Pasada la medianoche del viernes 28 de febrero Mónica Botero Rojas regresó a su natal Cali, Colombia, tras completar una de las tareas más dolorosas de su vida: acompañar la repatriación del cuerpo de su hija, Jheralding Pantoja, quien era interna del Centro Federal de Readaptación Social Femenil 16 (Cefereso 16).
El 6 de febrero último Jheralding se convirtió en la vigésima mujer en perder la vida por asfixia por ahorcamiento en las instalaciones del Cefereso 16, ubicado en Coatlán del Río, Morelos.
Con la ayuda de la activista Viridiana Molina, exinterna ese centro carcelario –liberada en 2019 e integrante de la organización Artículo 20–, Mónica Botero Rojas logró lo que parecía imposible: que el Estado mexicano, mediante el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SS y PC), solventara el traslado del cuerpo de Jheralding hasta su destino final, Cali, Colombia, en el vuelo AV187 de Avianca, con escala en Bogotá.
“A la señora las autoridades del Cefereso no le dieron información, y su consulado prácticamente la dejó sola. Yo me comuniqué al Cefereso y la directora (Adriana Villeda Salazar) me dijo que ya se le había informado al abogado lo que había pasado con Jheralding y que él se había comunicado con su hermano. Pero él murió hace un año, ¿cómo era eso posible? También me dijeron que el reconocimiento se haría vía Zoom, de manera remota”, relata Viridiana Molina en entrevista.
“Lo que querían las autoridades y el consulado era que la señora se hiciera cargo de la repatriación. Cuando se reconoció el cuerpo en la Fiscalía General de Justicia de Morelos, los empleados de la funeraria que presta servicio al Cefereso, y que ya me conocen, me dijeron que tenían autorización para llevar el cuerpo hasta el aeropuerto de la Ciudad de México. Yo les dije que nos lo entregaran en ese momento y que yo lo llevaría a Palacio Nacional. Jheralding murió bajo custodia del Estado; tenían que asumir su responsabilidad”, expone la activista. Agregó que personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acompañó a Mónica Botero en el trámite, al tiempo que integró una queja de oficio.
En 2023 la CNDH emitió la Recomendación 276, dirigida al OADPRS y a la Fiscalía de Morelos (en la que se documentaron 13 presuntos suicidios), en la que se exhorta a “actuar con debida diligencia en estos casos, a fin de evitar que otras mujeres atenten contra su vida, realizando las acciones necesarias, oportunas y articuladas para brindar acompañamiento y atención urgente a la salud mental de las mujeres”, recordó el organismo autónomo en un comunicado fechado el 9 de febrero, tres días después de la muerte de Jheralding.
Recuperar el cuerpo de su hija no fue fácil para Mónica, de 55 años, de extracción humilde, quien no sólo carecía de recursos económicos para trasladarse a México, sino que también fue advertida de no venir al país al que Jheralding llegó en febrero de 2018. Meses después, su hija fue detenida en Puerto Vallarta, acusada de delincuencia organizada, y recluida en el Cefereso 16.
Incrédula ante la idea de que su hija de 30 años se hubiera suicidado, Mónica recuerda en entrevista con Proceso, antes de regresar a su país, que tres días antes de fallecer, Jheralding había pedido a su familia que tramitara ante el consulado de Colombia en México una videollamada para hablar con sus dos hijos, de 12 y 14 años.
“El mismo (día) 6, alrededor del mediodía, mi hija menor recibió una llamada del reclusorio para avisarnos que estuviéramos pendientes, que a las cinco de la tarde se haría el enlace de la videollamada.
“Yo no estaba en casa porque ese día trabajaba. Llegó la hora y no se comunicaron. Pensamos que algo había pasado, alguna falla. Pasada la medianoche, mi hija recibió una llamada rápida. Le preguntaron si era familiar de Jheralding Marcela Pantoja. Cuando mi hija le dijo que sí, le informaron que Jheralding había fallecido ese día a las tres de la tarde. Mi hija empezó a gritar. Yo me acerqué a preguntar, pero la señora me dijo que no estaba autorizada a dar información y colgó”, narra Mónica, tras recordar que intentó devolver la llamada sin éxito, al tiempo que trató de comunicarse con el consulado colombiano para obtener más información.
Todo fue confusión para Mónica, quien hasta ahora dice no tener idea de cómo su hija decidió venir a México ni con qué recursos. Sólo sabe que el 14 de febrero de 2018 salió de Cali rumbo a México, acompañada de dos amigas, una de ellas Ana María, su vecina.
Por los familiares de Ana María, Mónica se enteró de que las tres habían sido detenidas en Puerto Vallarta, donde trabajaban como meseras. Le dieron un número para comunicarse con un abogado, con quien tuvo escasa comunicación vía WhatsApp y correo electrónico.
“Mi hija me contó que, cuando las detuvieron, a ella y a sus compañeras las violaron. Nunca denunciaron por miedo. Ya interna en la cárcel, supe que la golpearon. En videollamadas le veía moretones; en una ocasión, la golpearon cuando se defendió de una custodia que la hostigaba, y me mostró una herida en la cabeza. ‘¡Es un infierno!’, me decía mi hija”, rememora Mónica.
“Jheral estaba muy confiada en que iba a salir libre”
Cuando falleció Jheralding, los familiares de Ana María le compartieron el contacto de Viridiana Molina, con quien Mónica se comunicó y quien la acompañó en todo el proceso, desde antes de que lograra llegar a México el 12 de febrero, hasta que ella y su hija partieron en el mismo Airbus 320 con destino a Cali.
Mientras Mónica reunía fondos para viajar a México, recibió una videollamada de una mujer que conocía como compañera de celda de Jheralding y que, días después, se enteraría de que se habían casado dentro del penal.
“Fue una llamada de casi 20 minutos para pedirme que no viniera a México, que parara el circo, así me dijo. Yo la veía cómo leía un papel y miraba a alguien frente a ella. Me decía que Jheral no había podido superar la muerte de su hermano, que se golpeaba y se arañaba, que en la cárcel le habían dado terapia; me dijo que no le hiciera caso a Viridiana, que me pusiera en contacto con su papá, que él me iba a ayudar. Yo le mandé mensaje a ese señor, pero nunca respondió”, cuenta Mónica.
La llamada generó más dudas en la mujer, quien tenía presente que, durante los siete años que Jheralding estuvo en el Cefereso 16, no le autorizaban más de 10 minutos para comunicarse con su familia cada 15 días, cada tres semanas o cada mes.
Más aún, le parecía inverosímil que la persona que estuvo cerca de ella le dijera que su hija habría atentado contra su vida porque no había superado la muerte de su hermano.
“¿Por qué no atentó contra su vida hace un año? Sé que sufrió mucho. Yo le pedí que me prometiera que nunca se iba a hacer daño. Tampoco me hace sentido que, si lo hizo, lo hubiera hecho el mismo día que iba a tener una videollamada con sus hijos. Al menos se habría despedido de ellos. Es más, ese mismo día habría una audiencia, que se pospuso, y Jheral estaba muy confiada en que iba a salir libre. Me había dicho que estuviera lista para prepararle su comida favorita, porque pronto iba a salir. ¿Cómo iba a atentar contra su vida?”, reflexiona Mónica, quien exige una investigación por la muerte de su hija.
“Yo necesito saber qué fue lo que pasó, que se abra una investigación donde me den detalles, porque a mí me quedan muchas dudas”, puntualiza Mónica, quien ha ratificado la carpeta de investigación por feminicidio, abierta de oficio por la Fiscalía General de Justicia de Morelos, acompañada jurídicamente por el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), organismo que representa diez casos más de presuntos suicidios ocurridos en el Cefereso 16.
Con ayuda de Viridiana, Mónica también tramitó ante la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) ser considerada víctima indirecta en el proceso legal.
Viridiana Molina explica que, si bien se han contabilizado 20 presuntos suicidios –tres de ellos durante el actual gobierno de Claudia Sheinbaum–, lo cierto es que desde 2016 hay al menos otras nueve muertes “por negligencia médica, porque no se les dio la atención que necesitaban”.
Estamos hablando de que ha habido 29 muertes en las que tendría responsabilidad el Estado, porque todas ellas estaban bajo su custodia –nsiste Viridiana Molina, quien desde 2022 ha acompañado a familiares a recuperar cuerpos de mujeres fallecidas en el Cefereso 16 y para obligar al OADPRS a solventar el traslado de los restos a sus lugares de origen–, porque antes no se hacía así; los familiares tenían que hacerse cargo de todo.
La responsabilidad del Estado en la salud mental y física de las mujeres internas en esa cárcel forma parte de la exigencia del IFDP en la representación de 16 internas que el 29 de diciembre de 2023 decidieron interponer un recurso de amparo ante la falta de atención institucional.
A ello se suman medidas disciplinarias como la sujeción de pies y manos, “constituyendo en sí mismo un entorno torturante, en el que la afectación es tan grave a la integridad y a la psicología de las mujeres que es equiparable a un acto de tortura”, explica Sofía de Robina, titular de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura (STCT).
Entre los argumentos del IFDP en el juicio de amparo, De Robina expone que “todas las omisiones en conjunto generan tal afectación a las mujeres que están generando un acto equiparable a tortura, porque no están accediendo a condiciones dignas para sobrevivir y están a disposición de una autoridad que no les está cumpliendo, están sometidas a una autoridad que no está viendo por ellas y que está generando una afectación grave a la integridad”.
De las 16 internas del Cefereso con problemas graves de salud mental y física no atendidas apropiadamente, representadas por el IFDP en el amparo, una de ellas murió por presunto suicidio, reportado el 25 de junio de 2024.
“La población ya está intoxicada”
La persistencia de problemas de salud no atendidos entre las internas del Cefereso 16 fue advertida por el IFDP desde noviembre de 2023, cuando, en una muestra de 41 mujeres, detectaron que 39 tenían algún problema de salud física o mental, de las cuales “33 mencionaron que, aunque tenían un diagnóstico inicial, el centro penitenciario no les proporcionó el tratamiento que requerían de manera completa ni constante”, incluso se negó el acceso a medicamentos adquiridos por familiares.
De los 11 casos de presunto suicidio representados por el IFDP, con carpetas integradas por feminicidio, siete de las mujeres habían sido sentenciadas –cinco en el fuero común y dos en el fuero federal–, mientras que cuatro estaban en condición de prisión preventiva.
Entre las características de las víctimas sobresale que en tres había antecedentes de afectaciones a la salud mental y en cuatro a la salud física, que no fueron atendidas, así como dos intentos de suicidio previos que causaron castigos como sujeción forzada de pies y manos.
El 5 de marzo último, el IFDP dio a conocer la sentencia al amparo presentado en diciembre de 2023, emitida por el Juzgado Décimo de Distrito en el estado de Morelos, que advirtió que no se dio atención a la salud mental de las internas demandantes, conductas que “constituyen una forma de violencia en contra de las quejosas, quienes, al estar privadas de libertad, no tienen mayores elementos para alcanzar un óptimo estado de salud mental”, además de que representan “un abuso total de la posición de poder de las autoridades frente a las mujeres privadas de libertad”.
En la resolución, se ordena a la Secretaría de Salud “diseñar e implementar una política de Estado en materia de salud mental para las mujeres privadas de la libertad, con planes a corto, mediano y largo plazo; y a las autoridades penitenciarias del Cefereso 16 les ordena garantizar que personal médico especialista en psiquiatría brinde atención y seguimiento adecuado a las mujeres quejosas”, según se lee en el comunicado de prensa del IFDP.
Verónica Razo Casales, quien estuvo internada en el Cefereso 16 de 2015 a 2024, compartió con muchas de las mujeres fallecidas las condiciones y el ambiente “muy triste” del penal femenil, en donde son sometidas a antidepresivos “para tenerlas bajo control; la población ya está intoxicada”.
Razo Casales, víctima de tortura sexual al ser detenida en 2011, acusada ilegalmente de secuestro y delincuencia organizada, sostiene que durante su estancia en el Cefereso 16 tenía prescritos antidepresivos, pero no los consumía.
“Yo no me los tomaba (los antidepresivos) porque veía cómo estaban las compañeras, y jamás me quise ver así de estúpida. Yo no quería salirme de la realidad; no quería que mis hijos me vieran en ese estado. Cuando me llegaba a revisar el psiquiatra, me decía que vería que me estaba cayendo bien el tratamiento y me recetaba más dosis. Ni siquiera me daban alguna terapia”, apunta.
Razo Casales denuncia que durante su estancia vivió en carne propia la práctica institucional del Cefereso 16 de ser “muy puntuales con el suministro de los antidepresivos, con el clonazepam y demás cosas, pero no con los antibióticos, no con las insulinas, no con los medicamentos que realmente necesitan las internas”.
Confía que durante su estancia presenció el suicidio de una compañera que al parecer sufría un problema psiquiátrico y de salud que no fue atendido.
Mínimo 40% de las internas sufrió lo mismo que yo: tortura sexual, pero no denuncian. Además, hay muchas con esquizofrenia, con bipolaridad, con personalidad múltiple; hay muchos trastornos que no se saben tratar. Cuando las mujeres entran en crisis, cuando se empiezan a azotar o a golpear, ¿sabes quiénes las contienen? Las mismas internas porque ni siquiera las oficiales se atreven a entrar, porque les da miedo, porque a ellas también las han lastimado. Si acaso llega un psicólogo, lo hace tres horas después.
Sobre la supervisión de la CNDH, dice que, pese a que hay personal de planta en el Cefereso, “nunca hacen nada. Toman tu queja, te hacen firmar y ya. Cuando hay visita, las autoridades del penal ponen todo muy bonito: dan buena comida y talleres, pero la realidad es alucinante. Tengo montones de diplomas que me dieron, dizque por asistir a talleres en los que nomás ves cómo los talleristas hacen las cosas, pero tú no puedes tocar nada, o te dan talleres estúpidos como de buenos modales”.
Verónica Razo, quien dice que, a diferencia de la gran mayoría de las mujeres internas, lo que la mantuvo fue el apoyo incondicional de su familia, que la visitaba frecuentemente y que buscó el apoyo legal del Instituto Federal de Defensoría Pública, que al final logró su absolución después de 12 años de reclusión injusta.
“Imagina que estás en un lugar al que llegaste por lo que hizo el vecino que te rentaba la casa, el suegro, el amigo, el esposo, el hermano o el hijo, porque así es en la gran mayoría de los casos. Que tu única esperanza es tener un proceso más o menos justo, pero del que no se te informa nada, y de lo único que llegas a enterar es cuando te dicen que te sentenciaron a 75, 100 o 125 años.
“Tu familia no te quiere contestar y no te visita porque no tienen recursos. Si dejaste hijos afuera, no sabes quién los tiene. No tienes quién te deposite para comprarte un champú o unas galletas. Y te intoxican con medicamentos que te hacen ver y pensar cosas fuera de la realidad, que te hacen meterte tanto en tu depresión que llegas a pensar que ya nadie te quiere, que a nadie le haces falta. ¿Qué harías?”, cuestiona Razo al confesar que, a más de un año de recuperar la libertad, aún sigue sin superar el trauma que le causó ser víctima de prisión injusta, y que para ella fue “justamente, el infierno”.
