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Detienen a Lili Campos, fiscal antinarcomenudeo de CDMX, por presunto desfalco millonario

La exalcaldesa de Playa del Carmen fue detenida en la Ciudad de México por una investigación relacionada con pagos superiores a 62 millones de pesos durante su administración, entre 2022 y 2024

La exacaldesa panista de Playa del Carmen, Lili Campos, con el cargo de fiscal antinarcomenudeo de la Ciudad de México, fue detenida la tarde del jueves en la Delegación Venustiano Carranza, relacionada con un desfalco de más de 62 millones en la Riviera Maya, justo cuando acababa de reafirmar su cercanía con Morena. 

La exmunícipe fue capturada tras denuncias interpuestas por el gobierno de la alcaldesa playense extraída de Morena, Estefanía Mercado Asencio, hoy de Morena, aunque antes PAN, quien todavía en agosto pasado declaró a Proceso sus nulas intenciones de iniciar un procedimiento legal contra su antecesora. 

De acuerdo con datos del Registro Nacional de Detenciones, Lili Campos fue llevada de la base de la Fiscalía General de la República en Tacubaya al note de Quintana Roo. Reportes indican que durante la mañana de este viernes fue ingresada al penal de Cancún a la espera del juez de control que la requiere.

Según el documento, Campos Miranda fue detenida vistiendo prendas oscuras y luego trasladada a las instalaciones de Tacubaya, en la Ciudad de México.  

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo señaló a la exmunícipe por un presunto perjuicio económico superior a los 62 millones de pesos al erario de Playa del Carmen. 

De acuerdo con la autoridad ministerial, el quebranto estaría relacionado con tres licitaciones públicas otorgadas entre 2022 y 2024 para el servicio de lavado especializado de vehículos de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales. 

La investigación refiere que el Ayuntamiento contaba con un parque vehicular de 123 unidades y que la empresa contratada reportaba hasta 865 lavados mensuales, incluso sin días de descanso, pese a que disponía.

Además, la Fiscalía señaló que el prestador del servicio carecía de comprobantes fiscales digitales por internet correspondientes a los primeros contratos y que, pese a ello, continuaron los pagos por más de 62 millones de pesos. 

Lili Campos fiscal antinarcomenudeo en la CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México nombró a Lili Campos Miranda, exalcaldesa panista de Playa del Carmen, fiscal de investigación contra el narcomenudeo.

Además, su caso ya había sido turnado desde semanas atrás al Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción de Quintana Roo; no obstante, la exmunícipe se había negado a comparecer al alegar también problemas médicos, para lo cual solicitó amparos, algunos desechados, mientras que, en al menos uno, logró una suspensión relacionada con su comparecencia.  

De acuerdo con una respuesta de transparencia emitida por el órgano ministerial el pasado 12 de agosto, asentada bajo el número de folio 092453826001402, la Fiscalía capitalina resalta el nombramiento de Lili Campos como fiscal de investigación del delito de narcomenudeo, al responder sobre la inexistencia de narcóticos incautados en la Ciudad de México entre 2014 al 2025, información requerida por un ciudadano.

La corrupción son todos

Por estos días de tanta violencia e inseguridad, de ataques a policías, narcomantas y en el preámbulo de las elecciones de 2027 en las que en Baja California se renovarán las alcaldías, el gobierno estatal y los 25 escaños en el Congreso del Estado, aparecen cada vez más actos de corrupción atribuibles a quienes ostentan el poder, en cualquiera de sus tres órdenes autónomos.

Esta semana, apenas estaba Baja California siendo testigo de la cruel violencia de los cárteles de la droga que, en Tecate y con suma impunidad, un convoy criminal con más de una docena de hombres armados tomó por la fuerza a cinco hombres, maniató a tres y los dejó abandonados a la vista de todos, mató a dos (un agente de la FGE y un capitán del Ejército Mexicano), para enterrar sus cuerpos, desenterrarlos, envolverlos en plástico, pasearlos unos 60 kilómetros y tirarlos sobre un paraje, cuando otro miembro del Poder Judicial se convirtió en noticia, y no por sus buenas y legales formas.

Es decir, no se sale del asombro de la violencia sangrienta y la impunidad que permite que el grupo criminal del Cártel de Sinaloa tome una ciudad, causando terror y horror con sangre y plomo, cuando ya la mirada estaba fija en otro orden: una jueza de distrito, Cristina Martínez Aguilar, señalada de liberar a varias personas en por lo menos siete causas penales, todos por narcotráfico o posesión de armas; delincuentes que fueron detenidos en la comisión de un delito, pero que obtuvieron su libertad al llegar sus casos al juzgado de la jueza.

Lo más grave del caso es que esta información no se hizo pública por las víctimas, los afectados, sino por la fiscal general de Baja California, la licenciada Elena Andrade, quien tenía conocimiento de la actitud sospechosa de la jueza, pero no proporcionó información pública hasta en tanto debió justificar otro irregular actuar: ya antes había sucedido. En mayo de 2026 fue aprehendido, después de una persecución sonora y vistosa que vulneró a ciudadanos y oficiales, Sergio Serrano, el Checo, líder de célula del Cártel Jalisco Nueva Generación en Tecate. Pero tres meses después —y esto sólo se sabría luego del asesinato de un recluso recién liberado de la penitenciaría de Tijuana— el Checo estaba libre.

Al señalado narcotraficante le cambió la medida cautelar el juez de distrito René Octavio Cardona González, para dejarlo en libertad… hasta el miércoles 18 de noviembre de 2026, cuando fue detenido de nueva cuenta, ahora en Ensenada, Baja California. Lo único deseable es que su caso no llegue otra vez con el juez Cardona, o no caiga con la jueza Martínez, para que no lo dejen en libertad de nueva cuenta.

Los dos jueces condescendientes con los criminales a los que dejan en libertad, el juez Cardona y la jueza Martínez, señalada por la fiscal Elena Andrade, ya han sido denunciados por los ministerios públicos ante el Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación, pero ¿qué ha pasado? Nada. Ahí siguen los dos al frente de los juzgados de distritos, posiciones que ganaron en la elección judicial que promovió la Presidencia de la República para que también los integrantes del Poder Judicial fuesen electos por el pueblo, aun con la ayudadita de los gobiernos oficialistas.

Días antes, aquí mismo se dio a conocer que el propio titular del Poder Judicial de Baja California, el magistrado Alejandro Fragozo, había sido sujeto de revocación de su visa de turista para entrar a los Estados Unidos, por parte del gobierno del vecino país, al considerarlo parte de un grupo que tiene ligas con otro de orden criminal, o que ha participado de actividades ilícitas. Eso mismo ya había sucedió con el esposo de la gobernadora, alcaldesas, alcaldes, diputados y la propia mandataria estatal; a ninguno le tienen confianza… en el vecino del norte.

Y entonces vienen, o, mejor dicho, se incrementan las amenazas del narcotráfico contra los policías. En un mundo al revés, los criminales acusan a los agentes de robarles droga, de vender droga, de favorecer a otros criminales en la comisión de delitos, de atentar contra la sociedad a la que juraron proteger. Y ¿qué sucede? Nada. Los elementos de la FESC que han sido denunciados por criminales de cometer ilícitos, siguen laborando con la venia del general Laureano Carrillo; los agentes y mandos de la FGE que han sido denunciados por relaciones mafiosas, siguen en la nómina que encabeza la fiscal Elena Andrade, y los municipales no son la excepción.

¿Cuándo fue la última ocasión que en Baja California hubo una limpia en las corporaciones policiacas? Difícil recordarlo. El intento más cercano es el que emprendió el general Leopoldo Aguilar Durán cuando fue secretario de Seguridad del Estado, al desarmar a las policías para practicarles nuevos exámenes de control, evaluación y confianza, para depurar las corporaciones, pero sus esfuerzos sólo llegaron a una parte de la policía de Mexicali, la de Tecate y la de Rosarito, luego que fue relevado en el cargo por el general Laureano Carrillo, quien no sólo no continuó con los esfuerzos de depuración, sino que mantiene una corporación señalada por sus ligas con los grupos criminales, y sólo los suspende cuando la evidencia ya es demasiada.

Claro que una depuración policíaca no bastaría; a estas alturas se requiere una depuración en el Poder Judicial, no sólo en el Ejecutivo, y acaso en las esferas gubernamentales que manejan áreas sensibles y propensas a actos de corrupción en detrimento de la sociedad. Como los directores e inspectores que extorsionan a mujeres y hombres de negocios que solicitan permisos, o a quienes manejan un negocio, sea cual sea el tamaño del mismo, en los tres órdenes de gobierno las dependencias reguladoras se han convertido en sucursales para el cobro de piso y la extorsión.

Ahora sí que ni a quién irle. El problema es que los ciudadanos de bien, los que están en la legalidad, o lo intentan, son los más afectados. No sólo pueden perder la vida, acaso también ser llevados a la quiebra ante los insanos cobros extraoficiales de los gobiernos; porque a estas alturas, la corrupción son todos. Así se ve.

FUENTE/MEDIO: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.
ENLACE: https://zetatijuana.com/2026/11/la-corrupcion-son-todos/

Gobierno de Villegas en Durango concentra casi la mitad de irregularidades en fondo educativo

Personal sin perfil, contrataciones sin comprobación, pagos sin comprobante. Durango concentra la mayor cantidad de irregularidades detectadas por la ASF en estados que reciben el FAETA del Ramo 33 para apoyo educativo: acumula 44% de los montos observados en 19 estados

La falta de acreditación de perfiles académicos de trabajadores, pagos sin documentación justificativa y comprobatoria, así como servicios y contrataciones cuya realización no pudo demostrarse son las principales irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) que el gobierno de Durango recibió durante 2025.

El FAETA forma parte del Ramo 33 (Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios) y está previsto en la Ley de Coordinación Fiscal. El actual gobernador de Durango es Esteban Alejandro Villegas Villarreal, quien asumió el cargo el 15 de septiembre de 2022

En conjunto, las observaciones económicas de la segunda entrega de la Cuenta Pública 2025 al FAETA suman 97 millones 666 mil 981.81 pesos en 19 entidades federativas. 

Durango por sí solo acumula más de 43.2 millones de pesos; es decir, el 44% de las irregularidades en el FAETA entre las entidades con observaciones.

Entre las irregularidades más relevantes en Durango se encuentra el pago a 40 trabajadores del Instituto Duranguense de Educación para Adultos (IDEA) que no cumplieron con el perfil académico requerido para desempeñar sus puestos, por 14 millones 147 mil 599.06 pesos.

El ente federal identificó casos como el de 11 Coordinadores Regionales Zona II que para desempeñarse en esa posición requerían, al menos, licenciatura o posgrado, que no lograron acreditar. No obstante, percibieron entre los 80 mil 136.81 pesos y los 614 mil 609.49 pesos como pago de nómina en el periodo observado.

Tres jefes de oficina debían contar con preparatoria concluida y una carrera técnica de dos años, pero no justificaron estos estudios, aunque cobraron entre 312 mil y 319 mil pesos. El coordinador de Unidad de Servicios Especializados igualmente debía tener sus créditos de licenciatura concluidos, pero no logró acreditarlos; sin embargo, recibió pagos por 302 mil 309.64 pesos.

En 24 casos más, para puestos como técnicos docentes, se requería bachillerato completo y dos años de carrera técnica, pero tampoco se cumplieron.

A lo anterior se suman 13 millones 12 mil 493.13 pesos por falta de documentación justificativa y comprobatoria que acreditara la prestación de servicios, recepción de bienes y arrendamientos contratados por el Instituto Duranguense de Educación para Adultos.

Entre estos se encuentran un contrato de arrendamiento de vehículos por 4 millones 226 mil 415.41 pesos, “Arrendamiento Oficinas Ramírez” por 1 millón 334 mil 879.78 pesos, un contrato de adquisición de combustibles por 1 millón 94 mil 282.60 pesos y renta de equipo de cómputo por 744 mil 372 pesos.

Asimismo, un contrato de 2 millones 523 mil 964.97 pesos por “Tarjetas Vales Despensa” y otro por 1 millón 427 mil 869.81 pesos, correspondiente a un seguro de vida. En todos los casos anteriores, los auditores observaron que el gobierno estatal “no proporcionó la documentación que acredite la prestación de los servicios”.

El director general del IDEA es el ingeniero Guillermo Arce Valencia, quien ocupa el cargo desde el 13 de marzo de 2024. Antes de encabezar el IDEA, ocupó cargos administrativos y operativos en el Congreso del Estado de Durango y colaboró dentro de la Secretaría Particular del Gobierno estatal.

Ha estado vinculado a las campañas electorales y equipos políticos de Esteban Villegas Villarreal en Durango.

La ASF también señaló en el Informe Individual de Auditoría Núm: 824 pagos sin acreditar que los recursos estuvieran debidamente comprometidos y la falta de convenios modificatorios que sustentaran las operaciones.

Otra observación asciende a 11 millones 584 mil 623 pesos, debido a que no se contó con registros contables y presupuestarios, facturas y pólizas correspondientes a nueve proyectos de adquisiciones, arrendamientos y servicios.

Adicionalmente, se identificaron pagos por 1 millón 379 mil 422.74 pesos a 13 trabajadores eventuales del IDEA que no contaban con contratos de prestación de servicios; 1 millón 77 mil 600 pesos por pagos a 79 personas voluntarias beneficiarias del subsidio que no acreditaron el perfil académico requerido, y 1 millón 31 mil 915.35 pesos por remuneraciones realizadas a personal después de su fecha de baja.

También quedaron pendientes de aclarar 932 mil 950 pesos por falta de documentación original justificativa y comprobatoria de pagos a 100 personas voluntarias, así como 62 mil 250 pesos por pagos en exceso a 27 beneficiarios respecto de los montos autorizados.

En total, el gobierno de Esteban Villegas Villarreal (PRI, en coalición con el PAN y PRD) sumó 43 millones 228 mil 853.28 pesos en observaciones.

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2025, por concepto del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos al Gobierno del Estado de Durango fueron por 162 millones 508 mil 390.36 pesos, de los cuales se revisó el ciento por ciento.  Esto significa que en 26 de cada 100 pesos recibidos hubo inconsistencias.

El diputado Sergio Gutiérrez Luna es socio de Club 51, que cobra 325 mil pesos por membresía

Registros internos del club privado de la Torre Mayor muestran 24 operaciones a nombre del diputado morenista entre enero de 2025 y febrero de 2026, por 221 mil 685 pesos. Siete de ellas, por 85 mil 320 pesos, se pagaron en efectivo. La mayor, de 42 mil 915 pesos, a las 2:57 de la madrugada

El diputado federal de Morena, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, expresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, es socio activo de Club 51, el recinto privado de negocios y esparcimiento ubicado en los pisos más altos de la Torre Mayor, sobre Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México. 

La membresía cuesta, a precios del 2026, 325 mil pesos por persona más un pago trimestral de 24 mil 220 pesos, según pudo corroborar EMEEQUIS.

SU MEMBRESÍA

De acuerdo con registros del sistema de punto de venta del club, a los que este reportero tuvo acceso, a través de una fuente con conocimiento de las operaciones, el legislador aparece dado de alta como cliente número 897 con estatus “activo”. 

Entre el 30 de enero de 2025 y el 18 de febrero de 2026 acumuló 24 operaciones por un total de 221 mil 685 pesos: 168 mil 755 pesos en consumos en el restaurante y bar del club y 48 mil 440 pesos en dos pagos de cuotas de mantenimiento de la membresía.

Lo que llama la atención es la forma de pago. Siete de los consumos, que suman 85 mil 320 pesos, se liquidaron en efectivo. Es la mitad (50.6%) de todo lo que el diputado gastó en el restaurante del club durante 2025. Sólo una operación de consumo se pagó con tarjeta bancaria.


SUS GASTOS

LO QUE MUESTRAN LOS REGISTROS

El desglose por forma de pago de las 24 operaciones es el siguiente:


Catorce consumos, por 76 mil 670 pesos, quedaron registrados como “cuenta por cobrar”, es decir, cargados a la cuenta del socio para liquidarse después. Los registros consultados no muestran por qué medio se saldaron esos adeudos.

Los únicos pagos que dejan rastro bancario a nombre del diputado son los de la membresía: el 19 de enero de 2026 se cobraron 24 mil 220 pesos con tarjeta American Express en la terminal “Club 51 Membresías”, y el 30 de enero de 2026 otros 24 mil 220 pesos por depósito o transferencia. Esa cifra coincide exactamente con la cuota de mantenimiento trimestral que el club cobra por sus membresías.

En su ficha de cliente, el legislador aparece con el RFC genérico XAXX010101000 y la razón social “Venta al público”, la clave que se usa para operaciones con público en general, y con el régimen fiscal 616, “sin obligaciones fiscales”. Es decir, los consumos no se registraron con los datos fiscales del diputado, lo cual sería una forma de evasión fiscal ya que deberían de quedar esos consumos a su nombre.

ESPACIO EXCLUSIVO

Club 51 se define como: “un espacio de formación y pensamiento empresarial y foros de discusión para temas de transformación, cambio y disrupción, con una amplia agenda de eventos y actividades“.

Entre sus amenidades cuenta con: restaurante, bar-lounge, biblioteca, salón de juegos y actividades especiales como catas, degustaciones y desayunos de fin de semana. Además de gimnasio, spa con tratamientos de relajación, hidromasaje, vapor o sauna, y simulador de golf.

PAGOS DEL DIPUTADO

Fuente: registros del sistema de punto de venta de Club 51, sucursales “Reforma” y “Membresías 2”, consulta del 1 de enero de 2025 al 13 de noviembre de 2026.

EFECTIVO EN LA MADRUGADA

La operación más alta del periodo ocurrió el 29 de mayo de 2025: a las 2:57 de la madrugada se cerró una cuenta de 42 mil 915 pesos, pagada en efectivo. El 10 de octubre de 2025, a mediodía, se registró otro pago en efectivo por una cifra redonda: 25 mil pesos exactos. Entre ambas suman 67 mil 915 pesos en billetes.

El horario configura otro patrón. Quince de las 24 operaciones —por 123 mil 665 pesos— se registraron entre las 22:00 y las 3:00 horas. Cinco consumos se cerraron después de la medianoche, el más tardío casi a las 3 de la mañana.

UN CLUB DE 325 MIL PESOS DE ENTRADA

Club 51 opera desde 2007-2008 en la Torre Mayor y se presenta como un espacio para empresarios, ejecutivos y líderes. Ofrece restaurante, bar, salón de puros, spa, gimnasio y salas de juntas. Sólo se ingresa por invitación de un socio y cada solicitud debe aprobarla el consejo administrativo del club.

Según la lista de precios vigente del club, a la que también tuvo acceso este medio, la Membresía Ejecutiva cuesta 325 mil pesos, IVA incluido, más una cuota de mantenimiento trimestral de 24 mil 220 pesos. Si se paga a plazos, el precio se incrementa 30%, hasta 422 mil 500 pesos. Las membresías son vitalicias; existe además un “pase anual” de 110 mil pesos reservado a diplomáticos, extranjeros e intercambios comerciales. Las membresías corporativas van de 650 mil a 860 mil pesos.

Con la cuota de mantenimiento, una membresía ejecutiva implica un desembolso de 96 mil 880 pesos al año sólo para conservarla, sin contar consumos.

MÁS DE DOS MESES DE DIETA EN EL BAR

Durante 2025, los diputados federales percibieron una dieta neta mensual de alrededor de 79 mil pesos. Los 168 mil 755 pesos que Gutiérrez Luna gastó ese año en el restaurante de Club 51 equivalen a más de dos meses de su ingreso neto como legislador; sólo los 85 mil 320 pesos pagados en efectivo superan una dieta mensual completa.

El pago en efectivo del 29 de mayo de 2025, por 42 mil 915 pesos, representa por sí solo más de la mitad de una dieta neta.

MIENTRAS PRESIDÍA SAN LÁZARO

Gutiérrez Luna presidió la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del 8 de octubre de 2024 al 2 de septiembre de 2025, tras la muerte de Ifigenia Martínez. En ese periodo se registraron nueve de las operaciones, por 102 mil 730 pesos; 58 mil 720 de ellos, en efectivo.

NO ES LA PRIMERA VEZ: CASO DATO PROTEGIDO

No es la primera ocasión en que el estilo de vida del legislador veracruzano está bajo escrutinio. En octubre de 2024, Gutiérrez Luna y la diputada Diana Karina Barreras asistieron como invitados a una fiesta VIP ligada al Gran Premio de México de Fórmula 1, cuyas entradas tenían un valor de mercado de alrededor de 170 mil pesos por persona. Ambos legisladores fueron señalados entonces por no reportar en sus declaraciones patrimoniales bienes de lujo estimados en más de 4 millones de pesos.

En noviembre de 2026, extrabajadores del Órgano Interno de Control del INE lo señalaron por su presunta influencia en la asignación de plazas en ese órgano, donde denunciaron una red de cobro de “diezmos” para conservar el empleo. El diputado negó cualquier participación y anunció demandas por daño moral contra quienes lo vinculen con esos hechos.

FUENTE/MEDIO: EMEEQUIS.

Gobierno de Jiménez en Coahuila tiene 26 contratos irregulares por 78 millones en obras

Empresas con giros diferentes a la construcción de obra pública, así como expedientes con faltantes de información, incluso en un expediente “no especifican el lugar exacto dónde se llevaron a cabo los trabajos”, son algunas de las inconsistencias encontradas en los contratos por 78.8 millones de pesos.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó irregularidades en 26 contratos de obra pública durante la administración del gobernador Manolo Jiménez en Coahuila y de su secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad (SIDUM), Miguel Ángel Algara Acosta.

Empresas con giros diferentes a la construcción de obra pública, así como expedientes con faltantes de información, incluso en un expediente “no especifican el lugar exacto dónde se llevaron a cabo los trabajos”, son algunas de las inconsistencias encontradas en los contratos por 78.8 millones de pesos.

LOS CONTRATOS
De la fiscalización y revisión de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) del año 2024 para inversión en infraestructura física otorgados por la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad (SIDUM) de Coahuila se detectaron irregularidades en los contratos.

“Contratos números SIDUM-2024005-0-0, SIDUM-2024008-0-0, SIDUM-2024010-0-0, SIDUM-2024007-0-0, SIDUM-2024009-0-0, SIDUM-2024021-0-0, SIDUM-2024033-0-0, SIDUM-2024022-0-0, SIDUM-2024057-0-0, SIDUM-2024058-0-0, SIDUM-2024016-0-0, SIDUM-2024023-0-0, SIDUM-2024027-0-0, SIDUM-2024024-0-0, SIDUM-2024025-0-0, SIDUM-2024036-0-0, SIDUM-2024038-0-0, SIDUM-2024037-0-0, SIDUM-2024046-0-0, SIDUM-2024026-0-0, SIDUM-2024035-0-0, SIDUM-2024015-0-0, SIDUM-2024043-0-0, SIDUM-2024014-0-0, SIDUM-2024065-0-0 y SIDUM-2024081-0-0, ejecutados por la SIDUM, de los cuales se verificó 26 contratos fueron adjudicados bajo la modalidad de invitación a cuando menos 3 personas; sin embargo, en ninguno de los contratos mencionados se presentó evidencia documental del dictamen de excepción a la licitación pública”, señaló la ASF.

La autoridad fiscalizadora expuso que en ninguno de los contratos mencionados se presentó evidencia para hacer una excepción a la licitación pública.

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la SIDUM proporcionó el dictamen de excepción a la licitación pública de los 26 contratos, presentó la propuesta económica del contratista ganador “con lo que se solventa parcialmente lo observado”, es decir, que no estaban bien integrados los expedientes.

Por lo que la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas de Coahuila inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos e integró el expediente número SEFIRC/CGIA/IA/FAFEF/04/2025.

El gobierno de Manolo Jiménez respondió oficios con números 1.5.-772/2025 y 1.5.-773/2025, ambos de fecha 13 de agosto de 2025, y 1.5.-845/2025, de fecha 05 de septiembre de 2025, se presentó información con el propósito de atender lo observado, sin embargo, no fueron solventadas las observaciones.

“Derivado del análisis efectuado por la Unidad Administrativa Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 9 y 11 se consideran como no atendidos”, concluyó la ASF.


Observaciones no atendidas.

En el contrato SIDUM-2024046-0-0 se identificó que se realizaron cantidades de los conceptos de trabajo, adicionales a los previstos originalmente, los cuales no rebasaron el presupuesto autorizado en el contrato; sin embargo, no se presentó el convenio previo a la autorización del pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados por 279 mil 500 pesos.

Se constató que en 25 contratos “en la documentación correspondiente al presupuesto base, oficios de invitación a los concursantes, bases de la invitación a cuando menos tres personas, catálogo de conceptos de la contratista ganadora, acta de junta de aclaraciones, fallo, contrato, estimación, bitácora de obra, no especifican el lugar exacto donde se llevaron a cabo los trabajos, ni se presentó el acta de la visita al sitio de realización de los trabajos, donde se indique la ubicación precisa de las obras, lo que limitó la posibilidad de verificar con certeza que los trabajos indicados en el contrato de obra corresponden a los presentados en las estimaciones y a los efectivamente ejecutados para pago en la ubicación exacta, por 78 millones 599 mil 100 miles de pesos; dando un monto total observado de 78 millones 878 mil 600 miles pesos”.

LOS DETALLES

En los contratos SIDUM-2024005-0-0, SIDUM-2024008-0-0, SIDUM-2024010-0-0 y SIDUM-2024035-0-0 se identificó que las actividades comerciales en el acta constitutiva del proveedor ganador no están relacionadas con las obras objeto del contrato.

Para los 25 contratos citados, se identificó que se realizaron cantidades de los conceptos de trabajo, adicionales a los previstos originalmente; sin embargo, no se presentó el convenio previo a la autorización del pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, por 22 millones 525 mil 300 de pesos. 

En las obras realizadas en 25 contratos no se comprobó la calidad de los materiales ni de la obra .

“Adicionalmente, para los 25 contratos citados, se constató la ejecución del concepto carpetas de concreto asfáltico, por unidad de obra terminada: compactadas al noventa y cinco por ciento (95%), elaboradas con cemento asfáltico PEMEX EKBE SUPERPAVE; sin embargo, no se presentó evidencia documental que respalde las especificaciones técnicas ni la calidad requerida para este tipo de carpeta asfáltica (como las proporcionadas por el fabricante del producto al momento de ser adquirido por la contratista y suministrado en campo), y la documentación que acredite y demuestre que el producto adquirido cumple con las pruebas de calidad”, indicó.

En 5 contratos con números SIDUM-2024005-0-0, SIDUM-2024023-0-0, SIDUM-2024027-0-0, SIDUM-2024026-0-0 y SIDUM-2024035-0-0, se identificó que, en algunos conceptos de obra de las estimaciones pagadas, “se carece del reporte fotográfico o, en su caso, éste es insuficiente, lo cual no acredita la totalidad de los trabajos ejecutados en todos los tramos de obra”.

Incluso la SIDUM  repitió las fotografías en los expedientes para justificar los trabajos, en los contratos con SIDUM-2024007-0-0 y SIDUM-2024009-0-0 “se identificó en algunos conceptos de obra, que las fotografías de los trabajos ejecutados de la primera estimación se repiten con respecto a la estimación subsecuente o, en su caso, no cuentan con evidencia fotográfica”.

Dentro de los plazos de ley, el gobierno de Coahuila presentó para cada contrato, las minutas de visita al sitio de la obra, estimaciones, croquis, notas de bitácora, pruebas de laboratorio, fotografías, números generadores, avisos de terminación de obra, actas de finiquito, finiquitos, acta de entrega-recepción y acta de extinción de derechos y obligaciones, convenios para la formalización de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente contratados, fichas técnicas del asfalto y reportes fotográficos.

Problemas de comprobación en 25 contratos.

“Sin embargo, de los convenios mencionados no se encuentran autorizados ni signados por el titular del área responsable de la contratación de los trabajos, respecto a las minutas de visita al sitio de la obra; no indican el lugar exacto donde se realizaron los trabajos, a su vez no contiene evidencia de que las empresas concursantes realizaron dicha visita, ya que solo están firmadas por el enlace operativo de la SIDUM; asimismo, las fichas técnicas del asfalto fueron emitidas por la SIDUM; no obstante, no se presentaron las del fabricante del producto, al momento de ser adquirido por la contratista y suministrado en campo; y referente a los reportes fotográficos, no se presentó acta de validación física con la verificación de los volúmenes de obra ejecutados con reporte fotográfico, o documento similar emitido por la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila de Zaragoza, que acredite la ejecución de los trabajos, por lo que no solventa lo observado”, precisa la ASF.

Así la administración de Manolo Jiménez en Coahuila y de Miguel Ángel Algara Acosta en la SIDUM intentaron solventar las observaciones por 78.8 millones de pesos detectados por la ASF, pero no han podido acreditar el uso correcto de los recursos públicos.


No se presentaron evidencias para excepción de licitación.

Sancionan a 82 funcionarios con multas por 175 millones de pesos

Hubo multas, inhabilitaciones de hasta 10 años y destituciones de 17 integrantes de la Guardia Nacional por faltas no graves

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a 82 personas servidoras públicas, una particular y una empresa por faltas administrativas graves, con multas e indemnizaciones que suman 175 millones de pesos, inhabilitaciones de hasta 10 años y destituciones.

Las resoluciones del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) corresponden a irregularidades detectadas en dependencias como Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Banco del Bienestar y la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Manzanillo.

Entre las conductas sancionadas están pagos injustificados, cobros indebidos de prestaciones, omisiones que ocasionaron daños al erario, abuso de funciones y conductas de carácter sexual.

La sanción económica más alta fue impuesta a quien la dependencia identificó como Caleb “B”., de la CFE, quien recibió una inhabilitación de 10 años y una multa de 119 millones de pesos por omitir la defensa de la empresa eléctrica en cuatro demandas laborales entre 2019 y 2020.

La falta de contestación derivó en condenas de pago contra la institución.

También en la Comisión, Cristina “L” fue inhabilitada por 10 años y multada con 750 mil pesos por no registrar 420 faltas injustificadas de personal ni aplicar 496 días de suspensión sin goce de sueldo; y Cecilio “S” recibió una sanción de 413 mil pesos por autorizar horas extra y alimentos a cuatro trabajadores sin tener facultades.

En Pemex, Araceli “H”. y Cristofer “C”. fueron inhabilitados por 10 años y sancionados con 854 mil y 362 mil pesos, respectivamente, por continuar cobrando apoyos de gasolina de vehículos que ya habían vendido.

También fue inhabilitado por 10 años Carlos “L”, quien cobró salario y prestaciones durante seis meses de 2023 sin presentarse a trabajar, pese a haber sido reinstalado; la sanción económica fue de 286 mil pesos.

En otros casos, Armando “T”, recibió una inhabilitación de tres años por realizar comentarios sexuales a una compañera de trabajo; mientras que José Y., del Hospital General de Ciudad del Carmen, fue suspendido 30 días por autorizar incapacidades médicas por periodos mayores a los permitidos.

En otras dependencias también hubo sanciones, como en la Asipona Manzanillo, Javier S. y Hernán C. fueron inhabilitados por 10 años y obligados a pagar solidariamente 33 millones de pesos.

La investigación determinó que en 2017 participaron en un convenio y un dictamen jurídico sin justificación para cubrir rentas e intereses moratorios por la ocupación de una parcela.

En el ISSSTE, nueve funcionarios de SUPERISSSTE recibieron inhabilitaciones de 10 años y una sanción económica conjunta de 18 millones de pesos por tramitar y pagar facturas a dos empresas sin autorización de la Comisión de Abasto.

El Banco del Bienestar también concentró varios expedientes. Entre ellos, José G. e Iván C. fueron inhabilitados por 10 años y multados conjuntamente con 209 mil pesos por reportar deliberadamente información falsa sobre el saldo diario de una sucursal.

Otros cinco funcionarios recibieron sanciones económicas e inhabilitaciones de entre uno y 10 años por distintas irregularidades en sucursales de Ciudad de México, Nuevo León, Oaxaca y Chihuahua.

En la Secretaría de Agricultura, Eduardo M. fue inhabilitado por 10 años y la empresa R. por uno, además de recibir una sanción económica solidaria de 330 mil pesos, por simular un convenio en 2018 con una persona fallecida para ceder un apoyo de riego tecnificado.

La dependencia también reportó la inhabilitación por 10 años de Luis E., de un plantel del CBTIS en el Estado de México, por comentarios y tocamientos sexuales a un menor de edad.

En otros casos, hubo sanciones por presentar licencias médicas no reconocidas por el ISSSTE, utilizar instalaciones públicas para eventos personales y otras conductas irregulares.

Destituyen a 17 integrantes de la Guardia Nacional

En un apartado distinto, la Secretaría informó sanciones por faltas administrativas no graves en 16 instituciones federales; entre ellas, la destitución de 17 integrantes de oficinas centrales de la Guardia Nacional.

Los elementos entregaron en 2024 y 2025 copias de certificados de estudios que no eran válidos, presuntamente emitidos por autoridades educativas.

Los documentos formaban parte de los requisitos para obtener licencias de portación de armas y, en uno de los casos, para acreditar la permanencia laboral en la corporación.

El resto de las sanciones no graves incluyó suspensiones, inhabilitaciones y amonestaciones a personal de Pemex, CFE, Salud, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, IMSS, Conagua, Banobras, el SAT y otras instituciones.

Entre las conductas reportadas estuvieron agresiones a compañeros, trato irrespetuoso a usuarios, falta de supervisión de contratos, irregularidades en el manejo de efectivo y solicitudes de dinero a cambio de conseguir empleo.

La Secretaría señaló que las personas sancionadas pueden impugnar las resoluciones y aseguró que defenderá los castigos ante las instancias correspondientes; también invitó a denunciar posibles irregularidades a través del portal denuncias.gob.mx.

La diferencia no resaltó los cargos de estas personas dentro de las dependencias públicas y tampoco dio a conocer información de otras instancias como el Instituto Nacional Electoral (INE) y funcionarios o exfuncionarios.

FUENTE/MEDIO: PROCESO.

Anticorrupción sanciona a 82 servidores públicos; inhabilitan a Martín Borrego por usar el MUNAL para su boda

El exfuncionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que utilizó el Museo Nacional de Arte (MUNAL) para su boda en 2024, no podrá ocupar cargos públicos durante un año

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inhabilitó a Martín Borrego Llorente, exfuncionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quien no podrá ocupar cargos públicos por un año, tras utilizar el Museo Nacional de Arte (MUNAL) para su boda en 2024.

Borrego Llorente fue uno de las 82 personas servidoras públicas sancionadas por diversas irregularidades.

En un comunicado, Buen Gobierno detalló que Martín Borrego se aprovechó de su cargo en la cancillería para solicitar autorización para la realización de un evento oficial en el Salón de Recepciones del Museo Nacional del Arte (MUNAL), pero en realidad lo utilizó para celebrar un evento de carácter personal.

El evento ocurrió el 4 de octubre de 2024 y entre los invitados estuvo la entonces canciller Alicia Bárcena, quien terminó por deslindarse de la fiesta y su autorización.

Los hechos fueron dados a conocer por Latinus, la investigación detalló que el evento había sido presentado como un acto diplomático por el aniversario 89 de las relaciones entre México y Rumania.

Previo a darse a conocer el hecho, tanto Borrego Llorente como Alicia Bárcena dejaron la SRE y empezaron a laborar en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Ella como titular de la dependencia y él como coordinador de Contacto con la Ciudadanía.

Una vez difundida la información sobre la boda, Martín Borrego renunció a su cargo al reconocer que su actuación no había sido correcta, también aseguró que no se usaron recursos públicos.

“Si bien el evento fue de carácter privado, acorde al protocolo establecido por el Museo y cubierto con recursos personales, sin dolo ni quebranto alguno al erario, reconozco que fue impropio haber solicitado el espacio a través de un correo institucional, cuando me desempeñaba como su jefe de Oficina en la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el agravante de haberlo hecho sin su conocimiento. Este actuar no fue correcto para un funcionario público ni digno de la confianza que depositó en mí”, escribió en una carta dirigida a la titular de Semarnat.

“Lamento profundamente haber faltado a su confianza y que se vea involucrada en este episodio”.

Por su parte, Alicia Bárcena informó que la SRE no había autorizado ni recibido información sobre la festividad pese a que apareció en las fotografías.

Asimismo, la funcionaria manifestó su intención de colaborar en las investigaciones correspondientes iniciadas por el Órgano Interno de Control de la SRE.

Anticorrupción sanciona a 82 personas servidoras públicas

Derivado de investigaciones realizadas en diversas dependencias e instituciones federales, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impusieron sanciones a 82 personas servidoras públicas por la comisión de faltas graves y no graves.

Estas medidas se originaron mediante las Unidades de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos y en la Comisión Federal de Electricidad, así como mediante los Órganos Internos de Control en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Banco del Bienestar, la Guardia Nacional, el Servicio de Administración Tributaria, Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Comisión Nacional del Agua, Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores y Banco del Bienestar

Las penalizaciones incluyeron inhabilitaciones, destituciones, suspensiones, indemnizaciones, sanciones económicas y amonestaciones, determinadas conforme a la ley, la proporcionalidad y la gravedad de cada caso.

Las personas sancionadas cuentan con el derecho de impugnación. Ante cualquier inconformidad, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que defenderá las resoluciones conforme a derecho.

Con Morena, el quebranto de los poderes en BC

Cuando en julio de este 2026, el Departamento de Estado de los Estados Unidos decidió retirarle la visa de turista para ingresar a su territorio al titular del Poder Judicial de Baja California, Alejandro Fragozo López, terminó de asestarle golpes internacionales a los poderes del Estado 29.

En mayo de 2025 ya le habían revocado la visa de turista norteamericana a la titular del Poder Ejecutivo, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, y a su esposo, Carlos Torres Torres. Meses después, en diciembre del mismo 2025, le fue revocada la visa al diputado local Jaime Eduardo Cantón Rocha, quien en agosto de ese año había sido nombrado titular de la mesa directiva del Poder Legislativo de Baja California.

Así, los titulares de los tres poderes que integran el Estado, Ejecutivo, Judicial y Legislativo, fueron despojados de sus visas de turistas para internarse a los Estados Unidos, ante la sospecha de relaciones con grupos criminales.

Desafortunadamente para el Estado, no son los únicos en Baja California. A la fecha, por lo menos nueve personas han sido desprovistas de su documento migratorio: Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora; Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora; Araceli Brown Figueredo, diputada federal; Norma Alicia Bustamante Martínez, alcaldesa de Mexicali; Luis Samuel Guerrero Delgado, esposo de la presidenta municipal de Mexicali; José Luis Dagnino López, alcalde de San Felipe; Jaime Eduardo Cantón Rocha, diputado local; Montserrat Caballero Ramírez, exalcaldesa de Tijuana; y ahora Alejandro Isaac Fragozo López, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baja California.

Alcaldes, exalcaldesas, diputados locales, diputados federales, gobernadora y magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baja California, todos declarados personas no gratas para el Gobierno de los Estados Unidos, situación que para la entidad es totalmente insólita. Nunca había sucedido que tantos funcionarios públicos, y de todos los poderes, estuviesen comprometidos para una autoridad, así sea en el extranjero.

El quebranto de los poderes en Baja California, al poner en duda la honorabilidad y compromiso de los titulares de los mismos, inició con la revocación de la visa de la gobernadora Marina del Pilar, quien el 10 de mayo de 2025 informó que su documento había sido revocado. Aunque ella adjudicó el hecho a cuestiones administrativas y lo comunicó después que lo hizo su entonces esposo, Carlos Torres Torres, ahora se sabe que no fue un mero trámite administrativo.

El último día de septiembre de 2026, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió, a través de su Oficina para Activos en el Extranjero, la OFAC, una serie de sanciones a personas a las cuales ligó al Cártel de Sinaloa en Baja California. Entre esas personas se encontraba Carlos Torres Torres y su hermano Luis Alfonso Torres Torres, ambos señalados de apoyar la actividad criminal del cártel en la célula de los Rusos. En ese documento se especificó que la visa se le había retirado al entonces esposo de la gobernadora, precisamente por la sospecha de sus ligas con el cártel de Sinaloa. No fue, pues, un trámite administrativo.

Hasta donde se sabe, extraoficialmente, Carlos Torres Torres intentó recuperar su visa haciendo solicitudes de nueva cuenta, acudiendo al Consulado de los Estados Unidos, pero no tuvo éxito, la visa le fue negada de nueva cuenta. La gobernadora —y es conocido por todos los que escucharon los audios liberados por el periodista Héctor de Mauelón— entró en pláticas con representantes de agencias de los Estados Unidos, para cooperar en un intento por recuperar su visa, lo cual no ha sucedido a pesar de que ofreció proporcionar información sobre lo comentado en las Mesas de Seguridad, que en Baja California ella encabeza.

El diputado Jaime Cantón también aseguró a compañeros de la prensa que su revocación se debía a un trámite administrativo, y que ya tenía la fecha para recuperar su visa, lo cual, es evidente, tampoco ha ocurrido.

Otros políticos, como Araceli Brown Figueredo, exalcaldesa de Rosarito y actual diputada federal, también con la visa revocada, fueron mencionados en la red del Cártel de Sinaloa junto a empresarios del Quinto Municipio, como Candelario Arcega, Jesús González. O en el caso de Tijuana, el empresario y proveedor de los gobiernos locales, Marco Moreno Santelices.

Ahora, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alejandro Fragozo, entró a ese grupo de políticos, funcionarios de Baja California a quienes el Gobierno de los Estados Unidos les ha perdido la confianza y le niega la entrada a su país. Fragozo tuvo conocimiento, desde mediados de julio de 2026, de que su visa había sido revocada; aun así, optó por el silencio. A diferencia de la gobernadora (por cierto, la única funcionaria en hacerlo público ella misma), el titular del Poder Judicial se quedó callado, ocultó lo que ahora se sabe, que su visa fue revocada.

Fragozo López —para nadie en Baja California es un secreto— es muy cercano a la gobernadora del Estado, y lo fue a su entonces esposo, Carlos Torres. El presidente del Tribunal ha preferido ser un aliado del gobierno de Morena, a ejercer a plenitud la autonomía que el Poder Judicial tiene constitucionalmente. Ahora, esa cercanía, y la duda de las relaciones con grupos ilícitos que pesa sobre quienes encabezan las entidades de gobierno en Baja California, le ha llevado a ser parte de los desvisados.

Baja California, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas son los cuatro estados a cuyos titulares del Poder Ejecutivo les ha sido revocada la visa de turistas por parte del Gobierno de los Estados Unidos, pero la entidad, el Estado 29, es el único donde los titulares de los tres poderes, Ejecutivo, Judicial y Legislativo, son personas no gratas para el vecino país, algo que en Baja California nunca, nunca, nunca había sucedido: el quebranto de los poderes del Estado. Y esto es un hecho histórico nada honroso.

FUENTE/MEDIO: SEMANARIO ZETA.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.
ENLACE: https://zetatijuana.com/2026/11/con-morena-el-quebranto-de-los-poderes-en-bc/