Responsable de la elaboración del Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF) y otros instrumentos indispensables para la búsqueda e identificación de desaparecidos, las Fiscalía General de la República (FGR) no ha sido capaz de responder a la emergencia nacional que representa contar oficialmente con 124 mil 913 desaparecidos y no localizadas, y entre 52 mil y 72 mil cuerpos no identificados resguardados por fiscalías, como se evidencia en la respuesta al Poder Judicial que ha dado la institución encabezada por Alejandro Gertz Manero.
De acuerdo a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, desde 2019 la FGR tenía la obligación de crear el BNDF, y ante el incumplimiento de la autoridad, en 2021 la ciudadana Olimpia Montoya Juárez recurrió a un amparo para buscar información sobre su hermano Marco Antonio, desaparecido en Guanajuato en 2017.
Representada por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Proh), en 2022 Montoya Juárez obtuvo la protección de la justicia federal vía el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, pero el BNDF “sigue sin que se implemente a cabalidad, porque la FGR tiene todavía pendiente incorporar registros relevantes para la identificación de personas”, dice César Contreras, abogado de la organización civil.
La relevancia del BNDF volvió a la luz luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el 17 de marzo último que enviaría una iniciativa para crear la Base Nacional de Información Forense, lo que motivó que en documentos de organizaciones de familiares de víctimas de desaparición y de buscadores y buscadoras, recordaran a la presidenta que ese instrumento ya estaba contemplado en la ley y que estaba bajo la responsabilidad de la FGR, pero que no operaba.
Contreras, quien de antemano reconoce que “es la primera vez que hay un indicio de esbozo de incluir las desapariciones en la agenda de la presidenta”, considera que la propuesta de Sheinbaum apunta a tener el mismo objetivo ya delineado por las familias de víctimas en la ley general de 2017, “que es concentrar la información relevante para la búsqueda e identificación de desaparecidos para la investigación de los delitos, y sobre todo para devolverles la identidad a los restos no identificados”.
El defensor del Centro Prodh expone que en el proceso de cumplimiento sobre el amparo hay dilación de la FGR, que rindió su último reporte estadístico en febrero de 2024, el cual revela una incompatibilidad entre la información sistematizada con la realidad nacional.
“Oficialmente se tenía un dato de 52 mil cuerpos sin identificar en servicios forenses, y a finales del año pasado información periodística revelaba que serían 72 mil las personas sin identificar. Sin embargo la FGR sólo tiene 490 registros de cuerpos no reclamados”, detalla Contreras para dar cuenta de los datos que faltan por sistematizar.
“Estamos hablando de una dimensión de la crisis forense muy grande, muy dinámica también, y que ni siquiera la Fiscalía ni ninguna autoridad del Estado mexicano está teniendo la capacidad de seguirle el paso para poder dar una cifra en este momento”, puntualiza el abogado.
Lo que nos queda muy claro –continúa el abogado– es que tanto los tres componentes centrales para lograr la identificación de personas son genética, huellas dactilares y características particulares, que son las bases ante mortem y post mortem (AM/PM), en todas esas hay un claro subregistro y en el caso de huellas dactilares específicamente sabemos que no está interconectado todavía.
Incluso refiere que hay datos distintos dentro de las oficinas de la FGR, pues mientras al juzgado que está dando seguimiento al amparo se le dio un dato sobre las bases AM/PM, la Dirección General de Análisis y Proyectos tiene otros datos.
“En el informe del Sistema de Gestión de Información de Base de Datos AM/PM, al corte de noviembre de 2024, sólo se tienen 13 mil registros AM de las más de 124 mil personas desaparecidas consideradas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO); en tanto que sólo se tienen 14 mil registros PM de fallecidos que están sin identificar en servicios médicos forenses de las más de 72 mil que habría en todo el país”, apunta.
Información disuelta
En respuesta a un requerimiento judicial, el 10 de abril de 2024 la entonces responsable del Centro Federal de Inteligencia Criminal de la FGR, Edna Patricia Cepeda Morales, dio a conocer al Juzgado de Distrito datos estadísticos sobre los “nueve recursos de información interconectados al Sistema de Búsqueda del BNDF”, todos con corte del 31 de marzo de 2024.
En el oficio FGR/AICE/CFIC/OT/36765/2024, del que Proceso conoce, la FGR refirió que en el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas (RENAPEFA) “se han registrado en el sistema un total de 490 fallecidos a nivel nacional”.
La FGR reportó dos mil 64 registros correspondientes al Registro Forense Federal (Refofe), base que “integra la información sobre personas desaparecidas y restos humanos, las circunstancias que rodean la desaparición de personas y la recuperación de cadáveres o cuerpos de personas muertas, segmentos óseos, obtenida a través de distintas diligencias de investigación por parte de la FGR”.
En cuanto al Registro Nacional de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas (Renafo), en su último informe al Poder Judicial la FGR reportó contar con mil 789 reportes, sin distinguir qué datos corresponden a fosas comunes y cuántos a fosas clandestinas.
Mientras que en la Base Nacional de Información Genética (BaNIG) estaba comprendida por nueve mil 374 registros, base conformada por “los datos genéticos ingresados al CODIS y a otros bancos de información genética federales como estatales, herramienta informática que posibilita a los laboratorios forenses el ingreso, almacenamiento, intercambio, confronta automatizada y cálculos estadísticos en los niveles estatal y nacional”.
Respecto de la Base de Datos Ante Mortem y Post Mortem, “herramienta informática para gestionar información sobre personas desaparecidas y restos humanos, las circunstancias que rodean la desaparición de personas, hallazgos y la recuperación de los cadáveres o cuerpos de personas muertas o segmentos o restos óseos así como los inicios y los lugares donde se les encuentra”, el informe de la FGR dató en 134 mil 449 registros, sin distinguir cuántos corresponden a AM y PM.
El documento agregó el Registro Nacional del Delito de Tortura (Renadet), base con seis mil 908 expedientes de denuncias de tortura, así como mil 498 reportes de Alerta Amber, creado para “coadyuvar en la búsqueda y localización de niños y adolescentes que se encuentran en riesgo de sufrir daño grave a su integridad personal, ya sea por ausencia, desaparición, extravío, privación ilegal de la libertad o cualquier otra circunstancia donde se presuma la comisión de un delito ocurrido en territorio nacional”.
De acuerdo con la respuesta de la FGR al juzgado, también se incluyó la base de datos del Sistema Estratégico de Seguimiento sobre Expresiones Delictivas (SINIED), que contaba con 174 mil 151 registros, plataforma que da seguimiento a los delitos de homicidio doloso, armas de fuego, robo de hidrocarburos, robo a transporte, robo a casa habitación, robo a transeúnte, robo de vehículos, narcotráfico, extorsión y secuestro.
De igual manera se dio cuenta de la plataforma del Sistema Nacional de Información Nominal (Sinin), que “permite el registro e integración de fichas nominales, así como la búsqueda alfanumérica para acelerar la consulta de información, a fin de responder las solicitudes de dictámenes nominales en dactiloscopia forense de manera más ágil y oportuna; es alimentado por peritos de Lofoscopía forense”, sistema que contiene 202 mil 642 registros.
Tras señalar que la numeralia presentada se está constantemente actualizado, la FGR informó en abril del año pasado al juzgado que “en los trabajos de implementación del Banco Nacional de Datos Forenses se prospecta que la próxima interconexión se realice con los registros, base y sistemas” del Registro Nacional de Detenciones, el Registro de Antecedentes Criminales, Registro Nacional de Personas Desparecidas y No Localizadas, el Sistema Automático de Identificación de Locutores y el Sistema de Identificación de Huellas Dactilares.
Tortuguismo burocrático
El 11 de febrero último el juzgado de distrito requirió nuevamente al Centro Federal de Inteligencia Criminal (CFIC) para que aportara información sobre las anteriores bases de datos que se integrarían al BNDF anunciadas en abril de 2023.
En el oficio FGR/AIC/CFIC/OT/0023514/2025, en ausencia del titular del CFIC, Moisés Eduardo Bolaños Bonilla informó que el Registro Nacional de Detenciones ya se había “interconectado” al BNF el 26 de agosto de 2024, pero no ocurre lo mismo con los otros elementos.
En cuanto al Registro de Antecedentes Criminales y el Sistema Automatizado de Huellas Dactilares, el funcionario explicó al juzgado que “están a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y, en ese sentido, se continúa con las gestiones conducentes que permitan el desarrollo de los trabajos de interconexión de los referidos registros y sistemas con el Banco Nacional de Datos Forenses”.
Del Sistema Automático de Identificación de Locutores (ASIS), se agregó que, “al ser administrado por la Fiscalía General de la República, actualmente se llevan a cabo las gestiones pertinentes que permitan el logro de su interconexión con el Banco Nacional de Datos Forenses”.
El funcionario de la FGR apuntó que “las interconexiones pendientes responden al mismo proceso gradual, con la finalidad de atender a los parámetros de información previstos por la Ley General en Materia de Desaparición de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como al ámbito de competencia, necesidades y procesos de cada uno de los entes públicos a cargo de la administración de estos”.
Para César Contreras los restos encontrados en Teuchitlán ejemplifican lo que significa no contar con el BNDF actualizado como debería tenerlo la FGR.
El gran problema –explica– es que hallazgos como el Teuchitlán, en caso de que sea posible obtener ADN de lo restos, deberían poder se procesados y confrontados con una sola base de datos del país de manera inmediata y no depender de tardados procesos burocráticos para devolverles la identidad, como los que se siguen teniendo que llevar a cabo en todo el país.
Por ello, considera, es importante conocer con claridad la propuesta de la presidenta que se comprometió a presentarla hoy jueves 20 de marzo.
“Si el cambio tiende a quitarle la responsabilidad a la Fiscalía General de la República, nos preocuparía enormemente porque entonces estamos hablando de la fragmentación de responsabilidades que nunca ha funcionado bien en nuestro país y son al final las fiscalías las que tienen en sus manos la información forense de primera mano.
“Es decir, si tenemos 33 fiscalías en la República, que son las que tienen los cuerpos y que saben dónde se encuentran, son ellas las que tienen que tener los registros y la Fiscalía General de la República, como el principal referente dentro de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, tiene que liderar el esfuerzo para decir ‘tráiganme toda esta información, yo la reúno para que todas puedan tener acceso a esta información”, dice.
Para el abogado sería lamentable que se tiraran por la borda las herramientas para al búsqueda e identificación de personas que se estipulan en la ley general, por lo que insiste en estar atentos a la iniciativa que ofreció Claudia Sheinbaum.
“Ya hay un número de registros importantes interconectados en una sola plataforma, es la base del proceso que no se tendría que tirar a la basura, mucho menos porque se trata de esfuerzos de familiares de desaparecidos que dedicaron su labor tanto para la ley como para el litigio en relación con el Banco Nacional de Datos Forenses; ciertamente se ha tardado mucho en lograr lo poco que hay, por lo que lo importante ahora debe ser construir sobre eso”, dice César Contreras.
