Robledo aseguró que la dependencia que dirige no va a intervenir en sus conclusiones ni podrá modificar los resultados; y que los avances de las pesquisas clínicas se comunicarán primero a las familias afectadas.

Además, señaló que el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE) analizará los microorganismos identificados para determinar el origen de los brotes y su posible relación con los seis decesos de recién nacidos presentados en la UCIN del Centro Médico Nacional de Occidente, tres de los cuales fueron denunciados por parte de las familias ante la Fiscalía General de la República (FGR).

IMSS creará Comando Operativo: Robledo

El funcionario federal anunció la creación de un Comando Operativo del sector salud para reforzar la seguridad de los recién nacidos en las unidades de cuidados intensivos neonatales del IMSS en todo el país.

La iniciativa escrutadora contempla implementar protocolos de vigilancia epidemiológica homologada, alertas tempranas de brotes, revisiones periódicas de las condiciones de atención y de las medidas de control de infecciones, así como protocolos para evaluar fallecimientos asociados con brotes.

Las familias de las víctimas y los pobladores indicaron que los ejidatarios de la zona han comenzado a implementar acciones de resistencia contra la tala ilegal y el presunto avance del cártel "La Familia Michoacana" en esa región.

Ejidatarios exigen intervención del Gobierno federal

Los ejidatarios exigieron en un comunicado la intervención del Gobierno federal para localizar a sus familiares privados de la libertad y advirtieron que, de no haber una pronta respuesta, incrementarán la contundencia de sus acciones de protesta.

Comentó que mantienen coordinación con representantes y familiares, con quienes se realizan labores de búsqueda en distintos puntos de la zona. Asimismo, Rodríguez Cisneros informó que establecerá comunicación con integrantes de los comités de paz que operan en la región, con quienes se mantiene un trabajo permanente.

Según las investigaciones, un grupo de once personas se dirigía a realizar sus labores en las parcelas cuando presuntamente fue interceptado por un grupo de sujetos armados en los caminos serranos que conducen al municipio, justo a la altura de la comunidad de La Lajita.

De la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Adriana Gómez platica sobre la lucha feminista. El valor de los colectivos y las organizaciones de mujeres radica en plantarle cara a un gobierno y un Estado que no las escucha y menos las nombra. A los que sólo parecen importarles los feminicidios cuando la víctima es una extranjera. Por eso su movimiento busca eliminar la violencia estructural y machista que las atraviesa.

También está quien apenas se adentra en la lucha estudiantil, como Gauri, estudiante del Instituto Politécnico Nacional que participó activamente en su ultimas movilizaciones. Junto a sus compañeras y compañeros, exige instalaciones dignas, que el presupuesto no se desvíe. Y aunque la toma del Canal Once haya finalizado, sabe que la lucha apenas comienza.

En último lugar, pero no menos importante, se encuentra el testimonio de Rojo Carmesí, activista y estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, para quién la huelga de 1999 pasa por razón de vida. Sus padres, como el de muchas otras y otros, se conocieron en el movimiento estudiantil. Por eso, ella tiene claro que su deber es defender la educación popular, luchar porque no se privatice a la Universidad, porque se reconozca institucionalmente el genocidio palestino y se rompan relaciones académicas con Israel.

Estos testimonios forman un abanico de postales sobre el movimiento o los movimientos estudiantiles actuales. Así reunidos dialogan entre sí, en algunas cosas coinciden, en otras no, pero todos están de acuerdo en lo fundamental: la defensa de los derechos estudiantiles.

A 48 años del Comité 68

Este año se cumplen 58 años de la matanza de Tlatelolco y 48 de la fundación del Comité 68 Pro-Libertades Democráticas. Marisol Vázquez, militante del Comité cuenta en entrevista: “mi primera marcha del 2 de octubre fue a los 16 años”. Es originaria de la Ciudad de México. Entró a la Escuela Nacional Preparatoria 9 “Pedro de Alba” cuatro generaciones después del movimiento del Consejo General de Huelga, quien puso en jaque a las autoridades universitarias durante 293 días. Ahí se formó en asambleas y movilizaciones, hasta que, en 2012, ya en la universidad, se integró al Comité. Desde entonces guarda la memoria de esas décadas de lucha.

Vázquez comenta que el Comité ha “procurado una narrativa que dignifique al Movimiento Estudiantil y Popular de 1968, que ponga al centro los procesos organizativos y las prácticas democráticas”. Para ella, el movimiento fue “una potencia creadora, creativa, disruptiva, alegre, disciplinada, estratégica”.

En contra de lo que se piensa y según los testimonios de sus maestras y maestros de lucha, a quienes llama los “históricos”, aquellas y aquellos que participaron en esos convulsos días del 68, Vázquez defiende que fue “un movimiento en el que las mujeres ocuparon su lugar como representantes y brigadistas, como maestras, estudiantes, profesionistas, como madres y como hijas de su propio tiempo, zanjando un camino que nos corresponde a nosotras ensanchar”. En su opinión, es el Estado y el gobierno quién ha invisibilizado la participación de las mujeres en el Consejo Nacional de Huelga y en el desarrollo del movimiento estudiantil y popular. Señala que “el Estado se ha abrogado la tarea de hacer memoria porque es más fácil que avanzar”, sin embargo, puntualiza, “la memoria la vienen haciendo las organizaciones a la par de sus luchas”.

En la entrevista no se olvida de citar a los históricos. Recuerda una frase de su querido compañero Raúl Álvarez Garin, sobreviviente de la masacre de Tlatelolco y acaecido en el 2014: “El 2 de octubre volvimos a nacer. Ese día también supimos como íbamos a morir: luchando por la justicia y la democracia verdadera”. Y aclara que “ellos y los que siguieron eran sin duda jóvenes valientes que enfrentaron al autoritarismo ganándose la simpatía del pueblo”.

Vázquez dice que en ese 2012, cuando ingresó al Comité, hace ya más de una década, se le “abrió un universo de argumentos y formas de disputarle al Estado la justicia, la verdad y la memoria”. Al interior, la organización se centra en la “comprensión teórica y jurídica de larga data” sobre el 2 de octubre y el 10 de junio de 1971, en la que el grupo paramilitar Los Halcones al servicio del Estado, irrumpió con violencia extrema en una marcha estudiantil realizada en apoyo al movimiento de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El Comité también reflexiona sobre el “periodo denominado guerra sucia”, caracterizado por la violencia estatal de una Dirección Federal de Seguridad a cargo de Javier García Paniagua, padre de Omar García Harfuch, o de Miguel Nazar Haro. Y resguarda, según palabras de Vázquez, “un archivo documental, fotográfico y hemerográfico que es fuente de investigación académica y periodística”, además de mantener “relaciones solidarias con organizaciones nacionales e internacionales”.

Respecto al movimiento estudiantil a día de hoy, piensa que “las y los estudiantes de educación superior y media superior son objeto de la hipervigilancia, de medidas punitivas extremas producto del hostigamiento y la persecución al interior de las escuelas”. Vázquez señala que el dialogo intergeneracional está roto: “sabemos que a las y los más jóvenes les queda lejos el 68 y un poco más cerca el 99, pero es importante que se apropien y reinventen estas experiencias, que se organicen y se instruyan”. Mientras, desde el Comité 68 no van a descansar “hasta acceder a la justicia y sentar un precedente jurídico que rompa la impunidad en los casos del pasado y del presente”. Vázquez quiere que su “legado para los más jóvenes sea el acceso a la justicia”.

¡Ayotzinapa vive, la lucha sigue!

El 26 de septiembre se cumplieron 12 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, y el asesinato de tres estudiantes más. Desde entonces, sus padres y madres, junto con las nuevas generaciones de la Normal, siguen buscándolos y exigiendo justicia.

Uno de esos nuevos estudiantes de Ayotzinapa es Borrego, como lo conocen sus compañeros. En la escuela todos usan apodos, los infiltrados no faltan y es mejor estar prevenido. Borrego es originario de la costa sur de Oaxaca, pegadito a Chiapas. De sus hermanos, quienes también estudiaron en una Normal Rural, aprendió sobre el movimiento estudiantil del 68 y del 2 de octubre. Para él, la matanza de Tlatelolco fue “una forma descarada del gobierno de decir que no le interesaban los estudiantes, los mató descaradamente sólo por exigir lo que por derecho les compete como estudiantes”. Por eso, Borrego, en entrevista, exclama que “todo este sistema esta corrompido”.

Sabe que formar parte de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, la cual reúne a las Escuelas Normales Rurales y busca defender el derecho de las y los normalistas, “es una experiencia que no cualquiera vive, sólo los más fuertes permanecemos en pie de lucha, en el movimiento estudiantil”. Para él, lo que les define son sus luchas. El marxismo-leninismo, reivindicado por la Federación, es, en sus palabras, “una organización que quiere dar igualdad a todas las personas, además de promover el pensamiento reflexivo para derrotar a este sistema”.

Junto a las familias de los 43, Borrego lucha por encontrar a sus compañeros, por justicia y castigo a los culpables. Y cómo señala, “también por todos los desaparecidos en México”, porque “se respeten las normales rurales, creadoras de docentes”. Borrego cuenta que esta última jornada de lucha se le hizo “un poco pesada, ya que me encargue de la parte organizativa”. Trasladar y coordinar a estudiantes de toda la República no es tarea fácil, sus días, en estas fechas, se vuelven frenéticos entre marchas, mítines, asambleas y protestas.

No falta su indignación por la ausencia de verdaderos resultados: “Me da coraje ver la apatía del gobierno. Mi persona ha estado en reuniones con la presidenta Claudia Sheinbaum. Sólo repiten lo mismo, no dan información relevante para el caso”. Aún con el cansancio, exigir justicia es un fin por el que Borrego dice sentirse contento.

Las luchas feministas en Morelos

En 1968 fueron muchas las y los normalistas, profesores y activistas que, desde Morelos, apoyaron y se unieron a las demandas estudiantiles. Hoy el estado de Emiliano Zapata es tierra caliente, como lo demuestra el feminicidio, ocurrido el 12 de septiembre del presente año, de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Asesinada por Francisco Javier “N”, alias “El Trompas”, cuando éste intentó robarle el celular a Tacoronte en la ciudad morelense de Cuautla, donde ella se encontraba de visita en la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal. No es la única, otras cuatro estudiantes de la UAEM han sido asesinadas en menos de dos años, dos de ellas por sus propios compañeros de universidad.

No es fácil vivir en Morelos, menos si se es mujer. Como señala en entrevista Adriana Gómez, egresada de Ciencias Políticas de la UAEM e integrante del Centro Comandanta Ramona, espacio de lucha feminista al interior de la universidad, “Morelos es el estado con la tasa más alta de homicidios de jóvenes entre 13 y 29 años”. Ella es de Jiutepec y cuenta que no conoció “la educación pública sino hasta la universidad, cuando entré a la maravillosa UAEM”. Sin esta institución, Gómez no habría podido acceder a la educación superior, no tenía los recursos para seguir en una universidad privada. Al ingresar, según sus propias palabras: “Ya me asumía feministas. Mi jefe de carrera, el maestro Lalo, me animó a postularme al Consejo Técnico. Sin experiencia previa, choqué contra una estructura clientelar añeja, grupos de la Federación de Estudiantes cooptados por sindicatos y autoridades que compraban lealtades con favores que deberían ser derechos garantizados”. Los grupos porriles son otra de esas tantas idiosincrasias del movimiento estudiantil en México, estudiantes que funcionan como brazo armado de las autoridades universitarias. El 68 también tuvo sus federaciones charras: el Movimiento Universitario de Renovadora Orientación o la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos.

Para Gómez, habitar el estado de Morelos o su universidad “es presenciar en carne propia como escala la violencia machista, es vivir en constante alerta e indignación”. Sin miedo, acusa a la UAEM de encubrir a acosadores o hasta a violadores: “Es indignante ver a docentes sosteniendo discursos misóginos y acosando generación tras generación en total impunidad. Conforme avanzas en la carrera, descubres que varios están denunciados en la Fiscalía por alumnas, señalados de violentar a sus parejas, que son sus propias colegas investigadoras, o con antecedentes gravísimos mientras ocupaban carpos públicos. Los ves paseándose tranquilos y refugiados en la universidad y las instituciones del Estado”. Y añade que “quienes contamos con la voluntad y el respaldo colectivo, transformamos esta realidad en digna rabia porque no queda de otra, porque desde las aulas hasta el Congreso, las autoridades han demostrado un desinterés absoluto por cuidar nuestras vidas”.

El gobierno de Morelos carece de un plan integral para combatir la violencia de género, como indica Gómez, su estrategia “se reduce a la Secretaría de las Mujeres y a los Centros Libres, que ni siquiera operan en todos los municipios y donde esperan de brazos cruzados mientras las mujeres sortean una infinidad de trabas burocráticas”. En la UAEM las cosas no son muy diferentes, la institución no se considera parte responsable en la transformación del estado. “La universidad asume”, dice Gómez, “que no les debe seguridad a sus estudiantes porque esa obligación no está escrita al pie de la letra en un papel”.

Ante la ineficiencia e impunidad del Estado, las mujeres de Morelos se vieron obligadas a organizarse para combatir la violencia machista que las atraviesa. Para Gómez, las colectivas feministas al interior de la universidad son un rayo de luz. Piensa que al movimiento estudiantil lo “define la capacidad de sobreponernos a la criminalización y a los intentos constantes de las autoridades por cooptar voluntades e institucionalizar cualquier organización emergente”. Para ella no es una opción quedarse de brazos cruzados “cuando la universidad pública te forma con sentido crítico”. Por eso es crítica con aquellos compañeros varones que minimizan y ridiculizan la lucha feminista: “Dentro de los mismos colectivos persiste un recelo particular hacia el feminismo. A muchos les sigue resultando más cómodo articular las demandas desde la clase o las precariedades de la juventud, que nombrar a las violencias de género”. Gómez espera que sus luchas en el estado de Morelos, “consoliden una generación más crítica y menos machista, dispuesta a cruzar disciplinas para leer las llamadas ‘crisis de seguridad’ como lo que verdaderamente son, emergencias sistémicas y feminicidas”. Y no se olvida de ser autocrítica, de reflexionar que “sino nos atrevemos a mirar y desmontar desde la raíz, seguiremos atrapadas en el mismo ciclo de simulación de siempre”.

De ahí el valor de las colectivas feministas. Gómez las concibe como el futuro: “Muestran formas de cuidado, acompañamiento y reparación comunitaria que el Estado, con sus lógicas jerárquicas y patriarcales, es incapaz de siquiera imaginar”. También menciona que admira “profundamente su valentía” y que “son las colectivas las que ponen el cuerpo en las grandes denuncias que han sacudido y transformado la historia reciente de nuestro país”.

Por todo lo anterior, Gómez, “como universitaria y morelense en una tierra zapatista”, tiene “la convicción de que la lucha estudiantil va hacia una transformación estructural de nuestro estado”. Afirma que su generación ya no es “una juventud desinformada, despolitiza o que aplaude a la clase política”, es una “atravesada por una violencia brutal”. Y entiende que la lucha estudiantil, o al menos la feminista, tiene por objetivo la despenalización del aborto en Morelos, el único estado del centro del país que aún lo criminaliza.

Nuevas luchas en el IPN

Un 23 de septiembre de 1968, el ejército y la policía asaltaron las instalaciones universitarias del Casco de Santo Tomás para acabar con el movimiento estudiantil. Sin embargo, los estudiantes del IPN no se rindieron. Usaron piedras, bombas caseras y cohetes para frenarles. Ante esto, el gobierno autorizó el uso de tanques, bazucas y rifles de asalto. El saldo final fue de varios estudiantes muertos y decenas de heridos y detenidos.

Hoy las luchas del IPN son otras, pero las mismas. Gauri, originaria del Estado de México y estudiante de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, comenta en entrevista: “Desde muy chiquita siempre fui muy consciente de los movimientos sociales y de la importancia que tienen. Sin embargo, nunca me había involucrado realmente en uno hasta abril de este año. Sentí que, de alguna forma, tenía la responsabilidad de apoyar. Empecé yendo a las marchas, después a las guardias en la escuela y, poco a poco, ya no salí de ahí. Creo que fue algo que se fue dando de manera muy natural. Al principio solamente quería apoyar, pero conforme fui conociendo más a las personas, las problemáticas y la organización, entendí que también quería formar parte del movimiento”.

A finales de mayo de este año, estudiantes del IPN empezaron a exigir la destitución del director general de su universidad, Arturo Reyes Sandoval, por denuncias de desvío de recursos, falta de material para sus prácticas y abandono sistemático de la infraestructura. El 21 de mayo, la comunidad estudiantil organizada tomó las instalaciones televisivas del Canal Once. 74 días resistió el estudiantado, después, las autoridades lograron recuperarlo. Esta es la primera experiencia en el movimiento estudiantil de Gauri. Para ella “que haya terminado la toma no significa que todo lo que se hizo durante el movimiento pierda su valor”. “Hay momentos de cansancio, incertidumbre y también situaciones a las que nunca te habías enfrentado”, dice convencida de su lucha, “pero creo al final es algo que vale totalmente la pena cuando tienes claro por qué lo estás haciendo”. Y agrega que “un movimiento no solamente existe durante las marchas o las asambleas, sino también en todas esas pequeñas cosas que ocurren durante una guardia y en la convivencia diaria”.

La experiencia de Gauri es corta pero significativa, rápidamente entendió “que un movimiento estudiantil está compuesto por muchísimas realidades diferentes, no todos llegamos por las mismas razones, pero podemos encontrar puntos en común y organizarnos a partir de ellos”. Aunque casi nunca es fácil: “Hay cansancio, desacuerdos y momentos en los que cuestionas muchas cosas. Pero creo que precisamente todo eso forma parte de aprender a organizarse y a construir colectivamente”. Gauri también cree que “ni un movimiento ni una asamblea deberían de depender de una sola persona”. Tiene claro que el proceso asambleario implica “escuchar diferentes opiniones, discutirlas y llegar a acuerdos”. Y piensa que “las redes sociales han cambiado muchísimo la manera en la que se comunica y se organiza un movimiento”, pero sostiene que “la organización presencial, las asambleas y el trabajo cotidiano son fundamentales”.

Hay algunas cosas que no cambian. Al igual que en el 68, para Gauri, “el punto central es no conformarnos con que las cosas sean de determinada manera solamente porque siempre han sido así”. Ayer como hoy, el núcleo del movimiento estudiantil “es la defensa de una educación pública y digna, y de los derechos de quienes forman parte de las instalaciones educativas”. Por eso afirma convencida: “El movimiento sigue construyéndose y creo que sería un error pensar que todo está definido. Para mí, una de las cosas más importantes ahora es mantener la organización y que las personas que participaron sigan involucradas. No sé exactamente hacia dónde va a llegar la lucha estudiantil del IPN, pero creo que depende mucho de nosotros seguir organizándonos, seguir cuestionando”.

La UNAM también está presente

La máxima casa de estudios de México también tiene sus problemas. Al interior hay quien busca cambiar las cosas, mejorar las condiciones del estudiantado, del profesorado y de las y los trabajadores de la UNAM. Rojo Carmesí, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, dice en entrevista que su alma mater “es una gran Universidad, pero si administraran mejor el presupuesto, trataran mejor laboralmente a sus profesores y cuidaran a sus alumnos, podría ser mil veces mejor de lo que es, yo creo que se aprovecha ese mismo amor que muchos le tenemos para explotar de más a su comunidad, sobre todo la docente”. Por eso, para ella, el 2 de octubre “es el recordatorio de que siempre que luchamos corremos peligro, aún si no tenemos armas, aún si no sabemos pelear, aún si no sabemos causar daño”, y argumenta que “quizá por eso sea mejor sí saberlo”.

Carmesí también recuerda que el 68 no fue sólo una matanza. “Creo yo que nos muestra el poder de movilización al que podemos aspirar como movimiento estudiantil”, anota. Ella es oriunda de Michoacán, fue hasta su preparatoria que empezó a vivir en la CDMX. Cuenta: “Desde que tengo memoria soy consciente de ser hija de la huelga del 99. Ahí se conocieron mis padres y desde siempre fue parte de mi vida. Así que decidí que una vez entrara en la UNAM empezaría a militar y a integrarme a la lucha estudiantil… Y así lo hice”.

Respecto al último examen de ingreso a la licenciatura impartido por la Universidad, comenta que le “parece un desacierto enorme haber realizado el examen de manera virtual para los estudiantes”, no está peleada con las nuevas tecnologías, “y uno doblemente grave haber citado presencialmente para el examen de control a los estudiantes del interior de la República, en localidades más inaccesibles que la propia CDMX”. La decisión del rector Leonardo Lomelí Vanegas de contratar a la empresa Territorium Life, a la que le pagaron al menos 90 millones de pesos entre 2025 y 2026 para encargarse de la seguridad del examen, afectó, como casi siempre, a los más vulnerables: “No justificaré a quienes hicieron trampa, la rectitud es importante para mí, pero también me parece que las autoridades manejaron muy mal las posibles soluciones y que, para variar, quienes menos oportunidades económicas tenían fueron quienes más sufrieron las consecuencias de errores que no les correspondían”. A partir de la subida masiva en el puntaje, de la lucha de quienes no se quedaron, pero contestaron las preguntas honradamente y del escándalo público que ocasionó en la sociedad civil, el rector Lomelí Vanegas decidió volver a la modalidad presencial del examen.

Desde niña, Carmesí ya miraba al Consejo General de Huelga como una estrella guía o un faro que alumbra el porvenir. No se engaña, sabe que organizarse es complicado, que el sector estudiantil es sumamente diverso: “Hay quienes tienen que tener dos trabajos para pagarse su carrera, como hay quienes estudian por mera obligación familiar, con todas las comodidades. Y al final, lo que nos reúne ahí son las ganas de aprender, pero muchas veces no se dimensiona que no sólo se aprende en las clases y no sólo se aprende cómodamente y que de pronto es necesario aprender de la opinión de un compañero en la asamblea o de lo que se dijo en un mitin o una marcha. O de los libros de círculos de estudio político o incluso de lo que nos toca aprender de muchos temas para redactar correctamente un pliego o de lo que nos cuenta el otro en la guardia de un paro”. Son esas pequeñas cosas, acota Carmesí, las que forman y dan fuerza a la organización.

Es consciente de las contradicciones internas al interior de su propia lucha. Para ella, el movimiento estudiantil de la Universidad tiene “una energía y explosividad muy admirable y necesaria, pero combinada con varios problemas como la falta de disciplina o la poca capacidad de retención y compromiso”. Por eso considera que las luchas fundamentales del estudiantado en la UNAM van por “una mejor distribución del presupuesto, una posición clara de la institución contra el genocidio palestino y unos protocolos de seguridad y género funcionales”. Porque, como Carmesí señaliza, “al final del día, nos guste o no, sólo tenemos a nuestros compañeros”.

FGR investiga los fallecimientos

La Secretaría de Salud y el IMSS señalaron que colaborarán plenamente con la FGR y proporcionarán la información que les sea requerida. Debido a que se trata de una investigación en curso que involucra a menores de edad, las instituciones indicaron que no harán públicos mayores detalles que puedan afectar las diligencias o vulnerar la privacidad de las familias.

De manera paralela, fueron reforzadas las medidas de control en la unidad, entre ellas la toma de cultivos, limpieza y desinfección exhaustivas, delimitación de áreas y supervisión permanente de las medidas de higiene. Las autoridades federales mantienen coordinación con las autoridades sanitarias de Jalisco.

El IMSS explicó que, como parte del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, realiza diariamente una búsqueda intencionada de posibles brotes en sus 77 Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales. Se considera brote la presencia de dos o más pacientes con infección por el mismo microorganismo relacionados en tiempo y lugar.

Cada caso es analizado desde los ámbitos clínico, epidemiológico y microbiológico para establecer sus posibles causas y determinar las acciones correspondientes, conforme al lineamiento para la atención integral de brotes hospitalarios por infecciones asociadas a la atención de la salud del IMSS.

La Secretaría de Salud y el IMSS señalaron que su prioridad es esclarecer lo ocurrido, proteger la salud y seguridad de los recién nacidos y colaborar con las autoridades competentes hasta la conclusión de las investigaciones. Durango: Familias denuncian muerte de cinco recién nacidos.

A finales de septiembre en Durango, cinco recién nacidos fallecieron en instalaciones del IMSS, por lo que la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona No. 1 permanece cerrada a nuevos ingresos mientras autoridades federales y estatales realizan una revisión clínica, epidemiológica y sanitaria de los casos.

Familiares de los cinco recién nacidos presentaron una denuncia ante la FGR para que se investiguen los hechos. Fermín Flores, abogado de las familias, señaló que corresponde al Ministerio Público determinar si existen delitos o responsabilidades, mientras autoridades federales revisan los expedientes y las medidas de prevención y control de infecciones.

De hecho, Equipos Hidromecánicos ofreció un descuento de 29 por ciento sobre el precio base establecido por CFE, frente a 1.10 por ciento de Constructora DHAP. Su precio unitario quedó en 3 millones 84 mil 168 pesos, por lo que resultó la oferta solvente más baja y recibió la adjudicación.  

Dos años antes, sin embargo, la Auditoría Interna de CFE Distribución había documentado deficiencias en servicios prestados por la misma compañía. En la auditoría DIS-002/2021, firmada el 30 de julio de 2021, el órgano fiscalizador interno abrió una observación denominada “Servicios de acondicionamiento a equipos hidráulicos presumiblemente deficientes”, con un monto observado y por aclarar de 4 millones 150 mil 500 pesos.  

La revisión correspondió al contrato 800938166, celebrado el 14 de agosto de 2020 entre Equipos Hidromecánicos MC y la Gerencia Divisional de Distribución Norte para trabajos de desmontaje y montaje, “remonte”, de 52 equipos hidráulicos.  

El acuerdo ascendió a 7 millones 813 mil pesos más IVA. Tras los trabajos, personal del Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales (LAPEM) realizó pruebas a las unidades. La auditoría reportó que siete equipos fueron clasificados en categoría 1, “no operan”, debido a defectos críticos que podían provocar “una caída libre y/o libre rotación”, mientras que otro fue colocado en categoría 2, correspondiente a uso limitado o a no operar en línea viva.   

Por esos ocho equipos, CFE había pagado 1 millón 275 mil pesos más IVA.  

La misma revisión detectó otras 21 unidades, cuyos trabajos representaron 2 millones 875 mil 500 pesos, en las que los mantenimientos correctivos realizados y pagados diferían de los conceptos establecidos en las recomendaciones formuladas por LAPEM.  

Además, la auditoría señaló también omisiones de los administradores encargados del contrato respecto de esas recomendaciones.  

La observación de 2021 no impidió que la compañía volviera a participar y ganar procedimientos de CFE. La propia Auditoría Interna identificó posteriormente la adquisición de grúas de 2023, ya bajo el contrato 9100026005, con Equipos Hidromecánicos MC como proveedor adjudicado. Por separado, una revisión de registros de contratación obtenidos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) localizó 58 operaciones de Equipos Hidromecánicos MC con organismos públicos por un monto acumulado de 325 millones 823 mil 867 pesos.  

Esa cifra no incluye la adjudicación por 570.5 millones de pesos otorgada por CFE en 2023, por lo que no representa el total histórico contratado por la compañía. Equipos Hidromecánicos MC señala en su información corporativa que fue fundada en 1991 y que comenzó como una empresa especializada en mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de equipos hidráulicos montados sobre camión, “principalmente CFE”. 

Documentos del Registro Público de Comercio muestran que Equipos Hidromecánicos MC ha estado controlada históricamente por Moisés Castro Salinas, quien llegó a concentrar alrededor del 99 por ciento de sus acciones y continúa apareciendo como representante de la compañía en inscripciones registrales de 2025.

Sin embargo, en el Archivo General de la Nación aseguran que para ellos es imposible acatar la sentencia. “El problema jurídico y operativo radica en que el Archivo General de la Nación no tiene como objeto institucional, ni en alguna de sus atribuciones, el implementar esas técnicas y métodos de investigación y procuración de justicia altamente especializadas, porque sólo está destinado a ser el ente público que custodia, conserva y difunde los documentos que reciba a través de transferencias", dice Marco Palafox Schmid, director de Asuntos Jurídicos del AGN, en una comunicación escrita para Proceso.

Al emitir la resolución el 6 de agosto último, el Tribunal también estableció un plazo máximo de 90 días naturales –contados a partir de la notificación– para cumplir con la creación de la comisión; aunque hasta el 9 de septiembre, fecha en que el AGN envió a Proceso su posición, la dependencia federal no había sido siquiera notificada de la sentencia, y todo lo que conoce del caso ha sido por notas periodísticas.

Ante la problemática alrededor de la ejecutoria judicial, el AGN está considerando apersonarse jurídicamente ante el Tribunal para que "fije mejor los efectos de la sentencia".

Palafox Schmid explica que el AGN tampoco puede asumir el liderazgo de la comisión, pues “no es una instancia política ni de coordinación, es un archivo”. Y “tampoco tiene el talento humano ni recursos materiales para desempeñar dichas actividades”, asegura.

En su lugar, considera que la Secretaría  de Gobernación debería recibir dicha responsabilidad "en tanto que sí tiene atribuciones para presidir, liderar, mediar y gestionar entre las instancias privadas y entes públicos de los diversos órdenes de gobierno".

Las negociaciones con el Ejército

Pese a los intentos por liberar la totalidad de los archivos y expedientes relacionados con la Guerra Sucia (tarea en la que han participado activistas, organizaciones civiles y hasta comisiones creadas a partir de mandatos gubernamentales) hasta este 2026 aún hay múltiples documentos que el Ejército mantiene bajo resguardo sobre aquel periodo. Eso, pese a que un mandato presidencial emitido en 2019 ya ordenaba a todas las dependencias federales transferir al AGN los archivos relacionados con violaciones graves a derechos humanos y persecuciones políticas.

Los documentos faltantes de entregar, detalla David Fernández Dávalos, exintegrante del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, encargado de revisar esos mismos archivos militares entre 2022 y 2023, contendrían información clave sobre los responsables de la desaparición forzada de integrantes de guerrillas e insurgencias armadas. La represión de la época, señala, también alcanzó a estudiantes que se manifestaron en el 68 y el 71, así como a grupos indígenas o de pueblos originarios, sindicatos, opositores a grandes obras de infraestructura, disidencias sexogenéricas e incluso a los llamados "chavos banda".

El Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, del que formó parte Fernández Dávalos, intentó negociar directamente con el Ejército el acceso a esos archivos militares entre 2022 y 2023. Fernández cuenta a Proceso que los militares fueron accesibles al inicio de las conversaciones; pero al solicitar el catálogo completo del archivo (pues se percataron de que no estaba todo), comenzaron las dilaciones: carpetas que antes tenían 100 fojas eran entregadas con apenas 20, los investigadores esperaban hasta cinco horas para poder consultar documentos y, en más de una ocasión, se toparon con que los militares se excusaban en que entregar esos archivos ponía en riesgo la seguridad nacional. "Empezaron a decir: 'esas carpetas no existen', cuando ya las habían visto los compañeros (...) Arriba eran dilaciones, subterfugios, pretextos. La confrontación se daba más bien en los niveles inferiores, directamente con el encargado del archivo y con las investigadoras”, recuerda Fernández Dávalos.

Las negociaciones se interrumpieron por completo y el equipo de investigadores fue retirado por el desgaste que la confrontación les generaba. "El desgaste afectivo, anímico, era muy importante para ellos, ya no podían sostener esto. Cuando tus elementos no pueden continuar adelante con ese desgaste, pues ni modo", detalla el experto sobre el momento del quiebre.

La situación llevó a que el 22 de enero de 2024 los comisionados del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico enviaran un escrito a Félix Arturo Medina Padilla, entonces subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, donde le dieron cuenta de la falta de colaboración y la negativa de acceso a los acervos militares.

"Nos permitimos reunir aquí la lista puntual de archivos que no fueron abiertos, y de aquellos a los que, si bien pudimos ingresar, obstruyeron el acceso de nuestras personas investigadoras al material solicitado. Anexamos documentación que revela nuestra insistencia, ante diversas instancias, a fin de acceder a materiales que hemos considerado vitales para el esclarecimiento histórico", dice la carta enviada a Gobernación.

“Hay sobrevivientes”

Mientras el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico se topaba con la resistencia militar, Alicia de los Ríos llevaba años en un litigio similar para pedirle al Ejército información sobre la desaparición de su madre. Ambos caminos terminaron por cruzarse en una misma conclusión: los expedientes clave continuaban bajo los acervos castrenses.

Para la activista, en esos archivos estaría la información faltante para encontrar a los responsables de la desaparición de su madre:

"Es conocer las cadenas de mando. Eso se ha negado reiteradamente. Saber quién es el responsable de lo que ocurre, a los coordinadores militares de la Brigada Especial, por ejemplo. Es destrabar un paso más. Sé que va a ser un proceso difícil, donde vamos a estar nosotros insistiendo en que el Archivo General de la Nación dirija esto con un grupo de especialistas en derechos humanos y en el área militar. Pero creo que no va a ser imposible", dice a este medio Alicia de los Ríos.

Su madre, Alicia de los Ríos Merino, militaba en la Liga Comunista 23 de Septiembre cuando fue detenida en enero de 1978 por la Brigada Especial, un grupo conjunto de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y el Ejército dedicado a la persecución de la guerrilla urbana. Fue trasladada al Campo Militar No. 1 y después a instalaciones militares en Acapulco, Guerrero (de acuerdo con testimonios recabados por comisiones de investigación oficiales), donde se le perdió el rastro. Nunca se le volvió a ver con vida y se presume que fue parte de las víctimas de los llamados "vuelos de la muerte", aunque para Alicia, desclasificar los documentos implicaría mucho más que sólo eso.

 "Aquí no hay de que es por omisión, aquí es por acción. Estamos haciendo las inspecciones, que esperamos se conviertan pronto en excavación, y ahí se develarán las estructuras que usaron, que es lo que nos falta: la identidad de las personas que perpetraron (estos hechos)", sostiene Alicia de los Ríos.

Un Ejército desobediente

Este patrón de resistencia institucional no es nuevo. La Comisión de la Verdad solicitó, vía transparencia, la investigación que el propio Ejército había realizado contra los generales Quirós Hermosillo y Acosta Chaparro, dos generales del Ejército señalados como los principales operadores de los "vuelos de la muerte" desde la base de Pie de la Cuesta entre 1975 y 1981.

A la comisión, cuenta Fernández Dávalos, el Ejército le entregó solo 30% del expediente, con la promesa de completar el resto en ocho días. Cuando el equipo regresó, se lo negaron: adujeron que había una investigación abierta y exigieron la devolución de lo ya entregado.

La Comisión apeló ante el hoy extinto Instituto Nacional de Transparencia (INAI), que falló en su favor. El Ejército desacató la resolución. "Nos decían que la institución que más desacata los mandatos del INAI es el Ejército", recuerda Fernández Dávalos sobre una reunión con los propios comisionados del organismo, hoy desaparecido. Alicia de los Ríos, mientras tanto, había conseguido acceso a ese mismo expediente por la vía judicial –a diferencia de la Comisión, a la que se le siguió negando por la vía administrativa.

A esas barreras de opacidad, que por fin parecían superarse con la resolución judicial reciente, podría sumarse una más, pues la respuesta del AGN es clara al exponer que no puede integrar, y mucho menos encabezar, una nueva Comisión de Transferencia de Archivos. Y a la fecha, no hay actualizaciones judiciales que puedan vislumbrar una nueva ruta para que los expedientes militares se conviertan en públicos.

Las “tácticas completamente ilegales” incluían las ejecuciones a sangre fría de cientos de mujeres y hombres que eran llevados a la Base Aérea Militar #7, desde donde eran “encostalados” y subidos a un avión de la Fuerza Aérea para posteriormente ser arrojados a las profundidades del mar.

A pesar de este reconocimiento, al momento de establecer quiénes fueron los responsables, el Ministerio Público Militar acomoda toda la información para que la conclusión se centre sólo en tres mandos directos de la Brigada Blanca: los generales Francisco Quirós Hermosillo y Mario Acosta Chaparro, así como el mayor Francisco Javier Barquín Alonso.

Según la acusación final, no existían cadenas de mando ni jerarquías. Ningún otro militar estuvo involucrado ni fue corresponsable.

Al acusar sólo a tres militares se creó el blindaje necesario para exonerar al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, a otros integrantes de la cúpula militar y al Ejército mexicano como institución, a pesar de que la propia investigación dio cuenta de documentos y testimonios que comprobaban que la cacería de los grupos guerrilleros se realizaba por órdenes superiores.

Y así como no se inculparon a más responsables tampoco existen listas ni cuerpos de los asesinados, por lo que el alegato final de la Fiscalía constituye un cierre y el fin de la historia:

“Se determina el ejercicio de la acción penal contra los tres elementos militares por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de un número indeterminado de personas, cuyos cuerpos fue imposible identificar por haber sido arrojados al Océano Pacífico para borrar todo indicio delictivo”.

La del 15 de septiembre de 2002 no fue una noche de festejo patrio para el abogado y mayor Andrés Cortés Ríos. Tampoco de preparativos para el desfile militar con el que sus compañeros de armas celebrarían un aniversario más del inicio de la Independencia de México.

A él le correspondía afinar y revisar las conclusiones que presentaría pocas horas después, el 16 de septiembre, al juzgado militar en el que se procesaba a los generales Quirós Hermosillo y Acosta Chaparro, y al mayor Alonso Barquín.

Ese día se cerraba una larga etapa de dos años y dos meses en la que él, en su calidad de ministerio público militar, había leído miles de documentos, escuchado testimonios, ordenado diligencias y recabado evidencias suficientes para consignar a esos tres altos mandos del Ejército por su presunta responsabilidad en la desaparición forzada de cientos de personas que fueron asesinadas y arrojadas al mar en los llamados “vuelos de la muerte”.

Para el también abogado y mayor de justicia militar había llegado la hora de procesar una de las historias más incómodas y deshonrosas para el Ejército: la llamada Guerra Sucia y los “vuelos de la muerte”, la operación de Estado mediante la cual se ordenó detener ilegalmente, torturar y asesinar a cientos de mujeres y hombres que disentían del régimen y después arrojar sus cuerpos al océano Pacífico para desaparecerlos por completo.

Los detalles los tenía en su escritorio: documentos, dictámenes, declaraciones de pilotos, mecánicos, albañiles, testimonios que contaban con escalofriantes pormenores el modus operandi mediante el cual elementos del Ejército habían llevado a cientos de personas a la base aérea de Pie de la Cuesta, Acapulco, donde las habían asesinado con un balazo en la nuca y habían subido sus cuerpos al avión israelí Arava para, finalmente, lanzarlos a las profundidades del mar.

Todo ese trabajo se resumía en el pliego de consignación que había preparado para la justicia militar: 114 páginas que también incluían la esencia de los peritajes sobre el perfil psicológico de los militares procesados, dictámenes de balística, el análisis del contenido de las bitácoras de vuelo; el estudio bioquímico aplicado a las piezas del Arava, los croquis de la Base Aérea Militar, las órdenes para otorgar ascensos y sobresueldos para quienes participaron en esas operaciones y muchos otros documentos.

Por ello, en el pliego de consignación se pedía ejercer acción penal por homicidio calificado contra Quirós Hermosillo, Acosta Chaparro y Barquín Alonso.

Además de presentar las pruebas que respaldaban la acusación, el ministerio público militar Cortés Ríos desarrolló un análisis del contexto social y político de Guerrero y del país para intentar “explicar” la violencia del Estado contra los grupos guerrilleros.

Y justo ahí se incluye la inusual confesión del Ejército del papel que desempeñó en uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de México, confesión que 24 años después adquiere relevancia especial, dado que nunca antes se había conocido un documento oficial que reconozca explícitamente lo siguiente:

La Guerra Sucia ejecutada por el Estado mexicano en los años 70 y 80 fue ilegal, la Brigada Blanca –integrada y comandada principalmente por militares– carecía de “sustento legal” y cometió múltiples delitos, usó “tácticas completamente ilegales”, realizó “cateos y reclusiones ilegales” y utilizó el Campo Militar #1 y otras instalaciones para realizar “detenciones injustificadas” y someter a los detenidos a “interrogatorios y reclusiones ilegales”.

Fábrica de Periodismo tuvo acceso al contenido íntegro de las 32 carpetas y 16 anexos de la investigación completa que el propio Ejército realizó a partir del año 2000 para esclarecer la verdad de los “vuelos de la muerte”, el mecanismo de extinción empleado para deshacerse de los “subversivos” y “enemigos” del régimen.

Realizados entre 1974 y 1979, los “vuelos de la muerte” constituyeron uno de los métodos más atroces empleados por el Ejército para acabar con la vida de cientos de mujeres y hombres.

En las más de 15 mil hojas del expediente se encuentran múltiples pruebas de quiénes, cómo, cuándo, por órdenes de quién y por qué se ejecutaron los cientos de asesinatos y desapariciones.

Las carpetas incluyen documentos, testimonios y evidencias de que los “vuelos de la muerte” formaban parte de una operación de Estado destinada a “contrarrestar la acción delictiva de los subversivos del orden”, que de ella tenían conocimiento los altos mandos del Ejército y que incluso la operación había sido aprobada personalmente por el entonces titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Hermenegildo Cuenca Díaz.

El 6 de septiembre de 1974 se hizo el primer vuelo de la muerte del que se tiene registro, según las bitácoras de los aviones publicadas por Fábrica de Periodismo en un par de reportajes: Toda la verdad sobre los vuelos de la muerte y Cinco años de vuelos de la muerte.

Pocos días antes de que se realizara el primer vuelo para lanzar los cuerpos sin vida al mar se desahogaban los trámites administrativos para respaldar las tareas que estaban por comenzar.

Dada la naturaleza de las comisiones, las diligencias no quedaron en manos de cualquier militar: fueron autorizadas y firmadas por los dos más altos funcionarios del Ejército mexicano en ese entonces: el secretario de la Defensa Nacional y el comandante de la Fuerza Aérea Mexicana.

El 28 de agosto de 1974, apenas una semana de que empezara el ciclo de vuelos de la muerte, el general secretario Hermenegildo Cuenca Díaz colocó en tinta negra su firma encima del lugar en donde aparecía su nombre y una breve leyenda: “APROBADO”.

Dejaba constancia así de que la operación para arrojar al mar los cuerpos de quienes eran ejecutados extrajudicialmente contaba con el conocimiento y la autorización de la más alta cúpula militar y que la participación de las tripulaciones que intervenían se compensaba con un sobresueldo.

El oficio, del cual se entregó copia a 24 mandos y responsables de diferentes áreas del Ejército, lo envió el general de ala Roberto Salido Beltrán, comandante de la Fuerza Aérea Mexicana.

En el documento solicita que un par de tripulaciones queden destacadas a partir de esa fecha en la Base Aérea Militar #7, con el fin de realizar “relevos de aviones Arava”.

Le informa al general Cuenca Díaz que las tripulaciones “eran altamente calificadas en esta clase de material de vuelos”, y que ante la necesidad de las “operaciones que actualmente realizan los aviones Arava en la jurisdicción de la 27ª. Zona Militar”, con sede precisamente en Pie de la Cuesta, solicita que se le autorice girar las “instrucciones para que a las tripulaciones se les pagara su sueldo normal y un sobresueldo”.

Y gracias a ese documento hoy se sabe que las primeras dos tripulaciones de los “vuelos de la muerte” estaban integradas por los capitanes Carlos González Gómez, Bernardo Huicochea Alonso, Ángel Salazar Trejo y Edgar Javier Sarabia Alanís, así como por los subtenientes Margarito Monroy Candia y Juan Manuel Díaz Osorio.

Así lo había dispuesto el más alto mando militar. Era una orden. Y se ejecutó.

La acusación contra los tres militares sometidos a proceso judicial incluye un análisis del contexto político y social de Guerrero y del país en el que ocurrieron los “vuelos de la muerte”.

El ministerio público militar hace una relatoría e interpretación de las causas sociales que llevaron a la guerrilla encabezada por el profesor Lucio Cabañas a irrumpir en la historia mexicana, así como del papel de los militares acusados y de otros grupos represivos que operaron en Guerrero en los años 70.

El extenso análisis repasa los momentos que, según el fiscal militar, detonan la lucha armada de Lucio Cabañas. Cita, por ejemplo, un episodio clave: la manifestación de profesores encabezada el 27 de mayo de 1967 por Cabañas en la plaza de Atoyac de Álvarez, en la que, en respuesta a la demanda de sustitución de la directora de la escuela Juan N. Álvarez, fueron reprimidos con armas de fuego por la policía municipal.

Relata que a partir de entonces Lucio y un grupo de seguidores se remontaron a la sierra para organizar el Partido de los Pobres, con la Brigada Campesina de Ajusticiamiento como su núcleo central. Dos años después, el grupo comenzó a realizar acciones para allegarse de armas y recursos económicos para mantener el movimiento.

A partir de junio de 1972, destaca la relatoría militar, el grupo armado dirigido por Lucio Cabañas llevó a cabo actos más radicales, al pasar de atacar a las autoridades policiacas a emboscar a elementos del Ejército mexicano.

El primero de estos hechos ocurrió el 25 de julio de ese año, cuando el grupo guerrillero atacó un convoy de transporte militar, con un saldo de 10 soldados muertos. El siguiente golpe al Ejército se produjo el 23 de agosto de 1972, con 18 bajas entre las filas militares.

Pero el hecho que aceleró la violencia oficial contra Lucio Cabañas y su grupo, según el informe incluido en la consignación, fue el secuestro del senador Rubén Figueroa, ejecutado por el Partido de los Pobres el 30 de mayo de 1974.

A partir de ese momento el análisis del contexto cita cientos de registros militares (radiogramas, sobre todo) que dan cuenta del despliegue militar y civil contra la guerrilla de Lucio Cabañas.

Se reconstruye, en pequeños fragmentos, el proceso de persecución de Lucio y su grupo, cuando huyen llevando a cuestas al senador Figueroa; las estrategias puestas en práctica para estrechar el cerco sobre ellos; las detenciones y traslados de los “paquetes” para su “interrogatorio” en la 27/a Zona Militar; el enorme despliegue de comandos, batallones, cientos de soldados que buscan, como se repite literalmente una y otra vez en los radiogramas militares, “eliminar a Lucio y su gavilla”.

El asesinato de Lucio Cabañas ocurre, finalmente, el 2 de diciembre de 1974, momento que se describe así: “No obstante que trató de romper el cerco, fue muerto por los disparos que le hizo el personal militar, siendo posteriormente trasladado el cadáver a la plaza de Atoyac de Álvarez, en donde fue identificado por sus familiares”.

Para el ministerio público militar, lo que pasaba en Guerrero formaba parte de un fenómeno más amplio: acciones armadas realizadas desde inicios de los años 70 por organizaciones de izquierda que “también habían adoptado la violencia como forma de lucha, sobre todo la Liga Comunista 23 de septiembre, la cual llevó a cabo en 1973 secuestros y asesinatos”.

A partir de “su análisis de contexto”, el fiscal Cortés Ríos elabora lo que parece una justificación de la violencia militar:

“La fuerza militar que se usó fue empleada en el combate a los grupos subversivos que proliferaron a lo largo del territorio nacional, los cuales trastocaron severamente el orden y la paz social al dedicarse a cometer secuestros y asaltos a bancos y empresas, con la finalidad de obtener recursos económicos para financiar su movimiento social, así como atacar a los miembros de las diversas corporaciones policiacas encargadas de resguardar el orden”.

La acusación formal, el pliego de consignación contra Quirós Hermosillo, Acosta Chaparro y Barquín Alonso presentado el 16 de septiembre de 2002 constituye un contundente reconocimiento de las ilegalidades y las graves violaciones a los derechos humanos.

El “cúmulo de pruebas recabadas”, dice la Procuraduría de Justicia Militar en ese documento, permite concluir que: