La empresa estadunidense Calica denunció como ilegal la irrupción de efectivos militares y policiacos en sus instalaciones el martes 14. La acción, justificada por los gobiernos federal y estatal como el cumplimiento de una medida otorgada judicialmente a Cemex por un diferendo comercial, tuvo lugar en la zona aledaña a donde se extrae material para la construcción del Tren Maya y provocó reacciones desfavorables al presidente López Obrador en el congreso estadunidense, además de reabrir el frente con los grupos ecologistas como Sélvame del Tren.
En la madrugada del martes 14 efectivos de la Marina y del Ejército ocuparon los terrenos de Calica, al sur de Playa del Carmen, para garantizar una medida cautelar ordenada por un juez de materia civil, derivada de una demanda interpuesta por la empresa mexicana Cemex, que acusa a la trasnacional de incumplir obligaciones derivadas de sus relaciones contractuales.
La irrupción con la que se vio apoyada Cemex por las fuerzas federales volvió a tensar la relación entre la filial de Vulcan Materials Company con autoridades mexicanas, pues escaló al plano internacional.
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