La Comisión Federal de Electricidad (CFE) adjudicó un contrato por un monto de 570 millones 571 mil pesos, sin IVA, a Equipos Hidromecánicos MC, empresa que previamente había sido observada por trabajos realizados en equipos de la propia compañía eléctrica.  

El fallo fue emitido el 21 de marzo de 2023, fue parte del concurso abierto internacional CFE-0001-CAAAT-0005-2023, para la adquisición de vehículos chasis con equipo hidráulico y grúas, destinados a CFE Distribución.

Equipos Hidromecánicos MC obtuvo la partida única con un importe total de 570 millones 571 mil 83.70 pesos. En el procedimiento participaron Constructora DHAP, Cargotecnia Equipos y Equipos Hidromecánicos MC; una cuarta compañía, Arrendo Serv, presentó carta disculpa. Cargotecnia fue descartada durante la evaluación técnica, mientras que las propuestas de Constructora DHAP y Equipos Hidromecánicos MC fueron consideradas solventes.

Cinco semanas después de que un tribunal federal dictó una sentencia clave para liberar los documentos relacionados con el periodo conocido como la Guerra Sucia –información que el Ejército se ha negado a entregar– el caso presenta un nuevo obstáculo: el Archivo General de la Nación (AGN), al que se le ordenó crear una comisión especial para recuperar los archivos pendientes, se declara imposibilitado para acatar la orden judicial. Con ello, casi 50 años después de esos hechos, se aleja una vez más la posibilidad de esclarecerlos.

La resolución, emitida y aprobada por dos votos contra uno por los magistrados del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, ordena la creación de una Comisión de Transferencia de Archivos dedicada exclusivamente a recuperar los expedientes que el Ejército ha mantenido ocultos sobre el periodo de represión política de 1965 a 1990.

Entre las víctimas de esas operaciones secretas se encuentra Alicia de los Ríos Merino (madre de la activista Alicia de los Ríos, quien promovió el amparo que desembocó en la sentencia). De los Ríos Merino fue vista por última vez en la Base Aérea Militar número 7, en Pie de la Cuesta, Guerrero, zona donde, de acuerdo con testimonios e informes oficiales, despegaron algunos de esos vuelos.

La sentencia judicial establece que dicha comisión “deberá integrarse por personas servidoras públicas del Archivo General de la Nación y cuando menos cinco personas expertas en el tema, designados por la Secretaría de Gobernación, con el objetivo de detectar e investigar sin sesgos” la información a la que instancias previas no lograron acceder.

Entre las miles y miles de hojas ordenadas en 32 carpetas y 16 anexos que integran la investigación militar sobre los “vuelos de la muerte” se encuentran 118 páginas con el reconocimiento inédito y explícito del Estado mexicano de que en el periodo de violencia de Estado de los años 70 y 80, conocido también como Guerra Sucia, cometió múltiples delitos y graves violaciones a los derechos humanos.

El pliego de consignación presentado por la Fiscalía Militar para acusar a los generales Francisco Quirós Hermosillo y Arturo Acosta Chaparro señala de manera explícita que la Brigada Blanca, grupo paramilitar integrado en esencia por elementos del Ejército a cargo de exterminar a organizaciones guerrilleras y disidentes políticos, llevaron a cabo “detenciones, interrogatorios, cateos y reclusiones ilegales”, utilizando instalaciones diversas castrenses, como el Campo Militar #1 y la Base Aérea Militar de Pie de la Cuesta, Guerrero, en donde instalaron centros clandestinos de detención.

La administración de Guadalupe Taddei en el Instituto Nacional Electoral (INE) transfirió, “en una sola exhibición”, 227 millones de pesos a la empresa AMPS, creada por Jorge Tello Peón y Marco Antonio Novella Juárez, dos personajes del círculo de confianza del extitular de la Secretaría de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, hoy convicto en una prisión de los Estados Unidos por crimen organizado.

Tello Peón fue asesor presidencial de Felipe Calderón en materia de seguridad pública, y se le atribuye el fichaje, en aquella administración, de García Luna, quien fue condenado a casi 40 años de prisión en los Estados Unidos por narcotráfico. Marco Antonio Novella Juárez , por su parte, fue director de Desarrollo Penitenciario de la SSP en el primer círculo del ahora convicto.

De acuerdo con una investigación desarrollada por EMEEQUIS con base en la consulta de registro notariales y corporativos, recursos de transparencia y consultas al INE, la transferencia del dinero se efectuó para cubrir el costo de un contrato asignado de manera directa y con vigencia de diciembre de 2025 a diciembre de 2026, por “la prestación del servicio para el proyecto” denominado “Centro Estratégico de Seguridad Integral”. 

No sabemos si AMPS fue contratada por el INE, por un proyecto escrito, por la ejecución de una obra o por un servicio operativo, ya que la versión pública del contrato no incluyó el anexo técnico. 

EMEEQUIS solicitó con oportunidad al INE el documento faltante o en su defecto especificación sucinta sobre los bienes o servicios adquiridos con la contratación señalada,  así como una exposición sucinta sobre el criterio preciso por el que decidió omitir la licitación para asignar el contrato.

Como respuesta, el organismo remitió a este medio de información la copia de una respuesta a una solicitud de información sobre el contrato en cuestión, en la que se informa que los detalles relacionados con el anexo único del contrato fueron clasificados por cinco años, por cuestiones de seguridad nacional y para la preservación de la democracia; y en la que se alude al surtido de cámaras de vigilancia y torniquetes colocados en dos edificios del mismo instituto.

Soy sonorense y durante más de 30 años de carrera periodística he seguido de cerca a una industria que forma parte de nuestra historia, nuestra economía y hasta de nuestra identidad; la minería no es un asunto periférico en Sonora; somos el principal estado minero del país y producimos alrededor de una tercera parte de la producción minera nacional; de acuerdo con el INEGI, la minería representó directamente 8.9 por ciento del PIB estatal en 2024, mientras que estimaciones del propio gobierno de Sonora elevan considerablemente su impacto cuando se incorpora toda la cadena de proveeduría, bienes y servicios vinculados al sector.

He cubierto minas, inversiones, conflictos laborales, accidentes, derrames, historias de prosperidad y también tragedias; conozco el peso económico de esta industria y precisamente por eso pocas historias relacionadas con la minería han golpeado tanto mi capacidad de sorpresa, de asombro y de indignación periodística como la ocurrida en Concordia, Sinaloa con trabajadores de la empresa canadiense Vizsla Silver; una historia que además nos toca especialmente a los sonorenses porque entre las víctimas había trabajadores de nuestro estado.

Ayer entrevisté en mi programa de Radio Fórmula Sonora a Alan Esparza y a Odracir Espinoza, vocero de las familias y representante legal, respectivamente; horas antes habían ofrecido una conferencia de prensa en la que expusieron una serie de elementos que obligan a mirar este caso no solamente desde la brutalidad criminal que terminó con nueve trabajadores encontrados sin vida y uno todavía desaparecido, sino desde otra vertiente igualmente necesaria: las condiciones en las que una empresa mantuvo trabajando a su personal en una zona donde, de acuerdo con los testimonios y documentos expuestos por las familias y sus abogados, existían antecedentes de inseguridad.

Prácticamente desde que apareció en el horizonte hace unos años la cultura de la cancelación se ha vuelto cada vez más popular y nociva. Yo no sé, querido lector, a dónde vaya a llevarnos el impulso censurante o la mecánica, salvo a la cancelación de la cancelación misma. No veo otro futuro posible (y deseable) para los linchamientos sociales virtuales, de tintas medievales en la que ha caído mucha gente. No sé en qué momento personas sensatas e inteligentes y que debieran ser tolerantes, se convirtieron en inquisidores. Si no es una cosa es la otra, pero siempre encuentran a alguien que no piense “correctamente” es decir, como ellos y ellas, a quien usar como ejemplo social del castigo.

No me refiero exclusivamente a la censura que sufrió la escritora Ariana Harwicz (que se convirtió en un tema muy polémico y que comenté en esta columna la semana pasada) sino a al impulso que lleva a las personas al linchamiento y, sobre todo, a la nula consciencia crítica de su proceder. Las redes sociales se han convertido en patíbulos para quien tenga una opinión propia y no se ciña a las opiniones dictadas por ideologías o causas. Por ejemplo, el caso de Harwicz suscitó diversos desplegados en sentidos contrarios: los que la defendían, los que defendían la censura y no faltó quienes además de cancelar a la escritora, también pedían cancelar a los abajo firmantes de ambos desplegados, extendiendo así una ola de abusos y arbitrariedades sobre los demás. Lo verdaderamente asombroso es que a nadie de estos furiosos fanáticos les cauce ningún tipo de vergüenza asociar su nombre con nociones como censura y abuso, sino todo lo contrario: se miran en un espejo deformado que les regresa la imagen de la bondad. Así como le digo, querido lector. Se piensan “buenos y decentes” porque están convencidos de que, por alguna razón, tienen más derechos que los demás o desconocen y desprecian el verdadero estado de derecho que consiste en que exista un aparato judicial para sancionar las conductas indeseables de todos (no la moralidad o las ideas al uso).

En parte porque la cultura de la cancelación proviene de la noción de víctima, de aquellos para los cuales el sistema judicial no ha funcionado y necesitan ser reivindicados a través de mecanismos extra judiciales, es que se ha dado esta involución civilizatoria. Naturalmente, las mujeres ocupan un lugar central en esta ecuación. Por eso, el feminismo se ha visto colonizado por esta cultura como una herramienta de “justicia” y también por intereses no precisamente feministas. Porque está de moda cancelar mujeres, incluso, por lo que piensan u opinan.

Últimamente me he preguntado si el wokismo no es, en realidad, una secta, con sus ídolos y sus anatemas. La manera en que sus fieles proceden se parece mucho a los grupos religiosos que exigen sumisión absoluta y fe incondicional y como ellos, imaginan un futuro utópico donde la equidad y la bondad reinen, no en el cielo sino en una sociedad futura que ellos han comenzado a construir (eliminando claro, la complejidad humana). Eso justificaría, ante sus ojos, destruir a cuanta persona no se alinee con sus ensoñadas virtudes, ya sea del pasado, o del presente (esos “detalles morales” que van descubriendo en los personajes y personajas del pasado que resulta que no tuvieron vidas ejemplares; poetas, pintores, y todo tipo de personas famosas a las que debe de castigarse con el olvido).

El problema, como siempre, querido lector, es la realidad. La realidad que siempre es más compleja que una consigna, y no es maniquea, aunque así la presenten los modernos torquemadas. La corrección política poco ha servido para combatir crímenes o inequidades, y mucho ha servido para convertir a las personas o en hipócritas alienados o en ollas de presión. Porque las imposiciones autoritarias sobre el lenguaje no modifican la realidad, son meros instrumentos de coerción. Una estrategia ideológica de tortura que imaginó hace mucho Orwell.

Afortunadamente, las personas aún pueden pensar libremente y deberían ejercer, a plenitud, su derecho a la libre expresión a pesar de las turbas censoras. Porque es precisamente este ejercicio el que puede poner un límite a los abusos de quienes creen que las personas deben de perder derechos por pensar distinto a ellas.

Y no estoy hablando aquí ni de la izquierda, ni de la derecha, sino de todos aquellos que creen que los demás debieran perder el derecho a la libre expresión, por la razón que sea, y que deben ser castigados por sus opiniones. Una sociedad que está dispuesta a ejercer castigos discrecionales, a deshacerse de quienes no piensan como ellos, a condenarlos a la muerte social y laboral, no es una sociedad democrática y libre, sino una secta de fanáticos abusivos. Mejor la tolerancia y la discrepancia, la complejidad y la libertad ¿no cree?

Al contrario de la famosa canción de la Rosalía, donde las banderas rojas en una persona se detectan y se actúa en consecuencia, en el ejercicio del gobierno de Morena en México, a las banderas rojas, a las perlas siguiendo el título de la canción de la española, se les abraza, se les protege, y se les investiga en tierra ajena.

La perla es una jerga utilizada frecuentemente para ironizar sobre una persona que destaca, pero por sus cualidades negativas; en uno de sus estribillos más notorios, la canción de Rosalía refiere: “Es una perla/ nadie se fía/ es una perla/ una de mucho cuidado”.

Morena en México ya tiene muchas perlas, demasiadas como para hacer un collar con tufo a corrupción: cuatro gobernadores a los que les fue retirada la visa: el de Sinaloa, Rubén Rocha; el de Tamaulipas, Américo Villarreal; el de Sonora, Alfonso Durazo; la de Baja California, Marina del Pilar Ávila, e incluso el hijo del único expresidente emanado de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, a quien de acuerdo al diario The New York Times, lo investigan agencias de los Estados Unidos por vínculos con organizaciones criminales.

Entre las perlas también están por lo menos 10 personas que fueron parte del Gobierno de Sinaloa, incluido el ahora mandatario estatal con licencia, Rubén Rocha Moya. Por supuesto también están los hermanos Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna, quienes, desde la alta esfera de la Marina de México, comandada por su tío el Almirante Rafael Ojeda, contribuyeron, de acuerdo a investigaciones de la Fiscalía General de la República, al huachicol fiscal por las principales aduanas portuarias de este país, tan así que el Almirante, nada más no aparece.

Otra gran perla lo es sin duda el Senador Adán Augusto López, quien siendo Gobernador de Tabasco dio trabajo, consintió y mantuvo como Secretario de Seguridad a Hernán Bermúdez Requena, identificado, perseguido, detenido y procesado, también por la FGR, por ser el líder de la Barredora, una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación dedicada al secuestro, la extorsión, entre otros delitos. A pesar de ello, López

Hernández sigue siendo Senador de la República, aun cuando su poder ha sido limitado, ya no coordina la bancada y una de sus protegidas más notorias, la también Senadora Andrea Chávez, no logró ser electa coordinadora en Chihuahua, entidad de la que él decía sería no sólo candidata, sino Gobernadora.

Esta semana, Irving Pineda, periodista de TV Azteca, encontró en Suiza a una de las Perlas del morenismo: Jorge Amícar Olán Aparicio, quien de ser identificado como amigo de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, particularmente de Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, ha sido señalado de construir una red de corrupción al amparo de estos, que, durante el gobierno de AMLO, le permitió hacerse contratos millonarios en el sector Salud y la proveeduría de materiales para las obras insignes del obradorismo como el Tren Interoceánico, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas.

A pesar de haber sido señalado en investigaciones periodísticas con documentos, contratos, audios y otros medios de prueba, en medios como Latinus, Mexicanos contra la Corrupción y TV Azteca, Jorge Amílcar ha permanecido impune, aunque por su decisión se exilió en Suiza, en un barrio de clase holgada en la ciudad de Lugano, donde lo localizó el reportero de TV Azteca.

Hace un año, el 19 de septiembre de 2025, el Departamento del Tesoro dio a conocer otra lista de sancionados por sus vínculos con el cártel de Sinaloa, en la misma aparecía la morenista y exalcaldesa de Rosarito, Baja California, hoy Diputada federal, Araceli Brown, así como dos empresarios ligados a su administración, Candelario Arcega y Jesús González Lomelí. Una perla que ya no está sola.

Esta semana la misma oficina para Activos en el Extranjero, la OFAC, del Departamento de Estado, emitió un comunicado sancionando a otros mexicanos por tener vínculos con el cártel de Sinaloa en Baja California, entre las perlitas en cuestión, aparece quien fuera el esposo de la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, Carlos Torres Torres, y su hermano, Luis Alfonso Torres Torres.

Tanto al ahora exesposo como a la Gobernadora, las autoridades federales de los Estados Unidos les revocó su visa para entrar a su país en mayo de 2025, cuando aun estaban casados, y se supone inició la investigación que el martes 29 de septiembre, lo llevó a ocupar un lugar, junto a su hermano, el hijo de Ismael Zambada García,"Mayito Flaco", "los Rusos" del Cártel de Sinaloa en Mexicali, los hermanos Arzate, René y Aquiles que delinquen para la misma organización criminal.

En la misma lista aparecen los hermanos Jorge Mario y Jerónimo Vera Ayala, gemelos y ahijados los dos de Jorge Hank Rhon, el casinero asentado en Tijuana y que en dos ocasiones ha sido derrotado en su intensión por ser Gobernador de Baja California, y que por lo menos aparece señalado en dos investigaciones por asesinato, el del periodista Héctor Félix Miranda "el Gato", codirector fundador de ZETA, y el de Angélica María Muñoz Cervantes, quien fuera la novia de uno de sus hijos. Una perla por si solo, Hank Rhon ha sido protegido por gobiernos de la República del PRI, del PAN y de Morena, sólo en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, fue detenido y encarcelado por acopio de armas y en el del bajacaliforniano José Guadalupe Osuna Millán, arraigado por la investigación de la muerte de la joven Muñoz.

Hank fue invitado especial a la toma de posesión de la Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien lo derrotó en las elecciones del 2021, y su hijo fue candidato a senador por el Partido Verde, aliado de Morena en el proceso electoral de 2024.

Ya son demasiadas las perlas en Morena, pero a diferencia de la canción de Rosalía, las banderas rojas andantes en México son protegidas, arropadas con el manto de impunidad, aun cuando se les investigue en tierra ajena… a ver quiénes siguen en ser señalados en el extranjero y no investigados en casa. Peor aún, a ver hasta donde Morena estira la liga de la impunidad en un México que habrá de pagar las consecuencias.