La Fiscalía precisó que, como resultado de los trabajos derivados de la activación del Protocolo de Actuación Ministerial, Pericial y Policial en el Delito de Feminicidio, fueron detenidos J.A.R.S., alias “Ricoy” y S.Z.M., alias “Zamora”, probables responsables de quitarle la vida con a una mujer, luego de una agresión a balazos. 

La víctima fue interceptada por dos personas que viajaban a bordo de una motocicleta, quienes la agredieron con disparos de arma de fuego, dejándola lesionada en el lugar, donde fue auxiliada y trasladada a un hospital donde perdió la vida a consecuencia de este ataque. 

Cuando la FGEO tomó conocimiento de los hechos, se iniciaron las investigaciones con perspectiva de género, bajo la coordinación de la Vicefiscalía Regional del Istmo, actuación inmediata que permitió obtener las órdenes de aprehensión contra los probables autores materiales. 

Luego de implementar un operativo, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) dieron con el paradero de J.A.R.S., alias “Ricoy” y S.Z.M., alias “Zamora”, quienes fueron detenidos la mañana del 24 de septiembre de 2025, por lo que quedaron a disposición de la autoridad ministerial correspondiente.

Destacó que se busca imponer “las sanciones a aquellos que están robando agua o que no reportan el caso de cambio de uso en las concesiones que se tiene”, por lo que este lunes se envían propuestas tanto la Ley General y la Ley de Aguas Nacionales que tendría esta modificación. 

Efraín Morales, director General de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dijo que lo que se pretende normar es “acabar con este mercado negro y que esta agua que no se está utilizando regrese al dominio de la nación, para que sea la nación la que determine la viabilidad de otorgar estos títulos”.  

Añadió que también analizan un nuevo capítulo de delitos hídricos en estos casos dado que las sanciones que se tienen actualmente no inhiben las conductas.  

 “Lo que ocurre regularmente es que se clausura un espacio o se retira cierta infraestructura y con el paso del tiempo se pagan las sanciones, porque es muy económico, y se vuelven a instalar estos negocios que lo que generan es un abuso en la extracción del agua para realizar, digamos, una venta de este servicio”, ejemplificó.  

El gobierno federal buscará incrementar las sanciones que podrían llegar, en algunos casos hasta la extinción de dominio, cuando haya reincidencias en la comisión de delitos.  

La presidenta dijo que hay quienes tienen una concesión de agua para riego y no paga nada a la Conagua, no la usa en cierto tiempo y la vende a otro particular o hay otros casos en donde se hizo una transmisión de un título de concesión a otro particular y solo dan aviso a la autoridad. 

“La propuesta en la ley: ¿Ya no usas tu concesión?, se la tienes que regresar necesariamente al Estado. Y el Estado es quien puede concesionar nuevamente esa agua; ya no hay transmisión entre particulares. Entonces es poner orden y dejar de ver al agua como una mercancía, cuando es un recurso escaso en la mayoría del país”.  

Buscarán que ahora sea el Estado quien regule las concesiones de agua y que no haya transmisión entre particulares.  

Con el Programa de Ordenamiento de Concesiones de Agua revisaron 482 mil 14 títulos de concesión de los 536 mil que se tienen registrados, en los que se encontraron 58 mil 938 inconsistencias entre las que se encuentran: 29 mil 539 títulos con falta de certeza en la fecha de vencimiento; 197 concesiones con registro de uso público urbano utilizadas por particulares; 272 títulos de uso agrícola utilizados para otros fines. 

Además de 18 mil 753 casos con coordenadas de ubicación erróneas y presunta falsificación o duplicidad de títulos. Estas inconsistencias que son revisadas con el Programa de Inspección ya acumulan 3 mil 912 visitas, así como 490 clausuras y suspensiones. 

El gobierno federal incrementó 2 mil 938 millones de pesos la recaudación, ya que pasó de 19 mil 410.9 millones de pesos en agosto de 2024 a 22 mil 349.3 mdp en agosto de 2025, es decir, 15 por ciento más, por lo que llama a los usuarios con deudas en la Conagua a realizar sus pagos.

En conferencia de prensa para dar seguimiento a temas de seguridad, el funcionario fue cuestionado sobre la autenticidad del video difundido el pasado 19 de septiembre, en el que se menciona a un personaje llamado Javier Chávez —y que en algunas publicaciones en redes sociales se relacionó con Javier García Chávez, jefe de la gubernatura—, situación que motivó que el funcionario presentara denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra páginas de Facebook, medios y periodistas, por considerar que se estaba difamando a los involucrados debido a que en el video no se hace referencia a su persona.

En ese mismo video se menciona al senador de la República Ángel Yáñez, al diputado federal Agustín Alonso y al diputado local Francisco Sánchez Zavala, los tres últimos de la zona oriente de Morelos, por presuntos vínculos con grupos delincuenciales.

Urrutia aseguró textualmente sobre este material: “El video es auténtico, no fue generado con inteligencia artificial, y podría estar situado en al menos uno de los dos municipios de la zona oriente, frontera con el Estado de México”.

Señaló que este video estaría vinculado con un primer material hecho público el 18 de febrero de 2025, también en la zona oriente del estado. Ese primer video documentó una reunión entre un posible líder delictivo y actores políticos días antes de la elección del 2 de junio de 2024. Respecto a los involucrados, indicó que en el segundo video se observa a los alcaldes de Cuautla, Jesús Corona Damián, y de Atlatlahucan, Agustín Toledano Amaro, reunidos con el líder delictivo identificado como Júpiter Araujo Bernard, “El Barbas”.

“Como es un tema que ya traía la FGR del primer video y se aprecia que se está hablando de la misma situación en este segundo video, por eso creo que la denuncia ante la Fiscalía General de la República es la correcta”, dijo Urrutia.

 Añadió que “la Policía Cibernética de la Guardia Nacional es una de las más especializadas del país, con el triple de capacidad que nosotros tenemos en la unidad cibernética de la SSP Morelos”.

Sobre la posible autoría, indicó que todo apunta a que “podría coincidir con el grupo delictivo Cártel del Pacífico, que aquí se hacen llamar “Los Sinaloas”.

 Precisó que, debido a las disputas internas, “en Sinaloa todo mundo se dice Sinaloa, cuando hay dos grupos: el del Mayo Zambada, actualmente preso en Estados Unidos, y el de los hijos de El Chapo, ambos denominados Cártel del Pacífico”.

Urrutia afirmó que la administración pasada, encabezada por el entonces gobernador y hoy diputado federal Cuauhtémoc Blanco Bravo, permitió que creciera la actividad delictiva en la zona oriente, donde los grupos delictivos lo tomaron como una zona fértil para la extorsión y otros delitos.

“El vacío y la impunidad de la anterior administración hicieron que la zona oriente fuera un botín de guerra en la extorsión, y ahí se da un rompimiento entre dos grupos: el Cártel del Pacífico y el Cártel Unión Tepito, que también tiene nexos con el Estado de México con el Cártel Nuevo Imperio”, apuntó.

Sobre la versión que señala a Homero Figueroa, alias La Tripa, como autor del video, Urrutia explicó que “no nos cuadra con la investigación que está llevando la FGR”, aunque reiteró que se trata de una indagatoria en proceso.

Finalmente, el secretario subrayó la importancia de los principios legales: “Debemos tener presente que, de acuerdo con el artículo 20 constitucional, se tiene la presunción de inocencia de los posibles aludidos, y toda acción de autoridad debe respetar estos derechos mientras se realizan las investigaciones correspondientes”.

Esto responde al hecho de que la desaparición forzada es cometida por agentes del Estado, los cuales cuentan con medios para eliminar las pruebas directas de su participación en los crímenes.

Siguiendo estos criterios, el primer juzgado que revisó el caso contra este exfuncionario determinó que, aunque no existía una prueba directa de su participación en la desaparición forzada de Claudia Uruchurtu, sí había pruebas indirectas suficientes en su contra, como la confesión de otro implicado en los hechos y evidencias de que en el delito fueron empleados vehículos y personal municipal controlados por el imputado.

Por esta razón, en su recurso de revisión, la familia de Claudia Uruchurtu solicitó a la Corte hacer obligatoria la aplicación de los estándares internacionales de valoración de pruebas en los casos de desaparición forzada juzgados en México y, por lo tanto, dejar sin efecto la resolución que puso en libertad al exfuncionario imputado por la desaparición de la defensora de derechos humanos.

“El primer acuerdo, que es el de la admisión, ya nos fue notificado –detalló a su vez la abogada Laura Morales, también representante de la agrupación Defensores Por la Justicia–, ahora estamos en espera de que se emita un auto de radicación, para que el expediente sea turnado a la ponencia de alguno de los ministros de la Suprema Corte, que deberá desarrollar un proyecto de resolución que habrá de revisarse y votarse en el pleno, lo que deberá ocurrir en los próximos meses”.

Dicha declaratoria ocurre tras dos días de movilizaciones por el ataque en el que un alumno del CCH Sur perdió la vida a manos de otro estudiante.

En un evento en el  Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 35 “Leona Vicario”, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, subrayó que esta medida representa un nuevo punto de partida para erradicar cualquier forma de violencia en los entornos educativos: “Venimos a declarar que cada adolescente, cada joven, cada mujer habitará espacios donde su dignidad es sagrada”, afirmó.

Este miércoles se llevó a cabo la  “marcha silenciosa por la paz” de estudiantes y padres de familia la cual llegó a la Torre de Rectoría de la UNAM. A su arribo y durante el trayecto, las y los manifestantes rompieron el silencio para gritar y a golpes de cacerolazos exigieron justicia por el asesinato de su compañero Jesús, y mayor seguridad para los alumnos.

La movilización inició pasadas las 14:00 horas y, a través de pancartas, los manifestantes exigieron acciones concretas para frenar la violencia y garantizar su seguridad. Una hora antes, las y los alumnos realizaron un mitin a la entrada del plantel e instalaron un altar para su compañero.

“¿Cómo hablará mi espíritu si están matando a mi raza?” “¡Queremos salir graduados, no en prensa!” “No me quiero morir en CCH Sur”, decían algunas de las consignas.

Esta es la segunda movilización consecutiva de la comunidad estudiantil, tras el ataque al interior del CCH Sur. En la primera, entregaron dos pliegos petitorios, uno de los alumnos y otro de una comisión de padres y madres de familia. Ambos contenían demandas relacionadas con la seguridad dentro y alrededor del plantel, así como a la atención de la salud mental de las y los alumnos.

Tras revisar las peticiones, autoridades de la UNAM tuvieron una reunión y acordaron:

A diferencia de la anterior ocasión está vez sí se pronunció la palabra “disculpa” y fue el gobernador de la entidad, Pablo Lemus quien ofreció lo que llamó una “sincera disculpa” por las “omisiones” y acciones cometidas por el Ejecutivo Estatal y la Fiscalía del Estado, por violaciones a derechos humanos. 

“Quiero que se escuche fuerte en Jalisco y en todo México, no hay lugar para la soberbia. La humildad, la solidaridad, la sensibilidad y la empatía deben de marcar el actuar de todo funcionario o funcionaria pública en Jalisco y en todo México”, aseveró 

La primera disculpa fue calificada por las familias como una “simulación” y un mero "trámite" que no implicó una disculpa sincera, ni dignificó a las víctimas ni abonó al ejercicio del derecho de la reparación integral del daño. 

En este segundo intento, el gobernador Lemus asumió la responsabilidad institucional por las violaciones a los derechos humanos, reconociendo el dolor causado por "la falta de respuesta" e "injusticia" que las familias han sufrido por más de una década. 

Sin embargo, para las familias, la herida sigue abierta; los familiares de las víctimas, como Natividad Guerrero (madre de Valeria Guadalupe Cruz Romero) y Michelle Sedano (hija de Bernardo), expresaron su dolor y reprocharon la revictimización que han sufrido. 

“Preocupa la grave situación que seguimos enfrentando todas las familias de personas desaparecidas. Las autoridades se dicen rebasadas y nuestros casos son vistos como una carga, como un expediente más”, reprochó. 

Diego Enciso, quien tenía solo 3 años cuando sus padres Dalia Guadalupe y Luis Ramón desaparecieron, habló del "vacío enorme" y la ausencia que "no se olvida". Por su parte, Michelle Sedano compartió que "crecer sin él (su padre Bernardo Sedano) ha sido como caminar con una parte del corazón vacía". 

Natividad Guerrero cuestionó duramente las omisiones y el trato revictimizante, calificando la disculpa como "lo mínimo que se puede hacer". Su voz resonó la preocupación de miles de familias que se sienten ignoradas por las autoridades. 

En esta ocasión se permitió que colectivos y asociaciones pronunciará un mensaje. Tanto organizaciones como la CNDH y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas enfatizaron que, aunque la disculpa es un paso, no es suficiente para reparar el daño. 

Subrayaron la necesidad de una verdadera justicia, sin repetición y con un trato digno para las víctimas, especialmente considerando que en Jalisco hay casi 16 mil personas desaparecidas. 

La señora Natividad Guerrero instó al Gobierno de Jalisco a trabajar en la consolidación de políticas públicas y acciones que garanticen la protección de las víctimas de desaparición. 

A pesar de que Lemus Navarro prometió apoyo a las familias, organizaciones como el CEPAD y la ONU señalaron que esto no es suficiente. 

Anna Karolina Chimiak, Codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (CEPAD), destacó la perseverancia de las familias y su firmeza en la lucha por la verdad, justicia y memoria; y que este acto marque un precedente y un compromiso de la no repetición en un futuro por parte de las instituciones. 

Las víctimas indirectas de estas desapariciones recordaron que ninguna disculpa puede llenar la angustia de la incertidumbre. El verdadero compromiso debe traducirse en mejoras institucionales, acceso a la verdad, justicia y, sobre todo, un trato digno para las víctimas. 

En Jalisco, la cifra de casi 16 mil personas desaparecidas subraya que el camino hacia la justicia es todavía largo.

“Como fue ampliamente expresado y fundamentado en cada uno de los 13 foros de “consulta” mencionados por el Director General (de Conagua), el agua es una: no se puede proteger los derechos y usos hidrocráticos del agua en una ley (la LAN), y pegarle otra, que reduciría el “derecho humano al agua” a un servicio municipal, medible en litros por persona por día”, reclamó la agrupación. 

Además, expuso su preocupación por la propuesta de reformar la LAN para reemplazar el libre mercado del agua, vigente en la actualidad, por la rectoría del estado, sin la participación ciudadana directa que mandata la Constitución. 

Agregó que esta preocupación tiene especial fundamento por el desarrollo que ha tenido el “Acuerdo Nacional” con el cual la Conagua en vez de poner orden sobre “el desastre” generado por la Ley de Aguas Nacionales, creó un esquema de acuerdos “en corto”, que conserva el sobreconcesionamiento, el acaparamiento, la especulación y la impunidad fiscal. 

En ese “Acuerdo Nacional”, refirió que la dependencia ha obtenido la “donación temporal” de volúmenes de uso agrícola por parte de Distritos de Riego cuyas concesiones fueron sobredimensionadas desde su inicio. 

“Una gran parte de los “donativos temporales” de usos industriales y de servicios son para volúmenes que más bien deben de ser caducados por la falta de pago de derechos”, explicó. 

La Contraloría Nacional Autónoma del Agua recordó que desde la legislatura LXIV, se estableció el compromiso para desmontar el andamiaje del neoliberalismo y como parte de ello hubo un consenso para generar la iniciativa ciudadana de la Ley General de Aguas, que fue respaldada en comisiones en el Senado y la Cámara de Diputados para reemplazar a la LAN. 

“Nos ha sorprendido la insistencia en defender la ley salinista, en imponer megaobras hidráulicas que llevarían agua a ciudades llenas de fugas, en preferir 'acuerdos' superficiales con grandes usuarios a la vez que se cierra la puerta a las necesidades de los pueblos”, recalcó la organización. 

Agregó que los investigadores, comunidades, pueblos y organizaciones agrupados en esa Contraloría Nacional, así como en contralorías locales, vuelven a ofrecer al gobierno federal su apoyo para enfrentar el reto de corregir el sobreconcesionamiento, el acaparamiento y la corrupción en el manejo del agua, y que eso sólo podrá hacerse a través de “procesos ampliamente participativos, cuenca por cuenca y acuífero por acuífero, en todo el país”. 

A la vez, expresó su rechazo “a cualquier intento de ejercer un apartheid hídrico, en donde los “derechos” de los grandes usuarios son protegidos por una ley, y el derecho humano al agua se buscaría cumplir con otra ley, con lo que sobra”.

La abogada y exministra de Justicia de Colombia dice que, aunque habla a título personal, sabe que los expertos que formaron parte del GIEI tienen un compromiso con los padres de los normalistas y con los mexicanos para contribuir en el esclarecimiento de ese crimen de lesa humanidad cometido por autoridades y delincuentes hace 11 años en Iguala, Guerrero.

Padres de los 43 valoraron la disposición de Buitrago de regresar a México a retomar las investigaciones –siempre y cuando tengan acceso a los archivos del caso que se ha negado a proporcionar la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)–, y pidieron a Sheinbaum permitir que se aproveche el conocimiento adquirido por los expertos del GIEI durante años para esclarecer la desaparición de los normalistas.

Doña Cristina Bautista, madre del normalista desaparecido Benjamín Ascencio Bautista, plantea: 

Mario González, padre del estudiante desaparecido César Manuel González Hernández, expresa. “Los expertos tienen nuestra confianza, Ángela María (Buitrago) y los otros, porque son los únicos que han logrado avances y que no han caído en contradicciones, y esto lo vamos a exigir otra vez, que regresen, que los queremos aquí”.

La solicitud para que el GIEI regrese a México fue planteada a la presidenta Claudia Sheinbaum el 4 de septiembre último por los padres de los 43 estudiantes, quienes sostuvieron una reunión con la mandataria para evaluar los pasos que debe seguir la investigación, que desde julio último está a cargo del fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Mauricio Pazarán, tras la separación de Rosendo Gómez de ese cargo, en medio de acusaciones de peculado y extorsión.

Un día después, Sheinbaum dijo en la mañanera que le había solicitado a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, hablar con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para ver si es factible buscar expertos “en estas áreas de investigación y métodos de investigación que se están siguiendo para que madres y padres puedan tener la certeza de que, en efecto, se está haciendo bien la cosas”.

Mario González y la señora Cristina Bautista consideran que traer a nuevos expertos sería “comenzar de cero” la investigación” y por ello insisten en el regreso del GIEI, que estuvo integrado por Buitrago, la exfiscal guatemalteca Claudia Paz, el médico y psiquiatra español Carlos Martín Beristain y los abogados Alejandro Valencia (de Colombia) y Francisco Cox (de Chile).

Estos expertos fueron convocados por la CIDH para coadyuvar en la investigación del caso Ayotzinapa, pero todos ellos son también consultores de la ONU y han formado parte de diferentes misiones del organismo.

Buitrago, por ejemplo, fue parte del grupo de la ONU de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua; Paz fue consultora de la misión de Naciones Unidas en Guatemala y Cox es parte de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la Venezuela, creada por el organismo.

Es decir, los expertos que integraron el GIEI podrían regresar a México convocados por la ONU, dado su conocimiento del caso y su experiencia –en palabras de la presidenta Sheinbaum– “en estas áreas de investigación y métodos de investigación” para esclarecer casos como el de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Mario González y Cristina Bautista coinciden en que lo importante es que el GIEI regrese a México y en que no importa si los trae la CIDH o la ONU.

Y dice que en la próxima reunión con la presidenta, prevista para noviembre venidero, insistirán en que regrese el GIEI “porque son los que saben y si llega alguien que no sabe va a ser un retroceso”.

Agrega que en la cita del 4 de septiembre con la mandataria debió estar un representante del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para que informara qué ha pasado con la búsqueda de los 800 folios que oculta el Ejército, pero eso no ocurrió y esperan que acuda en la siguiente cita.

Las investigaciones del GIEI en México tuvieron dos etapas, la primera entre 2015 y 2016, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, que concluyó cuando los expertos desacreditaron la llamada “verdad histórica” sobre la desaparición, formulada por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) de Jesús Murillo Karam.

Según esta versión, los 43 normalistas fueron asesinados y desaparecidos por policías locales y narcotraficantes de Guerreros Unidos, quienes los incineraron la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en el basurero de Cocula tras confundirlos con integrantes de un grupo rival.

El GIEI demostró que en esa desaparición participaron elementos del Ejército del 27 Batallón de Infantería en Iguala, que trabajaban para Guerreros Unidos y que la Sedena conoció en tiempo real y a los más altos niveles el ataque contra los estudiantes sin hacer nada. 

También probó la imposibilidad de que los 43 estudiantes pudieran haber sido incinerados en una noche en el basurero de Cocula sin dejar rastros de ADN y que la PGR “sembró” pruebas en ese lugar en un intento por hacer creíble su “montaje”.

En una segunda etapa, ya en el sexenio de López Obrador, el GIEI investigó el caso durante seis años y demostró la responsabilidad de mandos militares en esos hechos, entre ellos el general José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala cuando ocurrió la desaparición de los 43 jóvenes y quien habría ordenado el asesinato de al menos seis de los normalistas.

Tanto en el gobierno de Peña Nieto como en el de López Obrador la participación del GIEI acabó por incomodar al Ejército y a ambos mandatarios, lo que causó su salida de México.

Otalora resaltó: “Los elementos indiciarios fuertes indican que las guías aparecieron en todo el territorio, ya que las notas periodísticas y las publicaciones en redes sociales dan cuenta de estos en las 32 entidades federativas, por lo cual su distribución fue generalizada y abarcó la totalidad del país”.

Como pruebas se ofrecieron 3,188 acordeones impresos aportados por la parte que promueve la nulidad. “Validar este proceso equivaldría a normalizar lo que democráticamente es inaceptable”, dijo Reyes Mondragón, quien puso énfasis en que el financiamiento para los acordeones no provino de los candidatos, únicos autorizados para ejercer recursos, por lo que de entrada son ilegales.

EN CONTRA DEL PROYECTO

Sin embargo, los otros tres magistrados: Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Fuentes Barrera y la presidenta, Mónica Soto, minimizaron la existencia de estas guías y señalaron que el INE había permitido su uso con anterioridad, debido a la cantidad de nombres en las boletas.

Soto agregó que la nulidad de elección  no se sostiene. “La prueba de los hechos en que se basa la pretensión de nulidad debe ser suficientemente robusta para lograr invalidar una serie de actos concatenados que por mandato constitucional revisten una presunción de validez”. 

Es necesario, remarcó, que haya un cúmulo de pruebas que vayan más allá de “meros indicios aislados” sin valor probatorio pleno para sustentar la nulidad de la elección. Consideró que no hay pruebas de una irregularidad sistemática.  

Dijo que las pruebas aportadas para la nulidad no acreditan que los acordeones se hayan distribuido en las 32 entidades del país, además de que son más de 50 modelos diferentes de acordeones. 

Sin embargo, en la sesión se dio un momento ríspido, cuando Reyes Mondragón le entregó el modelo más repetido de acordeón a la presidenta Mónica Soto, indicando con una sonrisa que ese era el ejemplo ganador y preguntando si ella había votado con base en esa guía, por lo que Soto exigió respeto.

Desde 2001.

Siete de ellas han facturado 2 mil 883 millones 874 mil 603 pesos al sector público en la era de hegemonía morenista, de acuerdo con documentación pública. Estas son  Inmobiliaria Sylvia Marion, Comtec Import, Artes Gráficas de Olonne, Mica Impresores, Poliactive, Digitagama e Impresores en Offset y Serigrafía.

LOS CONTRATOS

Impresores en Offset y Serigrafía (Grupo Gama Impresores) acumuló ganancias por al menos 2 mil 797 millones 843 mil pesos en contratos del sector público. Consiguió la mayor parte de esa facturación con seis asignaciones de la Secretaría de Bienestar, relacionadas con servicios de impresiones para “promover y operar” los Programas del Bienestar.

Se trata de los contratos 411.213.33604.116/2020, por 442 mil 653 millones 436 mil pesos; 411.211.213.33604.083/2021, por 346 millones 758 mil 553 pesos; 411.213.33604.031/2022, por 165 millones 686 mil 137 pesos; 411.213.33604.026/2023, por 484 millones 37 mil 342 pesos; 411.213.33604.026/2024, por 495 millones 331 mil 180 pesos; y 411.201.33604l037/25, por 498 millones 206 mil 764 pesos.

Esos seis contratos suman 2 mil 432 millones 663 mil 413 pesos, el 86.94% de la facturación de Impresores en Offset y Serigrafía, y el 84.35% de los 2 mil 883 millones 874 mil 603 pesos.

El resto de la facturación se distribuye entre Comtec Imports, que facturó a la paraestatal Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. (IEPSA), 58 millones 287 pesos; la inmobiliaria Sylvia Marion, que obtuvo 28 millones 547 mil pesos de Fonatur, ayuntamientos mexiquenses y alcaldías capitalinas.

Artes Gráficas de Olonne, que recibió asignaciones por 27 millones 373 mil pesos, de Fonatur, Secretaría de Salud y IEPSA: Mica Impresores, que sólo obtuvo un contrato por 3 millones 249 mil 985 pesos de Fonatur; Digitagama apenas consiguió dos contratos por 260 mil pesos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y Poliactive, que recibió 82 mil 444 pesos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

CONTROVERTIDA TRAYECTORIA

Aunque en su sitio web señalan que iniciaron actividades en 1994, Impresores en Offset y Serigrafía fue registrada ante el notario Joaquín Talavera el 13 de marzo de 2001, tres meses después de que arrancara el gobierno de AMLO en la capital del país, el 5 de diciembre de 2000.  

Comenzaron a operar en una bodega de 1,900 metros cuadrados del Barrio de San Miguel, en la colonia, de la entonces delegación Iztacalco.

Se trataba de una empresa familiar conformada por Carlos Javier Mondragón de la Garza, Edgar Bernardo Mondragón de la Garza, Lucía Carmenza Mondragón de la Garza, el académico Miguel Ángel Mondragón Rubiano y Lorena Gabriela Matencio Cervantes. 

De acuerdo con el acta constitutiva, cada uno aportó 2 mil pesos. 

Pero la familia ya estaba ligada a Inmobiliaria Sylvia Marion (1991), que para 2006 tenía como accionistas a Carlos Javier Mondragón de la Garza, Jasia Chelminsky Polak, Samuel Shulter Goldstein y Sergio Abush Torton. Para 2014 sólo quedaban Carlos Javier Mondragón de la Garza y Miguel Ángel Mondragón Rubiano.

También le antecede, en el grupo familiar, Inmobiliaria Mondragón y Asociados, registrada en 2008, pero en cuya acta se consigna que fue creada 16 años atrás, en 1992. Se consigna como socios a Miguel Ángel Mondragón Rubiano y a Edgar Bernardo Mondragón de la Garza.  

En 2014, Impresores en Offset y Serigrafía apareció como impresor del órgano de difusión “Regeneración”, en denuncias por actos anticipados de campaña ante autoridades electorales contra PRD, PT, y MC, que en 2012  postularon a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia a través de la coalición “Movimiento Progresista”.

De acuerdo con versiones de prensa, la empresa continuó facturando al movimiento político de AMLO cuando se transformó en Morena. En 2021 fue publicada información sobre un contrato de la empresa en cuestión por siete millones de pesos con ese partido político.

COMPULSIVA EXPANSIÓN

Las otras 16 empresas  ligadas a la familia Mondragón, de acuerdo con los datos anotados en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, son:

Soluciones Integrales en Impresión (2001), constituida por Carlos Javier y Edgar Bernardo Mondragón de la Garza, Papelería Sarel, e Impresores en Offset y Serigrafía, para “promover la integración organizada por unidades económicas preferentemente de escala micro, pequeña y mediana, cuyo principal objeto sea comercializacion de todo tipo de impresos folletos y papelería, servicio de fotocopiado etc.”.

Servicios Industriales en Mercadotecnia (2001), fundada por Gloria Judith Martínez Bejarano, Sonia María Milán Calderón, Omar Alejandro Sandoval Soto, y Carlos Javier Mondragón de la Garza, con el giro de “publicidad, mercadotecnia, relaciones públicas y comunicación en general”.

Comercializadora TYR (2001), registrada por Gloria Judith Martínez Bejarano, Sonia María Milán Calderón, Omar Alejandro Sandoval Soto, y Carlos Javier Mondragón de la Garza, orientada a la edición  de libros, revistas, y materiales audiovisuales.

Gama Impresores del Golfo (2003), creada por Carlos Javier Mondragón de la Garza y Manuel Gabriel Arvizu Llano, con Sergio Gerardo Buenrostro Romero en el consejo de vigilancia. Registraron como objeto: “el diseño, creación, edición, compra venta, almacenamiento, distribución y comercialización por cuenta propia o de terceros, en el territorio nacional o en el extranjero, de toda clase de artículos publicitarios”.

Gama Flexografía (2003), instituida por Carlos Javier Mondragón de la Garza, Miguel Ángel Velasco Speare y Miguel Ángel Lara Morales, con el giro de “diseño, creación, compra venta, almacenamiento, distribución y comercialización por cuenta propia o de terceros (…) de artículos publicitarios”.

Digitagama (2004), puesta en marcha por Carlos Javier y Edgar Bernardo Mondragón de la Garza, con el objeto de ejecutar “el diseño, creación, edición, compra venta, almacenamiento, distribución y comercialización por cuenta propia o de terceros, en el territorio nacional o en el extranjero, de toda clase de artículos publicitarios”. El órgano de vigilancia quedó en manos de Fernando Von Roerich de la Isla.

Equipo y Maquinaria  Ligera del Sureste (2007), conforama por Lucía Carmenza Mondragón de la Garza, Luis Eduardo Pérez Martínez, Gerardo Adrián Lozada Rodríguez, Arturo Lozada Díaz, Víctor Estuardo Herrera Prado, Janet Paola Canto García y Luis Eduardo Pérez Martínez

Gama Origina (2007), establecida por Carlos Javier Mondragón de la Garza, Lucía Carmenza Mondragón de la Garza y  Daniel Vega Niño, para “la compra venta, diseño, desarrollo, construccion, fabricacion, implementación, mantenimiento, produccion, distribucion, importacion, exportacion y representacion ya sea por cuenta propia o de terceros de: la prestación de servicios y asesoría profesional en el área de proceso de mercadotecnia, publicidad, procesos creativos, diseño gráfico, desarrollo de nuevos productos, etcétera”.

Avantplast de México (2008), formada por Carlos Javier Mondragón de la Garza y Mauricio Pedraza Cuevas, “ la compra venta importacion exportacion reparacion distribucion fabricacion elaboracion comercializacion arrendamiento y subarrendamiento en cualquier forma por cuenta propia o ajena de toda clase de articulos y mercancias nacionales o extranjeras”.

Comtec Imports (2010), fundada por Carlos Javier Mondragón de la Garza y Juan Girard Buylla, con el giro de “comercio en general, incluyendo en forma enunciativa más no limitativa, la consignación, producción, compra, venta, distribución, transportación, representación, comercialización, importación y exportación de todo tipo de artículos, mercancías y bienes muebles”.

M. Producciones Guerreros Films (2012), constituida por Aldo Arturo Muñoz Gama, José de Jesús Muñoz Atilano, y Carlos Javier Mondragón de la Garza, con el giro de “producción, realización, dirección, comercialización, edición, promoción y difusión de toda clase de películas cinematográficas, cortometrajes, mediometrajes y largometrajes, documentales, noticieros, comerciales, grabaciones en video-tape y en cualquier medio conocido o que se invente, videos corporativos, videos promocionales, series de televisión y radio o de cualquier medio de difusión, en cualquier formato, así como de todo tipo de obras de teatro, y de eventos musicales, sociales y culturales”.

Hasta la fecha se encuentra en el registro de productores de la Ciudad de México.

Proliactive (2012), creada por Carlos Javier Mondragón de la Garza, Edson Jair Flores López y Jorge Hernández Castillo, para la “confección de prendas de vestir y similares”.

MG Producciones Gráficas (2014), dedicada a la comercialización de insumos para la industria de las artes gráficas. Fue constituida por Carlos Javier Mondragón de la Garza, Eduardo Alfredo Galaviz Benítez y Julio Alberto Tapia Vázquez,

Artes Gráficas Olonne (2017), fundada por Carlos Javier Mondragón de la Garza y Claudia Girard Buya, con el giro de “compra venta, importación, exportación, fabricación, maquila, impresión, bordado, distribución y comercio en general de toda clase de artículos deportivos, calzado, ropa, textiles, artículos publicitarios y mercancías en general”, así como a la “la comercialización de toda clase de insumos para las artes gráficas”.

Mica Impresores (2021), registrada por Carlos Javier Mondragón de la Garza y Miguel Ángel Ortiz Beltrán, y orientada a “la compra, venta, enajenación, importación y/o exportación de insumos y materias químicas necesarias para la elaboración de productos farmacéuticos, productos nutricionales y alimenticios; la elaboración, transformación y, en general, la comercialización de productos apropiados para envasar o envolver a los antes mencionados, con el fin de distribuirlos en todo el territorio mexicano y en el exterior”.

Quintum-M Inmobiliaria (2021), fraccionadora y urbanizadora, instaurada por Carlos Javier Mondragón de la Garza, Paula Renata y Eugenio Mondragón Matencio.

Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, señaló que la reforma “unificará criterios, cerrará vacíos legales y protegerá de manera integral a la sociedad, al fortalecer la coordinación de los tres niveles de gobierno para prevenir, investigar y sancionar el delito”.

Agregó que la extorsión “la padece todo México, pues es un ilícito que requiere de toda la atención por sus múltiples modalidades y por la disparidad en las legislaciones estatales, que han permitido que esta práctica se expanda como una ‘sombra letal’ que sacrifica vidas, acaba con familias, invade negocios y no es incentiva para la actividad económica del país”.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Seguridad, Lucía Trasviña Waldenrath, aseguró que la extorsión “no es un delito menor ni aislado, sino un flagelo que lacera hogares, negocios, instituciones y comunidades completas”, y destacó que, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en enero de 2025 se registró un promedio diario de casi 30 extorsiones, un incremento del 57% en seis años.

Además, el INEGI reportó que en 2023 la extorsión fue el delito más frecuente contra las unidades económicas, con un costo superior a 124 mil millones de pesos, equivalentes al 0.51% del Producto Interno Bruto (PIB).

El senador emecista, Luis Donaldo Colosio Riojas, señaló que la extorsión erosiona el comercio local y el emprendimiento, y destacó que las carpetas de investigación aumentaron de entre 400 a 500 en 2015 a más de 850 en 2025.

La senadora Carolina Viggiano, del PRI, subrayó que la impunidad desincentiva la denuncia y que en muchas comunidades existe el “cobro de piso” directo en los negocios.

Verónica Rodríguez Hernández, del PAN, coincidió en la necesidad de homologar la regulación, aunque enfatizó que legislar “no lo resuelve todo, por lo que es indispensable una estrategia eficaz”.

Congreso tendrá 180 días para expedir nueva ley general

El régimen transitorio establece que el Congreso de la Unión contará con un plazo máximo de 180 días, a partir de la entrada en vigor del decreto, para aprobar la ley general en la materia.

Mientras tanto, seguirán vigentes las leyes actuales, tanto federales como locales, que regulan este delito.

Además, la legislación incluirá un apartado transitorio donde se definirán los tiempos y mecanismos para que tanto la Federación como los estados armonicen sus normas con la nueva ley general.

Relató que Wong inició su actividad religiosa en Baja California. “Sí, él es de una familia de Tijuana, que, por cierto, su tía es diputada suplente también de La Luz del Mundo por Morena, Martha Wong, y él se casó con una muchacha de Ensenada que yo conozco muy bien. Yo soy de Ensenada, y su primera ‘obra’, que es lo que le llaman ‘obreros’, fue en un poblado llamado Camalú. Él inició su vida, vamos a decir religiosa, dirigiendo alrededor de los años 2012, 2013, más o menos”.

Respecto a la actual posición de Wong en la Suprema Corte, Guzmán afirmó: “Hoy este personaje, Job Daniel Wong, está ganando más de 100,000 pesos siendo asesor del presidente de la Suprema Corte”.

Presencia en los tres poderes del Estado

Criticó además lo que considera una estrategia sistemática de la iglesia para influir en los tres poderes del Estado. “Tienen ojos, tienen oídos y tienen voz en los tres poderes del Estado: en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo. Y en los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal”.

Sharim Guzmán también mencionó a otras personas presuntamente vinculadas a La Luz del Mundo, que actualmente ocupan cargos dentro del Poder Judicial en distintas entidades del país. “Tienes a Madián Menchaca, que es jueza administrativa en Jalisco, cuyo papá es uno de los líderes de La Luz del Mundo y pastor, que inclusive Nicolás está dentro de la carpeta de investigación en México”.

Según Guzmán, este pastor, junto con Rogelio Zamora Barradas y Josué Mora, habría intentado silenciarlo a él y a su esposa cuando denunciaron abusos en 2016. “Lo hemos clamado, y le hemos pedido a este gobierno que se judicialice esta carpeta de investigación. Donde hay más denunciantes que tienen miedo, y que hoy, cuando ven que existe la reforma judicial, y ven que van candidatos de La Luz del Mundo, tienen miedo”.

Añadió que también hay presencia en otras entidades federativas. “En Chihuahua está otra jueza federal, Salma Anahí Jaanai Martínez. En la Ciudad de México hay otros”. Además, advirtió sobre el caso de otra jueza federal con presuntos vínculos con la iglesia. “En Jalisco también tienen otra jueza federal, de nombre Eloísa Rafael, y es jueza federal penal”.

“Y de igual manera, tienes a Hamlet García Almaguer, el principal vocero de la reforma judicial, vocero de Claudia Sheinbaum; a Israel Zamora, los voceros de Claudia Sheinbaum teniendo la información de primera mano”, dijo.

Guzmán concluyó que estas condiciones dificultan a las víctimas alzar la voz. “Así de difícil es luchar contra La Luz del Mundo. Y por eso mismo, las víctimas no hablan, tienen miedo”.