Morena, PT, PVEM y PES usaron su mayoría en la Cámara de Diputados para aprobar la reforma al artículo 77 de la Ley General de Salud, que le permitirá al gobierno federal llevarse 33 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar, antes de Gastos Catastróficos, al flujo de la Tesorería, presuntamente para pagar la vacuna de COVID. También usaron esa mayoría para no admitir un solo candado que asegure que tales recursos de verdad se gastarán en eso.

Los legisladores del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano propusieron varios cambios y agregados, conocidos como reservas, antes de aprobar en lo general y en lo particular la iniciativa, pero el bando contrario, Morena y sus aliados, desecharon la discusión en el pleno de cualquier propuesta, hasta la de una de sus propias compañeras, la de la diputada Laura Imelda Pérez Segura, que pedía modificar la redacción de la iniciativa para no dejar el estimado de recursos solo con base en el periodo fiscal 2020.

La transferencia de 33 mil millones del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular a la Tesorería de la Federación para comprar vacunas contra el coronavirus aprobada ayer por la Cámara de Diputados, es la segunda maniobra para ocupar los recursos de una bolsa que sólo se dedicaba a atender enfermedades graves y caras como cáncer o VIH, en los casos de pacientes sin seguridad social.

Desde 2019, la Secretaría de Salud utilizó 2 mil 108 millones de pesos de dicho Fondo para comprar ranitidina, jarabes, agujas y hasta biberones, todos insumos del nivel básico de atención, como parte de las compras consolidadas de medicamentos encabezadas por la Secretaría de Hacienda.

Con 3,893 casos, el 2019 fue el año más violento para mujeres en al menos 30 años, de acuerdo con cifras definitivas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los asesinatos de mujeres representaron un 10.6% de los homicidios totales registrados el año pasado, un promedio de 10 casos al día.

El Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) continúan con una “guerra de comunicados” en la que se acusan mutuamente de no decir la verdad sobre los posibles casos de COVID-19 en los centros de detención migratorios, aunque ninguna de las partes muestra públicamente las evidencias con las que se determinarían si hay o no casos confirmados.

El último episodio de este enfrentamiento ocurrió ayer miércoles con un nuevo comunicado de la CNDH.

Colectivos feministas decidieron romper el confinamiento y salieron a las calles para exigir justicia por las 30 mujeres reportadas como desaparecidas en la entidad en lo que va de octubre.

Acompañadas por amigos y familiares, se concentraron frente al palacio de gobierno, donde colocaron una lona y tapizaron los muros del quisco del Zócalo con papeletas donde imprimieron los datos generales de Zayra Leticia Morales Loyola, de 29 años de edad, quien fue vista por última vez el viernes 23 en Santa María Xochixtlapilco, Huajuapan de León.

Aquel miércoles 17 de febrero de 2016, la ministerio público Monserrat Castañeda Delgado abrió la cámara frigorífica de la morgue de Cuautla, Morelos, y miró una bolsa naranja que contenía un esqueleto atado de pies y manos: llevaba puesto un pantalón de mezclilla color azul, sucio y desgastado; una playera tipo polo azul marino con rayas blancas embarrada de cal y tierra.

“Entré a la cámara frigorífica a hacer una revisión de todos los cuerpos que se encontraban dentro y fue cuando encontramos ese”, recordaría cuatro años después de aquel tiempo cuando era funcionaria.  

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó hoy que el gobierno de México patrocine la defensa del general Salvador Cienfuegos Zepeda, ofreciendo solo asistencia consular como a cualquier otro mexicano.

“No se destinan recursos para defender a un presunto responsable de delitos”, dijo el mandatario.

La iniciativa de reforma al Código Penal de Guerrero para permitir el acceso al aborto seguro por violación sexual solo a las víctimas que presentan una denuncia penal contradice los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la normativa federal en materia de salud. 

La coordinadora del Observatorio Ciudadano de Violencias en el estado de Guerrero, Viridiana Gutiérrez, aseguró en entrevista que el dictamen aprobado este martes 27 en la Comisión de Justicia del Congreso propone nuevos obstáculos para que las mujeres accedan a un derecho reconocido desde hace varios años por la Suprema Corte. 

El Gobierno mexicano afirmó este miércoles que el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ofrece mecanismos de protección a los inversionistas y que bajo ese marco pueden presentarse y resolverse las diferencias.

La secretaria de Economía, Graciela Márquez, habló del tema luego de que legisladores de Estados Unidos señalaron en una carta a la Casa Blanca acciones que consideran una amenaza a la inversión y el acceso al mercado mexicano de las empresas energéticas de su país.

“Claro que dialogamos, siempre y cuando no haya politiquería”, dijo el Presidente y recordó que algunos de los ahora mandatarios locales votaron en 2007 por el cambio en la fórmula de las participaciones y ahora quieren cambiarlo usándolo como bandera política. “El total de los recursos que recibirán las entidades federativas asciende a 638 mil millones de pesos de participaciones federales, esto representa un incremento del 2.9 por ciento con respecto al mismo periodo del 2019”, explicó Arturo Herrera.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer esta mañana que las autoridades detuvieron a un barco con la capacidad para transportar 300 mil barriles de petróleo crudo, y transportaba más de 60 mil barriles de petróleo crudo en Coatzacoalcos, Veracruz.

“Se detuvo a un barco que tiene capacidad para transportar 300 mil barriles diarios de petróleo crudo y se le detuvo con más de 60 mil barriles de petróleo crudo en Coatzacoalcos. 60 mil barriles de petróleo crudo”, comentó.

El último ajuste que se hizo a la Ley de Coordinación Fiscal fue en 2007, cuando se cambió la fórmula y se consideró beneficiar a los estados que tienen más población. En ese entonces, algunos de los gobernadores que ahora demandan más recursos eran legisladores y votaron por esa reforma, nada más que ya se les olvidó, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No se vale que quieran engañar a la gente. Si se requiere una nueva reforma, pues tendría que buscarse un consenso (…) Lo que quieren es que se le quite a Chiapas, Oaxaca o Guerrero porque mucho del argumento es además muy inequitativo, muy inhumano. Dicen: ‘si nosotros aportamos más en la economía pues debemos recibir más’, y hay otro argumento, es darle más al que más lo necesita, darle más a los pobres, ¿o queremos un país inequitativo?”, expuso en conferencia matutina.

En medio del debate que iniciaron las 10 entidades que integran la Alianza Federalista sobre el dinero que reciben de la Hacienda Federal, la revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de 2018 muestra que ese dinero, que está destinado a materias prioritarias, tiene fugas que se traducen en la posible pérdida de miles de millones de pesos.

Esa es la situación de los 32 estados del país, es decir, incluso están en esa situación las entidades que se pronunciaron dispuestas a romper el pacto federal.

El embajador estadounidense en México, Christopher Landau, reveló que tuvo conocimiento sobre la investigación en contra de Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, desde el primer día que llegó a nuestro país para asumir su papel diplomático en 2019.

Las declaraciones las hizo durante una conferencia virtual de la Universidad de Rice en Houston, al ser cuestionado sobre las detenciones de exfuncionarios mexicanos como Cienfuegos y el exgobernador de Chihuahua, César Duarte.

Autoridades de la comunidad indígena Canoas, del municipio de Manzanillo, Colima, rechazaron la Consulta Indígena sobre el proyecto minero Rufus 5 de la Empresa Canadiense Hematite que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas (INPI) y la Procuraduría Agraria, preparan.

“Nosotros ya nos Autoconsultamos. Exigimos respeto a nuestra libre determinación”, sentenciaron.

A través de un comunicado entregado ayer a la titular de la Semarnat, María Luisa Albores, los comuneros lamentaron que las instituciones de gobierno se coordinen “para validar proyectos de muerte” a través de “maltrechas y violentadas consultas”.

Con el voto de Morena, Encuentro Social, PT, PRD y parte del PRI y del PVEM, el Senado aprobó la minuta que otorga mayores facultades a la Secretaría de Marina (Semar), entre ellas la administración y el control de los puertos del país, y remitió esa iniciativa al Ejecutivo federal para su promulgación.

El PAN y Movimiento Ciudadano votaron en contra, bajo el argumento de que se militarizarán los puertos. Sin embargo, al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Marina, el priísta Eruviel Ávila, rechazó los señalamientos y pidió un voto de confianza a la Semar, ya que no se atenta contra la Constitución.

Para don Chucho no hay opción en la tienda de abarrotes de la colonia ni en el supermercado donde adquiere su despensa: puede ver el exceso de sodio en los frijoles enlatados y en el atún; exceso de azúcares y calorías en los cereales; las tortillas de harina también sobrepasan los niveles de grasas saturadas. Ya ni hablar de jugos que en sus etiquetas presumen ser naturales, ni del yogurt o las gelatinas, que superan por mucho los niveles de azúcar que puede permitirse.

Integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) bloquearon esta noche tramos carreteros de Acayucan, Minatitlán y Coatzacoalcos, en respuesta a las recientes detenciones de sicarios y el cateo de casas de seguridad en el sur de Veracruz.

Comandos del CJNG incendiaron un autobús en la terminal de autobuses de segunda clase de Acayucan, aventaron bombas molotov al interior de una tienda Waldos y quemaron automóviles y camionetas en la carretera que va de ese municipio a Minatitlán, para inhibir el paso de particulares que transitan entre estas dos localidades. 

La relatora especial de la ONU sobre ejecuciones sumarias, Agnès Callamard, llamó a los gobiernos a garantizar el respeto y la gestión de las fosas comunes con un enfoque de derechos humanos.

Al presentar su informe anual, Callamard señaló que dichos lugares no son reconocidos, permanecen desprotegidos, sin preservar, y cuando no están cubiertos son profanados o destruidos.