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CNB violentó derechos de migrante víctima de desaparición en México, denuncia Red Regional de Familias Migrantes

La Red Regional de Familias Migrantes informó la localización de un migrante hondureño desaparecido desde 2024 en Sonora y denunció que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) «violentó sus derechos como víctima» al entregarlo al Instituto Nacional de Migración (INM) para su deportación a Honduras, en lugar de brindar orientación jurídica y realizar un proceso de evaluación integral de emergencia sobre las violencias de las que fue objeto durante los años de su desaparición.

La Red, que localizó a la víctima el pasado septiembre con la colaboración de su familia y colectivos como la Agrupación de Caborca para Localizar Personas, explicó que el tratamiento que la persona migrante recibió por parte de las instituciones encargadas de la búsqueda, localización y retorno para el encuentro con su familia «no fue el adecuado y deja ver que las autoridades mexicanas y de los países de origen no están preparadas para la búsqueda en vida, y por tanto, no cuentan con protocolos para los encuentros y atenciones de personas que sobreviven la desaparición».

De acuerdo con la Red, la CNB entregó a la víctima al INM para su deportación, «sin considerar las circunstancias de su localización ni que había estado desaparecida y sin siquiera dar aviso a los consulados». Además, el personal de la Comisión buscó convencer vía telefónica a la familia para que aceptara el regreso inmediato de su familiar, «argumentando que la persona se encontraba bien, aunque la misma familia pudo constatar que eso era falso» por el estado en el que observó a la víctima y por al falta de dictámenes médicos.

«Las autoridades mexicanas se deslindaron de toda responsabilidad, dejando a la víctima en manos del Instituto Nacional de Migración e incomunicada con su familia», criticó la Red, que junto con los familiares de la víctima exigió que se brindara la atención adecuada y un retorno seguro, el cual fue posible a la movilización de una red de apoyo de Honduras, colectivos y organizaciones, «ante las violaciones y faltas del Estado mexicano».

«La falta de protocolos y un tratamiento adecuado para la localización de personas con vida, como en este caso, hace que la familia, colectivo y sociedad nos quedemos con muchas dudas que el Estado ha intentado ocultar», destacó la Red Regional.

Resumió que actualmente las familias no cuentan con información «suficiente, clara y verificable» para conocer y evaluar la magnitud del estado en el que se encontró la víctima durante su periodo de permanencia en México ni de las circunstancias alrededor de su desaparición, por lo que, aseguró, «este asunto no está cerrado».

«El Estado mexicano tiene la obligación de continuar hasta esclarecer si pudo haber sido víctima de algún delito adicional a la desaparición, incluyendo cualquier situación de violencia, explotación, trata, privación de la libertad, tratos crueles u otra vulneración de sus derechos», subrayó la Red.



FUENTE/MEDIO: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
ENLACE: https://desinformemonos.org/cnb-violento-derechos-de-migrante-victima-de-desaparicion-en-mexico-denuncia-red-regional-de-familias-migrantes/

Despliegan granaderos para imponer perforación de pozo en Xoxtla, alertan defensores

La Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio (Anavi) alertó por la presencia de granaderos y policías municipales y estatales desde la madrugada de este miércoles en Xoxtla, Puebla, «para imponer la perforación de un pozo profundo y el despojo de agua en la región cholulteca».

Las decenas de granaderos llegaron desde las 3:30 horas de este 7 de octubre para postrarse en los alrededores del parque Pavigi, donde «se pretende imponer la perforación» del pozo que trasladaría el agua hacia la ciudad de Puebla. A las 6 de la mañana, los policías comenzaron a cerrar los caminos de acceso al parque y activó la máquina perforadora de pozos.

La población de Xoxtla responsabilizó al gobernador estatal Alejandro Armenta, así como a la presidenta municipal Guadalupe Ortiz y a la presidenta Claudia Sheinbaum, «de cualquier desgracia» en Xoxtla por perforar el territorio «sin informar al pueblo» y sin contar con permisos ni concesiones «para saquear» el agua.

Los defensores de la Anavi acusaron que el despojo de agua en Xoxtla se enmarca «en un proceso de gentrificación», al que se suma la imposición del Cablebús en Puebla y proyectos inmobiliarios «para enriquecer a empresarios como Carlos Slim, quien recientemente anunció inversiones millonarias» en la capital del estado.

«Con ello se demuestra una vez más que los tres niveles de gobierno se articulan para despojar del agua a los pueblos y que los cuerpos policiacos sirven para reprimir a quienes se oponen», denunció la Anavi en un comunicado.


COMUNICADO:

COMUNICADO URGENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA, LA VIDA Y EL TERRITORIO

PRESENCIA DE GRANADEROS Y POLICÍA EN XOXTLA PARA IMPONER LA PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO Y EL DESPOJO DE AGUA EN LA REGIÓN CHOLULTECA

Desde la Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio denunciamos la presencia de granaderos, policía estatal y municipal para facilitar el despojo de agua en el municipio de Xoxtla, puebla.

Desde las 3:30 am del día de hoy, 7 de octubre del 2026, decenas de granaderos se postraron en los alrededores del parque PAVIGI, lugar en el que se pretende imponer la perforación de un pozo profundo con la finalidad de llevarse el agua hacia la ciudad de Puebla, en medio de un proceso de gentrificación que incluye la imposición de un cablebús así como proyectos inmobiliarios para enriquecer a empresarios como Carlos Slim, quien recientemente anunció inversiones millonarias en la ciudad de Puebla.

La población de Xoxtla, informa que alrededor de las 6:00 am, la policía estatal comenzó a cerrar los caminos de acceso al parque PAVIGI, mientras que la máquina perforadora de pozos profundos comienza a ser activada.

Con ello se demuestra una vez más que los tres niveles de gobierno se articulan para despojar del agua a los pueblos y que los cuerpos policiacos sirven para reprimir a quienes se oponen.

Cabe mencionar que en el proceso de defensa del Agua, han sido criminalizados compañeros de Xoxtla y otras comunidades solidarias, ante lo cual nos mantenemos alertas sobre inminentes actos de represión y criminalización.

Desde los distintos pueblos, organizaciones y colectivos que integramos la Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio, nos mantenemos en alerta, nos pronunciamos en contra de este vil despojo de nuestros hermanos de Xoxtla y exigimos que se detengan de manera definitiva las obras de perforación del pozo, ante el cual la población han manifestado su profundo rechazo.

Hacemos un llamado a difundir ampliamente esta situación y solidarizarse con nuestros hermanos y hermanas de Xoxtla.

¡El agua es de los pueblos no de los empresarios!

¡El agua es de los pueblos no del mal gobierno!

¡Alto al despojo del agua en Xoxtla!

ATENTAMENTE

TIERRA, AGUA Y LIBERTAD

EL AGUA ES EL COMÚN DE LOS PUEBLOS

HASTA QUE LA DIGNIDAD SE HAGA COSTUMBRE

ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA, LA VIDA Y EL TERRITORIO

FUENTE/MEDIO: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
ENLACE: https://desinformemonos.org/despliegan-granaderos-para-imponer-perforacion-de-pozo-en-xoxtla-alertan-defensores/

El dedazo en Morena, el inicio de la división

"Andrea Chávez, quien llega sin el consenso de los partidos aliados, solo el hecho de haber quedado en el segundo lugar en la encuesta estatal"

En el año 2023, uno antes de que se celebrara en México la elección Presidencial en la que resultaría electa la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el entonces mandatario nacional y morenista número uno del país, Andrés Manuel López Obrador, ideó un plan político interno para que ninguno de los derrotados en las primarias de Morena quedara inconforme, dividiera al partido, creara un nuevo instituto político y fuese nominado bajo otras siglas: habría premio de consolación.

El acuerdo del líder moral y fundador de Morena que todos aceptaron fue que aquellos que no resultaran ganadores de la encuesta para elegir candidato a la Presidencia de la República tendrían posiciones en el gabinete de quien ya asumían ganaría las elecciones del 2024, y en el Poder Legislativo. Así, cuando anunciaron que la nominada del partido oficialista era la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y hubo un intento ligero pero sonoro por parte de Marcelo Ebrard de no reconocer los resultados de las encuestas internas, al final todo se acomodó. El propio Ebrard fue nombrado y aun ostenta el cargo de Secretario de Economía del Gobierno de la República, Ricardo Monreal y Adán Augusto López Hernández, coordinadores de bancada en las cámaras de diputados y senadores, y así.

Pero fuera López Obrador del gobierno, y según de la vida partidista y política de la que dijo se retiraría al entregar el poder a su sucesora, las cosas en el partido cambiaron. Y para la elección de este 2027, la primera de gran envergadura que le tocará a la Presidenta Sheinbaum, las reglas en Morena también cambiaron.

Para empezar, y es evidente que es creencia de la mandataria nacional, se manifestaron tres importantes puntos: no reelección, regulación para que no hubiese campañas adelantadas, y, no habría premios de consolación. Los dos primeros puntos de hecho, los solicitó la Presidenta, el primero en una de sus conferencias matutinas, para el segundo, la no reelección, envió una iniciativa para eliminar tal figura, pero en lugar de que entrara en vigor como la Presidenta la proponía en el 2027, la aprobaron para tener vigencia a partir de 2030. En el último punto, la Presidenta no lo refirió expresamente, pero sí se enlistó en la normativa interna de Morena para elegir candidatos: no habría premio de consolación para los derrotados.

Si en el obradorismo se consoló a los perdedores con posiciones en Gobierno y poder legislativo, en el claudismo no se haría así… al menos en el papel, porque tan pronto como el lunes 5 de octubre, sin mediar convocatoria, sin precisar forma, modo y tiempo para la selección de los candidatos de alcaldes por parte de Morena y aliados, generalmente el PT y el PVEM, la dirigencia a cargo de Ariadna Montiel, dio el dedazo a favor de la Senadora Andrea Chávez como candidata de su partido a la Presidencia Municipal de Juárez, y en un tiro de varias bandas, se le otorgó premio de consolación a la derrotada Chávez, y la joven chihuahuense se convirtió en el primer (y descarado) producto del dedazo morenista.

Siete días antes, en un proceso interno que se supone incluyó encuestas realizadas para determinar cuál era el mejor perfil, y cuando Andrea Chávez, ciertamente con los últimos tres años en campaña anticipada, ya se creía la coordinadora del movimiento (así llaman a la candidatura), la dirigencia morenista y la encargada de elecciones internas del partido oficial, Citlali Hernández, dieron a conocer que el elegido era Cruz Pérez Cuéllar, un expanista aun con tintes azules para la sociedad.

Quienes no viven debajo de una roca, y son afectos a las redes sociales, fueron testigos de la enorme cantidad de videos, memes, textos, y publicaciones en general, que se hicieron del momento de la designación de Cruz Ramírez, pero no enfocando al ganador, sino a Andrea Chávez, que no sabe del arte de la política y era notoria su molestia e inconformidad.

Chávez no está sola. Hay dentro de Morena un grupo que comanda su principal padrino político, quien fuera uno de los beneficiados en el 2024 con los premios de consolación de AMLO: Adán Augusto López Hernández, quien, como la joven chihuahuense, se ufanaba de que su protegida no sólo sería candidata de Morena al gobierno del estado de Chihuahua, sino que sería Gobernadora. Y pues no, el candidato será Cruz Pérez Cuéllar… hasta ahorita.

Luego de transcurrida la elección interna de coordinadores, o sea candidatos de Morena y aliados para las elecciones en 17 estados de la República en el 2027, el proceso electivo interno determinó que los siguientes en ser designados serían los que llaman coordinadores distritales, pero que en realidad serán sus candidatos a diputados en distritos federales, para la renovación de la Cámara de Diputados, donde ya se está rompiendo otra máxima de la Presidenta, quien recomendó y mandó iniciativa para evitar la reelección, pero de acuerdo a Ricardo Monreal, unos 150 diputados federales de Morena van por la reelección.

Total, que la elección de candidatos o coordinadores de alcaldías, se dejó para el final. Ni hay convocatoria, ni hay método, ni hay forma, ni hay nada, pero lo que sí hay, es una candidata a un Ayuntamiento designada por dedazo, Andrea Chávez, quien llega sin el consenso de los partidos aliados, sin encuesta entre quienes aspiraban de buena fe a la Alcaldía de Ciudad Juárez, sin nada, sólo el hecho de haber quedado en el segundo lugar en la encuesta estatal, ser designada por dedazos a manera de un premio de consolación como el que le dieron en 2024 a su padrino político.

El dedazo en favor de Andrea Chávez no cayó bien al interior de Morena. Fue evidente el favoritismo hacia la de Chihuahua, tan es así, que ya van dos días en que las líderes del partido, la nacional, Ariadna Montiel y la de elecciones, Citlali Hernández, han debido justificar porqué la designación de Chávez para una alcaldía cuando ese proceso aun no inicia.

Lo que también es evidente es que se dejó atrás la máxima del claudismo de no otorgar premios de consolación a los derrotados, para ponderar la del obradorismo de sí hacerlo, para evitar una ruptura al interior del partido oficialista. De hecho, ya sucede en Nuevo León, cuando Morena le da la candidatura a Clara Luz Flores, una expriísta ya derrotada en una elección estatal en Nuevo León por el hoy Gobernador Samuel García, de Movimiento Ciudadano, y harto criticada por haber sido parte de una secta cuyo líder Keith Allen Raniere purga una sentencia por 120 años de prisión por los delitos de tráfico sexual, pornografía infantil y esclavitud sexual.

En Nuevo León quien se ha desmarcado de Morena, después de la designación de Clara Luz Flores como candidata de ese partido al gobierno de Nuevo León, es Tatiana Clouthier quien abiertamente ha dicho no estar de acuerdo ni con el proceso, ni con el resultado que le dio la nominación a la expriísta ya derrotada.

En estas condiciones, entre las designaciones “por encuestas”, los dedazos, las reelecciones, el no premio de consolación, y los favoritismos políticos, Morena enfrenta su primera y más grande división ante la fallida operación cicatriz, y los protagonismos políticos que buscan el poder por el poder, algo que, por cierto, la Presidenta también criticó.

FUENTE/MEDIO: SINEMBARGO.

CSP firma decreto: candidatos a Presidencia y gubernaturas deberán ser sólo mexicanos

Luisa María Alcalde explicó que las personas con doble nacionalidad deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatas ante el INE

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) firmó este miércoles el decreto que establece que quienes aspiren a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx) deberán contar únicamente con la nacionalidad mexicana.

Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal explicó que la reforma constitucional, aprobada por el Senado de la República, la Cámara de Diputados y 22 congresos estatales, será publicada hoy en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF).
“Hoy firmamos el decreto, ya aprobado por el Senado, por mayoría calificada; por la Cámara de Diputados, por mayoría calificada; y por los congresos estatales; es decir, el constituyente de que ningún Presidente o Presidenta, Gobernador o Gobernadora, pueden tener doble nacionalidad”, subrayó.


Sheinbaum precisó que la disposición comenzará a aplicarse a partir del proceso electoral de 2028, por lo que las personas que busquen contender por alguno de estos cargos tendrán que renunciar previamente a cualquier otra nacionalidad.
“De contar con doble nacionalidad, el candidato tendrá, necesariamente, previo al registro del Instituto Nacional Electoral [INE], que renunciar a ella, de tal manera que únicamente se tenga la nacionalidad mexicana”, explicó Luisa María Alcalde Luján, Consejera Jurídica de la Presidencia.
El procedimiento aún debe definirse

Alcalde Luján señaló que todavía deberán emitirse las disposiciones reglamentarias que establecerán cómo deberán acreditar las personas aspirantes que dejaron la segunda nacionalidad.

Por el momento, la funcionaria indicó que el trámite podría involucrar no sólo a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), sino también a las autoridades de los países cuya nacionalidad tenga la persona interesada.
“Más adelante, tendremos que emitir las disposiciones reglamentarias para que quede muy claro cuál es el trámite que debe realizarse y ante qué autoridades, no limitadas a la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino también a los propios países de los cuales se tienen la nacionalidad”, indicó.
La reforma, que modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución, también prohíbe a quienes ocupen los cargos mencionados adquirir otra nacionalidad, utilizar un pasaporte extranjero, ejercer derechos políticos vinculados a otra ciudadanía o acogerse a la protección diplomática de otro Estado.


Cabe destacar que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) expresó el pasado 1 de octubre su rechazo a la reforma por considerarla una medida “regresiva”, debido a que puede limitar los derechos políticos de ciudadanos mexicanos por nacimiento que, por distintas circunstancias, cuentan también con otra nacionalidad.

Sheinbaum anuncia inversión histórica de 1.1 billones de pesos en energía hacia 2030

La expansión energética contempla centrales de ciclo combinado, además de proyectos solares, eólicos y geotérmicos para ampliar la capacidad nacional

El Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) invertirá un billón 168 mil 710 millones de pesos durante el sexenio en proyectos de electricidad y gasoductos, con los que se busca ampliar la capacidad de generación, fortalecer las redes de transmisión y distribución, y elevar la participación del Estado en el sector energético hacia 2030.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria federal explicó que la mayor parte del total se destinará a generación eléctrica, con 794 mil 109 millones de pesos, mientras que 161 mil 226 millones serán para transmisión y 72 mil 470 millones para distribución. A estos recursos se suman 140 mil 906 millones de pesos para gasoductos.

Cabe destacar que el monto no contempla inversiones relacionadas con la producción de petróleo, condensados, fertilizantes o petroquímica, sino únicamente los proyectos de electricidad y la infraestructura de gas natural.


Sheinbaum explicó que el financiamiento tendrá distintas fuentes. Casi 200 mil millones de pesos corresponderán a proyectos de generación privada; 452 mil millones se canalizarán mediante esquemas mixtos, y 142 mil millones provendrán directamente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“Una parte, del propio financiamiento de la Comisión Federal de Electricidad, otra parte, lo que hemos llamado los proyectos mixtos: aprovechar financiamiento privado para una estructura que va a quedar en manos de la CFE”, señaló.
México sumará más de 38 mil MW para el sistema eléctrico

La inversión forma parte de la estrategia para incorporar nueva capacidad al Sistema Eléctrico Nacional, con la que el Gobierno federal prevé sumar alrededor de 38 mil megawatts (MW) hacia 2030, de los cuales 22 mil corresponderían a fuentes renovables, como solar, eólica, termosolar y geotérmica.

La Secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, señaló que la expansión permitirá que el Estado tenga una mayor participación en la generación eléctrica al cierre de la Administración. De acuerdo con la presentación mostrada durante la "mañanera", en 2030 el Estado generará 61 por ciento de la energía eléctrica nacional.

González Escobar explicó que el Plan Nacional de Soberanía Energética busca posicionar a la energía como un insumo estratégico para el desarrollo con bienestar, mediante ejes como la justicia energética, la transición y eficiencia, la rectoría del Estado y una planeación vinculante, además del fortalecimiento de las empresas públicas Petróleos Mexicanos (Pemex) y CFE.

Como parte de esta estrategia, se establece una prevalencia del Estado de al menos 54 por ciento de la generación eléctrica pública frente a 46 por ciento privada, mientras que para 2030 se proyecta alcanzar el 61 por ciento de generación estatal.

El fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad contempla su integración operativa, la eliminación de subsidiarias y planes estratégicos de mediano plazo, con una orientación pública dirigida a garantizar energía suficiente y continua.

Sheinbaum Pardo también destacó el avance de los proyectos de generación renovable, puesto que la estrategia contempla incrementar la participación de dichas fuentes en la generación eléctrica y ampliar la infraestructura necesaria para incorporar la nueva capacidad al sistema. La expansión incluye centrales de ciclo combinado, que utilizan gas natural como fuente primaria, además de proyectos solares, eólicos y geotérmicos.

La Jefa del Ejecutivo calificó la inversión como “histórica” y destacó que los recursos permitirán desarrollar infraestructura para atender la demanda eléctrica del país durante los próximos años.


"Es una inversión muy grande. Es un muy buen equipo el que trabaja en el sector energético bajo la coordinación de Luz Elena", concluyó la doctora.
FUENTE/MEDIO: SINEMBARGO.

El Kado seguirá recluido en reclusorio de Yucatán por otro proceso

A pesar de haber obtenido el sobreseimiento de su causa penal en Tijuana por la prescripción del delito de portación de arma de fuego, Héctor Manuel Gil García, alias el Kado, continuará privado de la libertad en el Centro de Reinserción Social de Mérida, en Yucatán.

La permanencia en prisión del procesado obedece a que enfrenta en esa entidad un proceso penal por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la salud, portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y posesión de cartuchos también de uso reservado del Ejército.

Recientemente, el Tribunal Colegiado de Apelación del Decimocuarto Circuito, en Mérida, confirmó el auto de vinculación a proceso dictado en su contra dentro del toca penal acusatorio 93/2026.

La resolución judicial, emitida con la ponencia de la magistrada Guadalupe Belem Lobato Rodríguez, ratificó el fallo emitido por una jueza de control federal al estimar la existencia de datos de prueba suficientes presentados por el Ministerio Público de la Federación.

El expediente penal extinguido en Tijuana se remonta a agosto de 2016, cuando elementos policiales interceptaron a Gil García en el fraccionamiento Chapultepec, asegurándole una pistola escuadra, un cargador y dos cartuchos útiles.

En aquella fecha, el Ministerio Público decretó su libertad provisional al no requerir prisión preventiva oficiosa y acreditar el imputado su arraigo en la ciudad.

Al no comparecer posteriormente a los citatorios para la formulación de imputación, la autoridad judicial lo declaró sustraído de la justicia y libró una orden de aprehensión en su contra.

El mandato judicial fue ejecutado en reclusión en el penal de Mérida en agosto de 2026 por agentes de la Policía Federal Ministerial.

No obstante, la defensa promovió el recurso de apelación y el Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, en fallo emitido el primero de octubre de dos mil veintiséis dentro del toca 477/2026, decretó el sobreseimiento por la prescripción de la acción penal.

Pese a que la juzgadora de origen giró el oficio de libertad exclusiva por la causa de Tijuana al director del reclusorio de Mérida, la orden no derivó en la excarcelación del procesado debido al proceso penal que mantiene abierto en Yucatán.

Este expediente deriva de la detención de Gil García realizada el 22 de julio del año en curso por autoridades federales en la Carretera Federal 180.

De acuerdo con las constancias de la causa penal, la intervención ocurrió momentos antes de las 20:20 horas en el estacionamiento de una tienda de conveniencia contigua a una estación de servicio.

Los agentes captores intervinieron al imputado cuando se encontraba acompañado de su esposa a bordo de una camioneta tipo SUV marca GMC, línea Yukon, color negro, con placas de Quintana Roo.

Durante la inspección corporal, los elementos aprehensores localizaron a la altura de la cintura del detenido un arma de fuego tipo pistola calibre .380, marca Springfield Armory, con su cargador y un cartucho útil.

En la revisión practicada al vehículo, las autoridades aseguraron en la cajuela dos cartuchos útiles adicionales, una bolsa con clorhidrato de metanfetamina, un paquete con Cannabis sativa L., una báscula gramera digital y bolsas sintéticas de empaque.

Con base en estos hallazgos, el Ministerio Público de la Federación adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) formuló la imputación correspondiente y obtuvo la vinculación a proceso el 30 de julio siguiente, con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

En la apelación tramitada en Mérida, los defensores particulares arguyeron inconsistencias en el Informe Policial Homologado, errores en las coordenadas geográficas y violaciones en la cadena de custodia de las evidencias.

Al resolver el toca 93/2026, los magistrados del tribunal de alzada desestimaron los agravios al concluir que los datos de prueba corroboran la narrativa fáctica de los agentes captores y acreditan la existencia material de las armas y los narcóticos.

Gil García, señalado por las autoridades como presunto generador de violencia y líder de células operativas del Cártel Arellano Félix en Tijuana, Ensenada y Playas de Rosarito, continuará internado en el reclusorio de Mérida.

Hasta ahora no se ha ejercitado acción penal en su contra por conductas delictivas referidas por las autoridades como trasiego transfronterizo de drogas y extorsión, entre otras.

En todo momento del proceso judicial en su contra opera el principio constitucional de presunción de inocencia, conforme al cual el procesado debe ser considerado y tratado como inocente mientras no exista una sentencia ejecutoriada dictada por la autoridad jurisdiccional competente.

FUENTE/MEDIO: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: LUIS CARLOS SÁINZ.
ENLACE: https://zetatijuana.com/2026/10/el-kado-seguira-recluido-en-reclusorio-de-yucatan-por-otro-proceso/

Admiten Sheinbaum y CFE persistencia de apagones en la Península de Yucatán y refuerzan mantenimiento

Ante los constantes cortes en el suministro eléctrico que continúan afectando a la Península de Yucatán —a pesar de los avances institucionales presumidos por la Comisión Federal de Electricidad (CFE)—, la presidenta Claudia Sheinbaum y la directora de la CFE, Emilia Calleja, explicaron las causas estructurales y operativas detrás de estas fallas.

El problema más reciente, registrado a finales de agosto e inicios de septiembre, dejó sin luz a más de 745 mil usuarios en Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas durante unas siete horas debido a una falla en una torre de transmisión.

Al ser cuestionadas sobre si las nuevas inversiones garantizarán el fin definitivo de los apagones en la región, la titular de la CFE evitó comprometerse a erradicar por completo las interrupciones, aunque puntualizó que la empresa productiva del estado se encuentra atendiendo de raíz los puntos críticos detectados mediante diagnósticos especializados.

“Hemos estado trabajando para reforzar toda la infraestructura, como lo hemos expuesto con las inversiones y las actividades muy precisas mediante un diagnóstico en cada una de las zonas”, señaló Calleja, agregando que cuadrillas de diversas partes del país realizan labores de modernización y mantenimiento para solucionar los problemas de origen.

EL RETO DE LA VEGETACIÓN Y EL MANTENIMIENTO PERMANENTE EN LAS REDES

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum detalló que gran parte de los apagones locales y de las interrupciones en el servicio están estrechamente vinculados con factores ambientales y operativos, como el acelerado crecimiento de la vegetación debido a la alta humedad de la zona sureste.

Agregó que un solo árbol con ramas en contacto con las líneas de distribución puede causar el colapso del suministro en colonias enteras.

Bajo este contexto, la mandataria federal enfatizó que la dependencia federal y el gabinete energético realizan un esfuerzo conjunto para intensificar la poda y la limpieza a lo largo de todo el territorio nacional, abarcando tanto las torres de alta tensión como las redes urbanas y rurales.

“Un árbol que afecte una línea de distribución porque creció en unas ramas en medio de la línea y la afectan, pues puede llegar a que no haya luz en una colonia completa. Entonces se tiene que hacer un trabajo permanente de poda, de limpia. Imagínense toda la red de transmisión que hay en el país”, explicó Sheinbaum.

ESTRATEGIAS DE REFORZAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Para dar solución definitiva a la vulnerabilidad energética de la península, el gobierno federal implementa un plan integral coordinado por la Secretaría de Energía, encabezada por Luz Elena González, y la dirección de la CFE. Dicho plan contempla dos ejes prioritarios de acción solicitados recientemente al interior de la administración federal.

“¿Cómo se está reforzando esa zona? Uno, con la conexión de un gasoducto para llevar más gas hacia la península, particularmente a Quintana Roo; y dos, con un trabajo que Luz Elena [González] con Emilia [Calleja] [hacen] para reforzar todo el sistema de transmisión y distribución”, detalló la Presidenta, subrayando que las revisiones preventivas en torres y líneas de distribución son permanentes para evitar afectaciones mayores a la población.

FUENTE/MEDIO: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: JOSÉ GUADARRAMA.
ENLACE: https://zetatijuana.com/2026/10/admiten-sheinbaum-y-cfe-persistencia-de-apagones-en-la-peninsula-de-yucatan-y-refuerzan-mantenimiento/

"Ni amenaza ni caída": CSP reporta "desperfecto" en avioneta de Gobernador de Nayarit

La mandataria apuntó que el Gabinete de Seguridad no tiene información que apunte a que el mandatario estatal corre peligro

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) descartó este miércoles que exista una amenaza contra el Gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, y explicó que el percance que sufrió la avioneta que usualmente utiliza fue causado, presuntamente, por un desperfecto.

Al ser cuestionada respecto a si el Gabinete de Seguridad del Gobierno federal le informó sobre algún riesgo para la seguridad del mandatario estatal, durante la "mañanera del pueblo", la Jefa del Ejecutivo respondió que "no tenemos información de que haya alguna amenaza".

En cuanto a las causas del percance, la mandataria mexicana indicó que esto pudo ser causado por un desperfecto en la aeronave y no por una acción planeada para atentar contra la vida del Gobernador nayarita.

"No sé si fue caída como tal, caída de la avioneta, más bien tuvo un desperfecto por lo que sé, pero no que se cayó la avioneta. Y no hay nada que tenga el Gabinete de Seguridad que lo asocie a alguna situación en contra del Gobernador", dijo la Presidenta Sheinbaum.


La tarde del domingo 4 de octubre, la avioneta que era usada habitualmente por el Gobernador de Nayarit para trasladarse sufrió un percance que causó que se estrellara en la zona serrana de Ixtlán del Río; en el accidente murieron el piloto Óscar Quesada y el copiloto Ángel Ricardo Granados Vargas.

Fiscalía de Nayarit indaga posible atentado contra el Gobernador

Luego del incidente en el que estuvo involucrada la aeronave que transportaba al mandatario estatal, la Fiscalía General del Estado de Nayarit informó que investigará si este percance podría estar relacionado con un intento de atentado en contra de Miguel Ángel Navarro Quintero.

En una conferencia de prensa, la Fiscal Ludmila Heredia Verdugo explicó que una las líneas de investigación deriva de información obtenida gracias a labores de inteligencia y extracción que se realizaron en la zona donde ocurrió el desplome.
“Gobernador, no vamos a parar la investigación hasta establecer si con los trabajos de extracción y los de inteligencia tenía como objeto atentar contra su vida”, afirmó.º

La Marina desmantela narcolaboratorio en Elota, Sinaloa; asegura precursores químicos

El predio de 12 mil metros cuadrados contenía maquinaria, vehículos y sustancias químicas

La Secretaría de Marina (Marina), en coordinación con autoridades federales, localizó e inhabilitó un laboratorio clandestino de aproximadamente 12 mil metros cuadrados utilizado para producir drogas sintéticas en el poblado de La Tinajas, en el municipio de Elota, Sinaloa, donde aseguró 150 litros de precursores químicos líquidos y más de 92 kilogramos de sustancias sólidas, informó este miércoles el Gabinete de Seguridad.

A través de un comunicado, la autoridad federal detalló que en el despliegue participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes trabajaron junto con personal naval para intervenir el predio como parte del reforzamiento de la seguridad en la entidad.

La operación derivó de labores de inteligencia y acciones en campo dirigidas a detectar instalaciones vinculadas con la fabricación de narcóticos, así como a debilitar las estructuras criminales involucradas en esta actividad e interrumpir sus cadenas de suministro.


Autoridades hallan maquinaria y vehículos en el predio

Durante la intervención en el predio de Las Tinajas, los elementos federales también encontraron maquinaria, vehículos y herramientas presuntamente utilizados para la elaboración de sustancias ilícitas.

Entre los objetos asegurados se encuentran:
  • Dos vehículos.
  • Tres destiladores.
  • Dos centrifugadoras.
  • Tres mezcladoras.
  • Una báscula.
  • Ventiladores.
  • Tres bombas de agua.
  • Diversas herramientas.
Una vez concluida la inspección, las autoridades inutilizaron las instalaciones y el equipo empleado en el proceso de fabricación para impedir que fueran usados nuevamente.

Los indicios y objetos decomisados quedaron a disposición de la autoridad competente, que continuará con las investigaciones para determinar su procedencia y posible relación con actividades delictivas.

Cecilia Flores y su hija ya son las primeras buscadoras con certificación en México

El reconocimiento oficial avala años de experiencia adquirida en campo y abre nuevas oportunidades de capacitación para familiares de víctimas de desaparición

Ceci Patricia Flores, madre buscadora y activista, informó este miércoles que ella y su hija, Milagros de Jesús Valenzuela Flores, obtuvieron una certificación oficial que avala sus conocimientos y habilidades para localizar a personas desaparecidas en México, otorgada por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), organismo adscrito a la Secretaría de Educación Pública (SEP).
"Hoy damos un paso que puede marcar un antes y un después. Por primera vez, una madre buscadora y una hermana buscadora /familiares en México han logrado certificarse bajo el Estándar de Competencia EC1542 'Búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas' del CONOCER", afirmó la madre buscadora en redes sociales.
Flores destacó que este reconocimiento va más allá de la entrega de un documento, pues representa la oportunidad de validar formalmente la experiencia adquirida por las familias durante años de recorridos, investigaciones y labores de campo para encontrar a sus seres queridos, así como de convertir ese aprendizaje en competencias que puedan ser evaluadas por instituciones especializadas.


Ceci Flores busca que más familias obtengan certificaciones
Las fundadora del colectivo, Madres Buscadoras de Sonora, expresó su intención de que este primer reconocimiento abra la puerta a la capacitación de otros familiares que participan en labores de localización en distintas regiones del país.

En su mensaje, subrayó la importancia de contar con preparación técnica, metodologías y herramientas especializadas que fortalezcan el trabajo realizado por quienes buscan a sus seres queridos.
"Queremos que más madres, padres, hermanas, hermanos, esposas, hijos y familiares buscadores de todo México tengan la oportunidad de capacitarse, profesionalizar sus conocimientos y, cuando cumplan con los requisitos correspondientes, certificarse", señaló.


Asimismo, agradeció a Salomón Ceballos Ochoa, Director general del Instituto Estatal de Capacitación (IECA) de Guanajuato, y a Fernando Ramírez Mendoza, Director ejecutivo de Forensic and Legal, por su respaldo durante el proceso de formación, evaluación y acreditación.

La activista aclaró que esta iniciativa no pretende reemplazar las obligaciones de las autoridades, sino fortalecer las capacidades de los colectivos para continuar con sus actividades.
"No queremos sustituir a las autoridades ni asumir una responsabilidad que corresponda al Estado. Queremos tener más herramientas para hacer aquello que ninguna madre debería tener que aprender a hacer: buscar a sus hijos", concluyó.
Ceci Flores halló a uno de sus hijos tras seis años de búsqueda; aún espera encontrar al otro

En marzo de este año, Ceci Flores confirmó que los restos humanos localizados en un predio cercano a la Carretera 100, en Hermosillo, Sonora, correspondían a su hijo Marco Antonio Sauceda Rocha, desaparecido en 2019 en Bahía de Kino, luego de que una prueba de ADN permitió establecer su identidad.
"Hijo, nunca dejé de buscarte... nunca perdí la esperanza de encontrarte, de abrazarte otra vez. Cada día sin ti fue un dolor que no se puede explicar con palabras", expresó entonces la activista al dar a conocer los resultados de los estudios genéticos.
La fundadora de Madres Buscadoras de Sonora inició su lucha en 2015, cuando Alejandro Guadalupe, otro de sus hijos, fue privado de la libertad a los 21 años mientras se dirigía a su trabajo en Los Mochis, Sinaloa. Cuatro años después, un grupo armado se llevó a Marco Antonio, lo que llevó a Flores a intensificar sus recorridos por distintas regiones del país.

Aunque logró recuperar los restos de Marco Antonio, la madre buscadora continúa sin conocer el paradero de Alejandro Guadalupe, por quien mantiene sus labores de localización desde hace más de una década.

Hacienda informa que no hay investigaciones contra López Beltrán y Amílcar Olán

Ante cuestionamientos de la oposición, el titular de Hacienda confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera no tiene investigaciones abiertas contra Andrés Manuel López Beltrán o Amílcar Olán

Durante su comparecencia ante el Senado, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Abraham Amador Zamora, descartó que existan investigaciones abiertas o solicitudes por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre presuntos actos de corrupción o cuentas irregulares vinculadas a Amílcar Olán o a Andrés Manuel López Beltrán.

Legisladores de oposición cuestionaron al funcionario sobre posibles expedientes en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y le demandaron explicaciones sobre las acciones para combatir el contrabando de combustible o “huachicol fiscal”.

Durante la primera ronda de preguntas, la senadora Mayuli Latifa Martínez, del PAN, acusó a López Beltrán de encabezar una red de negocios de corrupción con el huachicol fiscal y con el balastro del Tren Maya; además de tráfico de influencias y delincuencia organizada. Enumeró a una decena de personajes entre los que están Amílcar Olán, Alex Tonatiuh Márquez, Daniel Asaf, Luis Alberto Olán, entre otros.

México fortalece sus instituciones de género, pero no logra frenar la violencia contra las mujeres

Los hallazgos de un informe regional sobre acceso a la justicia muestran que hay avances formales y que se diseñan de políticas públicas, pero persisten fallas estructurales que ponen en riesgo la protección de las mujeres ante virajes en los gobiernos

Ante la crecida de las derechas en América Latina, que en muchos casos ha  implicado retrocesos en el acceso de las mujeres a la justicia, México mantiene un enfoque distinto en la región, aunque sigue entre los países con mayores niveles de violencia de género.

Esto puede deberse a varias causas, anticipa en entrevista Maïssa Hubert, de la organización Equis Justicia, una de las participantes en el informe “Acceso a la justicia y cumplimiento de la Convención Belém Do Pará en contextos regresivos”. Una de las principales causas es que el enfoque de atención no ha virado hacia un mayor énfasis preventivo, y en cambio se mantiene como reactivo y punitivo, asegura. 

El informe, elaborado por la Articulación Regional Feminista —alianza de organizaciones de siete países de América Latina— evalúa la respuesta estatal ante la violencia de género entre 2022 y 2024 según los indicadores del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi). En ese contexto, México mantiene la intención de fortalecer la arquitectura pública de género.

Algunos de los cambios recientes a destacar son la creación, a nivel federal, de la Secretaría de las Mujeres (Semujeres), y algunas asignaciones presupuestarias dedicadas a esa agenda: “México va totalmente a contracorriente de América Latina en lo institucional, es decir que en los últimos años ha apostado mucho para fortalecer la institucionalidad”, señala Hubert. 

A pesar de esa reestructuración, el informe hace énfasis en que nuestro país registra la prevalencia más elevada de violencia en la región. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 70.1 % de las mujeres de 15 años o más ha experimentado violencia a lo largo de su vida, cifra que supera a Chile (33.4 %), Argentina (45 %), Perú (52 %), Ecuador (65 %) y al promedio mundial de ONU Mujeres (30 %).

Además, el país concentró la estadística absoluta de feminicidio más alta de la región: 983 casos en 2022, 851 en 2023 y 853 en 2024, lo que implica tasas de 1.48, 1.25 y 1.27 por cada 100 mil mujeres. A diferencia de otros países, donde las agresiones mortales ocurren predominantemente en el hogar, en México ocurren con frecuencia en el espacio público.

“Sí hay una tendencia un poco a la baja en el feminicidio en México desde esa fecha, pero seguimos siendo uno de los países con números de feminicidio más altos de la región latinoamericana”, puntualiza la especialista.

Disparidad nacional y punitivismo

Respecto al por qué de la persistencia de estos indicadores, Hubert explica que el fortalecimiento federal, además de ser reciente, no se reproduce de forma homogénea en las 32 entidades del país. Las secretarías e institutos locales de las mujeres operan habitualmente con menores recursos e infraestructura.

A esto se suma la fragmentación normativa entre estados, pues cada código penal tipifica distintas modalidades de violencia, lo que genera una protección desigual dependiendo del lugar de residencia de las mujeres. Apenas en febrero de 2024 se estableció que un Registro Nacional de Medidas y Órdenes de Protección buscará una homogeneidad, para empezar, en los registros.

Además, se agrega la insistencia en un modelo centrado en elevar penas y crear tipos penales: “la visión que se tiene de cómo atender la violencia en México y en muchos otros países sigue siendo paliativa y reactiva”. Ese esquema traslada a las víctimas la responsabilidad de activar al Estado mediante la denuncia formal. 

En México, menos de una de cada diez mujeres que viven violencia denuncia o pide apoyo. En las órdenes de protección expedidas, si bien el 95 % incluye medidas de ejecución, solo el 49 % contempla acciones institucionales de seguimiento.

“Solamente vamos a tener intervención cuando se cometen los delitos, y cuando se cometen los delitos muchas veces es demasiado tarde para intervenir y para salvar vidas”, agrega. 

En materia judicial, el reporte resalta el Amparo Directo 7/2024 (“caso Rita”) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un antecedente importante en torno de la necesidad de juzgar con perspectiva de género. Sin embargo, persisten trabas en fiscalías y tribunales, como deficiencias en la formación del personal, falta de patrocinio jurídico y dilaciones en los procesos.

Panorama regional: normas sin efectividad y retrocesos

El estudio abarca el acceso a la justicia por violencia de género en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú. Entre 2022 y 2024 destaca avances legales, como la Ley Integral de Violencia en Chile (2024), la incorporación de violencia vicaria en México (2024), la inclusión de violencia política y digital en Argentina, así como normas sobre acoso laboral en Chile y Ecuador.

No obstante, la investigación concluye que la aprobación de leyes no asegura su aplicación efectiva. “Los hallazgos ponen en evidencia una paradoja regional: si bien se registran avances formales en la incorporación de estándares internacionales, en el diseño de planes nacionales y en el reconocimiento normativo de la diversidad de las mujeres, estos progresos conviven con fallas estructurales que impiden una intervención estatal efectiva y eficiente”, señala el documento.

En los mecanismos se observan dinámicas contradictorias. Mientras Colombia creó el Ministerio de Igualdad y Equidad en 2023 y México constituyó Semujeres en 2024, Argentina disolvió el Ministerio de las Mujeres en diciembre de 2023, con un recorte presupuestario del 62 %. Ecuador anunció en 2024 la supresión de su Ministerio de la Mujer, con reducciones del 23 % y deudas en fondos para casas de acogida. 

Hubert explica que en estos últimos años se ha observado cómo en Latinoamérica coexiste un fortalecimiento de leyes y políticas públicas, pero hay poca institucionalidad en los países. Por lo tanto, cuando ocurren “volantazos” hacia la derecha, es más fácil debilitar la aplicación de las leyes. 

“La falta de institucionalidad hace que sea muy fácil recortar el presupuesto, eliminar ciertas instituciones, no reconocer ciertos datos… Algo que nos compartían las compañeras de Argentina, que están viendo en su contexto, es que no es necesario que se desmantelen las leyes o se retiren de ciertas convenciones, porque el discurso político ha sido suficiente para desincentivar que muchas mujeres puedan tener accesos a ciertos servicios”, señala.

Considera lo anterior una gran lección —a considerar también en la situación actual de Brasil— acerca de lo que es necesario fortalecer en los países para estar listos en caso de retrocesos, y no perder avances en materia de género.

Entre la impunidad y la opacidad de datos

El informe evidencia también altas tasas de impunidad en la región. En Bolivia, los juzgados especializados resolvieron el 16.72 % de sus causas en 2024 y acumulan un 34.91 % de sentencias por feminicidios desde 2013. En Colombia, solo el 32 % de los feminicidios concluye con condena y el 78 % de los casos por delitos sexuales permanecen en investigación.

En tanto, en Ecuador las sentencias por feminicidio cayeron al 2.24 % en 2024, mientras que el 75.29 % de las muertes violentas se queda en la etapa investigación previa. La fragilidad presupuestaria de las instituciones es una realidad en todos los países de la región, incluido México.

“Los avances normativos conviven con institucionalidades frágiles y financiamiento insuficiente, lo que deriva en una implementación débil y una gran ineficiencia de la política para garantizar el acceso a la justicia”, apunta el documento.

A ello se suman problemas en los sistemas de información pública. Por ejemplo, Bolivia carece de encuestas periódicas; Chile mantiene su registro en fase piloto; Ecuador presenta retrasos en el Registro Único de Violencias, mientras que Argentina suspendió su sistema unificado tras eliminar el ministerio rector.

Estas omisiones afectan particularmente a grupos históricamente excluidos. En Argentina, la tasa de travesticidios/transfeminicidios en 2024 fue 12 veces mayor a la general. En Colombia, el 86 % de las mujeres indígenas no denuncia. En Ecuador, 7 de cada 10 mujeres indígenas han vivido violencia, mientras que en Perú persisten barreras para mujeres rurales e indígenas quechuahablantes.

“Las barreras identificadas se agudizan para aquellos grupos que enfrentan discriminaciones múltiples, como mujeres indígenas, migrantes, adolescentes, con discapacidad y LGBTIQ+, cuya desprotección es a menudo invisible para el sistema”, señala respecto de la falta de indicadores en torno a estas intersecciones.

Paradigma preventivo y pendientes presupuestales

Maïssa Hubert también advierte sobre iniciativas en Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú para sancionar las llamadas “falsas denuncias”, que buscan desincentivar las acusaciones formales por violencia de género, y están particularmente dirigidas hacia las mujeres.

En ese panorama de uso del derecho penal contra las mujeres y políticas de mano dura, la especialista sostiene que México puede constituir un contramodelo de respuesta, si migra de un enfoque penal a uno de protección y prevención oportuna. Eso requiere una institucionalización fuerte, presupuestos claros dedicados a esos temas y mayor coordinación. 

“No podemos seguirnos esperando a las denuncias. Creo que sería muy bello, la verdad, que en este contexto político México se pueda posicionar como un país que logre bajar el número de feminicidios porque cambió su paradigma de política pública, y descargue a las mujeres de esta necesidad de estar denunciando y asegurando su propio acceso a la justicia, y que el Estado pueda, proactivamente, acercarse a las mujeres que estén viviendo esas violencias para protegerlas antes de que escalen”, afirma.

El informe de Articulación Regional Feminista reitera que el cumplimiento de la Convención de Belém do Pará exige presupuestos adecuados, formación de servidores públicos, servicios territoriales y datos transparentes. Recuerda también que la coordinación interinstitucional sigue siendo un desafío en muchos países, lo que limita la eficacia de los planes de política pública.

Además, existe una insuficiencia de información sobre su implementación, impacto y resultados, lo que impide análisis profundos y comparables. Por otro lado, si bien se han expandido los servicios integrales, persisten brechas de cobertura territorial, recursos insuficientes y déficits en la atención a grupos en vulnerabilidad, especialmente en zonas rurales, lo que afecta de manera directa el acceso efectivo a la justicia y el cumplimiento de la debida diligencia estatal.

En el periodo 2022–2024 se han profundizado esos obstáculos, advierte el documento. Aun cuando la mayoría de los países cuenta con planes nacionales en ejecución, su alcance y efectividad siguen siendo limitados. Bolivia, Chile y México evidencian avances formales en el diseño de planes con enfoque interseccional, pero con escasos resultados en su implementación. 

Respecto de los presupuestos con perspectiva de género, la respuesta estatal continúa siendo fragmentada y con bajo financiamiento: Bolivia enfrenta dificultades para traducir la normativa presupuestaria obligatoria en mejoras sostenidas y Chile se rehúsa a avanzar en un pacto fiscal para políticas de prevención, mientras que en Argentina, Ecuador y México los programas se han visto afectados por retrasos, retenciones presupuestarias o eliminaciones, concluye.

FUENTE/MEDIO: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MARCELA NOCHEBUENA.
ENLACE: 
https://grupoanimal.mx/sociedad/mexico-violencia-mujeres-politicas-genero

La mansión de 40 millones de Carolina Viggiano

La senadora del PRI Carolina Viggiano habría adquirido una mansión de 40 millones en Las Lomas de CDMX, en una operación que involucra empresas factureras. La casa también es domicilio fiscal de su hijo

La senadora del PRI, Carolina Viggiano Austria, habría adquirido una mansión de más de 40 millones de pesos en Lomas de Chapultepec, una de las zonas de más alto valor comercial en la Ciudad de México.

El inmueble está ubicado en Sierra Nevada 319, Lomas de Chapultepec, y la operación fue realizada mediante empresas señaladas por el SAT como posibles factureras, de acuerdo con un reportaje de El Universal.

Fue el 18 de septiembre de 2019 cuando se emitió el primer aviso de “compra-venta a plazos”, ante el notario 147 Luis Carlos Treviño Berchelmann, de Nuevo León, a favor de Alma Carolina Viggiano Austria.

El Corporativo Awiki estuvo en suspensión de actividades y se volvió a activar en 2023, con el fin de realizar la supuesta compra de la casa.

El Universal señala que Corporativo Awiki fue una empresa proveedora del estado de Coahuila durante el sexenio de Rubén Moreira (2011-2017), esposo de Viggiano Austria.

La legisladora del PRI no incluyó ese inmueble en su declaración patrimonial, de acuerdo con el medio. La casa también es domicilio fiscal de su hijo, Diego Beltrán Viggiano.

Las empresas que, de acuerdo con el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México, intervinieron en la compra venta, estarían señaladas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) como posibles factureras.

Viggiano Austria no ha publicado en sus redes sociales alguna aclaración o desmentido. Días antes aclaró otra operación, pero referente a un terreno en Zempoala, Hidalgo.

Pío López Obrador anuncia que va por el Distrito 9 de Chiapas

Pío López Obrador, el hermano de AMLO involucrado en el escándalo de los sobres de dinero en 2020, anuncia que se registró en el proceso interno de Morena para aspirar a una diputación federal por Chiapas rumbo a 2027

Pío López Obrador, hermano del expresidente AMLO, anunció este 6 de octubre que se registró en el proceso interno de Morena para aspirar a una diputación federal por Chiapas rumbo a 2027.

Desde una terraza con vista a la ciudad (Tuxtla Gutiérrez), López Obrador dice en un video que se inscribió como aspirante a la coordinación distrital de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional por el distrito 9 de Chiapas, con cabecera en Tuxtla Gutiérrez. 

El protagonista de un escándalo de sobres con dinero en 2020 calificó el paso como un “compromiso moral” y señaló que esa figura se convertirá, en los meses siguientes, en la candidatura a ocupar un escaño en la Cámara de Diputados por voto popular en los comicios de 2027.


En el mensaje resaltó que “se ha llevado a cabo una lucha incansable cuyo objetivo superior ha sido la construcción del movimiento más importante de México y de nuestro querido Chiapas: la Cuarta Transformación de la vida pública de nuestro país”. 

También aludió a su cercanía con su hermano, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y a su militancia en el partido que este fundó.

El texto de redes sociales que acompaña el video refuerza el llamado: invita de forma “respetuosa y fraterna” a mujeres y hombres “libres y de buena voluntad” a seguir organizándose “desde abajo y entre todos” para continuar el Movimiento de Transformación, defender la soberanía del país y hacer de México un país “más humano, empático y fraterno”, sobre todo con los más necesitados.

EL ESCÁNDALO DE LOS SOBRES

En agosto de 2020, el medio Latinus, con el periodista Carlos Loret de Mola, difundió videos grabados en 2015 en los que se ve a Pío recibiendo fajos de billetes de David León Romero (entonces asesor del gobierno de Chiapas de Manuel Velasco y, más tarde, funcionario federal). 

En una de las entregas se menciona un sobre con unos 400 mil pesos y en otra una bolsa con alrededor de un millón. En las grabaciones se habla de aportaciones para apoyar el movimiento político de su hermano en Chiapas. El entonces presidente AMLO explicó en su momento que se trataba de aportaciones ciudadanas para el movimiento, no de dinero ilícito de partido, y pidió que se investigara.

LA EXONERACIÓN

Pío ha sostenido que los videos fueron manipulados o descontextualizados y demandó a Loret por difamación.

En octubre de 2022, tras dos años de investigación, finalmente el agente del Ministerio Público de la Federación de la Fiscalía de Delitos Electorales (FISEL) resolvió el no ejercicio de la acción penal contra los involucrados.

En agosto de 2025, el INE declaró infundado el procedimiento por falta de pruebas suficientes de que ese dinero se hubiera usado como financiamiento ilegal de Morena. En marzo de 2026 el Tribunal Electoral confirmó esa exoneración.

FUENTE/MEDIO: EMEEQUIS.

La violencia ya no es “caso aislado”: Morelos, primer lugar nacional en homicidios de jóvenes

Entre enero y agosto de 2026 Morelos registró 179 homicidios dolosos de adolescentes y jóvenes de 13 a 29 años, la tasa más alta del país. Nueve estudiantes de la UAEM han sido asesinados en menos de dos años; expertos alertan por falta de transparencia y policía debilitada. La violencia aún sigue

En Morelos la violencia que mata a adolescentes y jóvenes dejó de ser desde hace tiempo lo que las autoridades suelen argumentar, “casos aislados”.

Entre enero y agosto de 2026 la entidad acumuló 18 homicidios dolosos de adolescentes de 13 a 17 años y 161 de jóvenes de 18 a 29, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) analizadas por Morelos Rinde Cuentas.

Al considerar la población de cada grupo, Morelos registró las tasas más altas del país: 0.91 homicidios por cada 100 mil habitantes entre adolescentes de 8 a 10 años y jóvenes de 18 a 29 años.

“Lo que vemos es que Morelos, además de estar en segundo lugar a nivel nacional, ya separándolo por rango de edad, sería primer lugar en el caso de jóvenes de 13 a 17, 18 a 19, lo que nos coloca, creo yo, como un foco rojo”, señaló.

En la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) nueve estudiantes han sido asesinados en menos de dos años: dos en 2025 y siete durante los primeros nueve meses de 2026. Son cuatro casos investigados como feminicidio y cinco homicidios ocurridos en circunstancias distintas. No existe información pública que permita afirmar que estén relacionados.

Nueve estudiantes. Nueve familias esperando justicia.

Nueve estudiantes

En 2025 Aylin Rodríguez Fernández, de 20 años, estudiante de Psicología, fue reportada desaparecida el 3 de abril tras salir de su domicilio en Cuernavaca. Al día siguiente fue localizada sin vida en la colonia El Porvenir, Jiutepec. La UAEM confirmó que se trató de un feminicidio y exigió una investigación con perspectiva de género.

El 17 de septiembre fue asesinado David Adrián Gómez, alumno de la Preparatoria Número 1. Salió de clases rumbo a su domicilio, pero no llegó. Su madre confirmó ante la Fiscalía que había sido localizado sin vida en Temixco. Familiares señalaron que recibió un disparo en la cabeza; la investigación permanece abierta.

Abril Gómez, hermana del joven, denunció que la UAEM fue indolente y que en su momento sólo se limitó a enviar una corona de flores. “Que no se olviden de ese caso, que no lo entierren, que busquen a los culpables y que se haga justicia”, expresó.

En 2026 Kimberly Joselín Ramos Beltrán, de 18 años, estudiante de Contaduría, Administración e Informática, fue vista por última vez el 20 de febrero en Campus Chamilpa y localizada sin vida el 2 de marzo en sus inmediaciones. Su caso detonó la toma del campus y la exigencia de medidas de seguridad dentro y fuera de los espacios universitarios.

Ese mes fue asesinada Karol Toledo Gómez, de 18 años, estudiante de Derecho de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec. Desapareció el 2 de marzo y fue localizada sin vida tres días después en Coatetelco. Ambos casos provocaron movilizaciones y un paro prolongado en la UAEM, extendido a otras unidades académicas.

El 24 de mayo desapareció Michelle Itzayana Fuentes Calderón, de 15 años, alumna del Sistema Universitario de Educación Mixta. Familiares y estudiantes participaron en su búsqueda. El 2 de junio fue localizada sin vida en las inmediaciones de Tepoztlán. Su caso se integra al recuento de asesinatos, pero no al de feminicidios.

El 12 de septiembre Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años, estudiante española de intercambio entre la Universidad de Barcelona y la UAEM, fue atacada con un arma blanca en la Casa de la Cultura de Cuautla y murió esa noche.

La Fiscalía informó que investigaba el caso bajo el protocolo de feminicidio. Había llegado a Morelos el 17 de agosto y tenía prevista su estancia hasta diciembre.

El 26 de septiembre Christian Shamed Arce Díaz y Gael Rojas Pérez, ambos de 17 años y alumnos de la Preparatoria Número 2, fueron asesinados a balazos en Chulavista, Cuernavaca, tras salir de una celebración. Un tercer menor resultó herido. Hasta las primeras investigaciones, la Fiscalía no había informado sobre detenidos ni móvil.

Ángel Miguel Hernández Flores, de 17 años, alumno de quinto semestre de la Preparatoria Número 1 y repartidor de una pollería, fue asesinado el 5 de septiembre mientras trabajaba en la colonia Satélite de Cuernavaca.

Su caso tardó semanas en hacerse visible, hasta que Resistencia Estudiantil UAEM comenzó a difundirlo y exigir justicia. Autoridades de la UAEM corroboraron que era alumno de la Preparatoria Número 1. De acuerdo con su credencial, tenía 17 años y pertenecía al bachillerato en Ciencias Sociales.

A más de tres semanas del homicidio, la familia continuaba a la espera de información sobre los avances de la investigación.

Resistencia Estudiantil declaró septiembre el mes más violento para la comunidad universitaria y difundió fotografías de Ángel Miguel, Claudia, Christian y Gael. “Pronunciaremos sus nombres para no olvidar las vidas que nunca se nos debieron arrebatar”, escribió el colectivo.

Jóvenes en la mira

Entre enero y agosto, 179 adolescentes y jóvenes de 13 a 29 años fueron víctimas de homicidio doloso.

Salinas plantea revisar las capacidades de seguridad: policías capacitados, certificados de control de confianza y acciones para aumentar el estado de fuerza. Morelos Rinde Cuentas documentó una reducción de elementos municipales; como ejemplo señaló que Cuernavaca disminuyó su estado de fuerza en más de 40% durante los últimos 10 años.
También cuestiona la falta de transparencia en un proyecto de 800 millones de pesos para cámaras de videovigilancia, previsto para cuatro años. Morelos Rinde Cuentas solicitó información, pero, según Salinas, no fue entregada porque el proyecto está en modificación o fue clasificado como reservado.
“Es un proyecto de 800 millones para cámaras, pero no hay transparencia y tampoco sabemos o creemos que eso vaya a resolver el problema de invertir solamente en cámaras de videovigilancia”, afirmó.

Proceso solicitó una entrevista a Rodrigo Heredia del Orbe, director general del Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes (Impajoven), directamente y a través de Comunicación Social, para conocer su postura sobre la violencia que enfrentan adolescentes y jóvenes en Morelos. Hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

También se buscó a autoridades de la UAEM, mediante su área de Comunicación Social, para conocer su postura sobre los asesinatos y desapariciones de estudiantes y las medidas implementadas ante esta situación. Tampoco hubo respuesta.

¿Por qué están matando a los jóvenes?

Los nueve expedientes relativos a los asesinatos de los estudiantes ya mencionados muestran circunstancias distintas y corresponden a investigaciones ministeriales. Salinas plantea analizar la vulnerabilidad juvenil junto con las desapariciones y la posibilidad de reclutamiento o captación por grupos vinculados con la violencia, sin afirmar que todos los jóvenes asesinados estén relacionados con organizaciones criminales.

“Es un grupo vulnerable y a lo mejor podrían estar siendo víctimas, es un forzarlos”, explicó.

La estadística no explica quién mata ni por qué, pero muestra la magnitud: Morelos ocupa el primer lugar nacional por tasa de homicidio doloso entre adolescentes de 13 a 17 años y jóvenes de 18 a 29.

Para Iván Martínez Dunker, profesor investigador del Centro de Investigación en Dinámica Celular de la Universidad Autónoma Metropolitana, la violencia contra adolescentes y jóvenes tampoco puede entenderse sólo como un problema de seguridad.

“Esto es resultado de una falla profunda de nuestra estrategia, no sólo de seguridad, sino una estrategia social de recomposición”, sostuvo.

El investigador señala la falta de articulación entre los tres niveles de gobierno y el debilitamiento de los municipios, tanto en capacidades como en recursos, además de problemas históricos de corrupción y colusión entre autoridades y grupos criminales.

“A falta de Estado (el espacio) es ocupado por la criminalidad”, sostuvo.

Martínez Dunker considera que la respuesta también debe involucrar a la sociedad y las universidades.

“Creo que hay que partir del punto de que todos estamos fallando y es ahí en donde tenemos que cuestionarnos primero a nosotros mismos y ver qué es lo que nos toca hacer”, afirmó.

La violencia también llegó a la universidad

Aunque varios estudiantes fueron atacados mientras realizaban actividades cotidianas fuera de instalaciones universitarias, para Martínez Dunker las universidades no pueden permanecer al margen.

“Por más silencio que se tenga, por más que se deje de hablar, el tema es que ha crecido y esto, al final, está tocando la puerta”, expresó.

Considera que las instituciones educativas deben participar en la construcción de propuestas y espacios de diálogo.

“Las universidades, sus académicos, deben dar una guía a la sociedad a la que sirven, de hacia dónde ir”, sostuvo.

La violencia contra las estudiantes también pone bajo la lupa las medidas institucionales para prevenir y atender la violencia de género.

En un informe publicado en agosto de 2026, Intersecta señaló que, aunque existen avances legales, persisten obstáculos para hacerlos efectivos. Un análisis de 2023 encontró que 38 de 40 universidades revisadas contaban con unidades de igualdad de género, pero la mitad operaba sin presupuesto propio. Entre ellas estaba la UAEM.

Para la organización, la falta de recursos dificulta atender casos, realizar diagnósticos y capacitar al personal.

Los que faltan

A los nueve asesinatos se suman dos estudiantes desaparecidos.

Viridiana Anaid Morales Rodríguez, estudiante de la Facultad de Psicología de la UAEM, tenía 21 años cuando desapareció el 12 de agosto de 2012. Viajó al Estado de México con su entonces esposo, Roberto Altamirano López. Dos días después él fue localizado sin vida. Ella nunca volvió.

Dorian Alí Olivo Rodríguez, de 20 años, había cursado estudios en la Facultad de Nutrición de la UAEM. Desapareció el 2 de junio de 2026, después de trasladarse hacia Tres Marías, en Huitzilac. Su última ubicación conocida quedó registrada entre Cuernavaca y Huitzilac, donde se perdió la comunicación.

La UAEM confirmó su desaparición y expresó su respaldo a la familia. Hasta septiembre de 2026, continuaba desaparecido.

El 2 de octubre, otra vez las calles

Para este 2 de octubre integrantes de Resistencia Estudiantil, la Red de Estudiantes de Posgrado, Mujeres Revolucionarias y el Ensamble de Percusiones Femenil WUAMAZO 8 de Marzo, entre otros colectivos, convocaron a una movilización en Cuernavaca, que estuvo encabezada por la familia de Miguel Ángel, estudiante de la Preparatoria 1 de la UAEM.

La marcha partió cerca de las 2 de la tarde de la Glorieta de Tlaltenango hacia el Tribunal Superior de Justicia, donde se exigió justicia por los nueve estudiantes asesinados y la aparición con vida de Dorian y Viridiana.

Los colectivos también reclamaron seguridad para las y los estudiantes dentro y fuera de las aulas.

Durante la movilización, Víctor Manuel Hernández, padre de Miguel Ángel, relató que su hijo fue atacado a balazos el 5 de septiembre en la colonia Satélite y que, a casi un mes de la agresión, no hay avances en la investigación. La familia exige justicia.