El pasado 24 de agosto, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación, hizo pública la lista oficial de víctimas de desaparición en México, acumuladas desde la década de los 60, y que permanecen sin ser localizadas hasta la fecha, información que las autoridades federales mantuvieron oculta durante los últimos cinco años.

Moisés Tomás Juárez Abarca, activista y secretario de Diversidad Sexual del PRD en Guerrero, desapareció el pasado viernes 1 de septiembre en Acapulco, informó la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con la dependencia, la denuncia formal se recibió este lunes 4 de agosto, por lo que Agentes de la Policía Investigadora Ministerial procedieron a realizar  las primeras entrevistas e investigaciones de gabinete.

Tres indígenas tsotsiles del grupo armado de autodefensas El Machete fueron heridos de bala, luego de una emboscada que sufrieron en las inmediaciones de la comunidad San José Tercero, en las montañas del municipio de Pantelhó.

Los hechos ocurrieron el lunes 4 por la mañana, cuando un grupo de hombres de El Machete que se desplazaba a bordo de una camioneta, sufrió un ataque armado desde una montaña.

Tres hombres fueron asesinados a balazos y uno más resultó herido en un ataque criminal perpetrado en el interior del mercado municipal de Iguala, ciudad ubicada 89 kilómetros al norte de la capital del estado, Chilpancingo.

La policía recibió el reporte alrededor de las cinco de la tarde de este lunes 4 y un grupo de agentes se trasladó hacia el mercado Adrián Castrejón, donde encontraron los cuerpos de dos hombres tendidos en los pasillos del área de carnicerías.

El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, acusó que el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, y su defensa están desesperados, esto después de que presentaran un video y supuestas pruebas con acusaciones contra el exfuncionario de la UIF.

A través de X, antes Twitter, el actual fiscal de Hidalgo señaló que la conferencia de este martes de la defensa de García Cabeza de Vaca se debe a que la Fiscalía General de la República (FGR) logró que un Tribunal Colegiado revocara un amparo en contra de la vinculación a proceso que tiene el exgobernador por delincuencia y lavado de dinero.

La organización Designaciones exigió al Senado que cumpla con el nombramiento inmediato de las tres vacantes pendientes de comisionados en el Instituto Nacional de Transparencia (INAI).

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la organización destacó que “dos de estas vacantes cumplen 522 días sin resolverse“.

La defensa legal del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusó a Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por presuntamente ‘pedir favor’ a autoridades de Estados Unidos para poder bloquear sus cuentas bancarias.

De acuerdo con los despachos de abogados Coello Trejo & Asociados y bufete Ruiz Durán SC, Juan Carlos Monroy, exdirector adjunto de la UIF, fue quien presuntamente declaró a un investigador privado que Santiago Nieto pidió a autoridades estadounidenses el oficio para bloquear las cuentas de Cabeza de Vaca. 

Los diputados morenistas Alejandro Robles Gómez y Lidia Pérez Bárcenas anunciaron en conferencia de prensa que presentaron este lunes una denuncia contra el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar, por atentar contra los intereses del pueblo, al evitar el cobro de casi 40 mil millones de pesos a Grupo Salinas.

“El caso Luis María Aguilar es especialmente escandaloso, se ha hecho público en la mañanera cómo el ministro pidió atraer el asunto de la defensa de Elektra, y estamos hablando que el ministro tiene bajo su escritorio ya prácticamente por un año este caso”, afirmó Robles Gómez, quien también ha presentado denuncias contra los legisladores panistas Santiago Creel y Xóchitl Gálvez.

Una bala perdida, derivada de un enfrentamiento armado ocurrido el jueves pasado en la carretera en el nodo vial a la entrada del puerto, se impactó contra una sala de estudiantes de la Unidad Punta Morro de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) Campus Ensenada.

Alumnado del plantel alertó a Proceso que el misil rompió una ventana del área correspondiente al postgrado de la Facultad de Ciencias, a un lado de un cubículo de los profesores, pero fue descubierto el daño hasta el viernes 1 de septiembre.

Ya quedó muy atrás el prototipo de ciudad con calles bien trazadas de adoquín rosa y todos los servicios. Actualmente el Nuevo Poblado el Caracol es una trinchera para 200 personas abandonadas a su suerte y que sufren los estragos de una lucha criminal.

La población fue reubicada en este lugar en 1986, cuando la Comisión Federal de Electricidad construyó una presa hidroeléctrica en su territorio original. El Nuevo Poblado el Caracol, del municipio General Heliodoro Castillo, está enclavado en la Sierra Madre del Sur y bordeado por las aguas del Río Balsas. Su ubicación geográfica es estratégica para el avance en Guerrero de la organización criminal La Familia Michoacana.

Los familiares de las víctimas del multihomicidio en la colonia Narvarte aseguraron que «no hay condiciones para retomar el trabajo conjunto» con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ante «la ausencia de una investigación seria» a Luis Javier García Saldaña, actual funcionario de la FGJ, por sus vínculos documentados con al menos dos de los autores materiales del crimen contra Mile Martín, Yasenia Quiroz, Alejandra Negrete, Nadia Vera y Rubén Espinosa, perpetrado el 31 de julio de 2015.

En un comunicado, las familias criticaron que a más de un mes de que manifestaron su extrañeza por la falta de investigación contra García Saldaña, la Fiscalía respondiera con un comunicado «plagado de imprecisiones y verdades a medias que no hacen sino enturbiar el caso frente a la opinión pública».

El pasado 28 de agosto, el poder judicial de Chiapas resolvió anular la sentencia, emitida en mayo de este año, mediante la cual cinco defensores del territorio de San Juan Cancuc habían sido condenados a 25 años de prisión acusados por el delito de homicidio.

En entrevista, Jorge Gómez, abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), contextualiza que esta resolución es resultado de los argumentos presentados en la audiencia de apelación, efectuada apenas el 22 de agosto.

La Canciller Alicia Bárcena compareció este lunes ante la Comisión de Relaciones Exteriores, como parte de su proceso de ratificación como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Bárcena fue nombrada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador como titular de la SRE en junio pasado. La Comisión aprobó por unanimidad dicho dictamen, por lo que será sometido a discusión y votación en el pleno del Senado de la República este martes.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró esta mañana que el empresario Alonso Ancira Elizondo, presidente del consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA), no ha terminado de pagar la reparación del daño de 216 millones de dólares por el caso Agronitrogenados.

El Presidente cuestionó que el Juez de Control Gerardo Alarcón López frenara el proceso contra Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), y que haya dicho que Ancira Elizondo ya pagó, cuando le faltan más de 100 millones de dólares por pagar de la reparación de daño.

Morena presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de la senadora panista Xóchitl Gálvez por presuntos actos anticipados de campaña y campaña por haber usado la tribuna de la Cámara de Diputados el pasado viernes en el arranque del periodo ordinario de sesionesl del Congreso de la Unión.

El diputado Mario Llergo, representante de Morena en el órgano electoral, difundió en redes la queja contra la aspirante presidencial del Frente Amplio por México, en la que se solicita la adopción de medidas cautelares.

De forma silenciosa, casi en secreto, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) entregó el pasado 18 de agosto al Archivo General de la Nación (AGN) seis expedientes de casos históricos de violaciones a derechos humanos y represión, integrados apenas por 462 hojas (unos 2.5 kilos de papel), ocurridos entre 1991-2000.

De esta manera, el CNI (antes Cisen) dio por terminada la transferencia de documentación histórica al Archivo que le ordenó el acuerdo que firmó el presidente Andrés Manuel López Obrador el 28 de febrero de 2019.

Jean Succar Kuri, sentenciado por la red de trata infantil que denunció la periodista Lydida Cacho, será trasladado al penal de Cancún, donde operaba la red de corrupción de menores, informó el Subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio.

El ex empresario se encuentra sentenciado a 94 años de prisión por los delitos de pornografía infantil y corrupción de menores. Actualmente se encuentra en el penal federal de Chiapas tras haber sido trasladado del penal estatal de Quintana Roo.

La Asamblea Popular de la comunidad indígena de Zacualpan decidió emprender una serie de acciones para salvaguardar su seguridad y sus valores, incluido un proyecto de Policía Comunitaria, “en estricto apego a nuestros principios de usos y costumbres, con el objetivo de proteger a nuestros habitantes y preservar la paz”, para hacer frente a los hechos recientes de violencia e inseguridad.

En un pronunciamiento suscrito por el Consejo de Mayores y el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, la comunidad, reunida en Asamblea Popular, también decidió iniciar las gestiones para solicitar al Ayuntamiento de Comala “la implementación del presupuesto participativo directo en beneficio de nuestra comunidad”.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) proporcionar los documentos que den cuenta de las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso de corrupción relacionado al desfalco de más de 15 mil millones de pesos.

El INAI detalló que Leonel Cota Montaño, director general del organismo, expresó el pasado 14 diciembre, en una mesa de trabajo con la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, que “en ningún caso se ha tomado la decisión de no presentar ante la Fiscalía General de la República las denuncias presentadas por Segalmex, Diconsa y Liconsa”.

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó este martes que se entreguen las versiones públicas de datos sobre las vacunas contra la COVID-19 aplicadas en México.

A pesar de que la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal había presentado tres recursos, el máximo órgano jurídico determinó que se deberá de hacer entrega de los datos de identificación de los frascos ámpulas de las vacunas anticovid; así como número de refrigeradores, cámaras de frío, vehículos y termos utilizados para su manejo y distribución.