En todos los estados de la República Mexicana hay colectivos de búsqueda de personas. En todas las entidades federativas, estos colectivos son ignorados por gobiernos y fiscalías estatales. En Baja California, por ejemplo, se dio el caso aquel cuando a los buscadores no los auxilió la Fiscalía General del Estado (FGE) para acompañarlos con maquinaria en su búsqueda y el gobierno fue implacable en su indiferencia: un diputado de Morena (Juan Manuel Molina, se llama) envió un comunicado con imágenes donde se le ve entregar a colectivos de búsqueda de personas, herramientas como picos y palas, adquiridas para su vanagloria personal, con los recursos públicos legislativos.

Con el descubrimiento por parte del colectivo Buscadores Guerreros de Jalisco el 5 de marzo del año en curso en un rancho de muerte y exterminio en Teuchitlán, Jalisco, la apatía, indiferencia e incapacidad gubernamental para atender la causa de los desaparecidos, que suma cientos de miles de casos en el país en los últimos diez años, ha sido más palpable, evidenciando esa empatía selectiva que parece distinguir a los políticos que hoy en día concentran el poder en México.

No sólo la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró una reunión con los seguidores de su partido en el Zócalo el 9 de marzo, tres días después de descubierto el rancho del exterminio. Congregó a gobernadores de su partido, legisladores y líderes partidistas, y una semana después, se le vio bailando con una niña de secundaria en Chiapas, como parte de sus giras. La empatía de la Presidenta está con la niña que feliz baila, pero no con aquella cuyo padre, hermano o abuelo, están desaparecidos.

Claudia Sheinbaum ha intentado de todas formas zafarse de la responsabilidad de haber contribuido, de alguna manera, a la existencia de un rancho del exterminio del Cártel Jalisco Nueva Generación. Sea como una herencia trágica y fatal de la política de los Abrazos, no balazos que imperó en el periodo de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, que proveyó impunidad a los cárteles de la droga para hacer ranchos de exterminio, asesinar personas, desaparecer a otras, extorsionar a unas más; o porque la Fiscalía General de la República (FGR) no ejerce su facultad y obligación de investigar y procesar los casos de delitos que bajo su fuero debe indagar, como una instalación apócrifa donde se mantuvo secuestradas a personas, privadas de la libertad, donde se utilizaron armas de uso exclusivo del Ejército, donde se habilitaron crematorios para deshacerse de cuerpos y se inhumaron restos, la titular del Poder Ejecutivo federal incluso ha intentado responsabilizar a la oposición y a sus “adversarios” de pagar millones de pesos en redes sociales para “atacarla” con el descubrimiento del horror en Teuchitlán, como si la indignación social a lo largo y ancho del país por lo allí sucedido no fuera orgánica, no fuera legítima, no fuera una terrible realidad del país.

La mandataria nacional debe justificar que alguien está pagando esas menciones antes de creer que así piensa y así se siente una parte del pueblo que ella gobierna para todos.

El jueves 20 de marzo, los buscadores regresaron al rancho del exterminio, luego que la FGR lo interviniera sólo para responsabilizar de omisiones a la Fiscalía de Jalisco, sin atraer el caso para su investigación, pero sí condenando a la autoridad local. Lo que encontraron los buscadores 15 días después de haber localizado el rancho, les afectó sobremanera: borraron todas las evidencias de la muerte, del exterminio, de la privación de la libertad de las personas, de los crematorios, de las zonas de adiestramiento y confinamiento, de la presencia de lo que se supone fueron cientos de personas que habitaron en condiciones terribles y fatales, esa propiedad.

Ni la FGR, ni la Presidencia de la República, ni la Fiscalía de Jalisco, podrán borrar los videos tomados por colectivos de búsqueda de personas cuando localizaron cientos de objetos ahí arrumbados que alguna vez pertenecieron a sus desaparecidos: mochilas, vestimenta, zapatos, productos personales y prendas. Huesos enterrados, restos que alguna vez conformaron un ser humano. Contra la limpieza del gobierno de toda evidencia de la comisión de delitos en ese rancho, están las pruebas de la atrocidad que documentaron los buscadores antes de la llegada de los gobiernos.

Los colectivos que acudieron el jueves 20 de marzo al rancho del exterminio están indignados, frustrados. Alejandra, una de las madres buscadoras, resumió: “Sentí más dolor, yo creí que venir aquí me iba a dar un poco de calma y me voy peor”.

Como muchos otros, se sintió burlada por la desaparición de toda evidencia por parte de la autoridad, “… el Gobierno, no se vale que se burle de nosotros, entras como en un zoológico, un museo, donde yo no vengo a ser la burla de nadie; yo vengo a buscar a mi hijo y a mi sobrino, lo único que quiero es encontrarlos”.

Alejandra invitó a las autoridades a acompañarlos, a entenderlos, a que “tengamos un pedazo de corazón aquí”. Pero ni ella ni los colectivos de buscadores a lo largo de los estados de la República Mexicana, ni los desaparecidos, cuentan con la empatía de una clase política selectiva con las causas sociales, indiferente al dolor de una parte de la población, en la que efectivamente no dejan ni “un pedazo de corazón”.

“Vamos en ruta correcta, Oaxaca seguirá siendo el motor de crecimiento del sur-sureste y ejemplo de que la Cuarta Transformación coloca en primer lugar a los más pobres y genera una prosperidad compartida para todas y todos los mexicanos”, dijo el gobernador el pasado 17 de marzo.

¿Por qué clausuró la Profepa en 2014?

La construcción de la presa Paso Ancho inició en 2012, durante la administración del entonces gobernador Gabino Cué Monteagudo, en los municipios San Vicente Coatlán y Sola de Vega, con una inversión inicial de 3 mil 341 millones de pesos.

En esa fecha, la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable de Oaxaca (Sinfra), a cargo de Nezahualcóyotl Salvatierra (quien también fue secretario de Infraestructuras del gobierno de Salomón Jara Cruz hasta diciembre de 2024) pagó a dos empresas por adjudicación directa al menos 2 millones de pesos, sólo para la elaboración de dictámenes de impacto ambiental para la Presa de Paso Ancho, que debían incluir un análisis jurídico.

Uno de los contratos fue para la empresa “Planeación, Sistemas y Control, SA de CV” del Distrito Federal, por 980 mil pesos, y otro a “QV Gestión Ambiental S. C.” por 958 mil pesos.

Pero meses después la Profepa clausuró el proyecto “de manera total temporal” por no contar con autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales expedido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La Semarnat informó que la empresa responsable de obra, Tradeco infraestructura, no presentó información técnica y documentación legal del lugar donde se desarrollaba el proyecto. Por ello, la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de la Semarnat resolvió desechar dicha autorización que implicaba la afectación de una superficie de más de una hectárea.

La obra se paró en su totalidad y la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de la entidad (ahora Secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública) inició una investigación por presuntas irregularidades.

Es un proyecto inviable, dicen organizaciones

El ambientalista Juan José Consejo Dueñas, del Instituto de la Naturaleza y la Sociedad en Oaxaca (INSO), advirtió que en la zona metropolitana de Oaxaca hay una crisis que pone en riesgo la viabilidad del Valle Central, una “crisis grave y compleja” que no puede ser resuelta por una obra, sino que requiere de un conjunto de medidas legales, técnicas, administrativas y económicas.

Advirtió que han cambiado los paradigmas y la discusión de cómo abordar los temas ambientales e hídricos, por lo que retomar este proyecto es un retroceso.

“Sabemos que tiene elementos insalvables, por ser obras increíblemente caras, y existen muchos análisis al respecto, no sólo se trata del vaso y la presa, sino también un acueducto de más de 80 kilómetros, que tardaría mucho, es decir, ya no es una respuesta a los muchos problemas del agua”, comentó.

Consejo Dueñas dijo que los supuestos en que está fundado son hoy más discutibles pues las presas suelen tener una vida útil de entre 20 y 25 años, un periodo muy corto en relación de lo que cuesta construirlas.

Las organizaciones integrantes del OCCAMA  señalan que hay otras soluciones al problema hídrico de Oaxaca e hicieron énfasis en la necesidad de que las autoridades impulsen procesos participativos donde los diferentes niveles de gobierno asuman su responsabilidad para recuperar y sanear fuentes de agua a nivel local, fortaleciendo la gobernanza del agua desde una visión de cuenca, antes de emprender proyectos donde se vulneran derechos de comunidades en beneficio de grandes urbes que no modifican sus dinámicas de sobreexplotación y contaminación del agua.

Por su parte, Gustavo Vallejo, comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, señaló que el área a su cargo tiene “la misión” de terminar el proyecto en un año y medio, e informó que desde el pasado 20 de noviembre ya recibieron recursos.

Tanto el gobierno federal como el local, a través del gobernador Julio Menchaca, estiman que las obras del tren México-Pachuca generarán alrededor de 40 mil empleos directos y el doble de indirectos.

El mandatario también mencionó que durante la construcción se pueden presentar algunos inconvenientes, uno de ellos sería la liberación del derecho de vía en algunas comunidades del municipio de Zempoala en las cuales, dijo, ya se entabló diálogo con el objetivo de “hacer todo lo correcto”.

En el evento, la presidenta Sheinbaum dijo que este año también iniciará la construcción del tren México-Querétaro, Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo León.

El presunto líder criminal, de 51 años, fue detenido junto a una mujer, de 43. Ambos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) señaló a José Gregorio “N” como presunto líder de una célula del CJNG y responsable del “reclutamiento y adiestramiento de personas”.

Hasta el momento, autoridades no han detallado si el detenido está relacionado con el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, en donde buscadoras localizaron indicios de que el sitio podría haber sido usado como centro de adiestramiento y exterminio.

El secretario Omar García Harfuch dijo que este lunes 24 darán más información sobre la detención del presunto reclutador.

En el operativo para detener a José Gregorio “N” participaron elementos del Ejército, Guardia Nacional, Marina, SSPC y del Centro Nacional de Inteligencia.

Tras la clausura, la empresa aseguró en un comunicado que la supervisión de las autoridades estatales y federales, “así como las distintas auditorías que realizan de manera independiente clientes, proveedores y certificadoras internacionales, dan cuenta del cumplimiento de Zinc Nacional con la regulación aplicable y la implementación de estándares internacionales con los que operamos”.

La periodista Verónica García de León afirmó en Aristegui en Vivo que “las tomas en 18 lugares alrededor de la planta tienen altas concentraciones de estos metales pesados que nosotros habíamos visto ya en estos reportes anuales. Lo que nos impacta es que está presente en los hogares de las personas, de las casas que se analizaron”.

Dijo que mientras realizaban la investigación, las autoridades ya les habían comentado que se realizaría la inspección, sin embargo, no esperaban que la reacción fuera tan rápida tras la publicación del reportaje el pasado 14 de enero. “La figura que ellos describen, para hacer esta clausura, es un cierre, una clausura total temporal, en la que 15 equipos que no tienen autorización son cancelados“, agregó.

La reforma al Poder Judicial ha derivado en preocupaciones de diversos organismos e instituciones por los efectos que tendrá la misma en aspectos políticos, económicos y sociales del país.

La relatora especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, advirtió el año pasado sobre la preocupación por las “amplias” implicaciones para la independencia judicial en México.

México tendrá, en la primera elección popular del Poder Judicial, un récord de más de 100.4 millones de votantes potenciales y 4,097 candidatos, según cifras preliminares del gobierno federal.

La colectiva feminista 50 mas 1 que lleva un puntual seguimiento de los feminicidios en Chiapas, señaló que los habitantes del lugar, habían emprendido la búsqueda de la niña, y hace tres días de acuerdo a los testimonios, las autoridades desplegaron un operativo.

Fue el viernes que familiares, conocidos y pobladores de La Victoria, San José y Pantaleón Domínguez, se reunieron, cuando informaron que el cuerpo de la niña había sido hallado en la carretera que va de Simón Bolívar y Ruiz Cortínez, en un punto conocido como Malpaso.

Más tarde dieron a conocer que fueron detenidos una mujer y dos hombres, implicados en el secuestro y feminicidio de la niña, pero la Fiscalía no ha confirmado la información hasta ahora.

50 más 1 al expresar su pésame a la familia de Perla Alison, que sufre una pérdida irreparable, a sus amistades, al personal docente y estudiantil de su escuela, subrayó la importancia de que los gobiernos municipales emprendan campañas para visibilizar la violencia de género.

En Mapastepec, dijo la colectiva Mapachtépec Fem, “se respira el incremento terrible de la violencia e inseguridad, resultado de los malos gobiernos; donde antes se respiraba tranquilidad, ahora nuestras hijas ya no pueden salir tranquilas de casa, sin tener miedo a que algo les pueda suceder”.

Dijo que en la localidad solo en el mes de marzo se han presentado dos feminicidios con el de la niña. Las feministas demandaron al presidente municipal, Amando Espinosa de la Cruz a hacer el acompañamiento a las familias de víctimas de feminicidio para que se les haga justicia, “que sea un canal de comunicación y exigencia ante la fiscalía para que se dé con los responsables”.

50 más 1 pidió a las autoridades competentes investigar el caso con perspectiva de género y solicitar en los tribunales todo el peso de la ley contra los presuntos responsables. ?“Con el feminicidio de Perla Alison son seis los casos que se han presentado en lo que va del año. Solo en el mes de marzo se han registrado cuatro feminicidios”, manifestó.

El TDJ, junto con el órgano de administración judicial, será uno de los que sustituirá al CJF a partir de septiembre próximo, conforme a la implementación de la reforma judicial.

Por primera vez, dicho órgano tendrá facultades para investigar y sancionar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes actualmente sólo pueden ser sancionados por algunas causales por la Contraloría del Máximo Tribunal.

La denuncia contra Esquivel Mossa se encuentra empantanada en una consulta sometida por la ministra presidenta Norma Piña a sus compañeros en la SCJN debido a que nunca había sucedido que un integrante del Pleno fuera denunciado por hechos ocurridos más de 30 años antes de ser designado ministro.

En dicho expediente también se encuentra la denuncia presentada contra el ministro en retiro Arturo Zaldívar y sus excolaboradores acusados de presionar a juzgadores para emitir sentencias “a modo” y otra denuncia presentada contra Norma Piña por reunirse con magistrados electorales y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en diciembre de 2023.

Jaime Santana Turral detalló que en el CJF la Comisión que encabezó recibió diversas denuncias contra la administración del ahora ministro en retiro, Luis María Aguilar Morales, en el Poder Judicial, muy parecidas a la que fueron presentadas contra Zaldívar y sus excolaboradores.

“De manera irregular no se señalaron circunstancias de tiempo, modo y lugar de las múltiples conductas que se señalaron, ponía a todos en ciertos cajones como que todos extorsionaron, presionaron, se aliaron a cierto bufete o a algún personaje político, de tal manera que en cada uno de esos cajones hacían imputaciones de carácter genérico”.

El magistrado fue señalado por “hacerle la vida imposible” a la magistrada Isabel Porras, quien supuestamente se habría negado a resolver conforme a las exigencias de Carlos Alpízar, excolaborador de Zaldívar, un amparo tramitado por el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, procesado penalmente en la administración de López Obrador por los casos Odebrecht y Agronitrogenados.

Sin embargo, Santana Turral afirma que esto nunca ocurrió e incluso se dijo amigo de la magistrada Porras.

“En el área en la cual yo me encontraba ella tenía algunos temas de procedimientos de responsabilidad, sin embargo, aunque en la normativa del Consejo no existe la figura del impedimento de los secretarios ejecutivos, yo solicité al entonces presidente que en todos los temas relacionados con la magistrada Porras se me excusara derivado de la amistad que tengo con ella. El presidente estuvo de acuerdo y lo sometió al Pleno del Consejo y me excusaron”, relató.

“Yo no tenía bajo ninguna circunstancia la posibilidad ni de favorecer, pero menos aún, de coaccionar, de presionar a mi amiga la magistrada Porras”.

Reconoció que al llegar a la Comisión de Disciplina advirtió a Zaldívar que dentro del PJF existían conductas graves que debían ser atendidas de manera urgente, como el acoso sexual, abusos, violaciones, sentencias irregulares, que permanecían ocultos en la institución o cuyos procedimientos disciplinarios llevaban años estancados.

Mal cálculo político

Para Santana Turral, la filtración de la denuncia contra Zaldívar a medios de comunicación pudo venir directamente de la ministra presidenta, Norma Piña.

“Si vemos el resultado de las cosas y cómo fue evolucionando este tema, pues yo tampoco podría dudar que ella (la ministra Piña) fue la que estuvo detrás de esta situación. Yo considero que eso pudo haber sido un tema de un mal cálculo político de la señora ministra de poder utilizar esta denuncia para tratar de perjudicar a Arturo Zaldívar quien ya estaba colaborando con Claudia Sheinbaum”, refirió.

“Yo creo que esto estaba más orientado a tratar de desprestigiar la campaña de la presidenta, ésa fue la lectura que yo le di en ese momento porque no encontraba justificación de por qué, esa denuncia refiere hechos de 2019 a 2022, cuatro años de conductas irregulares, donde nadie dijo nada”.

Recordó que en diciembre de 2023 la ministra Piña se reunió con los magistrados electorales Felipe de la Mata, Mónica Soto y Felipe Fuentes, así como con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno.

El 16 de mayo de 2024, Proceso informó que dicha reunión tenía como objetivo realizar una transición tranquila en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) luego de la renuncia de su presidente Reyes Rodríguez Mondragón y la elección exprés de Mónica Soto en su lugar, pero que la presencia de Alito Moreno no fue requerida por Piña Hernández.

Sin embargo, para Santana Turral la presencia del priista en dicha reunión confirma la teoría de que Piña filtró la denuncia contra Zaldívar para evitar que Claudia Sheinbaum llegara a la Presidencia de la República.

“Yo no veo otra finalidad distinta. En diciembre previo a este año se realizaron reuniones entre la ministra presidenta y otros actores políticos que no eran acordes al partido de la presidenta Sheinbaum”, apuntó.

La denuncia contra Zaldívar y sus excolaboradores fue desechada el pasado 4 de diciembre de 2024 por mayoría de votos de los consejeros de la Judicatura afines al gobierno federal: Celia Maya, Bernardo Bátiz, Sergio Javier Molina Martínez y Eva Verónica de Gyvés Zárate.

Esto, al resolver un recurso presentado por Carlos Alpízar, exsecretario técnico del CJF, en el que consideraron que la ministra Piña no debió admitir a trámite la denuncia por ser anónima y no traer pruebas.

Simpatizante de la 4T

El candidato a magistrado del TDJ se considera partidario de la 4T, aunque no está afiliado a ningún partido político, pero reconoció que comparte muchos de los ideales morenistas.

“El tema de los excesos, el tema de la prepotencia del servidor público, me parece que es inconcebible, es inaceptable”, indicó.

“Toda mi mi vida ha estado dedicada a que el servicio público se transforme y sea un servicio público cercano a la gente. No es un discurso, es la vida que yo he desarrollado durante ya 30 años en el Poder Judicial”.

Por ello, aunque él viene de la carrera judicial y reconoce que tiene beneficios, afirma que este mecanismo de designación de juzgadores no resolvió los problemas internos del PJF que lo tienen hoy en plena implementación de la reforma judicial impulsada por Morena.

“La soberbia que manejó al Poder Judicial durante décadas fue lo que nos puso un estado de desventaja donde la sociedad no estaba empatizada con nosotros. En cuanto se propuso a esta reforma al Poder Judicial de la Federación pues no había sociedad que pudiera respaldarnos, porque el Poder Judicial siempre estuvo alejado de la gente”, sentenció.

“Soy de carrera judicial, pero la carrera judicial no lo resolvió todo. La carrera judicial sí nos dotó de ciertas capacidades técnicas, pero no nos dotó de ninguna capacidad operativa ni ninguna capacidad de acercamiento con la sociedad. Nos deslegitimamos y por eso creo que el tema de la elección a través del voto popular nos puede dar la posibilidad de poder recuperar esa legitimación”.

La Fiscalía del Estado de Jalisco comunicó que un expolicía de la Comisaría de Tala fue acusado de la desaparición forzada de un hombre, que fue entregado a quienes poseían el rancho Izaguirre, y fue detenido el sábado 22 de marzo en el municipio de Acatic, Jalisco.

La detención de Gabriel J., de 22 años, fue ejecutada por policías de investigación de la Fiscalía del Estado de Jalisco. 

Las investigaciones indican que Gabriel J., junto a otros agentes a bordo de un vehículo oficial de la Comisaría de Seguridad Pública, interceptaron a la víctima mientras circulaba en una motocicleta. Los agentes municipales privaron de la libertad al hombre y posteriormente lo entregaron a civiles. La víctima reportó haber escuchado que sería entregado a "la gente".

Este suceso ocurrió antes del enfrentamiento y operativo de la Guardia Nacional contra civiles armados, registrado en el rancho Izaguirre el 18 de septiembre de 2024. Durante ese enfrentamiento armado, la víctima de la privación ilegal de la libertad y otra persona fueron liberadas.

La Fiscalía del Estado señaló que, a raíz de estos eventos, la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas inició una investigación que identificó la participación de Gabriel J. en el acto ilícito.

Gabriel J. fue puesto a disposición del Juez de Control con cargos de desaparición forzada de personas. La dependencia estatal subrayó que durante el procedimiento se le informaron sus derechos legales. Las autoridades locales recordaron que, conforme a la ley, se le considera inocente hasta que un tribunal emita una sentencia en su contra.

Por separado, la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo este domingo en Colima a otro expolicía de Tala que tenía una orden de aprehensión en su contra por la desaparición forzada de la misma víctima entregada en el rancho Izaguirre.

En la conferencia de prensa que encabezó el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, el pasado miércoles 19 de marzo, manifestó que “obviamente, evidente y por supuesto” había colusión de los expolicías de Tala con quienes controlaban el rancho Izaguirre.

“Una de las víctimas señaló que esos policías de Tala cooptaron a esta persona y lo llevaron al lugar donde ocurrió el caso. Eso lo dicen los propios testigos, no soy yo quien lo dice, lo dicen los testigos”, declaró.

Ese mismo miércoles, el fiscal señaló: “De esos tres policías, uno está detenido, el jefe de la policía, y los otros dos tienen órdenes de aprehensión; no sé por qué no los han detenido”.

El cuerpo sin vida de otro hombre de entre 45 y 50 años, el cual tenía visibles huellas de violencia, fue encontrado a las 11:37 horas de la mañana en un camino vecinal en el área de un cerro, en la colonia Ampliación Ejido Lázaro Cárdenas

Dos horas después del hallazgo anterior, a las 13:47 horas de la tarde del viernes, se encontró sin vida a hombre de 31 años al interior de su departamento, ubicado en el tercer piso de un edificio instalado en la calle Guadalupe Victoria esquina con Avenida Presidente Miguel Alemán Valdez, de la colonia Infonavit Presidentes. El cadáver se hallaba en posición de cubito dorsal y presentaba lesiones, pero no se especificó de qué tipo.

Sobre la calle Nogal de la colonia La Joya, a las 19:11 horas, fue hallado sin vida un hombre de identidad desconocida de aproximadamente 47 años, el cual estaba tirado de costado sobre la vía pública y tenía una mancha pardo rojiza.

El cadáver calcinado de otro hombre con huellas de violencia fue localizado sobre un camino vecinal, en un cerro ubicado en la colonia Cuero de Venados, a las 20:59 horas del viernes.

Casi a la medianoche del 21 de marzo, a las 23:06 horas, se encontraron restos humanos al interior de unas bolsas de basura abandonadas sobre la banqueta de la calle Bosques de México, a un costado de la antena repetidora, en el fraccionamiento Natura.

El último hallazgo se realizó la madrugada de este sábado 22 de marzo a la 01:12 horas, en un camino vecinal del Ejido Lázaro Cárdenas, cuando fue hallado en posición de cubito dorsal, con huellas de violencia, el cuerpo sin vida de un hombre de 41 años.

La detención se da en el marco de las investigaciones en Teuchitlán, Jalisco, por el caso del Rancho Izaguirre, un presunto centro de adiestramiento en el que diversos grupos de buscadores de desaparecidos afirman se realizó la cremación de cientos de personas.

Por su parte, en un comunicado conjunto, la SSPC, proporcionó más detalles de la detención del líder responsable del reclutamiento y adiestramiento de personas, junto a una mujer quien lo acompañaba, como resultado de la colaboración con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

A dicho sujeto se le dio seguimiento mediante vigilancias fijas, móviles y discretas, en el estado de Jalisco, donde se tuvo conocimiento que se desplazaría a la Ciudad de México, por lo que se implementó un dispositivo de seguridad en la alcaldía Cuajimalpa, donde fue detenido en compañía de una mujer.

Por lo anterior, José Gregorio “N” de 51 años y la mujer de 43 años de edad, fueron detenidos, informados de sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

“Somos nosotras las familias, las que aprendimos a buscar cuando las autoridades no lo hacían, de nuestra experiencia han salido aprendizajes indispensables para pensar la búsqueda, la localización y la justicia que se expresa en diversos instrumentos”, puntualizaron los familiares que forman parte del MNDM. 

Al recordar que, en mayo de 2024, el MNDM solicitó a Sheinbaum un encuentro, siendo candidata, lo que fue refrendado en octubre pasado en que la presidenta se abrió a la posibilidad de que se estableciera el diálogo, la red que integra a cerca de cien colectivos de familiares de desaparecidos de México, Centroamérica y Estados Unidos, reconoció la reacción de la presidenta motivada por la indignación genera por el hallazgo de restos humanos calcinados en Teuchitlán, Jalisco.  

Para las familias, el reciente impulso del tema por parte de  Sheinbaum y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, “no es suficiente” y respaldaron los cuestionamientos a las propuestas presidenciales toda vez que “en la mayoría de ellas son obligaciones estatales que se encuentran contenidas en la Ley General (en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda) y ni siquiera se ha reconocido que en esa medida implican omisiones por parte de las autoridades e instituciones responsables de su cabal implementación”.  

Puntualizaron que la participación de las familias, en cualquier tipo de modificación legal, está contemplada en la Ley General y en los principios rectores para la búsqueda de Naciones Unidas, derecho que han ejercido “con responsabilidad y ánimo de colaborar”.

Ante el plan para atender el problema, presentado por Sheinbaum el pasado 17 de febrero, el MNDM llamó a “generar un espacio participativo y de diálogo que considere a las distintas plataformas de víctimas y donde se nos expongan las propuestas”. 

El MNDM delineó cinco ejes de agenda para ser tomadas en cuenta en un posible encuentro, que comprenden los temas de “búsqueda y seguridad; datos y sistemas de información; bienestar y prevención”.  

Los colectivos con presencia en 25 estados de México, de tres países de Centroamérica y Estaos Unidos, se solidarizaron con las familias de Jalisco que localizaron “un espacio de horror y terror en el que podrían encontrarse algunas de las personas que buscamos”.  

Las familias que integran el MNDM hicieron un llamado a otros colectivos de búsqueda de personas desaparecidas a “confluir y construir juntas”, con el objetivo de “seguir buscando con esperanza y determinación para regresar a casa a todas las personas que nos faltan”, al tiempo que se mostraron dispuestas “para dejar atrás esta crisis atroz que tantos impactos tiene en nosotras y la sociedad”.

Tras el ataque, efectivos de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército acordonaron el área, y la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó el levantamiento de los cuerpos. La ejecución de los policías se da cuando las autoridades efectúan operativos en la zona de la Chontalpa, que abarca a Paraíso.

En redes sociales se reportó que ayer elementos de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) "Olmeca" detuvieron a un presunto líder de un grupo delictivo local en el municipio de Comalcalco, sito a 57 kilómetros de Villahermosa. 

Jorge "N", alias "El Puma", es considerado uno de los principales generadores de violencia de la entidad con presencia en la zona de la Chontalpa. Versiones extraoficiales indican que fue detenido cuando estaba hospedado en un hotel de Comalcalco, y era "escoltado" por policías preventivos de ese municipio. 

Las autoridades no han informado oficialmente sobre la captura del jefe criminal relacionado con delitos como extorsión, narcotráfico y homicidio.

Ante esta noticia, que dos de sus trabajadores tienen injerencia con las desapariciones, la Fiscalía informó que fortalece los protocolos de control interno para evitar que funcionarios de esta institución se vean involucrados en conductas delictivas, y en caso contrario, tiene el compromiso de aplicar la ley para sancionar sin distinción de quien resulte responsable y con ello evitar que este tipo de casos queden impunes.

El pasado jueves la Fiscalía detalló que supuestamente los jóvenes primeros reportados como desaparecidos y posteriormente hallados sin vida entre los límites de Oaxaca con Puebla, habrían llegado contratados por una persona a la costa de Oaxaca para realizar actos delictivos.

Afirmaron que no podían firmar ese acuerdo porque la ley no permitía dar compensación al personal de libre designación (confianza). Además, la propuesta de Alcalá pedía la firma de una separación voluntaria.

Tras ese rechazo, un pequeño grupo de trabajadores comenzaron a protestar y al siguiente día se unieron más personas a las protestas que incluyeron cierres a la circulación de avenida Insurgentes durante este miércoles y jueves.

Luego, este jueves, el INAI votó un acuerdo por el cual se otorgó la posibilidad de compensación económica para 419 empleados de servicio profesional de carrera, es decir, que hayan obtenido su empleo con base en concursos; dejando fuera de ese compromiso a 320 empleados de libre designación (confianza).

No es retroceso para la transparencia, dice Buenrostro

En conferencia de prensa tras reunirse con los representantes de los trabajadores, Buenrostro aseguró que la extinción del INAI no es un retroceso para la transparencia, puesto que –según su interpretación– habrá más.

“No es retroceso porque ahorita no está funcionando y eso lo ven con todas las noticias de los últimos meses. Porque no hay un estricto apego a la ley. Eso realmente garantiza el derecho humano a la información. La nueva ley trae exactamente las mismas obligaciones que había antes. Incluso se agregó un artículo para empezar a ser más transparentes y vamos a dar pasos a la transparencia proactiva”.

Sobre la situación de los trabajadores, Buenrostro, aunque no los mencionó por su nombre, reprochó que los titulares de los organismos autónomos fueran poco transparentes con sus funcionarios, quienes tenían una “preocupación genuina” por sus compensaciones económicas y que derivaron en una manifestación de dos días que incluyó cierres de circulación de avenida Insurgentes este miércoles y jueves.

Incluso como también ocurrió con los trabajadores de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), quienes igualmente realizaron protestas esta semana y que este viernes acudieron a la sede de la Secretaría Anticorrupción.

“Las preocupaciones derivan de un desconocimiento (…) Esto nos muestra que los órganos autónomos, los que están coordinando los órganos autónomos no son transparentes con sus equipos de trabajo. Digo, para nosotros los titulares, pues estamos acostumbrados a este tipo de decisiones, conocemos la ley y tenemos mucha claridad de qué es lo que va a pasar. Incluso los propios trabajadores tienen claridad. Lo que necesitan nada más es una ratificación”, dijo.

Acuerdo es pago de indemnizaciones, señala

El acuerdo con los trabajadores será un pago de indemnizaciones para todos los trabajadores, independientemente del tipo de contratación porque “todo mundo debe tener un trato legal y equitativo”, dijo.

Pero este viernes, Buenrostro se comprometió a entregar compensaciones a todos.

“Hemos platicado con la Secretaría de Hacienda, con la Subsecretaría de Egresos para poder determinar este mecanismo que no existe en ninguna ley y hemos acordado también aquí con los trabajadores que lo más justo es que sea el mismo cálculo para servicio profesional de carrera y para libre designación, que son los tres meses más 20 días por año laboral y en esos términos se realizarán el pago para que todos reciban su indemnización conforme a derecho”.

Para hacer frente a estos pagos, dijo, dispondrán de 50 millones de pesos que aún están en las arcas del INAI.

Finalmente, los trabajadores comenzaron a desmantelar su protesta poco después de la conclusión de la reunión con Buenrostro.

El cuerpo se encontraba en una barranca. El entorno es una zona boscosa a la que se accede por un camino de terracería que se sitúa sobre la carretera de Singuilucan. En el punto no hay señal de telefonía móvil. 

El reporte del hallazgo fue recibido a las 20:20 horas del jueves 20 de marzo por parte de la Subsecretaría de Operación Policial del Estado, debido a que uno de sus elementos, previo reporte, había acudido al sitio e identificado un cadáver femenino. 

Personal de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) acudió al lugar para el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicarle la necropsia y determinar la causa de muerte; asimismo, llevó a cabo el procesamiento del sitio. 

La Fiscalía de Delitos de Género y Trata de Personas comenzó las indagatorias con protocolo de feminicidio. 

La Secretaría de Seguridad Pública de la entidad (SSPH) detuvo al exelemento de la policía, quien, presume, podría estar relacionado con la desaparición y asesinato de Laura. Desde el miércoles pasado, los familiares de la víctima alertaron que no habían conseguido localizarla. 

Este sería el segundo caso en Hidalgo, durante 2025, de un exagente de corporaciones de seguridad que es el presunto responsable del feminicidio de una expareja. El primero, Marco Antonio M.G., exmiembro de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mineral de la Reforma, fue detenido por el asesinato de Rosaura y dos más de sus familiares el 5 de febrero. 

Rosaura había denunciado violencia familiar y privación ilegal de la libertad, delitos por los que Marco Antonio fue detenido, pero su proceso fue suspendido condicionalmente en noviembre de 2023, pese a la resistencia de la víctima que temía un nuevo ataque.

En el documento, el colectivo describe la crisis humanitaria del Desplazamiento Forzado, en el capítulo de las personas desaparecidas, muestra el caso de la desaparición de 12 hombres originarios de Guatemala, dedicados a la crianza y comercio de pollos, los que salieron de su municipio Mazatenango del Departamento de Suchitepéquez el 13 de noviembre de 2023, ingresaron a México por Ciudad Cuauhtémoc, municipio de Frontera Comalapa, lugar donde se establecieron.  

Pero para el 16 de noviembre de 2023, salieron rumbo al municipio de Siltepec, municipio de la región de la Sierra de Chiapas, y desde ese día, se desconoce el paradero de 10 de ellos. Solo dos personas fueron localizadas de regreso a su casa. 

Otro de los temas es la documentación de agresiones a personas defensoras; los laberintos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional; la intención progresiva de la violencia política en Chiapas; la violencia criminal e impactos a la población, y la guerra contra los pueblos. 

El desplazamiento forzado

El Frayba expone que el fenómeno del Desplazamiento Forzado Interno en Chiapas contiene larga data, desde la década de los 60 con las expulsiones masivas por motivaciones religiosas políticas, así como las que se presentaron en el marco del Conflicto Armado Interno irresuelto desde 1994 con un saldo de alrededor de 20 mil personas desplazadas. 

El fenómeno se ha agudizado en los últimos años, documentando 20 eventos de desplazamiento forzado desde el mes de enero del año 2023, a junio del 2024, presentándose un número aproximado de 15 mil 780 personas víctimas de este fenómeno originarias de los municipios de Pantelhó, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Oxchuc, Las Margaritas, Huixtán, Chenalhó, Ocosingo, La Trinitaria, Socoltenango, La Concordia, Bella Vista y Tila.  

Tan sólo en la región Frontera y Sierra del estado han sido desplazadas, a mano de la delincuencia organizada 8 mil 190 personas, “lo que es una muestra de la agudeza del desplazamiento forzado”. 

Por municipios, explica el organismo, Ocosingo representa un 25 por ciento de desplazados, por la “violencia contrainsurgente”, pero las regiones Fronteriza y Sierra, con un 30 por ciento, principales de los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Trinitaria, Socoltenango, La Concordia y Bellavista, “teniendo como principal causa la violencia emanada de la delincuencia organizada”. 

Mientras que, en la región Altos, el 15 por ciento, “donde la violencia generalizada, ocasionada por grupos armados diversos han sido la principal razón para que las personas huyan de sus hogares”. 

El organismo que dirige el obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera, recalca que las causas del desplazamiento forzado, un 35 por ciento se debe a la disputa del control del territorio por el crimen organizado; la violencia contrainsurgente que afecta a bases zapatistas, un 35 por ciento; y la violencia generalizada con un 30 por ciento, “entre la que destaca el uso de ésta a partir de la diversificación de grupos armados en el territorio”. 

Afirma que los desplazamientos forzados han sido provocado por la acción, omisión y aquiescencia de las Fuerzas Armadas e instituciones de Seguridad Pública, locales y federales, “la expansión de grupos armados ilegales, sicarios y paramilitares, que se disputan el control de territorios estratégicos para el trasiego de migrantes, armas, drogas y carros robados. El control de centros arqueológicos, especies endémicas y mercancías robadas; y en lo general economías legales e ilegales de todo tipo”. 

Así como también, “la violencia que emana de la disputa por el control del territorio por parte de grupos antagónicos de la delincuencia organizada en las regiones Frontera y Sierra, y la crisis humanitaria reflejada en la agudeza del desplazamiento forzado, implica también graves violaciones a los derechos humanos y convierte a los territorios en zonas silenciadas,10 impregnadas de inseguridad y terror”. 

Las desapariciones

En noviembre de 2023, el Frayba presentó el informe “Tocar el vacío” sobre la desaparición de personas en Chiapas, para visibilizar la preocupación por el ascenso de este fenómeno, que asegura según registro, que entre 2019 y 2023, aumentó en un 358 por ciento en el estado; y esto se dio principalmente en el marco de la disputa por el domino del territorio basada en la confrontación armada entre grupos criminales que cuentan con el amparo de instancias locales, nacionales y transnacionales.  

Para el organismo, la desaparición de personas, “sigue siendo el control de la vida social, económica y política de las comunidades mediante la estrategia del terror, con lo que se pretende acallar toda posibilidad de movimiento social y autogestión del territorio. Esta situación no es nueva, se ha visto en otras regiones del país y ahora en Chiapas, principalmente en las regiones Sierra y Frontera”. 

En el informe, el Frayba refiere que en Chiapas existe un pendiente histórico sobre las desapariciones forzadas, ocurridas en el marco de la política contrainsurgente implementada por el Estado mexicano, contra la lucha del EZLN.  

Según los casos documentados por el organismo, entre 1995 y 2000, sólo en la zona Norte de Chiapas, se registraron 37 desapariciones forzadas, cometidas por el grupo paramilitar Organización Desarrollo Paz y Justicia. Además de 32 personas desaparecidas en combate que son parte y reivindica el EZLN; todos estos casos permanecen en la total impunidad. 

El Frayba, fundado por el obispo Samuel Ruiz García, destaca en el informe la violencia machista, y señala que la desaparición de mujeres en el estado es mucho mayor que en los índices nacionales ya que supera ampliamente el promedio nacional del 25 por ciento, alcanzando más del 60 por ciento, en su mayoría afectando a niñas y adolescentes. Muchas de estas desapariciones tienen como objetivo la trata y explotación sexual. 

Subraya que de enero a junio del 2024, en Chiapas se han registrado 632 desaparecidos, de los cuales 217 son niños y adolescentes, aunque Alerta Amber ha registrado 234 casos 

Refirió que el año pasado, denunció seis casos con diez personas desaparecidas en Bella Vista, Ocosingo, Osumacinta, San Cristóbal de las Casas y Tila. “Estos sucesos en algunos casos, ocurrieron bajo el contexto de violencia generalizada”. 

Documenta también que de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), del 1 de diciembre del 2000 al 10 de julio del 2024, en Chiapas han habido siete mil 163 desaparecidos, tres mil 833 son mujeres y tres mil 330 hombres. “Del total, 1,977 son adolescentes entre 15 y 19 años, siendo 1,492 mujeres y 485 hombres. En cuanto a la infancia, entre 0 y 14 años, hay 1,735 desapariciones, 1,091 son niñas y 644 niños”. 

La edad más frecuente de desaparición es de 15 años, y son las mujeres adolescentes las que más desaparecen. Otro detalle que habla sobre la grave situación que se vive en Chiapas es que, a nivel nacional, dos de cada 10 personas en este rango de edad siguen desaparecidas, pero en el estado esta cifra se incrementa a tres de cada 10.  

Los principales lugares son Tuxtla Gutiérrez, SCLC, Tapachula, Comitán de Domínguez y Palenque.17 Según la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (REDIAS), entre 2020 y 2024, la cifra de niños, niñas y adolescentes desaparecidos/as fue de 2,223. Es decir, una media de 1.5 desapariciones de menores al día. 

El centro Frayba sostiene que la desaparición de personas es una violación grave y múltiple a los derechos humanos, tanto de la persona desaparecida como de su familia y de la sociedad en su conjunto. 

Por lo que considera que es urgente la instauración del Consejo Estatal Ciudadano, órgano de consulta, previsto por la Ley de Desaparición para el estado, ya que a más de cinco años de su anuncio, ha existido una visible oposición por la conformación de esta instancia, necesaria como mecanismo para asegurar que las necesidades y opiniones de las víctimas sean tomadas en cuenta. 

Para el Centro Frayba, en la desaparición de personas, se requiere de medidas claras para la investigación de los hechos, mayor conocimiento para crear e implementar metodologías y garantías de no repetición de tales violaciones. “La búsqueda debe ser inmediata y diferenciada, en coordinación con entidades estatales, corporaciones y personas que tienen el lado de hacerlo”. 

Sin embargo, la realidad de las personas desaparecidas en Chiapas, presenta un panorama desolador y alarmante, por lo que es fundamental reconocer que el derecho a saber es inalienable y debe ser garantizado por el Estado. 

“A pesar de estos hechos, el Estado mexicano ha persistido en su narrativa de que Chiapas es un estado seguro y ha mostrado una alarmante omisión en sus deberes de investigar, sancionar y reparar integralmente las violaciones a derechos humanos”, apuntó el Frayba.