Contrario a lo sucedido hace más de una década, ahora las autoridades aseguran que harán marcaje personal a todos los proyectos autorizados a fin de que no se aprovechen de los permisos y factibilidades de construcción que les otorgarán las diferentes dependencias del gobierno local.

Sin embargo, vecinos que desde hace 15 años han luchado en contra de la corrupción inmobiliaria señalaron que reactivar este ordenamiento no es viable para evitar la gentrificación y especulación de los precios de la vivienda.

“(El Gobierno capitalino) también es responsable de la especulación porque ¿quién va a comprar un departamento de 45 metros cuadrados por 2 millones de pesos?, cuestionó María Teresa Ruiz, integrante de las asociaciones SUMA Urbana y La Voz de Polanco.

Incluso, alertaron, se trata de una maniobra para redensificar la ciudad, un plan que se tenía previsto desde hace tiempo y que se prevé consumar con la aprobación del Plan General de Desarrollo de la CDMX que de momento se encuentra en el limbo.

“No es un programa de vivienda popular, es la redensificación en zonas ya saturadas (…) y el Plan General de Desarrollo tiene un camino pavimentado para dar lugar a negocios previamente pactados”, acusó Josefina Mac Gregor, directora general de SUMA Urbana.

Y aunque desde 2021, en el gobierno de la hoy presidenta Claudia Sheinbaum, la norma fue reactivada, en este 2025, con el gobierno de Clara Brugada, se pusieron las reglas y mecanismos claros que se deben seguir para que constructores privados puedan hacer uso de este ordenamiento.

Permiso para construir más niveles

En entrevista, Carlos Mackilay, director de Servimet, explicó que una vez que reciben la propuesta de predios en los que los privados buscan construir se da paso a un análisis sobre la ubicación y servicios que tiene la zona ante de otorgar el cambio de uso de suelo para que puedan construir más niveles de los permitidos en la normatividad.

¿Pero qué gana el gobierno capitalino con esto? El 2.8 % de la venta de cada vivienda, dinero que entrará a la Tesorería local para que se destine a proyectos que incentiven la construcción de vivienda sustentable, pues a través de Servimet el gobierno se convierte en socio de los desarrolladores.

Además, para evitar que incumplan los acuerdos y saquen ventaja de la Norma 26 como sucedió años atrás, Servimet organiza equipos de trabajo e inspección, los cuales acuden a los predios en donde se trabaja para validar que las cosas se están haciendo bajo la norma.

Incluso, reveló el funcionario, ellos mismos llaman para pedir informes de los departamentos, agendar visitas y verificar que no estén vendiendo más caro de lo estipulado ni que condicionen acabados u otras amenidades a un pago adicional.

Por separado, Josefina Mac Gregor recordó que con el trabajo de los vecinos y gracias a información obtenida vía transparencia pudieron confirmar, después de la suspensión de la norma, que había más de 4 mil edificios en la CDMX que se habían construido bajo el amparo de la Norma 26 y que finalmente fueron residenciales de lujo.

La Norma 26 es un instrumento normativo que promueve y facilita la producción de vivienda asequible y sustentable (también llamada de interés social o popular) en zonas céntricas de la capital del país evitando con ello que ante fenómenos como la gentrificación las personas deban mudarse a la periferia.

“(Se busca) incrementar las opciones de vivienda como mecanismo de regulación del costo de la misma en zonas donde el precio comercial es significativamente elevado para que las personas puedan adquirir una vivienda en la zona donde crecieron, donde tienen arraigo y están sus familias, evitando que tengan que migrar a las periferias y así evitar la gentrificación”, explica Servimet en su portal de internet.

“Además de contribuir a que las personas vivan y se desarrollen en zonas cercanas a sus centros de trabajo, de estudio, recreativos, culturales, de salud, y que cuenten con servicios públicos de equipamiento y servicios esenciales”, agregó.

Construían departamentos de interés social, pero vendían propiedades de lujo

En 2013 y luego de confirmar los abusos de las empresas constructoras que amparados a este ordenamiento solicitaron permisos de construcción informando a la autoridad que harían vivienda de interés social y que terminaron vendiendo departamentos de lujos de más de 2 millones de pesos, el Gobierno capitalino decidió suspender la aplicación de la Norma 26.

En agosto de 2013 Miguel Ángel Mancera, entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, anunció que la Norma 26 estaría suspendida hasta diciembre de ese mismo año. Durante ese tiempo, detalló, se analizaría, reformaría o en su caso sería abrogada.

La suspensión continuó hasta septiembre de 2021, pero su mala reputación, las denuncias del llamado Cártel Inmobiliario y la pandemia hicieron que los desarrolladores no se interesaran en ella, hasta este año.

¿Cómo son las viviendas que se construyen con la Norma 26?

Los precios de estas viviendas están previamente acordados y no es posible aplicar aumentos injustificados, de lo contrario serán vetados y sancionados por las autoridades.

Deben ser ofertadas de 10 mil 800 hasta 17 mil 314 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, no podrán costar menos de 1 millón 221 mil pesos ni más de 1 millón 986 mil pesos.

Son departamentos que como mínimo deben contar con 1 recámara, baño, cocina, sala y áreas comunes, y su venta no puede estar condicionada a la adquisición extra de terrazas, loft, acabados adicionales o estacionamientos.

“Tenemos un control sobre el proceso de desarrollo y vamos a hacer obligatoriamente cinco visitas en el proceso de construcción, más las visitas que hacemos estilo mystery chopper”, subrayó Mackinlay.

Revisarán si los interesados tienen otras propiedades

A la fecha, de acuerdo con lo que informó el director general de Servimet, hay 400 viviendas disponibles para comprar y no es requisito que los interesados cuenten con créditos Fovissste o Infonavit, pues ellos los ayudarán a que se conviertan en sujetos de crédito.

Con el objetivo de confirmar que quienes deseen adquirir la vivienda sí la necesitan y no poseen más propiedades, Servimet también hará una búsqueda en el Registro Público de la Propiedad.

Además, deben comprometerse a no vender la propiedad en un plazo de 5 años y queda estrictamente prohibido ocupar el departamento como alojamiento de aplicación.

En la página de Servimet —https://servimet.cdmx.gob.mx/proyectos/vivienda-norma-26— los interesados podrán encontrar el catálogo de proyectos listos y disponibles para comprar.

Una primera aproximación a los datos de 2024, apunta a que Querétaro y Tijuana volvieron a registrar mayores ingresos por ISAI que por predial.

Otra de las desigualdades que se presentan con el cobro es que en estados como Querétaro las personas que heredan una vivienda o terreno deben pagar ISAI. Caso contrario a Mérida, en donde si una persona hereda uno o 100 predios, no paga este impuesto.

En tanto, en Guadalajara se aplica una tasa cero cuando los predios son heredados entre cónyuges o familiares en línea recta ascendente o descendente hasta el segundo grado, siempre que el valor de cada predio no supere los 1.7 millones de pesos y que el total del patrimonio heredado dentro del municipio no exceda los 5 millones.

“No es posible que haya municipios donde heredes un emporio inmobiliario y no pagues nada y municipios donde heredes una pequeña casa de interés social y aunque vayas a vivir ahí y sea parte fundamental de tu patrimonio, tengas que pagar”, reprochó Moreno.

Aunque las ciudades podrían cobrar mejor para evitar la acumulación de bienes y frenar el fenómeno de la gentrificación en distintas ciudades, muchas veces no lo hacen por temor a las consecuencias en su popularidad y a los efectos electorales.

Buscando respuestas a esta situación, el grupo de investigadores encontró que por los 2000 se suscitó un debate en el Congreso de la Unión en el que se excluyó a las personas morales de esta obligación para que no pagaran un doble impuesto.

“Nos parece bastante ilógico porque las personas físicas también están pagando una doble tributación”, subrayó.

“Proponemos que todas las personas físicas y morales paguen este impuesto del 5 o el 3 % por la venta y que después tenga un margen de deducibilidad en los impuestos federales”.

El ISAI, contra la gentrificación

Dada la poca homogeneidad que hay en el país para cobrar el ISAI, los autores del estudio proponen una serie de medidas que ayudarían a que esta recaudación sea más justa, los ingresos sean aplicados en beneficio de la comunidad y que se convierta en una herramienta contra la gentrificación que viven algunas ciudades.

La propuesta radica en el establecimiento de tasas diferenciadas en zonas de gentrificación, es decir, que lo que se cobre sea mayor y con ello evitar que las personas sean expulsadas de sus colonias.

Los recursos adicionales generados por estas tasas diferenciadas podrían destinarse a programas que protejan el derecho a la vivienda de los residentes originales, como exenciones para vivienda social en zonas céntricas con acceso a servicios y empleo.

“El ISAI, con un diseño adecuado y progresivo, puede ser utilizado para desincentivar la especulación inmobiliaria en zonas vulnerables a la gentrificación y para generar recursos que financien políticas de acceso a la vivienda y protección de los residentes originales”, se lee en el documento.

De acuerdo con el estudio elaborado por especialistas del Colegio de Urbanistas de México (ECUM) denominado “La crisis silenciada de la vivienda en la CDMX: causas y consecuencias de la gentrificación”, la gentrificación en la CDMX que comenzó desplazando a las clases bajas y medias bajas, ahora también alcanza a sectores medios.

Colonias como la Roma Norte, Condesa, Juárez y Narvarte se convirtieron en territorios inaccesibles en donde las rentas alcanzan los 44 mil pesos mensuales, mientras la construcción de vivienda cae en picada: de 20 mil unidades en 2018 a apenas 2 mil en 2025.

“La demanda real es de 70 mil viviendas al año en la capital y 350 mil en la zona metropolitana, pero hoy se cubre apenas el 1 %”, se expone.

Impuestos transparentes

Los recursos obtenidos por concepto de ISAI entran de forma directa a las tesorerías estatales, por lo que no es posible saber su destino final y aunque las autoridades argumentan que se destinan a la mejora de los servicios públicos, no hay forma de confirmarlo.

Así, se propone que una parte de lo recaudado por el ISAI sea etiquetado obligatoriamente para financiar programas integrales de acceso a la vivienda, así como inversiones en ordenamiento territorial, servicios públicos urbanos y movilidad.

Al etiquetar estos fondos, se generaría un incentivo directo para que los municipios mejoren su eficiencia recaudatoria y asegurar que esos recursos regresen a la ciudadanía en forma de infraestructura y políticas de vivienda.

Y es que la falta de transparencia, la discrecionalidad y la ineficacia del gasto son críticas recurrentes sobre el mal uso del dinero público.

“El llamado a los gobiernos locales es identificar muy bien cuánto ingreso están teniendo las ciudades por concepto de viviendas, dígase predial e ISAI, y cuánto en realidad se está invirtiendo para promover la vivienda social o para promover el derecho a la ciudad entendido como servicios públicos para todas las colonias, para todas las personas”, planteó Moreno.

“Mucha gente está en proceso de búsqueda de espacios para rentar y no encuentra, porque todo está carísimo”, explicó en entrevista uno de los convocantes a la manifestación anti-gentrificación, que gestiona la página “Gentrificación en tu idioma”, quien prefirió que no se publique su identidad en este reportaje. “Eso provocó que la convocatoria a la marcha del 4 de julio se extendiera tanto, porque estamos en la punta de la crisis: el encarecimiento está provocando el desplazamiento por no poder pagar, hay gente que tiene que elegir entre pagar la renta o pagar los servicios, porque no le alcanza. Esto, junto al choque geopolítico que hay actualmente con Trump (por las políticas de persecución de migrantes en Estados Unidos) y la llegada de estadounidenses a las zonas centrales de la ciudad, amplificó el reclamo contra ellos”, explicó.

La fuente insistió en que, si bien es necesario diferenciar que “los gringos” no son la causa de la situación, “sí son un reflejo del problema, y se aprovechan de la crisis de vivienda que aquí existe. Aunque tenemos problemas más grandes, como la falta de una política clara, la especulación inmobiliaria, el encarecimiento de la renta, los desalojos ilegales, Airbnb y por supuesto, ahora un punto importante es el Mundial”, destacó.

Impacto en Ciudad de México

La relación entre el gobierno de la capital mexicana y la empresa trasnacional símbolo de los alquileres de corta estancia tiene varios años de recorrido. Cuando en la Jefatura de Gobierno estaba todavía la actual presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, se conoció la firma de un primer acercamiento formal entre ambos.

El 26 de octubre de 2022, el gobierno de la Ciudad de México firmó un acuerdo de entendimiento con Airbnb por medio de la Coordinación general de asesores y asuntos internacionales, referido como “una carta de intención y de buena fe, que no crea derechos u obligaciones vinculantes o exigibles”, destinada sin embargo a identificar “áreas de cooperación” entre ellas y a la creación de “una campaña de promoción de los atractivos de la Ciudad de México” para convertir a la capital mexicana en “la alternativa preferida por turistas nacionales y extranjeros”, en la cual “se incluirá a los nómadas digitales como uno de los principales objetivos”.

En el documento —al que Desinformémonos tuvo acceso— se reconoce que Airbnb hizo una donación previa, en 2021, a la Secretaría de las Mujeres capitalina de 52 mil 500 dólares (cerca del millón de pesos mexicanos) para pagar el “alojamiento temporal a mujeres víctimas por razones de género”. Es decir, Airbnb donó a Semujeres un monto equivalente a la inversión de un año de su presupuesto en ese rubro (según información oficial, en 2023, Semujeres dedicó el 0.36 por ciento de su presupuesto total, equivalente a 935 mil pesos mexicanos, a la “atención integral en espacios de refugio a mujeres, hijas e hijos en situación de violencia extrema”) para que la Secretaría “gestione el proceso de reserva para las víctimas” y cubra los gastos de su alojamiento temporal en la plataforma ¡con el mismo dinero donado por Airbnb!

Ese fue el puntapié público para una relación compleja, que ha tenido a la plataforma de ambos lados del mostrador y que hizo que, cuando la presión pública creció sobre ella, la empresa aceptara que se le apliquen restricciones a su funcionamiento. “Es normal que se negocie con la plataforma, pero esta regulación parece ser algo que ellos propusieron, porque la tanda de legislaciones que ha avanzado en todas las ciudades es muy similar. Hay una estrategia de su parte”, dijo en entrevista con Desinformémonos Silvia Emanuelli, coordinadora regional en América Latina de Habitat International Coalition (HIC), una organización no gubernamental que ha investigado y acompañado este proceso.

El registro de las viviendas y “anfitriones” es el elemento articulador de la regulación —que pretende limitar la oferta de cada espacio al 50 por ciento de las noches del año— pero, hasta el momento, ese registro no existe: “por lo tanto, es una legislación que no está operando”, apuntó la fuente. Mientras tanto, grupos de propietarios han comenzado a reclamar que se diferencie entre los “pequeños anfitriones” que tienen una sola vivienda en la plataforma, de los “grandes” tenedores que tienen “hoteles casi ilegales” con edificios en los que todos sus departamentos están dedicados a Airbnb, para que el gobierno ponga el límite de noches sólo a estos últimos.

“A mayor densidad de rentas temporales, mayor es el aumento de los precios de la vivienda en los alrededores donde están ubicadas, y en la ciudad misma. Hay una sustracción de la vivienda que podrías ofertar a través de la renta clásica, que es trasladada al mercado de la renta breve, el cual se ha comprobado que es mucho más atractivo porque una persona que renta una vivienda por Airbnb, puede ganar hasta tres veces lo que obtiene de un alquiler clásico. O sea, no sólo quita vivienda sino que también participa en el incremento de los precios. El problema es que en México no tenemos estudios sobre esto”, explicó Emanuelli.

Según datos sistematizados por HIC en su informe de enero de este año, puede verse cómo las viviendas enteras para renta temporal en la capital mexicana representan el 65.31 por ciento de los espacios ofrecidos, mientras que la renta de cuartos dentro de casas habitadas son el 32.7 por ciento de la oferta. El ritmo de aumento del ofrecimiento de viviendas enteras frente a cuartos es mayor: entre 2023 y 2024 se agregaron 166 casas enteras para renta temporal frente a 27 nuevos cuartos.

Las gráficas elaboradas por HIC, que reproducimos en este reportaje, muestran la predominancia territorial de la oferta de renta temporal en Airbnb en cuatro alcaldías —Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Coyoacán—, las cuales concentran el 84.62 por ciento de la ciudad, que ronda las 26 mil unidades en total.

La otra propuesta que ha estado en debate, según comentó Emanuelli, es excluir momentos del año dónde la reglamentación no opere, como por ejemplo, durante el tiempo en que se jueguen los partidos del Mundial en la Ciudad de México. “Esto fue sólo una propuesta que no ha pasado todavía, pero hacia ahí quieren ir”, sentenció.

Precarios y precarizados

La aparición de estas plataformas vino a exacerbar una situación económica en declive durante los últimos 30 años, donde el encarecimiento de la vivienda operó también. “El problema con la gentrificación y el encarecimiento de la vivienda es que este es uno de los servicios, la renta o la adquisición, que causa mayores problemas a los trabajadores para poder cubrirlo”, dijo a Desinformémono David Lozano, economista del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la UNAM.

El experto explicó que del total del ingreso de las familias mexicanas, el 56 por ciento se gasta en alimentos, mientras que el 30 por ciento se dedica a la renta o servicios de renta, es decir, el 86 por ciento de su gasto se dedica en comida y casa. “Antes no sucedía así, pero a finales de los años 90 el gasto en vivienda rondaba el 20 por ciento y comenzó a subir, aumentando la precarización de las personas. Este fenómeno también comenzó a verse en los países desarrollados”, explicó.

El encarecimiento volcó a más cantidad de población a buscar una vivienda subisdiada o de interés social, popular, y a otro sector, a compartir gastos, vivir con otras familias y a hacinarse. Lozano explicó que ésta es la verdadera característica de este proceso, el hacinamiento que tiene a 36 millones de mexicanos viviendo en espacios menores del que necesitan. La disminución del tamaño de las familias también impactó en su capacidad para costear el gasto en vivienda, como muestra la gráfica realizada por el CAM para este reportaje.

El Mundial, explicó Lozano, viene a jugar un papel de encarecimiento en estos ya altos costos de vida, que aumentará aún más los precios de la vivienda aunque, para el experto, ese impacto será temporal: “la llegada de extranjeros va a subir los costos durante ese mes, las rentas van a estar enfocadas en ellos, sobre todo aquellas ubicadas en las principales avenidas que llevan a los estadios de las tres ciudades donde habrá partido (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) y a zonas comerciales y seguras. Eso es lo que reclaman los que vienen al Mundial, que sea seguro y de fácil acceso”, apuntó.

Vivienda vs. Copa

Además de exacerbar la tensión económica, el Mundial también llegó para agitar el conflicto social. Para Lágrimas lagrimógenas, quien integra el Frente Anti-Gentrificación de la Ciudad de México, denunciar los impactos del Mundial en este complejo proceso fue parte de sus motivaciones para alzar la voz colectiva: “personalmente sí me impulsó, ese día durante el micrófono abierto lo mencioné. Y poco a poco, cuando vas rascándole al asunto, encuentras esta relación no sólo entre la FIFA y Airbnb, sino que también hay otras plataformas digitales y la vivienda turística. Creo que el tema se va a volver más importante en este tiempo”, reflexionó en entrevista con este medio.

En las manifestaciones los carteles que vinculan a la Copa del Mundo y a la FIFA, como “la FIFA no es Antifa” o “Queremos vivienda, tu Copa nos vale”, reflejan cómo el evento para el que se han puesto todas las baterías de promoción turística de la ciudad es una piedra en el zapato en las discusiones sobre desplazamiento.

“Se le dice neo-colonización a este proceso para marcar que es parte de lo mismo, pero con nuevas formas de extender las injusticias espaciales y la desigualdad a través de modelos de colonización, con este control que tienen sobre el territorio y la vida de las personas. Estas dinámicas dictan cómo debe ser vivida, habitada, transitada la ciudad, a partir de modelos que apelan a cosas que no son locales y que no son adecuadas para el territorio, incluso con la diversidad de situaciones que tenemos aquí”, analizó.

Por ejemplo, en febrero de 2025 la empresa Inmuebles24 dio a conocer que la renta promedio de un departamento de dos recámaras es de 19 mil 826 pesos; en tanto que en abril de 2018 el costo era de 14 mil 228. Esto representa un incremento de 39.3% en menos de 7 años.

“Conforme iba pasando el tiempo, (el costo de la renta) fue incrementando e incrementando, y llegó un momento en que nosotros no pudimos mantener esa vida que habíamos desarrollado ahí porque ya realmente era muy costoso”, comparte la joven en entrevista. 

“No solamente subió el costo de la renta, sino en sí el costo de vida, porque ya la tienda tenía precios más elevados, incluso el estacionamiento y los servicios elevaron su costo”.

Uno de cada 10 inmuebles está desocupado en alcaldías del centro de CDMX

Previo a su mudanza, Nicole Reyes y sus familiares platicaron con sus vecinos sobre el costo del alquiler y se percataron de que no eran los únicos que estaban enfrentando dificultades para pagar su vivienda. El porcentaje del ingreso familiar que destinaban a la renta incrementó de 30% hasta 50%, por lo que tuvieron que mudarse cerca del Estadio Azteca a una vivienda compartida con otra familia.

“Prácticamente fue: o comemos, o seguimos aquí pagando la renta”, señala la joven.

A diferencia del departamento en Villa Panamericana, en su nuevo hogar no contaban con seguridad privada, y los trayectos en transporte público tomaban más tiempo. “El espacio de aquí, realmente es inseguro a comparación del otro lugar donde vivía”, señala Nicole. “Aquí han suscitado muchísimas cosas, como robos, asaltos, etcétera. Incluso yo sufrí de un asalto”.

En algunas alcaldías céntricas uno de cada 10 inmuebles está desocupado, mientras que en demarcaciones más alejadas de los principales centros de trabajo y estudio la proporción es menor.

De acuerdo con el Inventario Nacional de Vivienda del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), actualizado a 2020, el porcentaje de vivienda particular no habitada en la alcaldía Benito Juárez fue de 11.9% de un total de 199 mil 871 viviendas; mientras que en Iztapalapa –que tiene poco más de medio millón de viviendas particulares– fue de 6.1%.

Sólo el 50% es dueño de su vivienda

Además del incremento en el precio de las rentas, la crisis de vivienda significa que menos personas tienen la posibilidad de hacerse de un patrimonio en el que puedan vivir, en vez de renovar contratos de alquiler cada año.

En las alcaldías más céntricas de la Ciudad de México –Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo–, el porcentaje de personas que son dueñas de la vivienda que habitan no rebasa el 50.6%. Estas demarcaciones están entre las más cercanas al Centro Histórico, sedes de dependencias federales y centros de trabajo.

En cambio, hacia el sur de la capital y en espacios donde el transporte público es más limitado, este porcentaje incrementa hasta el 77.4%, como es el caso de la alcaldía Milpa Alta.

Para Nicole, que tiene 26 años, esto es parte de un contexto “muy difícil” al que se enfrenta la juventud mexicana que busca adquirir una vivienda propia.

“Nuestros abuelitos, nuestros papás, tuvieron tal vez terrenos, o pudieron realizar una vida a los 20, 22, 25 (…). Pero las actuales condiciones de los jóvenes, yo me preocupo, porque hay bajos ingresos de los jóvenes y altos precios en la vivienda, lo que no nos permite –si nosotros queremos– tener una vivienda a través de un préstamo de banco, o de una hipoteca”.

Crean colectivos para denunciar desplazamiento y aumento de rentas en CDMX 

En tanto que los jóvenes han vivido y observado la necesidad de que el Estado regule el acceso a la vivienda, han creado colectivos y movimientos que buscan posicionar sus demandas frente a los gobiernos locales.

Nicole Reyes es parte del Movimiento “Sin Vivienda No Hay Bienestar”, en el cual participa junto con otros jóvenes como Toño Figueroa, quien, aunque no ha vivido una situación de desplazamiento o despojo, ha visto a sus familiares y compañeros enfrentar esta problemática.

Desde hace tres años, empezaron a organizarse en la alcaldía Coyoacán para posicionar el tema de la gentrificación y el derecho a la vivienda en sus comunidades, así como ante el gobierno de la capital. Además, ofrecen asesoría jurídica para personas que hayan sufrido un desalojo violento o injustificado.

“El tema ha aumentado más de lo que pensábamos, la verdad es que va muy acelerado –y nosotros lo estamos viviendo– por el tema del Mundial en Coyoacán”, señala Figueroa, en referencia a que el Estadio Azteca será sede de cinco partidos de la copa del mundo de futbol en 2026.

“Hay causas estructurales”

Ellos, como varios ciudadanos de diversas edades, han decidido asistir a los foros que el Gobierno capitalino de Clara Brugada ha organizado a través de la Secretaría de Vivienda local, encabezada por Inti Muñoz, para dialogar sobre su plan contra la gentrificación, llamado “Bando 1”.

La propuesta, que fue presentada a mediados de julio y en el contexto de varias marchas anti-gentrificación en las que han protestado cientos de capitalinos, contempla regular el aumento de las rentas y crear un Observatorio de Suelo y Vivienda, entre otros puntos.

Uriel Martínez es un profesor de Geografía que ha investigado desalojos de vivienda en la Ciudad de México e integrante de la colectiva Comuna Hogar. Para él, hablar abiertamente sobre la problemática permite dimensionar que no es un tema individual, sino que está afectando a miles de personas en la Ciudad de México.

“Se está identificando que hay causas estructurales, que incluso se venían alimentando del hecho de que no existían medidas adecuadas por parte de las políticas públicas”, remarca Martínez.

En ese sentido, el profesor dice que la propuesta del Gobierno capitalino y los foros son fruto de las demandas históricas de organizaciones sociales, que en los 80 y 90 comenzaron a hablar de la necesidad de una ley inquilinaria que proteja a las personas que rentan.

“Me parece que es, de alguna u otra forma, sí es un logro [de los movimientos sociales] que ha generado que se instale, por lo menos, en la agenda del debate público”.

Aunque estuvo organizado por la dependencia encabezada por Alejandro Encinas, el funcionario no se presentó y la mesa de diálogo fue presidida por la titular de la Secretaría de Cultura, Ana Francis López Bayghen, y la secretaria de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI) de la Ciudad de México, Nelly Antonia Juárez, quien tomó la palabra para recordar los 14 puntos del Bando Uno, entre ellas la regulación de las rentas en la ciudad.  

Entonces, tomaron la palabra los habitantes, que poco a poco comenzaron a levantar la mano. Hubo integrantes de la comunidad otomí que reside en la colonia Roma, así como integrantes de barrios y pueblos originarios de Iztacalco, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.  

Los inconformes utilizaron la plataforma para pedir al Gobierno de la Ciudad de México que se detenga el “crecimiento disfrazado de pobreza”, y que se tome en cuenta todo el territorio en la capital mexicana para desarrollar medidas que combatan el fenómeno de gentrificación, que se caracteriza por el aumento de las rentas y la especulación inmobiliaria.  

También preguntaron qué sucederá con las propiedades de los programas sociales para garantizar el acceso a la vivienda, entonces, defendieron su derecho a acceder a este tipo de apoyos 

Una representante de los pueblos originarios de Xochimilco, quien no reveló su identidad, compartió frente a todos que los canales de la alcaldía ya sufren gentrificación, además, dijo que las costumbres originarias están siendo desplazadas por extranjeros que promueven ceremonias con medicinas tradicionales que no son oriundas de la zona, como la Ayahuasca.  

Una representante de los pueblos originarios de Iztacalco, quien también conservó el anonimato, declaró: “Aquí hemos sido desplazados de nuestros propios pueblos, querían acabar con nuestro arraigo, con nuestra identidad, haciendo edificios y edificios. Todos los pueblos originarios de la ciudad de México tenemos un arraigo por nuestra tierra. Iztacalco lleva más de 700 años de resistencia”.  

Y agregó: “Nos han quitado la vivienda, nuestros padres tenían casas, desde mis tatarabuelos teníamos tierras, pero la necesidad obliga a vender”.  

Eusebia Moreno inició su participación presentándose en Náhuatl; ella cuestionó con firmeza a las autoridades sobre las acciones que el Gobierno capitalino tomará para garantizar el abasto de agua a todos los habitantes:  

“Sin agua de que sirve tener viviendas, en vez de quejarnos de que si ya invadieron, que llegaron extranjeros, somos miles y miles, no es que uno llegue a invadir a uno. Ya han dicho que no hay más tierra, preocupémonos por el agua, si no hay no vamos a poder hacer más viviendas”.  

En tanto, un guía turístico que promueve eventos en Iztapalapa intervino para hablar sobre la descentralización de la capital: “Todo el mundo habla de Roma, Condesa, Juárez, porque no nos damos cuenta de que el turismo genera derrama económica y lo sacamos de la Cuauhtémoc”.  

Habitantes otomíes del mercado de La Merced, en Venustiano Carranza, dijeron que está a punto de colapsar la zona: “Habemos un mundo de indígenas que nos abrazó el mercado cuando llegamos, porque con una caja de chicle que yo venda ya tuve para comer. Es muy noble ese barrio y nadie en el gobierno le pone atención”.

Gaytán describió el fenómeno de gentrificación como “imparable” y ahora, en plena efervescencia de protestas contra la gentrificación, advirtió que la Ciudad de México parece avanzar sin pausa hacia un modelo urbano que privilegia a los grandes capitales inmobiliarios y turísticos. 

La expansión de la gentrificación ya no se limita a las zonas centrales, o de “tensión inmobiliaria”, como han sido calificadas por el gobierno local. El urbanista identifica un nuevo frente al sur, impulsado por la construcción de la llamada calzada flotante de Tlalpan, una obra que en su primera fase conectará Tlaxcoaque con el Metro Taxqueña y que, en su análisis, no busca mejorar la movilidad cotidiana, sino habilitar el traslado del capital inmobiliario hacia colonias como Portales, Campestre Churubusco, Xola, Villa de Cortés, donde cualquier peatón puede ubicar decenas de torres en construcción.

La segunda fase pretende conectar Periférico con el Centro Histórico, lo que incluso podría expandir el fenómeno a alcaldías donde era “impensable”, como Xochimilco. Tláhuac, Tlalpan y Magdalena Contreras. 

Esta operación, apunta Gaytán, replica el patrón de transformación territorial que inició en 1982, cuando inversionistas como George Soros, en alianza con el Departamento del Distrito Federal encabezado por Carlos Hank González, comenzaron a urbanizar Santa Fe, bajo un modelo de expropiación para construir proyectos inmobiliarios. En consecuencia a lo anterior, en 1997 se colocó la primera piedra de la Torre Mayor sobre la avenida Reforma, con capital del empresario canadiense Paul Reichmann.

De acuerdo con el especialista, el vínculo entre el sector público, financiero e inmobiliario se consolidó con las asociaciones público-privadas durante el gobierno de Andrés López Obrador como jefe de Gobierno, en particular con grupos empresariales como Carso y Danhos, que comenzaron a crear asociaciones público privadas para crear proyectos turísticos a través de un fideicomiso del Centro Histórico:

“Ya después de eso vienen los siguientes desarrollos y aumento de la influencia de los proyectos de gentrificación en los gobiernos, tanto de Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera, Claudia Sheinbaum y hoy día Brugada".

El investigador señaló que, aunque el discurso oficial reconoce las afectaciones sociales causadas por la gentrificación, proyectos como la calzada flotante responden principalmente a una lógica de expansión territorial orientada al turismo y a la inversión privada: 

Además, considera que la construcción de vivienda social en las colonias Buenos Aires y Doctores, como plantea la actual administración, podría expandir dinámicas de gentrificación en zonas que la propia Brugada ha calificado de tensión inmobiliaria.

En particular, señaló el caso de Chalco, donde ya se planea infraestructura urbana a gran escala, como una planta potabilizadora y un nuevo centro de transferencia de transporte, lo cual anticipa una nueva ola de expansión metropolitana. 

Explica, estas obras no están pensadas para mejorar las condiciones de vida de quienes ya habitan la zona, sino para facilitar la reubicación de población desplazada por procesos de gentrificación en la capital, reforzando así una lógica de segregación urbana impulsada desde el propio aparato gubernamental.

Representante del FVJ, Valentina Ramírez expone en entrevista que la crisis de la vivienda en la CDMX golpea con mayor fuerza a la juventud, especialmente a sectores vulnerables como la comunidad trans y estudiantes, quienes enfrentan rentas impagables y condiciones precarias.

También precisó que el colectivo en el que está, el cual se ha hecho presente en las dos marchas contra la gentrificación, surge el 24 de abril último (con 714 afiliados) en un contexto histórico donde la propiedad nunca fue realmente accesible para la mayoría de la población. “Ni nuestros abuelos ni nuestros padres fueron dueños de lo que tenían. La especulación y los créditos transformaron el mercado de la vivienda en un sistema en el que ya nadie es dueño de nada”. 

Asegura que la generación actual de jóvenes, que se manifiesta activamente contra la gentrificación, es la más radicalizada, pues “cuando no tienes nada que perder, sólo te queda ganar derechos”.

Ramírez refiere que el Frente está en favor de todos los “métodos de lucha”, incluyendo aquellos que utilizan la fuerza, “porque así es como se generan los cambios en la historia; no combates al narco dándole abrazos, por ejemplo”. 

 “El Frente por la Vivienda Joven –continúa– no incide en lo que el Gobierno llama disturbios, que se catalogaría mejor como iconoclasia. Si es cierto que tenemos una gran afinidad con los grupos del Bloque Negro, específicamente hay una organización llamada Frente Autodefensas que se encarga de proteger a nuestros contingentes, esta organización, si bien no acciona, intenta interactuar con los bloques negros para que, si van a accionar, tienen que hacerlo con responsabilidad”.

Rechazo al plan de Brugada

Valentina Ramírez expone otra realidad: los precios de arrendamiento en zonas cercanas a universidades alcanzan entre cinco mil y ocho mil pesos mensuales por espacios diminutos y compartidos con varias personas, en lugares con falta de servicios básicos y en algunas ocasiones sin garantías en el acceso a agua o en condiciones mínimas de salubridad. 

El movimiento que representa, explica, está conformado principalmente por exmilitantes de la izquierda radical, como el Partido Comunista de México y el Movimiento de Trabajadores Socialistas; sólo una minoría son exmilitantes De Morena.

Aunque el partido en el poder dice ser de izquierda, el Frente por la Vivienda Joven no lo respalda y cuestiona su autenticidad. Sobre ello, Ramírez recordó que el movimiento de la Cuarta Transformación está conformado en gran parte por cuadros de la vieja y nueva escuela del PRI, “un régimen totalitario con experiencia en mantener el poder a través de métodos autoritarios”. 

La integrante del FVJ denuncia que a “Morena le gusta hablar mucho del cártel inmobiliario”, el cual ha sido ligado al PAN. Sin embargo, a fin de cuentas todos esos permisos de construcción tienen que pasar por todos los niveles de gobierno. En ese sentido, desde el PAN, PRI, PRD, hasta Morena, PT y partidos satélites aliados son igual de culpables y se han beneficiado”. 

En ese contexto, la Ciudad de México ha sido escenario de dos manifestaciones contra la gentrificación, realizadas en las últimas semanas. La primera protesta se hizo el 4 de julio último, con una marcha que partió del Parque México hacia las colonias Roma Norte y Doctores en la alcaldía Cuauhtémoc, donde el contingente vandalizó comercios durante el recorrido.

La segunda ocurrió el 20 de julio pasado, partió desde la estación Fuentes Brotantes, del Metrobús, hacia el Monumento al Caminero y después se dirigió al Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC), en Ciudad Universitaria, donde manifestantes también realizaron destrozos en la fachada del recinto.

Tras la primera protesta, el 16 de julio la jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó un plan de 14 puntos en respuesta a las denuncias sobre el encarecimiento de la vivienda. 

Entre las medidas, anunció que propondrá ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de ley de rentas justas, razonables y asequibles, con el objetivo de regular y estabilizar los precios de alquiler en la capital. 

Para el Frente por la Vivienda Joven estas propuestas no abordan de fondo la complicidad de los distintos niveles de gobierno con el modelo urbano que privilegia la especulación y el despojo.

En conferencia de prensa, Hernández Salazar recordó las demandas de la Asamblea Comunitaria de Puente Madera, que exige el cumplimiento en la repartición equitativa y legal de los recursos provenientes de los Ramos 28 y 33, que por derecho corresponden a la agencia municipal como parte del municipio de San Blas Atempa.

«Está en todo su derecho de exigir esos recursos porque llevan años sin un avance, como las autoridades dicen que hay con el Corredor Interoeceánico […]. Con esa negatividad demuestran que es mentira lo que dicen del Corredor. No será desarrollo para esas comunidades indígenas, lo que representa es despojo a las comunidades», explicó David Hernández Salazar.

Por su parte, un representante de la comunidad chontal de El Coyul denunció que la situación que atraviesan es de «criminalización y despojo de las tierras», pues actualmente hay mil 452 hectáreas de las que personas ajenas al pueblo se han apropiado, además de que 21 habitantes criminalizados con sentencias de 15 años de prisión por defender su territorio.

Durante la protesta y los bloqueos, los pueblos también se opusieron a la destrucción y privatización del aguaje en Jalapa del Marqués, así como demandaron el cese de agresiones, hostigamientos y cortes de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a las familias en resistencia de la APIIDTT, entre otras demandas.

«No hay primavera oaxaqueña ni Guelaguetza sin justicia, paz y libertad para los pueblos», recalcaron los pueblos.

A los pueblos de Oaxaca, a los medios libres, a la sociedad en general, al gobierno federal y estatal:

Hoy, desde las entrañas del Istmo de Tehuantepec, alzamos la voz con dignidad y rabia. Ante la falta de respuesta a nuestras legítimas demandas, actualmente sostenemos CUATRO BLOQUEOS CARRETEROS en Jalapa del Marqués, El Coyul, Puente Madera y Zanatepec.

Si no hay una respuesta clara y concreta a nuestras demandas, continuaremos con las movilizaciones durante la Guelaguetza en la región, y nos desplazaremos a la Ciudad de Oaxaca para instalar un campamento en los próximos días.

¡NADA ESTÁ RESUELTO!

¡NO HAY PRIMAVERA OAXAQUEÑA, NI GUELAGUETZA SIN JUSTICIA, PAZ Y LIBERTAD PARA LOS PUEBLOS!

¡SI NO NOS ESCUCHAN, GRITAREMOS!

NUESTRAS EXIGENCIAS SON CLARAS:

– NO a la gentrificación y turistificación de los pueblos, barrios y colonias de Oaxaca

– Revocación de sentencia para las 21 personas defensoras de El Coyul

– Alto al despojo en El Coyul por parte de Alfredo Manuel Mena Alonso, Rigoberto Cruz Cartas, Joel Ricardez López y su organización UNECACI

– Basta de criminalización contra Puente Madera

– Revocación de sentencia para David Hernández Salazar

– Repartición justa de los ramos 28 y 33 para Puente Madera

– Reconocimiento inmediato al comisariado electo de San Pedro Huamelula. Fuera UNECACI de nuestro pueblo

– No a la destrucción y privatización del aguaje en Jalapa del Marqués

– Reparación integral y garantías de no repetición para el pueblo Ikoots de San Mateo del Mar. Libertad a las personas presas injustamente y cancelación de órdenes de aprehensión

– Justicia para Eugui Roy y Obed Espinoza Ramos

– La energía eléctrica es un derecho humano. Reforma al artículo 4° ya

– Basta de agresiones, hostigamientos y cortes por parte de la CFE a las familias en resistencia de la APIIDTT

– ¡Alto a las guerras! ¡Palestina libre!

Los pueblos estamos de pie y organizados. No pedimos favores, exigimos derechos.

Mientras no haya justicia, no habrá descanso. Si no nos escuchan, haremos que se escuche nuestro grito.

Desde el Istmo en rebeldía,

pueblos en resistencia.

El Frente de pueblos y barrios del Anahuac nació como una organización popular que nuclea a 66 pueblos originarios, dónde confluyen autoridades tradicionales y representantivas de los mismos, así como integrantes de los colectivos de cada pueblo. Velázquez dijo que la organización tiene presencia en prácticamente todas las alcaldías de la capital, y que sus ejes de trabajo son la defensa del territorio, la construcción de autonomía y la reivindicación y revitalización de la cultura de los pueblos de la capital mexicana.

“Somos una organización apartidista, independiente, anticapitalista según nuestro estatatuto, antripatriarcal y antirracista, que hemos participado en la defensa de los derechos de los pueblos y en la discusión de leyes que los afectan”, indicó.

Por esto, el Frente ha marcado su rechazo con la construcción de un sistema publico de registro de pueblos y barrios en la ciudad de México, que fue lanzado en 2022 por la Secretaría de Pueblos originarios y comunidades indígenas (SEPI) cuya convocatoria “anuló los derechos colectivos de más de 150 pueblos ya reconocidos, desde el punto de vista del Gobierno porque nosotros sabemos que los tenemos, que esos derechos existen”, contó.

Sin embargo, se condiciona actualmente el reconocimiento de pueblo originario a aquellos que cumplan con el registro establecido, lo que ha interferido en su capacidad para oponerse a proyectos inmobiliarios, como fue el caso de la resistencia a Fuentes Brotantes.

“Para ser reconocidos como pueblos, se establecieron una serie de requisitos, hacer censos, presentar actas de nacimiento, certificados de escolaridad y otros trámites que han llevado a que la Secretaría de Pueblos niegue el derecho a la consulta ante proyectos inmobiliarios privados, argumentando que los pueblos no están registrados como tales”, expresó.

Durante ese proceso, el Frente de Pueblos se manifestó públicamente y presentó también una demanda colectiva ante el Tribunal electoral de la Ciudad de México, quien se declaró incompetente en el asunto. Sin embargo, Velázquez comentó que “vinculamos estas problemáticas de registro y de la existencia misma de la Secretaría de Pueblos con estas problemáticas también, porque cuando se niegan los derechos a los pueblos, se niega una herramienta que se puede utilizar en la defensa del territorio, frente a los cambios de usos de suelo”.

Estos desarrollos incluyen también a los patrocinados por el Gobierno por medio del instituto de la vivienda, los cuales dada su magnitud y ubicación periférica también terminan afectando las zonas rurales y de conservación: “no queremos negar el derecho a la vivienda y sobre todo, a una vivienda social, pero sí vemos que muchos de estos proyectos de INVI son de carácter masivo y que, si no hay un proceso de diálogo o consulta previa, generan conflictos”, apuntó. Para el Frente, la clave está en el respeto a la consulta previa, libre e informada, como se establece en los convenios internacionales que regulan la materia.

Velázquez explicó que, aunque el Frente no forma parte de la organización de defensa de Fuentes Brotantes, comparten la preocupación de un pueblo que ha estado “desde hace mucho tiempo, muy asediado por la urbanización: en 2017 se terminó de construir una plaza comercial, Patio Tlalpan, y hay muchos desarrollos en la zona. Nosotros reivindicamos la consulta de los pueblos y la defensa de su derecho al territorio”, concluyó.

Aunque según los propios datos del Gobierno capitalino, la gentrificación se concentra en Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, durante la segunda protesta contra la gentrificación hubo habitantes de Tlalpan y Álvaro Obregón, quienes pidieron visibilizar el progreso de dicho fenómeno en el resto de la capital mexicana. 

Sobre el caso de la alcaldía encabezada por la morenista Gabriela Osorio, hubo al menos 20 inconformes que acudieron con pancartas y letreros en contra de la construcción de un centro residencial en el parque Fuentes Brotantes, el cual defendieron como una importante zona de recarga para el subsuelo.

En contraste, denunciaron que la construcción del complejo implicará un ecocidio y un desabasto de agua para los habitantes de las zonas cercanas, así como el “posible” encarecimiento de vivienda digna para los habitantes que han construido su vida en esta parte de la CDMX. 

En entrevista con Proceso, María Teresa Gutiérrez, habitante de Tlalpan, declaró: “Esperamos que el Gobierno escuche a la gente, no lo ha hecho, ha sido indiferente, queremos que haga valer los derechos de los ciudadanos, de los pueblos y barrios de Tlalpan”. 

Y detalló que la situación para muchos habitantes de la demarcación es “terrible, como es posible que dicen que no hay agua y pronto ves que dan permisos desenfrenados, brutales.

Para Gutiérrez es importante que en la capital no solo se atienda el tema de la gentrificación en las colonias de la alcaldía Cuauhtémoc, como Condesa y Roma. 

No es la única habitante que acudió a la protesta con esta exigencia. 

Como ella, Ruth, residente de la alcaldía Álvaro Obregón, opinó que el problema va más allá de las zonas que presentan un “evidente crecimiento de la gentrificación”. 

Para ella, la construcción de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro implicó fracturas en su estilo de vida y el de sus vecinos: “La obra empezó a dar un proceso de terrenos de compra en engorda, empezaron a llegar las inmobiliarias con tarjetas del Gobierno a desalojar a la gente, en el 2018, a decirles que sus viviendas no tenían dueño e iban a ser expropiadas, los obligaron a vender”. 

Y añadió: “Aquí el desplazamiento se da cuando los sacan de sus casas, ellos se tienen que ir a colonias más alejadas (…) algo que veníamos platicando era visibilizar que el Gobierno a través de las obras públicas está gentrificando, hay muestra de ello”. 

Jóvenes contra la gentrificación

La protesta estuvo conformada principalmente por jóvenes que se pronunciaron por su derecho a una vivienda digna y asequible. 

Vania Teresa Jiménez, habitante de Benito Juárez, compartió a Proceso su experiencia al enfrentar el mercado inmobiliario en la CDMX como una joven de 33 años: “La renta es cara, los salarios son ridículos, en cuánto está el salario mínimo, es casi imposible vivir sola dignamente, tienes que tener hasta tres o cuatro roomies (…) es más fácil para un extranjero acceder a una vivienda digna”. 

Sobre la propuesta de 14 puntos que presentó Brugada con el objetivo de combatir la gentrificación, la manifestante opinó que se trata de una medida “curita”, que no atiende la problemática en realidad: “Yo de por sí no puedo entrar en los programas de vivienda, tengo entendido que es hasta los 29 años. Ni siquiera se preocupan por los jóvenes, es mínimo lo que les dan. Muchos tienen que trabajar y estudiar al mismo tiempo, con salarios irrisorios”. 

En tanto, una integrante del bloque negro, que prefirió mantener su identidad en el anonimato, dijo que es claro el motivo por el que este domingo 20 de julio salieron a manifestarse los jóvenes de la ciudad: “Estamos preocupados, no tenemos las mismas condiciones de antes para poder conseguir una propiedad, cada vez es más complicado y nos vemos forzados a movernos a las periféricas de la ciudad, mientras las zonas en las que se puede encontrar mejores condiciones de vida, son acaparadas por extranjeros o personas que ya cuentan con demasiados privilegios, mientras somos tantos los que enfrentamos condiciones complicadas, realidades del México profundo que el gobierno prefiere no voltear a ver”. 

Al ser cuestionado sobre el impacto de los disturbios registrados en la manifestación, respondió: “Cuando les conviene es iconoclasia, cuando no, vandalismo”.

Pueblos originarios, también en pie de lucha

Otra de las voces que se pudieron escuchar en la protesta fue María Elizabeth Álvarez Reséndiz, habitante del pueblo de Xoco en Benito Juárez y miembro Frente por la Defensa de los Pueblos y Barrios Originarios en defensa de la Anáhuac, quien declaró: “El Gobierno para desplazarte, primero hace división, llega a cortar el tejido social. Si tú estás muy necesitado, lo aceptas. Eso fue lo que pasó en el pueblo de Xoco, ahí hubo gente de la alcaldía y del Gobierno. Yo estoy aquí porque sé lo que es que te destruyan su casa”. 

La representante recordó la construcción del proyecto de Mitikah y describió cómo ha cambiado la vida para los vecinos del desarrollo departamental: “Te puedo decir que fue una vivencia, sé lo que se siente que lleguen las empresas con sus trabajadores a criminalizarte, a hacer lo que quieren hacer en tu territorio (…) a mí me deterioran mi vivienda, jamás la empresa se quiso hacer cargo de nada, ni el Gobierno, burlas, es más hasta fuimos reprimidos”. 

También sentenció: “El Gobierno tiene una agenda que no es para los capitalinos”.

Durante una conferencia de prensa, los participantes indicaron que durante las plenarias y grupos de análisis, identificaron que las transformaciones de las ciudades y pueblos responden a una recomposición política y económica orientadas a generar rentabilidad y la apropiación simbólica y material de las culturas locales.

Estos procesos, señalan los activistas, se alimentan del desarraigo, la especulación, la privatización y la exclusión, y son sostenidos por las políticas públicas, instituciones, y actores corporativos como las plataformas digitales, cadenas hoteleras, cárteles inmobiliarios y están generando la mercantilización del hábitat, es decir, promueven la práctica de convertir espacios naturales, ecosistemas o territorios, en mercancías que pueden ser compradas, vendidas o explotadas con fines lucrativos.

Eso implica asignar un valor económico a elementos de la naturaleza, como tierras, recursos naturales o incluso servicios ecosistémicos, para su inclusión en el mercado.

Sin embargo, destacan, la turistificación y gentrificación no son transformaciones homogéneas sino que van adquiriendo formas dependiendo del territorio, por ejemplo se presentan como megaproyectos asociados con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec; en la Costa con la privatización de las playas, en la Ciudad de México se observa con la financiación de las viviendas y la ampliación de la plataforma Airbnb. En Oaxaca con la apropiación y la reducción del patrimonio cultural convertido en mercancía turística y en Baja California con las inmobiliarias que amenazan las costas y los vínculos comunitarios.

Inmobiliarias que operan a través de FIBRAs

Activistas de la Ciudad de México pusieron sobre la mesa el tema de los Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces (FIBRAs) que son fideicomisos que funcionan como vehículos de inversión que se enfocan en el mercado inmobiliario, es decir a la compra, venta, alquiler y gestión de propiedades a través del cual varias empresas pueden generar ingresos y distribuir las ganancias entre sus inversionistas. 

Estas FIBRAs funcionan como conglomerados y así realizan sus actividades sin que se identifique el nombre de las empresas.

Entre esos, mencionaron a Fibra Uno (FUNO) el primer y más grande fideicomiso de inversión en bienes raíces (FIBRA) de México, que se dedica a la adquisición, operación, desarrollo y administración de un portafolio diversificado de propiedades, principalmente en los sectores industrial, comercial y de oficinas en la Ciudad de México. 

Acoso policial durante encuentro contra la gentrificación en Oaxaca

Marcos Esmar, integrante del colectivo oaxaqueño Espiral del pensamiento crítico, denunció públicamente que durante las charlas y plenarias del encuentro hubo acoso policial. Patrullas y camionetas de la Policía Estatal vigilaban el lugar y las personas que transitaban del encuentro hacia sus casas eran seguidas y vigiladas en camionetas de la Policía Estatal.

“Se nos ha criminalizado, pero no vamos a victimizarnos y a decir que no somos nosotros. Les queremos decir que el gobierno de la 4T no es un gobierno de izquierda y  lo demuestra todos los días con su cinismo y desfachatez, con su corrupción y demagogia, se los queremos dejar claro, somos una generación de jóvenes  y colectivos no somos igual que ustedes”.

Construir nuevas formas de habitar las ciudades

A pesar de las estrategias mencionadas, los participantes de este encuentro sostienen que es importante reconocer la resistencia, pues es donde se articulan los saberes, “nuestra lucha es colectiva, autónoma y creativa, no buscamos solo frenar estos procesos sino construir nuevas formas de habitar”.

Esmar enfatizó que en medio de una crisis total: climática, social y ecológica, la organización es la única manera en que se le puede hacer frente a los problemas que nos aquejan como humanidad.

“La organización es la base, el corazón de nuestros pueblos y se van a seguir organizando gobierne quien gobierne. Ese es el mensaje y eso vamos a seguir difundiendo estemos donde estemos”, dijo.