En la edición de este mes de octubre, la revista Proceso documentó las “graves irregularidades y prácticas opacas” que han imperado durante la gestión de Emilio Barriga; una denuncia presentada por un trabajador de alto rango de la ASF ante la Unidad de Evaluación y Control (UEC) señaló que Barriga y su equipo acordaban con los gobiernos estatales y municipales para quitar algunos pliegos de observaciones por presuntas irregularidades en el gasto público.

Resulta poco probable que la sustitución de Barriga estuviera vinculada con la presunta corrupción en la que incurrió, pues la denuncia ante la UEC apunta a Aureliano Hernández Palacios Cardel como uno de los directivos que negocia con los gobiernos locales para realizar auditorías a modo. El documento señala que Hernández ordenó a los auditores a su cargo “ayudar” al gobierno de Morelos de la gobernadora morenista Margarita González Saravia Calderón respecto a presuntas irregularidades por mil 151 millones de pesos. En otras palabras: tanto el funcionario saliente como el entrante aparecen en la misma denuncia, por las mismas irregularidades.

Gerardo Lozano Dubernard, quien fuera Auditor Especial de Cumplimiento Financiero en la ASF, sugirió en su cuenta de X que Colmenares removió a Emilio Barriga de su cargo por una presunta molestia ante la intención del funcionario de contender por la titularidad de la ASF en 2026, cargo por el que el titular actual del ente fiscalizador podría reelegirse.

“La molestia es tan evidente que (Barriga) no estuvo presente el pasado martes en la firma del convenio entre la ASF con la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), siendo el responsable de fiscalizar a Universidades e Instituciones de Educación Superior”, observó Lozano en un análisis que publicó en sus redes sociales.

En el proceso de sucesión en la ASF chocan los intereses encontrados de varios actores del mundo político, quienes han movido sus piezas de manera sigilosa hasta el momento. Gracias a su facultad de revisar el gasto de cualquier peso proveniente del erario federal, la institución es una pieza clave en la lucha contra la corrupción.

Colmenares tiene la intención de repetir en el cargo, después de una gestión marcada por sus auditorías “a modo” con los gobiernos –sin importar los partidos--, y por colocar a “recomendados” en la nutrida nómina de la ASF. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no se ha pronunciado sobre el ente fiscalizador, un diputado que forma parte de su grupo político al interior de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, presentó dos iniciativas de reforma el pasado 23 de septiembre, las cuales buscan eliminar la posibilidad de reelección del titular de la ASF.

El grupo de Sheinbaum no es el único que busca influir en el proceso de sucesión del ente fiscalizador. En semanas recientes, varias personas cercanas al diputado Ricardo Monreal Ávila, líder de Morena en la Cámara de Diputados, han sido nombradas en cargos clave de la ASF.

Javier Villarreal Terán, un político tamaulipeco de estirpe priista que ha sido asesor de Monreal entre 2019 y 2021, funge como director general de Gasto Federalizado –un colmo, para un político multado por el Instituto Nacional Electoral (INE) en 2019 por omisiones en materia de fiscalización--, y en febrero pasado, dos incondicionales de Monreal fueron nombrados en cargos clave de la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Cámara, el organismo encargado de vigilar a la ASF.

El polémico político veracruzano José Manuel del Río Virgen –quien fue detenido y acusado por el gobierno del exgobernador Cuitláhuac García por el presunto asesinato del político René Tovar-- está ahora al frente de la unidad de Control Interno y Evaluación, y Nelida Nayethzy Chavero Becerril, quien fuera directora de recursos materiales de Monreal en la entonces Delegación Cuauhtémoc, funge como directora de Evaluación del Desempeño y Apoyo en las Funciones de Contraloría Social.