La participación de un tercer auto sedán con al menos dos cómplices más, y la omisión de investigar una línea de teléfono debido a errores en su captura por parte del Ministerio Público, son los nuevos hallazgos en la investigación del multifeminicidio y homicidio del llamado Caso Narvarte, ocurrido el 31 de julio de 2015.

La Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch' Xíinbal acusó que con argumentos ilegales e injustificados, el Tribunal Colegiado de Circuito en Materias del Trabajo y Administrativa quitó las suspensiones impuestas al Tren Maya, que protegían a la flora y fauna de Yucatán, aun cuando ya las había confirmado.

Esta organización inició en enero del 2021 un juicio de amparo contra el Tren Maya por las violaciones al derecho al medio ambiente sano y a sus derechos como pueblo maya originario a participar en las determinaciones que pueden afectar su territorio y recursos naturales.

El común denominador de dichas empresas es que en sus directorios han integrado a un veterano de la camarilla “tecnócrata” de los noventa, funcionario de varios sexenios y alto ejecutivo empresarial: el economista Luis Téllez Kuenzler.

Un ataque armado a un comercio en la zona céntrica de Ciudad Hidalgo, Michoacán, dejó cuatro personas muertas.

De acuerdo con información de las autoridades de seguridad, hombres armados arribaron abordo de un vehículo, descendieron y entraron a un negocio, ubicado sobre la Avenida Morelos Oriente, y dispararon contra quienes se encontraban en el local y después huyeron.

Conocer cómo se desarrolló la sesión en la que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Asamblea de Asociados del CIDE votaron a favor de la modificación del Estatuto General de este centro de investigación y con lo que se buscó legitimar a posteriori los nombramientos de José Antonio Romero Tellaeche como director general del CIDE, y el de Jordy Micheli como secretario académico, no será posible hasta el 2025 porque el Conacyt decidió que esta información es clasificada.

A través de solicitudes de información pública, Animal Político solicitó el video de la sesión, la minuta y el acta que se levantó en la sesión, sin embargo, la dependencia encabezada por María Elena Álvarez-Buylla informó que no está disponible.

El presidente Andrés Manuel López Obrador deslindó de cualquier responsabilidad en el caso Ayotzinapa, al actual secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, quien –dijo-- en el momento de la masacre y desaparición de los 43 normalistas en la ciudad de Iguala en septiembre de 2014, se desempeñaba como comandante de la Octava Zona Naval en el puerto de Acapulco.

Los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PRD y el llamado Grupo Plural interpusieron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del decreto que interpreta el alcance del concepto de propaganda gubernamental para que los servidores públicos no tengan que sujetarse a la veda electoral para el proceso de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El pasado 17 de marzo, Morena y sus aliados en el Congreso avalaron un dictamen para interpretar diversas disposiciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley Federal de Revocación de Mandato, para que no se consideren como propaganda gubernamental las expresiones de funcionarios públicos. El mismo día, el decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación.

“La investigación del caso Ayotzinapa va a llegar hasta donde lo decida la Fiscalía especial”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador y consideró que “es muy difícil” que el jefe del Estado mexicano, no se entere de un asunto delicado.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) solicitó a las autoridades mexicanas una «investigación exhaustiva» sobre las imágenes del video del basurero de Cocula, Guerrero, que reveló el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su tercer informe del Caso Ayotzinapa, con el que se confirmó la participación del ejército y la Marina en la fabricación de la «verdad histórica» que dice que los 43 normalistas fueron incinerados.

La intervención de las fuerzas armadas en el basurero de Cocula, recordó el EAAF con base en el informe, «no se encuentra registrada en el expediente, ni figura allí tampoco una justificación para la misma», por lo que resaltó la urgencia de una investigación sobre los hechos.

De enero a diciembre de 2021 se registraron 238 agresiones contra defensores ambientales en México, de las cuales 25 fueron asesinatos, 24 ataques físicos, 65 intimidaciones, 36 hostigamientos y 31 amenazas, reportó el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).

De acuerdo con el CEMDA, en 16 eventos de agresión se identificó como perpetrador al gobierno federal, en 11 eventos a gobierno y empresas, en diez eventos a gobiernos estatales, en nueve a la delincuencia organizada, en seis a empresas privadas y en cinco a gobiernos municipales.

Las actitudes que ha tomado el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, no corresponden con lo que se espera del titular de esa institución, desde 2019, autónoma. Según la propia visión de la FGR, está tiene que “otorgar una procuración de justicia eficaz, efectiva, apegada a derecho, que contribuya a combatir la inseguridad y disminuirla; la prevención del delito; fortalecer el Estado de derecho en México; procurar que el culpable no quede impune; así como promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de verdad, reparación integral y de no repetición de las víctimas, ofendidos en particular y de la sociedad en general”.

La actuación de Gertz Manero tampoco está en consonancia “los principios de autonomía, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad, perspectiva de niñez y adolescencia, accesibilidad, debida diligencia e imparcialidad”, que requiere encarnar el titular de la FGR. Por tanto, a la luz de los hechos recientes, Gertz Manero es un Fiscal indigno.

Un elemento de la Policía Municipal de Querétaro fue vinculado a proceso por los delitos de abuso de autoridad y delitos cometidos contra la administración de justicia en el ejercicio de funciones por los hechos violentos que se presentaron durante el partido entre los Gallos Blancos y el Atlas, celebrado el pasado 5 de marzo, en el Estadio Corregidora que dejaron 26 heridos.

La Magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Mariela Ponce Villa, explicó que la pena máxima que se le podría aplicar por el delito de abuso de autoridad, es de ocho años de prisión.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se analiza la posibilidad de generalizar el proceso electoral para que solamente haya un órgano universal que se encargue de realizar todas las elecciones; además, su Reforma Electoral incluirá eliminar a diputados y senadores de representación proporcional, llamados plurinominales, y reducir a la mitad el presupuesto para elecciones.

Sujetos armados, uno de ellos de la policía del Estado de México, interceptaron a integrantes de los doce pueblos de Tecámac y periodistas que documentaban los impactos ambientales por la actividad extractiva en el cerro de Chiconauhtla, en el ejido del pueblo de San Pablo Tecalco, por la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Los doce pueblos originarios denunciaron que mientras documentaban las afectaciones por el AIFA y lo que serán sus obras asociadas con la extracción de tepetate y material construcción, una camioneta llegó a interrumpir la grabación, exigiendo a los campesinos y periodistas «retirarse del lugar con amenazas y borrar las grabaciones y fotografías», además de que realizaron varios disparos al piso, golpearon a uno de los integrantes y robaron el expediente de una denuncia dirigida a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México.

Integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) señalaron que “todavía hay oposiciones internas” dentro de la Fiscalía General de la República para acceder a la información sobre el caso de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

En entrevista para Aristegui en Vivo, Ángela Buitrago, integrante del GIEI, describió cómo ha sido la lucha de los investigadores para obtener gradualmente los expedientes del caso.

Rosario Robles Berlanga, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y actualmente presa en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, acusó a Alejandro Gertz Manero, quien encabeza la Fiscalía General de la República (FGR), de orquestar su detención.

Salvador Acosta Guerrero, exalcalde del municipio de Villagrán, fue asesinado a balazos.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del miércoles en un corralón de una empresa de autotransporte de la familia Acosta en el bulevar Luis Donaldo Colosio en la colonia La Venta.

Familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa dijeron el martes estar “cansados” y “decepcionados” con las autoridades tras el reciente informe del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que reveló una mayor intervención de las Fuerzas Armadas de México en la investigación, así como una total “simulación” en la primera versión oficial del caso.

El 27 de octubre de 2014, un mes después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, elementos de la Marina estuvieron presentes en el basurero de Cocula, donde descargaron y manipularon bultos con contenido desconocido y encendieron una hoguera cerca de los puntos donde, supuestamente, los jóvenes fueron asesinados y calcinados.

Horas después de esa actuación de la Marina, que se realizó sin presencia de más autoridades y no consta en el expediente de investigación de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), el gobierno de Enrique Peña Nieto anunció la detención de cuatro presuntos implicados en la desaparición y, por primera vez, dio a conocer al público que tenía indicios de que el basurero de Cocula había sido el punto de exterminio de los estudiantes, en lo que la administración priista llamó la “verdad histórica” del caso.

Al escuchar los aplausos y los gritos que estallaron pasadas las 2 de la tarde en las escalinatas de acceso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el Centro Histórico de la capital mexicana, Gonzalo Castillo Cuevas interrumpió la entrevista y se llevó ambas manos a la cara. 

“Al fin, se acabó esta pesadilla”, murmuró emocionado, mientras con la mirada buscaba a sus dos hermanos, Alonso y Ana Paula, para fundirse en un abrazo con ellos.