El Fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, dijo que la evasión de reos en Suchiapa, por la que se detuvo al jefe policial, así como al alcalde actual y anterior, era una práctica “periódica” en la que varios funcionarios están acusados por liberar a narcotraficantes a cambio de dinero. 

Este sábado fueron capturados el presidente municipal de Suchiapa, Chiapas, Jorge Lara Cordero, así como su predecesor, Alexis Nucamendi, días después de que fuera detenido el jefe de la policía local presumiblemente por ayudar en la fuga de un narco.

Llaven Abarca narró este lunes en conferencia cómo la detención de varios narcomenudistas permitió desentrañar el esquema de corrupción en el que incluso había jueces involucrados, así como policías municipales.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que aplicó sanciones a 55 personas servidoras públicas y a una empresa, con destituciones e inhabilitaciones de hasta 10 años y multas económicas por 102 millones de pesos, debido a la comisión de “faltas graves y no graves”.

En un comunicado, la dependencia dirigida por Raquel Buenrostro detalló que acciones de investigación hechas en Unidades de Responsabilidades hallaron “pruebas que demostraron las infracciones graves” en las siguientes dependencias:

Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Órganos Internos de Control en las secretarías de Cultura y de Gobernación (Segob), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Alimentación para el Bienestar, Banco del Bienestar, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), Agencia Nacional de Aduanas de México, Servicio de Administración Tributaria (SAT), Servicio Postal Mexicano (Sepomex), Guardia Nacional (GN) y en el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Las sanciones a los servidores públicos responsables fueron impuestas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

Pese a que son los nombres de Marina del Pilar, Andy López, Rocha Moya, Enrique Inzunza, los más sonados recientemente respecto a posibles colusiones con el crimen organizado, no son los únicos morenistas señalados.

EMEEQUIS ha documentado casos de morenistas que han sido señalados, principalmente por autoridades o instancias de Estados Unidos, por presuntos nexos con el crimen organizado, muchos de ellos se mantienen en sus cargos politicos.

Durante la mañana de este 30 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum volvió a intentar deslindarse de Marina del Pilar Ávila y del exesposo de la gobernadora, Carlos Torres, respecto a las acusaciones que Estados Unidos mantiene contra ellos. También mencionó al hijo del expresidente López Obrador y afirmó que no había pruebas para investigarlos en territorio mexicano. 

“‘No se tiene confirmado, no hay investigación formal, pero tal parece que… me dijeron que hay unas agencias que están investigando’. Imagínense, el New York Times.”

Añadió que, hasta donde ella sabe, no existe una investigación formal y que, si hubiera alguna en México, la Fiscalía General de la República tendría que informar al respecto:

Sin embargo, Marina del Pilar y el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador no son los únicos políticos que han sido señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado. Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza, Américo Villarreal, entre otros, también han sido mencionados en acusaciones, investigaciones o reportes relacionados con grupos criminales.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) adjudicó un contrato por un monto de 570 millones 571 mil pesos, sin IVA, a Equipos Hidromecánicos MC, empresa que previamente había sido observada por trabajos realizados en equipos de la propia compañía eléctrica.  

El fallo fue emitido el 21 de marzo de 2023, fue parte del concurso abierto internacional CFE-0001-CAAAT-0005-2023, para la adquisición de vehículos chasis con equipo hidráulico y grúas, destinados a CFE Distribución.

Equipos Hidromecánicos MC obtuvo la partida única con un importe total de 570 millones 571 mil 83.70 pesos. En el procedimiento participaron Constructora DHAP, Cargotecnia Equipos y Equipos Hidromecánicos MC; una cuarta compañía, Arrendo Serv, presentó carta disculpa. Cargotecnia fue descartada durante la evaluación técnica, mientras que las propuestas de Constructora DHAP y Equipos Hidromecánicos MC fueron consideradas solventes.

Al contrario de la famosa canción de la Rosalía, donde las banderas rojas en una persona se detectan y se actúa en consecuencia, en el ejercicio del gobierno de Morena en México, a las banderas rojas, a las perlas siguiendo el título de la canción de la española, se les abraza, se les protege, y se les investiga en tierra ajena.

La perla es una jerga utilizada frecuentemente para ironizar sobre una persona que destaca, pero por sus cualidades negativas; en uno de sus estribillos más notorios, la canción de Rosalía refiere: “Es una perla/ nadie se fía/ es una perla/ una de mucho cuidado”.

Morena en México ya tiene muchas perlas, demasiadas como para hacer un collar con tufo a corrupción: cuatro gobernadores a los que les fue retirada la visa: el de Sinaloa, Rubén Rocha; el de Tamaulipas, Américo Villarreal; el de Sonora, Alfonso Durazo; la de Baja California, Marina del Pilar Ávila, e incluso el hijo del único expresidente emanado de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, a quien de acuerdo al diario The New York Times, lo investigan agencias de los Estados Unidos por vínculos con organizaciones criminales.

Entre las perlas también están por lo menos 10 personas que fueron parte del Gobierno de Sinaloa, incluido el ahora mandatario estatal con licencia, Rubén Rocha Moya. Por supuesto también están los hermanos Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna, quienes, desde la alta esfera de la Marina de México, comandada por su tío el Almirante Rafael Ojeda, contribuyeron, de acuerdo a investigaciones de la Fiscalía General de la República, al huachicol fiscal por las principales aduanas portuarias de este país, tan así que el Almirante, nada más no aparece.

Otra gran perla lo es sin duda el Senador Adán Augusto López, quien siendo Gobernador de Tabasco dio trabajo, consintió y mantuvo como Secretario de Seguridad a Hernán Bermúdez Requena, identificado, perseguido, detenido y procesado, también por la FGR, por ser el líder de la Barredora, una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación dedicada al secuestro, la extorsión, entre otros delitos. A pesar de ello, López

Hernández sigue siendo Senador de la República, aun cuando su poder ha sido limitado, ya no coordina la bancada y una de sus protegidas más notorias, la también Senadora Andrea Chávez, no logró ser electa coordinadora en Chihuahua, entidad de la que él decía sería no sólo candidata, sino Gobernadora.

Esta semana, Irving Pineda, periodista de TV Azteca, encontró en Suiza a una de las Perlas del morenismo: Jorge Amícar Olán Aparicio, quien de ser identificado como amigo de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, particularmente de Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, ha sido señalado de construir una red de corrupción al amparo de estos, que, durante el gobierno de AMLO, le permitió hacerse contratos millonarios en el sector Salud y la proveeduría de materiales para las obras insignes del obradorismo como el Tren Interoceánico, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas.

A pesar de haber sido señalado en investigaciones periodísticas con documentos, contratos, audios y otros medios de prueba, en medios como Latinus, Mexicanos contra la Corrupción y TV Azteca, Jorge Amílcar ha permanecido impune, aunque por su decisión se exilió en Suiza, en un barrio de clase holgada en la ciudad de Lugano, donde lo localizó el reportero de TV Azteca.

Hace un año, el 19 de septiembre de 2025, el Departamento del Tesoro dio a conocer otra lista de sancionados por sus vínculos con el cártel de Sinaloa, en la misma aparecía la morenista y exalcaldesa de Rosarito, Baja California, hoy Diputada federal, Araceli Brown, así como dos empresarios ligados a su administración, Candelario Arcega y Jesús González Lomelí. Una perla que ya no está sola.

Esta semana la misma oficina para Activos en el Extranjero, la OFAC, del Departamento de Estado, emitió un comunicado sancionando a otros mexicanos por tener vínculos con el cártel de Sinaloa en Baja California, entre las perlitas en cuestión, aparece quien fuera el esposo de la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, Carlos Torres Torres, y su hermano, Luis Alfonso Torres Torres.

Tanto al ahora exesposo como a la Gobernadora, las autoridades federales de los Estados Unidos les revocó su visa para entrar a su país en mayo de 2025, cuando aun estaban casados, y se supone inició la investigación que el martes 29 de septiembre, lo llevó a ocupar un lugar, junto a su hermano, el hijo de Ismael Zambada García,"Mayito Flaco", "los Rusos" del Cártel de Sinaloa en Mexicali, los hermanos Arzate, René y Aquiles que delinquen para la misma organización criminal.

En la misma lista aparecen los hermanos Jorge Mario y Jerónimo Vera Ayala, gemelos y ahijados los dos de Jorge Hank Rhon, el casinero asentado en Tijuana y que en dos ocasiones ha sido derrotado en su intensión por ser Gobernador de Baja California, y que por lo menos aparece señalado en dos investigaciones por asesinato, el del periodista Héctor Félix Miranda "el Gato", codirector fundador de ZETA, y el de Angélica María Muñoz Cervantes, quien fuera la novia de uno de sus hijos. Una perla por si solo, Hank Rhon ha sido protegido por gobiernos de la República del PRI, del PAN y de Morena, sólo en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, fue detenido y encarcelado por acopio de armas y en el del bajacaliforniano José Guadalupe Osuna Millán, arraigado por la investigación de la muerte de la joven Muñoz.

Hank fue invitado especial a la toma de posesión de la Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien lo derrotó en las elecciones del 2021, y su hijo fue candidato a senador por el Partido Verde, aliado de Morena en el proceso electoral de 2024.

Ya son demasiadas las perlas en Morena, pero a diferencia de la canción de Rosalía, las banderas rojas andantes en México son protegidas, arropadas con el manto de impunidad, aun cuando se les investigue en tierra ajena… a ver quiénes siguen en ser señalados en el extranjero y no investigados en casa. Peor aún, a ver hasta donde Morena estira la liga de la impunidad en un México que habrá de pagar las consecuencias.

Además del alcalde de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, ya detenido, la Fiscalía general del estado tiene seis carpetas de investigación en proceso en contra de otras autoridades municipales por sus posibles nexos con la delincuencia organizada, dijo el titular Bernardo Rodríguez Alamilla. 

Reconoció que, en los últimos cuatro años, se han cometido 957 homicidios dolosos en la región del Istmo de Tehuantepec, de los cuales dijo estimar que un 70% de esos están relacionados con este grupo delincuencial denominado “Los Cromos”, que opera como un brazo operativo del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). 

Los municipios en los cuales operan Los Cromos son:  Juchitán de Zaragoza, Tehuantepec, Salina Cruz, Ixtepec, Espinal, Magdalena Tequisistlan y Unión Hidalgo, donde realizan actividades ilícitas como el narcomenudeo, la extorsión, el cobro de piso, los homicidios, secuestro y portación de armas. 

Respecto al caso de Juchitán de Zaragoza que derivó en la detención de Miguel Sánchez Altamirano alias “Quetu” y a Carlos Alberto Paz López “La Parka”, así como del ex comisionado de la Policía Municipal de Juchitán de Zaragoza, Jhon Keni Moreno Segura, el Fiscal señaló que las acciones resultaron del trabajo realizado durante 11 meses a través de la Operación Sable; 250 personas han sido detenidas en total, entre ellos operadores financieros y de confianza ligados al “comandante Cromo”.

Las frases que definen la llegada de Morena al poder político en Baja California tienen como común denominador el nunca, nunca como ahora, nunca antes.

Nunca había gobernado un mandatario por dos años. Nunca un gobernador se había enfrentado a la clase empresarial al prácticamente extorsionarlos con altos cobros por conexiones de agua. Nunca un exalcalde –en este caso Montserrat Caballero en Tijuana– había sido investigada por la FGR por delincuencia organizada. Nunca una mujer había gobernado Baja California. Nunca a un ejecutivo en funciones le habían retirado la visa de turista para cruzar a los Estados Unidos. Nunca antes un secretario del Ayuntamiento de Tijuana había sido denunciado por abuso sexual cometido, a razón de la víctima, en las instalaciones del Palacio Municipal.

Nunca antes el cónyuge y el cuñado de un mandatario, en este caso mandataria, habían sido señalados de tráfico de influencias, de corrupción en el sistema aduanal mexicano, de huachicol y huachicol fiscal. Y nunca antes los parientes políticos del titular del Poder Ejecutivo habían sido parte de una investigación en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

Nunca antes se había desentrañado una red de contubernio político electoral y financiero entre un nuevo grupo de empresarios alrededor del poder, como el que encabezan Fernando Salgado, Jesús González Lomelí y Marco Moreno Santelices en Baja California desde el arribo de Morena al poder político.

Nunca antes el gobierno de los Estados Unidos había retirado la visa para cruzar a los Estados Unidos no sólo a la gobernadora en funciones y a su entonces esposo, también a la alcaldesa de la Capital, Norma Bustamante, a su cónyuge, así como a una exalcaldesa, en este caso la de Rosarito y actual diputada federal, Araceli Brown. Por supuesto, nunca antes un político de Baja California, como lo es la señora Brown, había sido sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, e incluida, junto con dos empresarios, Candelario Arcega y, otra vez, Jesús González Lomelí, en una red de protección y lavado de dinero a una célula del Cártel de Sinaloa.

Por supuesto, nunca antes el exesposo de la gobernadora, su excuñado, el alcalde de Tijuana, el presidente del Tribunal, un senador de la República y una veintena más de personas, funcionarios, ligados al poder, empresarios, otra vez Fernando Salgado, habían sido citados por la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la FEMDO (Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada), para declarar en una carpeta de investigación formalmente establecida e indagada por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La mayoría fue citada, y la mayoría no acudió a la comparecencia, desde finales de octubre para presentarse desde el 18 de noviembre en las instalaciones de la FEMDO en la Ciudad de México, convocados por los agentes del Ministerio Público de la Federación, Rebeca Rojo, la titular, y Humberto Escobar, subcoordinador.

Lo peor del caso en estos insólitos e inéditos casos que suceden en Baja California es que los protagonistas se lo toman a vacilada, tal como lo describió el alcalde de Tijuana, pretendiendo dar a entender que toda la investigación de la FEMDO se trata de “fuego amigo”, que no se debe por lo tanto tomar con seriedad. La realidad es que la FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero, ha realizado una indagatoria de la cual salieron los citatorios, que consta de cientos de páginas concatenando hechos que implican a los mencionados, y a otros más, en una red que está siendo debidamente investigada y sobre la que ciertamente aún no hay una conclusión, ni una solicitud judicial, sino una indagación en proceso a la cual, en lugar de ponerse a disposición bajo la lógica de que el que nada debe, nada teme, los políticos bajacalifornianos intentan desestimar con simpladas, como nimiedades.

El martes por la noche, agentes ministeriales de la Federación confirmaron a ZETA la autenticidad de los documentos que desde temprana hora de ese día circulaban en redes sociales y en servicios de mensajería instantánea, y que de entrada daban cuenta de los citatorios a dos protagonistas de este entramado político electoral, financiero, efectivamente al alcalde Ismael Burgueño, y al recientemente notorio empresario Fernando Salgado.

Los mismos agentes ministeriales informaron del avance en la investigación, de más citatorios y de los delitos que se indagan en la FEMDO, no advirtieron un “fuego amigo” dado que trabajan con investigación la búsqueda de evidencias y solicitaban la colaboración de los referidos para agregar sus testimonios a la carpeta de indagación oficial, así fuesen como es de esperarse, a su favor, pero la mayoría decidió no presentarse.

Si “fuego amigo” fuese, y entendiendo con ello que se trata de acusaciones entre morenistas de Baja California con miras a ser protagonistas en las elecciones estatales de 2027, la FGR no estaría siendo el eje conductor de la indagación, dado que tal institución que desde su autonomía está en manos de Alejandro Gertz Manero, ha sido señalada por su proclividad a investigar a adversarios políticos de Morena, no a morenistas “encumbrados” en el poder político en Baja California, como lo son el alcalde Burgueño que aspira a suceder a la gobernadora Marina Avila Olmeda, o al senador Armando Ayala, o a los familiares políticos de la mandataria estatal, a funcionarios de primer nivel del Ayuntamiento de Tijuana, entre otros.

La cuestión es que existe una investigación formal, legal, ministerial y científica, donde se presume la comisión de delitos con el uso de recursos de procedencia ilícita por parte de estos actores políticos en Baja California, y que hay un avance considerable en la investigación y que decidieron no atender el llamado de la FGR, cosa que, en concordancia con lo que sucede por estos días en el estado, nunca antes había sucedido. Nunca como ahora.

Elementos de la Fiscalía del Estado de México detuvieron a Christian Jesús “N” alias “Gimmy” y/o “Jimy”, sexto regidor de Chalco, identificado como líder del “Sindicato 22 de octubre”.

La dependencia indicó que el sujeto fue detenido las primeras horas de este viernes 21 de noviembre, en cumplimiento de orden de aprehensión en el marco de la segunda fase de Operación “Caudal”.