La Suprema Corte de Justicia de México (SCJN) impidió este lunes a su Ministra Loretta Ortiz Ahlf  analizar una controversia de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre un caso de presunta corrupción del hermano del Presidente, Andrés Manuel López Obrador.

El Supremo aprobó por unanimidad el impedimento de Ortiz, quien asumió en enero pasado nombrada por el Presidente, porque su esposo es José Agustín Ortiz, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), con competencia en el caso de Pío López Obrador, quien aparece en un video recibiendo dinero.

En medio de una investigación administrativa y penal por presuntos actos de corrupción de funcionarios de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Diconsa y Liconsa, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que, en 2020, en esas instituciones hubo irregularidades en contrataciones, comprobación de pagos, faltantes de mercancías y hasta salidas de efectivo injustificadas que representan un daño al erario por 8 mil 638 millones de pesos.

La ASF publicó este domingo la última entrega de la revisión de la Cuenta Pública 2020. El Informe General Ejecutivo señala que en Segalmex se detectaron observaciones por 5 mil 640.6 millones de pesos; en Diconsa, por 1 mil 413.4 millones, y en Liconsa por 1 mil 583.9 millones.

En la atención a la pandemia en México durante 2020, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró posibles daños al erario público por un total de 2 mil 754.8 millones de pesos en la contratación de personal y la adquisición de equipo médico y de protección, medicamentos y vacunas por parte de instituciones como el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el IMSS, el ISSSTE y la Sedena.

Así lo reveló la propia ASF en su informe de resultados de la fiscalización a la Cuenta Pública 2020, en el apartado correspondiente a las auditorías financieras a la gestión de la emergencia sanitaria por parte de estas diferentes instituciones.

Pese al potencial solar y eólico del país, en casi cuatro de cada diez hogares (Colef, 2016) sus habitantes no pueden satisfacer necesidades energéticas básicas, esto es, en 11 millones 93 mil casas, sobre todo en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, no tienen luz eléctrica, cocinan con leña en fogones abiertos pese al daño respiratorio o carecen de un refrigerador, aire acondicionado y/o calentador, lo que puede derivar en enfermedades o incluso la muerte por deshidratación o hipotermia.

En el marco del parlamento abierto de la Reforma Eléctrica y la crisis climática, investigadores urgen a que el combate a la pobreza energética esté en el centro de la política energética nacional, ya que priva de otros derechos como la salud, el agua, la educación, la vivienda digna, la comunicación, la movilidad y un medio ambiente sano.

Alejandro Gómez Sánchez renunció la semana pasada a su cargo como Fiscal General de Justicia en el Estado de México, tras ocho años como titular en el cargo, periodo durante el cual la dependencia fue cuestionada por su actuar en caso como el de Tlatlaya, por la incursión de organizaciones criminales en territorio mexiquense, y por ser una de las entidades con los mayores índices en incidencia delictiva.

El 25 de mayo de 2014, Gómez Sánchez rindió protesta como titular de lo que fue la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, ante el entonces Gobernador Eruviel Ávila, y en 2017, pasó a ser Fiscal luego de que en 2016 se aprobaron reformas para convertir la Procuraduría en una Fiscalía autónoma, cargo en el que estaría siete años, hasta 2024.

A diferencia de otros países, en México las personas que incrementan su riqueza al heredar fortunas multimillonarias no están obligadas a contribuir al gasto público, pues la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) establece que no se pagará impuesto alguno por la obtención de herencias, una situación que hasta ahora ha privilegiado a 13 ricos mexicanos y por eso la exigencia de organizaciones para que tanto legisladores como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) actualicen la Reforma Fiscal.

Dos hombres muertos y un lesionado fue el saldo de un ataque armado ocurrido la noche del sábado, en un restaurante en Tulum, Quintana Roo, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 21:00 horas, presuntos integrantes de células delictivas dedicadas al narcomenudeo habrían llegado al restaurante Art Beach, ubicado en el kilómetro siete de la carretera Tulum-Bocapaila, lugar donde dispararon contra un grupo de personas.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) determinó este domingo que la Fiscalía General de la República (FGR) debe dar a conocer la totalidad de actuaciones que conforman la averiguación sobre la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Guerrero.

Al presentar el asunto ante el pleno, el Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas recordó que en 2015, el INAI resolvió otorgar acceso a la investigación previa, por tratarse de información relacionada con violaciones graves a los derechos humanos.

Ante las críticas que ha recibido su gobierno por la creación de la Guardia Nacional y el uso de las fuerzas armadas en labores que corresponden a autoridades civiles, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no culpar al Ejército Mexicano “de acciones indebidas” que avergüenzan y manchan la historia de México.

El Fiscal de Justicia del Estado, Francisco Murillo Ruiseco, informó de la detención de tres hombres por el caso de los cinco jóvenes asesinados, tres de ellos estudiantes universitarios y dos jóvenes profesionistas.

Son ya cinco detenidos, las primeras son dos mujeres, por el caso de Valeria, Alexia, Irving, Natalio y Luis Ángel, quienes fueron privados de la libertad la madrugada del sábado 12 cuando salía de un centro nocturno en la capital, y cuatro de ellos hallados asesinados el domingo 13 en una camioneta abandonada a un costado de la carretera 181 en el municipio de Genaro Codina.

Vera Terrazas dijo al Ministerio Público federal que los amagos provenían de funcionarios y políticos vinculados al exgobernador perredista Silvano Aureoles Conejo.

El partido Movimiento Ciudadano (MC) oficializó este sábado la candidatura del aún senador por Morena, José Luis Pech, al gobierno de Quintana Roo.

Su candidatura fue elegida por unanimidad durante la Asamblea Electoral Nacional, aunque el legislador aún no presenta licencia ni ha renunciado a Morena.

Desde el 1 de febrero, la familia de Pedro César Carrizales Becerra, activista y exdiputado local de San Luis Potosí, conocido como el “Mijis”, no sabe nada de él. Ya se cumplen 20 días desde su desaparición y la incertidumbre crece.

No es la primera vez que esto ocurre. En octubre del año pasado, también se reportó su desaparición mientras se dirigía a un centro de espectáculos en San Luis Potosí para protestar de manera pacífica en contra de Lalo Mora, vocalista de Los Invasores de Nuevo León, por posible acoso sexual contra varias mujeres.

Familiares de las dos mujeres detenidas por la Fiscalía de Justicia del Estado por su presunta responsabilidad en el caso de los cinco estudiantes universitarios asesinados tras ser privados de la libertad al salir de un centro nocturno el sábado 12 en la capital, denunciaron que son inocentes y las usan como “chivos expiatorios”.

“Queremos entender que la fiscalía necesita dar resultados, pero no es justo que se tenga detenidas a personas inocentes y las haga pasar como delincuentes”, expresó una hermana de las detenidas, de 18 y 34 años.

Valeria Landeros Calderón, quien fue privada de la libertad la madrugada del sábado 12 junto con cuatro de sus amigos, fue encontrada muerta en la ciudad de Zacatecas, confirmaron sus familiares.

“Con el corazón destrozado les comunico que mi querida sobrina ha sido localizada, le arrebataron su vida, pido muchas oraciones por mi familia de Zacatecas, especialmente por sus papás y toda nuestra familia”, escribió Martha Maribel Olveda, tía de Valeria, en Facebook.

María Esther se perdió el nacimiento de su primera nieta y en Tampico tuvo que cerrar su escuela de canotaje para niños de escasos recursos y también una empresa de fabricación de equipo de bombeo para Petróleos Mexicanos.

Luego de casi cuatro años de un largo proceso, en el que hubo retrasos y fallas de las autoridades mexicanas, la Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que el juez Paul Goldspring de Reino Unido autorizara la extradición de Karime Macías Tubilla, expresidenta del DIF de Veracruz y exesposa del que fuera gobernador de dicha entidad, Javier Duarte.

A Macías Tubilla se le acusa de haber cometido un presunto fraude de más de 100 millones de pesos luego de que, durante su periodo al frente del organismo, el DIF de Veracruz autorizó decenas de contratos a una red de empresas fantasma. El caso fue dado a conocer en un reportaje publicado por Animal Político y MCCI en 2016.

Dos hombres acusados del homicidio del periodista Heber López, cometido en Salina Cruz, Oaxaca, fueron vinculados a proceso este viernes, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

La vinculación a proceso ocurre poco más de una semana después del crimen, ocurrido el jueves 10 de febrero.

La exsecretaria de Obras Públicas, Patricia Izquierdo Medina, fue vinculada a proceso y sometida a prisión preventiva oficiosa por el delito de ejercicio abusivo de funciones al haber adjudicado de forma directa y sin cumplir la ley la demolición y construcción de la Escuela de Estudios Superiores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en Jojutla, causando un daño por un monto superior a los 75 millones de pesos.

La empresa a la que le fue adjudicado este contrato se llama Ago Operaciones, SA de CV y se trata presuntamente de una “empresa fantasma”. Es sólo uno de los procesos que enfrenta la funcionaria que ejerció durante el gobierno del perredista Graco Ramírez (2012-2018).

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a exigir al gobierno de Estados Unidos que deje de subsidiar económicamente a la asociación civil denominada Mércanos contra la corrupción e impunidad (MCCI), que dirige el empresario Claudio X. González porque aseguró que esto contraviene los principios internacionales de no intervención.