Una funcionaria de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) fue sentenciada a prisión por extorsionar y secuestrar, abusando de su cargo público.

El Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) impuso una multa de 32 mil pesos a Alejandra del Moral, excandidata de la coalición “Va por el Estado de México” a la gubernatura, y otra de 160 mil 797 pesos al Partido Revolucionario Institucional (PRI) por la conculcación al interés superior de la niñez con la publicación reiterada de imágenes o voces de menores de edad para promocionarse en redes sociales durante la campaña.

Las sanciones fueron impuestas a pesar de que Morena, el partido denunciante, presentó escrito de desistimiento, pues los magistrados consideraron que la conducta de la priista trasciende la afectación a un partido político o candidato y trastoca el interés público o difuso.

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que hay una guerra mediática contra su gobierno y advirtió a la población: “Ojo mucho ojo, no te dejes engañas, no te dejes manipular, que no logren que te comas diariamente un plato de mentiras cuando estés escuchando la radio”.

El actual presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, vive en un lujoso penthouse en Polanco que fue comprado por la empresa Atlaniconstrucciones Sa de CV, cuyo domicilio fiscal aparece en documentos oficiales como ubicado en un pueblo de poco más de 200 pobladores y donde “el Cártel de Sinaloa es quien manda”, informó hoy el diario Reforma.

Según el periódico, la compañía podría ser fantasma, pues no se encuentra en la localidad de Ejido Nuevo Chapultepec, en el municipio La Trinitaria, Chiapas, como afirma su domicilio fiscal.

La Sala Superior del Tribunal Electoral rechazó la apelación de legisladores del Partido del Trabajo contra el proceso de Va por México (PRI-PAN-PRD) que derivará en una candidatura presidencial.

La mayoría de los magistrados votó en contra del proyecto de la magistrada Janine Otálora, quien mantiene la postura de que los procesos de la oposición y Morena son un intento de fraude a la ley.

La Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunció la aplicación de sanciones en contra de tres ciudadanos de Bélgica y un mexicano miembro de La Nueva Familia Michoacana, a quienes responsabilizó del trasiego de fentanilo y otras drogas en Europa y América del Norte.

El gobierno de Joe Biden indicó que los cuatro extranjeros sancionados están involucrados en la “importante distribución” de narcóticos destinados al mercado europeo y de Estados Unidos.

Más de un año después de que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED, por sus siglas en inglés) emitiera públicamente sus recomendaciones tras la visita de algunos de sus integrantes a México, en noviembre de 2021, y a un par de meses de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador rinda cuentas del cumplimiento de las observaciones, lo que prevalece es la “evasión” del problema, sin un plan para detener la tragedia, consideran defensores de derechos humanos.

Un notario del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, fue asesinado ayer a puñaladas, cuando caminaba por el Centro Histórico de Oaxaca.

La víctima fue identificada como José Ortiz Girón, notario público 113 cuya sede era el municipio Nezahualcóyotl.

El pueblo coca de Mezcala, Jalisco, denunció que el pasado 14 de julio el invasor y empresario Guillermo Moreno Ibarra acusó a tres integrantes del comisariado de bienes comunales y a dos asesores legales de la comunidad de robar las chivas que fueron retiradas del territorio comunitario el 4 de octubre de 2022, cuando se ejecutó la sentencia a favor de Mezcala para recuperar las diez hectáreas invadidas por Moreno.

Periodistas e integrantes del gremio clausuraron simbólicamente las oficinas de la sede de Guerrero en la Ciudad de México para exigir justicia por el reportero Nelson Matus, asesinado el pasado 15 de julio en Acapulco, y denunciar la situación de violencia que expone a los comunicadores a desapariciones forzadas, ataques por parte de funcionarios, «entre otras amenazas, desplazamientos y arbitrariedades que se suman a un contexto precario y de muerte».

«A menos de un año de que culmine el gobierno actual, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, denunciamos con profunda tristeza, indignación y rabia que los crímenes contra periodistas no cesan. No hay garantías para ejercer la libertad de prensa», señalaron los periodistas, que portaban fotografías de Matus y carteles con exigencias de justicia y protección a la prensa.

El Gobierno de Estados Unidos dijo el martes que había interrumpido las citas de asilo en el cruce fronterizo de Laredo, Texas, debido a la “situación de seguridad” al otro lado de la frontera, en la ciudad mexicana de Nuevo Laredo.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus iniciales en inglés) indicó en un comunicado enviado a The Associated Press que el Gobierno también había tenido en cuenta otros “factores operativos, como la relativa baja demanda de citas para ese lugar”.

Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que existen tres investigaciones sobre la muerte de Aitana, la menor de seis años que fue aplastada por un elevador en un hospital en Quintana Roo.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el titular del IMSS señaló que, junto con un grupo técnico a nivel central del Instituto, se han llevado a cabo tres ejes principales para investigar lo ocurrido en el Hospital General Zona Número 18, en Playa del Carmen.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) denunciará ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la empresa que opera la mina carbonífera El Mezquite en Sabinas, Coahuila, en donde murieron dos mineros.

En agosto de 2022, la STPS hizo una inspección a la mina operada por la empresa MINERA FUGA, S.A. DE C.V., en la que detectó “condiciones que ponen en peligro la vida, salud, e integridad de los trabajadores”.

El periodista Nelson Matus Peña había recibido en distintas ocasiones amenazas y de manera constante era hostigado por su labor periodística. Fue fundador y director de Lo Real de Guerrero, portal de noticias que documenta el incremento de la violencia en el estado, principalmente en Acapulco. 

En 2019 sufrió un atentado del que salió ileso. Sin embargo, el pasado 15 de julio fue asesinado en el estacionamiento de una tienda departamental en la colonia Zapata del puerto guerrerense. 

La panista Xóchitl Gálvez ya se posiciona de cinco a 12 puntos detrás de la y los aspirantes de Morena a la candidatura presidencial para 2024, de acuerdo con una encuesta publicada por El Financiero este miércoles.

El 62.3 por ciento de la población mexicana consideró, en junio de 2023, que es inseguro vivir en su ciudad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) dada a conocer este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Colectivos de búsqueda y autoridades localizaron más restos óseos en la zona de Miguel Alemán, donde se encuentra la fosa clandestina más grande documentada en Mexicali.

Poco después de las 8 de la mañana, las palas y picos de los colectivos y policías localizaron los restos de dos personas más, que se suman a las 2 que ya fueron localizadas el día de ayer, dando un total de 11 restos humanos en la zona.

La muerte de Cristóbal Cobeiro, un migrante cubano en Chiapas fue una ejecución extrajudicial de la Guardia Nacional, resolvió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su recomendación por violaciones graves 116VG/2023, en la que además se detalla que la corporación intentó ocultar evidencias.

Los hechos ocurrieron el 31 de octubre de 2021 cuando elementos de la Guardia Nacional dispararon 55 veces contra un vehículo que transportaba migrantes. Cobeiro murió al recibir nueve balas y otros cinco migrantes (tres menores de edad) resultaron heridos.

Durante 2022, el 39% de las personas en prisión no contó con una sentencia, así lo reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

A través de un comunicado, el Instituto detalla que en el caso de las mujeres sin sentencia el porcentaje es de 49.3 y en los hombres de 38.4.