La activista y defensora de derechos humanos Claudia Uruchurtu Cruz fue asesinada en Oaxaca por sus captores después de ser desaparecida forzadamente el pasado 26 de marzo, confirmó el fiscal general del estado, Arturo Peimbert Calvo.

Familiares reportaron la desaparición de Uruchurtu Cruz la noche del 26 de marzo en Asunción Nochixtlán, municipio de la región mixteca de Oaxaca, después de que participó en un acto de protesta contra Lizbeth Victoria Huerta, la alcaldesa de Morena de la localidad, y contra la policía municipal después de que ésta golpeó a una persona. Testigos aseguraron que la activista fue subida a una camioneta de color rojo, después de lo cual no se supo nada de ella.

A las 6:10 de la tarde –hora europea–, el Escuadrón 421, integrado por la delegación zapatista que surcó los mares para viajar desde México a este continente, pisó tierra firme en Vigo, uno de los principales puertos de Galicia, donde fueron recibidos con música tradicional festiva, sobre todo gaitas, flautas y panderos, que se mezclaba con los aplausos y gritos de júbilo, en los que se escuchaba “¡Zapata vive, la lucha sigue!”

La misión del EZLN llegó en realidad a las costas gallegas el pasado domingo, alrededor de las 4 de la tarde, pero no pudo desembarcar por varias cuestiones de organización y también burocráticas, entre ellas, la realización de una serie de pruebas para corroborar que entre sus miembros no hay ningún enfermo de Covid-19, y después de que la Guardia Civil española, responsable de vigilar las fronteras marítimas, comprobó que todos los documentos estaban en regla.

Sin dar mayores detalles, la fiscalía general de Justicia del estado de Sonora dio a conocer que la joven Lorena Josefina Valenzuela Esquer, integrante del pueblo originario Yaqui, fue encontrada sana y salva luego de ser reportada como desaparecida por sus familiares.

En un escueto comunicado de prensa, la dependencia dijo que la hermana del activista Mario Luna, de 25 años, se encontraba en Puerto Peñasco.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que, junto a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y el empresario Carlos Slim se llegó al acuerdo de evitar un conflicto legal por las fallas estructurales que provocaron la tragedia de la Línea 12 y enfocarse a la rehabilitación de esta vía de comunicación que traslada diariamente a 300 mil personas en la capital del país.

En la conferencia matutina, el mandatario dio detalles del encuentro privado que sostuvieron el día de ayer en Palacio Nacional y al respecto dijo:

El presidente Andrés Manuel López Obrador desapareció en 2020 el Seguro Popular para dar paso al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Sin embargo, el Insabi “no cubre nada”, coinciden pacientes entrevistados. Además de la situación causada por el gobierno federal, se suman los bajos recursos que el gobierno de Jalisco destina para ayudar a los enfermos, la escasez de los medicamentos y el alza en el precio de los mismos.

A seis días de presentarse el primer dictamen sobre el colapso de una trabe de la Línea 12 del Metro, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el empresario Carlos Slim.

Durante su conferencia vespertina de este martes, Sheinbaum no quiso dar detalles sobre el encuentro, solo se limitó a decir que la Línea 12 se va a rehabilitar de manera segura para que empiece a operar lo más pronto posible.

El viernes pasado, cerca de las dos de la tarde, Alberto Castañón Flores salió de una reunión de trabajo de las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en la colonia Burócratas de Chilpancingo, quedó de pasar por su esposa Rosalina Plascencia Vázquez en el barrio de San Francisco, pero nunca llegó.

A cuatro días de su desaparición familiares y amigos salieron a marchar por las calles de la ciudad para exigir la localización con vida del también exportero del equipo de tercera división profesional Los Avispones de Chilpancingo.

La organización Semáforo Delictivo, que dirige Santiago Roel, aseguró que mayo de 2021 ha sido el peor mes en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, al registrarse 2 mil 963 homicidios.

Y lo mismo sucedió con los delitos socio-familiares, que también están en rojo, tanto por la época del año como por los efectos negativos del confinamiento.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un recurso de inconstitucionalidad contra diversas disposiciones legales al considerar que se vulneran los derechos a la seguridad jurídica, de igualdad y no discriminación, libertad de trabajo, de acceso a un empleo público; así como los principios de legalidad y presunción de inocencia.

La dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) impugnó la victoria de Samuel García, de Movimiento Ciudadano, en la elección para la gubernatura al considerar que incurrió en “violaciones graves a la normatividad comicial”.

Sylvia Janeth Flores Elizondo, dirigente local del Sol Azteca, promovió el juicio de inconformidad en contra del candidato ganador en los comicios del pasado 6 de junio, al cuestionar la imparcialidad en la contienda.

El proceso electoral que culminó el pasado 6 de junio con la jornada electoral más grande de la historia de México, dejó 102 políticos asesinados, de ellos, 36 eran aspirantes y candidatos a distintos cargos, de acuerdo con la consultora Etellekt.

Del total de los 102 políticos asesinados, 87 eran hombres (29 eran aspirantes y candidatos) y 15 mujeres (7 aspirantes y candidatas).

En los primeros cinco meses de 2021 los asesinatos en 14 estados del país se incrementaron en comparación con el año pasado, en algunos casos con ascensos que van del 30 hasta el 70%. Además, a nivel nacional, las víctimas y denuncias de algunos de los delitos de mayor impacto como las violaciones, los robos y extorsiones también han repuntado.

El promedio de personas asesinadas a diario asciende a más de 97 en 2021, tal como ocurría en el arranque del sexenio. Incluso, las muertes no intencionales ocasionadas por hechos de tránsito también registran un incremento superior al 20% en lo que va del año.

El presupuesto de 2021 asignado al Instituto Nacional para el Bienestar (Insabi) es 4.5% mayor al monto ejercido por el Seguro Popular (SP) en 2019, sin embargo, dicho incremento no es suficiente para cubrir la atención de 14.4 millones de personas adicionales que se afiliaron a este subsistema desde hace dos años, apuntó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

No sólo eso, la investigación elaborada por Judith Senyacen Méndez Méndez destaca que el aumento marginal en el presupuesto se traduce en un gasto de 2 mil 911 pesos por persona, 20.4% menos que en 2019 con el Seguro Popular. 

La Fiscalía General de Tamaulipas (FGE) no tiene duda de que lo sucedido el fin de semana en la ciudad de Reynosa, en la que perdieron la vida 19 personas, 14 de ellos civiles, tuvo la intención de sembrar el terror entre la población.

“Entraron disparando a diestra y siniestra. Se metieron a algunas tiendas, robaron a algunas personas; ingresaron a un taller mecánico, les quitaron los teléfonos y robaron algunos vehículos; todo con la intención de causar terror en la sociedad”, afirmó el fiscal Irving Barrios.

Hombres armados dispararon contra un grupo de personas que se encontraban afuera de un taller de reparación de motocicletas en Nicolás de los Agustinos en Salvatierra, Guanajuato. El ataque dejó siete muertos y dos heridos.

De acuerdo con el sitio Zona Franca, los presuntos responsables bajaron de una camioneta y dispararon a los hombres para luego escapar.

La Unidad Especializada de Desaparición Forzada reinició la búsqueda de la activista Claudia Uruchurtu Cruz, informó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

Las acciones para localizar a Uruchurtu se llevarán a cabo los días 21, 22 y 23 de junio de 2021 en las poblaciones del Distrito de Nochixtlán, en la región Mixteca, en colaboración con la Comisión Nacional de Búsqueda, la Guardia Nacional, la Agencia Estatal de Investigaciones y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La polémica propuesta de reforma constitucional para que la Guardia Nacional sea absorbida por la Secretaría de la Defensa Nacional, preocupa a quienes consideran un riesgo para los derechos humanos el empoderamiento de los militares. “El riesgo más obvio de una fuerza militar, con el papel de policía interna, es que la sociedad se canse con los abusos de derechos humanos relacionados a las Fuerzas Armadas (que es casi imposible evitar), y disminuya la confianza que se les ha dado”, me dijo Craig A. Deare, catedrático de la Universidad de la Defensa Nacional, ex oficial de Inteligencia del Pentágono, y ex asesor para América Latina en el Consejo Nacional de Seguridad.

Lorena Josefina Valenzuela Esquer, joven originaria del pueblo yaqui de Vícam, desapareció desde el 17 de junio cuando iba a trabajar a una maquiladora en el municipio de Empalme, a poco más de 40 minutos de distancia; es hermana de Mario Luna, activista y vocero yaqui.

La joven tiene 24 años y, según se reporta en redes sociales, fue vista por última vez entre las 18:00 y las 18:20 horas de aquel jueves por sus compañeros de trabajo en Empalme, pero Lorena Josefina no ingresó a la empresa.

Personas que ya han sido vacunadas contra la COVID-19 —algunas incluso con el esquema de dos vacunas completo— han enfermado y muerto en al menos ocho entidades del país, una situación que ha generado alarma mientras la inoculación avanza a lo largo del territorio a seis meses de haber iniciado con la meta de volver a la vieja normalidad.

Tan sólo en la última semana se registraron casos en Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora, así como la confirmación por parte de las autoridades sanitarias de Hidalgo del deceso de 36 personas que ya habían sido vacunadas con al menos una dosis.