El intento de las autoridades mexicanas para contener a miles de migrantes en la frontera sur con Guatemala ha creado un gran dolor de cabeza humanitario para el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no ha logrado impedir que muchos vayan en masa al confín norte con Estados Unidos.

Desesperados por trabajar, huyendo de la pobreza o la violencia de sus naciones, centroamericanos, haitianos y sudamericanos siguen atrapados en el limbo en la sureña ciudad Tapachula, estado Chiapas, donde han protagonizado protestas y repetidos intentos por emprender caravanas de migrantes.

El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, así como la Relatoría Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias, ambos organismos de Naciones Unidas, alertaron la intención de dejar en la impunidad el primer caso contra miembros de la Secretaría de Marina enjuiciados por desaparición forzada, ante la pasividad de la fiscalía general de la República (FGR).

Tae-Ung Baik, presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones y Morris Tidball-Binz, relator especial sobre Ejecuciones extrajudiciales, emplazó al  gobierno de Andrés Manuel López Obrador informar sobre “la revocación de la sentencia condenatoria en contra de cinco miembros de la Secretaría  de la Marina acusados de la desaparición forzada de Armando Humberto del Bosque Villarreal, ocurrida el 3 de agosto de 2013, en la localidad del municipio de Anáhuac, estado de Nuevo León”, y cuyo cuerpo fue encontrado tiempo después.

El presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió hoy los beneficios fiscales de los que gozaron la mayoría de las instituciones bancarias durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Con documentos en mano, el mandatario dijo que Banamex fue uno de los más favorecidos con la condonación de impuestos: Con Calderón dejó de pagar al fisco 5 mil 24 millones de pesos y con Peña Nieto esa cifra se duplicó al condonarle 10 mil 824 millones de pesos.

Un juez otorgó a la Comunidad Agraria de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, un amparo contra el proyecto eólico Gunaa Sicarú, de la empresa Energies Nouvelles Group, Energía de Francia (EDF), en el Istmo de Tehuantepec.

El Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrartiva del Décimotercer Circuito, con sede en Oaxaca, otorgó a las comunidades zapotecas de Juchitán, Santa María Xadani, Unión Hidalgo, Chicapa de Castro, Espinal y La Ventosa, la suspensión de plano para que no se le prive de sus tierras comunales dentro del amparo indirecto número 302/2020 interpuesto por comuneros de Juchitán.

Durante su conferencia de prensa matutina y a pregunta expresa de Contralínea, el primer mandatario señaló que el tribunal internacional “debe de responder, si se hizo una denuncia, con toda la formalidad legal”.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) detuvieron a Israel “N”, alias “El Flaco”, quien es presunto integrante de la Unión Tepito, por su probable participación en el delito de extorsión de choferes de transporte público.

Mediante un comunicado de prensa, la Secretaría detalló que Israel “N”, de 22 años de edad, fue detenido en el Centro Histórico, cuando en la calle Justo Sierra amagó a una mujer con lo que parecía ser un arma punzocortante y le quitó dinero en efectivo.

El Subsecretario de Salud y zar anticovid del Gobierno federal, Hugo López Gatell, dijo esta mañana que México suma ocho semanas a la baja de contagios por COVID-19.

De acuerdo con el Subsecretario, esta semana el país abrió con una reducción de casos del 25 por ciento y la tendencia continúa. En ese sentido explicó que “el 1.6 por ciento son los casos activos, mientras que todos los demás son personas que se han recuperado” de la enfermedad.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador evitó este martes pronunciarse ante la invalidez del artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, dedicado a la objeción de conciencia, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Cuestionado sobre la objeción de conciencia, el mandatario federal dijo que es respetuoso de la independencia del Poder Judicial y de la Suprema Corte. Además, señaló que este es un asunto que produce mucha controversia, por lo que procura no opinar.

Ana María Orozco, madre de dos hijos del ex ministro Genaro Góngora Pimentel, expuso que los dos menores -diagnosticados con autismo- requieren de una neurocirugía, para lo cual pidió ayuda económica a su padre porque cada una cuesta más de 600 mil pesos, pero este a su vez optó por demandarla para impedir que se le acerque.

Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sostuvo una llamada, ayer lunes 20 de septiembre, con el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, para dialogar respecto a la coordinación bilateral por la crisis migratoria que acontece en la frontera de Texas con Coahuila, donde miles de haitianos intentan cruzar ilegalmente a EE.UU, intentando obtener asilo político en dicho país con tan sólo pisar territorio estadounidense.

Según datos revelados ayer mismo por Alejandro Mayorkas, titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), hay al menos 12 mil migrantes detenidos tras intentar cruzar ilegalmente en la ciudad texana de Del Río, que es donde se ha focalizado la llega de caravanas de haitianos que entraron a México por Chiapas.

La Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) notificó que removió a Selina Haidé Avante Juárez, Magistrada del Tercer Tribunal Colegiado de Quintana Roo, quien exoneró al empresario Kamel Nacif Borge, uno de los personajes acusados por la tortura de la periodista Lydia Cacho, ocurrida el 16 y 17 de diciembre del 2005.

Los dueños del restaurante-bar de Salamanca denunciaron extorsión, pero la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato, cuyo titular está bajo fuego desde hace meses, no hizo nada. Esto lo revela Milenio. Alfonsina Ávila, Ricardo Aguilar, Vania Jaramillo y Tere Segura, reporteros de Zona Franca, dicen por su parte que el atentado con un explosivo en el que fallecieron Mauricio Salvador Romero y Mario Alberto Hernández, dueño y gerente de Barra 1604, encendió la alerta entre otros municipios.

Los titulares de las áreas de seguridad de Celaya, León y Guanajuato capital, coincidieron en que este hecho debe considerarse entre los incidentes de violencia que podrían pasar en sus respectivos municipios. Dijeron que podrían tomar medidas de prevención ante este tipo de ataques que, de acuerdo con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, están sucediendo cada vez más seguido en esa entidad.

Guanajuato pasó de ser uno de los destinos de inversión extranjera debido a sus plantas armadoras y fábricas, y un atractivo turístico, a convertirse en una de las entidades más violentas de México, donde las amenazas del crimen organizado escalaron hasta llegar al uso de explosivos en contra de civiles, como demostró el ataque en el restaurante “Barra 16.04”, un hecho que no es aislado.

Lo ocurrido en el municipio Salamanca forma parte de una estrategia del crimen organizado para enfrentar al Estado y para demostrar a la población civil la violencia que pueden ejercer sobre un territorio.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, aseguró que recibió presiones para que valide la objeción de conciencia como un derecho ilimitado y advirtió que este puede ser utilizado como herramienta para limitar a las mujeres a abortar de manera segura y digna.

Durante la sesión de este lunes, el Ministro Zaldívar reiteró su postura para declarar la inconstitucionalidad de los artículos 10 Bis, Segundo y Tercero Transitorios de la Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de 11 de mayo de 2018, en materia de objeción de conciencia.

El último día del mes en curso es el plazo límite que el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) dio a la empresa para dar una respuesta a sus demandas de incremento salarial, entre otros puntos de su pliego petitorio.

Amnistía Internacional denunció este lunes sobre las “deficientes investigaciones” sobre feminicidios precedidos de desaparición realizadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

De acuerdo con un comunicado de AI,  la inacción y negligencia de las autoridades ha llevado a la pérdida de evidencias sobre casos en materia de feminicidios, a que no se examinen todas las líneas de investigación y a que no se aplique correctamente la perspectiva de género. Esas insuficiencias obstaculizan el proceso judicial y aumentan las probabilidades de que los casos queden impunes, indicó Amnistía Internacional en un nuevo informe.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) inició una indagatoria interna por posibles irregularidades o hechos de corrupción en un tribunal federal de Quintana Roo que, en julio pasado, canceló la orden de aprehensión girada contra del empresario Kamel Nacif por el delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho.

Dicha orden de captura, como Animal Político detalló en esta nota, fue cancelada luego de un voto dividido de los magistrados de 2 contra 1, y con argumentos como que no existía una instrucción por escrito de torturar a la periodista, o que Nacif no debería ser procesado por no ser funcionario público. 

En vísperas del séptimo aniversario de la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrió un expediente de queja “bajo las líneas de investigación planteadas e impulsadas por las madres y los padres de los normalistas, que no fueron consideradas suficientemente”, en la recomendación 15VG/2018, emitida por el organismo durante la gestión anterior a la de Rosario Piedra Ibarra.

Tras señalar que con la nueva queja “reitera su compromiso con familiares y representantes de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos”, en un comunicado, el organismo rechazó informaciones publicadas en medios de comunicación que retoman la investigación que dio lugar a la recomendación 15VG/2018, acordes con la “verdad histórica” sostenida por el gobierno de Enrique Peña Nieto, que considera que los normalistas fueron asesinados, incinerados y sus cenizas esparcidas en el basurero del municipio de Cocula.

Ante la resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) que ordena a la Guardia Nacional elaborar y entregar una versión pública de los informes sobre el uso de la fuerza, Guillermo Fernández-Maldonado, responsable de la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), celebró la determinación del órgano autónomo al que consideró “esencial” para el acceso a información “con una perspectiva de derechos humanos”.

Hace una semana, se dio a conocer la resolución del Inai a una impugnación del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) a la primera respuesta de la Guardia Nacional de reservarse “de manera general e íntegra” la información sobre el uso de la fuerza del cuerpo de seguridad, del 27 de mayo de 2019 al 10 de marzo de 2021.