones de trabajo.

A través de un comunicado, el INE informó que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores detectó el anuncio el pasado 14 de julio, y en la publicación “se observa que la estructura de los datos sospechosos puede corresponder con el padrón”.

La población mexicana que considera que vivir en su ciudad es inseguro pasó de 66.4% en marzo a 66.6% en junio pasado, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las ciudades con mayor porcentaje de personas que consideran que el lugar donde radican es inseguro son Fresnillo, Zacatecas; Cancún, Quintana Roo; Ecatepec y Naucalpan, Estado de México; Coatzacoalcos, Veracruz; y Tonalá, Jalisco, indicó el organismo, al presentar los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).

El cuerpo de Isabel, la niña de cuatro años hallada sin vida en la alcaldía Gustavo A. Madero, ya fue entregado ayer por la noche a padre y familiares para que le den el último adiós, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

La institución agregó que ya trabaja en la integración de la carpeta de investigación para hacer la acusación por el delito de feminicidio infantil contra la madre, padrastro y abuelastra de la menor. Por el momento, estas tres personas están detenidas por el delito de narcomenudeo.

Con 749 homicidios dolosos de enero a mayo de este año, el municipio de Tijuana, Baja California, destaca por ser del más violento en el país, informó el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.

En la conferencia matutina, el Almirante presentó la lista de los 50 municipios con mayor incidencia delictiva en México, donde en segundo lugar se ubica Ciudad Juárez, Chihuahua, con 515 asesinatos.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda denunció formalmente al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, y a la empresa Odebrecht y sus filiales, de haber desviado y lavado más de tres mil millones de pesos provenientes del erario a través de una amplia red de empresas fantasma.

Los recursos presuntamente desviados, de acuerdo con la denuncia presentada este 16 de julio ante la Fiscalía General de la República (FGR), se habrían triangulado en múltiples operaciones hacia las empresas fachada para luego ser retirado en efectivo en varios estados del país. Todo esto habría ocurrido entre 2012 y 2016 principalmente.

Tras concluir la fiscalización de las campañas federales y locales del pasado proceso electoral, el INE impondrá a los partidos políticos multas económicas por un total de 1 mil 207 millones 297 mil 676 pesos, por haber cometido irregularidades como no transparentar el origen y destino de recursos, no reportar contratos o rebasar topes de gastos de campaña.

Tan sólo Morena deberá pagar un tercio de ese monto. Las multas para el partido en el gobierno ascienden a 373 millones 128 mil 568 pesos, de acuerdo con un informe de resultados en materia de fiscalización con corte al 17 de julio y al que tuvo acceso Animal Político. 

En plena temporada vacacional, el estado de Guerrero regresa a semáforo amarillo –estaba en verde-- al registrar un aumento de contagios del 8 al 36.2% en la última semana, según informó el propio gobernador Héctor Astudillo.

Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien este lunes ofreció su conferencia mañanera desde el Puerto de Acapulco, el mandatario estatal anunció que por esa razón se restringirán los aforos a los espacios públicos.

La plataforma Pegasus, en su momento el más avanzado software de espionaje en el mundo, fue adquirido originalmente por el gobierno de Felipe Calderón para ser ejecutado por la Sección Segunda –inteligencia militar– y la Sección Séptima –operaciones contra el narcotráfico– de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Los contratos, de los cuales Contralínea posee copia, fueron firmados entre 2011 y 2012 por más de 6 mil millones de pesos.

Formalmente, Pegasus fue adquirido para espiar y contener los movimientos armados y desarticular a los cárteles del narcotráfico. Sin embargo, como documentó Contralínea de mayo a julio de 2012, desde el primer momento se utilizó para espiar a líderes sociales, campesinos, indígenas, ambientalistas, políticos de oposición y periodistas. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la plataforma pasó a la entonces Procuraduría General de la República (PGR), con los mismos fines.

Ante la revelación de que 15 mil números telefónicos fueron espiados durante la administración de Enrique Peña Nieto, a través de Pegasus, organizaciones civiles exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) “una investigación imparcial, amplia, exhaustiva y profesional”, en la que se involucre a las víctimas y se sancione a los responsables de la vigilancia ilegal de defensores, periodistas y opositores políticos, hechos que hasta ahora permanecen en la impunidad.

En su férrea defensa de la Reforma Educativa, el gobierno de Enrique Peña Nieto exhibió su rostro más autoritario.

El periodista Abraham Mendoza Mendoza fue asesinado este lunes en el estacionamiento de un gimnasio de la avenida Madero Poniente, en esta ciudad, según reportes de las autoridades judiciales.

Al comunicador le dispararon, a quemarropa, cuando salía del gimnasio, en inmediaciones del Obelisco a Lázaro Cárdenas, en la colonia Bocanegra, reporta Quadratín.

Al menos 25 periodistas aparecen como objetivos de clientes que compraron y operaron el sistema de espionaje Pegasus en México, de acuerdo a la investigación Pegasus Project, coordinada por Forbidden Stories con la colaboración de Amnistía Internacional y 17 medios y organizaciones, entre las que se encuentra Aristegui Noticias.

La periodista Carmen Aristegui fue confirmada como blanco de espionaje con Pegasus desde 2017, junto a su hijo menor de edad;  ahora los registros apuntan que su hermana Teresa Aristegui, su productora en CNN, Karina Maciel, y quien fuera su asistente personal en 2017, Sandra Nogales, también aparecen en los registros.

La investigación en la que participan 17 medios de diversas partes del mundo revela el interés de clientes de NSO por seguir las actividades y todos los asuntos del entonces líder de la oposición y ahora Presidente de México.

Los teléfonos de la esposa, hijos, colaboradores cercanos y hasta del cardiólogo de Andrés Manuel López Obrador fueron ingresados entre 2016 y 2017 al sistema utilizado por los clientes de Pegasus, el software desarrollado por NSO Group para recopilar datos de dispositivos móviles de sospechosos de participar en delitos graves y terroristas.

Una vez instalado, Pegasus permite al operador tomar un control completo del dispositivo, incluyendo el acceso a los mensajes de aplicaciones de mensajería cifrada como WhatsApp y Telegram, también permite encender el micrófono y la cámara del celular.

Después de que la publicación este lunes de la investigación Pegasus Project en diversos medios de comunicación reveló el uso de malware de espionaje contra defensores de derechos humanos, periodistas y otros integrantes de la sociedad civil en México y en el mundo, organizaciones exigieron al gobierno mexicano garantía de verdad, justicia y no repetición.

La consulta popular del 1 de agosto para enjuiciar a expresidentes mexicanos es un “circo político”, pues deberían ser investigados por la Fiscalía General si hay pruebas en su contra sin necesidad de un referendo, advirtió este lunes Human Rights Watch (HRW).

“El fiscal general mexicano (Alejandro Gertz) puede iniciar una investigación sobre los expresidentes en cualquier momento. No requiere una consulta popular. Si tiene pruebas contra ellos, es su deber investigarlos. Esperar los resultados de una consulta es hacer de la justicia un circo político”, opinó el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.